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CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-Que se declare nulidad de resolución que liquida unilateralmente un contrato de obra
COMPETENCIA-Para expedir el acto administrativo de declaratoria de siniestro, después de liquidado el contrato de obra.
FALSA MOTIVACION-Por parte de las empresas publicas de sopó, al decretar el incumplimiento y/o al declarar el siniestro del contrato
DEBIDO PROCESO-Violación al principio por no agotarse un procedimiento previo a la expedición del acto que declaró el siniestro
FUERZA MAYOR-Afectó el cumplimiento del objeto contractual
ACCION DE CONTROVERSIA CONTRACTUAL-Fundamento legal
La acción de controversias contractuales, se encuentra regulada conforme a lo dispuesto en el art. 141 de la Ley 1437 de 2011, que señala:
“(…)
Cualquiera de las partes de un contrato del Estado podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y condenas. Así mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta no se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su defecto, del término establecido por la ley.
CONTRATO ESTATAL-El objeto
Respecto a la finalidad que persiguen los contratos estatales, resulta pertinente traer a colación las siguientes consideraciones del Consejo de Estado:
“(…)
El objeto de los contratos que celebran las entidades públicas, persigue el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Por consiguiente, la causa del contrato es la satisfacción de las necesidades colectivas y de interés general a cuyo logro deben colaborar quienes contratan con la administración, no obstante que pretendan obtener con su ejecución un beneficio económico inicialmente calculado.
De acuerdo con esta orientación, los contratos estatales están poderosamente influidos por el fin que ellos involucran, cuál es el interés público, lo que determina, por una parte, que no le es permitido a la administración desligarse de la forma como los particulares contratistas realizan la labor encomendada a través del contrato; y de otra, que el contratista ostente la posición de colaborador de la entidad.
Es decir, con el contrato se pretende la realización de un fin de interés general, pues es un medio que utiliza la administración pública para la consecución de los objetivos Estatales, el desarrollo de sus funciones y la misión que le ha sido confiada, con la colaboración o contribución de los particulares contratistas, los cuales concurren a su formación persiguiendo un interés particular, que consiste en un provecho económico o lucro que los mueve a contratar y que se traduce en un derecho a una remuneración previamente estipulada, razonable, proporcional y justa, como retribución por el cumplimiento del objeto contractual.
Es entonces, la razonable contraprestación económica la que permite que exista un adecuado balance entre el interés público que anima al Estado a contratar y el interés individual que estimula a los particulares colaboradores a obligarse a suministrar los bienes y servicios objeto del contrato para contribuir con el cumplimiento de los fines de la contratación, el cual debe ser calculado y previsto al tiempo de proponer y contraer el vínculo contractual.
Así, al nacimiento del contrato, las partes conocen o saben el provecho que les reportará, sobre la base de una equivalencia de prestaciones; por un lado, la administración persigue la consecución de los fines del Estado y, por otro lado, el contratista un beneficio económico en su favor, de suerte que es en ese instante de asunción del vínculo en el que se regula la economía del acuerdo en forma simétrica, constituyéndose una ecuación financiera que deberá preservarse en su ejecución
(…)”.
RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL-Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha dicho:
El contrato legalmente celebrado vincula a las partes y las obliga a ejecutar las prestaciones convenidas, de modo que si una de ellas incumple las obligaciones que se impuso, faculta a la otra para demandar bien que se le cumpla, que se le resuelva el contrato o al pago de los perjuicios que se le hayan causado por el incumplimiento, pretendiendo estos últimos ya de manera principal (arts. 1610 y 1612 del C.C.) o ya de manera accesoria o con secuencial (arts. 1546 y 1818 del Código Civil) los que encaminan a proporcionar a la parte cumplida una satisfacción pecuniaria de los daños ocasionados
(…)"
DECLARATORIA DE SINIESTRO-La empresa contratante podía declararlo
En este sentido, en concordancia con la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, para esta Delegada es claro que la administración estaba habilitada para adoptar la decisión tomada, esto es, que la empresa contratante podía declarar el siniestro, tal como lo formalizó por medio de la Resolución No. 027 de 2015 del 18 de febrero de 2015, ya que una entidad pública tiene dos años después del conocimiento del hecho constitutivo, para declarar la ocurrencia del siniestro de las obligaciones incumplidas del contratista, el cual debe suceder durante la vigencia del seguro.
Se recalca entonces que la entidad conservaba la facultad de la declaratoria del siniestro, incluso después de la liquidación del contrato, aunque su declaración se produzca después del vencimiento del mismo.
LIQUIDACION-Debido al vencimiento del plazo contractual en concordancia con la imposibilidad material y jurídica que constituye fuerza mayor
ERROR-Consistió en tomar el saldo inejecutado del contrato como un monto o un capital que corresponde a un perjuicio.
CONCEPTO No. 053/2019
Bogotá D.C., 29 de abril de 2019
SEÑORES
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “A”
Consejera Ponente
Doctora [NOMBRE TACHADO]
E. S. D.
EXPEDIENTE: 25000233600020150246100 (62645)
ACCIÓN: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
ACTOR: TRAING TRABAJOS DE INGENIERÍA LTDA
ACCIONADO: EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ
Sentido del concepto: Solicitud de REVOCAR la sentencia recurrida, que denegó las súplicas de la demanda // caso en el que el contratista solicita decretar la nulidad de las Resoluciones 189 de 2014, 019 de 2015 mediante la cuales se liquidó unilateralmente el contrato No. 023 de 2010 y de las Resoluciones 027 y 059 de 2015, que declaró el siniestro del anticipo // Falsa motivación, porque según el contratista no se configuró la fuerza mayor// Temas: //violación al principio de planeación //Dictamen pericial//.
El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, en ejercicio de la función de la Procuraduría General de la Nación, de vigilancia del cumplimiento del orden jurídico, protección del patrimonio público, y de los derechos y las garantías fundamentales. Para lo anterior, presenta ante la Sala, los siguientes elementos:
ANTECEDENTES
Demanda:
El 27 de octubre de 2015, TRAING TRABAJOS INGENIERIA LTDA a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción contractual consagrada en el artículo 141 de la Ley 1437 de 2011, radicó ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, demanda contentiva de Acción Contractual en contra EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ, y elevó las siguientes pretensiones:
“(…)
PRIMERA: Que Se declare la nulidad de la resolución No.189 del 07 de noviembre del 2014 "por medio de la cual se liquida unilateralmente el contrato de obra No. 023 de 2010”
(…)
SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 019 del 2 de febrero de 2015 “por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto en contra de la resolución administrativa No. 189 de 2014”
(…)
TERCERA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 027 del 18 de febrero de 2015 "por medio de la cual se declara la existencia de un siniestro acaecido dentro del contrato de obra N°.023 de 2010 y se adoptan otras determinaciones"
(…)
CUARTA: Que se declare responsable contractual y patrimonialmente a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ -EMSERSOPÓ, por los perjuicios materiales ocasionados a la sociedad TRAING TRABAJOS DE INGENIERÍA S.A.S., a título de daño emergente y lucro cesante, atribuible a la falta de planeación contractual lo que impidió ejecutarse el contrato conforme a lo pactado, en la forma y tiempos debidos.
QUINTA: Como consecuencia de lo anterior se restablezca el equilibrio económico del contrato con ocasión de la no obtención de las utilidades pactadas, y se ordene el pago de los perjuicios causados a título de daño emergente y lucro cesante.
(…)
Condenatorias
PRIMERA: Como consecuencia de la prosperidad de las PRETENSIONES CUARTA Y QUINTA declarativas, se condene a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ -EMSERSOPÓ, a pagar a favor de la Sociedad TRAING TRABAJOS DE INGENIERÍA S.A.S., los perjuicios relativos al daño emergente y al lucro cesante, conforme se establezca dentro del proceso.
SEGUNDA: Que el valor de las pretensiones de condena sean actualizadas al momento de su pago efectivo y sobre ellas procedan los intereses a la tasa legal aplicable.
TERCERA: Condenar en costas a la entidad demandada.
(…)”
Contestación de la Demanda por EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ –EMSERSOPÓ
Se opuso a la totalidad de las pretensiones y solicitó se declare la legalidad de los actos administrativos demandados, se absuelva la responsabilidad de la entidad y se abstenga de ordenar pagos a favor de la demandante y se le condene en costas.
Frente a la liquidación unilateral del contrato no existe falsa motivación, ya que se pudo continuar ejecutando el contrato; en atención a la configuración de fuerza mayor, relacionada con la oposición de la comunidad de continuar con la obra.
En cuanto a la falsa motivación por improcedencia de la devolución del anticipo no amortizado, aclaró que el demandante confunde el monto del anticipo no amortizado, con el monto de los pagos no amortizados; ya que el ARTICULO CUARTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL así lo expresa “…Requerir al contratista [NOMBRE TACHADO], de conformidad con la parte motiva e la presente resolución, para que restituya en máximo de un mes a favor de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE ($385.888.407,13) suma debidamente indexada, correspondiente a la faltante de amortizar a título de anticipo y a valores cancelados por anticipado y no ejecutados dentro del contrato de obra No. 023 de 2010”
Añade que el mismo demandante termina reconociendo en la demanda “que el valor del anticipo sin amortizar es por la suma de $197.224.248,44; pero omite mencionar que los saldos por pagos anticipados obedecen a la diferencia entre las sumas recibidas por tal concepto y, la cantidad de obra ejecutada.
