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Procuraduría General de la Nación Fallo disciplinario

CONTRATO ESTATAL: la garantía constitucional del debido proceso constituye un instrumento de control contra las posibles irregularidades y desaciertos

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Fecha
2025-03-12
Radicado
D 2020-1514378.
Sección / Sala
PROCURADURIA PROVINCIAL DE INSTRUCCION NEIVA
Corporación
Procuraduría General de la Nación
Número
202509081004500.DOCX

Síntesis del concepto

CONTRATO ESTATAL: la garantía constitucional del debido proceso constituye un instrumento de control contra las posibles irregularidades y desaciertos

En resumen

CONTRATO ESTATAL-Principios de planeación, selección objetiva y moralidad CONTRATO ESTATAL-Con el objeto de brindar atención integral a los habitantes de calle CONDUCTA DISCIPLINABLE-Los estudios previos fueron suscritos después de la firma del contrato De esta forma, la garantía constitucional del debido proceso constituye un instrumento de control contra las posibles irregularidades y desaciertos en los que pueda incurrir la autoridad en el trámite de un proceso sancionatorio o de condena. El Gobierno Nacional expidió el Decreto No. 417 del 17 de marzo de 2020, “Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional”, por el término de 30 días, con el fin de adoptar las medidas necesarias para conjurar la crisis e impedir la propagación del COVID-19, con fundamento en el artículo 215 de la Constitución Política y la Ley 137 de 1994.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente.

Fundamentos

  • Ley 1952 de 2019
  • Decreto 262 de 2000
  • Decreto 1851 de 2021

Puntos que trata

  • Auto de archivo: Terminación de la actuación disciplinaria en calidad de Secretaria de la Mujer, Equidad e Inclusión del municipio de Neiva y supervisora del contrato de suministro
  • Auto de archivo: La implicada no participó la fase contractual, por cuanto del material probatorio, se pudo constatar que estaba a cargo del Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo
  • Emergencia sanitaria: Contextualiza en las actuaciones administrativas y contractuales
  • Estado de excepcion: Económica, social y ambiental

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Texto del documento 59.936 caracteres
AUTO DE ARCHIVO-Terminación de la actuación disciplinaria en calidad de Secretaria de la Mujer, Equidad e Inclusión del municipio de Neiva y supervisora del contrato de suministro AUTO DE ARCHIVO-La implicada no participó la fase contractual, por cuanto del material probatorio, se pudo constatar que estaba a cargo del Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo EMERGENCIA SANITARIA-Contextualiza en las actuaciones administrativas y contractuales ESTADO DE EXCEPCION-Económica, social y ambiental CONTRATO ESTATAL-Principios de planeación, selección objetiva y moralidad CONTRATO ESTATAL-Con el objeto de brindar atención integral a los habitantes de calle CONDUCTA DISCIPLINABLE-Los estudios previos fueron suscritos después de la firma del contrato ESTUDIOS PREVIOS-La contratación directa por urgencia manifiesta es una excepción que flexibiliza las exigencias formales “Declaración de urgencia manifiesta. Si la causal de contratación directa es la urgencia manifiesta, el acto administrativo que la declare hará las veces del acto administrativo de justificación, y en este caso la Entidad Estatal no está obligada a elaborar estudios y documentos previos.” SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A PROCESO CONTRATUAL-Debidamente ejecutado Dependencia: Radicación No.: Disciplinados: Cargo: Entidad: Quejoso: Fecha: Fecha hechos: Asunto: Decisión: PROCURADURÍA PROVINCIAL DE INSTRUCCIÓN NEIVA. IUS-E-2020-240985 / IUC-D-2020-1514378. [NOMBRE TACHADO]. SECRETARIA DE LA MUJER Y SUPERVISORA. ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA (HUILA). DE OFICIO. 2 DE JUNIO DE 2020. VIGENCIA FISCAL 2020. PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA FASE DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO 681 DE 2020. AUTO DE ARCHIVO DE LA INDAGACIÓN PREVIA. (ARTÍCULO 90 DE LA LEY 1952 DE 2019). Neiva (Huila), 12 de marzo de 2025 1. ASUNTO A TRATAR. El Procurador Provincial de Instrucción Neiva, en uso de sus facultades legales, procede a decidir lo que en derecho corresponda dentro de las presentes diligencias con fundamento en los siguientes: HECHOS Y ANTECEDENTES. La entonces Procuradora Provincial de Neiva, ordenó de oficio iniciar la presente actuación, con el fin de investigar, los hechos denunciados por varios concejales en virtud de la orden de suministro Núm. 005 de 2020, consistentes en las presuntas irregularidades respecto a la planeación y supervisión de las raciones diarias que se entregan a los habitantes de calle. Asimismo, a este radicado fue acumulado el contrato de suministro Núm. 681 de 2020, suscrito entre el Municipio de Neiva, representado por el señor [NOMBRE TACHADO] condición de alcalde y el señor [NOMBRE TACHADO]. COMPETENCIA DE LA PROCURADURÍA PROVINCIAL DE INSTRUCCIÓN NEIVA. Este órgano de control debe destacar que los hechos descritos en la compulsa de copias son de competencia de este Despacho, al tenor de lo dispuesto en el literal a) del numeral 1º del artículo 76 del Decreto 262 de 2000; modificado por el artículo 22 del Decreto 1851 de 2021 y lo preceptuado en el numeral 18.2 del artículo 3 de la Resolución No. 213 del 6 de mayo de 2003 y la Resolución No. 414 del 12 de octubre de 2023. Del mismo modo, debe resaltar el Despacho que durante todo el trámite de la actuación disciplinaria se ha mantenido incólume la competencia de esta provincial para investigar los hechos expuestos y conexos; así mismo, para decretar y practicar pruebas con fundamento en el Principio de investigación integral. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN (LEY 1952 DE 2019). El Congreso de la República de Colombia emitió la Ley 1952 de 2019, “Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario”, según esta normativa, se derogaría la Ley 734 del 2002, algunos artículos de la Ley 1474 del 2011 y el Decreto Ley 262 del 2000. Debe resaltar este operador disciplinario que la mencionada Ley estipuló un régimen de transición por cambio normativo: “ARTÍCULO 71. Modificase el artículo 263 de la Ley 1952 de 2019, el cual quedará así: ARTÍCULO 263. Artículo transitorio. A la entrada en vigencia de esta ley, los procesos en los cuales se haya surtido la notificación del pliego de cargos o instalado la audiencia del proceso verbal, continuarán su trámite hasta finalizar bajo el procedimiento de la Ley 734 de 2002. En los demás eventos se aplicará el procedimiento previsto en esta ley.” Negrilla fuera de texto. A su vez, el artículo 73 de la citada Ley consagra: “ARTÍCULO 73. Modificase el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, el cual quedará así: ARTÍCULO 265. Vigencia y Derogatoria. Las disposiciones previstas en la presente ley, y las contenidas en la ley 1952 de 2019, que no son objeto de reforma, entrarán a regir nueve (9) meses después de su promulgación. Durante este período conservará su vigencia plena la Ley 734 de 2002, con sus reformas. Deróguese el artículo 248 de la Ley 1952 de 2019 y deróguese la referencia a las palabras y la consulta que está prevista en el numeral 1 del artículo 59 de la ley 1123 de 2007. Los regímenes especiales en materia disciplinaria y las normas relacionadas con la Comisión de Ética del Congreso conservarán su vigencia. PARÁGRAFO 1. El artículo 1 de la presente Ley, relativo a las funciones jurisdiccionales entrará a regir a partir de su promulgación. PARÁGRAFO 2. El artículo 7 de la presente ley entrará a regir treinta meses (30) después de su