Acto administrativo contractual: rechazó las pretensiones relacionadas con dichos actos administrativos
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Acto administrativo contractual: rechazó las pretensiones relacionadas con dichos actos administrativos
En resumen
El Tribunal Arbitral decidió declararse parcialmente competente para conocer las controversias derivadas del Contrato de Exploración y Explotación de Hidrocarburos E&E Cubiro, reconociendo su competencia sobre los conflictos jurídicos relativos a la interpretación, ejecución y cumplimiento del contrato, en especial respecto de la delimitación de campos y la integración de áreas de explotación, por tratarse de asuntos de naturaleza jurídica susceptibles de arbitraje conforme a la Ley 1563 de 2012. En consecuencia, rechazó las pretensiones relacionadas con dichos actos administrativos, limitando su decisión a los aspectos contractuales, declaró prósperas algunas pretensiones y condenó en costas conforme a lo resuelto en el laudo.
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El contratista no puede someter a arbitraje las controversias relacionadas con la nulidad, ineficacia o inaplicabilidad de las resoluciones de inicio de explotación emitidas por la entidad estatal, ya que estos actos administrativos son considerados medidas de fiscalización y control propias de las funciones legales de la entidad, cuyo examen corresponde exclusivamente a la jurisdicción contencioso administrativa. El Tribunal Arbitral declaró parcialmente competente para conocer las controversias derivadas del contrato de exploración y explotación de hidrocarburos, reconociendo su competencia sobre los conflictos jurídicos relacionados con la interpretación, ejecución y cumplimiento del contrato, en especial respecto de la delimitación de campos y la integración de áreas de explotación, por tratarse de asuntos de naturaleza jurídica susceptibles de arbitraje conforme a la Ley 1563 de 2012. Este fallo limita la competencia del tribunal a los aspectos contractuales y excluye las controversias relacionadas con las resoluciones de inicio de explotación, lo que implica que el contratista debe acudir a la jurisdicción contencioso administrativa para resolver estas controversias.
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