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¿Hay lugar a declarar la nulidad de las Resoluciones No. 20237030004035 del 4 de abril de 2023 y No. 20237090004165 del 13 de abril de 2023, expedidas por la Agencia Nacional de Infraestructura, y por las cuales se adjudicó el concurso de méritos VGCON-CM-009-2022, conforme a los requisitos habilitantes y ponderables establecidos en el pliego de condiciones? Sí
El contratista puede solicitar la nulidad del acto de adjudicación de un contrato estatal si la entidad estatal vulnera el principio de selección objetiva al aplicar indebidamente la falsa motivación, especialmente cuando confunde los requisitos habilitantes con los ponderables, lo que afecta la igualdad de condiciones en la competencia. En este caso, la entidad estatal, al negar injustificadamente la asignación de puntaje a un proponente que cumplió con los requisitos habilitantes y presentó contratos válidos para la experiencia ponderable, incurrió en una falsa motivación que vulneró el principio de selección objetiva. La Sala declaró nulas las resoluciones de adjudicación del concurso de méritos VGCON-CM-009-2022, lo que implica que en la práctica, la entidad estatal debe motivar adecuadamente sus decisiones y no confundir los requisitos habilitantes con los ponderables para garantizar la igualdad de condiciones entre los proponentes.síntesis automática
También resuelve:¿Hay lugar a condenar a la Agencia Nacional de Infraestructura a reconocer y pagar en favor del demandante el valor de la utilidad esperada, tazada en un valor de $9.899.212.945…
¿Se acreditó que el rechazo de la propuesta presentada por Conconcreto SA fue ilegal y/o arbitraria? No
La entidad estatal adjudicadora rechaza de manera legal y fundada la propuesta presentada en un proceso de selección cuando el oferente omite reportar información relevante y veraz exigida en el pliego de condiciones. La corporación judicial confirma la sentencia apelada al comprobar que el proponente no acreditó adecuadamente la experiencia específica requerida para la construcción del puente sobre la quebrada Servitá en Meta, lo cual impedía asignar el puntaje pretendido. Con base en los principios de transparencia y el respeto a las reglas de la contratación estatal, la sala aplica el principio nemo auditur propriam turpitudinem allegans y desestima las pretensiones de nulidad formuladas contra el acto de adjudicación.síntesis automática
También resuelve:¿La adjudicación del contrato de obra a la Unión Temporal Puentes del Meta fue ilegal por el hecho de haberse tenido en cuenta la experiencia de la sociedad Augusto Ruiz Corredor y Cia Ltda…¿Se configuró un exceso ritual manifiesto en la decisión de declarar desistida la práctica de una prueba pericial?
¿No es posible valorar los documentos aportados en idioma inglés, sin la traducción oficial, en concordancia con las normas procesales? Sí
El contratista no puede valorar documentos aportados en idioma inglés sin la traducción oficial, en concordancia con el artículo 251 del Código General del Proceso, lo que implica que la entidad estatal no puede considerar estos documentos en su evaluación técnica sin cumplir con este requisito. Además, la Sala establece que la simple confrontación de los documentos de la propuesta del adjudicatario con el pliego de condiciones no es suficiente para probar la indebida adjudicación del proceso, y que la carga de la prueba en cabeza del demandante debe ser respaldada con pruebas idóneas, especialmente en aspectos técnicos. Asimismo, el tribunal puede restar valor probatorio a un dictamen pericial por no cumplir con los requisitos normativos, y este criterio no puede ser revisado en apelación si no se formulan reparos específicos. Por último, la Sala confirma la sentencia de primera instancia si el demandante incumple con su carga probatoria, lo que implica que la entidad estatal puede subsanar los ofrecimientos hasta la adjudicación en ciertas circunstancias.síntesis automática
También resuelve:¿La simple confrontación de los documentos de la propuesta del adjudicatario con el pliego de condiciones, no permite a la Sala llegar al convencimiento de la indebida adjudicación del proceso de…¿El tribunal le restó valor probatorio al dictamen pericial por no cumplir los requisitos normativos, a lo cual no se formuló reparo alguno en el recurso de apelación?¿Dado que el demandante incumplió con su carga probatoria, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia?