promulgación. Mientras tanto, mantendrá su vigencia el artículo 30 de la ley 734 de 2002, modificado por el artículo 132 de la ley 1474 de 2011. Con fundamento en lo expuesto, y para un mejor entendimiento del sujeto procesal involucrado en el presente proceso disciplinario, debe puntualizarse que los hechos acaecieron en vigencia de la Ley 734 de 2002; no obstante, el 29 de marzo de 2022 entró en vigor la Ley 1952 de 2019, razón por la cual la presente actuación continuará tramitándose por el nuevo régimen disciplinario esto es, el Código General Disciplinario conocido por sus siglas C.G.D., por cuanto en este proceso disciplinario no se había surtido para esa fecha el pliego de cargos debidamente notificado o instalado la audiencia del proceso verbal; en cuyo caso debía continuarse el trámite procesal bajo el anterior Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002). ACTUACIÓN PROCESAL. Mediante auto de fecha 2 de junio de 2020, la PROCURADURÍA PROVINCIAL DE INSTRUCCIÓN DE NEIVA, ordenó dar inicio a indagación preliminar en AVERIGUACIÓN DE RESPONSABLES del MUNICIPIO DE NEIVA (HUILA), ordenando la práctica de pruebas de oficio. El día 29 de septiembre de 2020, la entonces Procuradora Provincial de Neiva dispuso la apertura de investigación disciplinaria en contra de la señora [NOMBRE TACHADO], en calidad de Secretaria de la Mujer, Equidad e Inclusión del municipio de Neiva y supervisora del contrato de suministro No. 00681 de 2020, ordenando en el acápite denominado "Otras Consideraciones" compulsar copias con destino a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial, para que se investigara al señor [NOMBRE TACHADO], Alcalde Municipal de Neiva, por las presuntas irregularidades [NOMBRE TACHADO] y ejecución del mencionado contrato. El día 29 de octubre de 2021, este despacho decidió prorrogar la investigación disciplinaria y finalmente el día 1 de diciembre de 2022, se dispuso su cierre. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO. Es pertinente establecer, en forma previa y general, el real contenido y alcance del principio y derecho constitucional fundamental del debido proceso. El derecho al debido proceso se concreta en la protección constitucional que se otorga a todas las personas con el fin de garantizar durante todo el trámite, bien sea administrativo o judicial, la obtención de decisiones justas y adecuadas al derecho material, para lo cual es indispensable que se haya proporcionado al interesado la oportunidad de ser escuchado y de controvertir los elementos probatorios que sustentan la adopción de la respectiva decisión. De esta forma, la garantía constitucional del debido proceso constituye un instrumento de control contra las posibles irregularidades y desaciertos en los que pueda incurrir la autoridad en el trámite de un proceso sancionatorio o de condena. En tales condiciones, el derecho fundamental del debido proceso y del derecho de defensa atañe que, en todas las actuaciones administrativas y judiciales, debe garantizarse el completo y preciso acatamiento de las normas procesales que regulan las ritualidades de cada proceso en particular, así como la confianza de que las partes intervinientes en el mismo puedan tener la plena confianza de una igualdad no sólo formal, sino, material, en el sentido de que todas las actuaciones que se surtan en el trámite de dicho proceso serán conocidas a fin de que se ejerza el derecho de contradicción. Por consiguiente, cualquiera que sea la naturaleza del proceso o procedimiento que se adelanta, las partes que en él intervengan tienen el pleno derecho de conocer todos los pronunciamientos que hace la autoridad que dirige el mismo, esto es, desde el inicio de la correspondiente investigación o proceso, según sea el caso, hasta la decisión final o sentencia, lo que incluye, por obvias razones, cada una de las etapas que se surtan dentro de éste, es decir, la correspondiente a las pruebas, traslados, alegatos y demás. Corolario de lo anterior, le corresponde a este Despacho ¿determinar si se puede endilgar responsabilidad disciplinaria a la señora [NOMBRE TACHADO], en calidad de Secretaria de la Mujer, Equidad e Inclusión del municipio de Neiva y supervisora del contrato de suministro No. 00681 de 2020, por los hechos aquí denunciados? El Despacho considera que, con el fin de adoptar una decisión suficientemente ilustrativa, debe referirse previamente con relación al origen general de la pandemia surgida por la enfermedad denominada SARS-CoV-2 o COVID 19 y la normatividad expedida por el Gobierno Nacional, Regional y Local para conjurarla; y en segundo lugar, al origen de la controversia e irregularidades en la que pudo haber incurrido la investigada [NOMBRE TACHADO] y ejecución del contrato de suministro No. 00681 de 2020, con fundamento en los elementos de juicio que se extraen de la valoración probatoria y que nos brindan claridad meridiana para la toma de decisiones conclusivas que en derecho correspondan, los cuales se exponen en la siguiente forma: 6.1 ORIGEN GENERAL DE LA PANDEMIA SURGIDA POR LA ENFERMEDAD DENOMINADA SARS-COV-2 O COVID 19; Y LA NORMATIVIDAD EXPEDIDA POR EL GOBIERNO NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL PARA CONJURARLA. El día 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud - OMS declaró el brote de enfermedad denominada SARS-CoV-2 o COVID 19, como una pandemia, esencialmente por la velocidad de su propagación y la escala de trasmisión, toda vez que al 11 de marzo de 2020 a la OMS se habían notificado cerca de 125.000 casos de contagio en 118 países y que a lo largo de esas últimas dos semanas el número de casos notificados fuera de la República Popular China se había multiplicado en 13 veces, mientras que el número de países afectados se había triplicado, por lo que instó a los países a tomar acciones urgentes y decididas para la identificación, confinación, aislamiento y monitoreo de los posibles casos y tratamiento de los casos confirmados. El Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, declaró el estado emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID 19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo 2020 y, en consecuencia, adoptó una serie de medidas con el objeto de prevenir, controlar su propagación y mitigar sus efectos. El Gobierno Nacional expidió el Decreto No. 417 del 17 de marzo de 2020, “Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional”, por el término de 30 días, con el fin de adoptar las medidas necesarias para conjurar la crisis e impedir la propagación del COVID-19, con fundamento en el artículo 215 de la Constitución Política y la Ley 137 de 1994. A su vez, el ejecutivo nacional a través del Decreto No. 457 del 22 de marzo 2020, impartió instrucciones para combatir la emergencia sanitaria generada por la pandemia del SARS-CoV-2 o COVID 19, y el mantenimiento del orden público y en el artículo 1º ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, de conformidad con el numeral 4º del artículo 189 y los artículos 303 y 315 de la Constitución Política de Colombia, en consonancia con el artículo 199 de la Ley 1801 de 2016. El Gobierno Nacional, mediante el Decreto Legislativo No. 539 de 2020, dispuso que el Ministerio de Salud y Protección Social era la entidad encargada de expedir los protocolos sobre bioseguridad necesarias en todas las actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública, para mitigar, controlar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19. Subsiguientemente, el Gobierno Nacional emitió distintos Decretos prolongado las medidas de aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes del territorio nacional, entre ellos los siguientes: Decreto No. 531 del 8 de abril de 