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Procuraduría General de la Nación Fallo disciplinario

CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL: la causa del contrato es la satisfacción de las necesidades colectivas y de interés general

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Fecha
2018-09-12
Sección / Sala
PROCURADURIA DELEGADA DE INTERVENCION 9: CUARTA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO
Corporación
Procuraduría General de la Nación
Número
201905081510000.DOCX

Síntesis del concepto

CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL: la causa del contrato es la satisfacción de las necesidades colectivas y de interés general

Regla de decisión

La causa del contrato es la satisfacción de las necesidades colectivas y de interés general a cuyo logro deben colaborar quienes contratan con la administración, no obstante que pretendan obtener con su ejecución un beneficio económico inicialmente calculado.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Fundamentos

  • Ley 80 de 1993
  • Ley 1150 de 2007
  • Decreto 01 de 1984

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

En resumen

CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-Caducidad del contrato La caducidad es la estipulación en virtud de la cual si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencia que puede conducir a su paralización, la entidad por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. INDEMNIZACION-Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en esta ley. DESVIACION DE PODER-Como vicio del contrato estatal y su prueba en el caso concreto.

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Caducidad de la acción contractual Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio

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Texto del documento 101.717 caracteres
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-Caducidad del contrato NULIDAD Y NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Acciones para demandar actos proferidos antes de la celebración del contrato NULIDAD ASOLUTA-Acción para demandar la ilegalidad de los actos previos El Ministerio Público o cualquier tercero que acredite un interés directo podrá pedir que se declare su nulidad absoluta. El juez administrativo queda facultado para declararla de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso. En todo caso, dicha declaración sólo podrá hacerse siempre que en él intervengan las partes contratantes o sus causahabientes OBJETO DEL CONTRATO-Jurisprudencia El objeto de los contratos que celebran las entidades públicas, persigue el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Por consiguiente, la causa del contrato es la satisfacción de las necesidades colectivas y de interés general a cuyo logro deben colaborar quienes contratan con la administración, no obstante que pretendan obtener con su ejecución un beneficio económico inicialmente calculado. De acuerdo con esta orientación, los contratos estatales están poderosamente influidos por el fin que ellos involucran, cuál es el interés público, lo que determina, por una parte, que no le es permitido a la administración desligarse de la forma como los particulares contratistas realizan la labor encomendada a través del contrato; y de otra, que el contratista ostente la posición de colaborador de la entidad. Es decir, con el contrato se pretende la realización de un fin de interés general, pues es un medio que utiliza la administración pública para la consecución de los objetivos Estatales, el desarrollo de sus funciones y la misión que le ha sido confiada, con la colaboración o contribución de los particulares contratistas, los cuales concurren a su formación persiguiendo un interés particular, que consiste en un provecho económico o lucro que los mueve a contratar y que se traduce en un derecho a una remuneración previamente estipulada, razonable, proporcional y justa, como retribución por el cumplimiento del objeto contractual. CONTRAPRESTACION ECONOMICA-La que permite que exista un adecuado balance entre el interés público que anima al Estado a contratar y el interés individual que estimula a los particulares RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL-Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. El contrato legalmente celebrado vincula a las partes y las obliga a ejecutar las prestaciones convenidas, de modo que si una de ellas incumple las obligaciones que se impuso, faculta a la otra para demandar bien que se le cumpla, que se le resuelva el contrato o al pago de los perjuicios que se le hayan causado por el incumplimiento, pretendiendo estos últimos ya de manera principal (arts. 1610 y 1612 del C.C.) o ya de manera accesoria o con secuencial (arts. 1546 y 1818 del Código Civil) los que encaminan a proporcionar a la parte cumplida una satisfacción pecuniaria de los daños ocasionados INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO -Fundamento legal. Jurisprudencia. CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL-Procede ante el incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista/ CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL-No habrá lugar a indemnización/ CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL-No impedirá que la entidad contratante tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado/CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL-Será constitutiva del siniestro de incumplimiento. El artículo 18 de la Ley 80 de 1993, establece que la caducidad procede ante el incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, así:“(…) Artículo 18º.- De la Caducidad y sus Efectos. La caducidad es la estipulación en virtud de la cual si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencia que puede conducir a su paralización, la entidad por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. En caso de que la entidad decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. La declaratoria de caducidad no impedirá que la entidad contratante tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro contratista, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. INDEMNIZACION-Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en esta ley. SINIESTRO DE INCUMPLIMIENTO-Se constituirá como consecuencia de la declaratoria de caducidad DESEQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO-Razón por la cual surge la obligación de la administración de restablecerlo IUS VARIANDI-No cumple con las obligaciones derivadas del contrato o introduce modificaciones al mismo TEORIA DEL HECHO DEL PRINCIPE-Cuando en ejercicio de sus potestades constitucionales y legales, cuya voluntad se manifiesta mediante leyes o actos administrativos de carácter general, afecta negativamente el contrato. Factores exógenos a las partes del negocio, o Factores exógenos a las partes del negocio, o “teoría de la imprevisión”, o “sujeciones materiales imprevistas”, que involucran circunstancias no imputables al Estado y externas al contrato pero con incidencia en él que involucran circunstancias no imputables al Estado y externas al contrato pero con incidencia en él TEORIA DE LA IMPREVISION-Factores exógenos a las partes del negocio, que involucran circunstancias no imputables al Estado y externas al contrato, pero con incidencia en él EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL-Su rompimiento debe demostrar o probar una pérdida real, grave y anormal en la economía del contrato En todo caso, dentro de los requisitos necesarios para el reconocimiento de las causas anotadas de rompimiento del equilibrio financiero o económico del contrato, está el de la demostración o prueba de una pérdida real, grave y anormal en la economía del contrato. No basta, pues, con probar que el Estado incumplió el contrato o lo modificó unilateralmente, sino que además, para que resulte admisible el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, debe acreditarse que representó un quebrantamiento grave de la ecuación contractual establecida ab initio, que se sale de toda previsión y una mayor onerosidad de la calculada que no está obligado a soportar, o que con su conducta contractual la administración generó la legítima confianza de que fueron asumidos DEBIDO PROCESO-En las actividades contractuales CONDENA EN ABSTRACTO-Jurisprudencia del consejo de estado INTERESES MORATORIOS-Por el retardo en el pago de sumas adeudadas/INTERESES MORATORIOS-En mayores cantidades de obras, que no estaban estipuladas en el contrato inicial, y que no se cancelaron al momento de liquidar el contrato El reconocimiento de intereses moratorios, es un derecho que surge a favor del acreedor, cuando el deudor incurre en retardo en el pago de una suma de dinero, por el sólo hecho de dicho retardo. Este derecho rige igualmente en el marco de la contratación estatal, independientemente de si el contrato está regulado por la Ley 80 de 1993 o por las normas de derecho privado. Respecto a la obligación de pago de intereses moratorios en el marco de la contratación estatal, el Consejo de Estado los ha reconocido no sólo en el caso de retardo en el pago de obligaciones que se pactaron inicialmente en el contrato, sino también cuando las sumas reclamadas, eran mayores cantidades de obras, que no estaban estipuladas en el contrato inicial, y que no se cancelaron al momento de liquidar el contrato. En efecto en un caso donde se reclamaban obras adicionales en el marco de un contrato estatal, dicha Alta Corte manifiesta: REGIMEN JURIDICO-De la contratación de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos. PRUEBAS-Obrantes en el expediente CONTRATISTA-Procedimiento mínimo que garantice su derecho al debido proceso En este sentido, cabe notar que, la Ley 80 de 1993 estipuló que se debe respetar el debido proceso consagrado en el Artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, donde claramente deja sentado que el uso de las cláusulas o poderes exorbitantes, deberán estar precedidas de audiencia del afectado que deberá tener un procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso del contratista y procede sólo mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista [NOMBRE TACHADO]-Y las multas así impuestas [NOMBRE TACHADO] y las multas así impuestas, se harán efectivas directamente por las entidades estatales, pudiendo acudir para el efecto entre otros a los mecanismos de compensación de las sumas adeudadas al contratista, cobro de la garantía, o a cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el de la jurisdicción coactiva. DEBIDO PROCESO-Permite, en aras de ese principio, que desde el mismo momento en que se da inicio al trámite oral, se cuente con la participación del contratista/DEBIDO PROCESO-Jurisprudencia El Consejo de Estado ha señalado que “en materia de aplicación de sanciones contractuales, lo que la jurisprudencia ha reclamado es que la medida sancionatoria no resulte sorpresiva o intempestiva, y que, en todo caso, se otorgue al interesado la oportunidad de expresar su opinión y contradecir los elementos de juicio que se esgrimen en su contra, antes de que se adopte la decisión, procedimiento en la formación de la voluntad de la Administración que no se suple con los recursos por vía gubernativa, dado que es otra fase de la actuación, en la que si bien impera también la garantía del debido proceso, en ella se discute la decisión ya tomada”. Por lo anterior, se encuentra probado que el contratista no fue participe de la investigación interna adelantada por Empresas Públicas de Medellín E.S.P., que culminó con la declaratoria de caducidad del contrato No. 2/DJV-1757/24 (Resoluciones Nos. 58517 del 7 de octubre de 1996, 58745 del 15 de octubre de 1996 y 60218 del 3 de diciembre de 1996). DESVIACION DE PODER-Como vicio del contrato estatal y su prueba en el caso concreto. Jurisprudencia/DESVIACION DE PODER-Se demostró. DERECHO DE DEFENSA-Se vulneró FALSA MOTIVACIÓN-No se demostraron los argumentos con los cuales se fundamentó la declaratoria de caducidad CADUCIDAD DEL CONTRATO-La administración con esta actuación actuó de manera ligera, sin tener en cuenta las garantías que debe brindar el Estado en ejercicio de su actividad unilateral y excepcional vulneraron el debido proceso y los derechos de contradicción y defensa, los cuales fueron transgredidos en tanto no tuvo la posibilidad de intervenir en el proceso para contradecir las causas que se adujeron para justificar la caducidad del contrato DESEQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO-La parte actora no cumplió con el requisito necesario para que se reconozca, no allegó prueba que acredite la pérdida real, grave