Ir al contenido
EN CONSTRUCCIÓN · EDICIÓN ANTICIPADA

Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.

Avísame al estrenar →
⚠ Atención: tienes 1 filtro marcado (LÍMITES DE LA COADYUVANCIA) que seguirá activo al buscar hasta que lo quites. Ver en buscador Quitar todos
← Volver a sentencias
Consejo de Estado Providencia

Salvamento de voto: los convenios de asociación suscritos por las partes se fundamentaron en la Ley 3ª de 1991

PDF oficial ↗ Ver y descargar en SAMAI ↗
Fecha
2022-09-14
Radicado
76001233100020060347301
Número interno
67731
Ponente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
SOCIEDAD CONSORCIO PRETHELL GONZÁLEZ S.A.
Demandado
FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CALI

Síntesis de la providencia

Salvamento de voto: los convenios de asociación suscritos por las partes se fundamentaron en la Ley 3ª de 1991

Lo que dijo la Sala

No comparto lo expuesto porque no tuvo en cuenta la normativa aplicable al convenio ni realizó una interpretación adecuada de los acuerdos celebrado por el Fondo Especial de Vivienda del Municipio de Cali. Los convenios suscritos el 17 de febrero de 1999 y el 16 de mayo de 2000 expresamente se fundamentaron en la Ley 3ª de 1991. El artículo 19… permite que los fondos de vivienda de interés social y reforma urbana celebren convenios (“asocio”) para desarrollar programas de construcción y adquisición de soluciones de vivienda de interés social. Esto fue lo que justamente ocurrió en este caso. El Fondo Especial de Vivienda del Municipio de Cali se creó para el desarrollo de vivienda interés social.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Problema jurídico

¿Los convenios de asociación suscritos por las partes se fundamentaron en la Ley 3ª de 1991?

Respuesta: Si

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Nulidad del contrato estatal

Documentos relacionados

Comparten descriptores temáticos con esta providencia.

