Ir al contenido
EN CONSTRUCCIÓN · EDICIÓN ANTICIPADA

Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.

Avísame al estrenar →
⚠ Atención: tienes 1 filtro marcado (INCUMPL) que seguirá activo al buscar hasta que lo quites. Ver en buscador Quitar todos
← Volver a sentencias
Procuraduría General de la Nación Fallo disciplinario

CONTRATO DE CONCESION: la sociedad pública demandada se opuso en su integridad al petitum

Descargar PDF (datos tachados) ↓ Buscador de la relatoría PGN ↗
Fecha
2024-07-30
Sección / Sala
PROCURADURIA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6: PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA
Corporación
Procuraduría General de la Nación
Número
202409270717120.DOCX

Síntesis del concepto

CONTRATO DE CONCESION: la sociedad pública demandada se opuso en su integridad al petitum

En resumen

Las sociedades accionantes formularon como petición principal, la declaratoria de nulidad de la Resolución No. 279 de 30 de diciembre de 2021, por cuya virtud se declaró la caducidad del Contrato de concesión número Dos, así como el acto decisorio que la confirmó al resolver el recurso de reposición. EXCEPCIONES PREVIAS Y PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL El extremo demandante formuló sus alegatos de cierre, afincándose en la excepción de contrato no cumplido, al atribuir a la deuda que Metrolínea tiene respecto a la contratista Movilizamos así como a la impuntualidad en los pagos la generación de una situación económica precaria, al punto que ante la necesidad de obtener una extensión en la póliza de incumplimiento, no solo les fue denegada la prórroga por parte de Seguros Bolívar, como aseguradora primigenia, sino que tampoco obtuvo respuesta favorable del gremio asegurador, al negarse la expedición de la garantía única de cumplimiento.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente.

Fundamentos

  • Ley 80 de 1993
  • Decreto Ley 262 de 2000
  • Constitución Política

Puntos que trata

  • Controversias contractuales: El convenio Contrato de concesión dos suscrito entre Metrolínea S.A. y Movilizamos S.A., tuvo por objeto “la prestación del servicio público de transporte masivo de pasajeros del sistema integrado del área metropolitano de Bucaramanga”.
  • Declaratoria de caducidad: En punto a la terminación unilateral del contrato estatal mediante declaratoria de caducidad, sostiene la jurisprudencia
  • Contrato de concesión: Garantía o seguro de cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato estatal
  • Carga probatoria: Se omitió la carga probatoria que le correspondía para demostrar sus alegaciones de nulidad en contra de los actos administrativos demandados por medio de los cuales se declararon y confirmaron la caducidad del contrato de concesión.

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Documentos relacionados

Comparten descriptores temáticos con esta providencia.

