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Consejo de Estado Providencia

Medio de control de repetición: Sentencia

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Fecha
2023-07-04
Radicado
73001233300020190034101
Número interno
68360
Ponente
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPETICION
Actor
FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
Demandado
JUAN GUILLERMO BELTRAN AMORTEGUI

Síntesis de la providencia

Medio de control de repetición: Sentencia

Lo que dijo la Sala

Para que haya lugar a condenar en sede de repetición, debe determinarse una responsabilidad subjetiva en la que juega un papel decisivo el análisis de la conducta del agente, lo que implica que no cualquier equivocación, ni cualquier error de juicio o cualquier actuación que desconozca el ordenamiento jurídico permite deducir su responsabilidad, pues debe comprobarse la gravedad de la falla en su conducta. Es precisamente en este sentido que la norma (inciso segundo del artículo 90 constitucional) dispuso que la repetición por parte de las entidades estatales respecto de sus funcionarios o exfuncionarios, solo opera en la medida en que se les pueda imputar culpa grave o dolo en su actuar, lo que ofrece garantías en el ejercicio de la función a cargo de los servidores públicos, ya que se reconoce que no cualquier error en los que estos puedan incurrir, podrá ser fuente suficiente para imputarles responsabilidad patrimonial12 . 17.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

En la acción de repetición, la condena exige una responsabilidad subjetiva del agente, de modo que solo procede si se demuestra su culpa grave o su dolo, y no cualquier error de juicio o actuación contraria al ordenamiento. La regla se apoya en el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución, que limita el reembolso a la imputación de culpa grave o dolo, y en que esa calificación debe analizarse conforme a la normativa vigente al momento de los hechos. Así se protege el ejercicio de la función pública frente a errores que no alcanzan esa gravedad. Este criterio impide deducir responsabilidad de cualquier falla leve, por lo que la prueba de la gravedad es un requisito de la condena. En el asunto, la Sala confirmó la condena al hallar demostrada la culpa grave del agente. En la práctica, la entidad que repite debe probar la gravedad de la falla en la conducta del servidor y no basta con demostrar que hubo un error.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Se demostró que la conducta del agente fuera gravemente culposa?

Respuesta: Si

También resuelve

  • ¿El recurso de apelación determina el marco de competencia del juez de segunda instancia?
  • ¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia en un proceso de repetición?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

Guías del tema

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Acción de repetición contra el agente Condena en costas y agencias en derecho

