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¿Cuál es el alcance de la facultad de las entidades estatales para fijar la hora de cierre de los procesos de selección cuando, en aplicación del Decreto 1082 de 2015, deban conceder un término adicional para la presentación de ofertas, y qué límites impone dicha regulación para garantizar los principios de transparencia, pluralidad de oferentes y selección objetiva?
La entidad estatal tiene la facultad de fijar la hora de cierre de los procesos de selección cuando, en aplicación del Decreto 1082 de 2015, debe conceder un término adicional para la presentación de ofertas, siempre que no supere la mitad del plazo inicialmente establecido y no se expidan adendas en los tres días previos al cierre del proceso. Esta potestad se fundamenta en la autonomía y discrecionalidad que concede el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015 para modificar el cronograma del proceso, y no en la analogía con las normas de la licitación pública. La regla reitera la importancia de garantizar los principios de transparencia, pluralidad de oferentes y selección objetiva al definir la hora de cierre, permitiendo a la entidad ajustar el término de presentación de ofertas según las particularidades del proceso.síntesis automática
También resuelve:Licitación pública: término, presentación de ofertas, ampliación del plazoAmpliación del plazo: recepción de ofertas, concurso de méritos, selección abreviadaPresentación de ofertas: fecha límite
¿Las entidades del estado están obligadas a la publicación de las ofertas presentadas por los proponentes?
El deber de publicidad de los documentos expedidos en la actividad contractual, según el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, impone publicar en el SECOP los documentos que permiten controlar las actuaciones y decisiones de la Administración. Sin embargo, el Estatuto General de Contratación no establece una regla general que obligue a abrir los sobres de las ofertas en un momento específico, salvo para las licitaciones de obra pública previstas en el artículo 1 de la Ley 1882 de 2018. Esa ausencia de un momento fijo no impide que la entidad dé a conocer el contenido de las ofertas, pues el principio de transparencia de los artículos 23 y 24 de la Ley 80 de 1993 reconoce a cualquier interesado el derecho de solicitar copias de los documentos que conforman la actuación. Además, el principio de transparencia reconoce como intervinientes a los interesados en el procedimiento de contratación. Por tanto, la entidad debe garantizar el acceso a la información de las ofertas por quienes tengan derecho a ella, con sujeción a las reservas legales aplicables.síntesis automática
También resuelve:Principio de publicidad: fundamento constitucional, acceso, información pública, actuaciones contractualesApertura de ofertas: acceso a la información pública, SECOP I, SECOP II, documentos tipoPrincipio de transparencia: interesados, intervención de terceros
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-09-08Sección Tercera (Subsección C)NICOLÁS YEPES CORRALESRad. 52001233300020240023701LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La providencia interlocutoria que decide el recurso de apelación contra el auto que negó el decreto de una prueba, es competencia del Magistrado ponente? Sí
El magistrado ponente asume la competencia funcional para resolver los recursos de apelación interpuestos contra los autos proferidos por los tribunales administrativos que niegan el decreto de pruebas, de conformidad con lo previsto en el artículo 150 y el artículo 125 numeral 3 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021. En el presente caso, la providencia confirmó la decisión de primer grado que negó la prueba testimonial solicitada por estimar suficientes las pruebas documentales aportadas y decretadas para establecer las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se desarrolló el convenio interadministrativo cuestionado entre las partes.síntesis automática
También resuelve:¿El recurso de apelación es procedente, dado que se cuestionó el auto que negó el decreto de una prueba solicitada por la parte demandante?¿El tribunal negó el testimonio porque la parte demandada no cumplió lo establecido en el artículo 212 del CGP, y ya obraban en el expediente elementos de convicción que daban cuenta del…¿Obran en el proceso otros medios de convicción que dan cuenta de los hechos que se pretenden demostrar con el testimonio, resultando inútil?