Consejo de Estado 2024-06-28 Sección Tercera (Subsección A)
Ante la falta de prueba de las inversiones efectuadas y su amortización, no resulta procedente acceder a lo pretendido.
Consejo de Estado 2024-09-11 Sección Tercera (Subsección B)
Se probó el cumplimiento de la concesionaria y el reiterado incumplimiento del municipio demandado
Consejo de Estado 2024-10-28 Sección Tercera (Subsección C)
Debe concluirse que no es procedente el reajuste del equilibrio de la ecuación prestacional pretendido por la sociedad accionante
Consejo de Estado 2024-08-02 Sección Tercera (Subsección B)
No se desvirtuó la presunción de legalidad de la declaración de caducidad contractual
Consejo de Estado 2024-03-18 Sección Tercera (Subsección A)
Medio de control de controversias contractuales: Sentencia
Consejo de Estado 2024-01-24 Sección Tercera (Subsección C)
Medio de control de controversias contractuales: Sentencia
Texto del documento 77.067 caracteres
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-El convenio Contrato de concesión dos suscrito entre Metrolínea S.A. y Movilizamos S.A., tuvo por objeto “la prestación del servicio público de transporte masivo de pasajeros del sistema integrado del área metropolitano de Bucaramanga”. DECLARATORIA DE CADUCIDAD-En punto a la terminación unilateral del contrato estatal mediante declaratoria de caducidad, sostiene la jurisprudencia En cuanto a la definición sobre este punto, se tiene que conforme al artículo 18 de la Ley 80 de 1993, la entidad pública contratante está legitimada para declarar la caducidad del contrato, previo procedimiento administrativo, por medio de acto administrativo debidamente motivado, siempre que se reúnen los siguientes requisitos: (i) un incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista; (ii) que dicho incumplimiento afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y (iii) que el mismo evidencie que puede conducir a la paralización del contrato. Según la norma en cita, dicha declaratoria trae aparejada la pérdida de los derechos que dimanaban del negocio jurídico para el contratista y, particularmente, que se traducen en: (i) dar por terminado el vínculo negocial sin que haya lugar a indemnización para el contratista; (ii) ordenar su liquidación en el estado en que se encuentre; (iii) hacer exigibles garantías por configuración del siniestro del incumplimiento; (iv) hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria y (v) configurar la inhabilidad para contratar con entidades públicas por 5 años. CONTRATO DE CONCESIÓN-Garantía o seguro de cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato estatal En el presente caso se dieron los presupuestos normativos y contractuales para la declaratoria de caducidad del contrato de concesión No dos (2) suscrito entre Metrolínea S.A. y Movilizamos S.A. para la prestación del servicio público de transporte masivo de pasajeros del sistema integrado de transporte masivo del Área Metropolitana de Bucaramanga, por no haberse restablecido la garantía de cumplimiento contractual. En consideración a lo anteriormente expuesto, considera esta delegada del Ministerio Público que la sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo de Santander del catorce (14) de marzo del dos mil veinticuatro (2024) debe ser confirmada. CARGA PROBATORIA-Se omitió la carga probatoria que le correspondía para demostrar sus alegaciones de nulidad en contra de los actos administrativos demandados por medio de los cuales se declararon y confirmaron la caducidad del contrato de concesión. Basta con recordar según la jurisprudencia autorizada, las reglas que informan el postulado de la carga de la prueba y las consecuencias que se derivan de esta omisión: “Carga de la prueba. Reglas que la informan “Son tres las reglas que informan la carga de la prueba, a saber: a) Onus probandi incumbit actori, o sea que al demandante le incumbe el deber de probar los hechos en que funda su acción; b) Reus, in excipiendo, fit actor, o sea que el demandado, cuando excepciona o se defiende, se convierte en demandante para el efecto de tener que probar a su turno los hechos en que funda su defensa; y c) Actore non probante, reus absolvitur, es decir que el demandado ha de ser absuelto de los cargos o acción del demandante, si éste no logró en el proceso probar los hechos constitutivos de su demanda.” PROCURADURÍA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6 PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA CONCEPTO No.068 Bogotá D.C., 30 de julio de 2024 Señores: CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C Consejero Ponente doctor [NOMBRE TACHADO] E. S. D. Ref.: Proceso 68001-23-33-000-2022-00575-01 (71370) Apelación contra sentencia primera instancia Medio de control: Controversias contractuales Demandante: Movilizamos S.A., sociedad conformada por las también demandantes: Lusitania S.A., SPT Lusitania, Metropolitana de servicios S.A., SPT Metroservicios, Transpiedecuesta S.A., Flotax S.A., SPT Flotax S.A., Transporte San Juan S.A., SPT San Juan S.A., Transportes Villa de San Carlos S.A., SPT Villa de San Carlos S.A.S., Ingerod S.A.S., Electromotores S.A.S., Cootragas C.T.A., Oriental de transportes S.A., SPT Oriental de transportes S.A. Demandadas: Sociedad Metrolínea S.A. – en reestructuración Honorable Magistrado: En mi condición de agente de la señora Procuradora General de La Nación para intervenir en el trámite de la referencia, con fundamento en las competencias previstas en los artículos 277-7 de la Constitución Política, 30-2 del Decreto Ley 262 de 2000 y encontrándome dentro del término del traslado previsto en el inciso quinto del artículo 247-6 del Código Contencioso Administrativo, me dirijo a su H. Despacho en alusión a la acción de Controversias contractuales citada en epígrafe, encontrándose para su resolución el recurso de apelación interpuesto por la entidad accionada contra el fallo de primera instancia proferido por el Tribunal Administrativo de Santander el 14 de marzo de 2024, con ponencia de la Magistrada [NOMBRE TACHADO]; para el efecto procedo a rendir concepto en los siguientes términos: 1. ANTECEDENTES Contenido: 1.1. LA DEMANDA: 1.1.1. Hechos de la demanda; 1.1.2. Pretensiones del extremo actor. 1.2. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA. 1.3. CRÓNICA PROCESAL Y PRÁCTICA PROBATORIA: 1.3.1. Solicitud de medida cautelar y decisión del despacho; 1.3.2. Excepciones previas y pronunciamiento del Tribunal; 1.3.3. Prescindencia de convocatoria a audiencia inicial, fijación del litigio y apertura a término para alegatos de conclusión; 1.3.4. Alegatos de conclusión. 1.4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. 1.5. RECURSO DE APELACIÓN. LA DEMANDA 1.1.1. HECHOS DE LA DEMANDA Las sociedades demandantes, a saber: Lusitania S.A., SPT Lusitania, Metropolitana de Servicios S.A., SPT Metroservicios, Transpiedecuesta S.A., Flotax S.A., SPT Flotax S.A., Transporte San Juan S.A., SPT San Juan S.A., Transportes Villa de San Carlos S.A., SPT Villa de San Carlos S.A.S., Ingerod S.A.S., Electromotores S.A.S., Cootragas C.T.A., Oriental de Transportes S.A. y SPT Oriental de Transportes S.A. constituyeron la sociedad Movilizamos S.A. a efectos de postularse y, como en efecto sucedió, resultar adjudicatarias del Contrato de concesión dos en que fungió como contratante Metrolínea S.A., sociedad anónima constituida por entidades públicas vinculadas al municipio de Bucaramanga. El convenio Contrato de concesión dos suscrito entre Metrolínea S.A. y Movilizamos S.A. el 8 de febrero de 2008, tuvo por objeto “la prestación del servicio público de transporte masivo de pasajeros del sistema integrado del área metropolitano de Bucaramanga”. Según la demandante, durante la ejecución del objeto contractual se suscitaron incumplimientos, al parecer mutuos, que por una parte habrían motivado la declaratoria de incumplimiento y caducidad contractual con las consecuencias adversas propias sobre la sociedad contratista, siendo sobre éste procedimiento que radica la actual causa petendi; por otro costado, se habría generado déficit financiero, en perjuicio de la sociedad actora quien lo atribuye a inobservancias en las obligaciones económicas contraídas por la contratante y que, según indica, ascenderían a los nueve mil millones de pesos. Estas afirmaciones lucen relevantes pues en ellas se afinca la incapacidad monetaria aducida por la sociedad Movilizamos, que le habrían impedido cumplir con la obligación de adquirir garantía única de cumplimiento en amparo de la actividad contractual, primordialmente ante la negativa prórroga por parte de la aseguradora Bolívar que había fungido como garante del clausulado primigenio, y fue ésta la infracción que motivó la declaratoria de caducidad. Según se expuso en el petitum, se agotaron intentos por obtener el amparo del ramo asegurador encontrándose la negativa por parte de las entidades aseguradoras para expedir la póliza, lo que finalmente conllevó a que la sociedad contratante agotara el procedimiento para declarar la caducidad; puntualmente reprocha la demandante que la administración habría incurrido en inobservancia al debido proceso, al surtir en forma tardía el traslado de las pruebas que sustentarían la declaratoria de incumplimiento y que algunas se encontraban incompletas, así como circunstancias que habrían entorpecido las declaraciones presentadas en audiencia. En audiencia instaurada el 30 de diciembre de 2021 se notificó la Resolución No. 279 de la misma calenda, por cuya virtud se declaró la caducidad del contrato, e hizo extensivos sus efectos a las personas jurídicas que conformaron la sociedad contratista, y se impuso cláusula penal pecuniaria; frente a estas determinaciones se interpuso recurso de reposición desatado en sentido confirmatorio. 1.1.2. PRETENSIONES DEL EXTREMO ACTOR Las sociedades accionantes formularon como petición principal, la declaratoria de nulidad de la Resolución No. 279 de 30 de diciembre de 2021, por cuya virtud se declaró la caducidad del Contrato de concesión número Dos, así como el acto decisorio que la confirmó al resolver el recurso de reposición. A título de restablecimiento del derecho se solicitó dejar sin efectos las consecuencias jurídicas derivadas de la declaratoria de caducidad, el reembolso de las sumas que se pagaren o compensaren con crédito a favor de la demandante. En forma subsidiaria, en el evento de accederse a una nulidad parcial, se solicitó la reducción en el monto de la sanción impuesta a título de cláusula penal; y por último se pidió condena de costas, agencias en derecho e indexación de las condenas con cargo a la sociedad demandada. Las pretensiones se afincaron en los siguientes conceptos de vulneración que motivarían la petición anulatoria: i) Falta de aplicación del literal d) de la cláusula 103 del contrato, relativa a las alternativas a la vigencia de la póliza; ii) falta de aplicación del artículo 1609 del Código Civil, por excepción de contrato no cumplido; iii) falta de competencia del funcionario que declaró la caducidad; iv) expedición irregular de los actos administrativos; v) desconocimiento del derecho de audiencia y defensa; vi) falsa motivación; y, vii) desviación de poder. 