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¿El registro del justo título, exigido para el ejercicio de la posesión de buena fe, requeriría mantener la anotación de la compraventa de cosa ajena? Sí
El registro del justo título exigido para la posesión de buena fe puede requerir que la anotación de una compraventa de cosa ajena se mantenga en el folio de matrícula, porque esa anotación es la que sustenta la adquisición del predio por usucapión. Esta regla se apoya en que la compraventa de bien ajeno genera efectos entre las partes aunque el vendedor no fuera titular del derecho, y en que su cancelación podría afectar la posibilidad de adquirir el predio por prescripción. Por ello la cancelación de esa anotación no es neutra para el poseedor de buena fe. En el caso concreto el predio segregado de un folio anterior no había sido transferido por el vendedor previo, y la inscripción de la venta de cosa ajena fue mantenida como justo título, lo que llevó a modificar la sentencia. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la anotación de una venta de cosa ajena no debe cancelarse si puede servir de justo título para la usucapión.síntesis automática
También resuelve:¿Debe mantenerse la anotación de la compraventa de cosa ajena, pero anotándose adicionalmente la resolución de contrato declarada en este proceso?¿IDIPRON destinó recursos a la vigilancia del inmueble, conforme al documento contable aportado por la actora?¿IDPRON tiene derecho a que se le abonen las expensas necesarias invertidas en la conservación de la cosa y el valor que hubieran podido tener los frutos del predio?
¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde el día siguiente a la notificación del acto administrativo de adjudicación del contrato? Sí
La controversia planteada en término consiste en determinar, conforme a la apelación de la parte demandante, si se debe revocar la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda porque, a juicio del impugnante, el acto acusado debe anularse porque exigió el cumplimiento de requisitos contables ajenos a uno de los participantes y pasó por alto la ausencia de un poder debidamente otorgado respecto de otro participante.
También resuelve:¿Uno de los requisitos habilitantes exigido en el pliego de condiciones de la licitación pública convocada por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca…¿La empresa extranjera demandante debía someterse a la normativa interna aplicada al proceso de selección de contratista para acreditar la situación financiera de los proponentes?¿La descalificación de la propuesta de la sociedad extranjera estuvo justificada en el incumplimiento de uno de los requisitos habilitantes consistente en aportar el certificado de los estados…
¿Se infringieron el ordenamiento y los derechos de la demandante con la decisión adoptada por la Administración, de tener por no elegible a la unión temporal accionante? No
El contratista no puede impugnar la decisión de la administración de declararlo no elegible en un proceso de selección pública, cuando la omisión en la información financiera presentada es insubsanable y desatendía un requisito esencial para la evaluación de las ofertas, lo cual garantiza la escogencia de la oferta más favorable a la entidad. La Sala confirma que la entidad no infringió el ordenamiento ni los derechos del contratista al rechazar su oferta, al no cumplir con los requisitos financieros establecidos en la convocatoria. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la importancia de cumplir con los requisitos esenciales en la presentación de ofertas y la obligación del proponente de asegurar la veracidad y completitud de la información financiera proporcionada, lo que implica que cualquier omisión o error insubsanable puede resultar en la exclusión del proceso de selección.síntesis automática
También resuelve:¿Esta jurisdicción está instituida para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas…¿Le asistió razón al Tribunal al establecer la caducidad respecto de las pretensiones de indemnización de los integrantes de la unión temporal demandante por no haber sido seleccionados?¿Lo resuelto en el Acuerdo respecto de la elegibilidad de los proponentes debía demandarse mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho dentro de los 30 días siguientes a la fecha de…
Auto interlocutorio — Auto que admite recurso de apelación2025-03-25Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 05001233100020100081902ACCION CONTRACTUAL
¿Se reúnen los presupuestos de procedencia establecidos en la ley para admitir el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia? Sí
El recurrente interpone recurso de apelación contra una providencia judicial de primera instancia cuando cumple con los requisitos legales previstos para su procedencia. Por cumplir los requisitos previstos en el artículo 212 del Decreto 01 de 1984, se admite el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia-Sala Primera de Decisión, que negó las pretensiones de la demanda. Asimismo, previo a reconocer personería al apoderado judicial, se requiere a la parte para que allegue los soportes que acrediten la capacidad del representante legal para otorgar poder, de conformidad con el artículo 5 de la Ley 2213 de 2022.síntesis automática
También resuelve:¿El representante legal de una entidad debe acreditar la capacidad para otorgar poder?