¿Procede la cláusula penal de forma proporcional al cumplimiento del contrato? Sí
El contratista incumple el contrato cuando no ejecuta la obra en su totalidad, por lo que la cláusula penal es aplicable de forma proporcional al grado de cumplimiento, tal como lo determinó el tribunal en primera instancia. La entidad estatal no incurrió en incumplimiento ni en fuerza mayor que justifique la exención del contratista de su responsabilidad contractual. Además, el dictamen pericial presentado por la aseguradora no cumple con los requisitos legales para ser valorado, ya que no se acompañaron los documentos que acrediten la idoneidad y experiencia del perito ni los que le sirven de fundamento. Esta decisión reitera la necesidad de cumplir con los requisitos legales para la valoración de los dictámenes periciales y subraya la importancia de la proporcionalidad en la aplicación de la cláusula penal en casos de incumplimiento parcial.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación contra una sentencia proferida en primera instancia por un Tribunal Administrativo?¿En los contratos que requieran liquidación, el término de caducidad de dos años de la acción de controversias contractuales comenzará a contar a partir de los dos meses siguientes al vencimiento del…¿El dictamen aportado por la Aseguradora cumple con los requisitos establecidos el artículo 226 del CGP?
¿El cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales inicia a partir del vencimiento del plazo convenido para liquidar el contrato bilateralmente? Sí
El contratista debe iniciar el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales a partir del vencimiento del plazo convenido para liquidar el contrato bilateralmente, conforme al artículo 164-2-j del CPACA, que establece un plazo de dos meses adicionales a partir de este vencimiento para iniciar el proceso, seguido de dos años para presentar la demanda. En contratos de derecho privado, el contratista no tiene derecho a reclamar el restablecimiento de la ecuación financiera previsto para contratos estatales, salvo que demuestre el incumplimiento del contrato y la afectación del equilibrio económico, lo cual no se acredita solo con la aportación de facturas sin soporte de actividades ejecutadas. Además, la prueba pericial solicitada en el proceso debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 212 del CPACA para ser procedente, incluyendo la oportunidad de su solicitud y su utilidad para demostrar el incumplimiento o el cumplimiento de las obligaciones contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿El restablecimiento de la ecuación financiera es procedente en los contratos regidos por el derecho privado?¿La simple aportación de facturas acredita el cumplimiento de las obligaciones contractuales para sustentar la solicitud de perjuicios materiales?¿La prueba pericial solicitada en el proceso cumplia los requisitos para su procedencia?
¿El derecho al mantenimiento del equilibrio del contrato está previsto como una garantía a favor del contratista, para evitar que quien acude como colaborador de la administración quede desprotegido frente a situaciones adversas de naturaleza imprevisible o derivadas de la conducta de su contraparte, que alteren de manera grave la economía del contrato? Sí
El derecho al mantenimiento del equilibrio del contrato está previsto como una garantía a favor del contratista, para evitar que quien acude como colaborador de la administración quede desprotegido frente a situaciones adversas de naturaleza imprevisible o derivadas de la conducta de su contraparte, que alteren de manera grave la economía del contrato. La Ley 80 de 1993 reconoce este derecho, reconociendo que el equilibrio económico del contrato debe mantenerse cuando se vea alterado por situaciones imprevistas y no imputables a las partes. El derecho al restablecimiento del equilibrio económico del contrato es una garantía fundamental para proteger los intereses del contratista frente a alteraciones graves en la economía del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente el reconocimiento del desequilibrio económico del contrato de obra pública a favor del contratista, por mayor permanencia fundada en ampliaciones del plazo de ejecución del…¿El pago de la contribución concebida en la Ley 1106 de 2006, puede ser considerado como imprevisto y, por tanto, otorga derecho al restablecimiento del
¿El incumplimiento contractual se origina en el desconocimiento del débito prestacional y de las obligaciones legalmente pactadas en el contrato? Sí
La parte contratante está obligada a satisfacer estrictamente el débito prestacional y las obligaciones legalmente pactadas en los negocios jurídicos estatales, cuja inejecución, tardanza o defecto genera responsabilidad patrimonial contractual y el deber de indemnizar perjuicios conforme al artículo 90 de la Constitución Política. En esta providencia de controversias contractuales sobre la instalación de redes de acueducto, la Sala precisa que el incumplimiento contractual y el desequilibrio económico del contrato son figuras jurídicas autónomas con distinto origen y consecuencias. En el caso examinado se estableció que la entidad demandada atendió las solicitudes de restablecimiento de la ecuación financiera y que las salvedades formuladas en el acta de liquidación bilateral no lograron demostrarse probatoriamente, confirmando así la decisión de instancia con base en la jurisprudencia de la Sección Tercera.síntesis automática
También resuelve:¿En lo que concierne a la pretensión de nulidad relativa del contrato, el término para demandar corrió de manera autónoma frente a cada contrato adicional suscrito entre las partes?¿El contratista no demostró que el desequilibrio económico alegado hubiera ocurrido efectivamente durante la ejecución del contrato y que hubiera generado un daño patrimonial real?¿La parte actora no demostró las circunstancias imprevistas y extraordinarias que hubieren afectado el alea normal de la ecuación contractual?