2020, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020. Decreto No. 593 del 24 de abril de 2020, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020. Decreto No. 636 del 6 de mayo de 2020, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de mayo de 2020, prorrogado por el No. Decreto No. 689 del 22 de mayo de 2020 hasta las doce de la noche (12:00 pm) del 31 de mayo de 2020. Decreto No. 749 del 28 de mayo de 2020, modificado y prorrogado por los Decretos No. 847 del 14 de junio de 2020 y No. 878 del 25 de junio de 2020, respectivamente, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de junio de 2020, hasta las doce de la noche (12:00 pm) del 15 de julio de 2020. Decreto No. 990 del 9 de julio de 2020, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 16 de julio de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de agosto de 2020. Decreto No. 1076 del 28 de julio de 2020, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de agosto de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de septiembre de 2020. Decreto No. 1168 del 25 de agosto de 2020, prorrogado y modificado por los Decretos No. 1297 del 29 de septiembre, No. 1408 del 30 de octubre de 2020 y No. 1550 del 28 de noviembre de 2020, se reguló la fase de aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable en la República de Colombia en el marco de la emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus COVID-19, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de noviembre de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 16 de enero de 2021. Decreto No. 039 de 14 de enero de 2021, reguló la fase de aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable en la República de Colombia en el marco de la emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus COVID-19, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 16 de enero de 2021, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de marzo de 2021. Decreto No. 206 de 26 de febrero de 2021, se reguló la fase de aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable en la República de Colombia en el marco de la emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus COVID-19, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 01 de marzo de 2021, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de junio de 2021. En el ámbito Regional, el Departamento del Huila, en cabeza del Gobernador, emitió el Decreto No. 091 del 16 de marzo de 2020 “por el cual se declara una situación de calamidad pública como consecuencia de la presencia del Coranovirus (COVID-19) en el departamento del Huila, y se dictan otras disposiciones”, de conformidad con la Circular 00005 del 11 de febrero de 2020, impartida por el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la cual se dan directrices para la detención temprana, ante la posible introducción del virus. Esta decisión se adoptó en reunión de Consejo Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres del Departamento del Huila, efectuada el día 16 de marzo de 2020, en la que se emite concepto favorable para la declaratoria de la calamidad pública. 6.2 ORIGEN DE LA CONTROVERSIA E IRREGULARIDADES EN LA QUE PUDO HABER INCURRIDO LA INVESTIGADA [NOMBRE TACHADO] Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 00681 de 2020. De acuerdo con las pruebas recaudadas en el plenario se encuentra demostrado que en el municipio de Neiva se declaró la urgencia manifiesta, la cual se halla amparada en que existía una emergencia por el Covid-19; así las cosas, la entidad territorial emitió el Decreto Municipal No. 308 de 2020, «por medio del cual se declara la urgencia manifiesta en el municipio de Neiva y se dictan otras disposiciones», del 16 de marzo de 2020. Debe indicarse que la administración municipal de Neiva, amparada en la urgencia manifiesta suscribió el contrato 681 de 2020, que tenía como objeto “Brindar atención integral a la población vulnerable con enfoque diferencial ‘habitante de calle ’del municipio de Neiva como ayuda humanitaria para mitigar los efectos que se puedan ocasionar debido a la calamidad pública originada por el COVID-19”. Ahora bien, este ente de control decidió iniciar de oficio la presente actuación disciplinaria en virtud de un video publicado en las redes sociales por Concejales del municipio de Neiva, en el cual señalaban presuntas irregularidades en su ejecución. Con base a lo señalado la PROCURADURÍA PROVINCIAL DE INSTRUCCIÓN DE NEIVA, con fundamento en el Principio de investigación integral, según el cual, la investigación que se efectúe dentro del proceso disciplinario no solo debe apuntar a probar la falta del servidor público, sino además, a encontrar las pruebas que desvirtúen o eximan de responsabilidad al mismo, consideró necesario oficiar a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA (HUILA) y a la CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA, en aras de esclarecer los hechos. Al hacer un análisis exhaustivo de los medios de prueba recaudados y del auto de apertura de investigación, encontramos que las presuntas irregularidades endilgadas a la disciplinada se originaron en la fase de planeación y ejecución del contrato No. 681 de 2020. En lo que respecta a la fase planeación del citado contrato, este Despacho constata que la señora [NOMBRE TACHADO], en calidad de Secretaria de la Mujer, Equidad e Inclusión del municipio de Neiva, no participó en esta fase, por cuanto del material probatorio que obra en el expediente, se pudo constatar que el señor [NOMBRE TACHADO], quien para ese entonces se desempeñaba como Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo, fue la persona que estructuró y signó el 28 de marzo de 2020, los estudios previos que dieron origen al mencionado negocio jurídico. Igualmente, se acreditó en la actuación que el contrato 681 de 2020, fue suscrito por el señor [NOMBRE TACHADO]; el día 26 de marzo de 2020, por tal motivo, no existen elementos de juicio que permitan a esta instancia realizar reproche en contra de la investigada por las irregularidades que surgieron en la fase de planeación y estructuración del pluricitado contrato. Sin embargo, esta instancia debe enfatizar que la PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO, LA TRANSPARENCIA Y LA INTEGRIDAD, dentro del expediente E-2020-200936 / IUC D-2020-1496374, emitió auto de fecha 29 de octubre de 2020, mediante el cual formuló cargos al señor [NOMBRE TACHADO], por estos hechos así: “…5.1.2. SEGUNDO CARGO: presunta violación de los principios de planeación, selección objetiva y moralidad en el contrato 681 de 2020 5.1.2.1 Conducta – circunstancias de tiempo, modo y lugar. Según el análisis de las pruebas recaudadas hasta el momento, el señor [NOMBRE TACHADO], en su condición de alcalde del municipio de Neiva, participó en la etapa precontractual al suscribir los documentos relacionados con la celebración del contrato 681 del 26 de marzo de 2020. Estos corresponden al Decreto municipal 308 del 16 de marzo de 2020, “por medio del cual se declara urgencia manifiesta en el municipio de Neiva y se dictan otras disposiciones”, que permitió que la modalidad de contratación del contrato 681 de 2020 fuera la contratación directa; y a la orden de suministro 005 del 26 de marzo de 2020, dirigida al señor [NOMBRE TACHADO], en la que se le comunican las actividades a desarrollar para atender de manera integral a la población habitante de calle del municipio de Neiva. También participó en la etapa contractual al suscribir, como desarrollo de la orden de suministro 005 de 2020, el contrato 681 del 26 de marzo de 2020 que tiene como objeto brindar atención integral a personas consideradas como población vulnerable, con enfoque diferencial, habitante de calle del municipio de Neiva, para mitigar