Consejo de Estado 2022-09-14 Sección Tercera (Subsección B)
Los convenios fueron celebrados al margen del marco normativo sobre contratación estatal por ello se declara su nulidad
Consejo de Estado 2024-03-13 Sección Tercera (Subsección C)
No es inepta la demanda presentada en ejercicio de la acción contractual si el actor formula de modo subsidiario la pretensión
Consejo de Estado 2023-07-04 Sección Tercera (Subsección A)
No puede el ad quem, volver sobre temas no discutidos del fallo impugnado que son aceptados por el recurrente
Tribunal Administrativo de La Guajira 2025-11-26 ADMINISTRATIVO
Convenio de colaboración: Sentencia
Consejo de Estado 2026-07-15 Sección Tercera (Subsección B)
Se revoca la sentencia apelada para declarar la caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando la demanda se presenta fuera de plazo.
Consejo de Estado 2023-05-23 Sección Tercera (Subsección A)
Y ante la falta de demostración del cargo de incumplimiento endilgado a la accionada y la no consecución del objeto acordado
Titulación de la relatoría 5.938 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / SALVAMENTO DE VOTO / CONVENIO DE ASOCIACIÓN / NORMATIVIDAD DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / REQUISITOS DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL / DECLARACIÓN DE NULIDAD / DECLARACIÓN DE NULIDAD ABSOLUTA / REGLAS DE CONTRATACIÓN ESTATAL / VIOLACIÓN DE LA NORMA / NORMAS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD Problema jurídico: ¿Los convenios de asociación suscritos por las partes se fundamentaron en la Ley 3ª de 1991? Respuesta al problema jurídico: Si No comparto lo expuesto porque no tuvo en cuenta la normativa aplicable al convenio ni realizó una interpretación adecuada de los acuerdos celebrado por el Fondo Especial de Vivienda del Municipio de Cali. Los convenios suscritos el 17 de febrero de 1999 y el 16 de mayo de 2000 expresamente se fundamentaron en la Ley 3ª de 1991. El artículo 19 […] permite que los fondos de vivienda de interés social y reforma urbana celebren convenios (“asocio”) para desarrollar programas de construcción y adquisición de soluciones de vivienda de interés social. Esto fue lo que justamente ocurrió en este caso. El Fondo Especial de Vivienda del Municipio de Cali se creó para el desarrollo de vivienda interés social. Conforme al Decreto 0087 del 12 de febrero de 1999 expedido por el alcalde de Santiago de Cali, el objeto del fondo era administrar las apropiaciones previstas en la “Ley 3ª de 1991 (y) desarrollar las políticas de vivienda de interés social”. […] La sentencia indica que es manifiesto que se trataba de un contrato: las partes no buscaban adelantar un interés común, sino que tenían intereses contrapuestos. Esto, sin embargo, no es cierto. El objeto del convenio era equivalente a la previsión de la Ley 3ª de 1991: ambos convenios tenían por objeto la “construcción, promoción, venta y financiación” de viviendas de interés social. Además, existe una unión de esfuerzos: el fondo de vivienda aportaba el lote para que el privado pudiera desarrollar la construcción de las viviendas y luego venderlas a la población del municipio. Así, la normativa especial permitía celebrar los convenios. Esta opción existía desde antes de la expedición de la Ley 489 de 1998. Desde 1991, los fondos de vivienda de interés social y reforma urbana podían asociarse para el desarrollo de viviendas de interés social. Por ello, la alusión al desconocimiento del artículo 96 resulta impertinente: la posibilidad de celebrar asociaciones proviene de la misma Ley 3ª. Y no es la única norma especial que lo prevé, pues ello también ocurre en materia de ciencia y tecnología con la Ley 29 de 1990 y el Decreto Ley 393 de 1991. En todo caso, los convenios eran compatibles con el artículo 96 de la Ley 489 de 1998. Esta norma indica que las entidades estatales pueden asociarse con personas jurídicas particulares —lo que incluye a las sociedades — para el desarrollo conjunto de “actividades en relación con (sus) cometidos y funciones”. […] En este caso se cumplen todos estos requisitos que la propia Subsección indicó recientemente : (i) el convenio se celebró entre una entidad estatal y una persona jurídica con ánimo de lucro; (ii) el objeto social de la entidad demandante incluía “la construcción, promoción, comercialización y venta de vivienda unifamiliares o multifamiliares”, con lo que se respetaron los principios de la función administrativa; (iii) la finalidad del convenio se relacionaba directamente con las funciones del Fondo Especial de Vivienda del Municipio de Cali; (iv) el convenio determinaba con precisión el objeto, duración, obligaciones, aportes y coordinación de esfuerzos conjuntos; y (v) se respetó el artículo 355 de la Constitución. […] La posición mayoritaria de la Sala no tiene en cuenta estos aspectos. Plantea dos argumentos para fundamentar la declaratoria de nulidad. Indica que se está en presencia de contratos porque los objetos recaían sobre la realización de una obra y había retribuciones económicas a favor del contratista. Concluye, entonces, que la elusión del procedimiento contractual justifica la declaratoria de nulidad. Sin embargo, esta premisa depende necesariamente de que los convenios sean interpretados como contratos, que, como lo dije, no lo son […]. Con la posición mayoritaria de la Sala sólo sería viable celebrar los convenios de la Ley 3ª de 1991 cuando un constructor —de vivienda de interés social, pero al fin y al cabo un agente de mercado— esté dispuesto a no reportar utilidad. Esto implica que realizaría el negocio jurídico a pérdida o, en el mejor de los casos, sólo