¿La certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales presentada por RFID Tecnologías S.A.S. satisfizo las exigencias previstas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el pliego de condiciones y el régimen de subsanación de la Ley 1882 de 2018? Sí
… En efecto, en el asunto no se demuestra que RFID Tecnologías S.A.S. hubiera incumplido sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral o que la certificación aportada contuviera información falsa. La discusión planteada por la demandante no se dirige a cuestionar el cumplimiento material del requisito, sino la persona que suscribió el documento mediante el cual aquel fue acreditado. Por ello, aun aceptando que la certificación debió provenir del revisor fiscal, esa circunstancia, por sí sola, no permite concluir que el adjudicatario careciera del requisito habilitante exigido por la ley.
¿El fallo de responsabilidad patrimonial o en sede de legalidad ata al juez de la repetición? No
El fallo de responsabilidad patrimonial del Estado o de nulidad del acto no ata al juez de la repetición, de modo que la conducta dolosa o gravemente culposa del agente debe acreditarse en el proceso de repetición con prueba propia. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la sentencia condenatoria contra el Estado no es prueba suficiente de la conducta del agente, porque en repetición se realizan valoraciones distintas sobre el comportamiento del servidor y no sobre la responsabilidad del Estado. Segunda, la declaración judicial de afectación de un derecho o de antijuridicidad del daño no acredita la conducta dolosa o culposa del agente que lo propició. Tercera, la entidad que pretende repetir debe expresar la causal de la presunción de dolo o culpa grave y acreditar sus supuestos en el proceso, con oportunidad de defensa para el demandado. En el caso no se acreditó el aspecto volitivo del demandado, por lo que la providencia revoca la decisión de primera instancia. La consecuencia práctica es que la condena previa no sustituye la prueba del dolo o de la culpa grave en la acción de repetición.síntesis automática
También resuelve:¿La desviación de poder manifestada está respaldada en el acervo probatorio?¿Las atribuciones otorgadas a un funcionario público para gestionar y concretar un acto deben dirigirse principalmente al cumplimiento de los fines del Estado?¿El acto administrativo fue proferido por el demandado ostentando la calidad de servidor público?
Conforme a las razones explicadas en el presente concepto, el hecho de que el formato de vinculación de personas con discapacidad certifique con anterioridad a la fecha de cierre de la licitación la planta de personal conforme al numeral 1 del artículo del 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015, no es motivo para que se niegue de plano otorgar el puntaje adicional. En este evento, ante la necesidad de esclarecer la certeza de la planta de personal certificada, la entidad podrá hacer uso de la facultad de solicitar aclaraciones, establecida en el numeral 7 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, aclaración que deberá realizar el proponente dentro del término otorgado por la entidad, so pena de que no se otorgue el respectivo puntaje adicional.
También resuelve:Personas en condición de discapacidad: puntaje adicional, fundamento normativoPuntaje adicional: personas en condición de discapacidad, requisitos, acreditaciónCertificación: puntaje adicional, fecha de suscripción, aclaración de oferta
ESTADOS FINANCIEROS,BALANCE DE ESTADOS FINANCIEROS,CERTIFICACIÓN DE ESTADO FINANCIERO – Estados financieros,El pliego de condiciones es ley para las partes,Capacidad económica de los oferentes,Certificados por contador Entidades estatales,Contratistas – Mes: julio – Año: 2021…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-08-15Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 85001233300020190018801LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede negar la práctica de la prueba pericial solicitada por el demandante, toda vez que Fedepalma que es quien rendiría la experticia informó que no tiene la facultad ni el personal para realizarla? Sí
La práctica de una prueba pericial puede negarse cuando existe una imposibilidad material para realizarla, aun si fue decretada en audiencia inicial a solicitud de la parte, en virtud de los principios de economía procesal y celeridad. Esta negativa no supone cuestionar la pertinencia ni la conducencia de la prueba, sino únicamente la imposibilidad de practicarla. En el caso analizado, la prueba se decretó en abril de 2021 con un término de dos meses y la parte demandante solicitó que fuera exclusivamente una federación del sector la encargada del dictamen. Se realizaron varios requerimientos, y esa entidad informó que no tenía la facultad ni el personal para practicar la experticia encomendada. Por ello el tribunal negó la práctica de la prueba, decisión que la Sala confirmó como ajustada a derecho, porque el dictamen no podía realizarse en las condiciones pedidas por el actor. Así, la negativa se funda en la imposibilidad material de practicar la prueba y no en el mérito probatorio del dictamen solicitado.síntesis automática