y anormal en la economía del contrato. INDEMNIZACION-Por perjuicios materiales y morales PERJUICIOS MORALES-No se acreditaron Es decir, los perjuicios morales contractuales, que pudieron ocasionarse con la expedición del acto administrativo que declaró la caducidad del contrato, y que podrían consistir, según el caso, en el pesar, angustia, congoja, tristeza, desolación etc. que sufrió el contratista, requieren ser demostrados en el proceso, como todo aquel perjuicio respecto del cual se pretenda su resarcimiento. Es cierto que el acto de caducidad del contrato puede alterar el buen nombre del contratista sancionado lo que indiscutiblemente causaría su afectación emocional; pudo acontecer también que a raíz del mismo acto el contratista sancionado perdiese nuevas oportunidades de contratar, lo que también podría afectar su tranquilidad y autoestima, pero todas estas posibilidades, causas y efectos, también cabe la posibilidad de que la afectación a su buen nombre (good will), tratándose de empresas, puede haberse visto afectado, pero todo ello debe acreditarse ante el juez del contrato para que, establecida su existencia y magnitud, profiera la deprecada decisión condenatoria. Por lo anterior, esta Delegada al no encontrar acreditada la prueba que soporta tal padecimiento y que daría lugar a su reconocimiento, considera que no se debe proceder al mismo. PERJUICIOS MATERIALES-Se define como la lesión o mengua del patrimonio material o económico de una persona. Una vez analizados los dos dictámenes periciales por parte del a-quo, concluyó que no existe claridad cuando el perito hace referencia a “obra ordinaria”, pues dentro del contrato se tiene obra contractual, obra adicional, obra extra y obra no ejecutada, además que asume que son reales y verdaderas las facturas presentadas por INCOLTES LTDA, y van en contravía de lo señalado por EPM al señalar que las mismas no corresponden a la realidad y contienen obra que no fue ejecutada. Por lo anterior, el Ministerio Público considera que se no encuentra acreditado el monto establecido que debe ser cancelado a la parte demandada, de acuerdo con lo manifestado por los peritos, ya que no se encuentra acreditado la metodología empleada para identificar que no hubo sobrefacturación, intereses, no se logró establecer los documentos soportes para emitir el dictamen, lo que le restaría credibilidad al mismo, teniendo en cuenta que éste debe ser claro, preciso y detallado, es decir, que no debe ser confuso para que pueda ser entendido por el Juez, en cuanto a la precisión debe referirse solo al tema del dictamen y detallado ósea con todo lo relacionado con el tema objeto del dictamen; por otro lado en su contenido también se deben expresar los fundamentos que llevaron a las conclusiones del dictamen. CONDENA EN ABSTRACTO-Fundamento legal y jurisprudencial Ahora bien, visto que no se cuenta con el documento técnico que acredite la suma a reconocer por perjuicios materiales, esta Delegada comparte la posición del Tribunal Administrativo de Antioquia, en que pide se condene en abstracto de conformidad con lo estipulado en el artículo 172 del código contencioso administrativo y la jurisprudencia del Consejo de Estado que señala que el Juez Administrativo puede recurrir en aquellos eventos en los cuales, pese a conocerse con certeza la causación de un perjuicio -material o inmaterial- a una parte, se carece de la suficiencia probatoria que lleve a determinar la concreta extensión y repercusión patrimonial de la misma, para lo cual se deberán señalar los parámetros a seguir a fin de precisar la condena proferida. De otra parte beneficiada debe adelantar el trámite de un incidente ante el a-quo a fin de que sea éste quien determine, en concreto, la materialización de la condena in genere decretada, para lo cual el legislador ha establecido un término de caducidad de sesenta (60) días contados a partir de la ejecutoria de la decisión o, en su defecto, de la notificación del auto que da cumplimiento a lo resuelto por el superior, según el caso, para adelantar el trámite incidental. INTERESES MORATORIOS-Por el no pago oportuno CONCLUSION-Con el acervo probatorio este despacho, considera que la sentencia de primera instancia debe ser confirmada en su totalidad. CONCEPTO No. 135/2018 Bogotá D.C., 5 de julio de 2018 SEÑORES CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “A” Consejero Ponente Doctor [NOMBRE TACHADO] E. S. D. EXPEDIENTE: 05001233100019970125701 (61029) ACCIÓN: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES ACTOR: INCOLTES LTDA ACCIONADO: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. Sentido del concepto: Solicitud de CONFIRMAR la sentencia recurrida, que accedió a las súplicas de la demanda // caso en el que Empresas Públicas de Medellín E.S.P. decretó la caducidad del contrato de obra 2/DJV-1757/24 // INCOLTES LTDA solicitó la nulidad de las Resoluciones 58517 del 7 octubre de 1996, 58745 del 15 de octubre de 1996 y 60218 del 3 de diciembre de 1996 que confirmó las dos anteriores// solicita se declare falsa motivación, desviación de poder y desequilibrio económico // solicita sean reconocidos intereses moratorios por lo dejado de cancelar //Temas: //el incumplimiento contractual // El debido proceso // Riesgos derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales. El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, en ejercicio de la función de la Procuraduría General de la Nación, de vigilancia del cumplimiento del orden jurídico, protección del patrimonio público, y de los derechos y las garantías fundamentales. Para lo anterior, presenta ante la Sala, los siguientes elementos: ANTECEDENTES Demanda: El 19 de mayo de 1997, la Sociedad INCOLTES LTDA a través de apoderada judicial, en ejercicio de la acción contractual consagrada en el artículo 87 del Decreto 01 de 1984, modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998, radicó ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, demanda contentiva de Acción Contractual en contra de las Empresas Públicas de Medellín -EPM-, con el fin de que se declare lo siguiente: La nulidad de las Resoluciones Administrativas Nos. 58517 del 07 de octubre de 1996, por medio de la cual se declaró la caducidad del contrato 2/DN-1757/24 cuyo objeto consistió en la construcción de redes domiciliarias y obras complementarias de acueducto y alcantarillado en el margen oriental del río Medellín, grupo 1; 58745 del 15 de octubre de 1996, a través de la cual se aclaró la Resolución N° 58517 del 07 de octubre de 1996 y la No. 60218 del 03 de diciembre de 1996 que confirmó lo resuelto en los dos actos anteriores, expedidas por las Empresas Públicas de Medellín; además solicita que se condene a los perjuicios ocasionados a la sociedad INCOLTES LTDA consistentes en el daño emergente y lucro cesante, así como los perjuicios morales sufridos por la Sociedad y sus socios. Que se declare que con la imposición de la caducidad y con la ejecución del contrato, se le ocasionó al contratista un desequilibrio económico que debe ser reconocido por la demandada. Que se le ordene a la parte pasiva a la devolución de los dineros que llegaren a retener del CONTRATISTA por concepto de [NOMBRE TACHADO]. Que se condene a las Empresas Públicas de Medellín al pago de intereses comerciales o en subsidio civiles sobre [NOMBRE TACHADO] pecuniaria que se le logre deducir a la demandante, entre la fecha de causación del daño y la fecha de la sentencia definitiva, a la tasa que certifique la Superintendencia Bancaria para ese mismo período. Que las sumas de dinero a que sea condenada la demandada y correspondan a obra ejecutada, sean reajustadas a la fecha de terminación del contrato, y de allí, actualizadas con base en el IPC certificado por el DANE. Finalmente solicita se condene al pago de costas y agencias en derecho. 1.2. Sentencia de primera instancia: El Tribunal Administrativo de Antioquia, a través de Sentencia del 23 de Octubre de 2017, aceptó las pretensiones del demandante. Declaró la nulidad parcial de la Resolución Administrativa No. 58517 del 7 de octubre de 1996, por medio de la cual se declaró la caducidad, del contrato 2/DJV-1757/24; No. 58745 del 15 de octubre de 1996, a través de la cual se aclara la resolución N° 58517 del 07 de octubre de 1996; la No. 60218, del 03 de diciembre de 1996; condenó en abstracto a las Empresas Públicas de Medellín, a pagar a INCOLTES LTDA., la indemnización debida por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente y lucro cesante, así mismo dispuso que Empresas Públicas de Medellín realice la devolución del monto que fue compensado en la Resolución No. 82257 del 10 de marzo de 2008 por concepto de cláusula penal pecuniaria, por un valor de $37.749.482,80); además rechazó la cesión de derechos litigiosos presentada por INCOLTES LTDA, a favor de la Sociedad Grupo INCOLTES S.A.S y no ordenó la condena en costas. En efecto, el a-quo señala que las Empresas Públicas de Medellín desconocieron el derecho al debido proceso de la Sociedad demandante, INCOLTES LTDA y en consecuencia se vulneró el derecho de contradicción, en la medida en que el contratista no tuvo la oportunidad de controvertir y hacer contrapeso al poder punitivo del Estado, y los fundamentos que le sirvieron de base para adoptar la decisión. Señala que al haberse vulnerado el debido proceso, el acto administrativo está viciado de nulidad al infringir las normas superiores en que debe fundarse, lo que tiene como consecuencia lógica que cualquier actuación que se haya desplegado con fundamento en dicho acto administrativo es inconstitucional y nulo. Resume que el uso de la potestad de declarar la caducidad del contrato mencionado, no guardó proporción con los límites materiales o requisitos exigidos para que procediera su uso, tales como el incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales, de tal magnitud y gravedad que impidiera su debida ejecución, y que en cualquier caso antes de su adopción, se respetara el debido proceso, como lo es el derecho de audiencia y defensa. Por lo tanto, concluye el Tribunal de Primera Instancia, que habrá lugar a acceder a las pretensiones de la parte demandante y declaró la nulidad de los actos administrativos demandados. 1.3. Recurso de apelación interpuesto por parte de Empresas Públicas de Medellín –EPM-: Por su parte, la apoderada de la parte demandada interpuso recurso de apelación en contra de la providencia de primera instancia. En dicho recurso, el accionante indica, que EPM se afirma en la legalidad de los actos acusados y considera que no existe la obligación de indemnizar al contratista; niega el incumplimiento por parte de EPM, toda vez que a la Sociedad INCOLTES LTDA se le hicieron los pagos correspondientes con base en el estudio de personas idóneas en la materia, y sobre las obras realmente ejecutadas. Considera que al contrario fue el contratista el que incumplió las especificaciones técnicas del pliego de condiciones, y realizó una indebida facturación. Agrega que el contratista impidió el normal desarrollo del contrato, por lo que EPM se vio en la necesidad de interrumpir las obras, dejando como consecuencia, algunas obras inconclusas y su ejecución posterior tardo más de lo presupuestado, por los trámites que implicó una nueva adjudicación. Señala que el contratista puso en peligro el proyecto, ya que no existe certeza sobre la vida útil de los materiales debido a la utilización de algunos inadecuados y de poca resistencia, así como tuberías con dimensiones diferentes a las diseñadas y contratadas. Indica que si se presentó alguna demora en el pago de las actas, ello tuvo como causa los hechos generados por el propio contratista, por las inconsistencias presentadas en dichas actas de obra, que hizo que se tuviese que abrir una investigación, por lo tanto si se presentó a su juicio algún desequilibrio económico que no es imputable a EPM. Considera que INCOLTES si ejerció su derecho de defensa más importante, cual es la interposición del RECURSO DE REPOSICIÓN contra la declaratoria de caducidad, decisión que fue confirmada por EPM, y que no hace que se vulnere el debido proceso. Agrega que el fallador de primera instancia a pesar de reconocer que EPM si comunicó todas las irregularidades y que las actas fueron suscritas por ambas partes, les resta importancia porque corresponden a obligaciones de las estipulaciones contractuales, y según su parecer nada tienen que ver con el artículo 29 superior, el cual no estipula un trámite específico para la guarda del debido proceso. Afirma que dentro de los documentos contractuales está establecido el trámite de la imposición de una sanción