Radicado: 76001-23-31-000-2006-03473-01 (67731)
Demandante: Consorcio Prethell González S.A.
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA
Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Radicado: 76001-23-31-000-2006-03473-01 (67731)
Demandante: Consorcio Prethell González S.A.
Demandado: Fondo Especial de Vivienda del Municipio de Cali
Tema: La Sala declaró erróneamente la nulidad oficiosa de un
convenio.
Salvamento de voto del magistrado Martín Bermúdez Muñoz
No comparto la decisión de confirmar la sentencia de primera instancia que declaró
la nulidad oficiosa de los convenios asociativos celebrados ent re la sociedad y el
Fondo Especial de Vivienda del Municipio de Cali.
1.- La Sala decidió confirmar la declaratoria de nulidad con base en la sig uiente
argumentación:
<<36. Como puede verse, el constructor recibiría una retribución económica por su
labor y, de hecho, la afectación de la fórmula de retribución económica a su favor
fue lo que motivó la demanda en contra de la entidad contratante. Lo anterior
constituye un ejemplo evidente de una remuneración económica a favor del
contratista que contraría la naturaleza de los convenios como el que se celebró. En
ese orden de ideas, a pesar de su nombre, los convenios de asociación tienen una
naturaleza jurídica de verdaderos contratos.
37. Como consecuencia de que los convenios fueron celebrados al margen del
marco normativo sobre contratación estatal, en particular la Ley 80 de 1993, se
confirmará la declaratoria de nulidad. Esto es así, puesto que la celebración de
contratos en estricto sentido bajo el velo de convenios es una afrenta a la lógica
competitiva de los procedimientos de selección, que imponía recurrir a la selección
objetiva de conformidad con la Ley 80 de 1993. Ese instrumento normativo prohíbe
expresamente eludir los procedimientos de selección objetiva en el artículo 24-8.
38. Adicionalmente, como lo señaló el Tribunal, no escapa a la Sala que los negocios
jurídicos celebrados fueron titulados “convenios asociativos”, con lo cual se les
denominó e intentó dar tratamiento jurídico similar a los convenios de asociación de
que trata el artículo 96 de la Ley 489 de 1998. Si bien una denominación particular
no es motivo suficiente para declarar la nulidad de un negocio jurídico, cuando se
evidencia que los con venios objeto de análisis se denominaron convenios
asociativos, pero es evidente que existió una remuneración a favor de la Sociedad;
y que no existió un procedimiento ajustado a las normas de la contratación estatal,
resulta imperativo declarar la nulidad de este negocio jurídico que fue denominado
y ejecutado como si se tratara de un convenio de asociación.
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40. Así las cosas, una vez analizados: el objeto de los convenios (construcción de
obra con aportes económicos de las dos partes) y la retribuc ión, para la Sala es
manifiesto que no se trató de convenios de asociación y, por lo tanto, se debe
confirmar la decisión del Tribunal de declarar la nulidad absoluta y total de los
convenios objeto del litigio>>.
2.- No comparto lo expuesto porque no tuv o en cuenta la normativa aplicable al
convenio ni realizó una interpretación adecuada de los acuerdos celebrado por el
Fondo Especial de Vivienda del Municipio de Cali.
3.- Los convenios suscritos el 17 de febrero de 1999 y el 16 de mayo de 2000
expresamente se fundamentaron en la Ley 3ª de 1991. El artículo 19 de esta norma
establece lo siguiente:
<<ARTICULO 19. Serán funciones de los Fondos de Vivienda de Interés Social y
Reforma Urbana , sin perjuicio de las otras que les asignen los concejos
municipales, distritales, las juntas metropolitanas o el Concejo Intendencial de San
Andrés y Providencia, las siguientes:
(…)
c) Desarrollar directamente o en asocio con entidades autorizadas, programas
de construcción, adquisición, mejoramiento, reubicación, rehabilitación y
legalización de títulos de soluciones de vivienda de interés social;>>.
3.1.- El artículo citado permite que los fondos de vivienda de interés social y reforma
urbana celebren convenios (<<asocio>>) para desarrollar programas de
construcción y adquisición de soluciones de vivienda de interés social.
3.2.- Esto fue lo que justamente ocurrió en este caso. El Fondo Especial de Vivienda
del Municipio de Cali se creó para el desarrollo de vivienda interés social. Conforme
al Decreto 0087 del 12 de febrero de 1999 expedido por el alcalde de Santiago de
Cali, el objeto del fondo era administrar las apropiaciones previstas en la << Ley 3ª
de 1991 (y) desarrollar las políticas de vivienda de interés social>>.
