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Procuraduría General de la Nación Fallo disciplinario

LIQUIDACION DEL CONTRATO ESTATAL: corresponde analizar los requisitos de procedibilidad en primer lugar, que debe agotarse antes

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Fecha
2026-08-03
Sección / Sala
PROCURADURIA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6: PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA
Corporación
Procuraduría General de la Nación
Número
e458dbb7-bead-485d-8ce5-d46e9c32701f.docx

Síntesis del concepto

LIQUIDACION DEL CONTRATO ESTATAL: corresponde analizar los requisitos de procedibilidad en primer lugar, que debe agotarse antes

Regla de decisión

Corresponde analizar los requisitos de procedibilidad en primer lugar, que debe agotarse antes de accionar ante la jurisdicción contenciosa administrativa.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Fundamentos

  • Ley 489 de 1998
  • Constitución Política

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

En resumen

LIQUIDACION DEL CONTRATO ESTATAL-La competencia para conocer de la liquidación de contratos estatales y condenas pecuniarias, recae exclusivamente en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conforme a los reglados factores de competencia. De igual forma, ¿Procede la liquidación judicial del contrato y bajo qué términos o consecuencias, respecto del pago 7 en conjunción con las pretensiones de la demanda? Por tanto, mientras el contrato no haya sido liquidado, el término de caducidad inicia con el vencimiento del plazo legal para su liquidación. El Convenio Interadministrativo No. 2023-0003 venció el 4 de junio de 2024, tenía como fecha de liquidación bilateral el día 4 de octubre de 2024 y unilateral el día 4 de diciembre de 2024. Estos acuerdos, al igual que todo contrato estatal, están sujetos al cumplimiento de los principios de imparcialidad, igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad y publicidad.

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Liquidación del contrato

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Tribunal Administrativo de Cundinamarca 2024-04-04 SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección C)
Se declarará el incumplimiento contractual de tal cláusula
Consejo de Estado 2025-12-09 Sección Tercera (Subsección A)
La liquidación de los contratos constituye la fase de cierre integral y definitiva de éstos
Consejo de Estado 2022-11-23 Sección Tercera (Subsección B)
La liquidación bilateral del contrato corresponde al balance económico de lo ejecutado y en esta se define la situación de los contratantes en relación con el estado de sus obligaciones para poder declararse a paz y salvo; en principio no es posible volver sobre lo allí acordado a menos que se consignen salvedades.
Consejo de Estado 2025-02-07 Sección Tercera (Subsección B)
Acción de controversias contractuales: Sentencia
Tribunal Administrativo de Cundinamarca 2026-02-11 SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección C)
No hay lugar a reconocer perjuicios adicionales a los Fondos de Desarrollo Local de Bogotá
Consejo de Estado 2023-01-26 Sección Tercera (Subsección B)
Medio de control de controversias contractuales: Sentencia
Texto del documento 49.835 caracteres
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-La Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital (UAECD contra el Municipio de Armenia, solicitando declarar el incumplimiento derivado del Convenio Interadministrativo No. 2023-0003; la liquidación judicial del mismo y que como consecuencia de la liquidación se ordene al Municipio el pago del quinto desembolso LIQUIDACION CONTRACTUAL-A fin de dejar a salvo los principios y el interés general propios de la contratación pública, sin perjuicio del despliegue de la facultad de mejor proveer que conserva el H. Consejo de Estado, a fin de liquidar el contrato. LIQUIDACION DEL CONTRATO ESTATAL-La competencia para conocer de la liquidación de contratos estatales y condenas pecuniarias, recae exclusivamente en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conforme a los reglados factores de competencia. La jurisprudencia ha establecido que la terminación del proceso de liquidación constituye un acto administrativo y, por tanto, el control judicial del mismo corresponde a esta jurisdicción, desplazando la vía gubernativa. n cuanto al tema de liquidación contractual en sede judicial, el Tribunal lo concreta considerando que, al evidenciarse el incumplimiento total por parte del municipio de Armenia respecto a los desembolsos 5to, 6to y 7to, la liquidación corresponde al reconocimiento de dichos pagos. Aunado a lo anterior, la doctrina y la jurisprudencia han dado alcance al concepto de liquidación del contrato respecto del cual se tiene “como un corte de cuentas, es decir, la etapa final del negocio jurídico donde las partes hacen un balance económico, jurídico y técnico de lo ejecutado, y en virtud de ello el contratante y contratista definen el estado en que queda el contrato después de su ejecución o terminación por cualquier causa, o mejor, determinan la situación en que las partes están dispuestas a recibir y asumir el resultado de su ejecución” (…) “En la liquidación, de forma directa e inmediata, se pueden generar obligaciones, cuya fuente mediata es el contrato estatal celebrado por las partes, las cuales, según se precisó anteriormente, hacen referencia a la determinación de sumas específicas a cargo de una parte y en favor de la otra en virtud de las obligaciones y derechos existentes que emanan del texto contractual; reconocimientos y cuantificación del valor de prestaciones adicionales ejecutadas de buena fe que tuvieron lugar durante la vigencia del contrato, que no se encontraban comprendidas en el clausulado contractual y resultaron esenciales y necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual; ajustes y revisión de precios para restablecer el equilibrio económico o financiero del contrato, mediante el reconocimiento correspondiente, cuando quiera que proceda de acuerdo con las disposiciones legales, entre otras” CONCEPTO N° 147 /2026 Bogotá, D. C., 3 de agosto de 2026 Señores consejeros: CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C Consejero Ponente doctora [NOMBRE TACHADO] E. S. D. Radicación: 63001-23-33-000-2025-00075-01 (74460) Actor: Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital (UAECD) Demandado: Municipio de Armenia. Referencia: Controversias contractuales Asunto: Apelación Sentencia - Segunda Instancia. El Ministerio Público presenta concepto dentro del proceso referenciado de conformidad con los argumentos que se exponen a continuación. En esta oportunidad se solicita negar la apelación y confirmar la sentencia de primera instancia, por las siguientes razones: ANTECEDENTES. 