1.2. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA La sociedad pública demandada se opuso en su integridad al petitum, bajo las excepciones de mérito de falta de legitimación en la causa por activa e inexistencia del contrato, por cuanto la demanda fue promovida a nombre de sociedades que no fungieron como sujetos contractuales, toda vez que no existió vinculación alguna entre la administración y las personas jurídicas que promovieron el proceso judicial. Esgrimió igualmente que no existió vulneración a los derechos de defensa de la concesionaria, y que el incumplimiento estuvo plenamente demostrado. 1.3. CRÓNICA PROCESAL Y PRÁCTICA PROBATORIA 1.3.1. SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR Y DECISIÓN DEL DESPACHO La parte accionante solicitó la suspensión provisional de los efectos de la Resolución No. 279 de 30 de diciembre de 2021, para lo cual adujo una violación sustancial por lo cual adolecería de ilegalidad, además del desconocimiento del derecho de audiencia y defensa a la sancionada. Previo traslado y pronunciamiento de la contraparte, esta petición fue denegada mediante proveído del 27 de febrero de 2023, al considerar que no se evidenció ilegalidad palmaria en los actos debatidos que motivaran la suspensión de sus efectos jurídicos. Por una parte, consideró la actuación ajustada a las previsiones contractuales, primordialmente en lo concerniente a la cláusula 103 relativa a “alternativas a la vigencia de la póliza”, pues aunque Seguros Bolívar como garante primigenio denegó la prórroga de su amparo, estimó el a quo que su expedición se encontraba bajo análisis de Seguros del Estado sin que obrara constancia de respuesta negativa por parte de ésta entidad, de lo cual se infiere interés de su parte para emitir la póliza requerida en cobertura del riesgo contractual. Desató la excepción de contrato no cumplido que formuló la contratista para incoar la suspensión provisional, encontrándola infundada por ameritar resolución de fondo cuyo abordaje era improcedente e impertinente en tan temprana fase procesal; igual motivación sustentó el despacho frente al cargo de desconocimiento al derecho de audiencia y defensa. En cuanto a la falta de competencia para expedir el acto decisorio, que se fundó en la delegación efectuada al Secretario General quien ostentaba la calidad de Gerente suplente, consideró el Tribunal que tal atribución fue previa a la declaratoria de caducidad, tratándose de una asignación puntual y concreta, que contrario a lo que aseveró el actor no requería ni ameritaba en manera alguna la notificación a terceros; así mismo concluyó que la Gerencia tampoco requería la expedición de acto administrativo para reasumir las facultades que en principio le eran propias, objeto de delegación, pues su reanudación de la función administrativa operaba de pleno derecho. 1.3.2. EXCEPCIONES PREVIAS Y PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL La accionada formuló los siguientes medios exceptivos de carácter perentorio, sobre los cuales el despacho resolvió mediante auto del 27 de abril de 2023: i) Falta de competencia por compromiso o cláusula compromisoria: se denegó la configuración de esta excepción, ante la inoperancia de la cláusula compromisoria en torno a las pretensiones de nulidad del acto administrativo que declaró la caducidad, conforme ha decantado la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional. ii) Indebida escogencia del medio de control: consideró la accionada que debió promoverse la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y no la contractual; al respecto manifestó el Tribunal que por tratarse de un acto decisorio post contractual, su debate efectivamente debe promoverse mediante el medio de controversia planteado. iii) Corolario de la adecuada selección del medio de control, tampoco consideró probada la excepción de caducidad, encontrándose que el debate judicial fue promovido en forma oportuna, pues la declaratoria de caducidad como ejercicio de la potestad excepcional de la administración, constituye un acto decisorio que se expide en virtud de la vigencia del contrato. iv) En cuanto a la indebida presentación de los cargos contra el acto atacado: absolvió esta excepción preventivamente, bajo el precepto de una eventual ineptitud substancial de la demanda, desestimando los argumentos de la defensa pues, lejos de configurarse el yerro reprochado, lo que encontró el a quo fue una excepción de falta de legitimación en la causa que requeriría un pronunciamiento de fondo impropio de la fase procesal, sin perjuicio de estimar preliminarmente demostrada la legitimación formal de los accionantes e impartir continuidad al trámite judicial. 1.3.3. PRESCINDENCIA DE CONVOCATORIA A AUDIENCIA INICIAL, FIJACIÓN DEL LITIGIO Y APERTURA A TÉRMINO PARA ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En providencia del 12 de octubre de 2023 el a quo prescindió de convocar a las partes para la práctica de audiencia inicial, para en su lugar agotar de forma escritural las fases procesales preliminares y de saneamiento, sobre las cuales determinó: Se fijó el litigio, delimitando el análisis jurisdiccional a la procedencia o no de la declaratoria de nulidad de la Resolución número 279 del 30 de diciembre de 2021 y, de manera primordial, si la falta de garantía bancaria por parte del concesionario constituía fundamento plausible para la imposición de cláusulas exorbitantes (caducidad y penalización); para el particular, se evaluarían estos aspectos: “i) si procedía declarar la terminación anticipada del contrato en virtud de lo dispuesto en el literal D) de la cláusula 103 del contrato de concesión y en razón de la excepción de contrato no cumplido: ii) si quien expidió el acto acusado tenía la competencia para ello; iii) si se expidió de manera irregular, con desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa; iii) si la entidad demandada falsamente motivó la resolución atacada e incurrió en desviación de las funciones asignadas”. En cuanto al acervo probatorio, se atribuyó valor a los medios documentales aportados por las partes; por otra parte, se denegó la incorporación de piezas cuya valoración se estimó inconducente de frente a la absolución del conflicto jurídico planteado; igualmente denegó la solicitud de otros soportes por resultar redundantes, y por no haberse justificado los hechos para los cuales constituirían insumo probatorio. También se negó la práctica testimonial incoada por la demandante por incumplimiento de las cargas procesales para el efecto, por cuanto el solicitante no aportó los canales tendientes a garantizar la comparecencia de los declarantes a través de las tecnologías de la información; igualmente se negó el interrogatorio al interventor del contrato por no encontrarse debidamente identificada la persona a citar. Atendiendo a que no se ordenó práctica probatoria adicional a la incorporación de piezas documentales decretada, se dispuso el cierre de la fase probatoria; corolario de lo cual se dio apertura al término legal para que las partes presentaran sus alegatos de conclusión, y el representante del Ministerio Público su concepto sobre el litigio. Estas determinaciones que no fueron recurridas por las partes. 1.3.4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN El extremo demandante formuló sus alegatos de cierre, afincándose en la excepción de contrato no cumplido, al atribuir a la deuda que Metrolínea tiene respecto a la contratista Movilizamos así como a la impuntualidad en los pagos la generación de una situación económica precaria, al punto que ante la necesidad de obtener una extensión en la póliza de incumplimiento, no solo les fue denegada la prórroga por parte de Seguros Bolívar, como aseguradora primigenia, sino que tampoco obtuvo respuesta favorable del gremio asegurador, al negarse la expedición de la garantía única de cumplimiento. Así las cosas, la circunstancia que motivaría el incumplimiento que conllevó a la declaratoria de caducidad, esto es, no contraer la póliza de amparo para la actividad contractual, obedecería a su vez al incumplimiento de la contratante al no sufragar las contraprestaciones pecuniarias, falencia que habría conllevado a la sociedad contratista a tal insolvencia que se comprometió su capacidad para obtener el amparo requerido, aunado a la exigencia que no pudieron cumplir los asociados para ofrecer respaldo financiero para la expedición de la garantía. Por su parte, la sociedad demandada esgrimió plena capacidad para declarar la caducidad del contrato ante el palmario incumplimiento del contratista, al concluir que Movilizamos no renovó ni constituyó la garantía única de cumplimiento y por ende no podía ejecutar el contrato de concesión contraído, aseverando que la ausencia de póliza comprometería la protección del erario y del interés general. Puso de presente que en virtud de los términos y características de la actividad contractual, se accedió a fraccionar la garantía a efectos de no generar traumatismos en la prestación del servicio contratado, e incluso suscribió actos modificatorios del líbelo contractual a efectos de reducir las primas y amparos, pese a lo cual persistió el incumplimiento de la concesionaria al no constituir la garantía tratándose de un requisito sine qua non para la persistencia de la concesión; así mismo trajo en mención precedentes jurisprudenciales a cuyo tenor “el eventual desbalance en la ecuación financiera del contrato no releva al contratista del cumplimiento de sus obligaciones”, mencionando que no media prueba sobre las circunstancias puntuales que motivaron la negativa de Seguros Bolívar para renovar la póliza, más allá de su intención de no prorrogarla en virtud de la libertad contractual, lo cual acaeció seis meses antes de su vencimiento. 