¿El permitir aportar un documento subsanable sobre los pagos oportunos al sistema de seguridad social vulnera las reglas de la licitación? No
La certificación de estar al día con el sistema de seguridad social y parafiscales es un requisito de control para evitar la evasión, y no una inhabilidad para contratar con el Estado. Esta regla se apoya en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, cuya redacción no establece expresamente una inhabilidad, y en el carácter taxativo de las inhabilidades, que no admite interpretación extensiva o analógica. Por ello, la entidad puede habilitar al proponente que aporta un documento subsanable sobre los pagos oportunos al sistema de seguridad social, sin infringir las reglas de la licitación. En el caso concreto la resolución de adjudicación no adolece de nulidad, porque el proponente seleccionado fue habilitado en esos términos. La sentencia fue confirmada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la falta de un documento subsanable de seguridad social no conduce, por sí sola, a la inhabilidad del proponente.síntesis automática
También resuelve:¿Si el contratista se encuentra al día y no aportó el medio de prueba, podrá allegarlo, pero en caso de que se encuentre incumplido, deberá ser rechazado y no podrá ser adjudicatario?¿Está demostrado que las reglas del proceso impusieran como causal de rechazo la ausencia de prueba del pago de parafiscales?¿La selección objetiva del contratista es un principio y deber fundamental en la actividad contractual Estatal que orienta todos los procesos de selección?
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES,NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO,LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL,ANTICIPO,RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ANTICIPO,PERJUICIOS MORALES,CÁLCULO DE LA UTILIDAD,CERTIFICACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO,RÉGIMEN J – Jurisdicción,Competencia y acción procedente,Ley 80 de 1993,Acto administrativo particular,Finalidad,Regulación normativa,Ilegalidad del acta de liquidación,Anticipo,Amortización del anticipo,Liquidación unilateral del contrato, – Mes: junio – Año: 2018…
También resuelve:Controversias contractuales: jurisdicción, competencia y acción procedenteRégimen jurídico del contrato estatal: Ley 80 de 1993Nulidad y restablecimiento del derecho: acto administrativo particular, finalidad, regulación normativa, anticipo
RECHAZO DE LA OFERTA,CERTIFICACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO,ACTO QUE DECLARA DESIERTA – Aclaración de documentos necesarios,Evaluación de las ofertas,Valor probatorio,Nulidad del acto,Utilidad dejada de percibir,Perjuicios – Mes: diciembre – Año: 2016…
También resuelve:Rechazo de la oferta: aclaración de documentos necesarios, evaluación de las ofertasCertificación del contador público: valor probatorioActo que declara desierta: nulidad del acto, utilidad dejada de percibir, perjuicios
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de súplica2025-06-03Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 11001032600020140012100LEY 1437 REPETICION
¿Existe fundamento jurídico para negar la prueba documental solicitada, de tal suerte que la decisión del ponente no resulta irrazonable, desproporcionada o arbitraria? Sí
El contratista no puede obtener el decreto de prueba documental en un proceso de repetición contra la entidad estatal si no demuestra que la petición previa no fue atendida, de acuerdo con el artículo 173 del Código General del Proceso. La entidad estatal puede negar la prueba documental solicitada si la parte demandante no acredita que la petición fue radicada y la entidad guardó silencio, lo que no constituye un exceso ritual manifiesto. La Sala confirmará la decisión del ponente si encuentra fundamento jurídico para negar la prueba documental sin que resulte irrazonable, desproporcionada o arbitraria, reafirmando que la parte actora debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 173 del CGP para solicitar la prueba documental. Esta decisión matiza la interpretación de la obligación de solicitar previamente la prueba documental y restringe la posibilidad de obtenerla en la fase judicial sin cumplir con dichos requisitos, lo que limita la capacidad del contratista para obtener pruebas adicionales en la etapa judicial.síntesis automática
También resuelve:¿La parte actora no probó lo que exige la norma, esto es, que la petición no hubiera sido atendida?
