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titulo: "CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL: la causa del contrato es la satisfacción de las necesidades colectivas y de interés general"
corporacion: "Procuraduría General de la Nación"
tipo: "Fallo disciplinario"
fecha: "2018-09-12"
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# CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL: la causa del contrato es la satisfacción de las necesidades colectivas y de interés general

- **Título oficial / radicado:** Decisión disciplinaria — CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL
- **Corporación:** Procuraduría General de la Nación
- **Tipo:** Fallo disciplinario
- **Fecha:** 2018-09-12
- **Número:** 201905081510000.DOCX
- **Sección / Sala:** PROCURADURIA DELEGADA DE INTERVENCION 9: CUARTA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:201905081510000.DOCX
- **Fuente oficial:** https://apps.procuraduria.gov.co/relatoria/index.jsp?option=co.gov.pgn.relatoria.frontend.component.pagefactory.PirelTemaPageFactory

## Regla de decisión

La causa del contrato es la satisfacción de las necesidades colectivas y de interés general a cuyo logro deben colaborar quienes contratan con la administración, no obstante que pretendan obtener con su ejecución un beneficio económico inicialmente calculado.

## Puntos clave

- Controversias contractuales: Caducidad del contrato
- Nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho: Acciones para demandar actos proferidos antes de la celebración del contrato
- Nulidad asoluta: Acción para demandar la ilegalidad de los actos previos
- Objeto del contrato: Jurisprudencia

## Fundamentos jurídicos

- Ley 80 de 1993
- Ley 1150 de 2007
- Decreto 01 de 1984

## Extracto

CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-Caducidad del contrato La caducidad es la estipulación en virtud de la cual si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencia que puede conducir a su paralización, la entidad por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. INDEMNIZACION-Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en esta ley. DESVIACION DE PODER-Como vicio del contrato estatal y su prueba en el caso concreto.

## Descriptores temáticos

CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, No habrá lugar a indemnización

## Guías prácticas relacionadas

- [Caducidad de la acción contractual](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/caducidad.md): Desde cuándo corren los dos años para demandar, según cómo terminó y se liquidó el contrato.
- [Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/incumplimiento-sancionatorio.md): El trámite del artículo 86 de la Ley 1474 para imponer multas, hacer efectiva la cláusula penal o declarar la caducidad.

## Decisiones relacionadas

- [Consejo de Estado — El contratista no puede desconocer el alcance de sus propios acuerdo en virtud del principio de buena fe contractual.](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:85001233300020220002501-70896-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: en este asunto se comparten plenamente los argumentos del Tribunal](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:47001233300020170021001-69357-sentencia.md)
- [Tribunal Administrativo de Cundinamarca — Medio de control de controversias contractuales: Sentencia](https://adjudicalo.com.co/documento/tribunal_administrativo:providencia:25000233600020200042300-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: ninguno de los tres argumentos es cierto](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001233300020120088801-65983-sentencia.md)

