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titulo: "CONTRATO DE CONCESION: la sociedad pública demandada se opuso en su integridad al petitum"
corporacion: "Procuraduría General de la Nación"
tipo: "Fallo disciplinario"
fecha: "2024-07-30"
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# CONTRATO DE CONCESION: la sociedad pública demandada se opuso en su integridad al petitum

- **Título oficial / radicado:** Decisión disciplinaria — CONTRATO DE CONCESION
- **Corporación:** Procuraduría General de la Nación
- **Tipo:** Fallo disciplinario
- **Fecha:** 2024-07-30
- **Número:** 202409270717120.DOCX
- **Sección / Sala:** PROCURADURIA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6: PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:202409270717120.DOCX
- **Fuente oficial:** https://apps.procuraduria.gov.co/relatoria/index.jsp?option=co.gov.pgn.relatoria.frontend.component.pagefactory.PirelTemaPageFactory

## Puntos clave

- Controversias contractuales: El convenio Contrato de concesión dos suscrito entre Metrolínea S.A. y Movilizamos S.A., tuvo por objeto “la prestación del servicio público de transporte masivo de pasajeros del sistema integrado del área metropolitano de Bucaramanga”.
- Declaratoria de caducidad: En punto a la terminación unilateral del contrato estatal mediante declaratoria de caducidad, sostiene la jurisprudencia
- Contrato de concesión: Garantía o seguro de cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato estatal
- Carga probatoria: Se omitió la carga probatoria que le correspondía para demostrar sus alegaciones de nulidad en contra de los actos administrativos demandados por medio de los cuales se declararon y confirmaron la caducidad del contrato de concesión.

## Fundamentos jurídicos

- Ley 80 de 1993
- Decreto Ley 262 de 2000
- Constitución Política

## Extracto

Las sociedades accionantes formularon como petición principal, la declaratoria de nulidad de la Resolución No. 279 de 30 de diciembre de 2021, por cuya virtud se declaró la caducidad del Contrato de concesión número Dos, así como el acto decisorio que la confirmó al resolver el recurso de reposición. EXCEPCIONES PREVIAS Y PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL El extremo demandante formuló sus alegatos de cierre, afincándose en la excepción de contrato no cumplido, al atribuir a la deuda que Metrolínea tiene respecto a la contratista Movilizamos así como a la impuntualidad en los pagos la generación de una situación económica precaria, al punto que ante la necesidad de obtener una extensión en la póliza de incumplimiento, no solo les fue denegada la prórroga por parte de Seguros Bolívar, como aseguradora primigenia, sino que tampoco obtuvo respuesta favorable del gremio asegurador, al negarse la expedición de la garantía única de cumplimiento.

## Descriptores temáticos

CONTRATO DE CONCESION, Garantía o seguro de cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato estatal

## Decisiones relacionadas

- [Consejo de Estado — Ante la falta de prueba de las inversiones efectuadas y su amortización, no resulta procedente acceder a lo pretendido.](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:08001233100220110114301-61252-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: se probó el cumplimiento de la concesionaria y el reiterado incumplimiento del municipio demandado](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001233300020140102301-69042-sentencia-2024-09-11.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: debe concluirse que no es procedente el reajuste del equilibrio de la ecuación prestacional pretendido por la sociedad accionante](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:88001233300020180001101-64011-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: no se desvirtuó la presunción de legalidad de la declaración de caducidad contractual](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:20001233900020140027102-70696-sentencia.md)