Aclara que la administración no necesita demostrar la mala inversión del anticipo o los pagos anticipados, puesto que la razón jurídica de su devolución es que no existe ejecución de obra a favor de la Entidad que amerite la retención de las sumas, es decir que de no devolverse ellas se presentaría un detrimento patrimonial a la entidad y un enriquecimiento injustificado para el demandante, puesto que se debía apropiar los recursos públicos, sin contraprestación alguna. El demandante no objeta el monto de ejecución de la obra que es la forma de controvertir la inversión de las sumas recibidas en ella y por consiguiente de la legalidad de la no devolución de las mismas.
Con relación a la declaratoria de ocurrencia del siniestro, afirmó que no se configura ninguna de las causales de ilegalidad, por cuanto el incumplimiento de las obligaciones del contratista, quedó establecido desde la liquidación del contrato razón por la cual no habría lugar a realizar nuevamente dicho procedimiento.
Finaliza este punto indicando que en cambio la no devolución del anticipo no amortizado, deriva el mal manejo del mismo y por ende constituye el siniestro al que se refiere el acto demandado en el cual no se menciona para nada mal manejo.
Respecto a la Resolución No. 027 de 2015, mediante el cual se declaró el siniestro, considera que no se aplicó lo estipulado en el artículo 86 de la Ley 1474, en relación con las multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento que en el presente caso son inexistentes. Alega que el caso en cuestión tiene que ver con diferencias entre dineros recibidos y monto ejecutado, lo cual no se funda en incumplimiento del contratista sino en fuerza mayor, por tanto no se declaró el incumplimiento ni se le impuso sanción o multa, sino que simplemente se requiere para devolución de dinero que no corresponde a obras ejecutadas.
Agrega que el hecho anterior corresponde a un procedimiento de liquidación del contrato que se agotó íntegramente con la participación del contratista, cuya renuencia motivó la declaratoria unilateral, tal como se estableció en los hechos se realizaron mesas de trabajo para la liquidación.
Con relación a la falta de competencia, ya que la Resolución que declaró el siniestro se expidió después de la liquidación unilateral.
Considera que el demandante incurre en inequívocos, pues olvida que el acto administrativo que declara el siniestro y que debidamente cita en su demanda es la Resolución No. 189 de 2014, en el que expresamente se señala que en el caso de no reintegro del anticipo se declara el siniestro de buen manejo del anticipo, de manera tal que el acto administrativo respectivo es un acto de ejecución y no de declaración, por esto se refiere a dos cuantías distintas una la devolución de las sumas anticipadas y la otra al monto del amparo por manejo del anticipo establecido en la respectiva póliza.
En lo concerniente a la falsa motivación y desviación de poder, al declarar la ocurrencia del siniestro relativo al anticipo en su totalidad.
Aquí aclara que la aseguradora se allanó al pago de la obligación establecida en la Resolución que declaró el siniestro. En consecuencia, los derechos litigiosos derivados de ello corresponden en su integridad a dicha empresa (Seguros del Estado) careciendo de legitimidad el demandante para su reclamación.
Propuso las siguientes excepciones de mérito:
Falta de legitimidad en causa por pasiva
Fundamenta esta excepción en el hecho de que la Aseguradora se allanó a realizar el pago ordenado en los actos administrativos cuya nulidad se solicitó, por lo que los derechos litigiosos le corresponden a ella y no a la demandante. Además los actos administrativos no produjeron perjuicio alguno al demandante.
Cobro de lo no debido
Fundamenta esta excepción en el hecho de que la utilidad esperada por el contratista constituye un cobro indebido a su favor, dado que el contrato termina por fuerza mayor y no por indebida planificación y que la utilidad sobre lo ejecutado le fue reconocida en los pagos efectuados.
Sentencia de primera instancia:
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de Sentencia del 7 de junio de 2018, denegó las súplicas de la demanda. En efecto, el a-quo en primer lugar analizó si se presentó falsa motivación en los hechos que rodearon la declaratoria unilateral del contrato No. 023 de 2010.
Señala el a-quo, la primera precisión tiene que ver con el incumplimiento del principio de planeación que impide la ejecución del objeto contractual, no es una circunstancia imputable exclusivamente a la entidad estatal, pues también involucra al contratista, quien en su condición de colaborador de la administración no puede suscribir contratos, cuya ejecución era imposible cumplir su finalidad.
La segunda precisión guarda relación con la carga probatoria que le asiste a la parte actora de demostrar, que las deficiencias en los diseños es la causa eficiente, que impidió la ejecución del objeto contractual.
Agrega que en este caso, no puede alegarse el desconocimiento del principio de planeación como causal de nulidad del acto administrativo, cuando fueron las mismas partes quienes lo vulneraron durante la ejecución de la obra; más aún, si el demandante, en ningún caso alude que en esta decisión existió error, fuerza o dolo.
Concluye que no está demostrado que existió el desconocimiento del principio de planeación en la etapa precontractual, toda vez, que fue durante la ejecución de la obra, y ante una decisión de conveniencia patrimonial, que las partes contractuales decidieron modificar la totalidad de los diseños de la fase 2 y 3, vulnerando el principio de planeación, sin embargo esta circunstancia no configura la causal de falsa motivación, por cuanto la vulneración del principio de planeación (cambio de diseños) conllevó a que las partes contractuales estuvieran de acuerdo, en que la imposibilidad de la ejecución de la obra obedeció a una fuerza mayor, relacionada con la oposición de la comunidad de ejecutar la obra dentro del conjunto residencial Cacique de Sopó imponiéndoles una servidumbre que no está contemplada en el trazado inicial.
Como segundo aspecto, el A-quo analizó la falta de competencia alegada por la parte actora en razón a que el acto administrativo se habría expedido después del acto unilateral. Ante lo cual el Tribunal indica su conformidad con el acto imputado, por cuanto el hecho de la administración cumple con los formalismos requeridos, y, además, porque de acuerdo con señalamientos del Consejo de Estado, el acto administrativo se puede realizar incluso después de la liquidación.
De otra parte, señala que la entidad podía declarar el siniestro en un solo acto administrativo, no obstante, decidió adoptar la decisión en dos actos; en el primero (liquidación del contrato) determinó la configuración del siniestro, y en el segundo, realizó la afectación del contrato de seguro.
En tercer lugar, estudió la segunda causal de ilegalidad invocada (vulneración al debido proceso) y concluye que las EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ no vulneró el debido proceso al contratista, por cuanto agotó el procedimiento administrativo previo a la declaración del acto que declaró la ocurrencia del siniestro.
En cuarto lugar, se refirió a la tercera causal de ilegalidad (falsa motivación), relacionada con la tasación del perjuicio, toda vez que la entidad estatal hizo efectivo el riesgo asegurado en la suma de $986.121.243; sin embargo se desconocen la razones por las cuales realizó esta tasación, ya que en la liquidación unilateral del contrato de obra No. 023 de 2010, el siniestro de incumplimiento se estableció solamente en $385.888.407,13.
En consecuencia, indica el Tribunal, que, en casos como el presente, en donde la parte actora incumple su carga procesal probatoria de desvirtuar la configuración del siniestro, pero, a su vez, la entidad estatal no motiva la cuantificación del perjuicio, la decisión judicial, debe estar destinada a modificar solamente la tasación del perjuicio.
Deja claro el a-quo que una cosa son los elementos relacionados con la responsabilidad contractual y otro es el perjuicio ocasionado como tal.
Por consiguiente afirma que: ante el incumplimiento de la carga probatoria de la parte actora quedan incólumes dos puntos. A. que el contratista incumplió sus obligaciones contractuales, y, B. el valor pactado por incumplimiento es $385.888.407,13, por ende, ese es el valor procedente en el caso, para ajustar el valor del siniestro con lo inicialmente pactado.
En ese orden de ideas, el Tribunal orienta su decisión a declarar la nulidad parcial de la Resolución 027 del 18 de febrero de 2015, en el sentido de modificar el artículo segundo en cuanto al monto allí determinado.
Por lo tanto, concluye el Tribunal de Primera Instancia, que no habrá lugar a acceder a las demás pretensiones de la demanda.
1.4. Recurso de apelación interpuesto por la parte actora:
Por su parte, el apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la providencia de primera instancia. En dicho recurso, el accionante afirma que la providencia recurrida debe ser revocada, por cuanto desconoce que los actos acusados no garantizaron el debido proceso, de conformidad con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
Argumenta que el Tribunal se equivocó al indicar que el acto que declaró la ocurrencia del siniestro no requería agotar el debido proceso del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, y al señalar que éste se había agotado en la liquidación bilateral.