## Texto del documento

CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-Caducidad del contrato
NULIDAD Y NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Acciones para demandar actos proferidos antes de la celebración del contrato
NULIDAD ASOLUTA-Acción para demandar la ilegalidad de los actos previos
El Ministerio Público o cualquier tercero que acredite un interés directo podrá pedir que se declare su nulidad absoluta. El juez administrativo queda facultado para declararla de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso. En todo caso, dicha declaración sólo podrá hacerse siempre que en él intervengan las partes contratantes o sus causahabientes
OBJETO DEL CONTRATO-Jurisprudencia
El objeto de los contratos que celebran las entidades públicas, persigue el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Por consiguiente, la causa del contrato es la satisfacción de las necesidades colectivas y de interés general a cuyo logro deben colaborar quienes contratan con la administración, no obstante que pretendan obtener con su ejecución un beneficio económico inicialmente calculado. De acuerdo con esta orientación, los contratos estatales están poderosamente influidos por el fin que ellos involucran, cuál es el interés público, lo que determina, por una parte, que no le es permitido a la administración desligarse de la forma como los particulares contratistas realizan la labor encomendada a través del contrato; y de otra, que el contratista ostente la posición de colaborador de la entidad. Es decir, con el contrato se pretende la realización de un fin de interés general, pues es un medio que utiliza la administración pública para la consecución de los objetivos Estatales, el desarrollo de sus funciones y la misión que le ha sido confiada, con la colaboración o contribución de los particulares contratistas, los cuales concurren a su formación persiguiendo un interés particular, que consiste en un provecho económico o lucro que los mueve a contratar y que se traduce en un derecho a una remuneración previamente estipulada, razonable, proporcional y justa, como retribución por el cumplimiento del objeto contractual.
CONTRAPRESTACION ECONOMICA-La que permite que exista un adecuado balance entre el interés público que anima al Estado a contratar y el interés individual que estimula a los particulares
RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL-Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.
El contrato legalmente celebrado vincula a las partes y las obliga a ejecutar las prestaciones convenidas, de modo que si una de ellas incumple las obligaciones que se impuso, faculta a la otra para demandar bien que se le cumpla, que se le resuelva el contrato o al pago de los perjuicios que se le hayan causado por el incumplimiento, pretendiendo estos últimos ya de manera principal (arts. 1610 y 1612 del C.C.) o ya de manera accesoria o con secuencial (arts. 1546 y 1818 del Código Civil) los que encaminan a proporcionar a la parte cumplida una satisfacción pecuniaria de los daños ocasionados
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO -Fundamento legal. Jurisprudencia.
CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL-Procede ante el incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista/ CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL-No habrá lugar a indemnización/ CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL-No impedirá que la entidad contratante tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado/CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL-Será constitutiva del siniestro de incumplimiento.
El artículo 18 de la Ley 80 de 1993, establece que la caducidad procede ante el incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, así:“(…) Artículo 18º.- De la Caducidad y sus Efectos. La caducidad es la estipulación en virtud de la cual si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencia que puede conducir a su paralización, la entidad por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. En caso de que la entidad decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. La declaratoria de caducidad no impedirá que la entidad contratante tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro contratista, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar.
INDEMNIZACION-Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en esta ley.
SINIESTRO DE INCUMPLIMIENTO-Se constituirá como consecuencia de la declaratoria de caducidad
DESEQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO-Razón por la cual surge la obligación de la administración de restablecerlo
IUS VARIANDI-No cumple con las obligaciones derivadas del contrato o introduce modificaciones al mismo
TEORIA DEL HECHO DEL PRINCIPE-Cuando en ejercicio de sus potestades constitucionales y legales, cuya voluntad se manifiesta mediante leyes o actos administrativos de carácter general, afecta negativamente el contrato.
Factores exógenos a las partes del negocio, o Factores exógenos a las partes del negocio, o “teoría de la imprevisión”, o “sujeciones materiales imprevistas”, que involucran circunstancias no imputables al Estado y externas al contrato pero con incidencia en él que involucran circunstancias no imputables al Estado y externas al contrato pero con incidencia en él
TEORIA DE LA IMPREVISION-Factores exógenos a las partes del negocio, que involucran circunstancias no imputables al Estado y externas al contrato, pero con incidencia en él
EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL-Su rompimiento debe demostrar o probar una pérdida real, grave y anormal en la economía del contrato
En todo caso, dentro de los requisitos necesarios para el reconocimiento de las causas anotadas de rompimiento del equilibrio financiero o económico del contrato, está el de la demostración o prueba de una pérdida real, grave y anormal en la economía del contrato. No basta, pues, con probar que el Estado incumplió el contrato o lo modificó unilateralmente, sino que además, para que resulte admisible el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, debe acreditarse que representó un quebrantamiento grave de la ecuación contractual establecida ab initio, que se sale de toda previsión y una mayor onerosidad de la calculada que no está obligado a soportar, o que con su conducta contractual la administración generó la legítima confianza de que fueron asumidos