¿Se probó que la oferta del consorcio demandante habría ocupado el primer lugar en el orden de elegibilidad, o que el Consorcio demandado no habría resultado adjudicatario en esa situación? No
Quien impugna un acto de adjudicación en un proceso de selección debe probar que su oferta habría ocupado el primer lugar en el orden de elegibilidad, o que el adjudicatario no habría resultado seleccionado en esa situación, pues sin esa prueba no hay lugar a declarar la irregularidad de la adjudicación. Esta carga procesal se explica por dos razones. Una razón es que la adjudicación solo puede anularse si se demuestra que la selección desconoció la oferta más favorable, y la mera prueba del rechazo de la propuesta no basta para establecer ese orden. Otra razón es que el consorcio demandante concentró sus pruebas en demostrar el rechazo sin justificación y el cuantum de los perjuicios, sin aportar elementos sobre la calificación técnica de las propuestas. En el caso, la Sala confirmó la negación de las pretensiones de la demanda, y la conciliación aprobada y el dictamen sobre perjuicios no suplieron esa falta de prueba. Su consecuencia práctica es que el proponente que reclama la adjudicación debe demostrar, con la evaluación técnica, que su oferta era la mejor calificada.síntesis automática
También resuelve:¿El consorcio demandante cumplió con la carga de probar que su oferta era la mejor para la entidad?¿El demandante probó que su oferta era la mejor de conformidad con la fórmula establecida en el pliego?¿Una vez celebrado el contrato sin que se hubieran enjuiciado los actos previos, estos sólo eran demandables en ejercicio de la acción de controversias contractuales?
Sentencia — Sentencia2026-10-29SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección A)DESPACHO 02 SEC3-SUB A TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCARad. 11001334305920200014401ACCION DE REPETICION
¿En el presente asunto está acreditado que los exfuncionarios […] y […] actuaron de manera gravemente culposa al adjudicar el concurso de méritos IDRD STC-CM-010-2013 al Consorcio Interventoría 2014, adjudicación que posteriormente fue anulada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y si eso generó la condena a cargo del IDRD? Sí
El contratista debe responder por la condena asumida por la entidad estatal si se demuestra que actuó con culpa grave al adjudicar un contrato, lo que incluye violar manifiestamente las normas de derecho o cometer una omisión inexcusable en el ejercicio de sus funciones. En este caso, el subdirector técnico de construcción del IDRD, en ejercicio de las facultades de contratación delegadas, resolvió un empate en un concurso de méritos sin asesoramiento jurídico adecuado, desconociendo los criterios de desempate previstos en la normativa vigente, lo que llevó a la anulación del acto de adjudicación por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La Sala confirmó que esta conducta constituye una actuación gravemente culposa, mientras que no se probó la culpa grave del otro exfuncionario involucrado, quien no dio visto bueno formal al acto de adjudicación y no se demostró que hubiera incumplido sus funciones como asesor. Este precedente reitera la importancia de cumplir con los requisitos legales y reglamentarios en la adjudicación de contratos estatales para evitar responsabilidades futuras.síntesis automática
¿Debe declararse la nulidad del acto de adjudicación y, consecuencialmente, la nulidad absoluta del contrato estatal, así como la correspondiente reparación de perjuicios a favor del demandante, al privársele de la celebración del contrato respectivo, por desconocérsele puntaje correspondiente a la experiencia específica, que consideró acreditado en debida forma? No
El oferente no tiene derecho a que se le reconozca un puntaje por experiencia específica que no alcanza el valor exigido en el pliego, ni puede subsanar esa experiencia cuando se trata de un factor puntuable de escogencia. La regla se apoya en tres razones. Primera, la experiencia no cumplía el valor mínimo exigido para ser puntuable, con independencia de la naturaleza del proyecto en el que se adquirió. Segunda, según el Decreto 734 de 2012, los requisitos subsanables son los que no constituyen factores de escogencia establecidos en el pliego, y la experiencia específica era un factor puntuable, por lo que no podía exigirse a la entidad su subsanación. Tercera, el pliego no exigía que la experiencia específica hubiera sido adquirida en un contrato de consultoría con carácter público en la forma que sostenía el apelante. En consecuencia, se confirma la sentencia que negó la nulidad del acto de adjudicación y del contrato, así como la reparación de perjuicios. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente la condena en costas en segunda instancia, en contra de la parte vencida en el proceso?