Expresa además el apelante en su recurso, que se trató simplemente de una citación al contratista para liquidar bilateralmente el contrato, y que también se incurrió en error por parte de la demandada por no convocar a la aseguradora a tal evento ni mucho menos se anunciaba la celebración de una audiencia para rendir descargos y con todos los demás requisitos que señala la norma.
Añade que la providencia recurrida debe ser revocada, por cuanto es totalmente contradictoria en su motivación admitiendo de un lado que el contrato no pudo ejecutarse por fuerza mayor, pero a la vez concluye que la no amortización de la totalidad del anticipo es atribuible al contratista a título de incumplimiento.
Señala que las EMPRESAS PUBLICAS DE SOPÓ afirman que el contratista no cumplió el contrato por cuanto existió una razón poderosa de fuerza mayor y de otro lado si se observa desde la óptica de la parte demandante se aduce una falta de planeación contractual, lo que traduce en que en ninguno de los casos citados se configuraría un incumplimiento del contratista.
En lo referente a este punto, finaliza argumentando que el acto administrativo demandado adolece de falsa motivación, en tanto que los fundamentos de hecho y de derecho para exigir la devolución del anticipo en su totalidad son inexistentes, por lo tanto considera que se vulneró el principio de buena fe y se consolidó una desviación de poder por parte del contratante, entidad que pretende a su juicio lucrarse indebidamente del contrato de seguros.
Seguidamente se adentra en un análisis de los valores dejados de amortizar, indicando que como el valor del anticipo fue $986.121.243, y se realizaron dos amortizaciones por sumas exactamente iguales de $394.448.497,28, quedó un valor por amortizar de $197.224.248,44.
Además de lo anterior, señala que el Tribunal se equivoca, puesto que según el apelante, pese a que esa instancia admitió la fuerza mayor, después de ello, deduzca que el contratista incumplió sus obligaciones y lo conmine a devolver el valor del anticipo no amortizado, sin tener en cuenta que tal valor fue debidamente invertido por el contratista en la ejecución de las obras, todo lo cual esta soportado según el dictamen pericial aportado al proceso como objeción por error grave.
En numeral 3, el apelante argumenta que la providencia recurrida debe ser revocada por cuanto es totalmente contradictoria en su motivación, pues, por un lado admite la existencia de un siniestro para legitimar la facultad de la administración posterior a la liquidación, pero de otro lado, explica la inexistencia del siniestro declarado.
Indica el apelante, que otro aspecto está relacionado con su argumentación expuesta acerca de la falta de competencia de la entidad contratante para haber declarado el siniestro después de haber liquidado el contrato. En este sentido, crítica la posición del Tribunal al despachar esta observación de manera rápida cuando indica: “las entidades estatales pueden declarar la ocurrencia del siniestro después de liquidado el contrato”.
Ahora bien, lo que indica el apelante de la parte actora como un reproche al Tribunal es la línea, según él, tan confusa y contradictoria, pues aunque este actor termina admitiendo que efectivamente si se puede declarar la ocurrencia del siniestro después de liquidado el contrato, esto debe referirse a los actos propios de la fase post-contractual como son la calidad o estabilidad de la obra, este siniestro no puede referirse al incumplimiento del contrato.
Indica el apelante que hay un límite legal para declarar el incumplimiento del contrato, y que ella es precisamente la liquidación, según este actor, posterior a ello, no puede realizarse ninguna actividad tal como declaratoria de siniestro, ni declaratoria de incumplimiento ni otro tipo de reclamos.
Seguidamente, en acápite independiente numeral 4, el apelante de la parte actora plantea otros argumentos a reclamar como lo son: que el Tribunal no se pronunció sobre la objeción por error grave presentado en contra del dictamen pericial que se practicó dentro del proceso.
De igual manera reitera que las auténticas razones que llevaron a la inejecución del contrato fueron entre otras: la imposibilidad jurídica y material para continuar con la ejecución de la obra. La fuerza mayor que impide la continuación de la obra, la indebida planeación contractual que según este actor quedó demostrado en eventos como falta de cálculo adecuado del tiempo requerido por la obra, falta de diseños definitivos aprobados, falta de permisos por parte de los propietarios de los predios, etc., cuya cuantificación establece esta parte en $273.288.473 como total que se debe reconocer por utilidad dejada de percibir, cuantía que según él se encuentra en el dictamen pericial objetado. Además, en cuadro anexo solicita un gran total de $735.845.284 al calcular inflación, pólizas y otros costos.
Por todo lo expuesto anteriormente, la parte actora solicita la revocatoria del fallo recurrido y en su lugar que se decrete la prosperidad de las pretensiones.
CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO
2.1. Problemas jurídicos
De acuerdo con los reparos manifestados en el recurso de apelación interpuesto por la parte accionada, en el presente caso es conducente analizar:
Problemas planteados por el Ministerio Público:
¿Tenían LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ la competencia para expedir el acto administrativo de declaratoria de siniestro, después de liquidado el contrato No. 023 de 2010?.
¿Adolecen de nulidad las Resoluciones No.189 del 7 de noviembre de 2014, 019 del 2 de febrero de 2015, mediante la cual se liquidó el contrato; además las Resoluciones No. 027 del 18 de febrero de 2015 y 059 del 3 de abril de 2015, donde se declaró la existencia del siniestro de incumplimiento?
¿Existió una falsa motivación por parte de las EMPRESAS PUBLICAS DE SOPÓ, al decretar el incumplimiento y/o al declarar el siniestro del contrato No. 023 de 2010.
¿Se dio la vulneración del principio de planeación en el acuerdo de voluntades No. 023 de 2010 bajo investigación?.
¿Existió violación al principio del debido proceso, por no agotarse un procedimiento previo a la expedición del acto que declaró el siniestro?
¿El acto de fuerza mayor afectó el cumplimiento del objeto contractual?
2.2. Análisis Jurídico
La acción de controversias contractuales, se encuentra regulada conforme a lo dispuesto en el art. 141 de la Ley 1437 de 2011, que señala:
“(…)
Cualquiera de las partes de un contrato del Estado podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y condenas. Así mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta no se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su defecto, del término establecido por la ley.
Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual, podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y 138 de este Código, según el caso.
El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrán pedir que se declare la nulidad absoluta del contrato. El juez administrativo podrá declararla de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en él hayan intervenido las partes contratantes o sus causahabientes.
(…)”
2.2.1. El objeto de los contratos estatales.
Respecto a la finalidad que persiguen los contratos estatales, resulta pertinente traer a colación las siguientes consideraciones del Consejo de Estado:
“(…)
El objeto de los contratos que celebran las entidades públicas, persigue el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Por consiguiente, la causa del contrato es la satisfacción de las necesidades colectivas y de interés general a cuyo logro deben colaborar quienes contratan con la administración, no obstante que pretendan obtener con su ejecución un beneficio económico inicialmente calculado.
De acuerdo con esta orientación, los contratos estatales están poderosamente influidos por el fin que ellos involucran, cuál es el interés público, lo que determina, por una parte, que no le es permitido a la administración desligarse de la forma como los particulares contratistas realizan la labor encomendada a través del contrato; y de otra, que el contratista ostente la posición de colaborador de la entidad.
Es decir, con el contrato se pretende la realización de un fin de interés general, pues es un medio que utiliza la administración pública para la consecución de los objetivos Estatales, el desarrollo de sus funciones y la misión que le ha sido confiada, con la colaboración o contribución de los particulares contratistas, los cuales concurren a su formación persiguiendo un interés particular, que consiste en un provecho económico o lucro que los mueve a contratar y que se traduce en un derecho a una remuneración previamente estipulada, razonable, proporcional y justa, como retribución por el cumplimiento del objeto contractual.
Es entonces, la razonable contraprestación económica la que permite que exista un adecuado balance entre el interés público que anima al Estado a contratar y el interés individual que estimula a los particulares colaboradores a obligarse a suministrar los bienes y servicios objeto del contrato para contribuir con el cumplimiento de los fines de la contratación, el cual debe ser calculado y previsto al tiempo de proponer y contraer el vínculo contractual.
Así, al nacimiento del contrato, las partes conocen o saben el provecho que les reportará, sobre la base de una equivalencia de prestaciones; por un lado, la administración persigue la consecución de los fines del Estado y, por otro lado, el contratista un beneficio económico en su favor, de suerte que es en ese instante de asunción del vínculo en el que se regula la economía del acuerdo en forma simétrica, constituyéndose una ecuación financiera que deberá preservarse en su ejecución
(…)”.
2.2.2. Responsabilidad civil contractual
Sobre la responsabilidad civil contractual, la Corte Suprema de Justicia ha dicho:
“(…)
El contrato legalmente celebrado vincula a las partes y las obliga a ejecutar las prestaciones convenidas, de modo que si una de ellas incumple las obligaciones que se impuso, faculta a la otra para demandar bien que se le cumpla, que se le resuelva el contrato o al pago de los perjuicios que se le hayan causado por el incumplimiento, pretendiendo estos últimos ya de manera principal (arts. 1610 y 1612 del C.C.) o ya de manera accesoria o con secuencial (arts. 1546 y 1818 del Código Civil) los que encaminan a proporcionar a la parte cumplida una satisfacción pecuniaria de los daños ocasionados
(…)"
Para enfocar el alcance de la controversia, el Ministerio Público hará un recuento de los hechos relevantes probados para proceder a conceptuar.
