Síntesis de la providencia
Consejo de Estado: no es procedente condenar al exrector de la institución educativa Escuela Normal Superior del Mayo del municipio de La Cruz
Lo que dijo la Sala
Se dirige la demanda en contra del señor José René Ordoñez Muñoz con el fin de que se le declare patrimonialmente responsable, a título de culpa grave, debido a que en la condición de rector de la institución educativa Escuela Normal Superior del Mayo del municipio de La Cruz (Nariño) contrató la prestación del servicio de transporte de los estudiantes desde sus residencias a la institución educativa y, que con motivo de la ejecución de este contrato se produjo un accidente de tránsito el 29 de junio de 2011 en el que perdieron la vida ocho estudiantes y el conductor del vehículo.
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Síntesis síntesis automática
La presunción de culpa grave del numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, en su versión original, solo se configura cuando se acredita la violación manifiesta e inexcusable de la ley por parte del agente, y la omisión de funciones de vigilancia no basta para entenderla probada. Esta exigencia se apoya en que el numeral 16 del artículo 10 de la Ley 715 de 2001 asigna al rector de una institución educativa pública la administración de la institución, de modo que la vigilancia del contrato de transporte escolar no se convierte automáticamente en una función cuya omisión implique culpa grave. Además, el expediente no acreditó el supuesto de hecho de la presunción, porque la falla mecánica del vehículo no fue demostrada como un conocimiento que el rector debiera tener. En el caso, el accidente de tránsito que causó la muerte de estudiantes y del conductor dio lugar a una condena de reparación directa contra el departamento, que pretendió recobrar lo pagado mediante la repetición, y la sentencia fue confirmada. Su consecuencia práctica es que la presunción debe probarse con los supuestos legales y no se activa por la sola ocurrencia del daño.
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Problema jurídico
¿Es procedente condenar al exrector de la institución educativa Escuela Normal Superior del Mayo del municipio de La Cruz (Nariño) porque se acreditó el supuesto de hecho para que operara la presunción de culpa grave porque contrató la prestación del servicio de transporte de los estudiantes desde sus residencias a la institución educativa y, que con motivo de la ejecución de este contrato se produjo un accidente de tránsito el 29 de junio de 2011 en el que perdieron la vida ocho estudiantes y el conductor del vehículo?
Respuesta: No
Fundamentos
- Decreto 4791 de 2008, arts. 17 y 20
- Ley 678 de 2001, art. 6 núm. 1
- Ley 715 de 2001, arts. 10 núm. 16 y 13
También resuelve
- ¿Cuáles son los presupuestos generales de procedencia del medio de control de repetición?
- ¿Cómo se acreditó el pago de la condena por parte de la entidad demandante en repetición?
- ¿Cuáles son los supuestos de hecho para la aplicación de la presunción de culpa grave en el medio de control de repetición?
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Titulación de la relatoría 18.049 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / RECTOR DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO / ACCIDENTE DE TRÁNSITO
Problema jurídico:
¿Es procedente condenar al exrector de la institución educativa Escuela Normal Superior del Mayo del municipio de La Cruz (Nariño) porque se acreditó el supuesto de hecho para que operara la presunción de culpa grave porque contrató la prestación del servicio de transporte de los estudiantes desde sus residencias a la institución educativa y, que con motivo de la ejecución de este contrato se produjo un accidente de tránsito el 29 de junio de 2011 en el que perdieron la vida ocho estudiantes y el conductor del vehículo?
