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titulo: "CONTRATO ESTATAL: los contratos estatales están poderosamente influidos por el fin que ellos involucran"
corporacion: "Procuraduría General de la Nación"
tipo: "Fallo disciplinario"
fecha: "2019-04-29"
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# CONTRATO ESTATAL: los contratos estatales están poderosamente influidos por el fin que ellos involucran

- **Título oficial / radicado:** Decisión disciplinaria — CONTRATO ESTATAL
- **Corporación:** Procuraduría General de la Nación
- **Tipo:** Fallo disciplinario
- **Fecha:** 2019-04-29
- **Número:** 201911281507590.DOCX
- **Sección / Sala:** PROCURADURIA DELEGADA DE INTERVENCION 9: CUARTA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:201911281507590.DOCX
- **Fuente oficial:** https://apps.procuraduria.gov.co/relatoria/index.jsp?option=co.gov.pgn.relatoria.frontend.component.pagefactory.PirelTemaPageFactory

## Puntos clave

- Controversias contractuales: Que se declare nulidad de resolución que liquida unilateralmente un contrato de obra
- Competencia: Para expedir el acto administrativo de declaratoria de siniestro, después de liquidado el contrato de obra.
- Falsa motivacion: Por parte de las empresas publicas de sopó, al decretar el incumplimiento y/o al declarar el siniestro del contrato
- Debido proceso: Violación al principio por no agotarse un procedimiento previo a la expedición del acto que declaró el siniestro

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1437 de 2011
- Ley 80 de 1993
- Ley 1150 de 2007

## Extracto

Por consiguiente, la causa del contrato es la satisfacción de las necesidades colectivas y de interés general a cuyo logro deben colaborar quienes contratan con la administración, no obstante que pretendan obtener con su ejecución un beneficio económico inicialmente calculado. TERCERA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 027 del 18 de febrero de 2015 "por medio de la cual se declara la existencia de un siniestro acaecido dentro del contrato de obra N°.023 de 2010 y se adoptan otras determinaciones Contestación de la Demanda por EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ –EMSERSOPÓ Con relación a la declaratoria de ocurrencia del siniestro, afirmó que no se configura ninguna de las causales de ilegalidad, por cuanto el incumplimiento de las obligaciones del contratista, quedó establecido desde la liquidación del contrato razón por la cual no habría lugar a realizar nuevamente dicho procedimiento.

## Descriptores temáticos

CONTRATO ESTATAL, El objeto

## Decisiones relacionadas

- [Procuraduría General de la Nación — Ejecucion del contrato estatal: Decisión disciplinaria](https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:201907220937310.DOC.md)
- [Procuraduría General de la Nación — CONTRATO ESTATAL: la garantía constitucional del debido proceso constituye un instrumento de control contra las posibles irregularidades y desaciertos](https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:202509081004500.DOCX.md)
- [Consejo de Estado — El juez del contrato no puede deducir del silencio una renuncia tácita, ni convertir la ausencia de salvedades en un requisito jurisprudencial de procedencia o prosperidad de una reclamación posterior.](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:13001233300020170082001-74181-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — El plazo convenido para la liquidación bilateral o para la liquidación unilateral, si así se hubiere estipulado, deberá tenerse en cuenta para el conteo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales.](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:18001234000020190006702-71860-sentencia.md)

