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Procuraduría General de la Nación Fallo disciplinario

Liquidacion bilateral del contrato: Decisión disciplinaria

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Fecha
2018-12-05
Sección / Sala
PROCURADURIA DELEGADA DE INTERVENCION 9: CUARTA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO
Corporación
Procuraduría General de la Nación
Número
201906251323410.DOCX

Síntesis del concepto

Liquidacion bilateral del contrato: Decisión disciplinaria

Regla de decisión

Exigencia que rige para el Estado y para el contratista.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Fundamentos

  • Ley 446 de 1998
  • Ley 1150 de 2007
  • Decreto 01 de 1984

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

En resumen

LIQUIDACION BILATERAL-Salvedades en el acta de liquidación bilateral de un contrato estatal Agrego que la liquidación del contrato extingue el vínculo entre contratante y contratista pero en el convenio interadministrativo No. 001 de 18 de septiembre de 2009 fueron liquidados únicamente $323'775.074, correspondientes a un 51.59% de la ejecución contractual, por la salvedad efectuada por la ESE en el acta así: “la ESE FABIO JARAMILLO LONDOÑO objeta el Balance Final del convenio presentado por el interventor en lo que respecta al valor sin ejecutar, a saber $303.803.826, toda vez que considera por parte de la ESE cumplido cabalmente el objeto contractual”. Manifiesta que el cumplimiento del contrato se ve reflejado en la objeción a las observaciones del interventor, así mismo, que todas las actividades ejecutadas por la ESE están debidamente documentadas y soportadas por lo que resulta infundada la tacha formulada por el interventor.

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Texto del documento 64.449 caracteres
ACCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-Solicitud de decretar la nulidad de liquidación bilateral OBJETO DEL CONTRATO-Jurisprudencia del consejo de estado. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL-Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO-Fundamento legal LIQUIDACION DEL CONTRATO ESTATAL-Existen tres clases: de común acuerdo, unilateral por la entidad contratante y judicial. Existe en nuestro ordenamiento jurídico tres clases de liquidación de los contratos estatales: de común acuerdo, unilateral por la entidad contratante y judicial. La liquidación de común acuerdo o voluntaria de los contratos ya señalados, se efectúa dentro del término establecido en los pliegos de condiciones o en los términos de referencia o del acordado en el contrato. En defecto de tal señalamiento o a falta de acuerdo, procede practicarla dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación del contrato o a la fecha del acuerdo de voluntades que la disponga. Ahora, si el contratista no se presenta a la liquidación voluntaria o si las partes no logran acuerdo sobre el contenido de la misma, ella será practicada directa y unilateralmente por la entidad contratante y se adoptará mediante acto administrativo debidamente motivado, susceptible del recurso de reposición, para lo cual la administración, al tenor del artículo 44, numeral 10, literal d) de la ley 446 de 1998, sustitutivo del 136 del C.C.A., dispone de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes para practicarla o, en su defecto, de los cuatro (4) meses siguientes previstos por la ley para efectuar la liquidación de común acuerdo. Si la entidad contratante no liquida unilateralmente el contrato dentro del término de seis (6) meses ya señalado o dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes, el interesado "podrá acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede judicial a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar. LIQUIDACION BILATERAL-Salvedades en el acta de liquidación bilateral de un contrato estatal Respecto a las salvedades que se pueden plasmar en el acta de liquidación bilateral, la jurisprudencia ha sido clara al expresar que “constituye requisito de la acción contractual la existencia de la inconformidad, que debe quedar en forma clara, concreta y especifica en el acta de liquidación bilateral. Este criterio rige tanto en vigencia del Decreto-ley 222 de 1.983, como en vigencia de la Ley 80 de 1.993, y la Ley 1150 de 2.007. En relación con las dos primeras disposiciones, la tesis se aplicó con fundamento en un criterio jurisprudencial y legal, y frente a la última ley aplica, además, por disposición normativa expresa en tal sentido el art. 11. La Ley 1150 de 2007, no admite que las partes se declaren a paz y salvo o que guarden silencio frente a las reclamaciones que deben o debieron tener para el momento de la suscripción del acta de liquidación bilateral, y sin embargo, a pesar de ello, luego acudan a la jurisdicción a solicitar una indemnización por los daños que sostienen haber padecido”. De otra parte, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha dejado claro que para demandar es necesario que las partes hayan dejado constancias en el acta de liquidación, de forma clara, concreta y específica, si ésta se hizo de manera bilateral. Exigencia que rige para el Estado y para el contratista. A pesar de lo anterior, las partes no se pueden demandar mutuamente. Los hechos que sirven de fundamento a una reclamación deben ser expuestos a más tardar al momento de la suscripción del acta de liquidación, o proyectarse desde allí hacia el futuro, de forma que se pueda suponer que ellas realmente están disponiendo de sus derechos y obligaciones de forma clara y libre. LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO-Se dio y quedó formalizada conforme lo establece la normatividad contractual vigente para la época ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO-Salvedades consignadas CONCEPTO No. 189/2018 Bogotá D.C., 5 de diciembre de 2018 SEÑORES CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “A” Consejero Ponente Doctora [NOMBRE TACHADO] E. S. D. EXPEDIENTE: 18001-23-31-000-2011-00302-00 (62013) ACCIÓN: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES ACTOR: E.S.E. FABIO JARAMILLO LONDOÑO ACCIONADO: MUNICIPIO DE BOLIVAR Sentido del concepto: Solicitud de CONFIRMAR la sentencia recurrida, que denegó las súplicas de la demanda // caso en el que el contratista solicita decretar la nulidad de liquidación bilateral del 28 de julio de 2010 // Temas: Salvedades en el acta de liquidación bilateral, carga probatoria //el incumplimiento contractual //. El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, en ejercicio de la función de la Procuraduría General de la Nación, de vigilancia del cumplimiento del orden jurídico, protección del patrimonio público, y de los derechos y las garantías fundamentales. Para lo anterior, presenta ante la Sala, los siguientes elementos: ANTECEDENTES Demanda: El 26 de mayo de 2011, la Empresa Social del Estado denominada FABIO JARAMILLO LONDOÑO E.S.E. a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción contractual consagrada en el artículo 87 del Decreto 01 de 1984, modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998, radicó ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, demanda contentiva de Acción Contractual en contra el Municipio de Solano, con el fin de que se liquide judicialmente el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN SALUD No. 001 celebrado el 18 de Septiembre de 2009 entre el Municipio de Solano y la Empresa Social del Estado Fabio Jaramillo Londoño E.S.E. cuyo objeto era “prestar al municipio de SOLANO-CAQUETA por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa los servicios profesionales tendientes a la sensibilidad de la población del Municipio de Solano en la participación social y