1.1. Demanda: El día 12 de agosto de 2025, por intermedio de apoderado judicial, la Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital (UAECD) interpuso demanda por el medio de control de controversias contractuales contra el Municipio de Armenia, Departamento del Quindío, solicitando declarar el incumplimiento derivado del Convenio Interadministrativo No. 2023-0003; la liquidación judicial del mismo y que como consecuencia de la liquidación se ordene al Municipio el pago del quinto desembolso por la suma de $612.309.049; el sexto desembolso por valor de $352.388.084 y el séptimo desembolso por valor de $352.388.084 (supeditado a la liquidación final); solicitó, asimismo, la Indemnización de Perjuicios por la suma de $754.521.654 por concepto de gastos operativos (arrendamientos, honorarios, viáticos) asumidos por la UAECD ante la falta de flujo de caja del convenio; igualmente el pago de intereses moratorios calculados a la tasa del doble del interés civil (12% anual) y la respectiva indexación. La demanda fue admitida mediante auto de 25 de agosto de 2025. La fundamentación de estas pretensiones se centró en el vínculo contractual con ocasión de la suscripción del Convenio Interadministrativo No. 003 el 17 de mayo de 2023 para la operación de la gestión catastral en Armenia. La UAECD actuaría como operador técnico y el Municipio como gestor catastral. Sostuvo el demandante que el convenio fue objeto de cinco modificatorios. En los modificatorios No. 2 y No. 3 (diciembre de 2023), el Municipio certificó expresamente que la UAECD había cumplido de forma anticipada con los entregables y que el servicio era "continuo y eficiente". A pesar de las certificaciones de cumplimiento previo, el Municipio de Armenia se negó a pagar los desembolsos 5 y 6. El 29 de julio de 2024, la supervisión devolvió las facturas alegando la existencia de 1.763 trámites catastrales sin finalizar y falta de soportes documentales. El demandante indicó que la "finalización" de los trámites (expedición de actos administrativos) era responsabilidad exclusiva del Municipio como Gestor, y que el Operador (UAECD) cumplió con la entrega de todos los insumos técnicos necesarios. Así mismo, sostuvo la existencia de dificultades en la gestión, identificó que el Municipio manejaba una "base dinámica" de datos en formatos vulnerables (Excel) sin trazabilidad, lo que generó represamientos imputables a la administración municipal y no a la UAECD. Finalmente, indicó que el 4 de junio de 2024 finalizó la última prórroga. El Municipio se negó a suscribir el acta de terminación de común acuerdo, lo que obligó a la UAECD a presentar un informe de cierre unilateral y acudir a la vía judicial. 1.2. La defensa y formulación de excepciones. El día 17 de octubre de 2025, el Municipio de Armenia, a través de su apoderado, se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones de la UAECD, fundamentando su defensa en lo siguiente: El Municipio sostuvo que la UAECD no cumplió con los entregables, incumplió el objeto del Convenio Interadministrativo No. 003 de 2023. Argumentó que existió un rezago significativo en los trámites catastrales (conservación y formación) que debían ser entregados en debida forma. Alegó que la devolución de las facturas correspondientes a los desembolsos 5 y 6 fue un acto ajustado al contrato, toda vez que la demandante no adjuntó los soportes técnicos y administrativos requeridos por la supervisión para autorizar el pago. El Municipio señaló que la información técnica entregada por la UAECD presentaba errores e inconsistencias que impedían la migración exitosa a las bases de datos definitivas, lo cual generó una carga administrativa adicional para el ente territorial. Respecto a las certificaciones de cumplimiento de diciembre de 2023, el Municipio afirmó que estas se dieron en un contexto de "cumplimiento anticipado" condicionado a la entrega final y satisfactoria de la totalidad de los trámites, lo cual, según su postura, no ocurrió al finalizar el plazo contractual. El demandado propuso las siguientes excepciones de mérito orientadas a enervar las pretensiones de la UAECD: i) excepción de Contrato no Cumplido, fundamentado en que la UAECD no puede exigir el pago de las contraprestaciones (desembolsos 5, 6 y 7) cuando ella misma ha incumplido con la entrega total y oportuna de los productos técnicos pactados en el convenio y sus anexos; ii) cobro de lo no debido, argumentando que no está obligado a pagar sumas por conceptos de "gastos operativos" (arrendamientos, honorarios, viáticos) reclamados como perjuicios, ya que estos riesgos y costos debían ser asumidos por el contratista dentro del valor global del contrato y no fueron pactados como reembolsables de forma independiente; iii) falta de Exigibilidad de la Obligación, al no existir un acta de liquidación firmada, ni el cumplimiento de las condiciones suspensivas para los pagos (aprobación de la supervisión), las sumas reclamadas no constituyen una obligación clara, expresa y actualmente exigible.Final del formulario 1.3. La sentencia. El día 19 de marzo de 2026, el Tribunal Administrativo del Quindío profirió fallo de primera instancia, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, declarando el incumplimiento contractual del Municipio de Armenia respecto al Convenio Interadministrativo No. 003 de 2023 suscrito con la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD). El Tribunal determinó, en principio, la responsabilidad inalienable del Gestor Catastral en cabeza del Municipio de Armenia, lo que le otorga la responsabilidad exclusiva de expedir actos administrativos y reportar información al IGAC. La UAECD, como "Operador", cumplió con las labores técnicas y operativas, mientras que el retraso en la finalización de trámites fue atribuido a la ineficiencia administrativa del propio Municipio. Frente al argumento de la inadmisibilidad del desconocimiento del acto propio, la Corporación aplicó la doctrina de los actos propios al observar una contradicción insalvable en la conducta del demandado. El Municipio, a través de los Modificatorios No. 2 y No. 3 de diciembre de 2023, certificó explícitamente que la UAECD había cumplido con los entregables de manera "continua y eficiente". Por tanto, el Tribunal consideró improcedente que el Municipio pretendiera negar los pagos en 2024, alegando incumplimientos que él mismo había descartado