1.4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Tribunal Administrativo de Santander dictó fallo de primera instancia el 14 de marzo de 2024, denegando la totalidad de las pretensiones incoadas; consideró como asunto preliminar que sí existía legitimación en la causa por parte activa, pues las sociedades demandantes se encontraban habilitadas para accionar a la luz del parágrafo segundo del artículo 7° de la Ley 80 de 1993, como quiera que la legitimidad para reclamar las diferencias derivadas del contrato atañen tanto a la sociedad anónima que se constituyó para postularse a la concesión como a los consorciados, esto es, las personas naturales o jurídicas que constituyeron el tipo societario que resultó adjudicatario. Del acervo documental destacó las siguientes piezas documentales, que finalmente fundaron los cimientos de su decisión: Encontró evidencia documental de que Seguros Bolívar informó sobre la no renovación de la póliza desde el 14 de diciembre de 2020, reiterada en oficio del 13 de mayo de 2021; Avisos librados por el interventor del contrato advirtiendo al concesionario para que tomara las medidas pertinentes ante la no renovación de la póliza (febrero y marzo de 2021); todo ello con antelación al fenecimiento del amparo (28 de junio de 2021); Manifestación del propio concesionario en el sentido de indicar a Metrolínea que no podría seguir con la operación por vencimiento de la garantía el 28 de junio de 2021, ante lo cual se convino modificación al contrato para cambiar el monto asegurable de la garantía única de cumplimiento. Comunicación enviada por la gerencia de Seguros del Estado, en que solicitó a la concesionaria respaldo financiero a través de codeudores solventes para poder expedir la póliza de cumplimiento. Desató los cargos de nulidad refiriéndose puntualmente a los siguientes tópicos en torno a los cuales se erigió el problema jurídico planteado al definir la litis: i) En cuanto a la falta de aplicación del literal d) de la cláusula 103 del contrato, relativa a las alternativas a la vigencia de la póliza: Las partes convinieron que podrían dar por terminado el contrato anticipadamente de mediar imposibilidad de obtener una nueva póliza de garantía, si el mercado asegurador no ofrecía su expedición; el Tribunal desestimó este cargo al considerar que, pese a la negativa de renovación y la generalizada ausencia de oferta, sí existía posibilidad de contraer el seguro requerido pues Seguros del Estado fue claro al manifestar interés si se ofrecía respaldo financiero por parte de las personas asociadas a nombre de la contratista Movilizamos S.A., mediante la suscripción de pagarés. ii) Frente a la supuesta configuración de excepción de contrato no cumplido, por inaplicación del artículo 1609 del Código Civil: Explicó el a quo que, a la luz de los criterios decantados por el Consejo de Estado, pues los incumplimientos que se atribuyen a la sociedad contratante no exculpan a la contratista de la obtención de la póliza de garantía contractual, al evidenciarse que sí existió oferta de una entidad aseguradora para amparar la actividad bajo la expedición de soporte financiero por parte de los asociados integrantes de la concesionaria, lo cual no se perfeccionó. Esta falencia, concluyó el Tribunal, persistió aún cuando mediaron facilidades como la fragmentación y modificación en los términos inicialmente pactados para la constitución de las garantías. Tampoco consideró el despacho que se encontrara demostrado, como resultaba apenas exigible, que la contratista agotó los mecanismos tendientes a la declaratoria de incumplimiento de las cargas contractuales por parte de la contratante Metrolínea, ni proceder conducente a obtener la terminación del contrato por esta causa ni el restablecimiento del equilibrio financiero, lo cual ofrecería soporte de las presuntas faltas recíproca con que pretende eximirse la sociedad demandante, siendo palmaria la orfandad probatoria que se depreca de sus afirmaciones. iii) En cuanto a la falta de competencia para declarar la caducidad, consideró que la delegación efectuada al Secretario General quien ostentaba la calidad de Gerente suplente era legítima, además de ser un acto previo a la declaratoria de caducidad e incluso al inicio del procedimiento y convocatoria a la sancionada para el ejercicio de su defensa, tratándose de una asignación puntual y concreta; así mismo concluyó que la Gerencia tampoco requería la expedición de acto administrativo para reasumir las facultades delegadas que le eran propias, pues su reanudación de la función administrativa operaba de pleno derecho, al tenor de las previsiones de la Ley 1474 de 2011. iv) Estimó infundada la acusación de expedición irregular de los actos administrativos, encontrando acordes a la normatividad las actuaciones de la contratante. v) Consideró garantizado el ejercicio de la defensa y contradicción, al encontrar que la actora tuvo acceso a las pruebas que sustentaron la posterior declaratoria de caducidad desde el momento en que fue citada para comparecer al procedimiento administrativo, que de hecho el expediente le fue reenviado para asegurar su acceso a las pruebas, y que la concesionaria también pudo solicitar y aportar pruebas así como ejercer la contradicción respecto al acervo recaudado. v) Desestimó la acusación de falsa motivación, por cuanto las causales que dieron lugar a la declaratoria de caducidad, esto es, la omisión en la constitución de la póliza que asegurara la ejecución de la actividad contractual, no solo está plenamente demostrada e incluso asumida -si se prefiere confeso- por parte de la propia demandante, sino que no operó razón que le eximiera de sus responsabilidades contractuales; contrario sensu, las circunstancias que condujeron a la declaratoria de caducidad estaban tipificadas en el líbelo negocial para atribuir el incumplimiento, existiendo congruencia entre la falta que se reprocha y la decisión asumida en consecuencia a aquella. vi) La parte actora acusó a la contratante de desviación en sus atribuciones, cargo que fundó en un supuesto interés ulterior en declarar la caducidad con el propósito de obviar el propio incumplimiento en las obligaciones contractuales, acusación sobre la cual no se encontró evidencia alguna, considerándose apreciaciones subjetivas carentes de prueba que claramente no revisten entidad para sustentar el supuesto ejercicio de la facultad exorbitante en detrimento de los intereses de la demandante. vii) En cuanto a la pretensión subsidiaria de modular la penalización impuesta, esta se desató desfavorablemente por cuanto no prosperó ninguno de los cargos de nulidad promovidos para obtener la anulación total del acto decisorio, pero tampoco para la nulidad parcial que sustentaba esta petición, amén de la presunción de legalidad que no logró desvirtuarse. 1.5. RECURSO DE APELACIÓN El vocero judicial de las sociedades demandantes interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, enfatizando que el a quo asumió que existía posibilidad de que Seguros del Estado expidiera la póliza contra respaldo financiero por parte de los accionistas; esta premisa la controvirtió en los siguientes términos: a) La sociedad Movilizamos S.A. fue quien fungió como contratista, persona que surgió a la vida jurídica con el propósito de ser adjudicataria de la concesión en controversia; b) Debido a los incumplimientos que atribuyó a la contratante Metrolínea, se generó un detrimento patrimonial a la sociedad contratista, que a su vez trascendió a las personas jurídicas que conformaron Movilizamos, quienes terminaron siendo socios sin capacidad financiera para abordar sus obligaciones; c) Durante la ejecución de la actividad contractual los accionistas de hecho acudieron al respaldo financiero de Movilizamos; d) Las pérdidas percibidas por los socios generó una duda razonable sobre la continuidad de su apoyo respecto a la empresa constituida para la operación; e) Corolario de la negativa del gremio asegurador para expedir la garantía requerida, la única ofertante fue Seguros del Estado quien sin embargo exigió aval financiero mediante pagaré suscrito por la totalidad de socios fundantes de Movilizamos; f) La póliza ofertada por Seguros del Estado fue finalmente negada por faltar el aval de solo dos de los socios; g) No existió oferta para expedir garantía en amparo de la persona jurídica Movilizamos, sino que esta única opción demandaba su constitución con aval de todos y cada uno de los socios que integraron la sociedad contratista. Expuestas estas premisas, reiteró la demandante que el déficit financiero que -supuestamente- produjo el incumplimiento en sus cargas patrimoniales por parte de la contratante Metrolínea, fue la causa directa de la imposibilidad para cumplir con su propia obligación de constituir la póliza de cumplimiento. Indicó que no era cierta la conclusión del a quo, conforme a la cual Movilizamos no habría agotado los mecanismos tendientes a obtener la declaratoria de incumplimiento y/o restablecimiento de la ecuación contractual, pues contrario a ello habría convocado Tribunal de Arbitramento en el año 2019 en el cual resultó vencida; mientras que en 2020 se realizó reclamación directa a la administración por desequilibrio contractual, la cual fue negada en mayo de 2020 en segunda instancia en agosto de misma anualidad. Por último, consideró infundada y desproporcionada la declaratoria de caducidad pues no se satisfizo la valoración previa para el efecto, pues en su criterio: “i) es indispensable que el riesgo objeto de amparo se produzca durante la vigencia de la garantía; ii) es necesario que la entidad pública que declare el siniestro por incumplimiento del contrato pruebe el perjuicio producido a su patrimonio con fundamentos objetivos y razonables; iii) no es procedente cobrar la totalidad de la cláusula penal pecuniaria sin ni siquiera haber probado los perjuicios generados por el incumplimiento contractual; y iv) la aplicación de la cláusula penal implica un ejercicio de proporcionalidad”. 2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO CONTENIDO: 2.1. Problema jurídico. 2.2. La declaratoria de caducidad como la máxima sanción al negocio jurídico estatal. 2.3. La garantía o seguro de cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato Estatal. 2.4. Los presupuestos de incumplimiento que habilitan declarar la caducidad pactados dentro del Contrato de Concesión No. 02 celebrado entre METROLÍNEA S.A. y MOVILIZAMOS S.A. para la prestación del servicio público de transporte masivo de pasajeros del sistema integrado de transporte masivo del Area Metropolitana de Bucaramanga. 2.5. El principio onus probandi incumbit actori 3. Análisis del caso concreto: En el presente caso se dieron los presupuestos normativos y contractuales para la declaratoria de caducidad del contrato de concesión No dos (2) suscrito entre Metrolínea S.A. y Movilizamos S.A. para la prestación del servicio público de transporte masivo de pasajeros del sistema integrado de transporte masivo del Área Metropolitana de Bucaramanga, por no haberse restablecido la garantía de cumplimiento contractual. 4. Conclusión: Respuesta a problema jurídico planteado. 2.1. PROBLEMA JURÍDICO Considera este Agente del Ministerio Público que, de conformidad con la sentencia de primera instancia y el recurso de apelación, el problema jurídico a resolver consiste en determinar: ¿Si en el presente caso se dieron los presupuestos normativos y contractuales para la declaratoria de caducidad del contrato de concesión No dos (2) suscrito entre Metrolínea S.A. y Movilizamos S.A. para la prestación del servicio público de transporte masivo de pasajeros del sistema integrado de transporte masivo del Área Metropolitana de Bucaramanga, por no haberse restablecido la garantía de cumplimiento contractual? 