comunitaria de las zonas urbana y rural, en la fijación de procesos políticos, sociales y culturales que permitan identificar estrategias de promoción y prevención, en torno a los proyectos según el Plan Territorial de Salud del Municipio aprobado, detallado en los proyectos a ejecutar del PICO, POA, parte integral del mismo, cuya cuota inicial se fijó en SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS ($627.578.900) M/CTE. El plazo de ejecución se fijó en 105 días calendario”. Además solicita se ordene al Municipio de Solano el reconocimiento y pago a favor de la ESE FABIO JARAMILLO $303.803.826 correspondientes al 48.41% de la ejecución contractual no reconocida por el interventor del contrato pero efectivamente ejecutada por el contratista. La parte actora solicitó la liquidación judicial del convenio interadministrativo No. 001 del 18 de septiembre de 2009, con fundamento en las siguientes razones: Sostuvo que el negocio jurídico celebrado con el Municipio de Solano en realidad corresponde a un Contrato interadministrativo y no a un Convenio, por cuanto las voluntades que concurrieron a su formación pretendían satisfacer no un “interés común" sino intereses disímiles, pues mientras el Municipio requería la prestación de un servicio, la ESE vendió el servicio a cambio de una contraprestación, así las cosas, en dicha negociación el Municipio fue el contratante y la ESE Fabio Jaramillo Londoño la Contratista. Adujo que dicha forma contractual "se encuentra enunciada en el numeral 4, artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 como causal de contratación directa y reglamentada en el artículo 78 del Decreto 2474 de 2008 así: "Las entidades señaladas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993 celebrarán directamente contratos entre ellas, siempre que las obligaciones del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora. Cuando fuere del caso y de conformidad con lo dispuesto por las nomas orgánicas de presupuesto serán objeto del correspondiente registro presupuestal. De conformidad con el inciso primerio del literal c) del numeral 4 del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, las instituciones públicas de educación superior podrán ejecutar contratos de obra, suministro, encargo fiduciario y fiducia pública siempre que participen en procesos de licitación pública o de selección abreviada, y acrediten la capacidad requerida para el efecto”. Agrego que la liquidación del contrato extingue el vínculo entre contratante y contratista pero en el convenio interadministrativo No. 001 de 18 de septiembre de 2009 fueron liquidados únicamente $323'775.074, correspondientes a un 51.59% de la ejecución contractual, por la salvedad efectuada por la ESE en el acta así: “la ESE FABIO JARAMILLO LONDOÑO objeta el Balance Final del convenio presentado por el interventor en lo que respecta al valor sin ejecutar, a saber $303.803.826, toda vez que considera por parte de la ESE cumplido cabalmente el objeto contractual”. Planteó la salvedad respecto del 48.41 % de la ejecución contractual, no pagados a la ESE no se ha quebrantado el vínculo contractual, quedando pendiente el cumplimiento por parte del contratante y la liquidación unilateral correspondiente. Afirma que se cumplieron los términos consagrados en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 sin que el contrato haya sido liquidado. Invocó los derechos del contratista, al tenor del artículo 5 de la Ley 80 de 1993, a recibir oportunamente la remuneración pactada y acudir a las autoridades con el fin de obtener la protección de sus derechos, derechos que estima vulnerados en este caso, en la medida que no se ha efectuado el pago de $303,803.826, pese a la ejecución total de las actividades que fueron auditadas por un tercero no experto en el tema, que además subcontrató la interventoría. Manifiesta que el cumplimiento del contrato se ve reflejado en la objeción a las observaciones del interventor, así mismo, que todas las actividades ejecutadas por la ESE están debidamente documentadas y soportadas por lo que resulta infundada la tacha formulada por el interventor. Los hechos se resumen de la siguiente forma: EI Municipio de Solano entregó a la ESE un anticipo del 50% del valor del convenio, y la ESE inicio la ejecución convenida, siendo designado como interventor externo, el contador público [NOMBRE TACHADO]. El señor [NOMBRE TACHADO], pese a haber sido contratado por la entidad para ejercer la interventoría, subcontrató a su vez a la señora MYRIAM MONTIEL quien hacía el seguimiento al cumplimiento por parte de la ESE de las obligaciones convencionales. El día 2 de noviembre de 2010 en la vereda Cuemaní del Municipio de Solano el equipo de trabajo de la ESE fue objeto de un robo que concluyó con el hurto de material documental (además de otros insumos y equipos), y en particular de los formatos que tenían como objetivo recoger las firmas de los presidentes de acción comunal de las veredas que se visitaran y que en conjunto con las planillas de asistencia constituían los soportes de ejecución de las actividades desarrolladas en el área rural, hecho que fue puesto en conocimiento de forma verbal a la interventora delegada MIRIAM MONTIEL y posteriormente fue plasmado por escrito en la respuesta al informe de interventoría realizada. El 30 de diciembre de 2009 la ESE presentó el informe final de actividades. El 9 de Marzo de 2010, el señor [NOMBRE TACHADO], interventor del convenio, presentó informe de interventoría en el que objeta parcialmente el informe de la E.S.E. Mediante oficio G 0464 del 9 de Marzo de 2010, la Gerencia de la ESE solicita al interventor del convenio, la copia de las bitácoras y/o informes parciales de interventoría de la subcontratista MYRIAM MONTIEL con el fin de dar respuesta a las objeciones presentadas por el interventor, especialmente las objeciones de las actividades realizadas en el área rural y de las cuales fue informada la subcontratista. La ESE da respuesta al informe de interventoría, en la que controvierte el resultado de la interventoría, toda vez que está acreditado el cumplimiento cabal de las obligaciones por parte de la empresa. EI Municipio se abstiene de resolver lo expuesto por la ESE y sin embargo, presenta un informe final de interventoría y un proyecto de liquidación de mutuo acuerdo del convenio, en la que señala que la ESE solamente ejecutó un 51.59% de las actividades, lo que equivale a $323.775.074, que amortizando el anticipo arroja un saldo a favor de la empresa de $9.985.624. La ESE Fabio Jaramillo Londoño, sugiere ajustes al acta, por lo que el 28 de julio de 2010 se culmina el proceso de liquidación de mutuo acuerdo en el que quedó plasmada la siguiente salvedad: "La ESE FABIO JARAMILLO LONDONO objeta el balance final de convenio presentado por el interventor en lo que respecta al valor sin ejecutar, a saber $303.803.826I toda vez que considera por parte de la ESE cumplido cabalmente el objeto contractual". Por lo anterior, el 48.41% de la ejecución contractual, está pendiente de definición por parte del Municipio, lo que equivale a $303.803.826 no pagados a la ESE. El 11 de Noviembre de 2010, se presentó ante la Procuraduría Judicial 71 Delegada para Asuntos Administrativos, solicitud de conciliación con el Municipio de Solano. El día 26 de Enero de 2011, se llevó a cabo Audiencia de Conciliación entre la ESE FABIO JARAMILLO LONDOÑO y el MUNICIPIO DE SOLANO, sin lograr acuerdo conciliatorio y expidiéndose en consecuencia la Constancia No. 0019-11 del 26 de Enero de 2011, en la que se certifica al agotamiento del requisito de procedibilidad. Sentencia de primera instancia: El Tribunal Administrativo Sala Transitoria, a través de Sentencia del 7 de mayo de 