previamente al firmar dichas modificaciones. En suma, rechazó el Tribunal la Exceptio non adimpleti contractus. El Tribunal declaró no probada la excepción de contrato no cumplido. Argumentó que el convenio no condicionaba los pagos a la finalización del 100% de los trámites, ya que esto dependía de la firma del Jefe de Conservación del Municipio. Las pruebas testimoniales y documentales demostraron que la UAECD entregó los productos técnicos exigidos y atendió las observaciones de supervisión oportunamente. Homólogamente con relación a la valoración de la tacha de imparcialidad formulada contra la supervisora Patricia Lozano, el Tribunal determinó que el vínculo laboral no anulaba el testimonio, sino que exigía una valoración rigurosa, la cual resultó favorable a la demandante al coincidir con el acervo documental. El fallo resolvió liquidar judicialmente el convenio bajo las siguientes condiciones económicas: i) reconocimiento de desembolsos, ordenando el pago del quinto ($612.309.049), sexto ($352.388.084) y séptimo desembolso ($352.388.084), este último como resultado de la liquidación en sentencia; ii) actualización monetaria, aplicando la indexación basada en el IPC desde la fecha de exigibilidad de cada factura hasta la sentencia y iii) condenó al pago de intereses sobre los valores históricos actualizados, conforme a las reglas generales de responsabilidad civil por mora. 1.4. La Apelación. El Municipio de Armenia, el día 13 de abril de 2026, a través de apoderado judicial presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. El Consejo de Estado admitió el recurso mediante auto de 16 de julio de 2026. El recurrente fundamentó su impugnación por errores in iudicando, de la siguiente manera: En principio, y según lo dicho, la errada interpretación de las modificaciones contractuales, el apelante sostuvo que el Tribunal de primera instancia incurrió en una lectura aislada y literal de los otrosíes No. 2 y No. 3. Conforme a la Naturaleza de los otrosíes, para el Municipio estos documentos no constituían un "paz y salvo" ni una certificación de cumplimiento definitivo, sino actos de trámite para ampliar el plazo y viabilizar la continuidad del convenio. Por tanto, alegó que se ignoró la regla de interpretación sistemática de los contratos, pues el pago siempre estuvo supeditado a la verificación material de los entregables y la aprobación de informes de supervisión, condiciones que no fueron anuladas por las manifestaciones generales de los modificatorios. En segundo lugar, la existencia de una Indebida valoración probatoria y vulneración de la sana crítica, ello por cuanto se centró en la crítica al peso otorgado a la prueba testimonial de exempleadas de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD). Argumentó que las declarantes Patricia Lozano y Cecilia Ocampo tenían un vínculo de dependencia laboral con la demandante, lo que exigía un rigor superior en su valoración, omitido por el A-quo. De la misma manera, existió contradicción con la prueba documental, en este sentido, el recurrente señaló que el Tribunal prefirió testimonios sin soporte fáctico por encima de los informes de supervisión oficiales que acreditaban 2.351 trámites pendientes al finalizar el convenio. Igualmente, manifestó una errónea aplicación de la excepción de contrato no cumplido. El Municipio sostuvo que el incumplimiento de la UAECD fue previo, grave y sustancial, lo que facultaba la retención de los pagos, al no gestionarse miles de trámites se afectó el núcleo del objeto contractual. El apelante alegó que se configuraron todos los presupuestos para la procedencia de la excepción exceptio non adimpleti contractus; a saber: i) Contrato sinalagmático; ii) Incumplimiento cierto y real de la UAECD; iii) Gravedad de dicho incumplimiento, que afectaba directamente la prestación del servicio público catastral; y iv) Que el Municipio no dio lugar a dicho incumplimiento, sino que, por el contrario, advirtió reiteradamente sobre las fallas. Finalmente, indicó la configuración de error en la distribución de competencias (Gestor vs. Operador). El argumento final enfiló hacia una confusión del Tribunal respecto a los roles definidos en la normativa vigente sobre gestión catastral y la delimitación de funciones. El recurrente aclaró que, si bien el Municipio era el Gestor Catastral (responsable final y titular de la competencia administrativa), la UAECD actuaba como Operador Catastral, encargado de las labores operativas e instrumentales. Argumentó el Municipio que no delegó su facultad de emitir actos administrativos, sino que exigió los insumos técnicos necesarios para ello. La falta de procesamiento de estos insumos por parte del operador impidió al gestor ejercer su fase final, por lo cual la responsabilidad del gestor no puede usarse como "escudo" para justificar la negligencia del operador. La parte recurrente solicitó al Consejo de Estado revocar íntegramente la sentencia de primera instancia, declarar probada la excepción de contrato no cumplido, declarar el incumplimiento grave de la UAECD y absolver al Municipio de Armenia de todas las pretensiones de la demanda. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO. 2.1. PROBLEMA JURÍDICO. Para este agente del Ministerio Público, de acuerdo con el medio de control de Controversias Contractuales interpuesto, corresponde determinar: ¿Procede confirmar o no la sentencia de primera instancia, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda? ¿Configuró el Municipio de Armenia un incumplimiento de sus obligaciones derivadas del Convenio Interadministrativo No. 2023-0003 al omitir el pago de los desembolsos 5, y 6; o, por el contrario, se encuentra legalmente facultado para retener dichos pagos bajo la excepción de contrato no cumplido, exceptio non adimpleti contractus? De igual forma, ¿Procede la liquidación judicial del contrato y bajo qué términos o consecuencias, respecto del pago 7 en conjunción con las pretensiones de la demanda? TESIS. Argumentativamente se señalará que bajo la acción contractual que nos ocupa, existe incumplimiento contractual por parte del Municipio de Armenia como “Gestor Catastral”. El Municipio no puede alegar el incumplimiento de la UAECD cuando el represamiento de los trámites fue consecuencia de la ineficiencia administrativa del propio Municipio. La "finalización" jurídica de los trámites depende de la expedición de actos administrativos, facultad que es exclusiva e indelegable del Gestor Catastral (Armenia). Asimismo, el Municipio vulneró el principio de venire contra factum proprium al negar el pago basándose en hechos que previamente validó dentro del desarrollo contractual. 