## Texto del documento

CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-Que se declare nulidad de resolución que liquida unilateralmente un contrato de obra
COMPETENCIA-Para expedir el acto administrativo de declaratoria de siniestro, después de liquidado el contrato de obra.
FALSA MOTIVACION-Por parte de las empresas publicas de sopó, al decretar el incumplimiento y/o al declarar el siniestro del contrato
DEBIDO PROCESO-Violación al principio por no agotarse un procedimiento previo a la expedición del acto que declaró el siniestro
FUERZA MAYOR-Afectó el cumplimiento del objeto contractual
ACCION DE CONTROVERSIA CONTRACTUAL-Fundamento legal
La acción de controversias contractuales, se encuentra regulada conforme a lo dispuesto en el art. 141 de la Ley 1437 de 2011, que señala:
“(…)
Cualquiera de las partes de un contrato del Estado podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y condenas. Así mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta no se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su defecto, del término establecido por la ley.
CONTRATO ESTATAL-El objeto
Respecto a la finalidad que persiguen los contratos estatales, resulta pertinente traer a colación las siguientes consideraciones del Consejo de Estado:
“(…)
El objeto de los contratos que celebran las entidades públicas, persigue el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Por consiguiente, la causa del contrato es la satisfacción de las necesidades colectivas y de interés general a cuyo logro deben colaborar quienes contratan con la administración, no obstante que pretendan obtener con su ejecución un beneficio económico inicialmente calculado.
De acuerdo con esta orientación, los contratos estatales están poderosamente influidos por el fin que ellos involucran, cuál es el interés público, lo que determina, por una parte, que no le es permitido a la administración desligarse de la forma como los particulares contratistas realizan la labor encomendada a través del contrato; y de otra, que el contratista ostente la posición de colaborador de la entidad.
Es decir, con el contrato se pretende la realización de un fin de interés general, pues es un medio que utiliza la administración pública para la consecución de los objetivos Estatales, el desarrollo de sus funciones y la misión que le ha sido confiada, con la colaboración o contribución de los particulares contratistas, los cuales concurren a su formación persiguiendo un interés particular, que consiste en un provecho económico o lucro que los mueve a contratar y que se traduce en un derecho a una remuneración previamente estipulada, razonable, proporcional y justa, como retribución por el cumplimiento del objeto contractual.
Es entonces, la razonable contraprestación económica la que permite que exista un adecuado balance entre el interés público que anima al Estado a contratar y el interés individual que estimula a los particulares colaboradores a obligarse a suministrar los bienes y servicios objeto del contrato para contribuir con el cumplimiento de los fines de la contratación, el cual debe ser calculado y previsto al tiempo de proponer y contraer el vínculo contractual.
Así, al nacimiento del contrato, las partes conocen o saben el provecho que les reportará, sobre la base de una equivalencia de prestaciones; por un lado, la administración persigue la consecución de los fines del Estado y, por otro lado, el contratista un beneficio económico en su favor, de suerte que es en ese instante de asunción del vínculo en el que se regula la economía del acuerdo en forma simétrica, constituyéndose una ecuación financiera que deberá preservarse en su ejecución
(…)”.
RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL-Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha dicho:
El contrato legalmente celebrado vincula a las partes y las obliga a ejecutar las prestaciones convenidas, de modo que si una de ellas incumple las obligaciones que se impuso, faculta a la otra para demandar bien que se le cumpla, que se le resuelva el contrato o al pago de los perjuicios que se le hayan causado por el incumplimiento, pretendiendo estos últimos ya de manera principal (arts. 1610 y 1612 del C.C.) o ya de manera accesoria o con secuencial (arts. 1546 y 1818 del Código Civil) los que encaminan a proporcionar a la parte cumplida una satisfacción pecuniaria de los daños ocasionados
(…)"
DECLARATORIA DE SINIESTRO-La empresa contratante podía declararlo
En este sentido, en concordancia con la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, para esta Delegada es claro que la administración estaba habilitada para adoptar la decisión tomada, esto es, que la empresa contratante podía declarar el siniestro, tal como lo formalizó por medio de la Resolución No. 027 de 2015 del 18 de febrero de 2015, ya que una entidad pública tiene dos años después del conocimiento del hecho constitutivo, para declarar la ocurrencia del siniestro de las obligaciones incumplidas del contratista, el cual debe suceder durante la vigencia del seguro.
Se recalca entonces que la entidad conservaba la facultad de la declaratoria del siniestro, incluso después de la liquidación del contrato, aunque su declaración se produzca después del vencimiento del mismo.
LIQUIDACION-Debido al vencimiento del plazo contractual en concordancia con la imposibilidad material y jurídica que constituye fuerza mayor
ERROR-Consistió en tomar el saldo inejecutado del contrato como un monto o un capital que corresponde a un perjuicio.
CONCEPTO No. 053/2019
Bogotá D.C., 29 de abril de 2019
SEÑORES
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “A”
Consejera Ponente
Doctora [NOMBRE TACHADO]
E. S. D.
EXPEDIENTE: 25000233600020150246100 (62645)
ACCIÓN: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
ACTOR: TRAING TRABAJOS DE INGENIERÍA LTDA
ACCIONADO: EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ
Sentido del concepto: Solicitud de REVOCAR la sentencia recurrida, que denegó las súplicas de la demanda // caso en el que el contratista solicita decretar la nulidad de las Resoluciones 189 de 2014, 019 de 2015 mediante la cuales se liquidó unilateralmente el contrato No. 023 de 2010 y de las Resoluciones 027 y 059 de 2015, que declaró el siniestro del anticipo // Falsa motivación, porque según el contratista no se configuró la fuerza mayor// Temas: //violación al principio de planeación //Dictamen pericial//.