2018, denegó las súplicas de la demanda. En efecto, el a-quo en primer lugar señala que está claro en el acervo probatorio que las partes liquidaron de común acuerdo el Convenio Interadministrativo de Prestación de Servicios Profesionales en Salud No. 001 del 18 de septiembre de 2009, con un balance de ejecución del 51.59% del valor del contrato equivalente a la suma de $323.775.074, de conformidad con el informe final de interventoría. De otra parte en cuanto a la carencia de soportes que demuestren la ejecución de la totalidad de actividades contratadas, consideró que este hecho no tiene nexo de causalidad con el incumplimiento de las obligaciones contractuales en punto a la presentación de los soportes técnicos que acreditaran la prestación de los servicios y las actividades realizadas, pues quedó demostrado que la liquidación bilateral de las partes tuvo lugar el 28 de julio de 2010, fecha anterior a la ocurrencia del presunto hurto. Afirma que el demandante no allegó el material probatorio que permitiera establecer la existencia de los informes mensuales y del informe final para demostrar la ejecución a cabalidad de sus obligaciones contractuales. Finalmente, concluye que la ESE contratista que pese a las salvedades consignadas por la ESE FABIO JARAMILLO LONDOÑO en el acta de liquidación bilateral suscrita el 28 de julio de 2010 carecen del soporte probatorio necesario para desvirtuar el balance final del convenio. Señala que tampoco fue desvirtuado el informe final de interventoría, prueba idónea para acreditar el cumplimiento del convenio, según lo pactado por las partes, el cual fue puesto en conocimiento de la ESE el 14 de abril de 2010. Por lo tanto, concluye el Tribunal de Primera Instancia, que las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar. 1.3. Recurso de apelación interpuesto por la parte demandante: Por su parte, el apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la providencia de primera instancia. En dicho recurso, no está de acuerdo con el a-quo cuando afirma que la ESE debió acreditar el cabal cumplimiento del objeto contractual en su debida oportunidad, presentando los soportes y registros que dieran cuenta de la ejecución de las actividades contratadas y que para ello le correspondía presentar los informes y soportes que acreditaran la ejecución del objeto contractual. Sin embargo a su juicio, está acreditado que la ESE Fabio Jaramillo Londoño cumplió a cabalidad con el objeto contractual y así lo hizo saber a la entidad demandada conforme al acta de liquidación bilateral. En cuanto a lo afirmado por el Tribunal que se pactó en la cláusula primera, parágrafo tercero, la obligación en cabeza de la entidad contratista de presentar informe final a manera de resumen o conclusiones de los informes mensuales entregados al interventor de cada uno de los proyectos ejecutados y que no se allegó material probatorio que permitiera establecer la existencia de los informes mensuales y del informe final para demostrar la ejecución a cabalidad de sus obligaciones contractuales. Considera que el fallador de primera instancia si advirtió la necesidad de que la entidad demandante aportara la prueba referida debió haberla solicitado, máxime si la entidad demanda no contestó la demanda. Señala que se vulneraron los derechos de la ESE en la medida que no se efectuó el pago de $303.803.826, pese a la ejecución total de las actividades, que fueron auditadas por un tercero no experto en el tema, que además subcontrató la interventoría. Aduce que el Tribunal afirmó que la parte actora no desplegó actividad probatoria tendiente a desvirtuar las objeciones realizadas por el interventor en el informe final de la interventoría que fue puesto en conocimiento de la ESE. Contrario a lo afirmado por el Tribunal, considera que la ESE Fabio Jaramillo Londoño al encontrar que fueron liquidados únicamente $323.775.074 correspondientes a un 51.59% de la ejecución contractual, hizo la salvedad en el acta respectiva, así: “(…) LA ESE FABIO JARAMILLO LONDOÑO objeta el balance final del convenio presentado por el interventor en lo que respecta el valor sin ejecutar, a saber $303.803.826, toda vez que considera por parte de la ESE cumplido cabalmente el objeto contractual. (…)” Y finaliza afirmando que todas las actividades ejecutadas por la ESE están debidamente documentadas y soportadas, por lo cual no habría lugar a negar las pretensiones de la demanda. II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problemas jurídicos De acuerdo con los reparos manifestados en el recurso de apelación interpuesto por la parte accionada, en el presente caso es conducente analizar: Problemas planteados por el Ministerio Público: ¿Es procedente la liquidación judicial del convenio interadministrativo No. 001 de 2009 teniendo en cuenta las salvedades efectuadas por el contratista en el acta de liquidación del 28 de julio de 2010?. 2.2. Marco teórico. Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Delegada del Ministerio Público: 2.2.1. La acción de controversias contractuales. La acción de controversias contractuales, se encuentra regulada conforme a lo dispuesto en el art. 87 del CCA, que señala: “(…) ARTÍCULO 87. Modificado por el art. 17, Decreto Nacional 2304 de 1989 , Modificado por el art. 32, Ley 446 de 1998 De las controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas. Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual, serán demandables mediante las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, según el caso, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, notificación o publicación. La interposición de estas acciones no interrumpirá el proceso licitatorio, ni la celebración y ejecución del contrato. Una vez celebrado éste, la ilegalidad de los actos previos solamente podrá invocarse como fundamento de nulidad absoluta del contrato. El Ministerio Público o cualquier tercero que acredite un interés directo podrá pedir que se declare su nulidad absoluta. El juez administrativo queda facultado para declararla de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso. En todo caso, dicha declaración sólo podrá hacerse siempre que en él intervengan las partes contratantes o sus causahabientes (…)”. 2.2.2. El objeto de los contratos estatales. Respecto a la finalidad que persiguen los contratos estatales, resulta pertinente traer a colación las siguientes consideraciones del Consejo de Estado: “(…) El objeto de los contratos que celebran las entidades públicas, persigue el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Por consiguiente, la causa del contrato es la satisfacción de las necesidades colectivas y de interés general a cuyo logro deben colaborar quienes contratan con la administración, no obstante que pretendan obtener con su ejecución un beneficio económico inicialmente calculado. De acuerdo con esta orientación, los contratos estatales están poderosamente influidos por el fin que ellos involucran, cuál es el interés público, lo que determina, por una parte, que no le es permitido a la administración desligarse de la forma como los particulares contratistas realizan la labor encomendada a través del contrato; y de otra, que el contratista ostente la posición de colaborador de la entidad. Es decir, con el contrato se pretende la realización de un fin de interés general, pues es un medio que utiliza la administración pública para la consecución de los objetivos Estatales, el desarrollo de sus funciones y la misión que le ha sido confiada, con la colaboración o contribución de los particulares contratistas, los cuales concurren a su formación persiguiendo un interés particular, que consiste en un provecho económico o lucro que los mueve a contratar y que se traduce en un derecho a una remuneración previamente estipulada, razonable, proporcional y justa, como retribución por el cumplimiento del objeto contractual. Es entonces, la razonable contraprestación económica la que permite que exista un adecuado balance entre el interés público que anima al Estado a contratar y el interés individual que estimula a los particulares colaboradores a obligarse a suministrar los bienes y servicios objeto del contrato para contribuir con el cumplimiento de los fines de la contratación, el cual debe ser calculado y previsto al tiempo de proponer y contraer el vínculo contractual. Así, al nacimiento del contrato, las partes conocen o saben el provecho que les reportará, sobre la base de una equivalencia de prestaciones; por un lado, la administración persigue la consecución de los fines del Estado y, por otro lado, el contratista un beneficio económico en su favor, de suerte que es en ese instante de asunción del vínculo en el que se regula la economía del acuerdo en forma simétrica, constituyéndose una ecuación financiera que deberá preservarse en su ejecución (…)”. 