Cuando el contratista renuncia a presentar reclamaciones por mayor permanencia de la obra puede con posterioridad alegar el desequilibrio económico del contrato? Sí
El contratista no puede alegar desequilibrio económico del contrato después de renunciar a presentar reclamaciones por mayor permanencia de la obra, ya que las partes acordaron de buena fe que la prórroga no generaría sumas adicionales, y la caducidad de la acción impide que se cuestione la validez de las prórrogas contractuales. La Sala reitera que la renuncia a reclamaciones por extensión del plazo contractual es válida y que no hay prueba del desequilibrio financiero del contrato, lo que implica que las pretensiones económicas del contratista no prosperarán si no acredita la existencia de un desequilibrio financiero real y no pactado.síntesis automática
También resuelve:¿Las reclamaciones por mayor permanencia de la obra durante el plazo adicional acordado no pueden prosperar porque las partes las pactaron que el acuerdo no generaría sumas adicionales en favor del…¿Las pretensiones económicas alegadas por el contratista son improcedentes por acreditarse que renunció al pago de los costos generados por las tres primeras prórrogas del contrato y la cuarta fue…¿Se acreditó un desequilibrio en la ecuación financiera del contrato de obra pública que diera lugar al reconocimiento del pago solicitado por el contratista?
¿Las uniones temporales como figuras de asociación entre personas naturales o jurídicas se encuentran en capacidad para celebrar contratos con el Estado? Sí
El contratista puede celebrar contratos con el Estado a través de uniones temporales, figuras de asociación entre personas naturales o jurídicas que la Ley 80 de 1993 les confiere capacidad para presentar ofertas y contratar con entidades estatales, aunque los miembros responden hasta por el monto de su participación. La Sala confirma que la ampliación del plazo del contrato no puede realizarse respecto de un solo miembro de la unión temporal, ya que el contrato fue suscrito por la asociación de las personas jurídicas y no individualmente. Además, las actas demandadas no se expidieron en ejercicio de facultades exorbitantes, pues estas se refieren a la interpretación, modificación, terminación y caducidad de los contratos, no a la prórroga. Finalmente, no hubo violación al debido proceso por falta de competencia en las decisiones del director de la ANTV, ya que estas no requerían seguir el procedimiento para el ejercicio de facultades exorbitantes. Estas decisiones reiteran y matizan precedentes sobre la capacidad contractual de uniones temporales y la aplicación de facultades exorbitantes en contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿La ampliación del plazo del contrato podía hacerse respecto de uno de los miembros de la unión temporal contratista?¿Las actas demandadas se expidieron en ejercicio de facultades exorbitantes?¿Existió violación al debido proceso por falta de competencia en las decisiones adoptadas por parte del director de la Agencia Nacional de Televisión?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2023-09-07Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZRad. 25000233600020220001101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se configuró la caducidad de la acción por presentación extemporánea de la demanda? Sí
Como la suspensión de términos operó hasta el 30 de junio de 2020, toda vez que el Consejo Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo PCSJA-11567 [de 2020] ordenó la reanudación de los términos judiciales a partir del 1º de julio del mismo año,… entre el 2 de marzo de 2019 y el 15 de marzo de 2020 trascurrieron 12 meses y 13 días, es decir, que una vez reanudado el término al actor le quedaban 11 meses y 17 días para promover el medio de control jurisdiccional de controversias contractuales, plazo que contado desde el 1º de julio de 2020 (día después de la suspensión) vencía el 17 de junio de 2021, empero, como la parte actora presentó la demanda el 19 de enero de 2022 operó el fenómeno procesal de la caducidad, en consecuencia, se confirmará el auto apelado que rechazó la demanda.
