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titulo: "LIQUIDACION DEL CONTRATO ESTATAL: corresponde analizar los requisitos de procedibilidad en primer lugar, que debe agotarse antes"
corporacion: "Procuraduría General de la Nación"
tipo: "Fallo disciplinario"
fecha: "2026-08-03"
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# LIQUIDACION DEL CONTRATO ESTATAL: corresponde analizar los requisitos de procedibilidad en primer lugar, que debe agotarse antes

- **Título oficial / radicado:** Decisión disciplinaria — LIQUIDACION DEL CONTRATO ESTATAL
- **Corporación:** Procuraduría General de la Nación
- **Tipo:** Fallo disciplinario
- **Fecha:** 2026-08-03
- **Número:** e458dbb7-bead-485d-8ce5-d46e9c32701f.docx
- **Sección / Sala:** PROCURADURIA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6: PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:e458dbb7-bead-485d-8ce5-d46e9c32701f.docx
- **Fuente oficial:** https://apps.procuraduria.gov.co/relatoria/index.jsp?option=co.gov.pgn.relatoria.frontend.component.pagefactory.PirelTemaPageFactory

## Regla de decisión

Corresponde analizar los requisitos de procedibilidad en primer lugar, que debe agotarse antes de accionar ante la jurisdicción contenciosa administrativa.

## Puntos clave

- Medio de control de controversias contractuales: La Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital (UAECD contra el Municipio de Armenia, solicitando declarar el incumplimiento derivado del Convenio Interadministrativo No. 2023-0003; la liquidación judicial del mismo y que como consecuencia de la liquidación se ordene al Municipio el pago del quinto desembolso
- Liquidacion contractual: A fin de dejar a salvo los principios y el interés general propios de la contratación pública, sin perjuicio del despliegue de la facultad de mejor proveer que conserva el H. Consejo de Estado, a fin de liquidar el contrato.
- Liquidacion del contrato estatal: La competencia para conocer de la liquidación de contratos estatales y condenas pecuniarias, recae exclusivamente en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conforme a los reglados factores de competencia.
- Sección tercera: SUBSECCIÓN C

## Fundamentos jurídicos

- Ley 489 de 1998
- Constitución Política

## Extracto

LIQUIDACION DEL CONTRATO ESTATAL-La competencia para conocer de la liquidación de contratos estatales y condenas pecuniarias, recae exclusivamente en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conforme a los reglados factores de competencia. De igual forma, ¿Procede la liquidación judicial del contrato y bajo qué términos o consecuencias, respecto del pago 7 en conjunción con las pretensiones de la demanda? Por tanto, mientras el contrato no haya sido liquidado, el término de caducidad inicia con el vencimiento del plazo legal para su liquidación. El Convenio Interadministrativo No. 2023-0003 venció el 4 de junio de 2024, tenía como fecha de liquidación bilateral el día 4 de octubre de 2024 y unilateral el día 4 de diciembre de 2024. Estos acuerdos, al igual que todo contrato estatal, están sujetos al cumplimiento de los principios de imparcialidad, igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad y publicidad.

## Descriptores temáticos

LIQUIDACION DEL CONTRATO ESTATAL, La competencia para conocer de la liquidación de contratos estatales y condenas pecuniarias, recae exclusivamente en la jurisdicción de lo contencioso administrativo conforme a los reglados factores de competencia.

## Guías prácticas relacionadas

- [Liquidación del contrato](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/liquidacion.md): Qué hacer para cerrar un contrato y cuándo la liquidación queda firme.

## Decisiones relacionadas

- [Tribunal Administrativo de Cundinamarca — Tribunal Administrativo: se declarará el incumplimiento contractual de tal cláusula](https://adjudicalo.com.co/documento/tribunal_administrativo:providencia:25000233600020230017300-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: la liquidación de los contratos constituye la fase de cierre integral y definitiva de éstos](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:68001233300020170021401-72623-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — La liquidación bilateral del contrato corresponde al balance económico de lo ejecutado y en esta se define la situación de los contratantes en relación con el estado de sus obligaciones para poder declararse a paz y salvo; en principio no es posible volver sobre lo allí acordado a menos que se consignen salvedades.](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020150260002-64060-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Acción de controversias contractuales: Sentencia](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:68001233100020030116901-71036-sentencia.md)