2.2.3. Responsabilidad civil contractual Sobre la responsabilidad civil contractual, la Corte Suprema de Justicia ha dicho: “(…) El contrato legalmente celebrado vincula a las partes y las obliga a ejecutar las prestaciones convenidas, de modo que si una de ellas incumple las obligaciones que se impuso, faculta a la otra para demandar bien que se le cumpla, que se le resuelva el contrato o al pago de los perjuicios que se le hayan causado por el incumplimiento, pretendiendo estos últimos ya de manera principal (arts. 1610 y 1612 del C.C.) o ya de manera accesoria o con secuencial (arts. 1546 y 1818 del Código Civil) los que encaminan a proporcionar a la parte cumplida una satisfacción pecuniaria de los daños ocasionados (…)" Incumplimiento del contrato o convenio De conformidad con el artículo 1602 del Código Civil, todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. Así mismo, el artículo 1603 del Código Civil, establece que los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella. El contrato estatal se encuentra regulado por un régimen mixto, conformado por normas del derecho privado (civil y comercial) y por normas del derecho público. El artículo 13 de la ley 80 de 1993 refiere la normatividad aplicable a los contratos estatales y dispone que éstos se rigen por la legislación civil y comercial pertinente, salvo en aquellas materias reguladas en esa misma ley. Este artículo se complementa con el artículo 70 del mismo estatuto contractual, el cual dispone que las normas que rigen las actuaciones contractuales son aquellas que se refieren a la función administrativa y a la falta de éstas, se aplicará el Código de Procedimiento Civil. Respecto al cumplimiento e incumplimiento de los contratos, el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 estipula que: “Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato: “1°. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato” En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán, en los casos previstos en el numeral 2° de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado. Entre tanto, el Consejo de Estado, destacó que en relación con las obligaciones contractuales estatales y el incumplimiento del contrato bilateral lo siguiente: “(…) En virtud del contrato bilateral cada una de las partes se obliga para con la otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa inmediatamente, al vencerse un plazo o al ocurrir alguna condición, de conformidad con los términos de la estipulación (arts. 1494, 1495, 1530 y ss. 1551 y ss. Código Civil). Por él cada contratante acude a prestar su consentimiento en la confianza en que la otra ejecutará las obligaciones recíprocas acordadas al tenor del contrato y en el tiempo debido. Empero, sucede que en ocasiones una de las partes se sustrae del compromiso y no satisface su obligación para con el otro al tiempo de su pago, incurriendo en un incumplimiento, vicisitud que se traduce en una obligación frustrada por obra de uno de los sujetos del vínculo y que por tal motivo es sancionada por el ordenamiento jurídico (...)”. De otra parte, la jurisprudencia del Consejo de Estado: ha señalado lo siguiente: “(…) El incumplimiento contractual supone la inobservancia de las obligaciones contraídas por virtud de la celebración del acuerdo negocial, infracción que bien puede cristalizarse por cuenta del cumplimiento tardío o defectuoso de las condiciones convenidas o por el incumplimiento absoluto del objeto del contrato. Cabe agregar que la configuración del incumplimiento no solo se presenta por la inobservancia de las estipulaciones contenidas en el texto contractual, sino en todos los documentos que lo integran, tales como los pliegos de condiciones o términos de referencia que, por regla general, fungen como soportes de la formación del vínculo jurídico. Así mismo, tiene ocurrencia cuando la actuación de las partes desconoce el catálogo de principios que orientan la contratación estatal y que igualmente se entienden incorporados en la relación jurídica bilateral (negrilla fuera de texto). (…)” Liquidación de los contratos estatales. Existe en nuestro ordenamiento jurídico tres clases de liquidación de los contratos estatales: de común acuerdo, unilateral por la entidad contratante y judicial. La liquidación de común acuerdo o voluntaria de los contratos ya señalados, se efectúa dentro del término establecido en los pliegos de condiciones o en los términos de referencia o del acordado en el contrato. En defecto de tal señalamiento o a falta de acuerdo, procede practicarla dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación del contrato o a la fecha del acuerdo de voluntades que la disponga. Ahora, si el contratista no se presenta a la liquidación voluntaria o si las partes no logran acuerdo sobre el contenido de la misma, ella será practicada directa y unilateralmente por la entidad contratante y se adoptará mediante acto administrativo debidamente motivado, susceptible del recurso de reposición, para lo cual la administración, al tenor del artículo 44, numeral 10, literal d) de la ley 446 de 1998, sustitutivo del 136 del C.C.A., dispone de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes para practicarla o, en su defecto, de los cuatro (4) meses siguientes previstos por la ley para efectuar la liquidación de común acuerdo. Si la entidad contratante no liquida unilateralmente el contrato dentro del término de seis (6) meses ya señalado o dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes, el interesado "podrá acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede judicial a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar. De otra parte, respecto a la Liquidación de los contratos, la Ley 80 de 1993, estipuló en sus artículos 60 y 61: “(…) Artículo 60º.- De Su Ocurrencia y Contenido. Los contratos de tracto sucesivo, aquéllos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se efectuará dentro del término fijado en el pliego de condiciones o términos de referencia o, en su defecto a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. Artículo 61º.