Sentencia — Sentencia que niega las pretensiones2026-02-26SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección A)BEATRIZ TERESA GALVIS BUSTOSRad. 25000233600020190012100ACCION CONTRACTUAL
¿El acto administrativo de adjudicación de la licitación pública No. FDLE-LP-230-2018 está viciado de nulidad? No
El pliego de condiciones vincula a la administración y a los proponentes, y el análisis económico de la propuesta debe ajustarse a los criterios y al método reglado que el pliego establece, sin que la adjudicación sea nula si la entidad observó esos criterios. La regla se sostiene en tres razones: el pliego fija el objeto del procedimiento, el cauce del trámite y las reglas de evaluación objetiva y técnica; los estudios previos y el pliego diseñaron un método reglado y secuencial de evaluación económica, en el que la propuesta debía presentarse integralmente con los anexos exigidos y estar sujeta a verificación y corrección aritmética; y ese análisis debía cubrir los costos directos e indirectos necesarios para ejecutar el contrato. Por ello, la entidad debe evaluar la propuesta conforme a esos criterios, y no con otros que el pliego no contempla. En el caso, la adjudicación se ajustó a esos criterios, por lo que no está viciada de nulidad.síntesis automática
¿Debe declararse la nulidad de la resolución mediante la cual se adjudicó por el SENA un proceso de selección en la modalidad de licitación pública, cuando se observa que la compañía demandante fue inhabilitada sin validarse la oportunidad de subsanación de la oferta? Sí
La entidad no puede inhabilitar una oferta por un requisito que no se haya establecido con claridad en el pliego de condiciones, y que, cuando el requisito no afecta la asignación de puntaje, debe permitirse la subsanación dentro de las reglas del proceso. Una razón es que en los términos del pliego la entidad no indicó que el tiempo de entrega estuviera limitado a la vigencia del año 2012, y el pliego previó dos formas de pago para la ejecución, lo que impide leer el requisito de manera restrictiva. Otra razón es que la inhabilitación se produjo sin verificar la oportunidad de subsanación del oferente, con lo que la adjudicación al otro proponente vulneró las reglas del proceso. En el caso, el tribunal había declarado la nulidad de la resolución de adjudicación y reconocido la utilidad esperada, y el Consejo de Estado revocó la decisión y limitó las pretensiones a la declaratoria de nulidad parcial, porque la utilidad no se acreditó en el monto reclamado. Su consecuencia práctica es que el pliego debe fijar expresamente cualquier limitación temporal y la entidad debe permitir subsanar los requisitos que no afecten el puntaje.síntesis automática
También resuelve:¿Dada la nulidad del acto administrativo que adjudicó la licitación pública hay lugar a reconocer el restablecimiento del derecho del demandante…¿En vigencia del C.P.A.C.A. resulta procedente condenar en costas en segunda instancia a la parte vencida en el proceso, esto es, a la que se le resuelve de forma desfavorable el recurso de apelación?
¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y, en segunda instancia, el Consejo de Estado, para conocer del litigio y del recurso de apelación, en atención a la naturaleza de la entidad demandada y a la cuantía del proceso? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de los litigios originados en la actividad contractual de un departamento, entidad territorial, conforme al artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 446 de 1998 y por la Ley 1107 de 2006. La regla se sostiene en tres razones: la naturaleza de la entidad demandada como entidad territorial determina que el litigio se origine en su actividad y no en otra; el Consejo de Estado es competente para resolver la apelación contra la sentencia del tribunal administrativo, por la vocación de doble instancia, según los artículos 129, 132, numeral 6, y 181 del Código Contencioso Administrativo; y la cuantía de la demanda, a la fecha de su presentación, superaba los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que confirma la competencia de la Corporación en segunda instancia. Por ello, la providencia de primera instancia se confirma en lo relativo a la competencia.síntesis automática
También resuelve:¿Es la acción contractual el mecanismo procesal idóneo para obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada de un contrato estatal…¿Procede el estudio de pretensiones dirigidas a la nulidad del acto de adjudicación cuando su ilegalidad no fue invocada como fundamento de la nulidad absoluta del contrato celebrado?¿Es procedente pronunciarse sobre las pretensiones subsidiarias cuando, a través de ellas, se solicita la nulidad absoluta del contrato con fundamento en la ilegalidad del acto administrativo…
¿El Juzgado de primera instancia incurrió en error de interpretación del artículo 1º del Decreto 392 de 2018 y desconoció el principio de selección objetiva al encontrar que el acto de adjudicación no adolecía de nulidad por otorgar puntaje ponderable a una certificación de planta de personal expedida antes de la fecha de cierre del proceso de selección? No
El contratista no puede ser privado del puntaje adicional previsto en el artículo 1º del Decreto 392 de 2018 por presentar una certificación de planta de personal expedida antes de la fecha de cierre del proceso de selección, siempre y cuando dicha certificación permita verificar objetivamente el cumplimiento del requisito de tener trabajadores con discapacidad en la planta de personal. La Sala establece que la norma no impone que el documento deba expedirse exactamente el mismo día del cierre, sino que busca garantizar que la entidad contratante cuente con información cierta y verificable sobre la situación laboral del proponente al momento de la evaluación. En el caso concreto, el contratista aportó una certificación del revisor fiscal que indicaba el número total de trabajadores y aquellos en condición de discapacidad, certificación respaldada por el Ministerio de Trabajo, lo que permitió verificar el cumplimiento del requisito en su esencia. La Sala reitera que en materia de contratación estatal se debe dar aplicación al principio de prevalencia del derecho sustancial sobre lo meramente formal, lo que implica que no se puede rechazar una propuesta por la ausencia de requisitos meramente formales.síntesis automática
También resuelve:¿Puede o no el juez acudir o no a la Real Academia Española para precisar el significado de palabras o expresiones de una norma?
¿(...) hay lugar a declarar o no la nulidad de la Resolución No. 1622 del 11 de octubre de 2021, por medio de la cual la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial adjudicó el concurso de méritos abierto No. 08 de 2021, (iniciado para seleccionar a un consultor que realizara la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental del Contrato de Obra No. 153 de 2021 para la construcción de las sedes de los despachos judiciales de Chocontá – Cundinamarca) al Consorcio Inter A&G, por un error de la DEAJ en la aplicación de los criterios de desempate a los resultados de la evaluación de los proponentes del concurso de méritos 08/2021(...)? No
… para determinar si efectivamente los actos administrativos demandados fueron expedidos contrario a los criterios de objetividad que rige la contratación estatal, se debe revisar la totalidad de las propuestas de los proponentes que quedaron empatados y aplicar los criterios de desempate dispuestos en el pliego de condiciones definitivo-Adenda No. 1.… Revisadas las pruebas obrantes en el expediente, la Sala advierte que en la continuación a la audiencia inicial celebrada el 21 de marzo de 2024 se advirtió a las partes que el link aportado con las ofertas requería permiso para acceder a la información por lo que se requirió a la parte actora DEAJ para que aportara las ofertas.