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Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿Se demostró que la conducta del agente fuera gravemente culposa? Respuesta al problema jurídico: Si Para que haya lugar a condenar en sede de repetición, debe determinarse una responsabilidad subjetiva en la que juega un papel decisivo el análisis de la conducta del agente, lo que implica que no cualquier equivocación, ni cualquier error de juicio o cualquier actuación que desconozca el ordenamiento jurídico permite deducir su responsabilidad, pues debe comprobarse la gravedad de la falla en su conducta. Es precisamente en este sentido que la norma (inciso segundo del artículo 90 constitucional) dispuso que la repetición por parte de las entidades estatales respecto de sus funcionarios o exfuncionarios, solo opera en la medida en que se les pueda imputar culpa grave o dolo en su actuar, lo que ofrece garantías en el ejercicio de la función a cargo de los servidores públicos, ya que se reconoce que no cualquier error en los que estos puedan incurrir, podrá ser fuente suficiente para imputarles responsabilidad patrimonial12 . 17. La calificación de la conducta como dolosa o gravemente culposa del agente o ex agente estatal, corresponde a un elemento subjetivo que se debe analizar a la luz de la normativa vigente al momento de la ocurrencia de la actuación u omisión determinante del pago para cuya recuperación se adelanta la acción de repetición; como en el caso bajo estudio, los hechos que suscitan la presente controversia se presentaron el 21 de enero de 2008, dicho análisis se hará bajo la óptica de la Ley 678 de 2001 (normatividad vigente desde el 4 de agosto de 2001). 18. Esta Corporación ha entendido que reviste el carácter de culpa grave el comportamiento grosero, negligente o temerario; se trata de aquella conducta descuidada del agente estatal que causa el daño, que hubiera podido evitarse con la diligencia y cuidado que corresponde a quien debe atender dicha actividad en forma normal. Particularmente, en los términos del artículo 6° de la referida norma, la conducta del agente es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una manifiesta infracción de la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones. 19. En ese sentido, respecto de la presunción contemplada en el numeral 1° del mencionado artículo, se ha dicho que sólo aquel error que por sus dimensiones no pudo haber sido cometido sino mediante total o crasa negligencia del sujeto que lo comete, podría ser juzgado con esa calificación. De modo que la conducta del agente es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una manifiesta infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones. 20. Y es que a riesgo de ser repetitivo, el supuesto de hecho sobre el cual recae la presunción de culpa grave de que trata el numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001 corresponde a una “violación manifiesta e inexcusable”, es decir, una trasgresión del ordenamiento jurídico palmaria e insalvable de parte del funcionario, ya que, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, se entiende por “manifiesto”, aquello que es “patente, claro” y por “inexcusable”, aquello que “no puede eludirse con pretextos (…) que no tiene disculpa”, aspectos que pasan por la valoración de la conducta a la luz, entre otros, de los manuales de funciones, las exigencias de formación y calificación del cargo desempeñado, el análisis del curso de la actuación administrativa en cuyo seno se originó el acto, y en general en variados elementos de prueba que se requieren en cada caso en particular. 21. En el presente caso, la Sala advierte que no se probó que la conducta del aquí demandado comportó una actuación gravemente culposa en los términos del numeral 1° artículo 6° de la Ley 678 de 2001, pues los elementos probatorios allegados a este proceso no dan cuenta de que su actuar haya vulnerado las leyes del derecho laboral administrativo de manera manifiesta e inexcusable. (...) Con e[l] acervo probatorio, no es dable considerar que el demandado hubiese vulnerado manifiesta e inexcusablemente las normas de derecho laboral administrativo tras declarar insubsistente el nombramiento de la señora Gómez Carvajal, en tanto que tal determinación se adoptó con fundamento en los documentos que constataban que dicha empleada había sido vinculada como empleada de libre nombramiento y remoción para ocupar el cargo de Profesional Universitario, soportado, además, en el Manual de Funciones y el Estatuto Orgánico de la Fábrica de Licores del Tolima, que corroboraban tal condición. OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿El recurso de apelación determina el marco de competencia del juez de segunda instancia? Respuesta al problema jurídico: Si La Sala no asumirá el estudio de las cuestiones objetivas relativas a la condición de ex agente estatal del demandado, la existencia de una condena y su pago efectivo, porque aun cuando son presupuestos esenciales de la acción de repetición, conforme se desprende de la jurisprudencia reiterada de esta Corporación y el artículo 2 de la Ley 678 de 2001, el fallador de instancia ya los analizó y frente a sus conclusiones ninguna de las partes se alzó en apelación. En relación con los cargos formulados en el escrito de impugnación referidos en los numerales 2 a 5, se advierte que no serán objeto de pronunciamiento en esta providencia, toda vez que dichos aspectos no fueron objeto de debate en el proceso de primera instancia, en tanto que tales cargos no se expusieron en el libelo demandatorio. Por tanto, bajo el principio de congruencia -artículo 281 del CGP- la decisión que aquí se adopte no podrá tener un objeto distinto al del pretendido en la demanda, ni por una causa diferente invocada en la misma. De este modo, se precisa que el recurso de apelación no está llamado para que el demandante modifique la causa petendi con la presentación del mismo, pues, la única etapa procesal prevista legalmente para ello, es en la reforma de la demanda. La sala tampoco observa que los cargos antes indicados surjan como referencia obligada de lo definido por el Tribunal en la sentencia que se recurre o sean necesarios para desvirtuarlos. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 281, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia en un proceso de repetición? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 188 del CPACA preceptúa que la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, excepto en los procesos en que se ventilan intereses públicos. El proceso que se adelanta en ejercicio de la pretensión de repetición es uno de aquellos en los que se ventila un interés público, pues con este se busca la protección del patrimonio público. Sobre este particular, la Corte Constitucional ha señalado que “la acción de repetición tiene una finalidad de interés público como es la protección del patrimonio público el cual es necesario proteger integralmente para la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho, como lo señala el artículo 2 de la Constitución Política” FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=730012333000201900341011100103