También resuelve:¿Se confirmará la decisión de primera instancia que rechazó la demanda por caducidad del medio de control de controversias contractuales?¿Las partes acordaron en cláusula del contrato que este sería liquidado dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo señalado para su ejecución?¿La contratación con la sociedad demandada se rige por las reglas del derecho privado en atención a su régimen jurídico?
¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre aspectos no cuestionados en el recurso de apelación o sobre argumentos que no fueron planteados oportunamente en la demanda? No
El juez de segunda instancia no puede pronunciarse sobre aspectos no cuestionados en el recurso de apelación ni revocar la sentencia por razones que no fueron impugnadas, aunque se acojan los cargos del apelante. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 320 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, limita el recurso al examen de la cuestión decidida en relación con los reparos concretos; el artículo 328 del CGP obliga al superior a pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, salvo las decisiones de oficio previstas por la ley; y cuando una de las razones que fundamentan la negativa de las pretensiones no fue impugnada, esa razón queda firme y la sentencia no puede revocarse por los demás cargos. Por ello, la sentencia se mantiene, pues la razón no apelada basta para sostener la decisión. Esta regla opera aun cuando el recurrente acoja todos los demás cargos de su recurso.síntesis automática
También resuelve:¿La prolongación del plazo de ejecución de un contrato genera, por sí sola, la obligación del contratante de reconocer y pagar los mayores costos asumidos por el contratista?¿Se acreditaron las causas que justificaron la prórroga de los convenios interadministrativos objeto de interventoría para la procedencia de las obligaciones reclamadas?¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
¿Era una obligación a cargo del Invías poner a disposición de la contratista los bienes inmuebles sobre los cuales debía construirse el puente sobre el arroyo? Sí
El contratista no es responsable de poner a disposición los bienes inmuebles sobre los cuales debe construirse la obra, siendo esta obligación del contratante, en este caso el Invías, conforme a la cláusula vigesimoquinta del contrato y el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. La Sala considera que la gestión predial es una obligación del contratante, quien debe poner a disposición del contratista los bienes inmuebles necesarios para la ejecución de la obra. Esta regla reitera la responsabilidad del contratante en la gestión predial y la puesta a disposición de los bienes inmuebles, lo que implica que el contratista puede reclamar prórrogas y mayor permanencia en obra en caso de retardo por parte del contratante en la entrega de los bienes necesarios.síntesis automática
También resuelve:¿Para las partes era pacífico que a la entidad estatal le correspondía poner a disposición de su contratista los bienes inmuebles sobre los cuales debía construirse la obra contratada?¿Se tiene por acreditada la causa que la accionante alegó ocasionó la mayor permanencia en obra por el retardo en la puesta a disposición suya, por parte del Invías…¿Las partes contratantes, en ejercicio de su autonomía privada, llegaron a un acuerdo respecto a las consecuencias patrimoniales que para el contratista podían derivarse de la mayor duración del…
¿Se demostró que la liquidación unilateral del contrato afectó patrimonialmente a la contratista demandante? No
El acta de liquidación unilateral que la entidad expide sin que el contratista acredite un daño patrimonial derivado de ella no puede ser anulada, pues sin perjuicio no se examina si el acto adolece de algún vicio. La regla se apoya en que el contrato condicionaba la liquidación unilateral a una previa declaratoria de caducidad, potestad que la entidad no ejerció, y en que el contratista no probó que hubiera efectuado pago alguno derivado del balance de cuentas. Por ello, el incumplimiento de las condiciones pactadas para la liquidación unilateral no se traduce, por sí solo, en un perjuicio indemnizable ni en la nulidad del acta. En el asunto, la Sala concluyó que el acta no afectó patrimonialmente a la contratista y revocó la sentencia en cuanto había anulado el acta de liquidación. En la práctica, la contratista que impugna el acta de liquidación debe demostrar el daño patrimonial que le causó para obtener su nulidad.síntesis automática
También resuelve:¿El que los pantalones azules no se ajustaran a los requerimientos técnicos constituyó un incumplimiento contractual?¿No existe mérito para acoger las pretensiones porque de la liquidación hecha por Electranta no se derivaron perjuicios patrimoniales para la demandante?¿Habiendo sido el contrato de suministro de una sola prestación, resultó incumplido cuando al vencimiento de su plazo no se entregó la totalidad de los ítems contratados?