¿El régimen jurídico al cual estuvo sometido el concurso de méritos No. CM-PDA-009-2017, determina la naturaleza jurídica del acto precontractual objeto de reproche, el medio de control procedente en el caso, la oportunidad para el ejercicio del medio de control, y la forma en que habrá de resolverse el asunto sometido a consideración de la Sala? Sí
El contratista debe determinar la naturaleza jurídica del acto precontractual y el medio de control procedente en función del régimen jurídico que rige la entidad estatal, lo cual incluye considerar si la entidad actúa en su condición de empresa de servicios públicos domiciliarios o en calidad de gestora de un programa específico, como el Programa de Agua y Saneamiento para la Prosperidad – Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PAP – PDA). Si la entidad actúa en calidad de gestora del PAP – PDA, el procedimiento de selección se rige por el Estatuto de Contratación de la Administración Pública, independientemente de que la entidad sea una empresa de servicios públicos domiciliarios que generalmente opera bajo el derecho privado. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente y establece que la naturaleza del acto administrativo y el régimen jurídico aplicable dependen del contexto específico en que se desarrolla la contratación, lo que implica que los procedimientos y medios de control deben ajustarse a las normas aplicables en cada caso.síntesis automática
También resuelve:¿La Sala es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 29 de enero de 2021…¿En el presente caso se cumplen los presupuestos necesarios para la acumulación de pretensiones, previstos en el artículo 165 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contenciosos…¿Conforme al artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contenciosos Administrativo, los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho…
¿El Consejo de Estado tiene competencia para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía? Sí
El contratista está legitimado en la causa por activa para demandar la nulidad del acto de adjudicación y del contrato estatal, en virtud de su participación como proponente en el proceso de selección, lo que le confiere interés para formular las pretensiones oportunamente en el proceso de controversias contractuales. La entidad estatal y el contratista están legitimados en la causa por pasiva, ya que la entidad emitió el acto de adjudicación y suscribió el contrato en cuestión, mientras que el contratista es coadyuvante en el proceso. Además, el Consejo de Estado tiene competencia para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía, dado que el monto de las pretensiones indemnizatorias supera el umbral establecido en el artículo 132.5 del Código Contencioso Administrativo. Esta decisión modifica la interpretación previa sobre la competencia del Consejo de Estado en casos de cuantía elevada, lo que implica que los procesos similares podrán ser conocidos en segunda instancia por esta corporación siempre que cumplan con los requisitos de cuantía establecidos en la normativa vigente.síntesis automática
También resuelve:¿Se configura la caducidad de la acción frente a las pretensiones de restablecimiento del derecho?¿La demandante como proponente en el proceso de selección del contratista esta legitimada en la causa por activa para demandar la nulidad del acto de adjudicación que finalizó dicho proceso?¿La entidad contratante y el contratista están legitimados en la causa por pasiva?
68001233300020150119301 de 20252025-07-14Rad. 68001233300020150119301
De acuerdo con lo anterior, los elementos de la oferta se categorizan entre: (i) los que no son necesarios para la comparación y que pueden ser subsanados hasta la adjudicación y (ii) aquellos que se requieren para la evaluación de los ofrecimientos y que otorgan puntaje para determinar el orden de elegibilidad de los proponentes, los cuales no se pueden subsanar. Se ha señalado que una previsión en ese sentido comporta un desarrollo del principio de buena fe que impone a los interesados en contratar con el Estado actuar con rectitud, lealtad y honestidad durante todas las etapas contractuales. Puntualmente, las disposiciones de la Ley 80 de 1993 invocadas por el actor, contenidas en sus artículos 24 (principio de transparencia), 26 (responsabilidad), al igual que el parámetro contenido en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 (selección objetiva, en el que se insistió en el recurso de apelación), en los términos antes referidos.