- De la Liquidación Unilateral Si el contratista no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdos sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por la entidad y se adoptará por acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición. (…)” Salvedades en el acta de liquidación bilateral de un contrato estatal Respecto a las salvedades que se pueden plasmar en el acta de liquidación bilateral, la jurisprudencia ha sido clara al expresar que “constituye requisito de la acción contractual la existencia de la inconformidad, que debe quedar en forma clara, concreta y especifica en el acta de liquidación bilateral. Este criterio rige tanto en vigencia del Decreto-ley 222 de 1.983, como en vigencia de la Ley 80 de 1.993, y la Ley 1150 de 2.007. En relación con las dos primeras disposiciones, la tesis se aplicó con fundamento en un criterio jurisprudencial y legal, y frente a la última ley aplica, además, por disposición normativa expresa en tal sentido el art. 11. La Ley 1150 de 2007, no admite que las partes se declaren a paz y salvo o que guarden silencio frente a las reclamaciones que deben o debieron tener para el momento de la suscripción del acta de liquidación bilateral, y sin embargo, a pesar de ello, luego acudan a la jurisdicción a solicitar una indemnización por los daños que sostienen haber padecido”. De otra parte, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha dejado claro que para demandar es necesario que las partes hayan dejado constancias en el acta de liquidación, de forma clara, concreta y específica, si ésta se hizo de manera bilateral. Exigencia que rige para el Estado y para el contratista. A pesar de lo anterior, las partes no se pueden demandar mutuamente. Los hechos que sirven de fundamento a una reclamación deben ser expuestos a más tardar al momento de la suscripción del acta de liquidación, o proyectarse desde allí hacia el futuro, de forma que se pueda suponer que ellas realmente están disponiendo de sus derechos y obligaciones de forma clara y libre. Adicionalmente, el Consejo de Estado en sentencia del 29 de enero de 2018, radicado 68001-23-33-000-2013-00118-01(52666). MP. JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA, señaló lo siguiente respecto a la liquidación bilateral de los contratos estatales: “(…) La liquidación bilateral del contrato estatal constituye un verdadero negocio jurídico, en donde las partes de común acuerdo definen las prestaciones, derechos y obligaciones que aún subsisten a favor o a cargo de cada uno de los contratantes, de manera que aquí se realiza el balance final de cuentas y se determina quién le debe a quién y cuánto, o se establece si cada una de las partes se haya a paz y salvo respecto de la otra y de ésta forma se extingue de manera definitiva la relación jurídica que surgió del contrato estatal precedentemente celebrado (…) En este sentido, también se dijo que en su carácter de negocio jurídico en el diseño, suscripción y ejecución del acuerdo liquidatorio, cada una de las partes está obligada a obrar conforme a la buena fe objetiva e informar a la otra parte, de manera clara y específica, aquellas inconformidades y situaciones que pretende que se le reconozcan, mencionando los motivos o razones que lo llevan a reclamar y haciendo las salvedades del caso si ellas no fueren atendidas o aceptadas, dentro del acta de liquidación bilateral (…) Asimismo, debe reiterarse que la nulidad relativa debe ser alegada y demostrada por el interesado, pues si el interesado alega que el acuerdo liquidatorio se encuentra viciado de nulidad relativa por vicios en el consentimiento - error, pero no demuestra dicha circunstancia, es imposible decretar la nulidad (…) La Sala encuentra que en el caso de autos no existen razones para invalidar la liquidación bilateral celebrada entre las partes, pues, se itera, el consenso establecido en la liquidación bilateral del contrato - sin salvedades -, en cuanto negocio jurídico sólo puede invalidarse ante la probanza de algún vicio de nulidad del contrato, lo cual no ha quedado establecido en el caso de autos y en consecuencia no hay lugar a desconocer el acuerdo de voluntades suscrito entre las partes (…)” Principio de Buena Fe Respecto a este principio la misma sentencia, manifestó: “(…) De manera que el principio de la buena fe contractual es de carácter objetivo e impone, fundamentalmente, a las partes respetar en su esencia lo pactado, cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo, perseverar la ejecución de lo convenido, observar cabalmente el deber de informar a la otra parte, y, en fin, desplegar un comportamiento que convenga a la realización y ejecución del contrato sin olvidar que el interés del otro contratante también debe cumplirse y cuya satisfacción depende, en buena medida, de la lealtad y corrección de la conducta propia (…) Es por ello que, además, ante la inconformidad con el clausulado contractual o en presencia de un incumplimiento o alteración del equilibrio económico del contrato, la parte afectada está en la obligación de informar inmediatamente tales circunstancias a su co-contratante, en atención al principio de la buena fe y a la regla de oportunidad que no permiten que una de las partes, en el momento en que espera el cumplimiento de la obligación debida, sea sorprendida por su contratista con circunstancias que no alegó en el tiempo adecuado, de manera que cualquier reclamación o pretensión ulterior es extemporánea, improcedente e impróspera por vulnerar el principio de la buena fe contractual. (…)” Correspondencia cruzada con la entidad contratante Sobre el particular la sentencia de mayo 6 de 2015- M.P. Olga Melida Valle de La Hoz, radicado No. 25000-23-26-000-2000-02749-01(28394), señaló lo siguiente: “(…) En otras oportunidades, esta Sala, privilegiando una interpretación integral de estos preceptos haya aceptado que aun si no se cumple con la comunicación formal del inicio de un procedimiento sancionatorio, cuando de la correspondencia cruzada entre las partes o de las reuniones celebradas entre las partes o a través de cualquier otro documento allegado al proceso se puede inferir que realmente el contratista se le informó detalladamente en qué consistían los incumplimientos endilgados y tuvo oportunidad de desvirtuarlos, no hubo vulneración del debido proceso y del derecho de defensa. (…) De acuerdo con lo anterior, no procura la Sala el cumplimiento de los formalismos, que también son importantes porque hacen parte de un aspecto del debido proceso como son las formas propias de cada juicio, sino que realmente se haga efectiva la garantía del derecho de defensa, que como antes se advirtió es de máxima importancia en un Estado Social de Derecho. (…)” 2.3. Material probatorio obrante en el expediente. Es preciso señalar que en el expediente existe abundante material probatorio, el cual ha sido referido por el Tribunal de primera instancia, y debidamente sopesado por el Ministerio Público. Una vez verificado lo anterior, la Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado, destaca el siguiente material, relevante para emitir concepto de fondo sobre el asunto: 2.3.1. Copia Convenio Interadministrativo de prestación de servicios profesionales en salud No. 001 de 2009. 2.3.2. Copia oficio del 9 de marzo de 2010 suscrito por el interventor [NOMBRE TACHADO], por medio del cual remite a la ESE Fabio Jaramillo Londoño el informe de interventoría al convenio interadministrativo No. 001 de 2009. 2.3.3. Oficio 0464 de 9 de marzo de 2010, a través del cual la Gerente de la ESE Fabio Jaramillo Londoño le solicita al interventor del convenio interadministrativo No. 001, copia de los informes de seguimiento parciales y/o bitácora de interventoría realizados sobre el avance de la ejecución de las actividades contratadas. 2.3.4. Oficio 0480 de 10 de marzo de 2010, por el cual la Gerente de la ESE Fabio Jaramillo Londoño le solicita a la Alcaldesa del Municipio de Solano tener en cuenta el término de 15 días para recibir las aclaraciones al informe de interventoría, de conformidad con el Decreto 4747 y resolución 3047, en los que se establece que el tiempo para responder a las objeciones realizadas a un contrato de prestación de servicios es de 15 días hábiles. 