a costo. Y considero que ello sería contrario a los artículos 333 y 334 constitucionales. Paradójicamente, el proyecto indica que la celebración del convenio “afronta la lógica competitiva”. Este argumento de conveniencia es sumamente atractivo: en últimas indica que si los convenios permiten reportar utilidad al igual que los contratos, serían un vehículo para eludir los procedimientos de selección. […] En todo caso, la nulidad de contrato o un convenio no puede basarse en lo que el juez entiende por “lógica competitiva”. Debe fundarse en normas de carácter legal que previamente establecen las causales que conllevan esa sanción (nulidad) de los acuerdos de voluntades. Todo lo anterior permite ver que, contrariamente a lo indicado por la Sala, la causal de nulidad puede ser todo menos manifiesta. Si la Sala hubiera realizado una interpretación integral del convenio, hubiera podido constatarlo. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el convenio de asociación y sus requisitos, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de abril de 2020, rad. 46963, C. P. Ramiro Pazos Guerrero. Corte Constitucional, sentencia C-316 de 1995, M. P. Antonio Barrera Carbonell. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 333, 334, 355, DECRETO 0087 DE 1999, DECRETO LEY 393 DE 1991, LEY 29 DE 1990, LEY 3 DE 1991 - ARTÍCULO 19, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 96
Texto extraído del PDF oficial 18.075 caracteres
Radicado: 76001-23-31-000-2006-03473-01 (67731) Demandante: Consorcio Prethell González S.A. _____________________________________________________ CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B Magistrado ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintidós (2022) Radicado: 76001-23-31-000-2006-03473-01 (67731) Demandante: Consorcio Prethell González S.A. Demandado: Fondo Especial de Vivienda del Municipio de Cali Tema: La Sala declaró erróneamente la nulidad oficiosa de un convenio. Salvamento de voto del magistrado Martín Bermúdez Muñoz No comparto la decisión de confirmar la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad oficiosa de los convenios asociativos celebrados ent re la sociedad y el Fondo Especial de Vivienda del Municipio de Cali. 1.- La Sala decidió confirmar la declaratoria de nulidad con base en la sig uiente argumentación: <<36. Como puede verse, el constructor recibiría una retribución económica por su labor y, de hecho, la afectación de la fórmula de retribución económica a su favor fue lo que motivó la demanda en contra de la entidad contratante. Lo anterior constituye un ejemplo evidente de una remuneración económica a favor del contratista que contraría la naturaleza de los convenios como el que se celebró. En ese orden de ideas, a pesar de su nombre, los convenios de asociación tienen una naturaleza jurídica de verdaderos contratos. 37. Como consecuencia de que los convenios fueron celebrados al margen del marco normativo sobre contratación estatal, en particular la Ley 80 de 1993, se confirmará la declaratoria de nulidad. Esto es así, puesto que la celebración de contratos en estricto sentido bajo el velo de convenios es una afrenta a la lógica competitiva de los procedimientos de selección, que imponía recurrir a la selección objetiva de conformidad con la Ley 80 de 1993. Ese instrumento normativo prohíbe expresamente eludir los procedimientos de selección objetiva en el artículo 24-8. 38. Adicionalmente, como lo señaló el Tribunal, no escapa a la Sala que los negocios jurídicos celebrados fueron titulados “convenios asociativos”, con lo cual se les denominó e intentó dar tratamiento jurídico similar a los convenios de asociación de que trata el artículo 96 de la Ley 489 de 1998. Si bien una denominación particular no es motivo suficiente para declarar la nulidad de un negocio jurídico, cuando se evidencia que los con venios objeto de análisis se denominaron convenios asociativos, pero es evidente que existió una remuneración a favor de la Sociedad; y que no existió un procedimiento ajustado a las normas de la contratación estatal, resulta imperativo declarar la nulidad de este negocio jurídico que fue denominado y ejecutado como si se tratara de un convenio de asociación. Radicado: 76001-23-31-000-2006-03473-01 (67731) Demandante: Consorcio Prethell González S.A. _________________________________________________________________________ 2 de 6 (…) 40. Así las cosas, una vez analizados: el objeto de los convenios (construcción de obra con aportes económicos de las dos partes) y la retribuc ión, para la Sala es manifiesto que no se trató de convenios de asociación y, por lo tanto, se debe confirmar la decisión del Tribunal de declarar la nulidad absoluta y total de los convenios objeto del litigio>>. 2.- No comparto lo expuesto porque no tuv o en cuenta la normativa aplicable al convenio ni realizó una interpretación adecuada de los acuerdos celebrado por el Fondo Especial de Vivienda del Municipio de Cali. 3.- Los convenios suscritos el 17 de febrero de 1999 y el 16 de mayo de 2000 expresamente se fundamentaron en la Ley 3ª de 1991. El artículo 19 de esta norma establece lo siguiente: <<ARTICULO 19. Serán funciones de los Fondos de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana , sin perjuicio de las otras que les asignen los concejos municipales, distritales, las juntas metropolitanas o el Concejo Intendencial de San Andrés y Providencia, las siguientes: (…) c) Desarrollar directamente o en asocio con entidades autorizadas, programas de construcción, adquisición, mejoramiento, reubicación, rehabilitación y legalización de títulos de soluciones de vivienda de interés social;>>. 