## Texto del documento

CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-El convenio Contrato de concesión dos suscrito entre Metrolínea S.A. y Movilizamos S.A., tuvo por objeto “la prestación del servicio público de transporte masivo de pasajeros del sistema integrado del área metropolitano de Bucaramanga”.
DECLARATORIA DE CADUCIDAD-En punto a la terminación unilateral del contrato estatal mediante declaratoria de caducidad, sostiene la jurisprudencia
En cuanto a la definición sobre este punto, se tiene que conforme al artículo 18 de la Ley 80 de 1993, la entidad pública contratante está legitimada para declarar la caducidad del contrato, previo procedimiento administrativo, por medio de acto administrativo debidamente motivado, siempre que se reúnen los siguientes requisitos: (i) un incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista; (ii) que dicho incumplimiento afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y (iii) que el mismo evidencie que puede conducir a la paralización del contrato. Según la norma en cita, dicha declaratoria trae aparejada la pérdida de los derechos que dimanaban del negocio jurídico para el contratista y, particularmente, que se traducen en: (i) dar por terminado el vínculo negocial sin que haya lugar a indemnización para el contratista; (ii) ordenar su liquidación en el estado en que se encuentre; (iii) hacer exigibles garantías por configuración del siniestro del incumplimiento; (iv) hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria y (v) configurar la inhabilidad para contratar con entidades públicas por 5 años.
CONTRATO DE CONCESIÓN-Garantía o seguro de cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato estatal
En el presente caso se dieron los presupuestos normativos y contractuales para la declaratoria de caducidad del contrato de concesión No dos (2) suscrito entre Metrolínea S.A. y Movilizamos S.A. para la prestación del servicio público de transporte masivo de pasajeros del sistema integrado de transporte masivo del Área Metropolitana de Bucaramanga, por no haberse restablecido la garantía de cumplimiento contractual. En consideración a lo anteriormente expuesto, considera esta delegada del Ministerio Público que la sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo de Santander del catorce (14) de marzo del dos mil veinticuatro (2024) debe ser confirmada.
CARGA PROBATORIA-Se omitió la carga probatoria que le correspondía para demostrar sus alegaciones de nulidad en contra de los actos administrativos demandados por medio de los cuales se declararon y confirmaron la caducidad del contrato de concesión.
Basta con recordar según la jurisprudencia autorizada, las reglas que informan el postulado de la carga de la prueba y las consecuencias que se derivan de esta omisión:
“Carga de la prueba. Reglas que la informan “Son tres las reglas que informan la carga de la prueba, a saber: a) Onus probandi incumbit actori, o sea que al demandante le incumbe el deber de probar los hechos en que funda su acción; b) Reus, in excipiendo, fit actor, o sea que el demandado, cuando excepciona o se defiende, se convierte en demandante para el efecto de tener que probar a su turno los hechos en que funda su defensa; y c) Actore non probante, reus absolvitur, es decir que el demandado ha de ser absuelto de los cargos o acción del demandante, si éste no logró en el proceso probar los hechos constitutivos de su demanda.”
PROCURADURÍA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6
PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA
CONCEPTO No.068
Bogotá D.C., 30 de julio de 2024
Señores:
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente doctor [NOMBRE TACHADO]
E. S. D.
Ref.: Proceso 68001-23-33-000-2022-00575-01 (71370)
Apelación contra sentencia primera instancia
Medio de control: Controversias contractuales
Demandante: Movilizamos S.A., sociedad conformada por las también demandantes: Lusitania S.A., SPT Lusitania, Metropolitana de servicios S.A., SPT Metroservicios, Transpiedecuesta S.A., Flotax S.A., SPT Flotax S.A., Transporte San Juan S.A., SPT San Juan S.A., Transportes Villa de San Carlos S.A., SPT Villa de San Carlos S.A.S., Ingerod S.A.S., Electromotores S.A.S., Cootragas C.T.A., Oriental de transportes S.A., SPT Oriental de transportes S.A.
Demandadas: Sociedad Metrolínea S.A. – en reestructuración
Honorable Magistrado:
En mi condición de agente de la señora Procuradora General de La Nación para intervenir en el trámite de la referencia, con fundamento en las competencias previstas en los artículos 277-7 de la Constitución Política, 30-2 del Decreto Ley 262 de 2000 y encontrándome dentro del término del traslado previsto en el inciso quinto del artículo 247-6 del Código Contencioso Administrativo, me dirijo a su H. Despacho en alusión a la acción de Controversias contractuales citada en epígrafe, encontrándose para su resolución el recurso de apelación interpuesto por la entidad accionada contra el fallo de primera instancia proferido por el Tribunal Administrativo de Santander el 14 de marzo de 2024, con ponencia de la Magistrada [NOMBRE TACHADO]; para el efecto procedo a rendir concepto en los siguientes términos:
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. LA DEMANDA: 1.1.1. Hechos de la demanda; 1.1.2. Pretensiones del extremo actor. 1.2. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA. 1.3. CRÓNICA PROCESAL Y PRÁCTICA PROBATORIA: 1.3.1. Solicitud de medida cautelar y decisión del despacho; 1.3.2. Excepciones previas y pronunciamiento del Tribunal; 1.3.3. Prescindencia de convocatoria a audiencia inicial, fijación del litigio y apertura a término para alegatos de conclusión; 1.3.4. Alegatos de conclusión. 1.4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. 1.5. RECURSO DE APELACIÓN.
LA DEMANDA
1.1.1. HECHOS DE LA DEMANDA
Las sociedades demandantes, a saber: Lusitania S.A., SPT Lusitania, Metropolitana de Servicios S.A., SPT Metroservicios, Transpiedecuesta S.A., Flotax S.A., SPT Flotax S.A., Transporte San Juan S.A., SPT San Juan S.A., Transportes Villa de San Carlos S.A., SPT Villa de San Carlos S.A.S., Ingerod S.A.S., Electromotores S.A.S., Cootragas C.T.A., Oriental de Transportes S.A. y SPT Oriental de Transportes S.A. constituyeron la sociedad Movilizamos S.A. a efectos de postularse y, como en efecto sucedió, resultar adjudicatarias del Contrato de concesión dos en que fungió como contratante Metrolínea S.A., sociedad anónima constituida por entidades públicas vinculadas al municipio de Bucaramanga.
El convenio Contrato de concesión dos suscrito entre Metrolínea S.A. y Movilizamos S.A. el 8 de febrero de 2008, tuvo por objeto “la prestación del servicio público de transporte masivo de pasajeros del sistema integrado del área metropolitano de Bucaramanga”.
Según la demandante, durante la ejecución del objeto contractual se suscitaron incumplimientos, al parecer mutuos, que por una parte habrían motivado la declaratoria de incumplimiento y caducidad contractual con las consecuencias adversas propias sobre la sociedad contratista, siendo sobre éste procedimiento que radica la actual causa petendi; por otro costado, se habría generado déficit financiero, en perjuicio de la sociedad actora quien lo atribuye a inobservancias en las obligaciones económicas contraídas por la contratante y que, según indica, ascenderían a los nueve mil millones de pesos.
Estas afirmaciones lucen relevantes pues en ellas se afinca la incapacidad monetaria aducida por la sociedad Movilizamos, que le habrían impedido cumplir con la obligación de adquirir garantía única de cumplimiento en amparo de la actividad contractual, primordialmente ante la negativa prórroga por parte de la aseguradora Bolívar que había fungido como garante del clausulado primigenio, y fue ésta la infracción que motivó la declaratoria de caducidad.
Según se expuso en el petitum, se agotaron intentos por obtener el amparo del ramo asegurador encontrándose la negativa por parte de las entidades aseguradoras para expedir la póliza, lo que finalmente conllevó a que la sociedad contratante agotara el procedimiento para declarar la caducidad; puntualmente reprocha la demandante que la administración habría incurrido en inobservancia al debido proceso, al surtir en forma tardía el traslado de las pruebas que sustentarían la declaratoria de incumplimiento y que algunas se encontraban incompletas, así como circunstancias que habrían entorpecido las declaraciones presentadas en audiencia.
En audiencia instaurada el 30 de diciembre de 2021 se notificó la Resolución No. 279 de la misma calenda, por cuya virtud se declaró la caducidad del contrato, e hizo extensivos sus efectos a las personas jurídicas que conformaron la sociedad contratista, y se impuso cláusula penal pecuniaria; frente a estas determinaciones se interpuso recurso de reposición desatado en sentido confirmatorio.