por parte de la administración, el debido proceso se cumple, si se cumplen a la vez, con ese trámite que se pactó bilateralmente. De otra parte, presenta su inconformidad en la “condena en abstracto” que hace el despacho, ya que si los dictámenes que hacen parte del expediente no sirven para probar lo que pretende la DEMANDANTE, eso significa que no logró probar dichos derechos. No comparte con el a-quo que para probar el perjuicio por la no celebración de contratos durante el término de inhabilidad; se tenga como prueba contratos que sí fueron celebrados. Señala que otro motivo de inconformidad tiene que ver con la orden que da el a-quo de la devolución del monto que fue compensado en la Resolución No. 82257 del 10 de marzo de 1998, por concepto de cláusula penal pecuniaria, pues en su criterio se debió entonces haber declarado también la nulidad de la Resolución No.82257 de 1998, para luego traer el efecto de la devolución de cláusula penal y concluye que dentro de las pretensiones de la demanda, no pidieron la nulidad de la misma. Respecto a la falsa motivación indica que los motivos esgrimidos por la EPM para la decisión tomada, tienen su debida calificación jurídica y apreciación razonable, por ende gozan de legalidad. Agrega que EPM tomó la decisión de declarar la caducidad del contrato no solo porque la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico-CRA- así se lo permite en este tipo de contratos, sino porque efectivamente investigó y probó el incumplimiento del contratista al facturar obra no ejecutada y al no cumplir con las condiciones técnicas y características garantizadas e instalar redes de dimensiones diferentes a las contratadas y diseñadas. Referente a la necesidad de la prueba considera que la DEMANDANTE no alcanzó a probar el desequilibrio económico que aduce y que en caso de si hubiese ocurrido tal desequilibrio se debió a las malas ejecuciones del contratista. Indica que no entiende como el demandante, con las estipulaciones contractuales que se trajeron con la respuesta a la demanda y que están en los pliegos, así como con la indebida ejecución de las obras y del incumplimiento de las especificaciones técnicas, quiere mostrar lo contrario; esto sin duda alguna a su juicio, atenta contra la buena fe que debe reinar en todos los contratos. Finalmente, se refiere a que el contratante y el contratista, luego de haber contratado, conocidas todas las condiciones y aceptadas las mismas; luego de haber manifestado su voluntad en la suscripción del contrato, quiera que cuando encuentre que no obtuvo una ganancia como la esperada se cambien las condiciones establecidas en los documentos del contrato, esto atentaría contra los principios de: bilateralidad de los contratos, la lealtad, la transparencia y contra la igualdad de los demás oferentes que sí tuvieron todas las condiciones. Por todo lo expuesto anteriormente, la parte actora solicita la revocatoria del fallo recurrido de fecha 3 de noviembre de 2017. 1.3. Recurso de apelación interpuesto por parte de INCOLTES LTDA: En el recurso de apelación INCOLTES LTDA considera que no obstante LAS EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN, motivan la caducidad basada en irregularidades (sobrefacturación) encontradas en el Acta No. 4, presentada por el contratista, señala que en el mes de julio de 1996 para su pago, realizan una reliquidación del contrato acta por acta, lo que arroja, según sus propias cuentas y lo plasmado en la liquidación unilateral un total de $368.653.584.69 del valor de obra ejecutada por INCOLTES LTDA, obra que ya estaba debidamente ejecutada en agosto 31 de 1996. La liquidación unilateral de LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN ESP, arroja un valor ejecutado de obra por el contratista de $368.653.584.69 y un saldo a favor de INCOLTES LTDA de $33.665.900,32 una vez descontado el anticipo faltante por amortizar de $ 23.812.857.93, lo que quiere decir que NO HUBO SOBREFACTURACIÓN, tal y como lo señala el ingeniero PASCUAL JULIO HENAO OSPINA en el dictamen pericial realizado, pero sobre todo por la PRUEBA APORTADA Y OBRANTE EN EL PROCESO POR LAS MISMAS EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN en la liquidación unilateral del contrato. Agrega además que EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN construyó unilateralmente las actas parciales 4, 5, 6, y 7 A y las mismas las fueron realizando a medida que las personas encargadas de liquidar el contrato, van encontrando obra para pagar. Estas cinco (5) actas de diferentes valores a su juicio concluyen que la obra física del contrato ya estaba terminada al momento de la sanción, es decir que los 27 proyectos en su totalidad se habían ejecutado a agosto 31 de 1996 y la mora en liquidación unilateral, se debió a que quienes liquidaron el contrato no conocían las obras del mismo. Presenta su inconformidad con la sentencia de primera instancia, cuando respecto a los intereses moratorios no le son reconocidos y no comparte la decisión del a-quo al no conceder el pago de autorizar la pretensión indemnizatoria de intereses moratorios, pues señala que la prueba y reconocimiento aportada al proceso por EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP permite concluir que la suma descontada, retenida y no pagada al contratista por concepto de cláusula penal pecuniaria es una suma cierta, realmente reconocida por la demandada y correspondiente a obra que se liquidó y no se pagó oportunamente, lo que necesariamente le imprime el carácter de mora. Alegatos de conclusión presentados por EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P: La apoderada de la parte demandante, presentó sus alegatos de conclusión de segunda instancia el 8 de junio de 2018 contra la sentencia proferida por el Honorable Tribunal Administrativo de Antioquia del 23 de octubre de 2017. En esta oportunidad, la parte demandada, además de reiterar los argumentos de su defensa, adujo en resumen en lo siguiente: En cuanto a los motivos de la declaratoria de caducidad señaló: “(…) A la altura de la presentación del Acta de Obra No. 4, al revisar la misma por el personal de EPM, encargado de tales efectos, encontró inconsistencias en las cantidades en concreto allí descritas. Al hacer la observación al interventor del contrato, dichas cantidades fueron modificadas, sorpresivamente, en menor cantidad sin ninguna explicación razonable. Por lo que inició una investigación de las correspondientes actas de obra y de sus ejecuciones a otro funcionario ajeno al manejo del contrato. Al acometer la investigación en cita por medio de apiques en el terreno y en compañía de una comisión de topografía, encontró graves inconsistencias como por ejemplo, que no coincidían muchos ítems, con lo relacionado en las actas. Se dieron situaciones tales como, encontrar cantidades menores de obra, a las relacionadas en las actas; dimensiones diferentes de las tuberías etc., (…) La investigación trajo también, como consecuencia, que el interventor inicial del contrato, fuera investigado disciplinariamente por la Empresas y destituido (…) Por tal motivo y de conformidad con el artículo 80 de la CN y el numeral 5.22 de las condiciones específicas del contrato, se declaró la caducidad, con ocasión de las irregularidades detectadas en esta ejecución y que fueron constitutivas de incumplimiento a cargo de la firma contratista y pusieron en peligro el proyecto mismo, en el sentido de que no existía certeza sobra la cantidad y calidad de los materiales empleados en su construcción, lo cual permitió concluir sobre la incertidumbre de la vida útil de los materiales empleados en la ejecución del contrato. La caducidad fue declarada cuando el plazo de ejecución, transcurrido hasta el 30 de septiembre de 1996, equivalía al 40% de éste y la inversión acumulada incluida el Acta No. 4 equivalía al 58.86% del valor del contrato. Respecto del incumplimiento contractual Asevera que la parte demandante no tiene prueba del incumplimiento del contrato por parte de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. y muchos menos los sobrecostos que reclama, y asegura que este contrato se encuentra dentro de los que la COMISION REGULACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO –CRA- permite incluir la Cláusula de Caducidad y que se dieron los presupuestos que la CRA establece para dicha declaratoria, y que esta potestad fue de conocimiento de la demandante desde antes de presentar su oferta. En cuanto al desequilibrio económico Señala que no se presentó el desequilibrio económico alegado por la parte actora. En relación con la falsa motivación Indica que no hay falsa motivación, por cuanto los hechos tenidos en cuenta para proferir las resoluciones demandadas fueron probados, apreciados razonablemente y aplicados de conformidad con la ley. II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problemas jurídicos De acuerdo con los reparos manifestados en el recurso de apelación interpuesto por la parte accionada, en el presente caso es conducente analizar: Problemas planteados por el Ministerio Público: ¿Se presenta en las resoluciones No. 58517 del 7 de octubre de 1996, mediante las cuales se declaró la caducidad del contrato 2/djv-1757/24; No. 58745 del 15 de octubre de 1996, a través de la cual se aclara la Resolución No. 58517 de 1996 y la No. 60218 del 3 de diciembre de 1996 que confirma lo resuelto en los dos actos anteriores, expedidos por las Empresas Públicas de Medellín, errores que ameriten su nulidad?. ¿Puede una entidad pública declarar la caducidad de un contrato sin comunicarle previamente al contratista las razones que justificaron dicha decisión? ¿Se vulneró el derecho de defensa de la Sociedad INCOLTES LTDA en el proceso bajo estudio? ¿El demandante acreditó los requisitos necesarios para la declaratoria de la ruptura del equilibrio económico del contrato? Por otra parte, en relación con los reparos manifestados por la parte actora, corresponde analizar: ¿En el presente asunto se debe proceder al reconocimiento de intereses moratorios?. 2.2. Marco teórico. Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Delegada del Ministerio Público: 2.2.1. La acción de controversias contractuales. La acción de controversias contractuales, se encuentra regulada conforme a lo dispuesto en el art. 87 del CCA, que señala: “(…) ARTÍCULO 87. Modificado por el art. 17, Decreto Nacional 2304 de 1989 , Modificado por el art. 32, Ley 446 de 1998 De las controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas. Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual, serán demandables mediante las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, según el caso, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, notificación o publicación. La interposición de estas acciones no interrumpirá el proceso licitatorio, ni la celebración y ejecución del contrato. Una vez celebrado éste, la ilegalidad de los actos previos solamente podrá invocarse como fundamento de nulidad absoluta del contrato. El Ministerio Público o cualquier tercero que acredite un interés directo podrá pedir que se declare su nulidad absoluta. El juez administrativo queda facultado para declararla de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso. En todo caso, dicha declaración sólo podrá hacerse siempre que en él intervengan las partes contratantes o sus causahabientes (…)”. 