También resuelve:Contrato estatal: proceso de selección del contratista, reglas de la licitación pública, régimen de contratación administrativa, estatuto general de contratación de la administración públicaPrincipio de selección objetiva: procedimiento de la selección objetiva del contratista, evaluación de propuestas, factores de evaluación, valoración de la propuesta del proponenteAplicación del precedente judicial: causales de rechazo de la oferta, ineficacia de la oferta, aplicación de la buena fe contractual, obligaciones del contratante
¿La propuesta presentada por el Consorcio demandante cumplió las exigencias del pliego de condiciones de la licitación pública No. IDU-LP-DTE-001-2009 y, por lo tanto, debió haber sido declarada admisible por el IDU? Sí
La causal de rechazo de una propuesta por falta de veracidad en la información sobre cumplimiento de contratos estatales se circunscribe exclusivamente a las sanciones contractuales por incumplimiento impuestas por la respectiva entidad estatal. Esta regla se apoya en el texto del pliego de condiciones, que limitaba la exigencia a esas sanciones, y no en una interpretación amplia de la transparencia del proceso o de los antecedentes del proponente. Por ello, no puede rechazarse una propuesta por antecedentes distintos de las sanciones efectivamente impuestas por la entidad. En el caso concreto el consorcio había cumplido los requisitos del pliego, y la sala revocó la decisión del tribunal, al concluir que la propuesta debió declararse admisible. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que el rechazo por falta de veracidad exige que exista una sanción contractual impuesta y que la exigencia esté expresamente prevista en el pliego.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse la nulidad del acto administrativo de adjudicación y del contrato de obra celebrado con ocasión de la licitación pública No. IDU-LP-DTE-001-2009…¿Hay lugar al análisis de las pretensiones indemnizatorias y de restablecimiento del derecho formuladas en la demanda cuando el Tribunal declaró que respecto de ellas operó la caducidad y este punto…
¿La certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales presentada por RFID Tecnologías S.A.S. satisfizo las exigencias previstas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el pliego de condiciones y el régimen de subsanación de la Ley 1882 de 2018? Sí
… En efecto, en el asunto no se demuestra que RFID Tecnologías S.A.S. hubiera incumplido sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral o que la certificación aportada contuviera información falsa. La discusión planteada por la demandante no se dirige a cuestionar el cumplimiento material del requisito, sino la persona que suscribió el documento mediante el cual aquel fue acreditado. Por ello, aun aceptando que la certificación debió provenir del revisor fiscal, esa circunstancia, por sí sola, no permite concluir que el adjudicatario careciera del requisito habilitante exigido por la ley.
¿Es procedente la objeción por error grave en el dictamen pericial presentada por la parte demandante? No
El contratista no puede objetar por error grave el dictamen pericial presentado por el ingeniero civil, ya que este se limitó a calcular los perjuicios materiales y no evaluó la propuesta del consorcio demandante como la mejor opción según el pliego de condiciones. La Sala determina que la objeción no es procedente porque el perito consideró la totalidad de los puntos de análisis establecidos por la entidad estatal, no solo el supuesto error en la certificación de calidad. Además, la inexactitud en la información financiera suministrada por el proponente en el Registro Único de Proponentes configura una causal de rechazo de la propuesta según el pliego de condiciones, lo que implica que la propuesta del consorcio no cumplió con los requisitos exigidos. Esta decisión reitera la importancia de cumplir rigurosamente con los pliegos de condiciones y subraya que la objeción por error grave en el dictamen pericial debe estar fundamentada en errores evidentes y no en interpretaciones subjetivas.síntesis automática
También resuelve:¿La inexactitud en la información suministrada por el proponente configuró una causal de rechazo de la propuesta a la luz de lo estipulado en el pliego de condiciones?¿Se configuró la causal de nulidad del contrato por celebrarse contra expresa prohibición legal o constitucional?¿Se configuró la causal de nulidad de desviación de poder en la adjudicación del contrato estatal?