2.2. LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD COMO LA MÁXIMA SANCIÓN AL NEGOCIO JURÍDICO ESTATAL Dentro de la teoría general de la gestión pública, los contratos estatales son los instrumentos adoptados por el legislador para regular e instrumentalizar la consecución del bien e interés público y la eficiente prestación de los servicios públicos a cargo del Estado, por lo que no sólo se han establecido presupuestos, requisitos y exigencias para la escogencia del contratista colaborador del Estado, sino que además se han establecido las causas y consecuencias, que ante un incumplimiento grave del contratista de las relaciones obligacionales derivadas del contrato estatal, deben ser tomadas para evitar la afectación grave o paralización del servicio público que con el contrato estatal se pretende garantizar, consecuencias que pueden llevar a que el Estado contratante de manera unilateral declare mediante acto administrativo la terminación del contrato estatal, habilitándolo para compensar los perjuicios que ello le causa mediante la exigibilidad de la cláusula penal con cargo a la póliza, seguro o garantía de cumplimiento que se pactó en el contrato, lo que además conlleva el que el contratista quede inhabilitado temporal o definitivamente para contratar con el Estado. Dentro de las sanciones que por incumplimiento grave del contrato estatal, han sido tipificadas por el legislador, se encuentra aquella que se ha denominado la “caducidad”, la cual como regla general, debe ser pactada dentro del clausurado del contrato estatal. Al respecto establece la Ley 80 de 1993: ARTÍCULO 14. DE LOS MEDIOS QUE PUEDEN UTILIZAR LAS ENTIDADES ESTATALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL. Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato: (…). 2o. Pactaran las cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad en los contratos que tengan por objeto el ejercicio de una actividad que constituya monopolio estatal, la prestación de servicios públicos, los contratos relacionados con el programa de alimentación escolar o la explotación y concesión de bienes del Estado, así como en los contratos de obra. En los contratos de explotación y concesión de bienes del Estado se incluirá la cláusula de reversión. Las entidades estatales podrán pactar estas cláusulas en los contratos de suministro y de prestación de servicios. En los casos previstos en este numeral, las cláusulas excepcionales se entienden pactadas aun cuando no se consignen expresamente”. (Negrilla y subrayado fuera de texto). Cuando quiera que se celebra un negocio jurídico estatal, es de esperarse legítimamente que tanto el estado contratante como el contratista colaborador desplieguen un comportamiento idóneo, transparente y eficaz, tendiente al cumplimiento pleno e íntegro del objeto del contrato, garantizando la intangibilidad del fin perseguido con la celebración del contrato, es decir, la eficiente e ininterrumpida prestación del servicio público; de no presentarse este comportamiento y al verse con él afectado el interés público, surge lo que se denomina la responsabilidad contractual del contratista incumplido, que habilita al Estado contratante a iniciar los procedimientos administrativos tendientes a apremiar al contratista para que dé cumplimiento de la obligación contractual incumplida, o en caso de incumplimiento grave declarar su terminación unilateral mediante la declaratoria de caducidad, y obtener la reparación del daño y la indemnización de los perjuicios que se le ocasionaron con el incumplimiento, para lo cual puede hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria pactada con cargo a la póliza, seguro o garantía de cumplimiento. Sobre el particular ha sostenido la jurisprudencia: En materia contractual, la administración tiene la dirección y control de la celebración y ejecución del contrato, función que desarrolla, entre otras formas, a través de las cláusulas exorbitantes, caracterizadas, esencialmente, por la inaplicabilidad de algunos principios contractuales del derecho civil, toda vez que, precisamente, al practicarse quebrantan la igualdad y conmutatividad propias del acuerdo de voluntades (…) El fundamento de estos poderes, reservados a la administración, es el interés general, deducible de la teleología de los extremos del contrato estatal. En efecto, la entidad pública que acude al negocio jurídico, directa o indirectamente, espera un beneficio colectivo, y el contratista, por su parte, pretende con la suscripción del acuerdo incrementar su patrimonio. (…) las cláusulas exorbitantes son -de acuerdo con la Ley 80 de 1993-: la interpretación unilateral de los documentos contractuales y de las estipulaciones en ellos convenidas, la introducción de modificaciones a lo pactado, la terminación unilateral, la caducidad administrativa, la reversión y el sometimiento a las leyes nacionales. En este orden de ideas, las cláusulas exorbitantes le otorgan ventajas a la Administración, porque es gestora del interés colectivo. Ahora bien, con la Ley 80 de 1993, su existencia opera tanto ex leye como ex contractu, dependiendo del acuerdo que se trate. (…) Que estos poderes operan ex leye significa que se integran a los contratos aun cuando no se pacten, porque la norma los incorpora directamente en algunos negocios, concretamente los que tienen por objeto: el ejercicio de una actividad que constituya monopolio estatal, la prestación de servicios públicos, la explotación y concesión de bienes del Estado, y los contratos de obra. En estos casos la norma es impositiva, al advertir que para el efectivo cumplimiento de los fines de la contratación las entidades “pactarán” estos poderes; no obstante, si no se estipulan, el inciso tercero del mismo numeral señala que se entienden pactadas aunque no se consignen expresamente. Sin embargo, estas cláusulas también pueden ser ex contractu, es decir, que sólo harán parte del negocio por voluntad expresa de las partes, aunque la ley sólo establece tal posibilidad en dos tipos de contratos: suministro y prestación de servicios profesionales. Establece la ley 80 de 1993: ARTÍCULO 18. DE LA CADUCIDAD Y SUS EFECTOS. La caducidad es la estipulación en virtud de la cual si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, la entidad por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. En caso de que la entidad decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. La declaratoria de caducidad no impedirá que la entidad contratante tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro contratista, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en esta ley. La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento. Sentido contrario, cuando quiera que esté de por medio la celebración, ejecución y cumplimiento de un contrato estatal, la entidad estatal contratante es responsables “por las actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones antijurídicos que les sean imputables y que causen perjuicios a sus contratistas”, situaciones éstas que activan la responsabilidad contractual del Estado y habilitan al contratista a perseguir legítimamente la reparación del daño antijurídico contractual e indemnización de perjuicios. En punto a la terminación unilateral del contrato estatal mediante declaratoria de caducidad, sostiene la jurisprudencia: El artículo 18 de la Ley 80 de 1993 establece las características de la caducidad, y advierte que se trata de un poder establecido en favor de la administración, que sólo procede en caso de incumplimiento de las obligaciones del contratista. En este sentido, los hechos constitutivos de incumplimiento del contratista deben circunscribirse al contrato, es decir, que son las obligaciones derivadas del negocio jurídico las que determinan si éste ha cumplido o no. No obstante, ese incumplimiento debe ser de tal magnitud que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y se evidencie que conduce a su paralización. La norma en mención, establece: “Art. 18. De la caducidad y sus efectos. La caducidad es la estipulación en virtud de la cual si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de u paralización, (…)” Cuando se configuren los requisitos, la administración, mediante acto administrativo motivado, declarará la terminación del contrato y ordenará su liquidación en el estado en el que se encuentre. Esta previsión está consagrada en el inciso primero del artículo 18 de la Ley 80 de 1993. (…). La caducidad comparte con los demás poderes exorbitantes la teleología de la protección al interés colectivo, de ahí que se trate de una prerrogativa a favor de la administración, cuya finalidad siempre será el beneficio general en la celebración de un contrato estatal. En ese orden de ideas, su declaración no puede ser arbitraria, ni constituir un mecanismo de protección y coerción de los servidores públicos. (…). La declaratoria de caducidad tiene implicaciones graves para el contratista, entre ellas: no puede participar en nuevos procesos de selección de contratistas – inhabilidad-, debe renunciar a los contratos que tenga en ejecución –inhabilidad sobreviniente- y no tiene derecho a indemnización en el contrato caducado. Dicha previsión se encuentra establecida en el artículo 18 de la Ley 80 en los siguientes términos: “Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en esta ley.” En el mismo sentido, el literal c) del artículo 8 de la Ley 80 de 1993 establece que los contratistas que dieron lugar a la declaratoria de caducidad administrativa quedan inhabilitados para participar en procesos de selección. (…) el contratista que da lugar a la declaratoria de caducidad se hace acreedor a una sanción que lo inhabilita para celebrar negocios jurídicos con la administración. El término es de 5 años, según lo establece el inciso segundo del literal i) del artículo 8 del estatuto contractual, que establece: “Las inhabilidades a que se refieren los literales c), d) e i) se extenderán por un término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de ejecutoria del acto que declaró la caducidad, o de la sentencia que impuso la pena, o del acto que dispuso la destitución…” Finalmente, la declaratoria de caducidad también es constitutiva del siniestro de incumplimiento, lo que autoriza a la entidad estatal para cobrar el importe de la garantía única constituida en su favor por el contratista. En cuanto a la definición sobre este punto, se tiene que conforme al artículo 18 de la Ley 80 de 1993, la entidad pública contratante está legitimada para declarar la caducidad del contrato, previo procedimiento administrativo, por medio de acto administrativo debidamente motivado, siempre que se reúnen los siguientes requisitos: (i) un incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista; (ii) que dicho incumplimiento afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y (iii) que el mismo evidencie que puede conducir a la paralización del contrato. Según la norma en cita, dicha declaratoria trae aparejada la pérdida de los derechos que dimanaban del negocio jurídico para el contratista y, particularmente, que se traducen en: (i) dar por terminado el vínculo negocial sin que haya lugar a indemnización para el contratista; (ii) ordenar su liquidación en el estado en que se encuentre; (iii) hacer exigibles garantías por configuración del siniestro del incumplimiento; (iv) hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria y (v) configurar la inhabilidad para contratar con entidades públicas por 5 años. 2.3. GARANTÍA O SEGURO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO ESTATAL Siendo el contrato estatal un instrumento para la consecución de los fines o intereses públicos o comunes y pretendiéndose con su celebración la eficiente e ininterrumpida prestación de los servicios públicos, que en la mayor de las veces comprometen la gestión, administración y destinación de recursos públicos por parte del contratista, ha previsto el estatuto general de contratación de la administración pública – Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 -, el que se amparen los riesgos derivados del proceso previo de contratación, como sería la garantía de los riesgos derivados del incumplimiento de la oferta, que incluye el riesgo por “La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato” . así como aquellos riesgos relacionados con la celebración y ejecución del objeto del contrato estatal, como serían los casos de los riesgos inherentes a la ausencia de garantía de los riesgos asegurables, correcto manejo de anticipos o pagos anticipados, incumplimiento de las obligaciones imputables al contratista adquiridas por virtud del contrato estatal y de la ley, riesgos relacionados con la garantía de buen funcionamiento del objeto contratado, riesgos relacionados con la responsabilidad civil extracontractual, indemnización de perjuicios, cláusula penal, multas y demás sanciones, etc. Establece la Ley 1150 de 2007 lo siguiente: “ARTÍCULO 7o. DE LAS GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN. Los contratistas prestarán garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. Los proponentes prestarán garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos. Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, en garantías bancarias y en general, en los demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el efecto. Tratándose de pólizas, las mismas no expirarán por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. El Gobierno Nacional señalará las condiciones generales que deberán ser incluidas en las pólizas de cumplimiento de los contratos estatales. El Gobierno Nacional señalará los criterios que seguirán las entidades para la exigencia de garantías, las clases y niveles de amparo de los riesgos de los contratos, así como los casos en que por las características y complejidad del contrato a celebrar, la garantía pueda ser dividida teniendo en cuenta las etapas o riesgos relativos a la ejecución del respectivo contrato. El acaecimiento del siniestro que amparan las garantías será comunicado por la entidad pública al respectivo asegurador mediante la notificación del acto administrativo que así lo declare. Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, en los interadministrativos, en los de seguro y en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía a que se refiere esta ley, caso en el cual corresponderá a la entidad determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago, así como en los demás que señale el reglamento”. En relación con la garantía de cumplimiento, en especial en lo que tiene que ver con su otorgamiento, prórroga o restablecimiento, establece el Decreto 1082 de 2015 lo siguiente: “ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.18. Restablecimiento o ampliación de la garantía. Cuando con ocasión de las reclamaciones efectuadas por la Entidad Estatal, el valor de la garantía se reduce, la Entidad Estatal debe solicitar al contratista restablecer el valor inicial de la garantía. Cuando el contrato es modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, la Entidad Estatal debe exigir al contratista ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia, según el caso. La Entidad Estatal debe prever en los pliegos de condiciones para la Contratación, el mecanismo que proceda para restablecer la garantía, cuando el contratista incumpla su obligación de obtenerla, ampliarla o adicionarla”. En relación con la garantía de cumplimiento de aquellos contratos estatales cuyas prestaciones se difieren en el tiempo o que son ejecutados por etapas, establece el Decreto 1082 de 2015 lo siguiente: “ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.3. Indivisibilidad de la garantía. La garantía de cobertura del Riesgo es indivisible. Sin embargo, en los contratos con un plazo mayor a cinco (5) años las garantías pueden cubrir los Riesgos de la Etapa del Contrato o del Periodo Contractual, de acuerdo con lo previsto en el contrato. En consecuencia, la Entidad Estatal en los pliegos de condiciones para la Contratación debe indicar las garantías que exige en cada Etapa del Contrato o cada Periodo Contractual así: 1. La Entidad Estatal debe exigir una garantía independiente para cada Etapa del Contrato o cada Periodo Contractual o cada unidad funcional en el caso de las Asociaciones Público Privadas, cuya vigencia debe ser por lo menos la misma establecida para la Etapa del Contrato o Periodo Contractual respectivo. 2. La Entidad Estatal debe calcular el valor asegurado para cada Etapa del Contrato, Periodo Contractual o unidad funcional, tomando el valor de las obligaciones del contratista para cada Etapa del Contrato, Periodo Contractual o unidad funcional y de acuerdo con las reglas de suficiencia de las garantías establecidas en el presente título. 3. Antes del vencimiento de cada Etapa del Contrato o cada Periodo Contractual, el contratista está obligado a obtener una nueva garantía que ampare el cumplimiento de sus obligaciones para la Etapa del Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, si no lo hiciere se aplicarán las reglas previstas para el restablecimiento de la garantía. Si el garante de una Etapa del Contrato o un Periodo Contractual decide no continuar garantizando la Etapa del Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, debe informar su decisión por escrito a la Entidad Estatal garantizada seis (6) meses antes del vencimiento del plazo de la garantía. Este aviso no afecta la garantía de la Etapa Contractual o Periodo Contractual en ejecución. Si el garante no da el aviso con la anticipación mencionada y el contratista no obtiene una nueva garantía, queda obligado a garantizar la Etapa del Contrato o el Periodo Contractual subsiguiente. En relación con el restablecimiento de la garantía establece el mismo Decreto 1082 de 2015 lo siguiente: ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.18. Restablecimiento o ampliación de la garantía. Cuando con ocasión de las reclamaciones efectuadas por la Entidad Estatal, el valor de la garantía se reduce, la Entidad Estatal debe solicitar al contratista restablecer el valor inicial de la garantía. Cuando el contrato es modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, la Entidad Estatal debe exigir al contratista ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia, según el caso. La Entidad Estatal debe prever en los pliegos de condiciones para la Contratación, el mecanismo que proceda para restablecer la garantía, cuando el contratista incumpla su obligación de obtenerla, ampliarla o adicionarla. 2.4. LOS PRESUPUESTOS DE INCUMPLIMIENTO QUE HABILITAN DECLARAR LA CADUCIDAD PACTADOS DENTRO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 02 CELEBRADO ENTRE METROLÍNEA S.A. Y MOVILIZAMOS S.A. PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA El contrato de Concesión No. 02 celebrado entre Metrolínea S.A. y Movilizamos S.A. para la prestación del servicio público de transporte masivo de pasajeros del sistema integrado de transporte masivo del área metropolitana de Bucaramanga, además de haber previsto el otorgamiento y prórroga de la póliza de cumplimiento por etapas o período anualizado contractual, estableció el procedimiento de restablecimiento de la garantía de cumplimiento conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, así como las consecuencias que se derivan por la frustración del mencionado mecanismo de restablecimiento. La cláusula 103 del contrato de concesión, se pactó lo siguiente: «Cláusula 103. Alternativas a la Vigencia de la Póliza. Sin perjuicio de la obligación que le asiste al concesionario de mantener durante todo el término del contrato vigente una garantía única de cumplimiento y una póliza de responsabilidad civil extracontractual, que cumplan con la totalidad de las condiciones, amparos y coberturas referidas en las cláusulas anteriores del presente contrato, el concesionario podrá aportar pólizas o garantías bancarias de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual con vigencias inferiores al término total del contrato, siempre que mediante sus vigencias sucesivas cubran la totalidad del contrato. Para acceder a esta prerrogativa, deberán observarse las siguientes condiciones, conforme a lo establecido en el Decreto 280 de 2002 reglamentario de la Ley 80 de 1993: a) El concesionario debe acreditar ante Metrolínea S.A., mediante certificación expedida por la Superintendencia Financiera, que en el mercado no se ofrecen garantías únicas de cumplimiento que amparen los contratos de concesión, en las condiciones previstas en el Decreto 679 de 1994, reglamentario de la Ley 80 de 1993. b) La garantía única de cumplimiento y la póliza de responsabilidad civil extracontractual, podrán constituirse por una vigencia inicial, igual a la de la etapa preoperativa y cuatro (4) meses más, siendo el alcance de la cobertura el cumplimiento de las obligaciones propias de dicha etapa y exigibles durante la misma. Las coberturas del amparo de cumplimiento en este caso, deberán incluir el alcance expresado en la cláusula 97 del presente contrato. 1) La cobertura de salarios y prestaciones sociales podrá constituirse por una vigencia igual a la de la etapa preoperativa y tres (3) años más. 2) La etapa preoperativa tendrá una duración comprendida entre la fecha de iniciación de la vigencia del contrato y la fecha de iniciación de la etapa de operación regular. En caso que Metrolínea S.A. determine una fecha posterior, se adecuarán el alcance de las coberturas a la vigencia de las mismas. 