## Texto del documento

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-La Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital (UAECD contra el Municipio de Armenia, solicitando declarar el incumplimiento derivado del Convenio Interadministrativo No. 2023-0003; la liquidación judicial del mismo y que como consecuencia de la liquidación se ordene al Municipio el pago del quinto desembolso
LIQUIDACION CONTRACTUAL-A fin de dejar a salvo los principios y el interés general propios de la contratación pública, sin perjuicio del despliegue de la facultad de mejor proveer que conserva el H. Consejo de Estado, a fin de liquidar el contrato.
LIQUIDACION DEL CONTRATO ESTATAL-La competencia para conocer de la liquidación de contratos estatales y condenas pecuniarias, recae exclusivamente en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conforme a los reglados factores de competencia.
La jurisprudencia ha establecido que la terminación del proceso de liquidación constituye un acto administrativo y, por tanto, el control judicial del mismo corresponde a esta jurisdicción, desplazando la vía gubernativa. n cuanto al tema de liquidación contractual en sede judicial, el Tribunal lo concreta considerando que, al evidenciarse el incumplimiento total por parte del municipio de Armenia respecto a los desembolsos 5to, 6to y 7to, la liquidación corresponde al reconocimiento de dichos pagos. Aunado a lo anterior, la doctrina y la jurisprudencia han dado alcance al concepto de liquidación del contrato respecto del cual se tiene “como un corte de cuentas, es decir, la etapa final del negocio jurídico donde las partes hacen un balance económico, jurídico y técnico de lo ejecutado, y en virtud de ello el contratante y contratista definen el estado en que queda el contrato después de su ejecución o terminación por cualquier causa, o mejor, determinan la situación en que las partes están dispuestas a recibir y asumir el resultado de su ejecución” (…) “En la liquidación, de forma directa e inmediata, se pueden generar obligaciones, cuya fuente mediata es el contrato estatal celebrado por las partes, las cuales, según se precisó anteriormente, hacen referencia a la determinación de sumas específicas a cargo de una parte y en favor de la otra en virtud de las obligaciones y derechos existentes que emanan del texto contractual; reconocimientos y cuantificación del valor de prestaciones adicionales ejecutadas de buena fe que tuvieron lugar durante la vigencia del contrato, que no se encontraban comprendidas en el clausulado contractual y resultaron esenciales y necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual; ajustes y revisión de precios para restablecer el equilibrio económico o financiero del contrato, mediante el reconocimiento correspondiente, cuando quiera que proceda de acuerdo con las disposiciones legales, entre otras”
CONCEPTO N° 147 /2026
Bogotá, D. C., 3 de agosto de 2026
Señores consejeros:
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente doctora [NOMBRE TACHADO]
E. S. D.
Radicación: 63001-23-33-000-2025-00075-01 (74460)
Actor: Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital (UAECD)
Demandado: Municipio de Armenia.
Referencia: Controversias contractuales
Asunto: Apelación Sentencia - Segunda Instancia.
El Ministerio Público presenta concepto dentro del proceso referenciado de conformidad con los argumentos que se exponen a continuación. En esta oportunidad se solicita negar la apelación y confirmar la sentencia de primera instancia, por las siguientes razones:
ANTECEDENTES.
1.1. Demanda: El día 12 de agosto de 2025, por intermedio de apoderado judicial, la Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital (UAECD) interpuso demanda por el medio de control de controversias contractuales contra el Municipio de Armenia, Departamento del Quindío, solicitando declarar el incumplimiento derivado del Convenio Interadministrativo No. 2023-0003; la liquidación judicial del mismo y que como consecuencia de la liquidación se ordene al Municipio el pago del quinto desembolso por la suma de $612.309.049; el sexto desembolso por valor de $352.388.084 y el séptimo desembolso por valor de $352.388.084 (supeditado a la liquidación final); solicitó, asimismo, la Indemnización de Perjuicios por la suma de $754.521.654 por concepto de gastos operativos (arrendamientos, honorarios, viáticos) asumidos por la UAECD ante la falta de flujo de caja del convenio; igualmente el pago de intereses moratorios calculados a la tasa del doble del interés civil (12% anual) y la respectiva indexación. La demanda fue admitida mediante auto de 25 de agosto de 2025.