La Empresa de Servicios Públicos de Sopó –EMSERSOPÓ- suscribió con la Sociedad TRAING TRABAJOS DE INGENIERIA S.A. E.S.E., el contrato No. 023 de 2010, cuyo objeto consistió en: "(...) construcción de la red de alcantarillado sanitario primer sector (de la calle 3 sur entre carreras 6 hasta la PATR); segundo sector (pueblo viejo y conexión a estación de bombeo el Japón) y tercer sector (carrera 6 entre calles 5 a emisario final)” y un valor de $2.465.303.108,00 m/cte.
De acuerdo con el modificatorio No. 1, la forma de pagó quedó establecida de la siguiente manera: “forma de pago: La EMPRESA cancelará el valor de del presente contrato en los siguientes términos: 1. Un anticipo del 40% previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a) aprobación del Plan de inversión del anticipo por parte del supervisor. b) entrega de la constancia de la cuenta a nombre del contratista y del proyecto para el manejo exclusivo del anticipo con firma conjunta del Representante Legal del Contratista y el supervisor. c) aprobación por parte de la empresa de la garantía única de que trata la cláusula novena del presente contrato, y d) firma del acta de inicio.El plazo contractual inicialmente se estableció en 6 meses contados a partir del acta de inicio.
El acta de inicio data del 27 de septiembre de 2010.
El contrato No. 023 de 2010, tuvo los siguientes modificatorios:
Modificatorio No. 1 del 27 de septiembre de 2010, manejo del anticipo y forma de pago.
Modificatorio No. 2 del 14 de marzo de 2011, mediante el cual se suspende el contrato por el término de 3 meses.
El 13 de junio de 2011, se suscribe la ampliación a la suspensión por el término de 2 meses.
El 11 de agosto de 2011, se suscribió el acta de suspensión No. 3, ampliando la suspensión por el término de 1 mes.
El 8 de septiembre de 2011, se suscribió el acta de suspensión No. 4 y se amplió el término de suspensión por 45 días más.
Acta de reinicio y adición No. 1 del 28 de septiembre de 2011, mediante el cual se reinicia la ejecución del contrato de obra y se amplía el tiempo de ejecución por 2 meses y 12 días más.
Prórroga en tiempo No. 2 del 16 de diciembre de 2011, por 4 meses más.
El 23 de diciembre de 2011, se suscribe el acta de suspensión No. 5 del contrato por 3 meses y 15 días.
El 7 de abril de 2012, se suscribe el acta de suspensión No. 6 del contrato por 4 meses.
El 8 de agosto de 2012, se suscribe el acta de suspensión No. 7 del contrato por 2 meses.
El 8 de octubre de 2012, se suscribe el acta de suspensión No. 8 del contrato por 2 meses.
El 8 de febrero de 2013, se suscribe el acta de suspensión No. 9 del contrato por 3 meses y 7 días.
El 15 de mayo de 2013, se suscribe el acta de suspensión No. 10 del contrato por 3 meses y 27 días.
El 23 de octubre de 2013, se suscribe el acta de reinicio.
El 23 de diciembre de 2013, se suscribe el acta de suspensión No. 11 del contrato por 1 mes.
El 22 de enero de 2014, se suscribe el acta de suspensión No. 12 del contrato por 2 meses.
El 21 de marzo de 2014, se suscribe el acta de suspensión No. 13 del contrato por 2 meses.
El contratista, después del acta de suspensión No. 10 solicitó previo a la firma del acta de reinicio que se había estipulado para el día 11 de septiembre de 2013, le fueron entregados los planos del rediseño del alcantarillado del sector pueblo viejo, los permisos de servidumbre o la imposición y las especificaciones y toda la información técnica que le permitiera prorrogar los trabajos (oficio del 4 de octubre de 2013).
El 17 de octubre de 2013, EMSERSOPÓ, mediante Resolución No. 128 de 2013, se declaró el incumplimiento parcial del contrato No. 023 de 2010.
El 17 de octubre de 2013, se profirió la Resolución No. 129 por medio de cual se resuelven los recursos de reposición interpuestos en contra de la Resolución No. 128 de 2013 y procedió a confirmar en todas sus partes la Resolución No. 128 de 2013.
El 5 de mayo de 2014, la Sociedad Trabajos de Ingeniería Ltda -Traing, solicitó el decaimiento de los actos administrativos Nos. 128 y 129 de 2013, ante lo cual, mediante oficio ESP 1577 de mayo 5 de 2014, la entidad EMSERSOPÓ declaró el decaimiento de las citadas Resoluciones.
El 20 de mayo de 2014, se suscribió el acta de seguimiento –liquidación- del contrato de obra No. 023 de 2010, donde se dejó constancia la urgencia de la liquidación del contrato.
Mediante oficio ESP 1852-14 del 8 de agosto de 2014 EMSERSOPÓ citó al contratista para el día 13 de agosto de 2014 para perfeccionar el acta de liquidación del contrato.
Con comunicación del 13 de agosto de 2014, el contratista realizó unos requerimientos, consistentes en:
Suscripción del acta de recibo del contrato, con el fin de formalizar jurídicamente la terminación del mismo.
Solicita copia del proyecto del acta de liquidación del contrato para su estudio y en caso de ser necesario presentar sus salvedades
EMSERSOPÓ mediante oficio ESP 1996-14 del 17 de septiembre de 2014, da respuesta a la petición del contratista de fecha 13 de agosto de 2014 en los siguientes términos:
La citación realizada mediante ESP 1852-14 “(…) se realizó con el fin de que sea en las instalaciones de esa entidad donde se realice la revisión del proyecto de liquidación elaborada por esta prestadora”
El 20 de mayo de 2014, se suscribió el acta de seguimiento –liquidación- del contrato de obra No. 023 de 2010, donde se dejó constancia la urgencia de la liquidación del contrato.
Mediante Resolución No. 189 del 7 de noviembre de 2014 EMSERSOPÓ liquidó unilateralmente el contrato No. 023 de 2010.
El 29 de diciembre de 2014 la Aseguradora “Seguros del Estado S.A.”, interpuso recurso de reposición contra la Resolución No. 189 de 2014; invocando falta de competencia.
El 2 de febrero de 2015, EMSERSOPÓ, mediante Resolución No. 19 de 2015, resolvió el recurso de reposición contra la Resolución No. 189 de 2014 El 2 de febrero de 2015, resolviendo no reponer la citada Resolución y en consecuencia confirmarla en todas y cada una de sus partes.
El 18 de febrero de 2015, mediante Resolución No. 027 de 2015, se declaró la existencia de un siniestro acaecido del contrato No. 023 de 2010.
El 16 de marzo de 2015, la Aseguradora “Seguros del Estado S.A.”, interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución No. 027 de febrero 18 de 2015.
Mediante Resolución No. 059 del 13 de abril de 2015, EMSERSOPÓ resolvió el recurso de reposición contra la Resolución No. 027 de 2015; mediante la cual se declaró el siniestro del anticipo, resolviendo no reponer la citada Resolución y en consecuencia la confirmó en todas y cada una de sus partes.
El 20 de mayo de 2014, se suscribió el acta de seguimiento –liquidación- del contrato de obra No. 023 de 2010, donde se dejó constancia la urgencia de la liquidación del contrato.
Mediante oficio ESP 1852-14 del 8 de agosto de 2014 EMSERSOPÓ citó al contratista par el día 13 de agosto de 2014 para perfeccionar el acta de liquidación del contrato.
Con comunicación del 13 de agosto de 2014, el contratista realizó unos requerimientos, consistentes en:
Suscripción del acta de recibo del contrato, con el fin de formalizar jurídicamente la terminación del mismo.
Solicita copia del proyecto del acta de liquidación del contrato para su estudio y en caso de ser necesario presentar sus salvedades
EMSERSOPÓ mediante oficio ESP 1996-14 del 17 de septiembre de 2014, da respuesta a la petición del contratista de fecha 13 de agosto de 2014 en los siguientes términos:
La citación realizada mediante ESP 1852-14 “(…) se realizó con el fin de que sea en las instalaciones de esa entidad donde se realice la revisión del proyecto de liquidación elaborada por esta prestadora”
El 20 de mayo de 2014, se suscribió el acta de seguimiento –liquidación- del contrato de obra No. 023 de 2010, donde se dejó constancia la urgencia de la liquidación del contrato.
Mediante Resolución No. 189 del 7 de noviembre de 2014 EMSERSOPÓ liquidó unilateralmente el contrato No. 023 de 2010.
El 5 de mayo de 2014, la Sociedad Trabajos de Ingeniería Ltda -Traing, solicitó el decaimiento de los actos administrativos Nos. 128 y 129 de 2013, ante lo cual, mediante oficio ESP 1577 de mayo 5 de 2014, la entidad EMSERSOPÓ declaró el decaimiento de las citadas Resoluciones.