DEBIDO PROCESO-En las actividades contractuales
CONDENA EN ABSTRACTO-Jurisprudencia del consejo de estado
INTERESES MORATORIOS-Por el retardo en el pago de sumas adeudadas/INTERESES MORATORIOS-En mayores cantidades de obras, que no estaban estipuladas en el contrato inicial, y que no se cancelaron al momento de liquidar el contrato
El reconocimiento de intereses moratorios, es un derecho que surge a favor del acreedor, cuando el deudor incurre en retardo en el pago de una suma de dinero, por el sólo hecho de dicho retardo. Este derecho rige igualmente en el marco de la contratación estatal, independientemente de si el contrato está regulado por la Ley 80 de 1993 o por las normas de derecho privado. Respecto a la obligación de pago de intereses moratorios en el marco de la contratación estatal, el Consejo de Estado los ha reconocido no sólo en el caso de retardo en el pago de obligaciones que se pactaron inicialmente en el contrato, sino también cuando las sumas reclamadas, eran mayores cantidades de obras, que no estaban estipuladas en el contrato inicial, y que no se cancelaron al momento de liquidar el contrato. En efecto en un caso donde se reclamaban obras adicionales en el marco de un contrato estatal, dicha Alta Corte manifiesta:
REGIMEN JURIDICO-De la contratación de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos.
PRUEBAS-Obrantes en el expediente
CONTRATISTA-Procedimiento mínimo que garantice su derecho al debido proceso
En este sentido, cabe notar que, la Ley 80 de 1993 estipuló que se debe respetar el debido proceso consagrado en el Artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, donde claramente deja sentado que el uso de las cláusulas o poderes exorbitantes, deberán estar precedidas de audiencia del afectado que deberá tener un procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso del contratista y procede sólo mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista
[NOMBRE TACHADO]-Y las multas así impuestas
[NOMBRE TACHADO] y las multas así impuestas, se harán efectivas directamente por las entidades estatales, pudiendo acudir para el efecto entre otros a los mecanismos de compensación de las sumas adeudadas al contratista, cobro de la garantía, o a cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el de la jurisdicción coactiva.
DEBIDO PROCESO-Permite, en aras de ese principio, que desde el mismo momento en que se da inicio al trámite oral, se cuente con la participación del contratista/DEBIDO PROCESO-Jurisprudencia
El Consejo de Estado ha señalado que “en materia de aplicación de sanciones contractuales, lo que la jurisprudencia ha reclamado es que la medida sancionatoria no resulte sorpresiva o intempestiva, y que, en todo caso, se otorgue al interesado la oportunidad de expresar su opinión y contradecir los elementos de juicio que se esgrimen en su contra, antes de que se adopte la decisión, procedimiento en la formación de la voluntad de la Administración que no se suple con los recursos por vía gubernativa, dado que es otra fase de la actuación, en la que si bien impera también la garantía del debido proceso, en ella se discute la decisión ya tomada”. Por lo anterior, se encuentra probado que el contratista no fue participe de la investigación interna adelantada por Empresas Públicas de Medellín E.S.P., que culminó con la declaratoria de caducidad del contrato No. 2/DJV-1757/24 (Resoluciones Nos. 58517 del 7 de octubre de 1996, 58745 del 15 de octubre de 1996 y 60218 del 3 de diciembre de 1996).
DESVIACION DE PODER-Como vicio del contrato estatal y su prueba en el caso concreto. Jurisprudencia/DESVIACION DE PODER-Se demostró.
DERECHO DE DEFENSA-Se vulneró
FALSA MOTIVACIÓN-No se demostraron los argumentos con los cuales se fundamentó la declaratoria de caducidad
CADUCIDAD DEL CONTRATO-La administración con esta actuación actuó de manera ligera, sin tener en cuenta las garantías que debe brindar el Estado en ejercicio de su actividad unilateral y excepcional
vulneraron el debido proceso y los derechos de contradicción y defensa, los cuales fueron transgredidos en tanto no tuvo la posibilidad de intervenir en el proceso para contradecir las causas que se adujeron para justificar la caducidad del contrato
DESEQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO-La parte actora no cumplió con el requisito necesario para que se reconozca, no allegó prueba que acredite la pérdida real, grave y anormal en la economía del contrato.
INDEMNIZACION-Por perjuicios materiales y morales
PERJUICIOS MORALES-No se acreditaron
Es decir, los perjuicios morales contractuales, que pudieron ocasionarse con la expedición del acto administrativo que declaró la caducidad del contrato, y que podrían consistir, según el caso, en el pesar, angustia, congoja, tristeza, desolación etc. que sufrió el contratista, requieren ser demostrados en el proceso, como todo aquel perjuicio respecto del cual se pretenda su resarcimiento. Es cierto que el acto de caducidad del contrato puede alterar el buen nombre del contratista sancionado lo que indiscutiblemente causaría su afectación emocional; pudo acontecer también que a raíz del mismo acto el contratista sancionado perdiese nuevas oportunidades de contratar, lo que también podría afectar su tranquilidad y autoestima, pero todas estas posibilidades, causas y efectos, también cabe la posibilidad de que la afectación a su buen nombre (good will), tratándose de empresas, puede haberse visto afectado, pero todo ello debe acreditarse ante el juez del contrato para que, establecida su existencia y magnitud, profiera la deprecada decisión condenatoria. Por lo anterior, esta Delegada al no encontrar acreditada la prueba que soporta tal padecimiento y que daría lugar a su reconocimiento, considera que no se debe proceder al mismo.
PERJUICIOS MATERIALES-Se define como la lesión o mengua del patrimonio material o económico de una persona.
Una vez analizados los dos dictámenes periciales por parte del a-quo, concluyó que no existe claridad cuando el perito hace referencia a “obra ordinaria”, pues dentro del contrato se tiene obra contractual, obra adicional, obra extra y obra no ejecutada, además