La fundamentación de estas pretensiones se centró en el vínculo contractual con ocasión de la suscripción del Convenio Interadministrativo No. 003 el 17 de mayo de 2023 para la operación de la gestión catastral en Armenia. La UAECD actuaría como operador técnico y el Municipio como gestor catastral.
Sostuvo el demandante que el convenio fue objeto de cinco modificatorios. En los modificatorios No. 2 y No. 3 (diciembre de 2023), el Municipio certificó expresamente que la UAECD había cumplido de forma anticipada con los entregables y que el servicio era "continuo y eficiente". A pesar de las certificaciones de cumplimiento previo, el Municipio de Armenia se negó a pagar los desembolsos 5 y 6. El 29 de julio de 2024, la supervisión devolvió las facturas alegando la existencia de 1.763 trámites catastrales sin finalizar y falta de soportes documentales.
El demandante indicó que la "finalización" de los trámites (expedición de actos administrativos) era responsabilidad exclusiva del Municipio como Gestor, y que el Operador (UAECD) cumplió con la entrega de todos los insumos técnicos necesarios.
Así mismo, sostuvo la existencia de dificultades en la gestión, identificó que el Municipio manejaba una "base dinámica" de datos en formatos vulnerables (Excel) sin trazabilidad, lo que generó represamientos imputables a la administración municipal y no a la UAECD.
Finalmente, indicó que el 4 de junio de 2024 finalizó la última prórroga. El Municipio se negó a suscribir el acta de terminación de común acuerdo, lo que obligó a la UAECD a presentar un informe de cierre unilateral y acudir a la vía judicial.
1.2. La defensa y formulación de excepciones. El día 17 de octubre de 2025, el Municipio de Armenia, a través de su apoderado, se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones de la UAECD, fundamentando su defensa en lo siguiente:
El Municipio sostuvo que la UAECD no cumplió con los entregables, incumplió el objeto del Convenio Interadministrativo No. 003 de 2023. Argumentó que existió un rezago significativo en los trámites catastrales (conservación y formación) que debían ser entregados en debida forma.
Alegó que la devolución de las facturas correspondientes a los desembolsos 5 y 6 fue un acto ajustado al contrato, toda vez que la demandante no adjuntó los soportes técnicos y administrativos requeridos por la supervisión para autorizar el pago.
El Municipio señaló que la información técnica entregada por la UAECD presentaba errores e inconsistencias que impedían la migración exitosa a las bases de datos definitivas, lo cual generó una carga administrativa adicional para el ente territorial. Respecto a las certificaciones de cumplimiento de diciembre de 2023, el Municipio afirmó que estas se dieron en un contexto de "cumplimiento anticipado" condicionado a la entrega final y satisfactoria de la totalidad de los trámites, lo cual, según su postura, no ocurrió al finalizar el plazo contractual.
El demandado propuso las siguientes excepciones de mérito orientadas a enervar las pretensiones de la UAECD: i) excepción de Contrato no Cumplido, fundamentado en que la UAECD no puede exigir el pago de las contraprestaciones (desembolsos 5, 6 y 7) cuando ella misma ha incumplido con la entrega total y oportuna de los productos técnicos pactados en el convenio y sus anexos; ii) cobro de lo no debido, argumentando que no está obligado a pagar sumas por conceptos de "gastos operativos" (arrendamientos, honorarios, viáticos) reclamados como perjuicios, ya que estos riesgos y costos debían ser asumidos por el contratista dentro del valor global del contrato y no fueron pactados como reembolsables de forma independiente; iii) falta de Exigibilidad de la Obligación, al no existir un acta de liquidación firmada, ni el cumplimiento de las condiciones suspensivas para los pagos (aprobación de la supervisión), las sumas reclamadas no constituyen una obligación clara, expresa y actualmente exigible.Final del formulario