2.3.5. Oficio 0514 de 18 de marzo de 2010, a través del cual la ESE Fabio Jaramillo Londoño le solicita al interventor considerar el aplazamiento de la reunión programada para el 22 de marzo de 2010 en razón a múltiples compromisos de la institución que hacen imposible cumplir con la agenda pactada. 2.3.6. Oficio 0624 de 07 de abril de 2010, mediante el cual la ESE Fabio Jaramillo Londoño remite al interventor PICO del Municipio de Solano, las aclaraciones al informe de interventoría y los soportes de las mismas. 2.3.7. Informe final de interventoría al Convenio Interadministrativo de Prestación de Servicios Profesionales en Salud. No. 001 de 2009, enviado el 4 de marzo de 2010. 2.3.8. Acta de liquidación bilateral del convenio interadministrativo de prestación de servicios profesionales de salud No. 001 del 18 de septiembre de 2009. 2.4. Caso concreto En el presente caso, es claro para esta Delegada que lo ocurrido en el evento contractual, centro del presente concepto, se fundamenta en dos aspectos importantes acaecidos en la parte final de la ejecución contractual: por un lado, la firma contratante dejó muy claro que la firma contratista no cumplió a cabalidad con lo preceptuado en el pacto de voluntades. Por otro lado, y ante el notorio incumplimiento presentado, la firma contratista consideró a motu propio y bajo su responsabilidad, que el mero hecho de inscribir en el acta de liquidación del contrato investigado: “se deja constancia que se firma con salvedades” les brindaba todas las posibilidades jurídicas de iniciar y llevar a feliz término una acción administrativa contra la firma contratante, convencidos de manera errónea que esta actitud superaba las irregularidades detectadas. Sobre estos dos aspectos y sobre el tema de carga probatoria que debe rodear el procedimiento investigado se entrará a profundizar en los siguientes numerales. 2.4.1. Del incumplimiento El presente caso, surge del Convenio Interadministrativo de Prestación de Servicios Profesionales en Salud No. 001 fue suscrito el 18 de Septiembre de 2009 entre el Municipio de Solano y la Empresa Social del Estado Fabio Jaramillo Londoño E.S.E. y su objeto consistió en “prestar al municipio de SOLANO-CAQUETA por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa los servicios profesionales tendientes a la sensibilidad de la población del Municipio de Solano en la participación social y comunitaria de las zonas urbana y rural, en la fijación de procesos políticos, sociales y culturales que permitan identificar estrategias de promoción y prevención, en torno a los proyectos según el Plan Territorial de Salud del Municipio aprobado, detallado en los proyectos a ejecutar del PICO, POA, parte integral del mismo”. El valor del contrato se fijó en SEISCIENTOS VEINTISIET MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS ($627.578.900) M/CTE. El plazo de ejecución se fijó en 105 días calendario. En el acta de liquidación bilateral del convenio interadministrativo de prestación de servicios profesionales en Salud No. 001 del 18 de septiembre de 2009, se plasmó lo siguiente: “(…) B. Que de acuerdo al concepto de la interventoría, que fuera objeta (sic) Por la ESE, se ejecutó el convenio parcialmente en un 51.59% de la siguiente manera: Valor contrato: $627.578.900 Valor Ejecutado: $323.775.074 Valor anticipo: $313.789.450 Saldo a favor de la E.S.E. $ 9.985.624 C. Que en consecuencia EI Municipio de Solano Caquetá reconocer adeudar a la ESE Fabio Jaramillo Londoño la suma de Nueve millones novecientos ochenta y cinco mil seiscientos veinticuatro pesos ($9’985.624,oo) moneda corriente, suma que el municipio cancelará dentro de los treinta días siguientes a la firma de la presente acta; suma que una vez cancelada, las partes declaran liquidado el convenio interadministrativo No. 001 de 2009. D. Que la liquidación es el mecanismo jurídico para finiquitar el vínculo contractual o convencional y que al respecto el Consejo de Estado ha determinado que los contratos estatales, una vez extinguidos por cualquier causa, normal o anormal, deben ser liquidados cuando así lo disponga la ley o se haga necesario (…) las partes contratantes no se liberan de las obligaciones del contrato mientas no extingan las obligaciones adquiridas y ello sólo se logra con la liquidación, en aquellas convenciones en las que la ley o las partes la hacen imperativa”, que el negocio jurídico de que trata este documento pese a su denominación de convenio, por la naturaleza de las obligaciones se trata de un contrato interadministrativo sometido entonces al régimen del Estatuto de la Contratación, y que el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 dispone que “La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. (…) Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 C.C.A. Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación de mutuo acuerdo (…) E. En aras de finiquitar el vínculo entre las partes del convenio interadministrativo No. 001/2009, se procederá a la liquidación de mutuo acuerdo, con las salvedades que constituyen las objeciones de la ESE al informe final de interventoría. En consecuencia: PACTAMOS: Primero. LIQUIDAR de mutuo acuerdo y a partir de la fecha del Convenio Interadministrativo de prestación de servicios profesionales en salud No. 001/2009 celebrado entre EL MUNICIPIO y LA ESE FABIO JARAMILLO LONDOÑO cuyo objeto es prestar al municipio de SOLANO-CAQUETA por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa los servicios profesionales tendientes a la sensibilidad de la población del Municipio de Solano en la participación social y comunitaria de las zonas urbana y rural, en la fijación de procesos políticos, sociales y culturales que permitan identificar estrategias de promoción y prevención, en torno a los proyectos según el Plan Territorial de Salud del Municipio aprobado, detallado en los proyectos a ejecutar del PICO, POA, parte integral del presente convenio’, por suma de SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVEICENTOS (sic) PESOS ($627.578.900,00) MONEDA CORRIENTE, con plazo de ciento cinco (105) días calendario, con la siguiente salvedad anotada por la ESE FABIO JARAMILLO LONDOÑO: ‘La ESE FABIO JARAMILLO LONDOÑO objeta el balance final del convenio presentado por el interventor en lo que respecta al valor sin ejecutar, a saber $303.803.826, toda vez que considera por parte de la ESE cumplido cabalmente el objeto contractual’ Segundo: El Municipio pagará a la ESE la suma de Nueve Millones Novecientos Ochenta y Cinco Mil Seiscientos Veinticuatro Pesos ($9.985.614,00) Moneda Corriente, dentro de los treinta días siguientes a la firma de la presente acta. En cuanto a la correspondencia cruzada entre la entidad contratante y el contratista tenemos: Oficio del 9 de marzo de 2010 suscrito por el interventor [NOMBRE TACHADO], por medio del cual remite a la ESE Fabio Jaramillo Londoño el informe de interventoría al convenio interadministrativo No. 001 de 2009. Oficio 0464 de 9 de marzo de 2010, a través del cual la Gerente de la ESE Fabio Jaramillo Londoño le solicita al interventor del convenio interadministrativo No. 001, copia de los informes de seguimiento parciales y/o bitácora de interventoría realizados sobre el avance de la ejecución de las actividades contratadas. Oficio 0480 de 10 de marzo de 2010, por el cual la Gerente de la ESE Fabio Jaramillo Londoño le solicita a la Alcaldesa del Municipio de Solano tener en cuenta el término de 15 días para recibir las aclaraciones al informe de interventoría, de conformidad con el Decreto 4747 y resolución 3047, en los que se establece que el tiempo para responder a las objeciones realizadas a un contrato de prestación de servicios es de 15 días hábiles. Oficio 0514 de 18 de marzo de 2010, a través del cual la ESE Fabio Jaramillo Londoño