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

el contratista, requieren ser demostrados en el proceso, como todo aquel perjuicio respecto del cual se pretenda su resarcimiento.
Es cierto que el acto de caducidad del contrato puede alterar el buen nombre del contratista sancionado lo que indiscutiblemente causaría su afectación emocional; pudo acontecer también que a raíz del mismo acto el contratista sancionado perdiese nuevas oportunidades de contratar, lo que también podría afectar su tranquilidad y autoestima, pero todas estas posibilidades, causas y efectos, también cabe la posibilidad de que la afectación a su buen nombre (good will), tratándose de empresas, puede haberse visto afectado, pero todo ello debe acreditarse ante el juez del contrato para que, establecida su existencia y magnitud, profiera la deprecada decisión condenatoria.
Por lo anterior, esta Delegada al no encontrar acreditada la prueba que soporta tal padecimiento y que daría lugar a su reconocimiento, considera que no se debe proceder al mismo.
2.4.5.1.2. Perjuicios materiales:
Se define como la lesión o mengua del patrimonio material o económico de una persona.
En el caso que nos ocupa, la parte actora reclama perjuicios económicos a INCOLTES LTDA., y cada uno de los socios, quienes ante el no pago oportuno de las actas, y el desconocimiento de una gran cantidad de obra ejecutada, se vieron obligados a vender la propiedad donde funcionaban sus oficinas, ubicada en la carrera 73 No. 40-39 de Medellín para cancelar deudas contraídas por la ejecución del contrato y a entregar el carro Mazda B-2600 a la empresa Acuacentro como parte de pago de la tubería.
Aquí, la parte demandada debió demostrar la ganancia que dejó de percibir ante la circunstancia de no poder recibir el pago de las actas de obra 4, 5, 6, 7 y 7 A por la presunta sobrefacturación ya referida.
Para verificar si hubo tal sobrefacturación, se solicitaron dos peritazgos, al primero la entidad demanda solicitó la aclaración del mismo, una vez aclarado concluyeron que los perjuicios ocasionados al contratista ascendían a $1.175.716.386,43, a lo que Empresas Públicas de Medellín presentaron objeción por que los peritos se limitaron a emitir su concepto sin explicar las razones que condujeron a esas conclusiones y solicitó su invalidación y adjunto pruebas y requirió otras; razón por la cual el a-quo ordenó la práctica de un nuevo peritazgo que concluyó que Empresas Públicas de Medellín adeudaban a INCOLTES LTDA la suma de $1.970.436.860, dictamen que nuevamente fue objetado por EPM E.S.P. por no cumplir con los requisitos de firmeza, precisión y calidad.
Una vez analizados los dos dictámenes periciales por parte del a-quo, concluyó que no existe claridad cuando el perito hace referencia a “obra ordinaria”, pues dentro del contrato se tiene obra contractual, obra adicional, obra extra y obra no ejecutada, además que asume que son reales y verdaderas las facturas presentadas por INCOLTES LTDA, y van en contravía de lo señalado por EPM al señalar que las mismas no corresponden a la realidad y contienen obra que no fue ejecutada.
Por lo anterior, el Ministerio Público considera que se no encuentra acreditado el monto establecido que debe ser cancelado a la parte demandada, de acuerdo con lo manifestado por los peritos, ya que no se encuentra acreditado la metodología empleada para identificar que no hubo sobrefacturación, intereses, no se logró establecer los documentos soportes para emitir el dictamen, lo que le restaría credibilidad al mismo, teniendo en cuenta que éste debe ser claro, preciso y detallado, es decir, que no debe ser confuso para que pueda ser entendido por el Juez, en cuanto a la precisión debe referirse solo al tema del dictamen y detallado ósea con todo lo relacionado con el tema objeto del dictamen; por otro lado en su contenido también se deben expresar los fundamentos que llevaron a las conclusiones del dictamen.