2.2.2. El objeto de los contratos estatales. Respecto a la finalidad que persiguen los contratos estatales, resulta pertinente traer a colación las siguientes consideraciones del Consejo de Estado: “(…) El objeto de los contratos que celebran las entidades públicas, persigue el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Por consiguiente, la causa del contrato es la satisfacción de las necesidades colectivas y de interés general a cuyo logro deben colaborar quienes contratan con la administración, no obstante que pretendan obtener con su ejecución un beneficio económico inicialmente calculado. De acuerdo con esta orientación, los contratos estatales están poderosamente influidos por el fin que ellos involucran, cuál es el interés público, lo que determina, por una parte, que no le es permitido a la administración desligarse de la forma como los particulares contratistas realizan la labor encomendada a través del contrato; y de otra, que el contratista ostente la posición de colaborador de la entidad. Es decir, con el contrato se pretende la realización de un fin de interés general, pues es un medio que utiliza la administración pública para la consecución de los objetivos Estatales, el desarrollo de sus funciones y la misión que le ha sido confiada, con la colaboración o contribución de los particulares contratistas, los cuales concurren a su formación persiguiendo un interés particular, que consiste en un provecho económico o lucro que los mueve a contratar y que se traduce en un derecho a una remuneración previamente estipulada, razonable, proporcional y justa, como retribución por el cumplimiento del objeto contractual. Es entonces, la razonable contraprestación económica la que permite que exista un adecuado balance entre el interés público que anima al Estado a contratar y el interés individual que estimula a los particulares colaboradores a obligarse a suministrar los bienes y servicios objeto del contrato para contribuir con el cumplimiento de los fines de la contratación, el cual debe ser calculado y previsto al tiempo de proponer y contraer el vínculo contractual. Así, al nacimiento del contrato, las partes conocen o saben el provecho que les reportará, sobre la base de una equivalencia de prestaciones; por un lado, la administración persigue la consecución de los fines del Estado y, por otro lado, el contratista un beneficio económico en su favor, de suerte que es en ese instante de asunción del vínculo en el que se regula la economía del acuerdo en forma simétrica, constituyéndose una ecuación financiera que deberá preservarse en su ejecución (…)”. 2.2.3. Responsabilidad civil contractual Sobre la responsabilidad civil contractual, la Corte Suprema de Justicia ha dicho: “(…) El contrato legalmente celebrado vincula a las partes y las obliga a ejecutar las prestaciones convenidas, de modo que si una de ellas incumple las obligaciones que se impuso, faculta a la otra para demandar bien que se le cumpla, que se le resuelva el contrato o al pago de los perjuicios que se le hayan causado por el incumplimiento, pretendiendo estos últimos ya de manera principal (arts. 1610 y 1612 del C.C.) o ya de manera accesoria o con secuencial (arts. 1546 y 1818 del Código Civil) los que encaminan a proporcionar a la parte cumplida una satisfacción pecuniaria de los daños ocasionados (…)" Incumplimiento del contrato De conformidad con el artículo 1602 del Código Civil, todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. Así mismo, el artículo 1603 del Código Civil, establece que los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella. El contrato estatal se encuentra regulado por un régimen mixto, conformado por normas del derecho privado (civil y comercial) y por normas del derecho público. El artículo 13 de la ley 80 de 1993 refiere la normatividad aplicable a los contratos estatales y dispone que éstos se rigen por la legislación civil y comercial pertinente, salvo en aquellas materias reguladas en esa misma ley. Este artículo se complementa con el artículo 70 del mismo estatuto contractual, el cual dispone que las normas que rigen las actuaciones contractuales son aquellas que se refieren a la función administrativa y a la falta de éstas, se aplicará el Código de Procedimiento Civil. Respecto al cumplimiento e incumplimiento de los contratos, el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 estipula que: “Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato: “1°. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato”. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán, en los casos previstos en el numeral 2° de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado. Entre tanto, el Consejo de Estado, destacó que en relación con las obligaciones contractuales estatales y el incumplimiento del contrato bilateral lo siguiente: “(…) En virtud del contrato bilateral cada una de las partes se obliga para con la otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa inmediatamente, al vencerse un plazo o al ocurrir alguna condición, de conformidad con los términos de la estipulación (arts. 1494, 1495, 1530 y ss. 1551 y ss. Código Civil). Por él cada contratante acude a prestar su consentimiento en la confianza en que la otra ejecutará las obligaciones recíprocas acordadas al tenor del contrato y en el tiempo debido. Empero, sucede que en ocasiones una de las partes se sustrae del compromiso y no satisface su obligación para con el otro al tiempo de su pago, incurriendo en un incumplimiento, vicisitud que se traduce en una obligación frustrada por obra de uno de los sujetos del vínculo y que por tal motivo es sancionada por el ordenamiento jurídico (...)”. De otra parte, la jurisprudencia del Consejo de Estado: ha señalado lo siguiente: “(…) El incumplimiento contractual supone la inobservancia de las obligaciones contraídas por virtud de la celebración del acuerdo negocial, infracción que bien puede cristalizarse por cuenta del cumplimiento tardío o defectuoso de las condiciones convenidas o por el incumplimiento absoluto del objeto del contrato. Cabe agregar que la configuración del incumplimiento no solo se presenta por la inobservancia de las estipulaciones contenidas en el texto contractual, sino en todos los documentos que lo integran, tales como los pliegos de condiciones o términos de referencia que, por regla general, fungen como soportes de la formación del vínculo jurídico. Así mismo, tiene ocurrencia cuando la actuación de las partes desconoce el catálogo de principios que orientan la contratación estatal y que igualmente se entienden incorporados en la relación jurídica bilateral (negrilla fuera de texto). (…)” La caducidad de los contratos estatales El artículo 18 de la Ley 80 de 1993, establece que la caducidad procede ante el incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, así: “(…) Artículo 18º.- De la Caducidad y sus Efectos. La caducidad es la estipulación en virtud de la cual si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencia que puede conducir a su paralización, la entidad por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. En caso de que la entidad decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. La declaratoria de caducidad no impedirá que la entidad contratante tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro contratista, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en esta ley. La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento. (…)” Ahora bien, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido reiterativa en el sentido de que cuando se declara la caducidad de un contrato, se multa o se declara el incumplimiento se entiende declarado el siniestro, así: “(…) La declaratoria de caducidad tiene implicaciones graves para el contratista, entre ellas: no puede participar en nuevos procesos de selección de contratistas –inhabilidad-, debe renunciar a los contratos que tenga en ejecución –inhabilidad sobreviniente- y no tiene derecho a indemnización en el contrato caducado. Dicha previsión se encuentra establecida en el artículo 18 de la Ley 80 en los siguientes términos: “Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en esta ley.” En el mismo sentido, el literal c) del artículo 8 de la Ley 80 de 1993 establece que los contratistas que dieron lugar a la declaratoria de caducidad administrativa quedan inhabilitados para participar en procesos de selección. (…) el contratista que da lugar a la declaratoria de caducidad se hace acreedor a una sanción que lo inhabilita para celebrar negocios jurídicos con la administración. El término es de 5 años, según lo establece el inciso segundo del literal i) del artículo 8 del estatuto contractual, que establece: “Las inhabilidades a que se refieren los literales c), d) e i) se extenderán por un término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de ejecutoria del acto que declaró la caducidad, o de la sentencia que impuso la pena, o del acto que dispuso la destitución…” Finalmente, la declaratoria de caducidad también es constitutiva del siniestro de incumplimiento, lo que autoriza a la entidad estatal para cobrar el importe de la garantía única constituida en su favor por el contratista (negrilla del Ministerio Público). (…)” 2.2.6. Del desequilibrio económico El Consejo de Estado, sobre las circunstancias por la cuales puede verse afectado el equilibrio económico del contrato y la razón por la cual surge la obligación de la administración de restablecerlo, ha indicado: “(…) 19.1 Actos o hechos de la entidad administrativa contratante, como cuando no cumple con las obligaciones derivadas del contrato o introduce modificaciones al mismo -ius variandi-, sean éstas abusivas o no. 19.2 Actos generales de la administración como Estado, o “teoría del hecho del príncipe”, como cuando en ejercicio de sus potestades constitucionales y legales, cuya voluntad se manifiesta mediante leyes o actos administrativos de carácter general, afecta negativamente el contrato. 19.3 Factores exógenos a las partes del negocio, o “teoría de la imprevisión”, o “sujeciones materiales imprevistas”, que involucran circunstancias no imputables al Estado y externas al contrato pero con incidencia en él. 20. Eventos en los que surge la obligación de la administración contratante de auxiliar al contratista colaborador asumiendo mediante una compensación -llevarlo hasta el punto de no pérdida- o nace el deber de indemnizarlo integralmente, según el caso y si se cumplen los requisitos señalados para cada figura. 21. Del mismo modo, incumplimientos de la administración, tales como no pagar oportunamente el anticipo o las actas de entrega parcial de obra o el valor de la cuantía del contrato, o no entregar oportunamente los terrenos en los cuales debe ser construida la obra, o no suministrar oportunamente los planos y materiales con los cuales se debe ejecutar la obra, pueden alterar la ecuación financiera del contrato bajo la perspectiva de que usualmente dificultan el desarrollo de las prestaciones a la parte ofendida y generan mayores gastos y erogaciones para el contratista. 22. Lo cierto es, por tanto, que el incumplimiento de obligaciones o deberes por la entidad pública contratante que genera una mayor permanencia en obra o prolongación en el tiempo de la ejecución del contrato, aun cuando no impliquen mayores cantidades de obra u obras adicionales, puede llegar a traumatizar la economía del contrato en tanto afectan su precio debido, pues la ampliación o extensión del plazo termina aumentando los valores de la estructura de costos (administrativos, de personal, equipos, etc.) prevista inicialmente por el contratista para su cumplimiento, situación que da lugar a la reparación de los perjuicios que se le produzcan, siempre y cuando se acredite y estén debidamente demostrados y de la conducta de las partes no se derive lo contrario. En efecto, ante conductas transgresoras del contrato por parte de la entidad contratante, que desplazan temporalmente el contrato por un período más allá del inicialmente pactado, surge el deber jurídico de reparar por parte de la administración al contratista cumplido, en tanto se prueben los daños sufridos. 