El 20 de mayo de 2014, se suscribió el acta de seguimiento –liquidación- del contrato de obra No. 023 de 2010, donde se dejó constancia la urgencia de la liquidación del contrato.
El 29 de diciembre de 2014 la Aseguradora “Seguros del Estado S.A.”, interpuso recurso de reposición contra la Resolución No. 189 de 2014; invocando falta de competencia.
Ahora bien, de conformidad con los problemas jurídicos planteados, éstos se abordarán, atendiendo al orden enunciado de la siguiente manera:
Este Ministerio Público en primer término empezará revisando si existió falta de competencia de EMSERSOPÓ al declarar el siniestro después de liquidado el contrato.
De la falta de competencia
Respeto a este punto la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado lo siguiente:
“(…)
En relación con los actos expedidos por la Administración, después de terminado el contrato, concretamente sobre aquellos mediante los cuales se declara el siniestro para que el contratista responda por vicios y defectos de la obra o por la calidad del servicio prestado, la jurisprudencia de la Sala, ha precisado que dichos actos participan de la naturaleza de actos contractuales por ser expedidos como consecuencia de la ejecución del contrato. A continuación se transcriben los apartes pertinentes:
“A primera vista se advierte que una vez liquidado el contrato, la única responsabilidad que subsiste para el contratista con la administración como dueña de la obra, es la de acudir al saneamiento de los vicios y defectos de construcción de la obra en los términos del art. 2060 del C.C., cuando se trata de la ejecución de un contrato de obra pública, así como amparar la de las posibles acciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones laborales o de los daños causados a terceros por el contratista, riesgos que en la contratación estatal es obligatorio garantizar (Art. 25-19 y 60 ley 80 de 1993). La Administración tiene la potestad de hacer efectiva las garantías correspondientes en el evento que se configure cualquiera de los anteriores riesgos. Ocurrido el siniestro la administración puede declararlo mediante acto administrativo debidamente motivado, que podrán impugnar judicialmente dentro de los dos años siguientes quienes se sientan afectados con la decisión de la administración, esto es, el contratista de la obra y la compañía de seguros. En el presente caso, se trataría de un acto que es necesario expedir como consecuencia de la ejecución de un contrato y el cual tendría igual tratamiento y discusión judicial que los actos dictados durante el desarrollo del contrato. (Negrilla y subrayado no es del original)
(…)”
De acuerdo con lo anterior, esta Delegada entrará a revisar la validez de la Resolución No. 027 de 2015, por medio de la cual se declaró la existencia de un siniestro en el contrato No. 023 de 2010.
En primer término se analizará si la administración no tenía en su momento competencia para la expedición del acto que declaró el siniestro, hecho que implicaría, según el recurrente, que el mismo se encuentre posiblemente viciado de nulidad.
La razón específica que según el apelante invalida tal acto se debe a que ya se había realizado la liquidación del contrato. Acto que según él, ya habría cerrado cualquier posibilidad de la administración para realizar la declaratoria del siniestro, (es de notar que ante la respuesta negativa del A-quo para anular el acto, el contratista en su apelación indicó que no es que se encontrara cerrada la posibilidad de declarar un siniestro después de la liquidación del contrato, pues él mismo si podía decretarse, pero solo en lo referente a la calidad y estabilidad de la obra, no con respecto al incumplimiento contractual u otra razón diferente.
En este sentido, en concordancia con la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, para esta Delegada es claro que la administración estaba habilitada para adoptar la decisión tomada, esto es, que la empresa contratante podía declarar el siniestro, tal como lo formalizó por medio de la Resolución No. 027 de 2015 del 18 de febrero de 2015, ya que una entidad pública tiene dos años después del conocimiento del hecho constitutivo, para declarar la ocurrencia del siniestro de las obligaciones incumplidas del contratista, el cual debe suceder durante la vigencia del seguro.
Se recalca entonces que la entidad conservaba la facultad de la declaratoria del siniestro, incluso después de la liquidación del contrato, aunque su declaración se produzca después del vencimiento del mismo.
Del caso en concreto, se tiene que el hecho señalado se precisó expresamente en el acta de liquidación, además se argumentó que la misma se debía al vencimiento del plazo contractual en concordancia con la imposibilidad material y jurídica que constituye fuerza mayor para continuar con la ejecución de la fase II del negocio jurídico.
Lo anteriormente expuesto significa, que cuando no existe satisfacción de las prestaciones contractuales reconocidas, en la liquidación la Administración puede dejar las constancias pertinentes de tales insatisfacciones y declarar el siniestro del anticipo como en el presente caso se hizo, generando así el nacimiento de las obligaciones derivadas de la póliza, haciendo uso de la facultad general consagrada en el art. 86 de la Ley 1474 de 2011.
Así las cosas, el pronunciamiento administrativo previsto en el artículo 86 mencionado, brinda la herramienta de derecho para evidenciar las irregularidades de las partes, tal como sucedió en contrato No. 023 de 2010, conformando con ello, una estructura correcta y válida del título ejecutivo, que sirvió de esta forma como base a las EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ, para requerir al contratista.
Por lo tanto, esta Delegada conceptúa que la administración estaba habilitada para declarar el siniestro del buen manejo del anticipo, en la búsqueda de la imposición de las medidas administrativas que en su momento intentó, en aras de la protección de los intereses estatales.
Una vez aclarada la competencia para proferir el acto administrativo, y teniendo en cuenta que una cosa es la oportunidad que tenía la administración para la decisión tomada, también se debe evaluar si los actos desarrollados por la administración para conjurar lo acaecido, adolecían o no de una falsa motivación, de acuerdo con lo invocado por el apelante.
Sobre la desviación de poder y falsa motivación
El Consejo de Estado entre otras sentencias, definió la falsa motivación del acto administrativo, como constitutivo de vicio de nulidad.
“(…)
Así, en sentencia de 8 de septiembre de 2005, la Sala precisó:
‘De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, se entiende que la existencia real de los motivos de un acto administrativo constituye uno de sus fundamentos de legalidad, al punto que, cuando se demuestra que los motivos que se expresan en el acto como fuente del mismo no son reales, o no existen, o están maquillados, se presenta un vicio que invalida el acto administrativo, llamado falsa motivación.
En síntesis, el vicio de falsa motivación es aquél que afecta el elemento causal del acto administrativo, referido a los antecedentes de hecho y de derecho que, de conformidad con el ordenamiento jurídico, facultan su expedición y, para efectos de su configuración, corresponderá al impugnante demostrar que lo expresado en el acto administrativo no corresponde a la realidad’
(…)
De igual forma, se ha dicho por la jurisprudencia que la falsa motivación, ‘(...) es el vicio que afecta el elemento causal del acto administrativo, referente a los antecedentes legales y de hecho previstos en el ordenamiento jurídico para provocarlo, es decir, que las razones expuestas por la administración al tomar la decisión, sean contrarias a la realidad’.
En conclusión, la falsa motivación se presenta cuando los supuestos de hecho esgrimidos en el acto, bien por error, por razones engañosas o simuladas o porque a los hechos se les da un alcance que no tienen, desconocen la realidad.
En lo atinente a la desviación de poder, la jurisprudencia ha señalado que se presenta cuando hay disparidad o discordancia entre el fin que pretende la ley con la atribución de una competencia que acompañó a la decisión.
El control jurisdiccional de la finalidad que dio lugar a la expedición de los actos administrativos permite detectar cuándo la administración procede sin atender los propósitos que le fueron encomendados, pues el contenido y las circunstancias que acompañaron la decisión dan lugar a inferir que las razones esgrimidas no responden a aquello que se persigue, lo que desvirtúa la legalidad del acto e impone al juez su anulación. Al respecto, la Corporación ha señalado:
‘El vicio llamado por la doctrina y por la ley ‘Desviación de poder’, consiste en el hecho de que la autoridad Administrativa, con la competencia suficiente para dictar un acto, ajustado en lo externo a las regularidades de forma, la ejecuta no en vista del fin del cual ha sido investido para esa competencia, sino para otro distinto. Por lo tanto, cuando se pretenda la declaratoria de nulidad de una decisión, acusada de desviación de poder, el demandante está en el deber demostrar plenamente que la autoridad administrativa proferidota (sic) del acto, lo dictó, no en beneficio del buen servicio - lo que se presume - sino con un fin que se aparte de ese criterio’.
Es por ello que las potestades contractuales se circunscriben al ámbito de la relación jurídica, en orden a la satisfacción de los intereses generales comprometidos, de mayor envergadura que la autonomía de la voluntad y superior al equilibrio que en principio reclama todo vínculo obligacional.
(…)”
Adentrándonos en el caso y al revisar lo manifestado en el recurso de alzada, la parte actora argumenta que el acto administrativo demandado adolece de falsa motivación, en tanto que los fundamentos de hecho y de derecho para exigir la devolución del anticipo en su totalidad son inexistentes, por lo tanto considera que se vulneró el principio de buena fe y se consolidó una desviación de poder por parte del contratante, entidad que pretende a su juicio lucrarse indebidamente del contrato de seguros.