2.2. CASO CONCRETO. Se considera que en el presente asunto se debe confirmar la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. En dicho sentido, no prospera el recurso de apelación, pues conforme las pruebas practicadas e incorporadas al expediente, se advierte que el Municipio de Armenia incumplió el Convenio Interadministrativo 2023-003, cuando se negó a realizar los desembolsos 5 y 6, mientras que la demandante Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, cumplió las obligaciones y condiciones pactadas en dicho convenio. Corresponde analizar los requisitos de procedibilidad, conforme al artículo 161 del CPACA, en primer lugar, la conciliación extrajudicial, que debe agotarse antes de accionar ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Para tal efecto, el día 21 de abril de 2025, el apoderado judicial de la Unidad Administrativa Especial De Catastro Distrital, presentó dicha solicitud ante la Procuraduría 13 Judicial II para Asuntos Administrativos, diligencia que finalmente se llevó a cabo el 20 de mayo de 2025, declarándose fallida ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo mutuo. Así se certificó el 21 de mayo de 2025. En segundo lugar, obra patente la legitimación en causa, toda vez que las partes suscribieron el Convenio Interadministrativo No. 2023-0003. Finalmente, no acaeció el fenómeno de la caducidad del medio de control, conforme al artículo 164 del CPACA; cuyo término es de dos (2) años, la cual se cuenta desde la liquidación del contrato, o desde cuando debió liquidarse, si no hubiese realizado. Por tanto, mientras el contrato no haya sido liquidado, el término de caducidad inicia con el vencimiento del plazo legal para su liquidación. La Ley otorga cuatro (4) meses para liquidación bilateral, y dos (2) meses para liquidación unilateral. Vencidos los seis (6) meses, empieza a correr el término de caducidad. El Convenio Interadministrativo No. 2023-0003 venció el 4 de junio de 2024, tenía como fecha de liquidación bilateral el día 4 de octubre de 2024 y unilateral el día 4 de diciembre de 2024. En consecuencia, toda vez que la demanda por el medio de control de controversias contractuales se interpuso el día 12 de agosto de 2025, se concluye que se accionó dentro de la oportunidad establecida en la Ley y no operó el fenómeno preclusivo de la caducidad. 2.2.1. Defecto fáctico en la valoración probatoria y vulneración de la sana crítica. El asunto en cuestión versa sobre la ejecución de un Convenio Interadministrativo 2023-0003 suscrito el 30 de mayo de 2023 conforme al acta de inicio, por valor total de $ 4.734.516.563 y cuyo plazo venció el 4 de junio de 2024. Resulta pertinente señalar que el Convenio Interadministrativo encuentra fundamento constitucional en el artículo 209 cuyo tenor incorpora el deber que tienen las autoridades administrativas de "coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado." Como desarrollo del anterior mandato constitucional se tiene que el artículo 95 de la Ley 489 de 1998 dispone para dichos convenios la posibilidad de asociación entre entidades públicas como forma de lograr aquel cometido. De acuerdo con el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, los Convenios Interadministrativos se estructuran por acuerdo de las partes, ambas del sector público, para el desarrollo de actividades basadas en la cooperación y la gestión en procura del cumplimiento conjunto de las funciones administrativas que a ellas compete. La anterior finalidad conlleva a que las obligaciones patrimoniales estipuladas en el acuerdo sean asimilables en muchos sentidos a un verdadero contrato. De otra parte, la Corte Constitucional, en Sentencia C-671 de 2015, expresó que “Lo que hace interadministrativo a un contrato o convenio no es el procedimiento de selección aplicable, sino la calidad de los sujetos contratantes, esto es que las dos partes de la relación jurídica contractual formen parte de la administración pública”. Así las cosas, esta clase de acuerdos de voluntades se definen por un criterio orgánico, por lo que uno de sus elementos esenciales es que en los extremos de la relación jurídico negocial concurran personas de derecho público. La similitud principal entre un convenio y un contrato interadministrativo radica en la calidad de las partes, dado que ambos contratantes son de naturaleza pública, lo que justifica el especial tratamiento jurídico legal en la teoría de los contratos. Una diferencia entre el contrato y el convenio interadministrativo se relaciona con los intereses y finalidades de las partes, porque en el primero sus estipulaciones se basan en el intercambio prestacional mientras que, en los convenios, ambas voluntades van encaminadas a un logro común y de interés general. Los Convenios Interadministrativos están íntimamente ligados con las finalidades del Estado y en ese contexto tienen como rasgo distintivo el estar al servicio de la protección del interés general. Estos acuerdos, al igual que todo contrato estatal, están sujetos al cumplimiento de los principios de imparcialidad, igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad y publicidad. En tal sentido, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado señala la necesidad de diferenciar el régimen jurídico aplicable a ciertas situaciones específicas del convenio interadministrativo que se separan del régimen jurídico común: “Es preciso señalar que los convenios interadministrativos se someten a los principios constitucionales y legales de la actividad contractual del Estado (transparencia, planeación, buena fe, entre otros) y, obviamente, a los principios de la función administrativa previstos en el artículo 209 CP (moralidad, economía, celeridad, entre otros), en virtud del carácter vinculante de los mismos, dentro del contexto de un ánimo de cooperación que se refleja en el plano de igualdad o equivalencia en que se celebran y ejecutan, lo que significa ausencia de prerrogativas en favor de una parte a costa de la otra”. Por otra parte, bien sabido es que conforme al artículo 1602 del CC, el contrato legalmente celebrado es Ley para las partes, por lo tanto, cada una de ellas debe dar cumplimiento a las obligaciones a su cargo en la forma que fueron acordadas, de manera que la no ejecución de las prestaciones, la ejecución tardía o defectuosa, conforme al artículo 1613 CC, da derecho al acreedor, para obtener del deudor la indemnización de los perjuicios ocasionados, la cual comprende el daño emergente y el lucro cesante. La demanda fundamenta sus pretensiones en el incumplimiento por parte