23. En todo caso, dentro de los requisitos necesarios para el reconocimiento de las causas anotadas de rompimiento del equilibrio financiero o económico del contrato, está el de la demostración o prueba de una pérdida real, grave y anormal en la economía del contrato. No basta, pues, con probar que el Estado incumplió el contrato o lo modificó unilateralmente, sino que además, para que resulte admisible el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, debe acreditarse que representó un quebrantamiento grave de la ecuación contractual establecida ab initio, que se sale de toda previsión y una mayor onerosidad de la calculada que no está obligado a soportar, o que con su conducta contractual la administración generó la legítima confianza de que fueron asumidos (…)” Derecho al debido proceso en las actividades contractuales. En torno a este tema, es importante traer a colación la sentencia del 17 de marzo de 2010, Radicación número: 05001-23-26-000-1992-00117-01(18394) CP: RUTH STELLA CORREA PALACIO “(…) En efecto, la observancia del debido proceso en las actuaciones administrativas, incluyendo la contractual, es de tal trascendencia para la obtención de decisiones verdaderamente justas y adecuadas al derecho material, que su proyección en ellas tiene los siguientes alcances: [i] ser oído antes de que se tome la decisión; [ii] participar efectivamente en el proceso desde su inicio hasta su terminación; [iii] ofrecer y producir pruebas; [iv] obtener decisiones fundadas o motivadas; [v] recibir notificaciones oportunas y conforme a la ley; [vi] tener acceso a la información y documentación sobre la actuación; [vii] controvertir los elementos probatorios antes de la decisión; [viii] obtener asesoría legal; [vii] tener la posibilidad de intentar mecanismos contra las decisiones administrativas. La Corporación, en el proceso de consolidación jurisprudencial respecto a la garantía del debido proceso en asuntos contractuales, concluyó en forma categórica que este derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política rige en los procedimientos administrativos, incluyendo dentro de éstos el contractual, sancionatorios o no, y que este mandato constituye un avance significativo en la defensa del ciudadano. Quiere decir lo anterior que, en las voces del artículo 29 de la Constitución Política, por una parte, con antelación a la adopción de una decisión administrativa en la actividad contractual que pueda resultar perjudicial o contraria a los intereses del contratista es indispensable observar el debido proceso en las diferentes fases o etapas de dicha actividad, en especial, desde la formación de la voluntad entre el Estado y los particulares contratistas para la suscripción del contrato (precontractual) hasta su cumplimiento (ejecución contractual); y por otra parte, es menester determinar el campo de aplicación de cada uno de los derechos que contempla el debido proceso y su intensidad, según el caso y la etapa de la actividad contractual de que se trate, pues va de suyo que varios de esos principios rigen en forma plena y absoluta en algunos eventos, pero en otros lo será en forma matizada, modulada o proporcional a la finalidad de la etapa y de los supuestos que condicionan la actuación de la Administración, tal y como se pasará a describir a continuación a propósito de la ejecución del contrato y en particular en ejercicio de una potestad sancionatoria como es la caducidad del contrato. Condena en Abstracto Respecto a este tema, el Consejo de Estado el 16 de febrero de 2017, radicado 15001-23-31-000-2001-01178-02(57512), Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA, se pronunció de la siguiente forma: “(…) El artículo 172 del Código Contencioso Administrativo establece, por vía de excepción, la disposición normativa consistente en la condena en abstracto, a la cual puede recurrir el Juez Administrativo en aquellos eventos en los cuales, pese a conocerse con certeza la causación de un perjuicio –material o inmaterial- a una parte, se carece de la suficiencia probatoria que lleve a determinar la concreta extensión y repercusión patrimonial de la misma, para lo cual se deberán señalar los parámetros a seguir a fin de precisar la condena proferida. (...) Dictada una decisión en tal sentido, que supone aun la indefinición de un extremo del litigio, será preciso que la parte beneficiada adelante el trámite de un incidente ante el a-quo a fin de que sea éste quien determine, en concreto, la materialización de la condena in genere decretada, para lo cual el legislador ha establecido un término de caducidad de sesenta (60) días contados a partir de la ejecutoria de la decisión o, en su defecto, de la notificación del auto que da cumplimiento a lo resuelto por el superior, según el caso, para adelantar el trámite incidental. (...) En este sentido, se impone una carga singular de claridad argumentativa, de manera que el razonamiento del Juez en este aspecto no remita a dudas a las partes y al juez que a futuro resolverá la cuestión, lo que se manifiesta, a modo enunciativo, en i) la determinación de cuál es el rubro indemnizatorio a liquidar, ii) los supuestos fácticos –expuestos en el litigio- que servirán para obtener la tasación del perjuicio, iii) los medios probatorios que considere pertinente que se puedan practicar, con respeto en todo caso de la libertad probatoria que rige, para determinar la magnitud del perjuicio, iv) de ser el caso, la exposición de los criterios jurídicos (y de ser el caso jurisprudenciales) que deberá tener en cuenta el J. al momento de conocer el incidente, y iv) por exclusión, y en orden a hacer énfasis en el objeto del incidente, la identificación de aquellos aspectos fácticos o jurídicos que no se deberán considerar en la liquidación. (...) la parte que promueve el incidente de liquidación, tiene la carga probatoria de acreditar la magnitud del perjuicio a indemnización, de conformidad con lo previsto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil. (…)” 2.2.9. Régimen de los intereses moratorios por el retardo en el pago de sumas adeudadas, como consecuencia de realización de mayores cantidades de obra, en el marco de una contratación con el Estado regida por normas de derecho privado. El reconocimiento de intereses moratorios, es un derecho que surge a favor del acreedor, cuando el deudor incurre en retardo en el pago de una suma de dinero, por el sólo hecho de dicho retardo. Este derecho rige igualmente en el marco de la contratación estatal, independientemente de si el contrato está regulado por la Ley 80 de 1993 o por las normas de derecho privado. Por lo tanto, si se comprueba que la Entidad contratante ha debido pagar una suma de dinero en una determinada fecha, y esta no se ha cancelado, procede el pago de los intereses moratorios que se hayan pactado en el contrato o, a falta de pacto, aquellos que se aplican por ministerio de la Ley. Respecto a la obligación de pago de intereses moratorios en el marco de la contratación estatal, el Consejo de Estado los ha reconocido no sólo en el caso de retardo en el pago de obligaciones que se pactaron inicialmente en el contrato, sino también cuando las sumas reclamadas, eran mayores cantidades de obras, que no estaban estipuladas en el contrato inicial, y que no se cancelaron al momento de liquidar el contrato. En efecto en un caso donde se reclamaban obras adicionales en el marco de un contrato estatal, dicha Alta Corte manifiesta: “(…) En este marco jurídico, cabe precisar que si el pago del precio como remuneración a las prestaciones ejecutadas en un contrato celebrado por la Administración Pública es el principal derecho que tiene el contratista colaborador, es evidente que las entidades contratantes deben cumplir con esa obligación en los términos y plazos convenidos en el contrato o previstos en la ley, de manera que ante la mora de esta obligación dineraria debe reconocer y cancelar intereses en virtud de la ley al contratista, en su condición de acreedor, mientras no satisfaga el pago de la suma del capital adeudado. 5.3. De cuanto antecede es válido colegir que cuando la obligación incumplida es la de pagar una cantidad de dinero, la ley presume la existencia del daño, sin que el acreedor tenga la carga de probarlo, toda vez que éste se ocasiona desde el momento en que el deudor debió cumplir con el pago de la deuda y lo omitió, razón por la cual, tanto en el derecho privado (Código Civil y Código de Comercio) como en el público (Ley 80 de 1993) se consagra que la indemnización de perjuicios ante el incumplimiento del pago oportuno de una cantidad de dinero se traduce en el reconocimiento de intereses de mora. Con otra palabras: “…si la Administración incumple con la obligación principal del contrato – pagar oportunamente el valor convenido- debe reconocer los perjuicios moratorios que causó con su incumplimiento, esto es, los intereses moratorios, a la tasa que pactaron las partes o a falta de pacto, la que la ley suple, los cuales se presumen…. (…)” Régimen jurídico de la contratación de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos. Respecto al régimen jurídico de la contratación de las Empresas Prestadoras de Servicios el Consejo de Estado en la sentencia del 18 de julio 2007, dentro de la Radicación número: 25000-23-26-000-2001-00072-01(31838) C.P. RUTH STELLA CORREA PALACIO: “(…) En síntesis, de acuerdo con las mencionadas normas y el alcance que de las mismas otorgó esta Corporación en los pronunciamientos que anteceden, es claro que: i) los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, determinaron que los actos y contratos de las prestadoras de servicios públicos de naturaleza estatal se encuentran regidos por el derecho privado, salvo las excepciones previstas en la misma ley; ii) cuando el artículo 31 estableció que los contratos que celebraran dichas entidades estatales de servicios públicos a los que se refiere esa ley, y que tengan por objeto la prestación de esos servicios, se regirían por el parágrafo 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los sustrajo del ámbito de aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública; iii) empero, de la anterior regla general se exceptuaron, entre otros, aquellos contratos en los cuales las comisiones de regulación ordenen la inclusión obligatoria de cláusulas exorbitantes o la autoricen previa consulta, en cuyo caso todo lo relativo a tales cláusulas se regirá, en cuanto sea pertinente, por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, y los actos en los que se ejerciten esas facultades estarán sujetos al control de lo Jurisdicción Contencioso Administrativo (negrilla del Ministerio Público). (…)” Material probatorio obrante en el expediente. Es preciso señalar que en el expediente existe abundante material probatorio, el cual ha sido referido por el Tribunal de primera instancia, y debidamente sopesado por el Ministerio Público. Una vez verificado lo anterior, la Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado, destaca el siguiente material, relevante para emitir concepto de fondo sobre el asunto: Copia de la Licitación Pública Nacional PS-HV-86B adelantada por la Gerencia Acueducto y alcantarillado de las Empresas Públicas de Medellín, cuyo objeto consistió en la "CONSTRUCCIÓN DE REDES, DOMICILIARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL VALLE DE ABURRÁ ATENDIDAS POR LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN”. Copia de la presentación de la oferta para la licitación Pública PS-HV-26 B por INCOLTES LTDA. Resolución No. 50530 del 12 de febrero de 1996 "Por medio de la cual se adjudica un contrato". Copia del oficio HVCV-451 del 26 de agosto de 1996 suscrito por el Ingeniero LUIS FERNANDO TABORDA R. y el Jefe del Departamento Habitación Viviendas y Corregimiento y Veredas, dirigido al Gerente de INCOLTES LTDA en el cual se le hace la devolución del acta No. 04 del contrato 2/DJV-1757/24 “por presentar inconsistencias con los datos presentados por el revisor de interventoría en los ítems 27.3 y 27.4, además verificar en el terreno el ítem 27.1 empotramiento de tubería por profundidad y cimentación”. Copia del oficio HVCV-578 del 16 de septiembre de 1996 dirigido al Gerente de INCOLTES LTDA suscrito por el Jefe del Departamento Habitación Viviendas y Corregimiento y Veredas, en el cual se le informa que la factura de obra ejecutada correspondiente al acta número 4 seria pagada debido a que las irregularidades en la medición de cantidades de obra ameritan un recalculo de la totalidad de la misma, por lo que le indican que la misma será devuelta para que proceda el recalculo respectivo. Copia del oficio HVCV-610 del 19 de septiembre de 1996 dirigido al Gerente de INCOLTES LTDA suscrito por el Jefe del Departamento Habitación Viviendas y Corregimiento y Veredas, donde se le comunica que los proyectos se encuentran 100% ejecutados y sin recibir ninguna tarjeta de referenciación y que en un plazo de 10 días hábiles, se deberían hacer entrega de estas tarjetas o se procedería a aplicar el numeral 5.2.1 literal 7 del pliego de condiciones y especificaciones. Copia de memorando HVCV-650 del 25 de septiembre de 1996 suscrito por el señor FRANCISCO JAVIER OCAMPO MORALES dirigido al Departamento Habilitación Viviendas y Corregimientos y Veredas, en el cual le informan que después de hacer el estudio de la liquidación de las obras por tramos que presentan los revisores y el levantamiento por parte de la comisión de topografía de los proyectos ejecutados se detectaron varias irregularidades precisando que todos los proyectos están mal liquidados. Copia de memorando HVCV-671 del 30 de septiembre de 1996 suscrito por el señor FRANCISCO JAVIER OCAMPO MORALES dirigido al Departamento Habilitación Viviendas y Corregimientos y Veredas, en el cual le informan que después de hacer el estudio de la liquidación de las obras por tramos que presentan los revisores y el levantamiento por parte de la comisión de topografía de los proyectos ejecutados se detectaron varias irregularidades precisando que todos los proyectos están mal liquidados. Copia del oficio del 3 de octubre de 1996 suscrito por el Representante Legal de INCOLTES LTDA dirigido al Jefe del Departamento Habilitación Viviendas y Corregimientos y Veredas, solicitó se le informara cuanto tiempo se requería para reliquidar las actas del contrato. Copia de la Resolución No. 58517 del 7 de octubre de 1996, por medio