En ese orden de ideas, esta Delegada entrará a revisar lo concerniente a la falsa motivación, y por ende de la validez de la Resolución No. 189 del 7 de noviembre de 2014, por medio de la cual se liquidó de manera unilateral el contrato No. 023 de 2010, y de la resolución No. 027 del 18 de febrero de 2015, por medio de la cual se declara la existencia posterior declaratoria de la ocurrencia del siniestro del mismo.
Ahora bien, la falta de motivación se presenta cuando los supuestos de hecho esgrimidos en un acto de la administración (por error, por razones engañosas o simuladas o porque a los hechos se les da un alcance que no tienen o desconocen la realidad), puede desencadenar en un vicio que invalida el acto administrativo.
Así las cosas, debemos retomar los antecedentes que llevaron a las EMPRESAS PUBLICAS DE SOPÓ -EMSERSOPÓ a liquidar el contrato y posteriormente declarar el siniestro, para entrar a analizar si existió o no falsa motivación en tales actuaciones:
Tal como se ha indicado, el informe de interventoría presentado por la entidad encargada, se puede sintetizar en tres aspectos:
La no autorización en los predios donde se debía realizar la construcción de los tanques de los tramos 2 y 3, por parte de los habitantes del Conjunto Residencial Cacique Sopó.
La certeza de que pese a lo anterior, el tramo 1 se finalizó de manera correcta.
Al momento de proceder a la liquidación no se contaba con los planos definitivos de los sectores por donde se iba a generar un plan de contingencia para finiquitar la obra contratada, actuación esta que igual dependía del permiso que los propietarios de los terrenos se obstinaron en negar.
Tales situaciones se prolongaron en el tiempo, pues en general se formalizaron 13 prórrogas y suspensiones, extendiendo el periodo de ejecución en 3 años, 7 meses y 23 días.
Para esta Delegada resulta claro que a medida que iba avanzando la obra, los documentos y la correspondencia cruzada entres las entidades comprometidas, siempre señalaban que se estaban realizando los trámites concernientes a materializar la imposición de la ya mencionada servidumbre (razón que sustentó todas las suspensiones),
Se observa también al revisar los diseños del proyecto, que el segundo sector objeto de las reiteradas suspensiones, no está trazado sobre los predios objeto de imposición de servidumbre, si no sobre la vía del Conjunto Residencial Cacique Sopó. Encontrando que esta situación se debió a que las partes, acompañadas del interventor realizaron mesa de trabajo donde convinieron durante el proceso de ejecución variar los diseños iniciales, cambiando el trazado inicial. Todo ello motivado para evitar, según ellos, lo que hubiera significado un detrimento patrimonial para el municipio de Sopó, puesto que esa vía que originalmente se debía intervenir, estaba recién construida (folio 32 del cuaderno principal de Emsersopó, párrafo 6).
Del examen de los documentos aportados, también se observa en todas las actas de reinicio del contrato de obra No. 023 de 2010, que la firma contratista señaló que continuaba realizando esfuerzos con la comunidad para que se pudiera concretar lo pactado, para lo cual estaba buscando convencer a los propietarios de los predios para que dieran los permisos requeridos para utilizar sus terrenos en la construcción del alcantarillado que se tenía previsto.
Además de lo anteriormente descrito, esta Delegada identifica que tanto en la declaratoria de liquidación unilateral del contrato bajo estudio, como en la misma declaratoria del siniestro la Empresa de Servicios Públicos de Sopó señaló textualmente: “que la renuencia irrevocable de la comunidad para permitir la ejecución y culminación del objeto contractual contenido en el contrato de obra No. 023 de 2010, conlleva a que nos encontremos en presencia de una fuerza mayor que se sintetiza en la imposibilidad material y jurídica para ejecutar la obra”. Adicionando que el término de ejecución feneció el 10 de junio de 2014.
Así las cosas, para esta Delegada es claro que la Empresa de Servicios Públicos de Sopo Emsersopó se equivocó al sustentar cada uno de los actos administrativos demandados por un motivo que no correspondía al que realmente había ocurrido, es decir que al invocar la causal de fuerza mayor tanto en la liquidación del contrato No. 023 de 2010, como en la declaratoria del siniestro (sustentados en la renuencia de la comunidad a permitir el paso de la obra por sus terrenos), generaron con ello en los actos administrativos demandados una falsa motivación.
En cuanto a la Fuerza Mayor
En lo relativo a la fuerza mayor como causa que determina la imposibilidad en el cumplimiento de la obligación, la Sección Tercera del Consejo de Estado, ha señalado que:
“(…)
a. La fuerza mayor respecto de la ejecución de los contratos estatales.
La fuerza mayor es un hecho extraño a las partes contratantes, imprevisible e irresistible que determina la inejecución de las obligaciones derivadas del contrato. Constituye causa eximente de responsabilidad porque rompe el nexo causal entre la no ejecución del contrato y el daño derivado del mismo.
Fue definido por el legislador como "...el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc." - art. 1o de la Ley 95 de 1890 -
La Sala de Casación Civil de la Corte en la providencia reseñada, sobre este requisito señaló:
La ejecución del contrato estatal puede tornarse imposible por la ocurrencia de un hecho constitutivo de fuerza mayor, en cuyo evento la parte incumplida estará eximida de responsabilidad, porque el daño no le resulta jurídicamente imputable.
La fuerza mayor se produce, como se indicó, cuando el hecho exógeno a las partes es imprevisible e irresistible en las condiciones igualmente señaladas, con la precisión de que la irresistibilidad, en materia contractual, se traduce en la imposibilidad absoluta para el contratante o contratista de cumplir sus obligaciones en las condiciones o plazos acordados.
(…)
La fuerza mayor determina la inejecución de la prestación, sin que ello comporte la responsabilidad contractual, porque el daño tuvo como causa un hecho exógeno y extraño a las partes y en esta medida no resulta imputable al contratista.
El incumplimiento determinado por la fuerza mayor debe distinguirse de la situación que se presenta en aplicación de la teoría de la imprevisión, puesto que la fuerza mayor exime de responsabilidad al contratista incumplido, en tanto que en aplicación de la teoría de la imprevisión el contratista cumple el contrato con dificultades, a cambio de lo cual tiene derecho al restablecimiento de la ecuación financiera del contrato, alterada en razón del hecho imprevisible.
En presencia de la teoría de la imprevisión, la prestación contractual se cumple en condiciones gravosas para el contratista y ello determina su derecho a que se restablezca la ecuación financiera del contrato.
En cambio, la fuerza mayor determina la irresponsabilidad del contratista frente a la no ejecución del objeto contratado, sin que ello comporte indemnización o compensación a su favor.
Se tiene así que la ocurrencia de la fuerza mayor impone demostrar que el fenómeno fue imprevisible y que no permitió la ejecución del contrato, en tanto que en la teoría de la imprevisión debe probarse que el hecho exógeno e imprevisible no impidió la ejecución del contrato, pero hizo más oneroso el cumplimiento de las obligaciones para el contratista, porque tuvo que incurrir en gastos necesarios para contrarrestar los efectos impeditivos del fenómeno presentado”.
(…)”
Al respecto, se encuentra que la administración motivó los dos actos: tanto la liquidación unilateral del contrato como el siniestro en la causal de fuerza mayor.
En efecto, se observa dentro del expediente, que incluso, con el ánimo de soportar la fuerza mayor incoada, la administración fundamentó sus actuaciones en el informe del 14 de marzo de 2011 presentado por el Ingeniero Rómulo Antonio Rodríguez, en calidad de residente del Consorcio K, firma interventora del contrato.
En dicho informe, la interventoría hace un recuento general de los percances que ha tenido la obra, detallando los aspectos que incidieron en las continuas suspensiones de la misma hasta llegar al punto en que no fue posible continuar con la misma.
Del referido informe se destacan los siguientes apartes: “teniendo en cuenta que los trámites de autorización en los predios donde se realizará la construcción de los tanques de los tramos 2 y 3, no se ha recibido respuesta alguna hasta la fecha por parte de los propietarios de dichos predios, y que el tramo 1 en ejecución ya se encuentra finalizado en su totalidad”.
A renglón seguido, el informe explica las fechas en que fue necesario suspender la ejecución de la obra 33.4 meses en total; ejecución que se dilató por un término de 3 años, 7 meses y 23 días, en donde se destaca que las causas esgrimidas y avaladas en cada uno de los informes referidos fue reiterada, señalando siempre la misma causal: la negativa de los propietarios de los predios por donde se iba a desarrollar la fase 2 y fase 3 de la obra, a permitir el padecimiento de la servidumbre que iba a cruzar por sus terrenos.
Así las cosas, la continua negativa de los residentes del Conjunto Residencial Cacique Sopó, a permitir que la continuación de las obras comprometidas cruzaran por sus terrenos, se constituyó en consideración de esta Delegada, en la razón fundamental esgrimida y probada por la administración para que el contrato llegara a un punto de parálisis, a tal punto que su continuación se transformó con el tiempo en algo imposible de superar.