¿El recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia debe cumplir con la carga de sustentación y controvertir asuntos que fueron objeto de pronunciamiento por el aquo? Sí
El recurso de apelación debe cumplir con la carga de sustentación y controvertir asuntos que fueron objeto de pronunciamiento por el tribunal, según establece el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y los artículos 320 y 322 del Código General del Proceso. La parte recurrente no solo debe manifestar su disenso con la decisión recurrida, sino que debe atacar específicamente los fundamentos de hecho y de derecho que la sustentan, presentando razones claras de disenso frente a los argumentos del tribunal. La Sala reitera que el juez de segunda instancia no puede revisar de oficio la corrección de la decisión del tribunal si no se presentan reparos concretos y sustentados en el recurso de apelación, limitando así su autonomía y competencia funcional.síntesis automática
También resuelve:¿El recurso de apelación confronta las razones esgrimidas por el Tribunal para negar la indemnización en relación con los sobrecostos que alega el contratista?¿Está prohibido para el juez de segunda instancia pronunciarse sobre aspectos alegados en el recurso de apelación que variaron la causa petendi?¿La parte apelante asumió una conducta omisiva que da lugar a negar las pretensiones del recurso de apelación, al no debatir los fundamentos centrales de la sentencia de primera instancia?
¿Las garantías del debido proceso resultan aplicables a los procedimientos sancionatorios en la contratación estatal? Sí
El contratista debe recibir las garantías del debido proceso en los procedimientos sancionatorios de la contratación estatal, incluyendo el derecho a ser escuchado previamente, a solicitar la práctica de pruebas y a controvertir las que se practiquen, lo que implica que la administración está obligada a respetar estos derechos al declarar el incumplimiento del contrato y aplicar sanciones. La Sala reitera que la omisión de la vinculación de una de las aseguradoras en un contrato de coaseguro al procedimiento administrativo de declaratoria del siniestro viola el debido proceso, ya que las obligaciones asumidas por las coaseguradoras son conjuntas en proporción al porcentaje de riesgo aceptado por cada una, sin existir solidaridad legal ni contractual entre ellas. Además, el acto administrativo que hace efectivo el amparo de anticipo respecto de un siniestro ocurrido por fuera de la vigencia de la póliza está viciado de nulidad, ya que la obligación de la aseguradora de asumir la indemnización de un riesgo deriva del contrato de seguro correspondiente y solo puede exigirse durante la vigencia de la póliza. Estas reglas implican que la administración debe garantizar un procedimiento justo y equitativo en todos los casos relacionados con la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Se vulneró el derecho al debido proceso en el procedimiento administrativo contractual de declaratoria del siniestro, al omitir la vinculación de una de las aseguradoras que hicieron parte del…¿Se encuentra viciado de nulidad el acto administrativo que hizo efectivo el amparo de anticipo respecto de un siniestro ocurrido por fuera de la vigencia de la póliza?¿Los retrasos del cronograma de ejecución del contrato estatal son imputables al contratista por incumplimiento del plazo pactado…
¿En contratos en los que se pacta el desembolso de un anticipo, la entidad contratante debe exigir la creación de un patrimonio autónomo que administre dichos recursos? Sí
El contratista debe crear un patrimonio autónomo para administrar el anticipo recibido en contratos de obra pública, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015 y el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, y constituir una garantía del 100% del monto del anticipo para proteger a la entidad contratante de riesgos como la no inversión, uso indebido y apropiación indebida. Además, el contratista está obligado a invertir adecuadamente los recursos del anticipo en la ejecución del contrato, acreditar suficientemente dicha inversión y no ser renuente a los requerimientos de la interventoría para demostrar la efectiva inversión. Esta decisión reitera y matiza precedentes, fortaleciendo la obligación del contratista de manejar correctamente los recursos del anticipo y acreditar su inversión en la obra contratada.síntesis automática
También resuelve:¿El contratista tiene la carga de asegurar y acreditar que los recursos del anticipo están efectivamente realizados o invertidos en el contrato?¿El contratista fue renuente frente a los requerimientos efectuados por la supervisión y la interventoría para que acreditara la efectiva inversión de los recursos del anticipo?¿La parte actora no acreditó el cargo de falsa motivación de las resoluciones acusadas?