1.1.2. PRETENSIONES DEL EXTREMO ACTOR
Las sociedades accionantes formularon como petición principal, la declaratoria de nulidad de la Resolución No. 279 de 30 de diciembre de 2021, por cuya virtud se declaró la caducidad del Contrato de concesión número Dos, así como el acto decisorio que la confirmó al resolver el recurso de reposición.
A título de restablecimiento del derecho se solicitó dejar sin efectos las consecuencias jurídicas derivadas de la declaratoria de caducidad, el reembolso de las sumas que se pagaren o compensaren con crédito a favor de la demandante.
En forma subsidiaria, en el evento de accederse a una nulidad parcial, se solicitó la reducción en el monto de la sanción impuesta a título de cláusula penal; y por último se pidió condena de costas, agencias en derecho e indexación de las condenas con cargo a la sociedad demandada.
Las pretensiones se afincaron en los siguientes conceptos de vulneración que motivarían la petición anulatoria: i) Falta de aplicación del literal d) de la cláusula 103 del contrato, relativa a las alternativas a la vigencia de la póliza; ii) falta de aplicación del artículo 1609 del Código Civil, por excepción de contrato no cumplido; iii) falta de competencia del funcionario que declaró la caducidad; iv) expedición irregular de los actos administrativos; v) desconocimiento del derecho de audiencia y defensa; vi) falsa motivación; y, vii) desviación de poder.
1.2. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA
La sociedad pública demandada se opuso en su integridad al petitum, bajo las excepciones de mérito de falta de legitimación en la causa por activa e inexistencia del contrato, por cuanto la demanda fue promovida a nombre de sociedades que no fungieron como sujetos contractuales, toda vez que no existió vinculación alguna entre la administración y las personas jurídicas que promovieron el proceso judicial.
Esgrimió igualmente que no existió vulneración a los derechos de defensa de la concesionaria, y que el incumplimiento estuvo plenamente demostrado.
1.3. CRÓNICA PROCESAL Y PRÁCTICA PROBATORIA
1.3.1. SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR Y DECISIÓN DEL DESPACHO
La parte accionante solicitó la suspensión provisional de los efectos de la Resolución No. 279 de 30 de diciembre de 2021, para lo cual adujo una violación sustancial por lo cual adolecería de ilegalidad, además del desconocimiento del derecho de audiencia y defensa a la sancionada.
Previo traslado y pronunciamiento de la contraparte, esta petición fue denegada mediante proveído del 27 de febrero de 2023, al considerar que no se evidenció ilegalidad palmaria en los actos debatidos que motivaran la suspensión de sus efectos jurídicos.
Por una parte, consideró la actuación ajustada a las previsiones contractuales, primordialmente en lo concerniente a la cláusula 103 relativa a “alternativas a la vigencia de la póliza”, pues aunque Seguros Bolívar como garante primigenio denegó la prórroga de su amparo, estimó el a quo que su expedición se encontraba bajo análisis de Seguros del Estado sin que obrara constancia de respuesta negativa por parte de ésta entidad, de lo cual se infiere interés de su parte para emitir la póliza requerida en cobertura del riesgo contractual.
Desató la excepción de contrato no cumplido que formuló la contratista para incoar la suspensión provisional, encontrándola infundada por ameritar resolución de fondo cuyo abordaje era improcedente e impertinente en tan temprana fase procesal; igual motivación sustentó el despacho frente al cargo de desconocimiento al derecho de audiencia y defensa.
En cuanto a la falta de competencia para expedir el acto decisorio, que se fundó en la delegación efectuada al Secretario General quien ostentaba la calidad de Gerente suplente, consideró el Tribunal que tal atribución fue previa a la declaratoria de caducidad, tratándose de una asignación puntual y concreta, que contrario a lo que aseveró el actor no requería ni ameritaba en manera alguna la notificación a terceros; así mismo concluyó que la Gerencia tampoco requería la expedición de acto administrativo para reasumir las facultades que en principio le eran propias, objeto de delegación, pues su reanudación de la función administrativa operaba de pleno derecho.
1.3.2. EXCEPC