El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, en ejercicio de la función de la Procuraduría General de la Nación, de vigilancia del cumplimiento del orden jurídico, protección del patrimonio público, y de los derechos y las garantías fundamentales. Para lo anterior, presenta ante la Sala, los siguientes elementos:
ANTECEDENTES
Demanda:
El 27 de octubre de 2015, TRAING TRABAJOS INGENIERIA LTDA a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción contractual consagrada en el artículo 141 de la Ley 1437 de 2011, radicó ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, demanda contentiva de Acción Contractual en contra EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ, y elevó las siguientes pretensiones:
“(…)
PRIMERA: Que Se declare la nulidad de la resolución No.189 del 07 de noviembre del 2014 "por medio de la cual se liquida unilateralmente el contrato de obra No. 023 de 2010”
(…)
SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 019 del 2 de febrero de 2015 “por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto en contra de la resolución administrativa No. 189 de 2014”
(…)
TERCERA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 027 del 18 de febrero de 2015 "por medio de la cual se declara la existencia de un siniestro acaecido dentro del contrato de obra N°.023 de 2010 y se adoptan otras determinaciones"
(…)
CUARTA: Que se declare responsable contractual y patrimonialmente a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ -EMSERSOPÓ, por los perjuicios materiales ocasionados a la sociedad TRAING TRABAJOS DE INGENIERÍA S.A.S., a título de daño emergente y lucro cesante, atribuible a la falta de planeación contractual lo que impidió ejecutarse el contrato conforme a lo pactado, en la forma y tiempos debidos.
QUINTA: Como consecuencia de lo anterior se restablezca el equilibrio económico del contrato con ocasión de la no obtención de las utilidades pactadas, y se ordene el pago de los perjuicios causados a título de daño emergente y lucro cesante.
(…)
Condenatorias
PRIMERA: Como consecuencia de la prosperidad de las PRETENSIONES CUARTA Y QUINTA declarativas, se condene a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ -EMSERSOPÓ, a pagar a favor de la Sociedad TRAING TRABAJOS DE INGENIERÍA S.A.S., los perjuicios relativos al daño emergente y al lucro cesante, conforme se establezca dentro del proceso.
SEGUNDA: Que el valor de las pretensiones de condena sean actualizadas al momento de su pago efectivo y sobre ellas procedan los intereses a la tasa legal aplicable.
TERCERA: Condenar en costas a la entidad demandada.
(…)”
Contestación de la Demanda por EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ –EMSERSOPÓ
Se opuso a la totalidad de las pretensiones y solicitó se declare la legalidad de los actos administrativos demandados, se absuelva la responsabilidad de la entidad y se abstenga de ordenar pagos a favor de la demandante y se le condene en costas.
Frente a la liquidación unilateral del contrato no existe falsa motivación, ya que se pudo continuar ejecutando el contrato; en atención a la configuración de fuerza mayor, relacionada con la oposición de la comunidad de continuar con la obra.
En cuanto a la falsa motivación por improcedencia de la devolución del anticipo no amortizado, aclaró que el demandante confunde el monto del anticipo no amortizado, con el monto de los pagos no amortizados; ya que el ARTICULO CUARTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL así lo expresa “…Requerir al contratista [NOMBRE TACHADO], de conformidad con la parte motiva e la presente resolución, para que restituya en máximo de un mes a favor de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE ($385.888.407,13) suma debidamente indexada, correspondiente a la faltante de amortizar a título de anticipo y a valores cancelados por anticipado y no ejecutados dentro del contrato de obra No. 023 de 2010”
Añade que el mismo demandante termina reconociendo en la demanda “que el valor del anticipo sin amortizar es por la suma de $197.224.248,44; pero omite mencionar que los saldos por pagos anticipados obedecen a la diferencia entre las sumas recibidas por tal concepto y, la cantidad de obra ejecutada.
Aclara que la administración no necesita demostrar la mala inversión del anticipo o los pagos anticipados, puesto que la razón jurídica de su devolución es que no existe ejecución de obra a favor de la Entidad que amerite la retención de las sumas, es decir que de no devolverse ellas se presentaría un detrimento patrimonial a la entidad y un enriquecimiento injustificado para el demandante, puesto que se debía apropiar los recursos públicos, sin contraprestación alguna. El demandante no objeta el monto de ejecución de la obra que es la forma de controvertir la inversión de las sumas recibidas en ella y por consiguiente de la legalidad de la no devolución de las mismas.
Con relación a la declaratoria de ocurrencia del siniestro, afirmó que no se configura ninguna de las causales de ilegalidad, por cuanto el incumplimiento de las obligaciones del contratista, quedó establecido desde la liquidación del contrato razón por la cual no habría lugar a realizar nuevamente dicho procedimiento.
Finaliza este punto indicando que en cambio la no devolución del anticipo no amortizado, deriva el mal manejo del mismo y por ende constituye el siniestro al que se refiere el acto demandado en el cual no se menciona para nada mal manejo.
Respecto a la Resolución No. 027 de 2015, mediante el cual se declaró el siniestro, considera que no se aplicó lo estipulado en el artículo 86 de la Ley 1474, en relación con las multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento que en el presente caso son inexistentes. Alega que el caso en cuestión tiene que ver con diferencias entre dineros recibidos y monto ejecutado, lo cual no se funda en incumplimiento del contratista sino en fuerza mayor, por tanto no se declaró el incumplimiento ni se le impuso sanción o multa, sino que s