los efectos negativos ocasionados por la calamidad pública originada por el Covid-19. El contrato 681 de 2020 tiene un valor de $425.596.159 M/Cte. y la obligación principal en cabeza del contratista es suministrar alimentación, hidratación, kit de aseo, kit habitacional, elementos de aseo y tratamiento de basuras, insumos de protección sanitaria y servicio de lavandería, a favor de trescientas cincuenta (350) personas en condiciones de habitantes de calle, por el término de 31 días calendario. Así mismo, el contratista tiene la obligación señalada en la Cláusula Segunda del Contrato: “entregar las raciones alimenticias y los productos de acuerdo a las cantidades requeridas para las personas vulnerables ‘habitantes de calle ’del municipio de Neiva (…) contar con la logística y el personal suficiente para dar correcta ejecución del objeto contractual además de mantener condiciones óptimas de higiene y salubridad en la entrega de las raciones” (énfasis añadido). Para la celebración del contrato 681 de 2020 se seleccionó al señor [NOMBRE TACHADO] como contratista, quien, según información que obra en el expediente de su registro mercantil en el municipio de Neiva: es persona natural inscrita en el registro mercantil del municipio desde el 11 de enero de 2018, con una declaración de activos totales para desarrollar su actividad comercial de $20.000.000 M/Cte., categorizado como Microempresa (Grupo III), y sin declaración de propiedad o uso sobre establecimiento de comercio destinado a su ejercicio mercantil. Como requisitos para seleccionar al contratista, según los estudios previos 0782 radicados y suscritos el 28 de marzo de 2020 para celebrar el contrato 681 de 2020, es decir después de la fecha de suscripción del contrato (el 26 de marzo), se señala que el contratista no debe acreditar experiencia específica en la ejecución de contratos similares, y que la experiencia general se acreditará si ha estado inscrito por lo menos un año en el registro mercantil, con un objeto social o actividad económica que comprenda el suministro de alimentos o el expendio de comidas preparadas. Como se observa, los estudios previos del contrato 681 de 2020 fueron radicados y suscritos con fecha del 28 de marzo de 2020, es decir después de la suscripción del contrato estatal. Por esa razón, el contrato 681 de 2020 no fue firmado con base en la planeación contenida en esos estudios. Teniendo en cuenta lo anterior, con su conducta el disciplinado posiblemente desconoció el principio de planeación, que es manifestación del principio de economía consagrado en el numeral 7 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, porque suscribió el contrato 681 de 2020 sin la respectiva planeación que estaba contenida en los estudios previos radicados y firmados después de la firma del contrato. Los estudios previos 0782 fueron radicados y suscritos el 28 de marzo de 2020, es decir dos días después de firmado el contrato 681 de 2020. Por esa razón, esos estudios no pudieron ser tenidos en cuenta para la firma del contrato estatal. Por otro lado, el disciplinado presuntamente violó el principio de selección objetiva, que es manifestación del principio de transparencia consagrado en el numeral 8 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, al suscribir la orden de suministro 005 de 2020 y el contrato 681 de 2020 con el señor [NOMBRE TACHADO]. Este contratista no acreditó las calidades, experiencia y capacidad suficientes para determinar que su propuesta de contrato era la oferta más favorable a la entidad. El señor [NOMBRE TACHADO] es una persona natural, con una declaración de activos para desarrollar su actividad comercial insuficiente para el objeto del contrato suscrito, calificado como microempresa, sin experiencia real acreditada y sin establecimiento de comercio declarado para el desarrollo de su actividad mercantil. El señor [NOMBRE TACHADO] suscribió el contrato 681 de 2020 con el contratista [NOMBRE TACHADO], a pesar de que el contrato exigía la logística suficiente para suministrar alimentación, hidratación, kit de aseo, kit habitacional, elementos de aseo y tratamiento de basuras, insumos de protección sanitaria y servicio de lavandería, a favor de 350 personas en condiciones de habitantes de calle, por el término de 31 días calendario. Como se dijo antes, la firma del contrato fue realizada antes de contar con sus estudios previos, los cuales tienen una fecha posterior a la suscripción del acuerdo; razón por la cual, no pudieron ser utilizados para la evaluación de la propuesta presentada por el contratista [NOMBRE TACHADO]. De esta forma, no existió una evaluación razonable y objetiva de las calidades, experiencia y capacidad del contratista seleccionado para asegurarse de que fuera la oferta más favorable para la entidad. De igual manera, el análisis efectuado a la oferta presentada por el contratista [NOMBRE TACHADO], se realizó en el mismo día 26 de marzo de 2020, cuando se suscribió el contrato, pudiendo con ello carecer del tiempo suficiente para el análisis de la oferta más favorable a los intereses de la entidad. Aparte, la conducta del señor [NOMBRE TACHADO] presuntamente desconoció el principio de moralidad, según el artículo 209 de la Constitución y el numeral 5 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, que rige la contratación estatal en virtud del artículo 23 de la Ley 80 de 1993, conforme al cual se debe actuar con lealtad y rectitud en la contratación estatal, valores superiores que imponen escoger un contratista con las calidades, experiencia y capacidad suficientes para garantizar la oferta más favorable a la entidad. Este principio, a su vez, obliga a que los funcionarios que participen en la contratación estatal respondan siempre al interés de la colectividad, logrando el desarrollo de los fines estatales. En este caso, el servidor [NOMBRE TACHADO] al suscribir el contrato 681 de 2020 no parece haber defendido el interés superior de la entidad estatal, ni de la colectividad, al escoger a un contratista que en un análisis visible y patente no cumple con la capacidad, calidades y experiencia requeridas para cumplir de la manera más favorable a la entidad el objeto del contrato. Que se hubiera escogido un contratista persona natural, sin establecimiento de comercio, sin experiencia específica, para el contrato 681 de 2020, debió generar una revisión minuciosa por parte del señor [NOMBRE TACHADO] para verificar si esa selección era la que mejor beneficiaba los intereses del municipio.” El día 8 de marzo de 2023, la PROCURADURÍA DELEGADA DISCIPLINARIA JUZGAMIENTO 1, profirió fallo de primera instancia en contra del señor [NOMBRE TACHADO], al encontrar probado y no desvirtuado el segundo cargo endilgado. Dentro del término legal, la defensa técnica del investigado recurrió la decisión, no obstante, la SALA DISCIPLINARIA DE JUZGAMIENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE ELECCIÓN POPULAR, a través de fallo de segunda instancia proferido el día 17 de agosto de 2023, confirmó el fallo objeto de impugnación, aunque decidió absolverlo del segundo cargo endilgado, el cual hace referencia estricta al contrato 681 de 2020. “...6.4.2 Análisis de los argumentos de impugnación frente al segundo cargo atribuido a [NOMBRE TACHADO] 6.4.2.1 La tipicidad El comportamiento desplegado por el inquirido, en términos del fallo apelado, está referido a la violación de la planeación como desarrollo del principio de economía y del principio de selección objetiva, porque el contratista del contrato No. 681 de 2020 no tenía la idoneidad necesaria para la ejecución del mismo. Un aspecto de especial relevancia en este asunto y que resulta insoslayable para efecto de la imputación fáctica, es que el contrato