2.4.5.1.3. Condena en Abstracto
Ahora bien, visto que no se cuenta con el documento técnico que acredite la suma a reconocer por perjuicios materiales, esta Delegada comparte la posición del Tribunal Administrativo de Antioquia, en que pide se condene en abstracto de conformidad con lo estipulado en el artículo 172 del código contencioso administrativo y la jurisprudencia del Consejo de Estado que señala que el Juez Administrativo puede recurrir en aquellos eventos en los cuales, pese a conocerse con certeza la causación de un perjuicio -material o inmaterial- a una parte, se carece de la suficiencia probatoria que lleve a determinar la concreta extensión y repercusión patrimonial de la misma, para lo cual se deberán señalar los parámetros a seguir a fin de precisar la condena proferida.
De otra parte beneficiada debe adelantar el trámite de un incidente ante el a-quo a fin de que sea éste quien determine, en concreto, la materialización de la condena in genere decretada, para lo cual el legislador ha establecido un término de caducidad de sesenta (60) días contados a partir de la ejecutoria de la decisión o, en su defecto, de la notificación del auto que da cumplimiento a lo resuelto por el superior, según el caso, para adelantar el trámite incidental.
2.4.6. Intereses moratorios por el no pago oportuno
Por su parte, la parte actora – INCOLTES LTDA - recurrió la sentencia de primera instancia, debido a que el A quo no condenó a EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. al pago de intereses moratorios sobre las sumas adeudadas.
Respecto a la obligación de pago de dichos intereses, debe considerarse que esta surge a partir del momento en que se debieron pagar las cantidades de dinero adeudadas, y hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia. Sin embargo tal y como se señaló anteriormente no han sido fijados y serán liquidados de acuerdo a las resultas del incidente de liquidación de condena, en ese momento se señalara si hay lugar a intereses moratorios o no.
De otro lado, es de recordar que la naturaleza de la función de la Procuraduría General de la Nación, por mandato constitucional es la de velar por el interés público, la defensa del patrimonio y la preservación de los Derechos Humanos, de las consideraciones anteriormente expuestas, considera esta Delegada que en el presente caso se logró demostrar que las resoluciones objeto del litigio están viciadas de nulidad, por consiguiente, esta Delegada solicita respetuosamente al Honorable Consejo de Estado se confirme la sentencia apelada de acuerdo a los argumentos expuestos, teniendo en cuenta que las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. vulneraron el debido proceso que debe garantizar la defensa y contradicción del contratista, es decir de INCOLTES LTDA.
CONCLUSIÓN
Con base en el acervo probatorio obrante en el expediente, y de conformidad con el marco teórico enunciado, la Procuraduría Cuarta Delegada ante ese Despacho, considera que la sentencia de primera instancia debe ser CONFIRMADA en su totalidad.
Del Honorable Magistrado,
CARLOS JOSÉ HOLGUÍN MOLINA
Procurador Cuarto Delegado ante el Consejo de Estado

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Procuraduría General de la Nación. Fallo disciplinario Decisión disciplinaria — CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL. 2018-09-12. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:201905081510000.DOCX).