3.3.- Este decreto, que también fue expresamente citado como fundamento de los
convenios, establece que una de las funciones de su director era << Promover la
participación de entidades públicas y privadas en la realización de actividades
coincidentes con las funciones del Fondo>>.
4.- La sentencia indica que es manifiesto que se trataba de un contrato: las partes
no buscaban adelantar un interés común, sino que tenían intereses contrapuestos.
Esto, sin embargo, no es cierto.
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4.1.- El objeto del convenio era equivalente a la previsión de la Ley 3ª de 1991:
ambos convenios tenían por objeto la << construcción, promoción, venta y
financiación>> de viviendas de interés social.
4.2.- Además, existe una unión de esfuerzos: el fondo de vivienda aportaba el lote
para que el privado pudiera desarrollar la construcción de las viviendas y luego
venderlas a la población del municipio.
5.- Así, la normativa especial permit ía celebrar los convenios. Esta opción existía
desde antes de la expedición de la Ley 489 de 1998. Desde 1991 , los fondos de
vivienda de interés social y reforma urbana podían asociarse para el desarrollo de
viviendas de interés social. Por ello, la alusión al desconocimiento del artículo 96
resulta impertinente: la posibilidad de celebrar asociaciones proviene de la misma
Ley 3ª. Y no es la única norma especial que lo prevé, pues ello también ocurre en
materia de ciencia y tecnología con la Ley 29 de 1990 y el Decreto Ley 393 de 1991.
5.1.- En todo caso, los convenios eran compatibles con el artículo 96 de la Ley 489
de 1998 . Esta norma indica que las entidades estatales pueden asociarse con
personas jurídicas particulares —lo que incluye a las sociedades 1 — para el
desarrollo conjunto de <<actividades en relación con (sus) cometidos y funciones>>.
Al respecto, esta Sala ha indicado que:
<<(…) el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 previó el convenio de asociación bajo los
siguientes requisitos: (i) cualquier entidad estatal puede celebrar el convenio con
personas jurídicas particulares; (ii) el convenio debe seguir los principios de la
función administrativa de que trata el artículo 209 de la Constitución Política; (iii) la
finalidad del convenio debe ser el desarrollo conjunto de actividades en relación con
los cometidos y funciones de la entidad estatal; (iv) el convenio debe establecer con
toda precisión su objeto, término de duración, obligaciones de las partes, los aportes
que cada uno debe hace y la forma en que coordinaran sus esfuerzos, y (v) el
convenio debe celebrarse conforme al artículo 355 superior>>2.
5.2.- En este caso se cumplen todos estos requisitos que la propia Subsección
indicó recientemente 3: (i) el convenio se celebró entre una entidad estatal y una
persona jurídica con ánimo de lucro; (ii) el objeto social de la entidad demandante
incluía << la cons trucción, promoción, comercialización y venta de vivienda
unifamiliares o multifamiliares >>, con lo que se respetaron los principios de la
función administrativa; (iii) la finalidad del convenio se relacionaba directamente con
las funciones del Fondo Especial de Vivienda del Municipio de Cali; (iv) el convenio
determinaba con precisión el objeto, duración, obligaciones, aportes y coordinación
de esfuerzos conjuntos; y (v) se respetó el artículo 355 de la Constitución.
1Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 3 de abril de 2020, exo. 46963, C.P. Ramiro
Pazos Guerrero.
2Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 3 de abril de 2020, exo. 46963, C.P. Ramiro
Pazos Guerrero.
3Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 3 de abril de 2020, exo. 46963, C.P. Ramiro
Pazos Guerrero.
Radicado: 76001-23-31-000-2006-03473-01 (67731)
Demandante: Consorcio Prethell González S.A.
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5.3.- Sobre este último requisito podría pensarse que habría una retribución a favor
de la entidad estatal porque el particular le restituía al <<Fondo Especial de Vivienda
del Municipio de Cali (…) su aporte, es decir, la suma de seis millones de pesos por
cada vivienda ($6.000.000)>>. No obstante, en realidad esa devolución del diner o
hace referencia al lote que había sido aportado por el fondo. Así, el convenio
garantizó el cumplimiento del inciso primero del artículo 355 de la Constitución que
prohíbe <<decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas
de derecho privado>>. En efecto, la Sala ha sostenido que
<<(…) la remisión al artículo 355 no puede tornar inoficioso el artículo 96. Por
cuanto, con fundamento en el principio de interpretación normativa
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