3.1.- El artículo citado permite que los fondos de vivienda de interés social y reforma urbana celebren convenios (<<asocio>>) para desarrollar programas de construcción y adquisición de soluciones de vivienda de interés social. 3.2.- Esto fue lo que justamente ocurrió en este caso. El Fondo Especial de Vivienda del Municipio de Cali se creó para el desarrollo de vivienda interés social. Conforme al Decreto 0087 del 12 de febrero de 1999 expedido por el alcalde de Santiago de Cali, el objeto del fondo era administrar las apropiaciones previstas en la << Ley 3ª de 1991 (y) desarrollar las políticas de vivienda de interés social>>. 3.3.- Este decreto, que también fue expresamente citado como fundamento de los convenios, establece que una de las funciones de su director era << Promover la participación de entidades públicas y privadas en la realización de actividades coincidentes con las funciones del Fondo>>. 4.- La sentencia indica que es manifiesto que se trataba de un contrato: las partes no buscaban adelantar un interés común, sino que tenían intereses contrapuestos. Esto, sin embargo, no es cierto. Radicado: 76001-23-31-000-2006-03473-01 (67731) Demandante: Consorcio Prethell González S.A. _________________________________________________________________________ 3 de 6 4.1.- El objeto del convenio era equivalente a la previsión de la Ley 3ª de 1991: ambos convenios tenían por objeto la << construcción, promoción, venta y financiación>> de viviendas de interés social. 4.2.- Además, existe una unión de esfuerzos: el fondo de vivienda aportaba el lote para que el privado pudiera desarrollar la construcción de las viviendas y luego venderlas a la población del municipio. 5.- Así, la normativa especial permit ía celebrar los convenios. Esta opción existía desde antes de la expedición de la Ley 489 de 1998. Desde 1991 , los fondos de vivienda de interés social y reforma urbana podían asociarse para el desarrollo de viviendas de interés social. Por ello, la alusión al desconocimiento del artículo 96 resulta impertinente: la posibilidad de celebrar asociaciones proviene de la misma Ley 3ª. Y no es la única norma especial que lo prevé, pues ello también ocurre en materia de ciencia y tecnología con la Ley 29 de 1990 y el Decreto Ley 393 de 1991. 5.1.- En todo caso, los convenios eran compatibles con el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 . Esta norma indica que las entidades estatales pueden asociarse con personas jurídicas particulares —lo que incluye a las sociedades 1 — para el desarrollo conjunto de <<actividades en relación con (sus) cometidos y funciones>>. Al respecto, esta Sala ha indicado que: <<(…) el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 previó el convenio de asociación bajo los siguientes requisitos: (i) cualquier entidad estatal puede celebrar el convenio con personas jurídicas particulares; (ii) el convenio debe seguir los principios de la función administrativa de que trata el artículo 209 de la Constitución Política; (iii) la finalidad del convenio debe ser el desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos y funciones de la entidad estatal; (iv) el convenio debe establecer con toda precisión su objeto, término de duración, obligaciones de las partes, los aportes que cada uno debe hace y la forma en que coordinaran sus esfuerzos, y (v) el convenio debe celebrarse conforme al artículo 355 superior>>2. 5.2.- En este caso se cumplen todos estos requisitos que la propia Subsección indicó recientemente 3: (i) el convenio se celebró entre una entidad estatal y una persona jurídica con ánimo de lucro; (ii) el objeto social de la entidad demandante incluía << la cons trucción, promoción, comercialización y venta de vivienda unifamiliares o multifamiliares >>, con lo que se respetaron los principios de la función administrativa; (iii) la finalidad del convenio se relacionaba directamente con las funciones del Fondo Especial de Vivienda del Municipio de Cali; (iv) el convenio determinaba con precisión el objeto, duración, obligaciones, aportes y coordinación de esfuerzos conjuntos; y (v) se respetó el artículo 355 de la Constitución. 1Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 3 de abril de 2020, exo. 46963, C.P. Ramiro Pazos Guerrero. 2Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 3 de abril de 2020, exo. 46963, C.P. Ramiro Pazos Guerrero. 3Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 3 de abril de 2020, exo. 46963, C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Radicado: 76001-23-31-000-2006-03473-01 (67731) Demandante: Consorcio Prethell González S.A. _________________________________________________________________________ 4 de 6 5.3.- Sobre este último requisito podría pensarse que habría una retribución a favor de la entidad estatal porque el particular le restituía al <<Fondo Especial de Vivienda del Municipio de Cali (…) su aporte, es decir, la suma de seis millones de pesos por cada vivienda ($6.000.000)>>. No obstante, en realidad esa devolución del diner o hace referencia al lote que había sido aportado por el fondo. Así, el convenio garantizó el cumplimiento del inciso primero del artículo 355 de la Constitución que prohíbe <<decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado>>. En efecto, la Sala ha sostenido que <<(…) la remisión al artículo 355 no puede tornar inoficioso el artículo 96. Por cuanto, con fundamento en el principio de interpretación normativa

Se muestran los primeros 10.000 caracteres. El PDF oficial tiene el texto completo.

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=760012331000200603473011100103