Síntesis de la providencia
Tribunal Administrativo: los tres primeros elementos son de carácter objetivo
Lo que dijo la Sala
La Sección Tercera del Consejo de Estado se ha ocupado de determinar los elementos o presupuestos necesarios para que declare la responsabilidad patrimonial del servidor contra quien se repite, veamos: a) Que exista la obligación reparatoria a cargo del Estado, haciéndose referencia a que la entidad pública debe probar la existencia de la obligación de pagar una suma de dinero derivada de la condena judicial impuesta en su contra, en sentencia debidamente ejecutoriada, o de una conciliación o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto. b) Que el demandando tenga la calidad de servidor o ex servidor público o particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas, alusivo a que la calidad y la actuación u omisión de los agentes del Estado debe ser materia de prueba, con el fin de brindar certeza sobre la calidad de funcionario o ex funcionario del demandado. c) El pago de la obligación reparatoria…
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Síntesis síntesis automática
El contratista no puede obtener la responsabilidad patrimonial del servidor público en una acción de repetición si no demuestra adecuadamente la existencia de la obligación reparatoria, la calidad del servidor como funcionario público, el pago efectivo de la obligación y la culpabilidad del servidor, ya sea dolosa o gravemente culposa, que haya determinado el daño antijurídico. La entidad demandante debe probar que la conducta del servidor se desplegó en alguno de los grados señalados conforme a las normas vigentes al momento de los hechos, y no basta con la anulación del acto administrativo por infracción a las normas que debía fundarse. La falta de pruebas que permitan aproximarse a la subjetividad del servidor y a su comportamiento cognitivo y volitivo lleva a la negación de la responsabilidad patrimonial, lo que implica que la entidad debe acreditar con suficiencia todos los elementos de la acción de repetición, especialmente la culpabilidad del servidor, para que la acción sea prospera.
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Problema jurídico
¿Hay lugar a declarar la responsabilidad patrimonial de [el demandado]; es decir, se cumplen los requisitos exigidos para la prosperidad de la acción de repetición?
Respuesta: No
Fundamentos
- Ley 678 de 2001, arts. 5, 6 y 8
- Ley 996 de 2005, art. 32
- Constitución Política
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Titulación de la relatoría 8.383 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del tribunal.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / ACTO DE INSUBSISTENCIA DEL EMPLEADO EN PROVISIONALIDAD / LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES / ELEMENTO SUBJETIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / AUSENCIA DEL DOLO / CARGA DE LA PRUEBA
Problema jurídico:
¿Hay lugar a declarar la responsabilidad patrimonial de [el demandado]; es decir, se cumplen los requisitos exigidos para la prosperidad de la acción de repetición?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a Sección Tercera del Consejo de Estado se ha ocupado de determinar los elementos o presupuestos necesarios para que declare la responsabilidad patrimonial del servidor contra quien se repite, veamos: a) Que exista la obligación reparatoria a cargo del Estado, haciéndose referencia a que la entidad pública debe probar la existencia de la obligación de pagar una suma de dinero derivada de la condena judicial impuesta en su contra, en sentencia debidamente ejecutoriada, o de una conciliación o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto. b) Que el demandando tenga la calidad de servidor o ex servidor público o particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas, alusivo a que la calidad y la actuación u omisión de los agentes del Estado debe ser materia de prueba, con el fin de brindar certeza sobre la calidad de funcionario o ex funcionario del demandado. c) El pago de la obligación reparatoria, según lo cual la entidad pública tiene que acreditar el pago efectivo que hubiere realizado respecto de la suma dineraria que le hubiere sido impuesta por una condena judicial o que hubiere asumido en virtud de una conciliación. d) Que la conducta dolosa o gravemente culposa del agente haya determinado el daño antijurídico por el cual se condenó al Estado, elemento en el cual la entidad demandante debe probar que la conducta del agente o ex agente del Estado se desplegó en alguno de los grados señalados conforme a las normas que para el momento de los hechos sean aplicables. Sin embargo, es importante enfatizar que bajo el imperio de la Ley 678 de 2001, para efectos de determinar la culpa grave o dolo, las disposiciones contenidas en sus artículos 5 y 6 establecen la presunción de dolo y de culpa grave en los eventos allí determinados. En esa línea es claro entonces que los tres primeros elementos son de carácter objetivo y están sometidos a las normas procesales vigentes al momento de la presentación de la demanda; en tanto que el último de ellos es de carácter subjetivo y está sometido a la normativa vigente al momento de la ocurrencia de la acción u omisión determinante de la responsabilidad del Estado que generó el pago a su cargo y por cuya recuperación se adelanta la acción de repetición. [...] En otras palabras, la declaratoria de responsabilidad del Estado o los efectos patrimoniales derivados de la