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas2025-05-06Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 05001233300020200372701LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La prueba aportada en esta etapa no se refiere a hechos ocurridos luego del fenecimiento de las oportunidades previstas legalmente para solicitar pruebas en primera instancia? Sí
El decreto de pruebas en segunda instancia es excepcional y solo procede cuando se configura alguno de los eventos del artículo 212 del CPACA, pues la oportunidad de pedirlas dentro del término de ejecutoria del auto que admite el recurso no basta por sí sola. Una prueba que se refiere a hechos anteriores al vencimiento de las oportunidades probatorias de primera instancia no se ajusta a esos supuestos, porque no versa sobre hechos ocurridos después de ellas. Tampoco se configura la excepción cuando la parte no alega que la prueba no pudo aportarse por fuerza mayor, caso fortuito u obra de la contraparte, ni cuando no fue solicitada de común acuerdo o no fue negada, decretada y dejada de practicar en primera instancia sin culpa de quien la pidió. En el caso concreto, la entidad demandada aportó con el recurso de apelación un documento sobre hechos de un periodo anterior a la contestación de la demanda, y el despacho negó su decreto. Como consecuencia práctica, la parte que apela no puede aportar en segunda instancia documentos que pudo presentar en la primera, salvo que acredite una de las causales del artículo 212.síntesis automática
También resuelve:¿La solicitud probatoria no se trata de una prueba solicitada por las partes de común acuerdo, ni una cuyo decreto haya sido negado en primera instancia o que, decretada…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2023-02-28Sección Tercera (Subsección C)GUILLERMO SANCHEZ LUQUERad. 05001233300020210178101LEY 1437 REPETICION
¿Como la constancia aportada no acredita el pago de la condena que se pretende repetir, se confirma la decisión de rechazar la demanda? Sí
Cuando la constancia aportada con la subsanación de la demanda de repetición no acredita el pago de la condena que se pretende repetir, la demanda debe rechazarse, pues el pago previo es requisito para el medio de control. La regla se apoya en tres razones. Primera, el numeral 5 del artículo 161 del CPACA exige que el pago se haya realizado antes de que el Estado pretenda recuperar lo pagado. Segunda, cuando la demanda no reúne los requisitos legales, el juez debe inadmitirla y conceder diez días para corregirla, y si no se corrige, debe rechazarla y ordenar la devolución de los anexos, según los artículos 169 y 170 del CPACA. Tercera, el comprobante aportado correspondía a una condena a favor de una demandante distinta y a otra resolución, por lo que no acreditaba el pago de la condena controvertida. En consecuencia, se confirmó el rechazo de la demanda. El auto que rechaza la demanda es apelable y se decide en Sala según el artículo 243 del CPACA.síntesis automática
También resuelve:¿El auto que rechace la demanda es susceptible del recurso de apelación y será decidido en Sala?
¿Procede la indemnización de perjuicios, por incumplimiento de promesa de contrato de permuta y por ello se debe reconocer las mejoras plantadas en los predios, el daño derivado de la adquisición de los inmuebles destinados a la permuta y los costos realizados por renovación de pólizas? Sí
El contratista no obtiene indemnización por incumplimiento de promesa de contrato de permuta, ya que la Sala confirma que las mejoras plantadas en los predios no formaban parte del acuerdo, el daño derivado de la adquisición de los inmuebles destinados a la permuta no puede ser reconocido al conservarse la propiedad de dichos bienes, y los costos asociados al contrato de promesa no fueron debidamente acreditados, especialmente por la falta de soporte probatorio en la certificación del contador público. La corporación reitera la importancia de cumplir con los requisitos legales para la eficacia probatoria de los certificados contables, matizando la aplicación de la presunción de veracidad consagrada en la Ley 43 de 1990.síntesis automática
"(...) ¿Si en el presente asunto, contrario a lo expuesto por la juez de instancia, las pruebas aportadas acreditan que el acto de adjudicación adolece de nulidad por: a) desconocimiento de las normas en que debía fundarse -Numeral 2.1.2 del pliego de condiciones y Circular Circular Única de Colombia Compra Eficiente- y b) falsa motivación al otorgar valor y puntaje a unas certificaciones técnicas del equipo de trabajo que fueron allegadas por la Unión Temporal PWC AG-CBT, en idioma extranjero sin la traducción oficial? (...) " No