1.3. La sentencia. El día 19 de marzo de 2026, el Tribunal Administrativo del Quindío profirió fallo de primera instancia, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, declarando el incumplimiento contractual del Municipio de Armenia respecto al Convenio Interadministrativo No. 003 de 2023 suscrito con la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD).
El Tribunal determinó, en principio, la responsabilidad inalienable del Gestor Catastral en cabeza del Municipio de Armenia, lo que le otorga la responsabilidad exclusiva de expedir actos administrativos y reportar información al IGAC. La UAECD, como "Operador", cumplió con las labores técnicas y operativas, mientras que el retraso en la finalización de trámites fue atribuido a la ineficiencia administrativa del propio Municipio.
Frente al argumento de la inadmisibilidad del desconocimiento del acto propio, la Corporación aplicó la doctrina de los actos propios al observar una contradicción insalvable en la conducta del demandado. El Municipio, a través de los Modificatorios No. 2 y No. 3 de diciembre de 2023, certificó explícitamente que la UAECD había cumplido con los entregables de manera "continua y eficiente". Por tanto, el Tribunal consideró improcedente que el Municipio pretendiera negar los pagos en 2024, alegando incumplimientos que él mismo había descartado previamente al firmar dichas modificaciones.
En suma, rechazó el Tribunal la Exceptio non adimpleti contractus. El Tribunal declaró no probada la excepción de contrato no cumplido. Argumentó que el convenio no condicionaba los pagos a la finalización del 100% de los trámites, ya que esto dependía de la firma del Jefe de Conservación del Municipio. Las pruebas testimoniales y documentales demostraron que la UAECD entregó los productos técnicos exigidos y atendió las observaciones de supervisión oportunamente.
Homólogamente con relación a la valoración de la tacha de imparcialidad formulada contra la supervisora Patricia Lozano, el Tribunal determinó que el vínculo laboral no anulaba el testimonio, sino que exigía una valoración rigurosa, la cual resultó favorable a la demandante al coincidir con el acervo documental.
El fallo resolvió liquidar judicialmente el convenio bajo las siguientes condiciones económicas: i) reconocimiento de desembolsos, ordenando el pago del quinto ($612.309.049), sexto ($352.388.084) y séptimo desembolso ($352.388.084), este último como resultado de la liquidación en sentencia; ii) actualización monetaria, aplicando la indexación basada en el IPC desde la fecha de exigibilidad de cada factura hasta la sentencia y iii) condenó al pago de intereses sobre los valores históricos actualizados, conforme a las reglas generales de responsabilidad civil por mora.
1.4. La Apelación. El Municipio de Armenia, el día 13 de abril de 2026, a través de apoderado judicial presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. El Consejo de Estado admitió el recurso mediante auto de 16 de julio de 2026. El recurrente fundamentó su impugnación por errores in iudicando, de la siguiente manera:
En principio, y según lo dicho, la errada interpretación de las modificaciones contractuales, el apelante sostuvo que el Tribunal de primera instancia incurrió en una lectura aislada y literal de los otrosíes No. 2 y No. 3. Conforme a la Naturaleza de los otrosíes, para el Municipio estos documentos no constituían un "paz y salvo" ni una certificación de cumplimiento definitivo, sino actos de trámite para ampliar el plazo y viabilizar la continuidad del convenio.
Por tanto, alegó que se ignoró la regla de interpretación sistemática de los contratos, pues el pago siempre estuvo supeditado a la verificación material de los entregables y la aprobación de informes de supervisión, condiciones que no fueron anuladas por las manifestaciones generales de los modificatorios.
En segundo lugar, la existencia de una Indebida valoración probatoria y vulneración de la sana crítica, ello por cuanto se centró en la crítica al peso otorgado a la prueba testimonial de exempleadas de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD). Argumentó que las declarantes Patricia Lozano y Cecilia Ocampo tenían un vínculo de dependencia laboral con la demandante,