Pues bien, del estudio concienzudo de la problemática ocurrida esta Delegada determina con el acervo probatorio obrante, que la causa de lo ocurrido no corresponde a la motivación invocada por la EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ en las actuaciones administrativas decretadas, ya que lo que se puede ver es que la verdadera causal de lo ocurrido se centra en una indebida planeación (como se demostrará en los numerales subsiguientes), pero nunca en una fuerza mayor, lo que implicaría una falsa motivación en los actos demandados.
La doctrina ha expresado sobre la fuerza mayor, que la misma, hace relación a aquellos hechos de la naturaleza que impiden la ejecución de la obligación contractual, o aquel acto que no podía preverse de manera alguna por las partes contratantes.
Entonces, al revisar el presente caso, resulta evidente que lo ocurrido no obedeció a fuerza mayor, causal invocada por la administración para justificar la liquidación contractual unilateral realizada y la declaratoria del siniestro.
Ahora bien, conforme con lo anteriormente expuesto, esta Delegada conceptúa que lo ocurrido en la parálisis del contrato de obra No. 023 de 2010 no se debió a una fuerza mayor irresistible, ya que lo ocurrido, si podía prevenirse, y más aún era de conocimiento de las partes contractuales, y por lo tanto este Despacho solicitará por este hecho al Honorable Consejo de Estado la anulación de los actos administrativos bajo observación por falsa motivación.
Conforme con lo planteado, este Despacho procede a determinar, lo que en nuestro concepto constituye la verdadera causal ocurrida en el desarrollo del Contrato de obra No. 023 de 2010.
De la Vulneración del Principio de Planeación ocurrido en el Contrato 023 de 2010:
Al revisar el expediente, se encuentra en desde el comienzo, incluso mucho antes del momento mismo de la suscripción del contrato, es decir desde los planeamientos iniciales se conocía muy bien por parte de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó todos los detalles de la obra a realizar, de hecho, se ve en los mismos estudios iniciales que la entidad contratante conocía la necesidad que iba a atender, y sabía de antemano que para ello debía contar con la anuencia de la comunidad.
Es decir que EMSERSOPÓ debió tener (y no lo hizo), desde la etapa pre-contractual dos aspectos definidos; primero: la socialización de la obra con la comunidad, mostrando a través de un estudio los efectos de los trabajos a desarrollar en el área, y, segundo: los permisos firmados por las personas propietarias de las áreas circunvecinas al sector a impactar. Todos estos aspectos se encuentran probados en el expediente, y hacen parte de los planos de la obra y demás documentos del contrato bajo estudio, máxime que como efectivamente se ve, ya se tenía de antemano el trazado y los predios que debía recorrer la obra prevista.
No se trata entonces como lo señala la entidad contratante en la parte motiva, tanto de la liquidación unilateral como en la declaratoria del siniestro, de una fuerza mayor surgida con posterioridad, que impidió a última hora la ejecución del contrato pactado.
Ahora bien, se encuentra demostrado en el expediente que el contrato No. 023 de 2010 fue liquidado unilateralmente por cumplimiento del plazo contractual y por la imposibilidad de continuar con el mismo al no haber obtenido los permisos de la comunidad para la servidumbre donde los diseños indicaban que continuarían las obras y no observa esta Delegada incumplimiento por parte del contratista, pues éste no pudo continuar con la obra ante la situación ya comentada.
De otra parte, si visualiza esta Delegada que hubo una falta de planeación por parte de EMSERSOPÓ, al no contar de manera previa con todos los permisos necesarios para el desarrollo de la obra en todo su trazado.
Por lo anteriormente expuesto, esta Delegada solicita al Honorable Consejo de Estado, declarar:
La nulidad del acto administrativo contenido en las Resoluciones Nos. 189 del 7 de noviembre de 2014 y 019 del 2 de febrero de 2015 por medio de las cuales se liquidó de manera unilateral el contrato No. 023 de 2010 por falsa motivación.
La nulidad del acto administrativo contenido en las Resoluciones Nos. 027 del 18 de febrero de 2015 y 059 del 13 de abril de 2015, por medio de la cual se declaró ocurrido el siniestro del contrato No. 023 de 2010 por falsa motivación.
De la valoración del testimonio pericial
La parte actora, solicitó la práctica de un dictamen pericial, de la siguiente forma:
“(…)
DICTAMEN PERICIAL
Respetuosamente solicito al despacho decretar un pericial, y en tal suerte designar a una persona experta en la materia a efectos de determinar lo siguiente:
Perjuicios causados al contratista por el desequilibrio económico con ocasión de los mayores gastos incurridos por el contratista durante la ejecución al contrato atribuible a la imposibilidad de ejecutarse el contrato conforme a lo pactado, en la forma y tiempos debidos.
Perjuicios causados al contratista por el desequilibrio económico ante la no obtención de las utilidades pactadas.
Perjuicios por la asunción de mayores valores contractuales y mayores costos financieros.
(…)”
Respecto a la valoración del testimonio pericial, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de casación del seis (6) de marzo de dos mil trece (2013) dentro del expediente 39559, señaló:
“(…)
3.1. El artículo 420 de la Ley 906 de 2004 señala que, para apreciar la prueba pericial practicada durante el juicio público, el funcionario deberá tener en cuenta “la idoneidad técnico-científica y moral del perito, la claridad y exactitud de sus respuestas, su comportamiento al responder, el grado de aceptación de los principios científicos, técnicos o artísticos en que se apoya el perito, los instrumentos utilizados y la consistencia del conjunto de respuestas
(…)
En cuanto al alcance de esta disposición, la Sala, en sentencia de 16 de septiembre de 2009 (citada por el Fiscal Delegado ante la Corte en la audiencia de sustentación del recurso), ha indicado que la prueba pericial debe ser valorada por el juez como todos los demás medios de prueba, esto es, de manera racional, o sujeta a los parámetros de la sana crítica, y no de manera incondicional o mecánica ante los dictámenes de los especialistas. En palabras de esta Corporación:
(…)
como ocurre con todos los medios probatorios, la pericial debe ser considerada racionalmente por el juez, porque en la apreciación del dictamen resulta imperativo tener en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la idoneidad de los peritos, el aseguramiento de calidad aplicado, el sistema de cadena de custodia registrado y los demás elementos que obren en el proceso.
“Por ello de manera reiterada y pacífica la jurisprudencia ha entendido que los argumentos de autoridad científica, técnica, profesional o humanística son de recibo por la innegable realidad de la división del trabajo y las cada vez más urgentes especializaciones en el desenvolvimiento del hombre en la sociedad, el curso de ésta y el tratamiento de los problemas o conflictos, de modo que resulta intolerable una actitud pasiva o de irreflexiva aceptación del juez frente al dictamen, pues fácilmente pueden potenciarse y extenderse los errores que como humano puede cometer el perito
(…)”.
Para rendir el informe pericial, se designó al auxiliar de justicia, Ingeniero HECTOR MARTÍNEZ con el fin de realizar la valoración de perjuicios causados al contratista por el desequilibrio económico con ocasión de los mayores gastos incurridos por el contratista durante la ejecución del contrato atribuible a la imposibilidad de ejecutarse el contrato No. 023 de 2010 conforme a lo pactado, en la forma y tiempos debidos.