El contratista no puede alegar nulidad del acto de adjudicación por desconocimiento de las normas en que debía fundarse ni por falsa motivación al otorgar valor y puntaje a certificaciones técnicas del equipo de trabajo en idioma extranjero sin traducción oficial, ya que la entidad estatal puede catalogar como documentos especializados aquellas certificaciones que en el mercado sean de amplia utilización y aceptación, como lo son las certificaciones CISM, CISSP, CEH e ISO, que acreditan las habilidades de los profesionales en seguridad informática. La Sala considera que, en el presente caso, el estudio del sector y del mercado efectuado para la apertura del concurso de méritos evidencia que estas certificaciones son reconocidas a nivel mundial y que su traducción simple es suficiente, por lo que no se desconoce lo previsto en la Circular Única Externa de Colombia Compra Eficiente ni en el numeral 2.1.2 del pliego de condiciones. Esta decisión reitera y confirma la interpretación de que las certificaciones especializadas pueden ser aportadas en idioma extranjero con traducción simple, siempre y cuando se demuestre su reconocimiento y utilidad en el sector, lo que implica que las entidades estatales deben considerar cuidadosamente los estudios de mercado al definir los requisitos de traducción en los pliegos de condiciones.síntesis automática
¿Incumplió el departamento del Atlántico la obligación contractual de pagar el precio por las obras ejecutadas por la sociedad contratista? Sí
El contratista puede exigir el pago del precio por las obras ejecutadas desde la fecha en que se firmó el acta de recibo final, y la entidad estatal incurre en mora si no efectúa el pago oportunamente, lo que implica reconocer el daño emergente y el lucro cesante. Si el contrato no contempla una tasa específica de interés moratorio, se aplica la tasa equivalente al doble del interés legal civil vigente al momento de la infracción, según lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 679 de 1994. Esto implica que el contratista tiene derecho a la indemnización de perjuicios materiales y a la cobranza de intereses moratorios desde la fecha en que la obligación se hizo exigible hasta la efectiva cancelación del valor adeudado.síntesis automática
También resuelve:¿El departamento del Atlántico es contractualmente responsable del pago de los perjuicios materiales en modalidad de daño emergente y lucro cesante?
¿El contratista incumplió sus obligaciones respecto de la programación de la obra desde un inicio? Sí
El contratista incumple sus obligaciones respecto a la programación de la obra desde el inicio, lo que se evidencia por retrasos superiores al 25% mensual en la inversión y metas físicas, sin que las modificaciones en los planos por parte de la interventoría justifiquen estos atrasos. La entidad no incumple al modificar los planos, previsto en el contrato, y el contratista no acredita justificación alguna para su incumplimiento. La Sala modifica la jurisprudencia anterior, reforzando que el incumplimiento del contratista en la programación inicial invalida la excepción de contrato no cumplido, con implicaciones significativas para la responsabilidad contractual y la ejecución de obras públicas.síntesis automática
También resuelve:¿La demandante aceptó que conocía los motivos que dieron lugar a declarar la caducidad del contrato antes de que se expidiera ese acto administrativo?¿Los incumplimientos que dieron lugar a la declaratoria de caducidad estaban relacionados con la falta de ejecución de la obra?¿Para el momento en que se ejecutaron las obras extras ordenadas por la Interventoría, el contratista ya había incumplido la programación de la obra ordinaria?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-10-23Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 25000233600020170240402LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El medio de prueba de declaración de parte no tiene como finalidad que el sujeto procesal interesado solicite su propia citación para presentar de forma verbal una sustentación de la demanda o su contestación? Sí
El contratista no puede solicitar la declaración de parte para presentar verbalmente una sustentación de la demanda o su contestación, ya que la oportunidad para afirmar lo que le conste en su favor es en la etapa introductoria del proceso, que comprende la demanda, su reforma y la contestación, y las manifestaciones ya realizadas son suficientes para ilustrar los asuntos en cuestión. La corporación confirma la decisión de denegar la declaración de parte, matizando precedentes que permitían tal solicitud, lo que limita la posibilidad de que los sujetos procesales soliciten este medio de prueba para repetir información ya presentada.síntesis automática
También resuelve:¿Las pruebas en primera instancia deben solicitarse en la oportunidad procesal pertinente y su admisibilidad estará sometida al cumplimiento de los requerimientos generales de toda prueba?¿El recurso de apelación interpuesto por ETB no comporta la negación del decreto ni la práctica del dictamen y, por consiguiente, no es pasible de apelación?¿El Consejo de Estado conocerá en segunda instancia de las apelaciones contra autos susceptibles de este medio de impugnación?