Respuesta al problema jurídico: No
[S]e dirige la demanda en contra del señor José René Ordoñez Muñoz con el fin de que se le declare patrimonialmente responsable, a título de culpa grave, debido a que en la condición de rector de la institución educativa Escuela Normal Superior del Mayo del municipio de La Cruz (Nariño) contrató la prestación del servicio de transporte de los estudiantes desde sus residencias a la institución educativa y, que con motivo de la ejecución de este contrato se produjo un accidente de tránsito el 29 de junio de 2011 en el que perdieron la vida ocho estudiantes y el conductor del vehículo. Como consecuencia del accidente los familiares de las víctimas instauraron demanda de reparación directa en contra del Departamento de Nariño la cual dio lugar a la sentencia condenatoria en contra de esta entidad y por virtud de aquella fue obligada a reconocer indemnización por perjuicios morales, sumas de dinero que el departamento pretende recuperar a través del medio de control de repetición. (...) La parte actora alega la presunción de culpa grave consagrada en el numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001 (en su versión original) con sustento en que el aquí demandado no cumplió con sus funciones como representante legal de la Institución Educativa Escuela Normal Superior del Mayo por el hecho de no evidenciar las fallas mecánicas del vehículo con el que se prestó el servicio de transporte escolar a los estudiantes fallecidos. (...) La sentencia impugnada será confirmada, porque no se acreditó el supuesto de hecho para que operara la presunción contemplada en el numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001. (...) La entidad demandante atribuye al demandado una conducta revestida de culpa grave por “su inexcusable negligencia, al suscribir el contrato en mención, y luego no ejercer las funciones de vigilancia inherentes al mismo” (fl. 8 archivo 1 índice 17 SAMAI primera instancia), que, a su vez, constituye una "violación manifiesta e inexcusable” de las funciones de vigilancia encomendadas por virtud del numeral 16 del artículo 10 y el artículo 13 de la Ley 715 de 2001 y los artículos 17 y 20 del Decreto 4791 de 2008, la cual, desde su apreciación, constituyó la causa eficiente del daño por el cual fue condenado el Departamento de Nariño en sede de reparación directa. En el contexto antes trazado y de conformidad con el acervo probatorio que obra en el expediente no se encuentra acreditado el supuesto de hecho de la presunción contemplada en el numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001. (...) la Sala advierte que el numeral 16 del artículo 10 de la Ley 715 de 2001 asigna al rector o director de las instituciones educativas públicas la administración del Fondo de Servicios Educativos y los recursos que por incentivos se le asignen, fondos que manejan los recursos destinados a financiar gastos distintos a los de personal, que faciliten el funcionamiento de la institución (artículo 12); por su parte, el artículo 13 atribuye al rector o director la celebración de los contratos que hayan de pagarse con cargo a los recursos vinculados a los fondos, en las condiciones y dentro de los límites que fijen los reglamentos. En consonancia con lo anterior, el Decreto 4791 de 2008 regula lo concerniente al Fondo de Servicios Educativos de los establecimientos educativos estatales y en el artículo 17 consagra el régimen de los contratos celebrados con recursos del Fondo de Servicios Educativos cuando la cuantía supere los veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, los cuales se regirán por el estatuto contractual de la administración pública y aquellos cuya cuantía es inferior a este monto deberán seguir los procedimientos establecidos en el reglamento expedido por el consejo directivo de la institución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 715 de 2001. Finalmente, el artículo 20 del Decreto 4791 de 2008, establece la obligación de la entidad territorial certificada de ejercer la acción de repetición e iniciar los procesos de responsabilidad disciplinaria y fiscal contra los servidores públicos que resulten responsables por contravenir lo dispuesto en la ley frente a la administración de los recursos de los Fondos de Servicios Educativos y el Estado sea condenado con ocasión de las obligaciones contraídas a raíz de esta contravención. 8) En ese marco legal y lo consignado en la demanda, es claro que la entidad demandante pretende edificar, a partir de supuestos normativos que regulan las atribuciones del rector o director de las instituciones educativas públicas en la administración de los recursos pertenecientes a los Fondos de Servicios Educativos y los contratos que involucren estos recursos, una supuesta omisión inexcusable de funciones constitutiva de culpa grave que no guarda relación con el daño invocado en sede de reparación directa y por el que fue condenado el Departamento de Nariño; sin embargo, no existen elementos de juicio para considerar que el mencionado exagente estatal obró con culpa grave capaz de comprometer su responsabilidad patrimonial, toda vez que i) la celebración de los convenios de prestación de servicios de transporte números 11 y 12 no le atribuyeron al rector de la institución educativa la verificación del estado técnico mecánico de los vehículos contratados para prestar este servicio; ii) del contenido de las estipulaciones contractuales y las normas que rigieron el convenio, se tiene que era el Municipio de La Cruz quien tenía a su cargo el control frente a “la legalidad y estado de los vehículos”, además de la expedición del correspondiente permiso de operación para quienes prestaran para el año 2011 el servicio de transporte escolar en jurisdicción de este municipio; iii) las normas invocadas por la entidad demandante en el proceso de repetición no atribuyen la función de vigilancia de los vehículos al rector de la institución educativa, y, iv) las decisiones proferidas en el proceso de reparación directa no constituyen prueba suficiente para encontrar configurada una conducta gravemente culposa del demandado. 