del Municipio y la procura de la liquidación judicial del Convenio Interadministrativo 2023-0003, y de manera específica, el problema se desglosa en la aplicación de la doctrina del acto propio que impide que el Municipio de Armenia asuma una nueva postura antagónica respecto de la calidad, idoneidad y oportunidad de los entregables, cuando en otrora y dentro del tracto contractual, habían sido aceptados y calificados como eficientes en los Otrosíes No. 2 y No. 3, en su calidad de gestor. En el asunto que nos ocupa, la cooperación entre las entidades en el Convenio Interadministrativo 2023-0003, consistió en prestaciones y esfuerzos de tipo económico, técnico y administrativo, modalidades que no son contrarias a la normatividad, siempre y cuando cumplan con la finalidad asociativa de las entidades que concurrieron a su firma. El Departamento Administrativo Jurídico del Municipio de Armenia en mayo de 2023 procedió con la elaboración de estudios previos para la celebración de convenio interadministrativo con la UAEC, desde allí se especificó: MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. De otra parte, se tiene que, mediante oficio del 29 de julio de 2024, la supervisión del Convenio Interadministrativo N° 2023-0003 no aprobó el quinto ni el sexto desembolso, en los siguientes términos: “en atención a que, para el corte 29 de diciembre de 2023, en el proceso de conservación existen trámites catastrales sin finalización y atención en los términos de ley, incumpliéndose de esta manera con lo pactado en las obligaciones 6.1.1, 6.1.6, 6.1.8 y 6.1.17, tal y como se evidencia en la siguiente tabla: “Del total de 1763 radicados en trámite, los meses que presentan mayor cantidad de trámites sin finalizar son febrero, marzo, noviembre y diciembre. De los meses restantes se tiene, en promedio, 125 trámites sin finalizar por mes, siendo importante resaltar que el mes de enero tiene un total de 134 trámites que, a la fecha, han transcurrido más de 17 meses y no se dio finalización en el marco del convenio interadministrativo 003 del 2023. Ahora bien, los tipos de trámite que presentan mayor cantidad sin atención son revisión de avalúo, solicitudes de información y mutación de primera”. “Finalmente, respecto de la factura FED 84800 del 22 de julio de 2024, mediante la cual se efectúa el cobro del sexto desembolso, me permito indicar que la misma se rechaza en atención a que no se allegan por parte del operador catastral las evidencias del cumplimiento de las obligaciones pactadas, el certificado de paz y salvo de parafiscales y demás documentos necesarios para su verificación por parte de la supervisión del Municipio de Armenia, Quindío, procediéndose de esta manera a su devolución. (Expediente digital No. 003. Demanda. Página 53 y ss”. La Corte ha sistematizado tres hipótesis principales de defecto fáctico: i) Omisión en el decreto y práctica de pruebas, esto es, cuando eran necesarias para el proceso y el juez no las ordenó; ii) Valoración defectuosa o contraevidente, cuando el juez saca conclusiones que no se derivan del material probatorio; iii) Falta de valoración integral, cuando no se aprecia el acervo probatorio en su conjunto, ignorando la interrelación entre los distintos medios de convicción. En el caso UAECD vs. Municipio de Armenia; no puede pasar inadvertido el alcance y la fuerza probatoria de los Otrosíes No. 2 y 3 (donde el Municipio certificó cumplimiento), o si la valoración de testimonios, aun de ser tachados de sospechosos, solventaron el tamiz de la sana crítica y sus elementos principales dentro de la comunidad de la prueba. La jurisprudencia pertinente establece que el juzgador debe actuar conforme al axioma de la sana crítica, aplicando criterios de objetividad, racionalidad, legalidad y motivación, respetando la Constitución y la Ley, pues de lo contrario, la discrecionalidad judicial se torna en arbitrariedad. Para que la tutela prospere, el error debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, de tal magnitud que incida directamente en la deformación del fallo. Bien sabido es que, la jurisprudencia pertinente recuerda que la valoración probatoria no puede ser arbitraria ni abusiva, pues de lo contrario, la discrecionalidad judicial se torna en una vía de hecho. En el asunto que nos ocupa, se evidencia, que en el modificatorio No. 2 suscrito el 21 de diciembre de 2023 se dejó constancia que la UAEDCD, cumplió anticipadamente con los entregables estipulados en el plan de trabajo, esto es, antes del vencimiento del séptimo mes de ejecución (diciembre de 2023), lo cual permite inferir que la contratista cumplió con creces las obligaciones y productos pactados por lo que ponderadamente su operador le asistió el derecho a recibir la contraprestación que correspondía. “Teniendo en razón a que la UAEDCD ha cumplido anticipadamente con los entregables estipulados en el plan de trabajo, es decir, antes del vencimiento del séptimo mes de ejecución, las partes han convenido en realizar modificación a la cláusula segunda que incorpora modificación al numeral 8.4 del mencionado convenio, lo que permitirá efectuar el desembolso de los recursos por la gestión y con fin de culminar exitosamente la operación de la Gestión Catastral para la presente vigencia.” De manera que, al contratista, hoy demandante, en el campo de la acción contractual, le corresponde demostrar que cumplió con sus obligaciones a cargo, lo cual aparece suficientemente acreditado, contrario sensu, no basta con la simple manifestación del deudor gestor catastral de no haberse cumplido, cuando entre otras, obra solicitud SH-PGF-DF- 31012 de fecha 28 de diciembre de 2023, (exp digital No. 024) por parte de la Secretaría de Hacienda – Subsecretario de Catastro – Supervisor del Convenio, en virtud de la cual se justifica la necesidad de celebrar el Modificatorio No. 3 de 2023 que adicionó la suma de $704.776.168 y prorrogó el plazo de ejecución hasta el 19 de febrero de 2024. Las consideraciones del modificatorio N°3 suscrito el 29 de diciembre de 2023 las partes con relación al convenio manifestaron: “(…) aunar esfuerzos para la operación catastral en el marco de la prestación del servicio público de gestión catastral mediante la ejecución de operaciones técnicas y administrativas del proceso de conservación, lo que ha permitido durante la vigencia 2023 contar con tres (03) ventanillas dispuestas para la atención al ciudadano, un GEOVISOR CATASTRAL, un sistema de información catastral y demás elementos necesarios que han permitido la prestación del servicio público catastral de manera continua y eficiente”, de forma que se pone