No. 681 de 2020 fue celebrado en el marco de la emergencia sanitaria declarada en el territorio nacional en marzo de 2020, a la que la administración local de Neiva dio alcance por medio de los Decretos Municipales Nos. 305 de 2020 de emergencia Sanitaria en esa comprensión territorial, No. 306 de 2020 sobre la calamidad pública local y No. 308 de urgencia manifiesta En virtud de ello, autorizado por las reglas establecidas en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, el 26 de marzo de 2020, [NOMBRE TACHADO], como alcalde de Neiva, suscribió el contrato No. 68154, con [NOMBRE TACHADO], para el suministro de alimentación, hidratación, kit de aseo, kit habitacional, insumos de protección y servicio de lavandería, para 350 habitantes de calle, por valor de $425.596.159, con un plazo de 31 días. Posteriormente, el 28 de marzo del mismo año, se formalizó la contratación con todas las exigencias legales que el contrato de suministro exige, tales como estudios previos y certificado de disponibilidad presupuestal. Una conclusión evidente y apenas lógica, es que tales documentos fueron posteriores al contrato, actuación autorizada por el artículo 41 del estatuto de contratación administrativa, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 que, en lo pertinente, dispone: En caso de situaciones de urgencia manifiesta a que se refiere el artículo 42 de esta Ley que no permitan la suscripción de contrato escrito, se prescindirá de éste y aún del acuerdo acerca de la remuneración, no obstante, deberá dejarse constancia escrita de la autorización impartida por la entidad estatal contratante. A falta de acuerdo previo sobre la remuneración da que trata el inciso anterior, la contraprestación económica se acordará con posterioridad al inicio de la ejecución de lo contratado. Si no se lograre el acuerdo, la contraprestación será determinada por el justo precio objetivo de la entidad u organismo respectivo que tenga el carácter de cuerpo consultivo del Gobierno y, a falta de date por un perito designado por las partes. Concordante con ello, el artículo 2.2.1.2.1.4.2 del Decreto 1082 de 2015, dispone: Declaración de urgencia manifiesta. Si la causal de contratación directa es la urgencia manifiesta, el acto administrativo que la declare hará las veces del acto administrativo de justificación, y en este caso la Entidad Estatal no está obligada a elaborar estudios y documentos previos. En los estudios previos No. 0782 radicados y suscritos el 28 de marzo de 2020, en el marco del contrato 081 de 2020, quedaron registrados los siguientes antecedentes como necesidad de la contratación: En este orden de ideas, se hace necesario realizar una orden de suministro que nace de la necesidad de brindar atención integral a la población HABITANTE DE CALLE del municipio de Neiva, que se encuentran en estado de vulnerabilidad manifiesta, por lo que durante la emergencia sanitaria declarada por el Gobierna Nacional este grupo poblacional requiere atención prioritaria por parte del Estado y de sus Entes Territoriales. Distritales y Municipales, como lo demanda el artículo 10 de nuestra Constitución Política, situación que conlleva a contratar el suministro de alimentación y el suministro de colchonetas, camas, cobijes, kit de aseo, alquiler de baños portátiles, carpas entre otros. Las actividades a desarrollar fueron avaladas en su componente técnico por la Secretaria de la Mujer, equidad e inclusión para lo cual se requiere brindar Alimentación para trescientos cincuenta (350) personas, hidratación, Kit de Aseo personal y de Habitación, la compra de elementos para el Aseo habitacional y/o Insumos de limpieza y el servicio de lavandería, atención humanitaria que cumpla con las necesidades básicas para la población vulnerable con enfoque diferencial HABITANTE DE CALLE; esta atención se brindará siguiendo en todo caso los protocolos de prevención del virus, así como dando el cumplimiento de las normas de higiene, salubridad y calidad de los alimentos, para evitar propagación de la pandemia COVID-19 Que el contratista, debe garantizar la inocuidad de las comidas y productos a suministrar los cuales deben cantar con registro Sanitario INVIMA y deberá seguir todos los protocolos establecidos para evitar le propagación del virus COVID-18, por lo que a personal que sea destinado para dar cumplimiento a esta orden de suministro deberán contar con todos los elementos de seguridad y deberán dar cumplimiento a todos y cada uno de los protocolos de seguridad y salubridad requeridos en el marco del desarrollo de las actividades de prevención y control de la emergencia epidemiológica producida por el coronavirus (COVID 19). Por lo tanto, la administración municipal, y teniendo en cuenta las actuales circunstancias de la Urgencia Manifiesta a consecuencia del CORONA VIRUS COVID-18, se ha llegado a determinar y establecer que la población vulnerable HABITANTE DE CALLE pueden verse afectados, toda vez que por las medidas de prevención que expidieron por el Gobierno nacional para la prevención del COVID - 19 siguiendo con los protocolos dados por el ministerio de salud y la protección social, es realizar el aislamiento obligatorio de toda la ciudadanía, es por esta razón que el Municipio de Neiva requiere salvaguardar la vida y la integridad de las familias del Municipio de Neiva entregando a la población vulnerable el componente de alimentación y Aseo para protegerlos del contagio del COVID 19, por lo que se hace necesario contratar a una persona natural o jurídica con la capacidad e idoneidad para suministrar la alimentación, los productos de habitación y de Aseo personal, productos de limpieza y aseo habitacional, y la prestación del servicio de lavandería a la población vulnerable HABITANTE DE CALLE con ocasión de la emergencia surgida por la pandemia en curso [...] [Negrillas del texto original) En el capítulo ANÁLISIS DEL SECTOR, incluido en los estudios previos, el perfil requerido para el contratista fue: Persona Natural o Jurídica con o sin ánimo de lucro y la experiencia exigible era GENERAL: En suministro de alimentos mínima de un (1) año. Como se dijo, el 26 de marzo de 2020, [NOMBRE TACHADO], en su condición de alcalde de Neiva (Huila), celebró el contrato No. 681, con [NOMBRE TACHADO], con el objeto de brindar atención integral a personas consideradas como población vulnerable, con enfoque diferencial, habitante de calle, de ese municipio, para mitigar los efectos negativos ocasionados por la calamidad pública originada por el Covid-19. El valor del bilateral ascendió $425.596.159 y se pactó un pago anticipado del 50%. Para la ejecución del contrato fue seleccionado [NOMBRE TACHADO], que demostró contar con la experiencia general requerida por el municipio, esto es, registro mercantil en Neiva como persona natural, inscrito el 11 de enero de 2018, superior al año exigida para esta contratación. Así consta en el registro de Cámara de Comercio que hace parte de la carpeta contractual. (…) De este modo, en el caso que nos ocupa, en el marco de la urgencia manifiesta declarada por la administración municipal, el ciudadano [NOMBRE TACHADO] fue seleccionado para satisfacer la necesidad apremiante que se presentaba en la época de aislamiento por la que se atravesaba en marzo de 2020, y en virtud de ello debía suministrar alimentación, elementos de aseo y bioseguridad a habitantes de calle. En la cláusula segunda del contrato se pactaron las obligaciones de las partes y entre ellas se destacan las siguientes a cargo del contratista: [...] Suministrar la ayuda humanitaria a la población vulnerable HABITANTE DE CALLE del Municipio de Neiva compuesta por la alimentación, y la entrega de hidratación, Kits de Aseo personal y de Habitación, elementos para el Aseo habitacional y/o insumos de limpieza y, prestar el servicio de lavandería de acuerdo a las especificaciones técnicas de cada producto. 