3) Finalizada la etapa preoperativa de acuerdo con la fecha establecida por Metrolínea S.A. como de inicio de la etapa de operación regular, se adecuarán, el alcance de las coberturas y la vigencia de las mismas. 4) Las coberturas del amparo de cumplimiento, en la etapa de operación regular, deberán incluir el alcance expresado en la cláusula 97 del presente contrato. 5) Finalizada la etapa de operación regular e iniciada la etapa de reversión, el alcance de las coberturas del amparo de cumplimiento deberá incluir lo expresado en la cláusula 98 del presente contrato. c) La vigencia de las coberturas durante las siguientes etapas del contrato de concesión deberá observar las siguientes condiciones: 1) Las pólizas no podrán tener vigencias inferiores a un (1) año y cuatro (4) meses más, contados desde la fecha de su vigencia; (Amparo de cumplimiento y póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual). 2) La cobertura del amparo de salarios y prestaciones sociales podrá ser de un (1) año y tres (3) años más, contados desde la fecha de su vigencia. 3) Cuando las pólizas aportadas tengan una vigencia inferior a la duración del contrato, con un término de antelación de tres (3) meses, a la fecha del vencimiento de su vigencia, el concesionario está obligado a someter a la consideración y aprobación de Metrolínea S.A. uno cualquiera de los tres siguientes documentos: · Las prorrogas o renovaciones de las pólizas vigentes, por un período no inferior a un (1) año y cuatro (4) meses más para el amparo de cumplimiento y la póliza de responsabilidad civil extracontractual y por un periodo no inferior a un (1) años y a tres (3) años más para el amparo de salarios y prestaciones sociales. · Las nuevas pólizas con una vigencia no inferior a un (1) año y cuatro (4) meses más para el amparo de cumplimiento y la póliza de responsabilidad civil extracontractual y de un (1) año y tres (3) años más para el amparo de Salarios y Prestaciones Sociales. · Una o varias garantías bancarias con una vigencia no inferior a un (1) año y cuatro (4) meses más para el amparo de cumplimiento y la garantía de responsabilidad civil extracontractual y de un (1) años y tres (3) años más para el amparo de salarios y prestaciones sociales. · Dichas garantías cumplirán con todas las condiciones y requisitos que se exigen en el presente contrato para tales documentos e iniciarán su vigencia el día corriente siguiente, a aquel en el cual expire la vigencia de las pólizas que se renuevan, prorrogan, o reemplazan, sin solución de continuidad. d) Si con la antelación mencionada en el literal c) 3, el concesionario no pueda mantener vigente la garantía única de cumplimiento y/o póliza de responsabilidad civil extracontractual y/o cualquiera de los amparos contenidos en pólizas de seguro, por razón de una imposibilidad sobreviviente de obtener la prórroga o constituir una nueva garantía única de cumplimiento y/o una nueva póliza de responsabilidad civil extracontractual y/o cualquiera de los amparos contenidos en pólizas de seguro, lo cual acreditara mediante la certificación de la Superintendencia Financiera en la que conste que en el mercado asegurador no se ofrecen las garantías en las condiciones exigidas en la ley y en el contrato, este será terminado sin que haya lugar a la declaratoria de caducidad o a algún tipo de sanción, aplicando para ello la terminación anticipada del contrato. e) Si con la antelación requerida el concesionario remitiera a Metrolínea S.A. las nuevas pólizas, Metrolínea S.A. las evaluará e impartirá su aprobación dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la fecha en la que le hubieran sido entregadas. Si transcurrido dicho término Metrolínea S.A. no se pronuncia sobre las condiciones de las pólizas, se entenderá aprobada. f) Si en su examen Metrolínea S.A. encuentra que las pólizas deben ser complementadas, modificadas o corregidas, lo comunicará así al concesionario, dentro del plazo previsto en el literal anterior para la aprobación de las pólizas, concediendo un término no superior a diez (10) días calendario para que se alleguen las pólizas corregidas conforme a las observaciones formuladas. g) Si dentro del término para la modificación, complementación o corrección de las pólizas no se allegan las mismas debidamente corregidas, se procederá conforme a lo establecido en el literal d.» Por su parte el artículo 104 del Contrato de Concesión, estableció las consecuencias que se darían en caso de frustrarse, por causas imputables al concesionarios y sus socios, el procedimiento de restablecimiento de la garantía de cumplimiento contractual, cual sería la declaratoria de caducidad del contrato, de la siguiente manera: «Cláusula 104. Aprobación de las Pólizas y Garantías. Para la aprobación de las pólizas de seguro establecidas en el presente capítulo, se requiere que la compañía de seguros que expide la póliza cuente con un reaseguro de los riesgos amparados de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, con una o varias reaseguradotas que se encuentra inscritas en el Registro de Reaseguradores y corredores de Reaseguros de la Superintendencia Financiera. Metrolínea S.A. dispondrá de un término de diez (10) días calendario contados a partir de la fecha en que deba aportarse la garantía única de cumplimiento y la póliza de Responsabilidad civil extracontractual o de la fecha de entrega de cada renovación anual de la misma, para examinar y aprobar la garantía única de cumplimiento o sus respectivas renovaciones. Cuando Metrolínea S.A. encuentre que la póliza o sus renovaciones no cumplen los requisitos previstos en este contrato, lo comunicará así por escrito al concesionario dentro del término que se ha señalado para el examen y aprobación de la póliza, indicando de manera detallada las condiciones que se apartan de las condiciones exigidas en el presente contrato. En caso de que Metrolínea S.A. no se pronuncie dentro del término establecido, se entenderá aprobada la garantía. El concesionario contará con un término máximo de diez (10) días calendario, contados a partir de la fecha en que se le haga entrega de la comunicación de Metrolínea S.A. que contenga las observaciones a la garantía única de cumplimiento, para corregirla y remitirla nuevamente a Metrolínea S.A. El incumplimiento de este término constituirá incumplimiento por parte del concesionario y le acarreará las sanciones previstas en este contrato y la exigibilidad de la Garantía de Seriedad de la Propuesta allegada con su propuesta. Las renovaciones de la Garantía Única de Cumplimiento deberán entregarse a Metrolínea S.A. con tres (3) meses de anterioridad al vencimiento de la respectiva etapa asegurable. En caso de no renovarse la garantía para la siguiente etapa asegurable, Metrolínea S.A. podrá declarar la caducidad del contrato y hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria y la garantía de cumplimiento vigente.» (Negrilla y subrayado fuera de texto). Con relación a las causas o circunstancias que pueden dar a la declaratoria de caducidad del contrato de concesión, se estableció en el clausurado: «Cláusula 124. Declaratoria de Caducidad. Si se presenta algún incumplimiento de las obligaciones a cargo del concesionario establecidas en este contrato que afecte de manera grave y directa su ejecución, de manera tal que pueda conducir a su paralización, lo cual se presume cuando en este contrato se menciona la referencia específica a la posibilidad de decretar la caducidad, Metrolínea S.A. por medio de acto administrativo debidamente motivado podrá declarar la caducidad del contrato, en los términos y condiciones previstos en la ley 80 de 1993, o en las normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan y ordenar su liquidación en el estado en que se encuentre. Para ello se tendrán en cuenta las circunstancias previstas de manera enunciativa en la cláusula 135 del contrato.» Resulta claro conforme a las normas que del contrato de concesión regularon la obligación del contratista de amparar los riesgos inherentes al cumplimiento contractual, que si con la antelación mencionada en el literal c) 3, el concesionario no pueda mantener vigente la garantía única de cumplimiento y/o póliza de responsabilidad civil extracontractual y/o cualquiera de los amparos contenidos en pólizas de seguro, por situaciones diferentes a una “imposibilidad sobreviviente de obtener la prórroga o constituir una nueva garantía única de cumplimiento y/o una nueva póliza de responsabilidad civil extracontractual y/o cualquiera de los amparos contenidos en pólizas de seguro”, esta circunstancia habilita a la empresa pública concedente, previo procedimiento administrativo, a declarar la caducidad del contrato de concesión y hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria y la garantía de cumplimiento vigente. 2.6. EL PRINCIPIO ONUS PROBANDI INCUMBIT ACTORI. Como un desarrollo del principio de “autorresponsabilidad”, se ha establecido en el ordenamiento jurídico que corresponde a la parte que reclama en sede judicial demostrar los supuestos fácticos de la norma cuyos efectos favorables pretende se le apliquen a la teoría del caso, situación que de no darse trae como consecuencia que no se acceda a las pretensiones de la demanda, es decir, la omisión probatoria genera que el actor asuma las consecuencias patrimoniales de una situación desfavorable. Establece el artículo 167 del Código General del Proceso: “ARTÍCULO 167. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares”. Sostiene la jurisprudencia: “Las consecuencias de la omisión probatoria advertida en el plenario obedecen a lo dispuesto por el artículo 177 del C. de P. Civil, de conformidad con el cual “[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, norma que consagra, en estos términos, el principio de la carga de la prueba que le indica al juez cuál debe ser su decisión cuando en el proceso no se acreditan los hechos que constituyen la causa petendi de la demanda o de la defensa, según el caso. Carga de la prueba sustentada, como ha precisado la Sección, en el principio de autoresponsabilidad de las partes, que se constituye en requerimiento de conducta procesal facultativa exigible a quien le interesa sacar avante sus pretensiones y evitar una decisión desfavorable. (…) en el caso concreto resulta evidente que la carga de la prueba recae en quien pretende, de manera que es la parte actora la que debe soportar las consecuencias de su inobservancia o descuido, esto es, un fallo adverso a sus pretensiones (….). Independientemente de la discusión en cuanto a la asignación de la carga de la prueba en ciertas situaciones en que por las particularidades del caso el Juez decide invertir el principio según el cual le corresponde al actor demostrar los supuestos fácticos de la norma cuyos efectos favorables que pretende se le apliquen a la teoría del caso, lo cierto es que en tratándose de la pretensión indemnizatoria por concepto del daño, le corresponderá al demandante conforme a la línea jurisprudencial analizada Ut supra, demostrar los presupuestos estructurales de la responsabilidad que reclama a su favor y de los perjuicios que alega. En cuanto a las reglas que informan el postulado de la carga de la prueba y sus efectos, sostiene la jurisprudencia: “Carga de la prueba. Reglas que la informan “Son tres las reglas que informan la carga de la prueba, a saber: a) Onus probandi incumbit actori, o sea que al demandante le incumbe el deber de probar los hechos en que funda su acción; b) Reus, in excipiendo, fit actor, o sea que el demandado, cuando excepciona o se defiende, se convierte en demandante para el efecto de tener que probar a su turno los hechos en que funda su defensa; y c) Actore non probante, reus absolvitur, es decir que el demandado ha de ser absuelto de los cargos o acción del demandante, si éste no logró en el proceso probar los hechos constitutivos de su demanda.” 