de presente una vez más, cómo la ejecución de actividades colaborativas a cargo de las partes, posibilitó la continuidad y calidad en la prestación del servicio público catastral. (Subrayas y negrilla fuera de texto) Dicho asentimiento releva a la contratista de contrapuntear acerca de lo que edificó ad-portas del pago 5to y 6to; pues bien, se tiene como un acto inequívoco de la prestación del servicio público catastral de forma continua y eficiente. Y es que con mayor asertividad jurisprudencialmente se explica así: “El cumplimiento de las obligaciones contractuales, también denominado pago, se define en el artículo 1626 del Código Civil como “la prestación de lo que se debe”, el cual según el artículo 1627 de la misma obra “se hará bajo todos respectos en conformidad al tenor de la obligación”. De esta suerte la congruencia entre el deber de conducta del deudor, ejecutado en la forma en que el título y la ley lo ordenan –obligación– y la respectiva satisfacción del acreedor de la prestación de dar, hacer o no hacer que emana del mismo -derecho-, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar, constituyen el cumplimiento del contrato; dicho de otro modo, el cumplimiento es la conformidad o congruencia de la conducta descrita en el contrato como debida y esperable por el acreedor con la efectivamente desplegada por el deudor. Así, el artículo 1625 C.C. define que, una vez que se haya cumplido con la obligación correspondiente, esta se extinguirá y el deudor recobrará su libertad respecto del acreedor (la denominada solutio). A su turno, el incumplimiento corresponde a la hipótesis inversa de aquella que se acaba de exponer, esto es, consiste en aquel hecho objetivo en desviación o contrariedad del programa de prestación contenido en el contrato por la conducta culposa o no desplegada por el deudor en el cumplimiento de sus obligaciones o por un acontecimiento propio o externo a este pero que frustra el interés del acreedor. Es decir, el incumplimiento del contrato estatal es un hecho contrario a derecho y se configura cuando la conducta de una de las partes del contrato no se ajusta al contenido de la prestación en las condiciones de tiempo, modo y lugar y demás aspectos convenidos, bien porque no se realiza definitivamente la prestación a su cargo, o se hace con retraso o defectuosamente, lo que contraviene el interés y lesiona el derecho de crédito de la otra parte cumplida que se protegen por el orden jurídico. Por tanto, es una conducta antijurídica o actuación, abstención, hecho u omisión en infracción a la ley del contrato (artículo 1602 C.C.) y en vulneración de los principios de la autonomía de la voluntad, de la buena fe (arts. 1603. C.C. 871 C. co.) y de la reciprocidad de las prestaciones (artículos 23, 27, 28 y 32 de la Ley 80 de 1993), y genera en la contratación estatal responsabilidad civil, disciplinaria y penal (artículos 26, 50 y ss. de la Ley 80 de 1993)”. Entonces, sí la ejecución de los contratos se realiza conforme al principio de buena fe, ¿cómo puede ser que el contratista permanezca cumplido e incumplido a la vez? ¿cómo puede el Municipio manifestar que se ha permitido la prestación continua y eficiente del servicio público catastral y al mismo tiempo, indicar que el operador catastral no ha cumplido con sus obligaciones? Y el interrogante aflora, porque la secuencia de obligaciones pactadas, dan cuenta que corresponde a una realidad similar, lógica y juiciosa; por lo que esperar que el contratista cumplido obtenga el pago de la contraprestación prometida -en los mismos términos y condiciones que previamente se acordaron-, corresponde a una consecuencia esperada, situación que no se desfigura con la afirmación de la apelante en el sentido de que “la correcta interpretación acorde con los fines del contrato, es que los modificatorios eran actos de trámite para viabilizar la continuidad del convenio, pero el pago seguía estrictamente condicionado a la verificación material de los entregables, verificación que arrojó un resultado negativo y justificó la retención de los desembolsos” . De ser así, se advierte entonces que con la suscripción del modificatorio 3, se desfiguró una realidad a fin de solventar una etapa contractual, a la que indefectiblemente debió arribarse, sin asomo de duda, en cuanto a buena y proba ejecución. Del mismo modo no resulta excusable al pago de las obligaciones que se acreditaron cumplidas, desde la perspectiva de las facturas que pretendieron el cobro de tales obligaciones cuando la contratante recurre al argumento de que aquellas “no reúnen los requisitos exigidos de existencia, claridad y exigibilidad que debe soportar un Título Ejecutivo complejo como es por regla general el que tiene como fuente un contrato estatal, por lo tanto, las citadas facturas en la forma en que fueron allegadas y devueltas sin su aprobación y aceptación, no pueden ser pagadas y no pueden ser fuente de un proceso de cobro coactivo como el que anuncian” (Cfr. Oficio AM- PGG-850 de 27 de noviembre de 2024 suscrito por el alcalde del Municipio de Armenia y dirigido a la Unidad Administrativa de Catastro Distrital en el que se indica). Lo anterior evidencia la intención negativa de pagar la contraprestación, acudiendo a controvertir la factura como título valor y ponderando el acto de devolución de estas, por encima de su propio reconocimiento a “la prestación del servicio público catastral de manera continua y eficiente”. Del mismo modo, fenece el argumento cuando dentro del convenio se establecieron actividades a cargo del gestor, así: 2.2.2. Errada interpretación de las modificaciones contractuales. Conforme al régimen jurídico aplicable a las modificaciones de los Convenios Interadministrativos, se observa la reglamentación del artículo 1602 del Código Civil, que establece que el contrato es Ley para las partes y no puede ser invalidado sino por consentimiento mutuo o causas legales, y el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 que faculta a las entidades para celebrar los acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y el cumplimiento de los fines estatales, permitiendo modificaciones y adiciones. Los Convenios Interadministrativos se reconocen como instrumentos de gestión cooperada para el cumplimiento conjunto de funciones o prestación de servicios, bajo los principios de colaboración y coordinación. Frente a una interpretación errada de las modificaciones contractuales, se debe tener en cuenta que en principio el carácter vinculante de las modificaciones que rige la autonomía de la voluntad. En este sentido, el principal efecto de los Convenios