2. Entregar las raciones alimenticias y los productos de acuerdo a las cantidades requeridas para las personas vulnerables HABITANTE DE CALLE del Municipio de Neiva de acuerdo a los valores establecidos en el presupuesto oficial [...]. Dentro de los documentos de ejecución contractual se encuentran los informes de supervisión que dan cuenta del curso normal del desarrollo de las actividades pactadas y el acta de terminación adiada 20 de agosto de 2020, indicativa del cumplimiento a cabalidad de las obligaciones a cargo de contratista: El fallo apelado afirma que [...] el señor [NOMBRE TACHADO], contratista que no acreditó las calidades, capacidad y experiencia suficientes para garantizar la mejor oferta a la entidad contratante, conclusión contraria a lo probado en el proceso, porque, como se dijo, el contratista demostró que contaba con las calidades previstas en los estudios previos: ser persona natural y encontrarse inscrito en el registro de Cámara de Comercio, al menos con un año de antelación a la celebración del bilateral. Adicionalmente, el contrato fue ejecutado a cabalidad, lo que da cuenta de haber ejecutado las obligaciones adquiridas la capacidad, calidad y experiencia de las que estaba dotado el contratista. Según Colombia Compra Eficiente, los requisitos habilitantes y las condiciones que deben reunir las proponentes se establecen ab initio del proceso de selección, ello en la medida que no existe norma que defina las exigencias que deben reunir los oferentes. En todo caso, la ley no exige establecer requisitos habilitantes en la modalidad de selección de contratación directa pues la entidad estatal escoge directamente a la persona natural o jurídica que debe ejecutar el objeto contractual, sin perjuicio del deber de revisar la idoneidad del contratista y verificar su capacidad jurídica para obligarse y cumplir con el contrato. El contrato cuestionado se celebró bajo la modalidad de contratación directa, por la causal de urgencia manifiesta, en la que no es necesario agotar ningún procedimiento previo de selección, por lo mismo no es posible exigir que la entidad estatal obtenga pluralidad de ofertas y agote el trámite de análisis comparativo de las mismas, como erradamente concluye la primera instancia al afirmar que la alcaldía de Neiva no garantizó la mejor oferta para los fines de la contratación. Adicional a ello, como quiera que en esta tipología contractual no es necesario contar con estudios previos, la administración local los elaboró después de celebrado el contrato y en ellos precisó los requisitos mínimos que debía cumplir el contratista para la ejecución del objeto contratado, mismos que se ajustan a los demostrados por el contratista [NOMBRE TACHADO]. En términos de la imputación mulada al investigado en sede de primera instancia, de cara a las pruebas obtenidas durante el juicio disciplinario, no existe otro camino que el de revocar la declaratoria de responsabilidad frente a ella, toda vez que el comportamiento deviene en atípico, en la medida que el contratista seleccionado para ejecutar el contrato 682 de 2020 demostró las calidades, experiencia y capacidad requeridas en la contratación, en suma, era idóneo para su ejecución, al punto que el contrato se ejecutó en debida forma. Esta colegiatura acoge los planteamientos de defensa y encuentra desvirtuada la imputación hecha en sede de primera instancia contra [NOMBRE TACHADO] por el segundo cargo endilgado, en consecuencia, se impartirá absolución a su favor frente al mismo. Por sustracción de materia no hay lugar a analizar los elementos de culpabilidad e ilicitud de sustancial de este comportamiento” Negrilla fuera de texto. Es decir, que finalmente la Procuraduría General de la nación, no encontró irregularidades respecto a la fase de planeación y estructuración del contrato 681 de 2020. En lo que atañe a la etapa de ejecución del señalado contrato, encontramos que la señora [NOMBRE TACHADO], en calidad de Secretaria de la Mujer, Equidad e Inclusión del municipio de Neiva, fue designada como supervisora del negocio jurídico; por ende, debe revisarse la actuación con el fin de determinar si existieron irregularidades en esta etapa que puedan ser atribuidas a la investigada. Es necesario enfatizar que la PROCURADURÍA PROVINCIAL DE INSTRUCCIÓN DE NEIVA, ordenó compulsar copias de todo el expediente con el fin que se investigara al señor [NOMBRE TACHADO]; por las presuntas falencias detectadas en la fase de ejecución; por ende, es necesario traer a colación la decisión emitida el 19 de febrero de 2024, por la PROCURADURÍA DELEGADA DISCIPLINARIA DE INSTRUCCIÓN 7. - SEGUNDA DELEGADA PARA LA CONTRATACIÓN ESTATAL, quien por reparto le correspondió el conocimiento de estos hechos: “…Culminada la etapa probatoria de la indagación preliminar, y sobre la base de las pruebas allegadas al proceso durante esta etapa, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 7. Segunda Delegada para la Contratación Estatal, conforme a lo establecido en los artículos 208 de la Ley 1952 de 2019, dispondrá la terminación y archivo definitivo de la presente actuación disciplinaria, con fundamento en el siguiente análisis: Una vez revisado la información obrante en el expediente, se encontró que posiblemente existirían irregularidades en ejecución del contrato de suministro No. 00681 de 2020, que tenía por objeto "ENTREGAR PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE CON ENFOQUE DIFERENCIAL "HABITANTE DE CALLE" DEL MUNICIPIO DE NEIVA, COMO AYUDA HUMANITARIA PARA MITIGAR LOS EFECTOS QUE SE PUEDAN OCASIONAR DEBIDO A LA CALAMIDAD PUBLICA ORIGINADA POR EL COVID-19.", suscrito con el señor [NOMBRE TACHADO] [NOMBRE TACHADO] con un plazo de ejecución de 31 días y un valor de $425.596.159. Ante los interrogantes, la Secretaría de Desarrollo Social e Inclusión del municipio certificó la correcta ejecución del contrato en mención cuando refrenda el estado actual del bilateral así: ESTADO TÉCNICO Según el acta de terminación e informes de supervisión suscritos por la supervisora [NOMBRE TACHADO]. se dejó constancia expresa que el contratista cumplió con las obligaciones contractuales, según los informes de actividades ejecutadas por el mismo, y ta cumplido a cabalidad el objeto del contrato, en los términos y el tiempo establecido y conforme a lo preceptuado en la orden de suministro 005 de 2020 / contrato 681 de 2020". ESTADO JURÍDICO Según el acta de terminación e informes de supervisión suscritos por [NOMBRE TACHADO] quien fue la supervisora del contrato, se observa que el contratista cumplió a cabalidad con sus obligaciones junto con el objeto contractual, lo anterior se puede corroborar con las actas de supervisión que reposan en el expediente y adicional a ello se adjuntan en este requerimiento; aclaro que las actas de supervisión se encuentran debidamente firmadas tanto por el contratista como por la supervisora del contrato [NOMBRE TACHADO], además cabe resaltar que el contratista realizo oportunamente los aportes al sistema general de seguridad social integral, dentro del tracto del contrato. acorde con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y normas concordantes ESTADO FINANCIERO Y ECONÓMICO Según el acta de terminación e informes de supervisión suscritos por la supervisora [NOMBRE TACHADO] se del) constancia en el acta de terminación la siguiente información: DESCRIPCIÓN VALOR Valor Inicial del Contrato y/o convenio $ 419.435.560 Adición - Otro Si No. 01 $ 89.946,150 Valor Final Contratado $ 509.381.710 Valor Final Ejecutado $ 509.381.643 Saldo a Favor del Municipio de Neiva $ 67 