El reconocimiento de mayores cantidades de obra en un contrato a precios unitarios exige prueba que dé certeza de la reclamación, de su efectiva realización y de su cuantificación. La ausencia de salvedades en el acta de prórroga no equivale por sí sola a una renuncia tácita, según la nota de relatoría que cita la providencia, pues esa tesis se considera superada. Lo determinante es si la prórroga incluyó expresamente las obras reclamadas, y cuando el documento no lo aclara y no hay medios que permitan confirmarlo o negarlo, la reclamación no prospera. Esta falta de prueba se extiende a la ejecución y a la cuantificación de las obras, lo que impide acceder a la pretensión. En el caso concreto, el reclamo sobre la modificación de unos baños no fue probado y el rechazo fue confirmado. El documento describe la renuncia tácita como posición superada, de modo que la regla matiza el criterio anterior sin alterar la carga probatoria del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Se contó con el concepto favorable del Comité de Contratación, dando cumplimiento con el procedimiento señalado en el manual de contratación?¿No puede afirmarse que los problemas de los estudios fueran los determinantes del incumplimiento que se le imputó al contratista?¿El tiempo adicional otorgado no supuso una ampliación del plazo sino solamente que las obras debían cumplirse aun cuando fuera de manera extemporánea?
¿El IDU debe compensar al contratista si la ocurrencia del riesgo determina una situación deficitaria en el balance financiero del contrato? Sí
El contratista no tiene derecho a la compensación por riesgos excepcionales si la ocurrencia del riesgo no determina una situación deficitaria en el balance financiero del contrato, tal como lo establece el artículo 5.1 de la Ley 80 de 1993. La entidad estatal no debe compensar al contratista si las causas de la prórroga del contrato de interventoría son atribuibles al interventor, y no se demuestra que dichas causas hayan generado un déficit financiero que justifique la compensación. Además, si el contrato estipula que el interventor asume el riesgo de mayor permanencia del personal, los costos adicionales deben ser soportados por el interventor, sin que la entidad estatal tenga responsabilidad por hechos atribuibles a terceros. Esta decisión reitera la importancia de la distribución de riesgos acordada en el contrato y la necesidad de demostrar un déficit financiero para reclamar la compensación por riesgos excepcionales.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato de interventoría estipuló expresamente que si las causas de la prórroga eran imputables al interventor, el IDU no reconocería valor alguno por el tiempo adicional?¿En el contrato de interventoría no se estipuló que el IDU asumiría responsabilidad frente al interventor por hechos atribuibles a terceros, como algunas secretarías del Distrito?¿La pretensión de la sociedad interventora pone de manifiesto la ausencia de un pacto expreso sobre quién debía asumir los efectos económicos de la mayor permanencia?
¿El cargo de la apelación resulta infundado pues la sentencia de primera instancia acertó en cuanto no encontró demostrada la ocurrencia de sobrecostos causados durante el lapso en el cual se amplió el plazo de ejecución contractual? Sí
Los sobrecostos derivados de la ampliación del plazo de ejecución de un contrato de obra pública deben acreditarse con una certificación contable que discrimine los conceptos y permita distinguir los gastos causados por la mayor permanencia en la obra de los gastos inherentes a la ejecución, así como con un análisis de ingresos y egresos que muestre si esos costos fueron cubiertos por el precio o por el rubro de imprevistos. Una razón es que la certificación contable presentada no permitía distinguir si los gastos eran consecuencia directa de la extensión del plazo o correspondían a los inherentes al contrato, y no discriminaba los conceptos que integraban las sumas. Otra razón es que el expediente no incluía documentos que verificaran el estado contable de la ejecución, ni un análisis comparativo entre el valor del contrato y los costos que superaban ese valor. En el caso, la Sala confirmó la decisión de primera instancia que no encontró demostrados los sobrecostos, y las razones por las cuales se apartó del dictamen pericial fueron compartidas. Su consecuencia práctica es que el reclamo por mayor permanencia en obra exige contabilidad discriminada del contrato y no basta con certificaciones generales.síntesis automática
También resuelve:¿Las razones por las cuales la primera instancia se apartó del dictamen pericial son compartidas por esta instancia?¿En los documentos de prórroga y suspensión del plazo contractual se introdujo el compromiso del contratista de mantener el índice de ajustes del programa de inversiones?¿En la demanda se pretendió la nulidad de las cláusulas de renuncia invocando como fundamento que se vulneraron normas de orden público?