nulidad de un acto administrativo, no dan por sentado de manera automática la culpabilidad del servidor, pues corresponde al Juez de la repetición, auscultar el proceder del agente a la luz del régimen de responsabilidad subjetiva, de ahí que resulta imprescindible que la parte demandante identifique a plenitud y sustente bajo que título de imputación pretende se analice la responsabilidad (dolo o culpa) y los más importante, arrimando al plenario los elementos de convicción que le sirvan de soporte. [...] Ahora, la consecuencia de no ejercitar la acción de repetición dentro de la oportunidad legal señalada, a juicio de la sala, consiste en que se activa a prevención la facultad del Ministerio Público, así como del Ministerio de Justicia y del Derecho para hacerlo, sin que ello implique que la entidad perjudicada pierda legitimación o se le desligue completamente de la facultad para acudir a la jurisdicción, pues la norma analizada debe armonizarse con la regla de caducidad atinente al medio de control de repetición para este caso, según la cual, es de dos años contados a partir del día siguiente a la fecha del último pago realizado". [...] Entonces, es claro que, si bien se determinó que el acto administrativo proferido por el demandado en su condición de Alcalde Encargado de Villavicencio estaba viciado de nulidad por infracción a las normas que debía fundarse, dicha situación no encuadra en las «presunciones» de dolo previstas en el artículo 5º de la Ley 678 de 2001. [P]ara afirmar la responsabilidad patrimonial del accionado por dolo, la anulación del acto que profiere es apenas la introducción al juicio de responsabilidad subjetiva, precisamente, porque lo que se cuestionó en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho fue la lectura y alcance que el acto atacado tuvo en relación con la orden judicial que pretendía acatar o cumplir, más no las motivaciones subjetivas que pudo tener la determinación adoptada por el demandado, que es el análisis que corresponde en la acción de repetición, las cuales, a juicio de la sala, tienen en el presente caso falencias probatorias, pues no obran en la actuación los elementos de convicción necesarios para aproximarnos a la subjetividad del accionado, tampoco militan los medios de prueba que permitan incluso derivar indicios de dolo o culpa grave. Es decir, se desconoce si el [demandado] estuvo asistido o asesorado al momento de expedir el Decreto 033 de 2006, en el cual se concretan las determinaciones que hoy se cuestionan, aspecto que permitiría aproximarnos al aspecto cognitivo y volitivo del comportamiento, grado de confianza depositada, exigibilidad de un comportamiento diverso o si fue prevenido sobre su proceder, tampoco se conoce cuál es la formación académica y experiencia profesional del demandado como indicadores de conocimiento potencial de ilicitud como elemento que integra el dolo. Tales aspectos llevan a la Sala a considerar que en el presente caso subsisten más dudas que certeza sobre la responsabilidad subjetiva del demandado y tales lagunas no pueden ser suplidas por la sala sino que corresponden a la parte demandante, en punto de carga dinámica de la prueba, acreditar con suficiencia todos los elementos de la acción de repetición, no solo la sentencia condenatoria y su pago, especialmente, la culpabilidad del accionado, a lo cual en nada se aproximó la entidad accionante. Así las cosas, conforme a los argumentos expuestos, habrá de negarse las pretensiones de la demanda, en la medida que, si bien la entidad demandante probó que pagó una suma de dinero como consecuencia de una sentencia condenatoria, no fue preciso en señalar bajo qué título de imputación subjetiva cuestionó el proceder del servidor, ni tampoco acreditó que dicho actuar fuera doloso, aspectos sine qua non para declarar la responsabilidad patrimonial del demandado.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la definición, procedencia y finalidad de la acción de repetición para proteger el patrimonio público ver: Corte Constitucional, sentencia C-832 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil. // En relación con los presupuestos y elementos objetivos y subjetivos necesarios para declarar la responsabilidad patrimonial del servidor ver: Consejo de Estado Sección Tercera Subsección A, sentencia del 4 de febrero de 2022, C.P. José Roberto Sáchica Méndez, número de radicado 540012331000200300291 01 (59395). // Respecto de la prohibición de extrapolar automáticamente la responsabilidad estatal y la obligación del juez de valorar la culpa o dolo independientemente de las presunciones ver: Corte Constitucional, Sentencia SU-354 de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. // Sobre el deber de la entidad accionante de probar los supuestos de hecho que estructuran la presunción de dolo para que adquiera efectos jurídicos ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 4 de marzo de 2022, C.P. José Roberto Sáchica Méndez, número de radicado 850012333000201300204 01 (54314). // En relación con la tesis, según la cual, la declaración de nulidad de un acto administrativo no conlleva responsabilidad patrimonial sin previo juicio de la culpabilidad personal a título de dolo o culpa grave, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 28 de febrero de 2011, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, número de radicado 11001-03-26-000-2007-00074-00(34816).
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5, 6 Y 8, LEY 996 DE 2005 - ARTÍCULO 32