El dictamen se surtió en los siguientes términos:
“(…)
Los 38.77 meses que duraron las suspensiones y reinicios infructuosos, exigieron que el contratista tuviera gastos extraordinarios en personal administrativo, técnico y especialistas atendiendo los requerimientos del contratante y mantenimiento de campamentos, servicios e implementación del Plan de Gestión Integral de obra, entre otros. A continuación, puede observar el resumen de valores corrientes, valor a reconocer por inflación y por costo financiero por conceptos generales (para ver el detalle revisar la memoria de cálculo en Excel adjunta):
VARIABLE
COP CORRIENTES
VALOR A RECONOCER POR INFLACION
VALOR A RECONOCER POR COSTO FINANIERO ELY 80-12% EA
SUBTOTAL
Personal
$ 161.955.100
$ 41.292.939
$ 18.846.585
$ 391.664.623
Gastos Operacionales
$ 11.631.000
$ 2.965.555
$ 13.530.169
$ 28.126.724
Implementación PGIO
$ 1.444.183
$ 368.223
$ 1.679.996
$ 3.492.402
Pólizas para mantener vigente el contrato
$ 19.809.266
$ 5.444.198
$ 14.019.598
$ 39.273.062
TOTAL
$ 289.658.898
$ 79.263.169
$ 366.923.217
$ 735.845.284
(…)
Valoración de perjuicios causados al contratista por el desequilibrio económico ante la no obtención de las utilidades pactadas
El contrato de obra No. 023 de 2010 entre TRAING SAS Y EMSERSOPÓ, establecía las siguientes condiciones presupuestales contractuales:
CONCEPTO
COP CORRIENTES
Valor del contrato
$ 2.465.303.108
valor directo
$ 1.896.387.006
Administración
$ 284.458.051
Imprevistos
$ 189.638.701
Utilidad
$ 94.819.350
Teniendo en cuenta la expectativa de utilidad del contratista de $94.819.350 pesos corrientes, las suspensiones y terminación abrupta del contrato sin haber ejecutado la totalidad y facturado la totalidad, generó perjuicios incluyendo actualización por inflación y por costo financiero por valor de $273.288.473, lo cual se observa a continuación:
CONCEPTO
COP $
Utilidad contractual
$ 94.819.350
Actualización por inflación de utilidad
$ 29.192.253
Actualización por costo financiero de utilidad
$ 149.276.870
TOTAL A RECONOCER POR UTILIDAD DEJADA DE PERCIBIR
$ 273.288.473
Valoración de perjuicios causados por la asunción de mayores valores contractuales y mayores costos financieros
En total los perjuicios valorados a valor presente de febrero de 2018 serían $735.845.284, el cual tiene en cuenta los valores corrientes, reconocimiento de inflación y reconocimiento de costos financieros según ley 80, como se observa a continuación: los cuales se precisan en el siguiente cuadro (para ver el detalle revisar la memoria de cálculo en Excel adjunta):
VARIABLE
COP CORRIENTES
VALOR A RECONOCER POR INFLACION
VALOR A RECONOCER POR COSTO FINANCIERO LEY 80 -12% EA
SUBTOTAL
Utilidad dejada de percibir
$ 94.819.350
$ 29.192.253
$ 149.276.870
$ 273.288.473
Personal
$ 161.955.100
$ 41.292.939
$ 188.416.585
$ 391.664.623
Gastos Operacionales
$ 11.631.000
$ 2.965.555
$ 13.530.169
$ 28.126.724
Implementación PGIO
$ 1.444.183
$ 368.223
$ 1.679.996
$ 3.492.402
Pólizas para mantener vigente el contrato
$ 19.809.266
$ 5.444.198
$ 14.019.598
$ 39.273.062
TOTAL
$ 289.658.898
$ 79.263.169
$ 366.923.217
$ 735.845.284
No obstante, el anticipo (40% del valor de la obra) no fue amortizado en su totalidad (el avance técnico y financiero fue del 80%), por lo cual en el ejercicio de flujo de caja del contratista se descuenta este valor dentro de los perjuicios valorados (para ver el detalle revisar la memoria de cálculo de Excel adjunta):
Los resultados del flujo de aja de la suspensión en COP corriente arrojan los siguientes valores:
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS EN COP CORRIENTES
TOTAL
Personal
$ 161.955.100
Gastos Operacionales
$ 11.631.000
Implementación PGIO
$ 1.444.183
Pólizas para mantener vigente el contrato
$ 19.809.266
Utilidad dejada de percibir
$ 94.819.350
Anticipo no amortizado
$ (197.224.249)
BALANCE DE EGRESOS-INGRESOS
$ 92.434.649
Los resultados del flujo de caja de la suspensión en COP constantes arrojan los siguientes valores:
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS EN COP CORRIENTES
TOTAL
Personal
$ 203.248.039
Gastos Operacionales
$ 14.596.555
Implementación PGIO
$ 1.812.406
Pólizas para mantener vigente el contrato
$ 25.253.464
Utilidad dejada de percibir
$ 124.011.603
Anticipo no amortizado
$ (257.944.136)
BALANCE DE EGRESOS-INGRESOS
$ 110.977.931
De esta manera, se debería reconocer por actualización de IPC lo siguiente:
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS EN COP CORRIENTES CONSTANTES DE ENERO DE 2018
RECONOCIMIENTO POR ACTUALIZACION DE IPC
Personal
$ 41.292.939
Gastos Operacionales
$ 2.965.555
Implementación PGIO
$ 368.223
Pólizas para mantener vigente el contrato
$ 5.444.198
Utilidad dejada de percibir
$ 29.192.253
Anticipo no amortizado
$ (60.719.887)
BALANCE DE EGRESOS-INGRESOS
$ 18.543.281
Los resultados del flujo de caja de la suspensión en COP constantes y teniendo en cuenta el costo financiero, arrojan los siguientes valores hasta mayo de 2014:
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS EN COP CORRIENTES
VALOR HASTA MAY14
Personal
$ 246.021.299
Gastos Operacionales
$ 17.668.097
Implementación PGIO
$ 2.193.789
Pólizas para mantener vigente el contrato
$ 28.436.114
Utilidad dejada de percibir
$ 125.188.324
Anticipo no amortizado
$ 260.391.715)
BALANCE DE EGRESOS-INGRESOS
$ 159.115.907
Los resultados del flujo de caja de la suspensión en COP constantes y teniendo en cuenta el costo financiero, arrojan los siguientes valores hasta junio de 2014 y febrero de 2018:
COSTO FINANCIERO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS
Reconocimiento por costo financiero a feb18
Personal
$ 145.643.324
Gastos Operacionales
$ 10.458.627
Implementación PGIO
$ 1.298.613
Pólizas para mantener vigente el contrato
$ 10.836.948
Utilidad dejada de percibir
$ 4.006.743
Anticipo no amortizado
$ 8.334.026)
BALANCE DE EGRESOS-INGRESOS
$ 163.910.229
De esta manera, se debería reconocer por actualización de costo financiero hasta mayo de 2014, lo siguiente:
COSTO FINANCIERO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS
Reconocimiento por costo financiero a may14
Personal
$ 42.773.261
Gastos Operacionales
$ 3.071.542
Implementación PGIO
$ 381.383
Pólizas para mantener vigente el contrato
$ 3.182.649
Utilidad dejada de percibir
$ 1.176.720
Anticipo no amortizado
$ (2.447.578)
BALANCE DE EGRESOS-INGRESOS
$ 48.137.977
Adicionalmente, se debería reconocer por actualización de costo financiero entre junio de 2014 y febrero de 2018, lo siguiente:
COSTO FINANCIERO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS
Reconocimiento por costo financiero a feb18
Personal
$ 145.643.324
Gastos Operacionales
$ 10.458.627
Implementación PGIO
$ 1.298.613
Pólizas para mantener vigente el contrato
$ 10.836.948
Utilidad dejada de percibir
$ 4.006.743
Anticipo no amortizado
$ (8.334.026)
BALANCE DE EGRESOS-INGRESOS
$ 163.910.229
De esta manera, el valor de perjuicios sería $313.026.137, el cual tiene en cuenta los valores corrientes, reconocimiento de inflación y reconocimiento de costos financieros según Ley 80, como se observa a continuación:
VARIABLE
COP CORRIENTES
VALOR A RECONOCER POR INFLACION
VALOR A RECONOCER POR COSTO FINANCIERO LEY 80-12% EA
SUBTOTAL
BALANCE DE EGRESOS-INGRESOS
$ 92.434.649
$ 18.543.281
$ 212.048.206
$ 323.026.137
(…)”
Una vez rendido el informe por el ingeniero HECTOR MARTÍNEZ, las parte demandante y demandada manifestaron que existió un error grave del dictamen.
La parte actora afirma que este error consistió en tomar el saldo inejecutado del contrato como un monto o un capital que corresponde a un perjuicio. Y agrega que el error se hace mayor al ser indexado al margen del método establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015.
Ahora bien, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no se pronunció con respecto al error grave al dictamen interpuesto por la parte actora, lo que considera este Ministerio Público que no puede dejarse pasar sin pronunciamiento alguno.
Así las cosas, y ante la solicitud respetuosa de declarar la nulidad de la liquidación unilateral y la declaratoria del siniestro del anticipo, considera esta Delegada que se debe realizar en primer lugar la liquidación por vía judicial del contrato y proceder si a bien lo tiene a lugar a efectuar el balance económico del contrato, a fin de que el contratista reintegre a las EMPRESAS PUBLICAS DE SOPÓ –EMSERSOPÓ- los valores que fueron recibidos como anticipo y que no fueron amortizados y los pagos anticipados si hubiera saldo a favor de la entidad pública.
De otra parte, se deberán tasar los perjuicios causados al contratista por la utilidad dejada de percibir al terminar el contrato por razones ajenas a su voluntad.
De otro lado, es de recordar que la naturaleza de la función de la Procuraduría General de la Nación, por mandato constitucional es la de velar por el interés público, la defensa del patrimonio y la preservación de los Derechos Humanos.
Por lo anterior, esta Delegada solicita respetuosamente al Honorable Consejo de Estado se REVOQUE la sentencia apelada del 7 de junio de 2018 y en su lugar se declare la nulidad de los actos administrativos Nos. 189 de 2014, 019 de 2015, 027 de 2015 y 027 de acuerdo a los argumentos expuestos.
CONCLUSIÓN
Con base en el acervo probatorio obrante en el expediente, y de conformidad con el marco teórico enunciado, la Procuraduría Cuarta Delegada ante ese Despacho, considera que la sentencia de primera instancia debe ser REVOCADA, y se proceda a efectuar la liquidación judicial del contrato N o. 023 de 2014.
De la Honorable Magistrada,
CARLOS JOSÉ HOLGUÍN MOLINA
Procurador Cuarto Delegado ante el Consejo de Estado