¿La resolución de adjudicación contractual proferida por el municipio de Bucaramanga se encuentra amparada con la presunción de legalidad? Sí
La resolución de adjudicación de un contrato de obra pública goza de presunción de legalidad, por lo que la pretensión de nulidad absoluta del contrato fundada en la invalidez de ese acto no prospera en el medio de control de controversias contractuales. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, mientras el acto no sea anulado en el medio de control pertinente, conserva la presunción de legalidad que impide declarar prima facie la nulidad absoluta del contrato. Segunda, el medio de control de controversias contractuales no permite estudiar la validez de ese acto administrativo, de modo que la pretensión depende de una causal ajena a la invalidez del acto. Tercera, la nulidad absoluta del contrato hubiera podido examinarse si se hubiera fundado en una causal distinta a la del acto de adjudicación, lo que no ocurrió. La providencia confirma la sentencia de primera instancia. La consecuencia práctica es que, para impugnar la validez de un contrato a partir de la adjudicación, el demandante debe demandar el acto por la vía adecuada o fundar la nulidad en una causal propia del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿En el sub judice resulta procesalmente procedente estudiar la validez de la resolución de adjudicación?¿La pretensión principal de la demanda radica en la nulidad absoluta del contrato de obra pública?¿Se ejerció oportunamente el medio de control de controversias contractuales?
¿El demandante debió ser el adjudicatario de la licitación pública ya que el acto de adjudicación fue expedido con infracción de las normas en que debia fundarse, y mediante falsa motivación, ya que los fundamentos jurídicos presentados por la administración para sustentar el rechazo de la segunda observación del Consorcio demandante desconocieron el pliego de condiciones y el EGCP? Sí
La entidad estatal que adjudique una licitación pública debe sustentar el acto de adjudicación en las reglas del pliego de condiciones, y el defecto formal de una oferta que puede verificarse no justifica su rechazo cuando el pliego no lo prevé como causal. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, si el pliego exige discriminar el AIU en pesos pero la oferta lo presenta en porcentajes y señala su valor total, una operación aritmética permite conocer cada componente y comparar las propuestas, de modo que el defecto no configura una causal de rechazo. Segundo, las causales de rechazo deben interpretarse según lo efectivamente previsto en el pliego, sin extenderlas a supuestos que este no contempla, pues hacerlo conduce a la falsa motivación del acto de adjudicación. Tercero, para obtener la nulidad del acto de adjudicación basta probar la causal alegada, mientras que para el restablecimiento del derecho el demandante debe acreditar que su propuesta ocupaba el primer orden de elegibilidad. La providencia revoca la sentencia de primera instancia y concluye que el demandante debió ser adjudicatario; en la práctica, la entidad no puede desconocer la oferta mejor calificada por defectos formales verificables.síntesis automática
También resuelve:¿Debe reconocerse la utilidad esperada al demandante pues era el único proponente habilitado en el proceso y por ello debió ser el adjudicatario del contrato de obra pública y se vio privado de su…¿Debe condenarse en costas en primera y segunda instancia a la parte vencida en este caso el departamento y el consorcio que no debía ser adjudicatario?
" (...) ¿El comité de evaluación conformado por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia para el concurso de méritos abierto N.º SCJ-SIF-CMA-005-2022 evaluó de manera errónea los documentos aportados por los proponentes para acreditar las condiciones del personal cabeza de familia o víctima de violencia intrafamiliar? (...) " " (...) ¿Debe declararse nula la Resolución N.º 836 de 2022, por medio de la que dicha secretaría adjudicó el ese proceso de selección cuyo objeto es la “interventoría administrativa, financiera, técnica, contable, jurídica y ambiental del sistema de videovigilancia de Bogotá”? (...) " Sí
El comité de evaluación debe evaluar de manera objetiva y conforme a lo establecido en el pliego de condiciones los documentos aportados por los proponentes para acreditar las condiciones específicas, como la participación mayoritaria de la mujer cabeza de familia o víctima de violencia intrafamiliar, para evitar la nulidad del acto de adjudicación. En este caso, el comité excluyó la valoración de los documentos presentados por dos proponentes, argumentando que no cumplían con los requisitos establecidos, a pesar de que estos documentos eran válidos según el pliego de condiciones y la normativa vigente. La Sala declaró nula la resolución de adjudicación debido a que el comité no aplicó de manera imparcial y objetiva los criterios establecidos, lo que violó los principios de la contratación estatal y la función pública. Esta decisión implica que cualquier entidad estatal debe asegurar que los comités de evaluación actúen de acuerdo con los pliegos de condiciones y las normas legales para evitar la nulidad de los actos de adjudicación.síntesis automática