3. ANALISIS DEL CASO CONCRETO: EN EL PRESENTE CASO SE DIERON LOS PRESUPUESTOS NORMATIVOS Y CONTRACTUALES PARA LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN NO. DOS (2) SUSCRITO ENTRE METROLÍNEA S.A. Y MOVILIZAMOS S.A. PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, POR NO HABERSE RESTABLECIDO LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. Sostiene en síntesis el demandante en apelación, que debido a los supuestos incumplimientos que atribuyó a la sociedad pública concedente Metrolínea S.A., se generó un detrimento patrimonial de la sociedad concesionaria Movilizamos S.A., que a su vez trascendió o se extendió a las personas jurídicas – sociedades- accionistas del concesionario, quienes no tuvieron la capacidad financiera para abordar sus obligaciones con respecto a la sociedad concesionaria, lo que conllevó a la imposibilidad de renovación de la garantía de cumplimiento contractual. Expuestas estas premisas, reiteró la demandante que el déficit financiero que -supuestamente- produjo el incumplimiento en sus cargas patrimoniales por parte de la contratante Metrolínea, fue la causa directa de la imposibilidad para cumplir con su propia obligación de constituir o renovar la póliza de cumplimiento. Finalmente sostiene el apelante, que no se dieron los presupuestos para la declaratoria de caducidad del contrato de concesión por falta de renovación de la garantía de cumplimiento contractual, y que ante tal situación lo que debió proceder era la terminación por mutuo acuerdo del contrato de concesión con fundamento en la cláusula 103 del contrato. Sobre el primer cuestionamiento, particular considera este Agente del Ministerio Público que las alegaciones del recurrente en apelación tendientes a imputarle a la empresa pública concedente METROLÍNEA S.A. la “culpa” por el deterioro patrimonial de la sociedad concesionaria MOVILIZAMOS S.A., además de no ser razonables desde el punto de vista argumentativo, carecen de fundamento fáctico probatorio, toda vez que dentro del plenario del proceso no se destaca o brillan por su ausencia pruebas tendientes a demostrar alguna responsabilidad contractual del Estado concedente, sus presupuestos estructurales, ni mucho menos pruebas tendientes a demostrar cualitativa y cuantitativamente los perjuicios por los daños patrimoniales que alega el recurrente se le ocasionaron por incumplimientos de METROLÍNEA S.A., así como tampoco se demostró dentro del proceso el nexo causal entre el daño alegado -detrimento patrimonial- y la causa alegada cual es el aparente incumplimiento del estado concedente. En efecto y en aras de discusión, si lo que el demandante pretendía era alegar como causa de su incumplimiento el de su contraparte contractual, es decir conforme al artículo 1609 del Código Civil la excepción del contrato no cumplido - exceptio non adimpleti contractus – debió conforme a los requerimientos normativos y la línea jurisprudencial del Consejo de Estado demostrar los elementos estructurales necesarios para la prosperidad de ésta “pretensión” y/ o “excepción, lo cual no se hizo como acertadamente lo advirtiera el Tribunal Administrativo de Santander en la sentencia apelada, planteamientos estos que son de recibo por este Agente del Ministerio Público. Sobre el particular sostuvo el tribunal en la sentencia apelada: “La parte demandante considera que la demandada debió aplicar lo dispuesto en el artículo 1609 del Código Civil, que establece: « En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos». Con relación a este precepto aplicable a las relaciones contractuales, el Consejo de Estado ha establecido una seria de requisitos para que proceda excepcionar dicha figura: La existencia de un contrato bilateral o sinalagmático, es decir, que las obligaciones pactadas sean recíprocas, correspondientes o correlativas, lo cual implica que una de las partes se obliga a su prestación a cambio de la prestación que la otra parte le debe satisfacer. El incumplimiento de obligaciones a cargo de una de las partes contratantes. Que el incumplimiento de la administración se pueda calificar como grave, de tal manera que genere una razonable imposibilidad de cumplir por parte del contratista. Que ese incumplimiento pueda identificarse como fuente o causa del incumplimiento ante el cual se opone y que se justifique por la configuración de aquel. Que el cumplimiento de las demás obligaciones por parte de quien la invoca se encuentren cumplidas, o por lo menos exista la decisión seria y cierta de cumplirlas mediante el allanamiento correspondiente. Conforme los presupuestos establecidos por el Consejo de Estado, es posible establecer que en el presente caso no tiene cabida la excepción propuesta por el demandante para eximirse del cumplimiento de la obligación contractual que tenía de aportar la póliza de garantía de cumplimiento. Al respecto, se considera que el supuesto incumplimiento de la parte contratante no generó una imposibilidad de cumplir con la obligación de aportar la póliza de cumplimiento, pues, de lo probado en el proceso se evidencia que sí existió la posibilidad de que otra aseguradora expidiera la póliza, pero, los socios integrantes de la sociedad concesionaria no cumplieron con la carga de apoyar la garantía solicitada por Seguros del Estado. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que, aunque la entidad contratante incumpliera con sus obligaciones, el contratista estaba obligado a cumplir. Además, y, si como lo afirma la concesionaria la entidad contratante en todo momento incumplió las cláusulas del contrato, ésta bien pudo solicitar su terminación, que se declarara el incumplimiento o se le restableciera el equilibrio del contrato, lo cual no ocurrió. En relación con el segundo argumento del recurrente, relacionado con la obligación que tenía la sociedad concesionaria de aportar o restablecer la garantía de cumplimiento contractual, en los términos de los artículos 103 y 104 del contrato de concesión, se tiene, como lo advirtió el Tribunal en la sentencia apelada, que la empresa pública concedente METROLÍNEA S.A. aplicó el procedimiento de “restablecimiento” establecido en el contrato, dándole las alternativas previstas en la legislación y en el contrato para el restablecimiento de la garantía de cumplimiento, situación que no se dio como se evidenció en el procedimiento administrativo de declaratoria de caducidad, toda vez que los accionistas de MOVILIZAMOS S.A. sin explicación razonable se abstuvieron de avalar financieramente ante la aseguradora la expedición de la nueva garantía, situación ésta que no le es imputable a METROLÍNEA S.A., por lo que su negligencia, conforme al contrato de concesión encuadra dentro del supuesto normativo que habilita declarar la caducidad contractual. En efecto, establecía la cláusula 104 del contrato de concesión dos: «Cláusula 104. Aprobación de las Pólizas y Garantías. (…). El incumplimiento de este término constituirá incumplimiento por parte del concesionario y le acarreará las sanciones previstas en este contrato y la exigibilidad de la Garantía de Seriedad de la Propuesta allegada con su propuesta. Las renovaciones de la Garantía Única de Cumplimiento deberán entregarse a Metrolínea S.A. con tres (3) meses de anterioridad al vencimiento de la respectiva etapa asegurable. En caso de no renovarse la garantía para la siguiente etapa asegurable, Metrolínea S.A. podrá declarar la caducidad del contrato y hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria y la garantía de cumplimiento vigente.» (Negrilla y subrayado fuera de texto). Considera este Agente del Ministerio Público que el demandante apelante, omitió la carga probatoria que le correspondía para demostrar sus alegaciones de nulidad en contra de los actos administrativos demandados por medio de los cuales se declararon y confirmaron la caducidad del contrato de concesión dos, lo que conllevaba a que se desestimaran sus pretensiones, como en efecto lo hizo el tribunal de instancia. Basta con recordar según la jurisprudencia autorizada, las reglas que informan el postulado de la carga de la prueba y las consecuencias que se derivan de esta omisión: “Carga de la prueba. Reglas que la informan “Son tres las reglas que informan la carga de la prueba, a saber: a) Onus probandi incumbit actori, o sea que al demandante le incumbe el deber de probar los hechos en que funda su acción; b) Reus, in excipiendo, fit actor, o sea que el demandado, cuando excepciona o se defiende, se convierte en demandante para el efecto de tener que probar a su turno los hechos en que funda su defensa; y c) Actore non probante, reus absolvitur, es decir que el demandado ha de ser absuelto de los cargos o acción del demandante, si éste no logró en el proceso probar los hechos constitutivos de su demanda.” 4. CONCLUSIÓN: RESPUESTA AL PROBLEMA JURIDICO PLANTEADO. Considera este Agente del Ministerio Público que la respuesta al problema jurídico planteado es la siguiente: En el presente caso se dieron los presupuestos normativos y contractuales para la declaratoria de caducidad del contrato de concesión No dos (2) suscrito entre Metrolínea S.A. y Movilizamos S.A. para la prestación del servicio público de transporte masivo de pasajeros del sistema integrado de transporte masivo del Área Metropolitana de Bucaramanga, por no haberse restablecido la garantía de cumplimiento contractual. En consideración a lo anteriormente expuesto, considera esta delegada del Ministerio Público que la sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo de Santander del catorce (14) de marzo del dos mil veinticuatro (2024) debe ser confirmada. Del H. Magistrado, LUIS RAMIRO ESCANDON HERNANDEZ Procurador delegado con Funciones Mixtas 6 para la Conciliación Administrativa LREH/FPinzón

Fuente original

https://apps.procuraduria.gov.co/relatoria/index.jsp?option=co.gov.pgn.relatoria.frontend.component.pagefactory.PirelTemaPageFactory