Saldo a Favor del Contratista $ 0 Ahora, lo anterior va de la mano con el acta de terminación suscrita el 20 de agosto de 2020 que certifica el cumplimiento a cabalidad del contrato que nos ocupa, de la mano esto con el certificado expedido por la interventoría, que contiene las actas de ejecución en las que se señala que se tuvo que realizar una adición en tiempo dado que se había imposibilitado la entrega de todas las cantidades alimentarias dada la dificultad que conlleva la ejecución de este contrato al ser la población vulnerable de habitantes de calle, tan cambiante, pero finalmente se logró llegar al número estipulado en el contrato. Este informe también detalla las actividades realizadas por el contratista en el día a día, tales como recoger sábanas y toallas para el servicio de lavandería, entrega de los kits de aseo, almohadas, insumos de protección etc., con una tabla final: (…) Así las cosas, de acuerdo con el análisis realizado a las pruebas obrantes en el expediente, este despacho no encuentra justificado el informe que dio origen a esta actuación, por lo tanto, la delegada ordenará el ARCHIVO del expediente y en consecuencia la terminación del procedimiento adelantado en esta controversia procesal. Corolario de lo anterior, puede afirmar este operador disciplinario que no existieron irregularidades en la fase de ejecución del contrato 681 de 2020; tesis que es reforzada con el Informe de Evaluación de fecha 17 de noviembre de 2020, referencia: Denuncia D C19-033-2020, suscrito por el Dr. [NOMBRE TACHADO], Director Técnico de Fiscalización de la Contraloría Municipal de Neiva, a través del cual se pronuncia sobre la Denuncia recepcionada el día 23 de mayo de 2020, radicado C19- 220420-513, relacionada con el contrato 681 de 2020, en los siguientes términos: “…El 6 de abril de 2020, se celebra el ACTA DE INICIO, entre: Camila Mercedes Suárez Ortega, Secretaria de la Mujer Equidad e Inclusión en calidad de supervisora del contrato y [NOMBRE TACHADO], en calidad de contratista, a fin de dar inicio a la ejecución del contrato, folio 133. El 17 de abril de 2020, se suscribe el ACTA ACLARATORIA y Modificatoria de la Orden de Suministro No. 005 / Contrato de Suministro No. 00681 de 2020, donde se modifica y aclara, el numeral segundo de la cláusula segunda del contrato de suministro 681 de 2020, quedando de la siguiente manera: “Clausula Segunda — Obligaciones del Contratista: 2. Entregar las raciones alimenticias y los productos de acuerdo a las cantidades requeridas para las personas vulnerables, y aclarar la relación entre descripción y cantidad diaria y mensual para los ítems "bolsas de basuras grandes" y "bolsas de basuras pequeñas”, folio 134 al 137. De fecha 24 de abril de 2020, se observa el ACTA ACLARATORIA No. 2 de la Orden de Suministro No. 005 - Contrato de Suministro No. 681 de 2020, suscrita por [NOMBRE TACHADO] Secretaria de Ia Mujer, Equidad e Inclusión, donde se aclara y modifica la Cláusula Octava, el plazo de ejecución, de 31 días contados a partir del 6 de abril de 2020 sin superar la presente vigencia fiscal, folio 140, 142 y 143. El día 6 de mayo de 2020, se firma el ACTA de JUSTIFICACIÓN y se deriva la PRÓRROGA No. 1 al Contrato de Suministro No. 681 de 2020, de acuerdo al informe de supervisión de la misma fecha, al notar que Ia cantidad diaria de beneficiarios (habitantes de calle) es inferior a la total estimada contratada, se hace necesario prorrogar el plazo del presente contrato, utilizando los mismos recursos inicialmente estipulados, se requiere adicionar en 30 días más de ejecución hasta agotar el presupuesto establecido, documento suscrito por el alcalde, la supervisora y el contratista. PRIMER INFORME DE SUPERVISIÓN. En el formato Certificado de Cumplimiento Supervisión /Interventoría - Informe de Supervisión/Interventoría, se presenta el informe de ejecución del 6 de abril hasta el 6 de mayo de 2020, firmado en la misma fecha por [NOMBRE TACHADO] supervisora, donde relaciona minuciosamente los productos y elementos indicando la cantidad diaria y totalizada del cumplimiento en el mes, del suministros de alimentación, hidratación, kit de aseo, kit habitacional, aseo y basuras, insumos y protección, lavandería, mostrando las existencias en bodega; relaciona que se alcanzó con el 57.6% de ejecución o sea $245.564.007; así mismo, indica los apoyos a la supervisión que realizan labores de logística son: la líder del programa Habitante de Calle, Heidy Johanna Cardozo, celular 3112973392 y el educador del programa Casa de Apoyo al Habitante de Calle, Rubén Córdoba Campos, celular 3219749868, folio 172 al 185 y en folios 201 al 205 primera carpeta. SEGUNDO INFORME DE SUPERVISIÓN, en el formato Certificado de Cumplimiento Supervisión /Interventoría - Informe de Supervisión/Interventoría, se presenta el informe de ejecución del 7 de mayo hasta el 6 de junio de 2020, firmado en la misma fecha por [NOMBRE TACHADO], Supervisora, relaciona que el pago estará precedido de la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, previa presentación del informe de cumplimiento y entrega, del suministro de la alimentación y de los productos acompañado de los respectivos soportes (factura folio 78), alcanzando el 81,1% de la ejecución del contrato, folio 23 al 34 segunda carpeta. De fecha del 6 de junio de 2020, se encuentran la constancia suscrita por la supervisora, en la cual certifica que el contrato de suministro No. 681 de 2020, se encuentra en ejecución y hasta la fecha se ha ejecutado un valor de $340.326.403. A reglón seguido certifica que, en el término de ejecución, el contratista ha entregado un total de 39.372 raciones alimentarias y 55.800 bolsas de agua; los anteriores datos corresponden a la información registrada en las actas de entrega y recibo del contrato de suministro, folio 99. En la misma fecha, 6 de junio de 2020, se celebra el Acta de Justificación y la PRÓRROGA No. 2 al Contrato de Suministro No. 0681 de 2020, se evidencia que existe un remanente, quedando por ejecutar solo los ítems de suministro de alimentación, hasta agotar presupuesto, por lo tanto, se prorroga la Cláusula Octava, Plazo de Ejecución. Se solicita modificar el plazo de ejecución en 30 días para un total de 91 días contados a partir del 6 de abril del 2020 (folio 108 al 111 segunda carpeta). Con fecha del 16 de junio de 2020, se suscribe el acta de justificación y el ADICIONAL No. 1, donde se establece: “existe un remanente quedando por ejecutar solo los ítems de suministro de alimentación; al igual se ve la necesidad que existe de adquirir elementos de salubridad, aseo, basuras, lavandería, hidratación e insumos de protección, donde se adiciona en La Clausula Segunda — Obligaciones Del Contratista, Obligaciones Específicas Inciso 2”, los Ítems enunciados alcanzan el valor de $89.946.150, quedando un total de $509.381.710, folio 112 al 128 carpeta 2. El 3 de julio de 2020, se firma la PRÓRROGA No. 3 al contrato, donde se sustenta: “que, entendiendo que la misma está supeditada al número diario de beneficiarios, la cual varía según actas de entrada y salida de habitantes de calle del "Coliseo Álvaro Sánchez Silva", lugar donde se está efectuando el programa PRIMERO Ml GENTE" y al notar que la cantidad diaria de beneficiarios (habitantes de calle) es inferior a la cantidad estimada contratada, se hace necesario prorrogar el plazo del presente contrato, utilizando los recursos anteriormente adicionados hasta su agotamiento, se modifica la Cláusula Octava y se prorroga por 15 días más la ejecución del mismo, total plazo de ejecución de 106 días contados a partir del 6 de abril del 2020 o en su defecto hasta agotar presupuesto sin superar la presente vigencia fiscal.” El 21 de julio de 2020, se suscribe el acta Modificatoria y PRÓRROGA No. 4 al Contrato de Suministro No. 681 de 2020, modificando: “Cláusula Octava - plazo: b) plazo de Ejecución 106 días contados a partir del 6 de abril de 2020, sin superar la presente vigencia. 