de la cual se declara la caducidad del contrato. Copia de la constancia de notificación del 10 de octubre de 2010 de la Resolución No.58517 al Representante Legal de INCOLTES LTDA. Copia del memorando HVCV-735 del 9 de octubre de 1996 suscrito por el Ingeniero Luis Fernando Taborda R. en su condición de interventor del contrato No. 2/DJV-1757/24 y el Jefe del Departamento de Habilitación, Viviendas y Corregimientos y Veredas, dirigido a Luis Fernando Montoya, donde le dan respuesta a los oficios 661566, 661567,661559 del 3 de octubre de 1996 con relación a que no se han realizado liquidaciones unilaterales sino que se procedió a evaluar las cantidades pagadas con las realmente ejecutadas, para llegar a un acuerdo con el contratista. Copia del memorando HVCV-749 del 11 de octubre de 1996 donde se le comunicó al Representante Legal de INCOLTES LTDA que por disposición administrativa de Empresas Públicas de Medellín fue designado el ingeniero Francisco Javier Ocampo Morales como interventor en reemplazo del Ingeniero Luis Fernando Taborda Rueda. Copia de la Resolución No. 58745 del 15 de octubre de 1996 por medio de la cual se aclara una resolución, por parte de las Empresas Públicas de Medellín en la que se resolvió aclarar la Resolución 58517 del 7 de octubre de 1996 en el sentido de corregir el número del contrato citado Copia de la Resolución 60218 del 3 de diciembre de 1996 por medio de la cual se confirmó la Resolución No. 58517 de 1996. Copia del memorando HVCV 1194 del 19 de octubre de 1996, en el cual Empresas Públicas de Medellín informa que obras quedaron pendientes luego de declarar la caducidad del contrato. Copia del escrito del 5 de marzo de 1997 dirigido al Gerente de las Empresas Públicas de Medellín, suscrito por el Representante Legal de la firma INCOLTES LTDA, mediante el cual le manifiesta que la liquidación presentada por la entidad no es aceptada por éste. Copia de la Resolución No. 82257 del 10 de marzo de 1998 por medio de la cual se liquida unilateralmente un contrato. 2.4. Caso concreto Para enfocar el alcance de la controversia, el Ministerio Público hará un recuento de los hechos relevantes probados para proceder a conceptuar. Mediante Resolución No. 50530 del 12 de febrero de 1996 se adjudicó el contrato 2/DJV-1757/24 a la firma INCOLTES LTDA. Es importante dejar claro que el contrato de obra No. 2/DJV-1757/24, suscrito entre las Empresas Públicas de Medellín y la firma INCOLTES LTDA, para la construcción de redes, domiciliarias y demás obras complementarias de acueducto y alcantarillado sanitario en la margen oriental del río Medellín, grupo 1, por un valor de $377.494.828 pesos, y un plazo para la ejecución de 365 días calendario, contados a partir del 08 de abril de 1996, se encuentra regido por la Ley 80 de 1993, ya que en este contrato se pactaron cláusulas exorbitantes. El contrato tuvo por objeto la ejecución de 27 proyectos, cuya finalidad consistió en habilitar el servicio de acueducto y alcantarillado a viviendas que carecían del servicio, construyendo las redes de servicio y las domiciliarias correspondientes, instalando los aparatos de medición para el cobro respetivo. A la altura del acta de obra No. 4 se presentaron algunas controversias e inconformidades entre ambas partes, donde Empresas Públicas de Medellín manifestó que encontró una serie de irregularidades y procedió a revisar las obras ejecutadas, los pagos efectuados con anterioridad y la facturación presentada por INCOLTES LTDA. Una vez efectuada la referida revisión se le comunicó al Representante Legal de INCOLTES LTDA mediante oficio No. 641758 del 26 de agosto de 1996. El 6 de septiembre de 1996 el Ingeniero LUIS FERNANDO TABORDA RUEDA, en su condición de Interventor del contrato No. 2/DJV-1757-24 comunica al Departamento de Habilitación, Viviendas y Corregimientos y Veredas de la Empresas Públicas de Medellín E.S.P, los resultados obtenidos con los apiques realizados en el terreno sin que obre prueba en el expediente de que INCOLTES LTDA haya participado de la investigación y de la fecha en que harían los apiques en el terreno para poder asistir y controvertir dicha prueba. Mediante memorando No. 735288 del 9 de septiembre de 1996 el jefe del Departamento de Habilitación, Viviendas y Corregimientos y Veredas de la Empresas Públicas de Medellín E.S.P; le comunica al Ingeniero FRANCISCO JAVIER OCAMPO MORALES que fue asignado para adelantar la investigación de los cobros de las actas 1, 2 y 3 y se le informa al contratista hasta el 16 de septiembre de 1996 mediante oficio No. 646099. El 25 de septiembre de 1996 con memorando No. 739059, el Ingeniero FRANCISCO JAVIER OCAMPO MORALES informó al jefe del Departamento de Habilitación, Viviendas y Corregimientos y Veredas de la Empresas Públicas de Medellín E.S.P, los resultados obtenidos de la investigación y concluye que se debe realizar una reliquidación de todos los tramos construidos, ítem por ítem y hacer apiques en zonas donde se liquidó anclajes, entre otros. Las Empresas Públicas de Medellín E.S.P, profirió la Resolución No. 58517 del 7 de octubre de 1996, por medio de la cual se declara la caducidad del contrato No. 2/DJV-1757/24, el 15 de octubre de 1996 mediante la Resolución No. 58745 se aclaró la Resolución No. 58517 y el 3 de diciembre de 1996 mediante la Resolución No. 60218 se confirmó en todas sus partes la Resolución No. 58517 de 1996. Ahora bien, la parte actora busca desvirtuar la validez de las Resoluciones Administrativas Nos. 58517 del 07 de octubre de 1996, por medio de la cual se declaró la caducidad del contrato 2/DN-1757/24 cuyo objeto consistió en la construcción de redes domiciliarias y obras complementarias de acueducto y alcantarillado en el margen oriental del río Medellín, grupo 1; 58745 del 15 de octubre de 1996, a través de la cual se aclaró la Resolución N° 58517 del 07 de octubre de 1996 y la No. 60218 del 03 de diciembre de 1996 que confirmó lo resuelto en los dos actos anteriores, expedidas por las Empresas Públicas de Medellín; además solicita que se condene a los perjuicios ocasionados a la sociedad INCOLTES LTDA consistentes en el daño emergente y lucro cesante, así como los perjuicios morales sufridos por la Sociedad y sus socios; también que se declare que con la imposición de la caducidad y con la ejecución del contrato, se le ocasionó al contratista un desequilibrio económico que debe ser reconocido por la demandada, además que se le ordene a la parte pasiva a la devolución de los dineros que llegaren a retener del CONTRATISTA por concepto de [NOMBRE TACHADO]; igualmente solicita que se condene a las Empresas Públicas de Medellín al pago de intereses comerciales o en subsidio civiles sobre [NOMBRE TACHADO] pecuniaria que se le logre deducir a la demandante, entre la fecha de causación del daño y la fecha de la sentencia definitiva, a la tasa que certifique la Superintendencia Bancaria para ese mismo período; así mismo que las sumas de dinero a que sea condenada la demandada y correspondan a obra ejecutada, sean reajustadas a la fecha de terminación del contrato, y de allí, actualizadas con base en el IPC certificado por el DANE; y finalmente solicita se condene al pago de costas y agencias en derecho. Estos se abordarán, atendiendo al orden presentado en la apelación por parte del demandante de la siguiente manera: De la vulneración del debido proceso Esta Delegada entrará a revisar si las Resoluciones Nos. 58517 del 7 de octubre de 1996, 58745 del 15 de octubre de 1996 y 60218 del 3 de diciembre de 1996 fueron expedidas de manera irregular o con violación del debido proceso, ya que según la demandante, la administración vulneró el debido proceso, con infracción de las normas en que debía fundarse, falsa motivación, desviación de poder y falta de competencia al haber sido su declaración posterior a la terminación del contrato, hechos que implican, según el recurrente, que las mismas se encuentran viciadas de nulidad. En este sentido, cabe notar que, la Ley 80 de 1993 estipuló que se debe respetar el debido proceso consagrado en el Artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, donde claramente deja sentado que el uso de las cláusulas o poderes exorbitantes, deberán estar precedidas de audiencia del afectado que deberá tener un procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso del contratista y procede sólo mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista. Así mismo podrán declarar el incumplimiento con el propósito de hacer efectiva [NOMBRE TACHADO] pecuniaria incluida en el contrato. [NOMBRE TACHADO] y las multas así impuestas, se harán efectivas directamente por las entidades estatales, pudiendo acudir para el efecto entre otros a los mecanismos de compensación de las sumas adeudadas al contratista, cobro de la garantía, o a cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el de la jurisdicción coactiva. Esta norma tal como se expone, se encontraba vigente para la fecha de los hechos en los términos que se expresa, lo que quiere decir que la entidad no estaba impedida para resolver hacer uso de las sanciones a que hubiere lugar por el incumplimiento del contrato No. 2/DJV-1757/24, sin embargo se debe respetar el debido proceso teniendo un mínimo procedimiento que garantice el derecho al debido proceso. El debido proceso es un principio consagrado en el artículo 29 constitucional Nacional de Colombia y en concordancia con el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, permite, en aras de ese principio, que desde el mismo momento en que se da inicio al trámite oral, se cuente con la participación del contratista, y a pesar de que no incluye a la Aseguradora que ha otorgado la garantía única de cumplimiento, ésta debe ser incluida en aras de ejercer sus facultades de intervención y contradicción. De otra parte, con respecto al debido proceso en materia contractual, la sección tercera del Consejo de Estado, el 30 de enero de 2013, dentro del expediente No. 24743, M.P. Danilo Rojas Betancourth, señaló: “(…) 17. De otro lado, con anterioridad a la expedición de la Ley 1150 de 2007 que se refirió de manera expresa al derecho del debido proceso en materia contractual, la Ley 80 de 1993 en sus artículos 23 y 77, ya remitía a los principios del derecho administrativo al establecer su aplicación en materia contractual y ordenaba que, en cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios de la ley de contratación, las normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la función administrativa sean aplicadas en las actuaciones contractuales, en el entendido de que también éstas corresponden al ejercicio de la función administrativa, toda vez que se hallan encaminadas a la obtención de bienes, obras, servicios, etc., que requieren las entidades para el cumplimiento de los objetivos y deberes estatales, orientados a su vez a la satisfacción del interés general. (…) 19. Aplicado lo anterior en materia contractual, significa que cuando la administración se disponga a expedir una decisión que afecte los derechos e intereses de quienes intervienen en las actuaciones adelantadas en materia contractual –los proponentes en los procedimientos de selección y los contratistas en los negocios jurídicos celebrados-, debe actuar de tal manera que los administrados tengan conocimiento de la intención de la entidad de decidir alguna cuestión que los afecta, las razones que la misma arguye como fundamento para su actuación y las pruebas que soportan la futura decisión unilateral, garantizándoles el derecho a intervenir en la etapa previa a la expedición del acto administrativo y a ejercer su derecho de audiencia y de defensa, mediante la manifestación de los descargos o justificaciones que tengan a bien brindar en relación con su conducta, la valoración de las pruebas que posean o soliciten, así como otorgándoles la oportunidad de controvertir las existentes. (…) 33. En este punto, resulta necesario acotar que la garantía del debido proceso en las actuaciones administrativas que culminarán con la expedición de un acto administrativo, implica dar a conocer su existencia al administrado y brindarle la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción, pero ello no significa que el no ejercicio de este último, que depende de la sola voluntad del administrado, se traduzca en el desconocimiento del derecho fundamental. 