le solicita al interventor considerar el aplazamiento de la reunión programada para el 22 de marzo de 2010 en razón a múltiples compromisos de la institución que hacen imposible cumplir con la agenda pactada. Oficio 0624 de 07 de abril de 2010, mediante el cual la ESE Fabio Jaramillo Londoño remite al interventor PICO del Municipio de Solano, las aclaraciones al informe de interventoría y los soportes de las mismas. Dentro de las observaciones encontradas por la interventoría, y que fueron plasmadas en el informe final, están las siguientes: Proyecto de reducción de enfermedades prevalentes de la infancia y mortalidad infantil: manejo de la IRA y EDAD en comunidad: No se dio cumplimiento. Jornadas de vacunación: faltó la certificación de cumplimiento por parte de los representantes de las Juntas de Acción Comunal que son las beneficiarias de los servicios. Monitoreos rápidos de coberturas de vacunación en área rural. No se cumple con lo pactado en el contrato. Taller de cómo reducir la sífilis congénita durante la gestación. Las planillas que adjunta el contratista carecen de certificación de la Junta de Acción Comunal. Incumplimiento cláusula 8 del contrato. Taller lactancia materna, Irregularidades en las planillas. Campañas de promoción para el diagnóstico precoz para la HTA y DM en las gestantes, en el área rural del municipio. Faltó la certificación de cumplimiento. Talleres sobre cuidados para prevenir alteraciones en el RN, dirigido a las madres del área rural del Municipio de Solano. Ninguna actividad cuenta con certificación de los miembros de Juntas de Acción Comunal. Jornada embarazo en el adolescente dictado en los núcleos educativos del área rural. Sin cumplir lo estipulado en el convenio. Taller educativo sobre CA de seno. Faltó la certificación de cumplimiento. Talleres de capacitación en cada barrio acerca del CA de cuello. Tres corresponden a otros de la misma fecha, la misma hora, el mismo funcionario responsable pero realizado en otro lugar. Talleres sobre qué es el CA cuello uterino. Faltó la certificación de cumplimiento. Capacitación en la nueva guía de atención y nuevo esquema de tratamiento de la tuberculosis. No se adelantó jornada alguna. Talleres educativos acerca de los signos y síntomas de la TBC. Faltó la certificación de cumplimiento. Las planillas que adjunta el contratista carecen de certificación de la Junta de Acción Comunal. Incumplimiento cláusula 8 del contrato. Actividad de liderar el trabajo conjunto del IDESAC, ETV, EPS-S. No hay prueba alguna que demuestre que el contratista haya adelantado actividades de erradicación y prevención de malaria y dengue. Lo anterior, permite resumir el incumplimiento del convenio que se ve reflejado así: Ausencia de las certificaciones de cumplimiento de las actividades ejecutadas de recibo de satisfacción de los servicios por parte de mínimo dos miembros de las Juntas de Acción Comunal o de los Cabildos de los Resguardos Indígenas y Asentamientos Indígenas, a usencia de soportes de la ejecución de algunas de las actividades contratadas, suministro de insumos no soportados con facturas, suministros de plantas eléctricas y congeladores por valores muy por debajo del asignado en el convenio, las jornadas rurales no tienen certificaciones de los miembros de las juntas de acción comunal, algunos de los talleres se realizaron en el mismo día y hora, no hay planillas de asistentes. Dichos soportes y facturas se encontraban dentro de las obligaciones estipuladas en la cláusula cuarta del convenio No. 001 de 2009, pues éstos debían ser presentados como soporte del informe mensual de la gestión. Ahora bien, se observa pues que obra en el expediente que el incumplimiento endilgado a la firma contratista fue informado de manera oficiosa y oportuna el 9 de marzo de 2010 por el interventor del convenio interadministrativo No. 001 de 2009, señor [NOMBRE TACHADO]. Actuación conocida y ampliada por la administración del Municipio de Solano, en espera de una explicación y corrección por parte de la Gerencia de la ESE Fabio Jaramillo Londoño encargada de las actividades pactadas en el citado convenio; explicaciones y correcciones, que al examinar detalladamente el proceso contractual investigado, nunca llegaron. En consecuencia de lo expresado, esta Delegada encuentra probado que la ESE Fabio Jaramillo Londoño no cumplió con las actividades comprometidas en el convenio interadministrativo de prestación de servicios de salud No. 001 de 2009. 2.4.2. De la liquidación bilateral del convenio y de las salvedades consignadas en el acta de liquidación Para esta Delegada es claro que la liquidación del convenio interadministrativo bajo observación se dio y quedó formalizada conforme lo establece la normatividad contractual vigente para la época de los hechos. Lo anterior significa, que en este momento, no es posible retrotraer situaciones administrativas ya sentadas, y que tal como se presentó el convenio, éste ya surtió todas sus etapas, finalizando conforme lo exige la Ley, para lo cual contó con el común acuerdo de las partes comprometidas, por ende, hoy día, cualquier enmendadura, cambio, alteración, reconocimiento de mayores valores a los ya sufragados por parte de la administración, acuerdo o conciliación diferente a lo firmado por las partes el 28 de julio de 2010 en que suscribieron el acta de liquidación final, resulta de imposible ocurrencia. Para mayor claridad al respecto, cabe recordar lo que ya se mencionó en profundidad en el marco teórico sobre las tres formas de liquidar los contratos estatales: de común acuerdo, unilateral por la entidad contratante y judicial. En el presente caso, se trató de una liquidación de común acuerdo o voluntaria, la cual se efectuó dentro del término acordado en el contrato. De otra parte, para ampliar el concepto, respecto a la Liquidación de los contratos, la Ley 80 de 1993, estipuló en sus artículos 60 y 61: “(…) Artículo 60º.- De Su Ocurrencia y Contenido. Los contratos de tracto sucesivo, aquéllos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se efectuará dentro del término fijado en el pliego de condiciones o términos de referencia o, en su defecto a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato”- Lo anteriormente expuesto, indica que la Ley no solo faculta a las partes, si no que ordena, que el acta de liquidación es el documento en el cual deben constar las salvedades de manera clara, concreta y específica y detallada de los inconformismos a que hubiere lugar, deberán quedar consignadas en ella de igual manera, los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. Ahora, tal como señaló el Consejo de Estado en sentencia del 29 de enero de 2018, radicado 68001-23-33-000-2013-00118-01(52666). MP. JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA, respecto a la liquidación bilateral de los contratos estatales: “(…) La liquidación bilateral del contrato estatal constituye un verdadero negocio jurídico, en donde las partes de común acuerdo definen las prestaciones, derechos y obligaciones que aún subsisten a favor o a cargo de cada uno de los contratantes, de manera que aquí se realiza el balance final de cuentas y se determina quién le debe a quién y cuánto, o se establece si cada una de las partes se haya a paz y salvo respecto de la otra y de ésta forma se extingue de manera definitiva la relación jurídica que surgió del contrato estatal precedentemente celebrado (…)” De acuerdo con lo anterior, el acta de liquidación bilateral del convenio interadministrativo de prestación de servicios profesionales de salud No. 001 del 18 de septiembre de 2009 quedó debidamente ejecutoriada y se cerró conforme a la Ley vigente para la época de los hechos, toda la actividad contractual involucrada. 