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

isar la memoria de cálculo en Excel adjunta):
VARIABLE
COP CORRIENTES
VALOR A RECONOCER POR INFLACION
VALOR A RECONOCER POR COSTO FINANCIERO LEY 80 -12% EA
SUBTOTAL
Utilidad dejada de percibir
$ 94.819.350
$ 29.192.253
$ 149.276.870
$ 273.288.473
Personal
$ 161.955.100
$ 41.292.939
$ 188.416.585
$ 391.664.623
Gastos Operacionales
$ 11.631.000
$ 2.965.555
$ 13.530.169
$ 28.126.724
Implementación PGIO
$ 1.444.183
$ 368.223
$ 1.679.996
$ 3.492.402
Pólizas para mantener vigente el contrato
$ 19.809.266
$ 5.444.198
$ 14.019.598
$ 39.273.062
TOTAL
$ 289.658.898
$ 79.263.169
$ 366.923.217
$ 735.845.284
No obstante, el anticipo (40% del valor de la obra) no fue amortizado en su totalidad (el avance técnico y financiero fue del 80%), por lo cual en el ejercicio de flujo de caja del contratista se descuenta este valor dentro de los perjuicios valorados (para ver el detalle revisar la memoria de cálculo de Excel adjunta):
Los resultados del flujo de aja de la suspensión en COP corriente arrojan los siguientes valores:
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS EN COP CORRIENTES
TOTAL
Personal
$ 161.955.100
Gastos Operacionales
$ 11.631.000
Implementación PGIO
$ 1.444.183
Pólizas para mantener vigente el contrato
$ 19.809.266
Utilidad dejada de percibir
$ 94.819.350
Anticipo no amortizado
$ (197.224.249)
BALANCE DE EGRESOS-INGRESOS
$ 92.434.649
Los resultados del flujo de caja de la suspensión en COP constantes arrojan los siguientes valores:
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS EN COP CORRIENTES
TOTAL
Personal
$ 203.248.039
Gastos Operacionales
$ 14.596.555
Implementación PGIO
$ 1.812.406
Pólizas para mantener vigente el contrato
$ 25.253.464
Utilidad dejada de percibir
$ 124.011.603
Anticipo no amortizado
$ (257.944.136)
BALANCE DE EGRESOS-INGRESOS
$ 110.977.931
De esta manera, se debería reconocer por actualización de IPC lo siguiente:
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS EN COP CORRIENTES CONSTANTES DE ENERO DE 2018
RECONOCIMIENTO POR ACTUALIZACION DE IPC
Personal
$ 41.292.939
Gastos Operacionales
$ 2.965.555
Implementación PGIO
$ 368.223
Pólizas para mantener vigente el contrato
$ 5.444.198
Utilidad dejada de percibir
$ 29.192.253
Anticipo no amortizado
$ (60.719.887)
BALANCE DE EGRESOS-INGRESOS
$ 18.543.281
Los resultados del flujo de caja de la suspensión en COP constantes y teniendo en cuenta el costo financiero, arrojan los siguientes valores hasta mayo de 2014:
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS EN COP CORRIENTES
VALOR HASTA MAY14
Personal
$ 246.021.299
Gastos Operacionales
$ 17.668.097
Implementación PGIO
$ 2.193.789
Pólizas para mantener vigente el contrato
$ 28.436.114
Utilidad dejada de percibir
$ 125.188.324
Anticipo no amortizado
$ 260.391.715)
BALANCE DE EGRESOS-INGRESOS
$ 159.115.907
Los resultados del flujo de caja de la suspensión en COP constantes y teniendo en cuenta el costo financiero, arrojan los siguientes valores hasta junio de 2014 y febrero de 2018:
COSTO FINANCIERO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS
Reconocimiento por costo financiero a feb18
Personal
$ 145.643.324
Gastos Operacionales
$ 10.458.627
Implementación PGIO
$ 1.298.613
Pólizas para mantener vigente el contrato
$ 10.836.948
Utilidad dejada de percibir
$ 4.006.743
Anticipo no amortizado
$ 8.334.026)
BALANCE DE EGRESOS-INGRESOS
$ 163.910.229
De esta manera, se debería reconocer por actualización de costo financiero hasta mayo de 2014, lo siguiente:
COSTO FINANCIERO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS
Reconocimiento por costo financiero a may14
Personal
$ 42.773.261
Gastos Operacionales
$ 3.071.542