34. Dicho en otras palabras, el hecho de que el administrado, a pesar de habérsele dado oportunidad para ello, no dé respuesta a las observaciones de la administración ni aporte o pida la práctica de pruebas que contradigan las que ésta posee, no implica desconocimiento del debido proceso. Este se garantiza al posibilitar las acciones defensivas del destinatario de la decisión antes de su expedición, independientemente de que ellas sean ejercidas o no. (…)” En el presente caso, está demostrado que se encontraron una serie de irregularidades a partir del acta de obra No. 4, lo que condujo a reevaluar las demás obras ejecutadas, revisadas, facturadas y pagadas con anterioridad y una vez enviadas algunas comunicaciones al contratista, éste dio inicio a una investigación interna y al nombramiento de un nuevo interventor del contrato. Sin embargo, este Ministerio Público advierte que si bien es cierto el contratista tuvo conocimiento de algunas irregularidades encontradas en el Acta No. 4, también lo es, que está probado en el expediente que los apiques que se efectuaron sobre el terreno o el resultado del informe producto de esa prueba recaudada, no fueron notificados o informados a INCOLTES LTDA para que asistieran y así pudieran ejercer su derecho de defensa y contradicción, a ser escuchado, a presentar objeciones al informe o solicitar pruebas adicionales. El Consejo de Estado ha señalado que “en materia de aplicación de sanciones contractuales, lo que la jurisprudencia ha reclamado es que la medida sancionatoria no resulte sorpresiva o intempestiva, y que, en todo caso, se otorgue al interesado la oportunidad de expresar su opinión y contradecir los elementos de juicio que se esgrimen en su contra, antes de que se adopte la decisión, procedimiento en la formación de la voluntad de la Administración que no se suple con los recursos por vía gubernativa, dado que es otra fase de la actuación, en la que si bien impera también la garantía del debido proceso, en ella se discute la decisión ya tomada”. Por lo anterior, se encuentra probado que el contratista no fue participe de la investigación interna adelantada por Empresas Públicas de Medellín E.S.P., que culminó con la declaratoria de caducidad del contrato No. 2/DJV-1757/24 (Resoluciones Nos. 58517 del 7 de octubre de 1996, 58745 del 15 de octubre de 1996 y 60218 del 3 de diciembre de 1996). De la desviación de poder. Respecto a la desviación de poder, el Consejo de Estado, ha señalado: “(…) 4. La desviación de poder como vicio del contrato estatal y su prueba en el caso concreto 4.1. Tanto la doctrina como la jurisprudencia convergen en señalar que la desviación de poder consiste en el ejercicio por parte de una autoridad de una facultad que le es atribuida con un fin distinto del que la ley quería al otorgarla. Se presenta, entonces, cuando el acto proferido por la autoridad competente y con las formalidades requeridas en realidad persigue fines ajenos a los que la ley ha consagrado, bien que esté enderezado a un fin dañino o espurio ora a uno ventajoso para el Estado o la sociedad, pero no coincidente con el establecido en la norma; es decir, puede expresarse cuando se utiliza la facultad con un interés personal del funcionario o para beneficiar a un tercero, o para un fin que se revela como lícito pero al que se llega con inobservancia de las normas legales y, por lo mismo, contrariando los fines de éstas. (…)” En el caso que nos ocupa, las Empresas Públicas de Medellín E.S.P., a criterio de INCOLTES LTDA, al declarar el acto administrativo de la caducidad no respeto la normatividad aplicable, es decir el fin que consagra el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, ya que ésta pretende evitar “que se afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización”, además enfatiza que ya habían terminado en su totalidad la obra, inclusive los empalmes y la instalación de los medidores. Ahora bien y a juicio de esta Delegada, las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. actuaron con desviación de poder en el acto que declaró la caducidad del contrato No. 2/DJV-1757/24, es decir, no tuvieron en cuenta la normatividad aplicable, es decir la Ley 80 de 1993 aplicable para el caso que nos ocupa, ya que al contratista, se le vulneró el derecho de defesa, lo cual pugna con el cuidado que un buen servidor público debe guardar en las actuaciones que le son confiadas, demostrando que actuó con ligereza al no tener la prudencia, diligencia y cuidado que eran necesarios para expedir la Resolución No. 58517 del 7 de octubre de 1996, mediante la cual se declaró la citada caducidad. Es decir que se trata de una manifestación de voluntad unilateral de la Administración que crea, modifica o extingue una situación jurídica general a particular, la acreditación de la conducta dolosa o gravemente culposa del agente que obra a nombre de la Administración y expide el acto administrativo, implica que hubo mala fe en la toma de la decisión, porque el funcionario conocía su ilegalidad y el daño que de ella se derivaría para un administrado, y no obstante expidió el acto administrativo, a sabiendas que no estaba respetando el debido proceso ya que no se utilizaron criterios racionales y justos al no permitir al contratista ser de la investigación interna ordenada y las pruebas practicadas sin su anuencia, evitando así la contradicción que debe existir en todo proceso administrativo adelantado. De la falsa motivación Agrega el demandante, que existió una falsa motivación de las Empresas Públicas de Medellín E.S.P., ya que a su juicio no se demostraron los argumentos con los cuales se fundamentó la declaratoria de caducidad, ya que se evidencia que no se realizó ningún procedimiento administrativo en el cual se haya notificado al contratista para el ejercicio de su derecho de defensa y contradicción. A continuación estudiaremos algunos aspectos que refiere el apelante, con relación a la Resolución No. 58517 del 7 de octubre de 1996, que tuvo su fundamento principalmente en los documentos contractuales, en el acta de obra No. 4 de julio de 1996, en la investigación interna adelantada por Empresas Públicas de Medellín y las pruebas ordenadas y practicadas por la Administración sin la presencia del contratista. De conformidad con lo anterior, procede la Delegada a evaluar los argumentos esgrimidos por la parte demandante para impugnar la legalidad del acto acusado por falsa motivación: Señala que la Resolución de caducidad fue declarada cuando las obras del contrato ya se habían ejecutado en su totalidad e indica que faltaban algunas actividades en un porcentaje muy pequeño cuya realización dependía del obra de las Empresas Públicas de Medellín E.S.P.; y no obstante haberse vencido el plazo del mismo, se declaró la misma, basados en una supuesta sobrefacturación del contratista que no fue probada, ya que no se encontró detrimento patrimonial alguno como consecuencia de la citada sobrefacturación y por el contrario realizó una liquidación en donde resultaron saldos a favor de INCOLTES LTDA. Posteriormente, Empresas Públicas de Medellín construyen unilateralmente (5) actas parciales, las 4, 5, 6 7 y 7A, la cuales a juicio de INCOLTES LTDA., no traducen otra cosa que el contrato ya se encontraba ejecutado en su totalidad al momento de la sanción y la mora en la liquidación del contrato se debió a que quienes liquidaron el contrato no conocían las obras del mismo, situación que fue ratificada por la parte demandada en el oficio No. 646485 del 19 de septiembre de 1996, numeral 5 donde hace expresa manifestación de lo dicho: “(…) Como es de su conocimiento una vez terminado cada uno de los proyectos se deben entregar a las Empresas Públicas de Medellín, las tarjetas de referenciación correspondientes para su revisión. En el momento se encuentran los proyectos en un 100% ejecutados y sin recibir ninguna tarjeta de referenciación (negrilla del Ministerio Público) (…)” Del anterior razonamiento por parte del apelante, surgen dos interrogantes que es necesario dilucidar: i) ¿si el contrato No. 2/DJV-1757/24 ya se había terminado cuando se declaró la caducidad del mismo?, ii) si realmente existió incumplimiento por parte de la firma contratista y iii) si existió o no sobrefacturación por parte del contratista. Al respecto, es preciso remitirse a las consideraciones esbozadas en el apartado 2.2.4. del marco teórico del presente escrito, donde se concluye que las relaciones contractuales se generan a la luz jurídica, siempre con fuerza vinculante, generándose una nueva ley para las partes, puesto que cada contrato que se realiza tiene sus propias cláusulas, busca un objeto determinado, la prestación de un bien o de un servicio, los cuales de son de obligatorio cumplimiento para las partes que lo suscriben. Este acuerdo, una vez perfeccionado es irrevocable unilateralmente, es decir, individualmente un sujeto no puede variar las condiciones que regulan las obligaciones que se ejecutan, o vienen ejecutando, en virtud del negocio jurídico reseñado. En síntesis, es principio general que los contratos se celebran para ser cumplidos y, como consecuencia de su fuerza obligatoria, que las partes deban ejecutar las prestaciones que emanan de él en forma íntegra, efectiva y oportuna, de suerte que el incumplimiento de las mismas, por falta de ejecución por el orden jurídico a título de responsabilidad subjetiva y por culpa, que sólo admite exoneración, en principio, por causas que justifiquen la conducta no imputable al contratante fallido (fuerza mayor, caso fortuito, hecho de un tercero o culpa del contratante), según el caso y los términos del contrato. Ahora bien, el apelante hace un relato amplio sobre cada una de las observaciones que a su parecer no fueron tenidas en cuenta por parte de la entidad contratante que tuvo como consecuencia el acto administrativo que declaró la caducidad del acuerdo de voluntades No. 2-DJV-1757/24 y en especial se vislumbra en el acervo probatorio que no se tuvo en cuenta el oficio No. 661566 radicado el 4 de octubre de 1996, que reza: “(…) INCOLTES LTDA, se permite informarle que no aceptará liquidaciones unilaterales del contrato puesto que los problemas generados a la fecha se deben a que lo ejecutado es totalmente diferente a lo plasmado en los planos del proyecto y porque en las medidas debe de haber un representante de cada una de las parte involucradas en el contrato (negrilla del Ministerio Público) (…)” De igual forma, no se tuvo en cuenta el oficio No. 661557 radicado por la firma INCOLTES LTDA el 4 de octubre de 1996 y que señaló: “(…) No entendemos cómo después de reliquidar, su departamento unilateralmente el Acta No. 5 del contrato referido correspondiente a obra ejecutada en el mes de Agosto y con número de control interno 144779; haya sido congelado su pago también en forma unilateral, sin aviso previo al contratista y toda vez que esta ya había sido negociada acogiéndonos al pronto pago con las EE.PP. de Medellín (negrilla del Ministerio Público). (…) En aras de la equidad solicitamos se nos paguen los dineros adeudados a la fecha; y si su departamento quiere reliquidar el contrato, debe hacerlo sin lesionar los intereses del contratista. Le reiteramos que esta función está siendo ejecutada por ustedes desde mediados del mes de Agosto sin que para ello haya sido tenido en cuenta el contratista y sin que a la fecha haya habido resultados que ameriten la retención de los dineros adeudados (negrilla del Ministerio Público). (…)” Es importante señalar, que estos oficios solo fueron atendidos hasta el 9 de octubre de 1996 mediante oficio No. HVCV-735 651302, suscrito por el Ingeniero LUIS FERNANDO TABORDA R., en su condición de interventor del contrato y el Señor [NOMBRE TACHADO] del Departamento Habilitación Viviendas y Corregimientos y Veredas de Empresas Públicas de Medellín, es decir la respuesta se dio dos días después de haber declarado la caducidad del contrato No. 2/DJV-1757/24 7 de octubre de 1996), el cual se resume lo siguiente: “(…) En ningún momento se han realizado liquidaciones unilaterales, sino que se están evaluando las cantidades pagadas con las realmente ejecutadas para posteriormente con ustedes realizar las correcciones del caso. En el Acta 05 conjuntamente con la comisión de topografía de ustedes se recalcularon las medidas de las longitudes de tubería, ya que se tenía un error de concepto en la medición, luego se pasó a recalcular el acta y su pago correspondiente (negrilla del Ministerio Público). (…) En el transcurso de la semana le informaremos el valor de las cantidades medidas por nosotros para confrontar con sus valores y realizar los descuentos o pagos que esto ocasione. Solicitamos nos envíe, el análisis de precios unitarios y las cantidades de obra extra adeudadas para su respectiva evaluación. (…) De conformidad con lo anterior, llama la atención de esta Delegada como Empresas Públicas de Medellín E.S.P. si ya había declarado la caducidad del