9) A partir de las pruebas aportadas la Sala no advierte la violación de las normas citadas por la parte demandante en el caso particular del demandado frente a la función de administración de los recursos de los Fondos de Servicios Educativos, tampoco la relación de estas atribuciones legales con el daño por el que fue condenado el Departamento de Nariño. 10) En ese sentido, debe precisarse que el fallo de primera instancia proferido en el proceso de reparación directa concluyó la responsabilidad patrimonial extracontractual del Departamento de Nariño por el fallecimiento de los estudiantes de la Escuela Normal Superior del Mayo del municipio de la Cruz (Nariño) en el referido accidente de tránsito ocurrido el 29 de junio de 2011 porque la “Institución Educativa suscriptora del contrato de transporte, no verificó la idoneidad del vehículo a través del cual se prestaría el servicio, ni tampoco constató que aquel tuviera el permiso de funcionamiento requerido por el Decreto 805 del 14 de marzo de 2008, y en consecuencia, como prestador del servicio, no solo le competía concurrir a la financiación del mismo, sino también garantizar su accesibilidad en condiciones de seguridad” (fls. 59 a 66 archivo 2 índice 17 SAMAI primera instancia), sin embargo, esta consideración no es suficiente para tener por acreditada una conducta constitutiva de culpa grave en cabeza del demandado, menos cuando en esta oportunidad la parte interesada no aportó elementos de convicción a partir de los cuales se concluyera que el demandado en la condición de rector de la mencionada institución educativa para la época de los hechos tuviera a su cargo la verificación de los condiciones técnicomecánicas de los vehículos contratados para el transporte escolar y de manera inexcusable desatendió estas funciones. 11) En consecuencia, a partir de los cargos formulados por la entidad demandante no puede atribuirse una conducta revestida de culpa grave al demandado.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 4791 DE 2008 - ARTÍCULO 17, DECRETO 4791 DE 2008 - ARTÍCULO 20, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 NUMERAL 1, LEY 715 DE 2001 - ARTÍCULO 10 NUMERAL 16, LEY 715 DE 2001 - ARTÍCULO 13
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos generales de procedencia del medio de control de repetición?
Respuesta al problema jurídico: No
El artículo 90 superior prevé que en los casos en los que el Estado es obligado a reparar un daño debe repetir contra su agente cuando la condena ha sido el resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa de este, de igual manera la figura ha tenido desarrollo legal en el Decreto-ley 01 de 1984 y en forma más reciente en la Ley 678 de 2001. En tal virtud, la jurisprudencia de la Corporación ha sido unánime en determinar los presupuestos para la prosperidad de la acción de repetición, a saber: (i) la condena al Estado a reparar un daño antijurídico causado a un particular, (ii) el pago efectivo a la víctima del daño, (iii) la calidad de agente estatal y, (iv) la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa del agente como factor determinante de la condena.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 678 DE 2001
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA OBLIGACIÓN
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cómo se acreditó el pago de la condena por parte de la entidad demandante en repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
Respecto del pago de la condena, la actuación se soporta en los siguientes documentos: 1) La Resolución número 401 de 28 de mayo de 2019, por medio de la cual la Secretaría de Hacienda del Departamento de Nariño ordenó pagar la suma de mil novecientos cincuenta y cuatro millones trescientos cincuenta y tres mil setecientos sesenta pesos ($1.954.353.760) en favor de los grupos familiares beneficiarios de la condena impuesta en el proceso de reparación directa número 52-001-33-33-005- 2012-00150 (fls. 6 a 18 índice 17 SAMAI - primera instancia). 2) El comprobante de egreso del 12 de junio de 2019, por medio del cual el Tesorero General del Departamento de Nariño da cuenta del desembolso en favor del apoderado judicial de las víctimas Luis Édgar Ramos Cabrera por la suma de mil novecientos cincuenta y cuatro millones trescientos cincuenta y tres mil setecientos sesenta pesos ($1.954.353.760) (índice 2 SAMAI). 3) El certificado expedido por el Banco de Occidente en el que se señaló que al señor Luis Édgar Ramos Cabrera se le realizaron dos pagos por orden del Departamento de Nariño, así: i) la suma de mil quinientos cincuenta y tres millones cuatrocientos cuarenta mil ciento sesenta pesos ($1.553.440.160), los cuales fueron cancelados el 2 de junio de 2019 y, ii) la suma de cuatrocientos millones novecientos trece mil seiscientos pesos ($400.913.600) que fueron pagados el 25 de junio de 2019 (índice 2 SAMAI). 