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

establecer un cruce certero de entregables suministrados y pendientes por parte su contratista.
2.2.4. Error en la distribución de competencias (Gestor vs. Operador). Hay que hacer una distinción entre Gestión cooperada vs. Delegación. En los convenios de gestión catastral, la distinción entre quien ostenta la autoridad administrativa y quien ejecuta la operación técnica es sustancial. Como ha señalado la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado los convenios buscan cumplir conjuntamente funciones "sin que ello necesariamente conlleve una delegación de las mismas". En este caso, el Municipio de Armenia conserva la competencia para emitir los actos administrativos (decisión de fondo), mientras que la UAECD asume la operación técnica.
Si el retraso en la "finalización" de los trámites se debe a la inacción frente a la creación de los actos administrativos por parte del Municipio (Gestor), es ajustado afirmar la existencia de error en la atribución de responsabilidad. El elemento definitorio es la concurrencia de entidades para fines comunes; por tanto, el Gestor no puede imputar al Operador la mora que se genera en su propia esfera de competencia funcional.
Del mismo modo, la naturaleza de la obligación resulta preponderante, al admitirse que la UAECD asumió obligaciones de medio (entrega de insumos técnicos) o de resultado (finalización del trámite administrativo). Entonces, sí el convenio define a la UAECD como "Operador", su responsabilidad se agota con la entrega del insumo apto para la decisión, siendo la expedición del acto administrativo una carga exclusiva e indelegable del Gestor.
Así acaecido, esta agencia considera que la mora o indiligencia en la firma de actos administrativos es un hecho imputable exclusivamente al Gestor, lo cual desvirtúa tanto la excepción de contrato no cumplido, como cualquier cargo por incumplimiento técnico contra la UAECD.
2.2.5. Decretar la Liquidación judicial y Límites del Juez de Apelación. La decisión sobre la liquidación judicial del contrato estatal no constituye una facultad discrecional, sino un deber jurisdiccional cuando se han acreditado los presupuestos fácticos y jurídicos para ello. Sin embargo, el ejercicio de esta competencia por parte del juez de apelación está estrictamente delimitado por el principio de congruencia, la carga de la prueba y la naturaleza del recurso interpuesto.
La competencia para conocer de la liquidación de contratos estatales y condenas pecuniarias, recae exclusivamente en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conforme a los reglados factores de competencia. La jurisprudencia ha establecido que la terminación del proceso de liquidación constituye un acto administrativo y, por tanto, el control judicial del mismo corresponde a esta jurisdicción, desplazando la vía gubernativa.
En cuanto al tema de liquidación contractual en sede judicial, el Tribunal lo concreta considerando que, al evidenciarse el incumplimiento total por parte del municipio de Armenia respecto a los desembolsos 5to, 6to y 7to, la liquidación corresponde al reconocimiento de dichos pagos.
Aunado a lo anterior, la doctrina y la jurisprudencia han dado alcance al concepto de liquidación del contrato respecto del cual se tiene “como un corte de cuentas, es decir, la etapa final del negocio jurídico donde las partes hacen un balance económico, jurídico y técnico de lo ejecutado, y en virtud de ello el contratante y contratista definen el estado en que queda el contrato después de su ejecución o terminación por cualquier causa, o mejor, determinan la situación en que las partes están dispuestas a recibir y asumir el resultado de su ejecución” (…)
“En la liquidación, de forma directa e inmediata, se pueden generar obligaciones, cuya fuente mediata es el contrato estatal celebrado por las partes, las cuales, según se precisó anteriormente, hacen referencia a la determinación de sumas específicas a cargo de una parte y en favor de la otra en virtud de las obligaciones y derechos existentes que emanan del texto contractual; reconocimientos y cuantificación del valor de prestaciones adicionales ejecutadas de buena fe que tuvieron lugar durante la vigencia del contrato, que no se encontraban comprendidas en el clausulado contractual y resultaron esenciales y necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual; ajustes y revisión de precios para restablecer el equilibrio económico o financiero del contrato, mediante el reconocimiento correspondiente, cuando quiera que proceda de acuerdo con las disposiciones legales, entre otras”
Si bien el Municipio de Armenia perdió la facultad de excepcionarse sobre la calidad de los productos al haber suscrito los modificatorios de diciembre de 2023. La jurisprudencia del Consejo de Estado (Sentencia del 16 de marzo de 2015, Rad. 32.797), prevalece el respeto a las condiciones pactadas y la estabilidad de las actuaciones administrativas. Se demostró que la UAECD agotó los requerimientos para la liquidación mutua sin éxito, habilitando la intervención del juez bajo el Art. 141 del CPACA y delimitar la responsabilidad (Gestor vs. Operador)
En el presente asunto se acreditó que el Convenio Interadministrativo 0003-2023 terminó, que los plazos para liquidación administrativa expiraron y que el Municipio de Armenia retuvo pagos injustificadamente desconociendo sus propios actos previos; la decisión judicial debe ser decretar la liquidación judicial del convenio, fijando el saldo a favor de la UAECD, incluyendo la actualización monetaria e intereses de mora, para finiquitar la relación obligacional de manera definitiva. Es por ello, que la liquidación debería reflejar el cumplimiento de la UAECD en la entrega de insumos técnicos, independientemente de que el Municipio no haya emitido los actos administrativos finales, pues la omisión del Gestor no puede perjudicar el derecho al pago del Operador.
En tal sentido, en el presente asunto, el Ministerio Público considera pertinente confirmar el fallo de primera instancia, postura que accedió a la pretensión liquidatoria contractual, a fin de dejar a salvo los principios y el interés general propios de la contratación pública, sin perjuicio del despliegue de la facultad de mejor proveer que conserva el H. Consejo de Estado, a fin de liquidar el contrato.
2.2.6. Costas. Se solicita por esta instancia, NO condenar en costas a la parte demandada.
3. CONCLUSIONES
De conformidad con la argumentación expuesta, el Ministerio Público, en defensa del interés general, del orden jurídico, del patrimonio público y de las garantías y de los derechos fundamentales, de manera respetuosa solicita al H. Consejo de Estado confirmar la sentencia de primera instancia, por considerar que en el caso examinado se demostró el incumplimiento de la carga probatoria por parte del demandante.
Con la consideración y el respeto debido, cordialmente,
SILVANO GÓMEZ STRAUCH
Procurador delegado con Funciones Mixtas 6: para la Conciliación Administrativa
SGS/AJMB

## Cómo citar esta fuente

Procuraduría General de la Nación. Fallo disciplinario Decisión disciplinaria — LIQUIDACION DEL CONTRATO ESTATAL. 2026-08-03. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:e458dbb7-bead-485d-8ce5-d46e9c32701f.docx).