Interadministrativos, al igual que el de los demás contratos, es el de crear obligaciones que solo pueden modificarse por decisión mutua. Si en los Otrosíes No. 2 y No. 3 del Convenio 0003 de 2023, el Municipio de Armenia aceptó y certificó el cumplimiento "continuo y eficiente" para justificar la prórroga, no puede posteriormente interpretar que dichas modificaciones eran simples actos de trámite sin valor probatorio sobre la ejecución. ii) la doctrina de los Actos Propios (Venire contra factum proprium). La jurisprudencia enfatiza que los acuerdos logrados para sortear diferencias obligan a las partes. El Municipio incurre en una interpretación errada al pretender desconocer las certificaciones de cumplimiento contenidas en las modificaciones contractuales, pues estas generaron una confianza legítima en la UAECD sobre la idoneidad de sus entregables. Con relación a la Naturaleza del Convenio Interadministrativo, se debe aclarar que no es viable que el Municipio pretenda exigir obligaciones que no quedaron expresamente pactadas en las modificaciones o que contradicen lo certificado en ellas, y se debe estar a favor de la literalidad de lo acordado bajo el artículo 1602 del Código Civil. De la misma manera, el Convenio busca la prestación conjunta de servicios, y las responsabilidades operan según la voluntad de las partes. Constituye un equívoco interpretativo del Municipio, trasladar la responsabilidad de la mora administrativa al Operador (UAECD), cuando las modificaciones contractuales solo extendieron el plazo técnico y validaron los insumos entregados hasta esa fecha. Para este despacho, las modificaciones (Otrosíes) no son meros documentos de prórroga cronológica, sino actos jurídicos complejos que integran el balance de ejecución y donde consta su cumplimiento. Se debe proteger la estabilidad de lo pactado frente a interpretaciones unilaterales y laxas de la entidad contratante que vulneren la buena fe. 2.2.3. Errónea aplicación de la excepción de contrato no cumplido. Al respecto, primero es señalar que, desde la presentación de la demanda, el accionante a través del acápite IV fundamentos de derecho, 4.1 Los Contratos son Ley para las Partes, mencionó: El H. Consejo de Estado ha sido riguroso al señalar que la excepción de contrato no cumplido no opera de manera automática ni absoluta en el ámbito estatal. En el escenario del Convenio 0003 de 2023, para que el Municipio de Armenia (Gestor) pudiera alegar válidamente la exceptio, el incumplimiento de la UAECD (Operador) debía ser grave, esencial y previo. La jurisprudencia indica que no cualquier desatención permite la suspensión del pago. Las reglas de contratación directa y los acuerdos interadministrativos se rigen por la confianza legítima. Si el Municipio certificó en los Otrosíes No. 2 y No. 3 que la UAECD cumplió con los entregables de forma "eficiente", no puede invocar posterior y sorpresivamente un incumplimiento para retener los desembolsos 5 y 6. Con todo y la evidencia acopiada respecto del cumplimiento, esto es, se demostró 1.763 trámites ejecutados, mediante informe No. 05 actividades del 1 de diciembre al 31 de diciembre de 2023 correspondientes a 4759 registros con radicado SAC y 3243 trámites atendidos, y mediante informe No. 6 actividades del 1 enero al 19 de febrero de 2024, 205 solicitudes tramitadas; dicho dosier se encuentra soportado con la declaración de los testigos admitidos a la UAECD, quienes de manera técnica se refirieron al trasegar contractual de manera hilada, secuencial, lógica, creíble y admisible, en cuanto a las falencias del municipio para procesar y consolidar los entregables; circunstancia que más allá de ser desvirtuada por la demandada a título de testigos sospechosos, de ninguna manera desdibujó el convencimiento y conocimiento de las verdaderas situaciones fácticas acontecidas durante la ejecución del convenio, al punto de aclarar e ilustrar que el incumplimiento de pago a los compromisos 5 y 6 se torna injustificable. De manera especial, atendiendo el Informe Final de Actuación Especial de Fiscalización SIA ATC 252024000087 de la Contraloría Municipal de Armenia (expediente digital No. 295), se tiene que el Gestor Catastral adelantó actuaciones correspondientes a 2.247 trámites catastrales, que se alegaban no terminados: “En el informe rendido por la supervisora para la solicitud de declaratoria de incumplimiento parcial, se evidenció que de un total de 4828 trámites radicados en la vigencia 2023; de los cuales 2581 se encontraban finalizados y 2.247 trámites pendientes por finalizar; los 2247 trámites que no se encontraban finalizados, tenían un estado diferente a “ARCHIVADO”, entre los cuales se encontraban radicados por parte de la ciudadanía que presentaban alto rezago en su respuesta de fondo; en contravención a sus derechos como contribuyentes”. (pág. 53). “Conforme a indagaciones realizadas por la Contraloría Municipal de Armenia, desde la culminación del vínculo contractual con la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, el Gestor Catastral adelantó las actuaciones correspondientes con el fin de superar el rezago de los 2.247 trámites catastrales”. (pág. 39). (Subrayas fuera de texto). De lo anterior, se colige que todos los informes y documentos soportados debidamente y alegados por el Municipio no pueden impedir el fin último del Convenio Interadministrativo, de aunar esfuerzos para la operación catastral con un fin público. Si la UAECD cumplió con el componente técnico, el incumplimiento del Municipio en el pago resulta desproporcionado y no justificable, más, si se tiene en cuenta que el incumplimiento radica en el desorden y desgreño administrativo que propició incurrir en procesos repetitivos de acreditación de cumplimientos que ya habían sido debidamente subsanados por la UAECD, de tal manera que se arribó a la terminación del contrato sin que el municipio de Armenia tuviera un consolidado serio, juicioso y cuantificable de los entregables por parte de su contratista. No así la UAECD, quien logró demostrar que cumplió a cabalidad con lo acordado en el convenio y hasta donde la misma UAECD lo exigió, al punto que ni el municipio de Armenia pudo establecer un cruce certero de entregables suministrados y pendientes por parte su contratista. 