9. Que, de conformidad con la ejecución contractual, y la ejecución realizada hasta el día 21 de julio de 2020, según informe de supervisión realizado.” Carpeta 3, contiene los documentos fechados del 6, 10,12 y 16 de abril de 2020, reportan en 199 formatos el ingreso del personal habitante de calle, igualmente, registran en varios formatos el retiro voluntario de los habitantes de calle (folio 1 al 398). Carpeta 4, contiene los documentos fechados del 17 de abril al 2 de julio de 2020, reportan en 88 formatos del ingreso del personal habitante de calle; igualmente, relacionan el retiro voluntario en varios formatos (folio 1 al 176). Carpeta 5, contiene la relación de la entrega de las raciones diarias y la hidratación, desde el 6 de abril al 4 de julio de 2020, en 180 folios. (…) Además, en la ejecución del contrato según La Nación mostró en una visita al coliseo Álvaro Sánchez Silva y en una entrevista a [NOMBRE TACHADO] Rodríguez líder programa adulto mayor de la secretaria de la mujer, dijo que se encontraban en ese momento 85 habitantes de calle en el coliseo y hubo un aforo máximo de 97 habitantes de calle, es decir, 253 menos habitantes de calle que la proyección inicial que tenía la alcaldía. Como se muestra en los siguientes videos la veracidad de las palabras de la señora [NOMBRE TACHADO], en el coliseo se muestran muy pocas personas, inclusive, se puede decir que no hay ni siquiera 60 personas en el momento de la grabación La primera parte del contrato ya se hizo y están las actas donde claramente se ve que entregaron implementos a personas ficticias y muchísima más alimentación sin justificación. Ya que es un canal válido doy el mismo tratamiento a una presentada por el aplicativo.” En el seguimiento, se pudo observar, que se encuentran comunicaciones dirigidas a la Contraloría General de la República No. 121 de abril 24 de 2020 (folios 138 al 158) y a la Fiscalía Nos. 4266 y 4268 del 4 de mayo de esta anualidad (folios 159 al 162 de la 1 carpeta), donde la supervisora [NOMBRE TACHADO], indica que la proyección del número de habitantes de calle para Ia realización de la planeación del posible número de beneficiarios que podían ingresar al coliseo, se hizo de conformidad con el censo poblacional de habitantes de calle, realizado por la Secretaria de la Mujer Equidad e Inclusión en el año 2017, en la cual se determinó un censo de 315 habitantes de calle, y por razones sociales y económicas del país, según estadísticas del DANE de extrema pobreza de conformidad con lo anterior la estrategia se determina para 350 habitantes de calle del Municipio de Neiva. No obstante, de acuerdo a las estadísticas la permanencia de los habitantes de calle en el programa fue irregular, sin embargo, del seguimiento realizado por esta territorial, de acuerdo a los soportes se evidencia la entrega total de los bienes y suministros adquiridos en este contrato como se refleja en el consolidado de las comidas así: CONSOLIDADOS ENTREGA DE SUMINISTROS Suministro ABRIL MAYO JUNIO JULIO CONSOLIDADOS CONTRATADOS Desayuno 4,055 3,309 2,649 837 10,850 10,850 Refrigerio mañana 3,994 3,297 2,646 913 10,850 10,850 Almuerzo 3,957 3,297 2,648 1,248 11,150 10,850 Refrigerio tarde 3,928 3,292 2,629 1,007 10,856 10,850 Cena 3,919 3,292 2,629 1,316 11,156 10,850 CONCLUSIÓN. En el seguimiento realizado a la Denuncia, se efectuó la evaluación y seguimiento a la ejecución del Contrato de Suministro No. 0681 de 2020, suscrito entre la Administración Municipal de Neiva y el contratista [NOMBRE TACHADO] contratista, con el objeto de: “Brindar atención integral a la población vulnerable con enfoque diferencial "habitante de calle" del Municipio de Neiva como ayuda humanitaria para mitigar los efectos que se puedan ocasionar debido a la calamidad pública originada por el covid-19”, por valor de $509.381.710 IVA incluido. Asociado a la anterior, nuestro trabajo de confirmación de cifras, se desarrolló a través del examen de la teoría lógica tomada por la administración municipal para establecer el número o universo de habitantes de calle al momento de realizar la planeación de la contratación, la verificación de los estudios de precios de mercado elaborados, sus posibles desviaciones o hechos irregulares que pudieran haberse presentado al realizar dicha contratación. También se revisaron detalladamente los ingresos al almacén del municipio de las cantidades de raciones contratados, cotejando con las entregas a los beneficiarios, sin que se detectaran faltantes relevantes, que fueran causal de observación al procedimiento por razones de desvío de bienes. Así mismo, se revisó la legalidad de los pagos efectuados hasta la fecha en el marco de la etapa de ejecución del contrato, su coherencia con las fuentes presupuestales de financiación, cotejada con los valores del contrato, situaciones que pese al trabajo realizado no se evidenció contexto irregular alguna que permitiera estructurar un presunto detrimento patrimonial.” Negrilla y subraya fuera de texto. Finalmente, esta instancia considera necesario señalar que estos hechos fueron puestos a disposición de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, entidad que decidió iniciar la noticia criminal con radicado 410016000584202000710, sin embargo, el ente acusador al momento de recaudar los elementos probatorios, evidencia e información legalmente obtenida, concluyó que no había soporte probatorio para imputar conductas delictuales a los funcionarios de la administración municipal por estos hechos: De acuerdo con lo expuesto, considera esta instancia que los hechos analizados no alcanzan la connotación de responsabilidad disciplinaria, derivada del quebrantamiento formal de la cobertura jurídica de los deberes y prohibiciones disciplinarias, como tampoco soportan la comprobación de la trasgresión de ninguno de presupuestos en comento, lo que debe redundar en una efectiva aplicación de la justicia, porque admitir lo contrario conlleva a la aplicación de una responsabilidad objetiva, la cual se encuentra proscrita en nuestro ordenamiento jurídico. Así las cosas, en estos términos este Despacho considera que no existe mérito para continuar con la presente actuación disciplinaria y procede a ordenar el archivo definitivo de la presente actuación por los hechos investigados, de conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la Ley 1952 de 2019, por cuanto la conducta atribuida no existió. En mérito de lo expuesto, el Procurador Provincial de Instrucción Neiva, en uso de sus facultades legales, RESUELVE: PRIMERO: Ordenar la TERMINACIÓN de la presente actuación disciplinaria radicada bajo el No IUS-E-2020-240985 / IUC-D-2020-1514378, seguida en contra de la señora [NOMBRE TACHADO], en calidad de Secretaria de la Mujer, Equidad e Inclusión del municipio de Neiva y supervisora del contrato de suministro No. 00681 de 2020, y en consecuencia disponer el ARCHIVO DEFINITIVO de la misma de conformidad con lo expuesto en la parte motiva esta providencia. SEGUNDO: Por Secretaría de esta Procuraduría Provincial, NOTIFICAR la decisión a la investigada, indicándole que contra la misma no procede recurso alguno. Para tal efecto líbrese la correspondiente comunicación señalando la fecha de la Providencia y decisión adoptada. TERCERO: ABSTENERSE DE COMUNICAR esta decisión por cuanto se inició DE OFICIO. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE JUAN JACOBO VARGAS FERNÁNDEZ PROCURADOR PROVINCIAL DE INSTRUCCIÓN NEIVA

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