2.4.3. De la carga probatoria En el presente asunto, esta Delegada del Ministerio Público quiere dejar en claro que la carga probatoria en asuntos administrativos recaen directamente sobre la parte demandante, de tal manera que la afirmación sostenida por el apelante en el recurso de alzada que: “si el fallador de primera instancia advirtió la necesidad de que la entidad demandante aportara la prueba referida debió haberla solicitado”. Cabe señalar que pese a no aportar las pruebas, el apelante informa que dichos documentos que no entregó hubiesen demostrado que se vulneraron los derechos de la ESE, en la medida que no se efectuó el pago de $303.803.826, pese a la ejecución total de las actividades, las cuales en su sentir, fueron auditadas por un tercero no experto en el tema, que además subcontrató la interventoría y finalmente adujo que todas las actividades ejecutadas por la ESE estuvieron debidamente documentadas y soportadas, por lo cual no habría lugar a negar las pretensiones de la demanda. En este sentido, esta Delegada quiere aclarar, que contrario a lo pretendido por el apelante, esta afirmación argumentada por él mismo, cuando hace referencia a que olvidó cuando presentó la demanda allegar prueba alguna que diera fe que la firma contratista si había realizado las actividades pactadas, lo que hace es señalar al Honorable Consejo de Estado, que la entidad demandante es consciente que desde el comienzo del proceso, no aportó las pruebas requeridas para que su causa saliera avante, y que además de ello desconoce los fundamentos de derecho que lo obligaban a su cabal cumplimiento en esta materia. Por lo expuesto, esta Delegada encuentra que el hecho de que la parte accionante haya dejado la salvedad, respecto al balance final del convenio presentado por el interventor en lo que respecta al valor sin ejecutar, dicha actuación si bien es cierto quedó plasmada no fue soportada probatoriamente y no está llamada a prosperar. Pues, a pesar de que el contratista dijo considerar que había cumplido cabalmente el objeto contractual, lo cierto es que no aportó las pruebas necesarias para acreditar el cumplimiento, ni solicitó la práctica de prueba alguna tendiente a desvirtuar las observaciones presentadas por el interventor en su informe final, de modo que sus afirmaciones se encontraban desprovistas de soporte probatorio. 2.4.4. La ESE FABIO JARAMILLO LONDOÑO, mediante oficio del 3 de junio de 2010 devolvió a la Alcaldesa Municipal del Municipio de Solano el acta de liquidación del convenio interadministrativo 001/2009 para la ejecución de proyectos del PICO Municipal 2009, realizando las siguientes observaciones: “(…) En el acta en mención, se describe un cumplimiento parcial por parte de la ESE Fabio Jaramillo Londoño en un 51,59% hecho en el que categóricamente no estamos de acuerdo pues existen soportes suficientes para corroborar su cumplimiento. Por lo tanto solicitamos realizar un aparte de salvedades dentro del acta para establecer nuestra posición y proceder a la conciliación por procuraduría como siguiente paso para dar fin a la diferencia de conceptos. (…)” Seguidamente, en el acta de liquidación del convenio el contratista dejó una salvedad en el siguiente sentido: “(…) La ESE FABIO JARAMILLO LONDOÑO objeta el balance final del convenio presentado por el interventor en lo que respecta al valor sin ejecutar, a saber $303.803.826, toda vez que considera por parte de la ESE cumplido cabalmente el objeto contractual. (…)” Al respecto, es preciso remitirse a las consideraciones esbozadas en el apartado 2.2.6. del marco teórico del presente escrito, donde se señala que para demandar es necesario que las partes hayan dejado constancias en el acta de liquidación, de forma clara, concreta y específica, si ésta se hizo de manera bilateral. Exigencia que rige tanto para el Estado como para el contratista. Ahora bien, esta Delegada concluye que es deber de las partes dejar constancia de sus inconformidades en el acta de liquidación del contrato, además la jurisprudencia ha sido reiterativa en ese aspecto, pues si se deja salvedad, debe contener las siguientes características: que identifique adecuadamente los problemas surgidos con ocasión de contrato, es decir, que sea clara, concreta y específica; no obstante no tiene que expresar técnicamente toda una reflexión y justificación jurídico-económica, pero si debe contener, así sea de modo elemental, la identificación del problema, es decir, los motivos concretos de inconformidad, ya que no es posible que luego se demande judicialmente el pago de prestaciones surgidas del contrato sino se cumplió con las citadas características. Así las cosas, la nota dejada por el demandante en el acta de liquidación del contrato suscrita el 28 de julio de 2010, si bien es cierto abrió la instancia judicial para su examen al haber consignado la salvedad cumpliendo los requisitos de Ley en el acta de liquidación, también lo es, que dicha salvedad debe ser concreta y específica y se demuestre dicha circunstancia aportando las pruebas necesarias para que el Juez de Conocimiento las valore en conjunto y pueda llegar de acuerdo con las reglas de la sana critica a determinar si en el caso que nos ocupa se presentó en debida forma el acta de liquidación bilateral o por el contrario se debe declarar la nulidad de la misma y proceder a efectuarse la liquidación por vía judicial. Tal y como se ha venido mencionando la ESE FABIO JARAMILLO no aportó a la presente investigación los documentos que acreditaban el cumplimiento del convenio No. 001 de 2009, no controvirtió el informe final del interventor, no presentó los informes y soportes que validaran el hecho alegado por el Municipio de Solano. Dado lo anterior, este Ministerio Público encuentra que en el presente caso no existen razones para invalidar la liquidación bilateral celebrada entre las partes, pues, ésta sólo puede invalidarse ante la certeza de algún vicio de nulidad del acta de liquidación, lo cual no se demostró y en consecuencia no hay lugar a desconocer la liquidación bilateral de común acuerdo. De otro lado, es de recordar que la naturaleza de la función de la Procuraduría General de la Nación, por mandato constitucional es la de velar por el interés público, la defensa del patrimonio y la preservación de los Derechos Humanos, de las consideraciones anteriormente expuestas, considera esta Delegada que en el presente caso no se logró demostrar el cumplimento del convenio y por consiguiente los requisitos exigidos legalmente para la declaratoria de nulidad del acta de liquidación, por consiguiente, esta Delegada solicita respetuosamente al Honorable Consejo de Estado se confirme la sentencia apelada de acuerdo a los argumentos expuestos. CONCLUSIÓN Con base en el acervo probatorio obrante en el expediente, y de conformidad con el marco teórico enunciado, la Procuraduría Cuarta Delegada ante ese Despacho, considera que la sentencia de primera instancia debe ser confirmada en su totalidad. Lo anterior porque en el presente asunto, se encuentra acreditado que la E.S.E. FABIO JARAMIILLO si bien es cierto consignó en debida forma las salvedades en el acta de liquidación bilateral conforme las normatividades legales y contractuales, no logró demostrar probatoriamente que dicha liquidación estaba mal efectuada y que había cumplido a cabalidad con el Convenio interadministrativo No. 001 de 2009, lo que le permitiría el reconocimiento de lo solicitado por él. Por lo anterior, esta Agencia del Ministerio Público solicita a la Sala de Decisión, confirmar la sentencia de primera instancia. Del Honorable Magistrado, CARLOS JOSÉ HOLGUÍN MOLINA Procurador Cuarto Delegado ante el Consejo de Estado

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