2.2.4. Error en la distribución de competencias (Gestor vs. Operador). Hay que hacer una distinción entre Gestión cooperada vs. Delegación. En los convenios de gestión catastral, la distinción entre quien ostenta la autoridad administrativa y quien ejecuta la operación técnica es sustancial. Como ha señalado la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado los convenios buscan cumplir conjuntamente funciones "sin que ello necesariamente conlleve una delegación de las mismas". En este caso, el Municipio de Armenia conserva la competencia para emitir los actos administrativos (decisión de fondo), mientras que la UAECD asume la operación técnica. Si el retraso en la "finalización" de los trámites se debe a la inacción frente a la creación de los actos administrativos por parte del Municipio (Gestor), es ajustado afirmar la existencia de error en la atribución de responsabilidad. El elemento definitorio es la concurrencia de entidades para fines comunes; por tanto, el Gestor no puede imputar al Operador la mora que se genera en su propia esfera de competencia funcional. Del mismo modo, la naturaleza de la obligación resulta preponderante, al admitirse que la UAECD asumió obligaciones de medio (entrega de insumos técnicos) o de resultado (finalización del trámite administrativo). Entonces, sí el convenio define a la UAECD como "Operador", su responsabilidad se agota con la entrega del insumo apto para la decisión, siendo la expedición del acto administrativo una carga exclusiva e indelegable del Gestor. Así acaecido, esta agencia considera que la mora o indiligencia en la firma de actos administrativos es un hecho imputable exclusivamente al Gestor, lo cual desvirtúa tanto la excepción de contrato no cumplido, como cualquier cargo por incumplimiento técnico contra la UAECD. 2.2.5. Decretar la Liquidación judicial y Límites del Juez de Apelación. La decisión sobre la liquidación judicial del contrato estatal no constituye una facultad discrecional, sino un deber jurisdiccional cuando se han acreditado los presupuestos fácticos y jurídicos para ello. Sin embargo, el ejercicio de esta competencia por parte del juez de apelación está estrictamente delimitado por el principio de congruencia, la carga de la prueba y la naturaleza del recurso interpuesto. La competencia para conocer de la liquidación de contratos estatales y condenas pecuniarias, recae exclusivamente en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conforme a los reglados factores de competencia. La jurisprudencia ha establecido que la terminación del proceso de liquidación constituye un acto administrativo y, por tanto, el control judicial del mismo corresponde a esta jurisdicción, desplazando la vía gubernativa. En cuanto al tema de liquidación contractual en sede judicial, el Tribunal lo concreta considerando que, al evidenciarse el incumplimiento total por parte del municipio de Armenia respecto a los desembolsos 5to, 6to y 7to, la liquidación corresponde al reconocimiento de dichos pagos. Aunado a lo anterior, la doctrina y la jurisprudencia han dado alcance al concepto de liquidación del contrato respecto del cual se tiene “como un corte de cuentas, es decir, la etapa final del negocio jurídico donde las partes hacen un balance económico, jurídico y técnico de lo ejecutado, y en virtud de ello el contratante y contratista definen el estado en que queda el contrato después de su ejecución o terminación por cualquier causa, o mejor, determinan la situación en que las partes están dispuestas a recibir y asumir el resultado de su ejecución” (…) “En la liquidación, de forma directa e inmediata, se pueden generar obligaciones, cuya fuente mediata es el contrato estatal celebrado por las partes, las cuales, según se precisó anteriormente, hacen referencia a la determinación de sumas específicas a cargo de una parte y en favor de la otra en virtud de las obligaciones y derechos existentes que emanan del texto contractual; reconocimientos y cuantificación del valor de prestaciones adicionales ejecutadas de buena fe que tuvieron lugar durante la vigencia del contrato, que no se encontraban comprendidas en el clausulado contractual y resultaron esenciales y necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual; ajustes y revisión de precios para restablecer el equilibrio económico o financiero del contrato, mediante el reconocimiento correspondiente, cuando quiera que proceda de acuerdo con las disposiciones legales, entre otras” Si bien el Municipio de Armenia perdió la facultad de excepcionarse sobre la calidad de los productos al haber suscrito los modificatorios de diciembre de 2023. La jurisprudencia del Consejo de Estado (Sentencia del 16 de marzo de 2015, Rad. 32.797), prevalece el respeto a las condiciones pactadas y la estabilidad de las actuaciones administrativas. Se demostró que la UAECD agotó los requerimientos para la liquidación mutua sin éxito, habilitando la intervención del juez bajo el Art. 141 del CPACA y delimitar la responsabilidad (Gestor vs. Operador) En el presente asunto se acreditó que el Convenio Interadministrativo 0003-2023 terminó, que los plazos para liquidación administrativa expiraron y que el Municipio de Armenia retuvo pagos injustificadamente desconociendo sus propios actos previos; la decisión judicial debe ser decretar la liquidación judicial del convenio, fijando el saldo a favor de la UAECD, incluyendo la actualización monetaria e intereses de mora, para finiquitar la relación obligacional de manera definitiva. Es por ello, que la liquidación debería reflejar el cumplimiento de la UAECD en la entrega de insumos técnicos, independientemente de que el Municipio no haya emitido los actos administrativos finales, pues la omisión del Gestor no puede perjudicar el derecho al pago del Operador. En tal sentido, en el presente asunto, el Ministerio Público considera pertinente confirmar el fallo de primera instancia, postura que accedió a la pretensión liquidatoria contractual, a fin de dejar a salvo los principios y el interés general propios de la contratación pública, sin perjuicio del despliegue de la facultad de mejor proveer que conserva el H. Consejo de Estado, a fin de liquidar el contrato. 2.2.6. Costas. Se solicita por esta instancia, NO condenar en costas a la parte demandada. 3. CONCLUSIONES De conformidad con la argumentación expuesta, el Ministerio Público, en defensa del interés general, del orden jurídico, del patrimonio público y de las garantías y de los derechos fundamentales, de manera respetuosa solicita al H. Consejo de Estado confirmar la sentencia de primera instancia, por considerar que en el caso examinado se demostró el incumplimiento de la carga probatoria por parte del demandante. Con la consideración y el respeto debido, cordialmente, SILVANO GÓMEZ STRAUCH Procurador delegado con Funciones Mixtas 6: para la Conciliación Administrativa SGS/AJMB

Fuente original

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