4) A partir de los elementos antes reseñados se tiene que estos, en su conjunto, constituyen elementos suficientes para demostrar el pago total de la condena, postura que es acorde con lo señalado por esta Subsección que en oportunidades anteriores ha afirmado que no existe disposición legal que exija como prueba que la constancia del pago deba provenir del acreedor y que otros medios de prueba, tales como documentos públicos con presunción de autenticidad son suficientes para demostrar el mencionado presupuesto.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los supuestos de hecho para la aplicación de la presunción de culpa grave en el medio de control de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
Para la determinación del régimen legal aplicable en este caso, debe considerarse que los hechos se refieren a la supuesta omisión en que incurrió el señor José René Ordóñez Muñoz quien, en su momento, en la condición de rector encargado de la Escuela Normal Superior del Mayo del Municipio de La Cruz (Nariño) suscribió el convenio número 8 de 2011 y los convenios de prestación de servicio de transporte escolar números 11 y 12 de 2011, en cuya vigencia ocurrió el accidente de tránsito (29 de junio de 2011) que produjo el fallecimiento de ocho (8) estudiantes de la institución educativa, suceso por el cual fue condenado el Departamento de Nariño en proceso de reparación directa, época en la que ya estaba vigente la Ley 678 de 2001. 1) El artículo 6 de la Ley 678 de 2001 prevé los eventos en los que es posible presumir la culpa grave del agente o exagente estatal, presunciones que corresponden a las denominadas iuris tantum, esto es, que pueden ser desvirtuadas probatoriamente. La Corte Constitucional en ejercicio del control de constitucionalidad estimó que las presunciones legales tienden a corregir la desigualdad material frente al acceso a la prueba, no comprometen el debido proceso y no implican atribución de culpabilidad en cabeza del demandado, sin embargo, es deber de la entidad actora expresar la causal derivada de la presunción de dolo o culpa grave en orden a permitir que el demandado tenga la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción frente a un cargo específico, igualmente la entidad demandante debe probar los supuestos de hecho que estructuran la correspondiente presunción para que pueda tener efectos jurídicos. 2) En el proceso de la referencia, respecto del sujeto pasivo de la acción José René Ordóñez Muñoz, en la demanda se aludió a la presunción de culpa grave consagrada en el numeral 1 artículo 6 de la Ley 678 de 2001 -original sin la modificación introducida por la Ley 2195 de 2022- y como argumento se precisó que el demandado no cumplió con sus funciones como representante legal de la Institución Educativa Escuela Normal Superior del Mayo, porque, al haber celebrado los convenios de prestación de servicio de transporte números 11 y 12 de 2011 tenía la obligación de asegurar que el vehículo con el cual se trasladó a los estudiantes que resultaron fallecidos debía estar en buenas condiciones mecánicas y, por no hacerlo omitió, de manera negligente e inexcusable, ejercer las funciones de vigilancia contempladas en el numeral 16 del artículo 10 y el artículo 13 de la Ley 715 de 2001 y los artículos 17 y 20 del Decreto 4791 de 2008, siendo esta la causa eficiente del daño acreditado en el proceso de reparación directa. 3) No obstante, se advierte que no se acreditó el supuesto de hecho para que opere la presunción contemplada en el numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS / LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / EJECUTORIA DE LA SENTENCIA / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia en el medio de control de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
En los términos de los artículos 188 del CPACA y 365 (numeral 1) del CGP, la parte demandante debe asumir las costas de esta instancia porque se resolvió de manera desfavorable el recurso de apelación; la condena incluirá las agencias en derecho que para esta instancia se fijan, en atención al concepto y los criterios definidos para su causación en el Acuerdo no. PSAA16 10554 del 5 de agosto de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, aplicable al caso por razón de la época de presentación de la demanda, en tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria de esta decisión para el demandado por cuanto se encuentra representado por su apoderado, pero no participó en esta instancia. Se liquidarán en forma concentrada en el tribunal de primera instancia. Debe precisarse que el a quo no condenó en costas de primera instancia a la parte demandante, decisión que no fue objetada para ser resuelta en esta instancia, por ello esta Sala mantendrá la determinación adoptada. Los gastos del proceso serán liquidados de manera concentrada por la Secretaría de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, según dispone el artículo 366 del Código General del Proceso.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO PSAA16 10554 DE 2016, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366