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

ivos y la línea jurisprudencial del Consejo de Estado demostrar los elementos estructurales necesarios para la prosperidad de ésta “pretensión” y/ o “excepción, lo cual no se hizo como acertadamente lo advirtiera el Tribunal Administrativo de Santander en la sentencia apelada, planteamientos estos que son de recibo por este Agente del Ministerio Público.
Sobre el particular sostuvo el tribunal en la sentencia apelada:
“La parte demandante considera que la demandada debió aplicar lo dispuesto en el artículo 1609 del Código Civil, que establece: « En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos».
Con relación a este precepto aplicable a las relaciones contractuales, el Consejo de Estado ha establecido una seria de requisitos para que proceda excepcionar dicha figura:
La existencia de un contrato bilateral o sinalagmático, es decir, que las obligaciones pactadas sean recíprocas, correspondientes o correlativas, lo cual implica que una de las partes se obliga a su prestación a cambio de la prestación que la otra parte le debe satisfacer.
El incumplimiento de obligaciones a cargo de una de las partes contratantes.
Que el incumplimiento de la administración se pueda calificar como grave, de tal manera que genere una razonable imposibilidad de cumplir por parte del contratista.
Que ese incumplimiento pueda identificarse como fuente o causa del incumplimiento ante el cual se opone y que se justifique por la configuración de aquel.
Que el cumplimiento de las demás obligaciones por parte de quien la invoca se encuentren cumplidas, o por lo menos exista la decisión seria y cierta de cumplirlas mediante el allanamiento correspondiente.
Conforme los presupuestos establecidos por el Consejo de Estado, es posible establecer que en el presente caso no tiene cabida la excepción propuesta por el demandante para eximirse del cumplimiento de la obligación contractual que tenía de aportar la póliza de garantía de cumplimiento. Al respecto, se considera que el supuesto incumplimiento de la parte contratante no generó una imposibilidad de cumplir con la obligación de aportar la póliza de cumplimiento, pues, de lo probado en el proceso se evidencia que sí existió la posibilidad de que otra aseguradora expidiera la póliza, pero, los socios integrantes de la sociedad concesionaria no cumplieron con la carga de apoyar la garantía solicitada por Seguros del Estado.
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que, aunque la entidad contratante incumpliera con sus obligaciones, el contratista estaba obligado a cumplir. Además, y, si como lo afirma la concesionaria la entidad contratante en todo momento incumplió las cláusulas del contrato, ésta bien pudo solicitar su terminación, que se declarara el incumplimiento o se le restableciera el equilibrio del contrato, lo cual no ocurrió.
En relación con el segundo argumento del recurrente, relacionado con la obligación que tenía la sociedad concesionaria de aportar o restablecer la garantía de cumplimiento contractual, en los términos de los artículos 103 y 104 del contrato de concesión, se tiene, como lo advirtió el Tribunal en la sentencia apelada, que la empresa pública concedente METROLÍNEA S.A. aplicó el procedimiento de “restablecimiento” establecido en el contrato, dándole las alternativas previstas en la legislación y en el contrato para el restablecimiento de la garantía de cumplimiento, situación que no se dio como se evidenció en el procedimiento administrativo de declaratoria de caducidad, toda vez que los accionistas de MOVILIZAMOS S.A. sin explicación razonable se abstuvieron de avalar financieramente ante la aseguradora la expedición de la nueva garantía, situación ésta que no le es imputable a METROLÍNEA S.A., por lo que su negligencia, conforme al contrato de concesión encuadra dentro del supuesto normativo que habilita declarar la caducidad contractual.
En efecto, establecía la cláusula 104 del contrato de concesión dos:
«Cláusula 104. Aprobación de las Pólizas y Garantías. (…).
El incumplimiento de este término constituirá incumplimiento por parte del concesionario y le acarreará las sanciones previstas en este contrato y la exigibilidad de la Garantía de Seriedad de la Propuesta allegada con su propuesta. Las renovaciones de la Garantía Única de Cumplimiento deberán entregarse a Metrolínea S.A. con tres (3) meses de anterioridad al vencimiento de la respectiva etapa asegurable. En caso de no renovarse la garantía para la siguiente etapa asegurable, Metrolínea S.A. podrá declarar la caducidad del contrato y hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria y la garantía de cumplimiento vigente.» (Negrilla y subrayado fuera de texto).
Considera este Agente del Ministerio Público que el demandante apelante, omitió la carga probatoria que le correspondía para demostrar sus alegaciones de nulidad en contra de los actos administrativos demandados por medio de los cuales se declararon y confirmaron la caducidad del contrato de concesión dos, lo que conllevaba a que se desestimaran sus pretensiones, como en efecto lo hizo el tribunal de instancia.
Basta con recordar según la jurisprudencia autorizada, las reglas que informan el postulado de la carga de la prueba y las consecuencias que se derivan de esta omisión:
“Carga de la prueba. Reglas que la informan “Son tres las reglas que informan la carga de la prueba, a saber: a) Onus probandi incumbit actori, o sea que al demandante le incumbe el deber de probar los hechos en que funda su acción; b) Reus, in excipiendo, fit actor, o sea que el demandado, cuando excepciona o se defiende, se convierte en demandante para el efecto de tener que probar a su turno los hechos en que funda su defensa; y c) Actore non probante, reus absolvitur, es decir que el demandado ha de ser absuelto de los cargos o acción del demandante, si éste no logró en el proceso probar los hechos constitutivos de su demanda.”
4. CONCLUSIÓN: RESPUESTA AL PROBLEMA JURIDICO PLANTEADO.
Considera este Agente del Ministerio Público que la respuesta al problema jurídico planteado es la siguiente:
En el presente caso se dieron los presupuestos normativos y contractuales para la declaratoria de caducidad del contrato de concesión No dos (2) suscrito entre Metrolínea S.A. y Movilizamos S.A. para la prestación del servicio público de transporte masivo de pasajeros del sistema integrado de transporte masivo del Área Metropolitana de Bucaramanga, por no haberse restablecido la garantía de cumplimiento contractual.
En consideración a lo anteriormente expuesto, considera esta delegada del Ministerio Público que la sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo de Santander del catorce (14) de marzo del dos mil veinticuatro (2024) debe ser confirmada.
Del H. Magistrado,
LUIS RAMIRO ESCANDON HERNANDEZ
Procurador delegado con Funciones Mixtas 6 para la Conciliación Administrativa
LREH/FPinzón

## Cómo citar esta fuente

Procuraduría General de la Nación. Fallo disciplinario Decisión disciplinaria — CONTRATO DE CONCESION. 2024-07-30. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:202409270717120.DOCX).