contrato el 7 de octubre de 1996 da respuesta a la firma INCOLTES LTDA dos días después, indicando que informarían al contratista el valor de las cantidades medidas por ellos para confrontar valores y realizar descuentos o pagos y solicitó además enviaran un análisis de precios unitarios y cantidades de obra extra adeudadas para su respectiva evaluación, si ya habían declarado la citada caducidad, lo cual demuestra que la administración con esta actuación actuó de manera ligera, sin tener en cuenta las garantías que debe brindar el Estado en ejercicio de su actividad unilateral y excepcional, ya que las consecuencias pueden llegar a afectar considerablemente al contratista. Así las cosas, para esta Delegada, las Empresas Públicas de Medellín E.S.P., vulneraron el debido proceso y los derechos de contradicción y defensa, los cuales fueron transgredidos en tanto no tuvo la posibilidad de intervenir en el proceso para contradecir las causas que se adujeron para justificar la caducidad del contrato, ser escuchado, presentar y solicitar pruebas; pues basta con remitirnos a lo acontecido durante el proceso, para concluir que tales justificaciones para declarar la caducidad carecen de fundamento, cuando la realidad demuestra que tales derechos no le fueron garantizados y respetados. En conclusión, a juicio de esta Agencia del Ministerio Público las 58517 del 7 de octubre de 1996, 58745 del 15 de octubre de 1996 y 60218 del 3 de diciembre de 1996, fueron expedidas de manera irregular o con violación del debido proceso, y las mismas se encuentran viciadas de nulidad de acuerdo con el artículo 84 del C.C.A., ya que está demostrado en el expediente que el contratista no tuvo la oportunidad y conocimiento del proceso administrativo que declaró la caducidad del contrato, donde claramente se especificó que la razón de la no ejecución del contrato se debió a la sobrefacturación y no cumplimiento de lo exigido en los pliegos de condiciones que afectó de manera grave y directa la ejecución del contrato que derivó en el no cumplimiento del objeto contractual, y está visto en el expediente que el contrato ya había sido ejecutado en su totalidad. Por las anteriores consideraciones, esta Delegada conceptúa que este aspecto recurrido por el apelante no está llamado a prosperar. Del desequilibrio económico Dentro de lo pretendido por la parte demandante a raíz de lo no pagado de las actas de obra que fueron sujetas de revisión y que en sentir del recurrente afectaron el equilibrio económico del referido contrato de obra ya que considera que la ejecución del mismo terminó el 31 de agosto de 1996 y esas obras no le fueron canceladas. En su criterio le han ocasionado un grave desequilibrio económico que se estimó en $83.000.000, suma que debe ser cancelada para restablecer dicho equilibrio. Ahora bien, de acuerdo con el material allegado no se encontró prueba de los gastos que soportan los $83.000.000 alegados, tales como gastos de personal, maquinaria o costos extras en que incurrió INCOLTES LTDA. Consecuente con lo anterior, es dable concluir que la parte actora no cumplió con el requisito necesario para que se reconozca el rompimiento del equilibrio financiero o económico del contrato, en tanto no allegó prueba que acredite la pérdida real, grave y anormal en la economía del contrato. La indemnización 2.4.5.1. De los perjuicios La declaración de caducidad causó perjuicios materiales y morales al contratista. Los primeros se traducen en la ganancia que dejó de percibir ante la circunstancia de no poder recibir el pago de las actas de obra 4, 5, 6, 7 y 7A; los segundos, en el dolor, frustración y angustia producto del injusto trato que recibió el contratista y por la inhabilidad para contratar que lo afectó. 2.4.5.1.1 Perjuicios morales La parte actora solicitó dentro de sus pretensiones el reconocimiento de daños morales y daños a derechos fundamentales (derecho a la honra y al buen nombre), tanto de la sociedad como de los socios, se materializaron en la publicación de la sanción en un periódico El Colombiano y con la investigación silenciosa, sesgada, arbitraria y unilateral que realizaron las Empresas Públicas de Medellín E.S.P., sin invitar a la sociedad y/o a su representante legal, al concurso de las discusiones por las supuestas irregularidades encontradas en el acta de obra No. 4, situación que mantuvo a los socios en condiciones de incertidumbre, mientras se materializó la sanción, no por la sanción misma sino por las razones que la motivaron en donde la sociedad y los socios aparecieron en todo el medio de la construcción y la sociedad como quienes habían “robado” a las Empresas Públicas de Medellín y solicitó el pago de 3.000 gramos en oro. Ahora bien, la condena por concepto de perjuicios morales causados con ocasión de la actividad contractual estatal, está condicionada al igual que la indemnización por cualquier otro tipo de perjuicio a la prueba de su existencia. No hay razón alguna para que la realidad y la entidad de este perjuicio estuviese eximida de prueba; cabe aquí la misma consideración hecha a propósito de la existencia de este perjuicio: si la ley exige la prueba del perjuicio como condición para que proceda su restablecimiento, no cabe hacer distinciones respecto de algún tipo de perjuicio, salvo cuando la ley lo presuma. Es decir, los perjuicios morales contractuales, que pudieron ocasionarse con la expedición del acto administrativo que declaró la caducidad del contrato, y que podrían consistir, según el caso, en el pesar, angustia, congoja, tristeza, desolación etc. que sufrió el contratista, requieren ser demostrados en el proceso, como todo aquel perjuicio respecto del cual se pretenda su resarcimiento. Es cierto que el acto de caducidad del contrato puede alterar el buen nombre del contratista sancionado lo que indiscutiblemente causaría su afectación emocional; pudo acontecer también que a raíz del mismo acto el contratista sancionado perdiese nuevas oportunidades de contratar, lo que también podría afectar su tranquilidad y autoestima, pero todas estas posibilidades, causas y efectos, también cabe la posibilidad de que la afectación a su buen nombre (good will), tratándose de empresas, puede haberse visto afectado, pero todo ello debe acreditarse ante el juez del contrato para que, establecida su existencia y magnitud, profiera la deprecada decisión condenatoria. Por lo anterior, esta Delegada al no encontrar acreditada la prueba que soporta tal padecimiento y que daría lugar a su reconocimiento, considera que no se debe proceder al mismo. 2.4.5.1.2. Perjuicios materiales: Se define como la lesión o mengua del patrimonio material o económico de una persona. En el caso que nos ocupa, la parte actora reclama perjuicios económicos a INCOLTES LTDA., y cada uno de los socios, quienes ante el no pago oportuno de las actas, y el desconocimiento de una gran cantidad de obra ejecutada, se vieron obligados a vender la propiedad donde funcionaban sus oficinas, ubicada en la carrera 73 No. 40-39 de Medellín para cancelar deudas contraídas por la ejecución del contrato y a entregar el carro Mazda B-2600 a la empresa Acuacentro como parte de pago de la tubería. Aquí, la parte demandada debió demostrar la ganancia que dejó de percibir ante la circunstancia de no poder recibir el pago de las actas de obra 4, 5, 6, 7 y 7 A por la presunta sobrefacturación ya referida. Para verificar si hubo tal sobrefacturación, se solicitaron dos peritazgos, al primero la entidad demanda solicitó la aclaración del mismo, una vez aclarado concluyeron que los perjuicios ocasionados al contratista ascendían a $1.175.716.386,43, a lo que Empresas Públicas de Medellín presentaron objeción por que los peritos se limitaron a emitir su concepto sin explicar las razones que condujeron a esas conclusiones y solicitó su invalidación y adjunto pruebas y requirió otras; razón por la cual el a-quo ordenó la práctica de un nuevo peritazgo que concluyó que Empresas Públicas de Medellín adeudaban a INCOLTES LTDA la suma de $1.970.436.860, dictamen que nuevamente fue objetado por EPM E.S.P. por no cumplir con los requisitos de firmeza, precisión y calidad. Una vez analizados los dos dictámenes periciales por parte del a-quo, concluyó que no existe claridad cuando el perito hace referencia a “obra ordinaria”, pues dentro del contrato se tiene obra contractual, obra adicional, obra extra y obra no ejecutada, además que asume que son reales y verdaderas las facturas presentadas por INCOLTES LTDA, y van en contravía de lo señalado por EPM al señalar que las mismas no corresponden a la realidad y contienen obra que no fue ejecutada. Por lo anterior, el Ministerio Público considera que se no encuentra acreditado el monto establecido que debe ser cancelado a la parte demandada, de acuerdo con lo manifestado por los peritos, ya que no se encuentra acreditado la metodología empleada para identificar que no hubo sobrefacturación, intereses, no se logró establecer los documentos soportes para emitir el dictamen, lo que le restaría credibilidad al mismo, teniendo en cuenta que éste debe ser claro, preciso y detallado, es decir, que no debe ser confuso para que pueda ser entendido por el Juez, en cuanto a la precisión debe referirse solo al tema del dictamen y detallado ósea con todo lo relacionado con el tema objeto del dictamen; por otro lado en su contenido también se deben expresar los fundamentos que llevaron a las conclusiones del dictamen. 2.4.5.1.3. Condena en Abstracto Ahora bien, visto que no se cuenta con el documento técnico que acredite la suma a reconocer por perjuicios materiales, esta Delegada comparte la posición del Tribunal Administrativo de Antioquia, en que pide se condene en abstracto de conformidad con lo estipulado en el artículo 172 del código contencioso administrativo y la jurisprudencia del Consejo de Estado que señala que el Juez Administrativo puede recurrir en aquellos eventos en los cuales, pese a conocerse con certeza la causación de un perjuicio -material o inmaterial- a una parte, se carece de la suficiencia probatoria que lleve a determinar la concreta extensión y repercusión patrimonial de la misma, para lo cual se deberán señalar los parámetros a seguir a fin de precisar la condena proferida. De otra parte beneficiada debe adelantar el trámite de un incidente ante el a-quo a fin de que sea éste quien determine, en concreto, la materialización de la condena in genere decretada, para lo cual el legislador ha establecido un término de caducidad de sesenta (60) días contados a partir de la ejecutoria de la decisión o, en su defecto, de la notificación del auto que da cumplimiento a lo resuelto por el superior, según el caso, para adelantar el trámite incidental. 2.4.6. Intereses moratorios por el no pago oportuno Por su parte, la parte actora – INCOLTES LTDA - recurrió la sentencia de primera instancia, debido a que el A quo no condenó a EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. al pago de intereses moratorios sobre las sumas adeudadas. Respecto a la obligación de pago de dichos intereses, debe considerarse que esta surge a partir del momento en que se debieron pagar las cantidades de dinero adeudadas, y hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia. Sin embargo tal y como se señaló anteriormente no han sido fijados y serán liquidados de acuerdo a las resultas del incidente de liquidación de condena, en ese momento se señalara si hay lugar a intereses moratorios o no. De otro lado, es de recordar que la naturaleza de la función de la Procuraduría General de la Nación, por mandato constitucional es la de velar por el interés público, la defensa del patrimonio y la preservación de los Derechos Humanos, de las consideraciones anteriormente expuestas, considera esta Delegada que en el presente caso se logró demostrar que las resoluciones objeto del litigio están viciadas de nulidad, por consiguiente, esta Delegada solicita respetuosamente al Honorable Consejo de Estado se confirme la sentencia apelada de acuerdo a los argumentos expuestos, teniendo en cuenta que las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. vulneraron el debido proceso que debe garantizar la defensa y contradicción del contratista, es decir de INCOLTES LTDA. CONCLUSIÓN Con base en el acervo probatorio obrante en el expediente, y de conformidad con el marco teórico enunciado, la Procuraduría Cuarta Delegada ante ese Despacho, considera que la sentencia de primera instancia debe ser CONFIRMADA en su totalidad. Del Honorable Magistrado, CARLOS JOSÉ HOLGUÍN MOLINA Procurador Cuarto Delegado ante el Consejo de Estado

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