Implementación PGIO
$ 381.383
Pólizas para mantener vigente el contrato
$ 3.182.649
Utilidad dejada de percibir
$ 1.176.720
Anticipo no amortizado
$ (2.447.578)
BALANCE DE EGRESOS-INGRESOS
$ 48.137.977
Adicionalmente, se debería reconocer por actualización de costo financiero entre junio de 2014 y febrero de 2018, lo siguiente:
COSTO FINANCIERO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS
Reconocimiento por costo financiero a feb18
Personal
$ 145.643.324
Gastos Operacionales
$ 10.458.627
Implementación PGIO
$ 1.298.613
Pólizas para mantener vigente el contrato
$ 10.836.948
Utilidad dejada de percibir
$ 4.006.743
Anticipo no amortizado
$ (8.334.026)
BALANCE DE EGRESOS-INGRESOS
$ 163.910.229
De esta manera, el valor de perjuicios sería $313.026.137, el cual tiene en cuenta los valores corrientes, reconocimiento de inflación y reconocimiento de costos financieros según Ley 80, como se observa a continuación:
VARIABLE
COP CORRIENTES
VALOR A RECONOCER POR INFLACION
VALOR A RECONOCER POR COSTO FINANCIERO LEY 80-12% EA
SUBTOTAL
BALANCE DE EGRESOS-INGRESOS
$ 92.434.649
$ 18.543.281
$ 212.048.206
$ 323.026.137
(…)”
Una vez rendido el informe por el ingeniero HECTOR MARTÍNEZ, las parte demandante y demandada manifestaron que existió un error grave del dictamen.
La parte actora afirma que este error consistió en tomar el saldo inejecutado del contrato como un monto o un capital que corresponde a un perjuicio. Y agrega que el error se hace mayor al ser indexado al margen del método establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015.
Ahora bien, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no se pronunció con respecto al error grave al dictamen interpuesto por la parte actora, lo que considera este Ministerio Público que no puede dejarse pasar sin pronunciamiento alguno.
Así las cosas, y ante la solicitud respetuosa de declarar la nulidad de la liquidación unilateral y la declaratoria del siniestro del anticipo, considera esta Delegada que se debe realizar en primer lugar la liquidación por vía judicial del contrato y proceder si a bien lo tiene a lugar a efectuar el balance económico del contrato, a fin de que el contratista reintegre a las EMPRESAS PUBLICAS DE SOPÓ –EMSERSOPÓ- los valores que fueron recibidos como anticipo y que no fueron amortizados y los pagos anticipados si hubiera saldo a favor de la entidad pública.
De otra parte, se deberán tasar los perjuicios causados al contratista por la utilidad dejada de percibir al terminar el contrato por razones ajenas a su voluntad.
De otro lado, es de recordar que la naturaleza de la función de la Procuraduría General de la Nación, por mandato constitucional es la de velar por el interés público, la defensa del patrimonio y la preservación de los Derechos Humanos.
Por lo anterior, esta Delegada solicita respetuosamente al Honorable Consejo de Estado se REVOQUE la sentencia apelada del 7 de junio de 2018 y en su lugar se declare la nulidad de los actos administrativos Nos. 189 de 2014, 019 de 2015, 027 de 2015 y 027 de acuerdo a los argumentos expuestos.
CONCLUSIÓN
Con base en el acervo probatorio obrante en el expediente, y de conformidad con el marco teórico enunciado, la Procuraduría Cuarta Delegada ante ese Despacho, considera que la sentencia de primera instancia debe ser REVOCADA, y se proceda a efectuar la liquidación judicial del contrato N o. 023 de 2014.
De la Honorable Magistrada,
CARLOS JOSÉ HOLGUÍN MOLINA
Procurador Cuarto Delegado ante el Consejo de Estado

## Cómo citar esta fuente

Procuraduría General de la Nación. Fallo disciplinario Decisión disciplinaria — CONTRATO ESTATAL. 2019-04-29. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:201911281507590.DOCX).
