Radicado: 68001-23-31-000-2011-00650-01 (54140)
Actor: Schreder Colombia S.A.
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
ACLARACIÓN DE VOTO DEL CONSEJERO NICOLÁS YEPES CORRALES
Radicación número: 68001-23-31-000-2011-00650-01 (54140)
Actor: SCHREDER COLOMBIA S.A.
Demandado: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
Asunto: ACLARACIÒN DE VOTO
ACLARACIÓN DE VOTO
Con el acostumbrado respeto por las decisiones adoptadas por la Subsección, procedo
a exponer las razones por las cuales aclaro el sentido de mi voto en el fallo del 10 de
diciembre de 2021 que revocó la sentencia apelada y, en su lugar, declaró que el
municipio de Bucaramanga incumplió el contrato de obra pública número 006 del 9 de
mayo de 2008, condenó a la entidad territorial al pago de los perjuicios causados y
negó las demás pretensiones de la demanda.
Aunque estoy de acuerdo con el sentido de la de cisión adoptada, disiento de lo
afirmado en el fallo al indicar, con apoyo en la sentencia C-333 de 1996 mediante la
cual la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada del artículo 50 de la
Ley 80 de 1993, que “en la responsabilidad contractual del Estado, la antijuridicidad e
imputabilidad del daño se identifican”.
Frente a lo anterior, encuentro importante anotar que, en mi opinión, d e la lectura de
la sentencia C-333 de 1996 ni menos aún del propio texto del artículo 90 constitucional,
puede desprenderse que en tratándose de responsabilidad contractual del Estado se
identifican el daño antijurídico y la imputación.
Radicado: 68001-23-31-000-2011-00650-01 (54140)
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El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 1 consagra un régimen único de
responsabilidad del Estado que se proyecta en el campo extracontractual y contractual
y que supone la confluencia de dos elementos claramente diferenciados, a saber: i) la
existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.
El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento.
En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho 2,
que contraría el orden legal 3 o que está desprovista de una causa que la justifique 4.
La imputación, por su parte, no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del
daño antijurídico se hace al Estado.
Verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el
deber de indemnizarlo plenamente, cualquiera que sea el régimen de responsabilidad
de que se trate.
Conviene recordar que l a responsabilidad contractual del Estado se fundamenta, en
primer lugar, en la fuerza vinculante del negocio jurídico celebrado entre las partes –
pacta sunt servanda–5, expresamente reconocida en el artículo 1602 del Código Civil
que le confiere al negocio jurídico efectos de ley entre los contrata ntes, sobre la base
de reconocer el poder de la voluntad para que los sujetos puedan darse sus propias
reglas de conducta, y, en segundo lugar, en la buena fe, que en el marco contractual
1 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables,
causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el
Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta
dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.
2 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945
3 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez Sarrión.
2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.
4 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499; Sentencia
del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867
5 Este principio, garante de la seguridad jurídica, constituye pilar esencial de las relaciones contractuales
y encuentra su fundamento en la autonomía privada de la voluntad como fuente primaria de derechos y
obligaciones. Como enseña la doctrina:
“(…) las partes no pueden sustraerse al deber de observar el contrato de acuerdo con su tenor, en su
conjunto y en cada una de sus cláusulas.
(…) En el fondo, en la observancia del contrato y en la ejecución, reside el resultado práctico del
contrato; es el resultado para cuya consecución se estipuló este. Y que el contrato deba ser observado,
es decir, que las partes cumplan con lo que se estableció en él, es un principio que deriva de aquel (de
orden ético) del respet o a la palabra dada y de la consideración de que (aún prescindiendo del hecho
de que el contrato es por lo común de prestaciones recíprocas y que, por consiguiente, la observancia
por uno de los contratantes es el presupuesto de la observancia por el otro) el contrato suscita legítimas
expectativas en cada uno de los contratantes; expectativas que no deben ser defraudadas…” Messineo,
Francisco: Doctrina general del contrato. EJEA: Buenos Aires. 1952, p. 143 y ss .
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se encuentra consagrada en los artículos 1603 ejusdem y 871 del Código de Comercio,
en virtud de los cuales los contratos deben ser ejecutados de buena fe y, por
consiguiente, obligan no sólo a lo en ellos se pacta expresamente , sino a todas las
cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por ley le
pertenecen a ella sin necesidad de cláusula especial, armonizados, por supuesto, con
los principios y reglas del derecho administrativo, tales como los de reciprocidad de las
prestaciones y prevalencia del interés público, entre otros6.
En este orden, para que opere la responsabilidad contractual del Estado, se requiere:
i) la existencia de un daño antijurídico, consistente en la lesión del derecho de crédito
que emana del contrato como fuente de obligaciones y que confiere a las partes la
facultad de exigir el cumplimiento de las prestaciones pactadas; y ii) la imputación del
daño a la entidad contratante, la cual tiene lugar cuando se presenta un incumplimiento
de las obligaciones asumidas en virtud del negocio jurídico celebrado 7, bien por la
inejecución total de la obligación pactada o su ejecución defectuosa o tardía , sin que
medie una causal de exoneración, de conformidad con las circunstancias particulares
del caso y las condiciones pactadas en el respectivo negocio jurídico.
Precisamente al analizar la constitucionalidad del artículo 50 de la Ley 80 de 19938, la
Corte Constitucional en la sentencia C-333 de 1996, tras reconocer que el artículo 90
de la Carta Política constituye el tronco en el que se fundamenta la responsabilidad
patrimonial del Estado , tanto contractual como extracontractual, justamente recordó
que en ambos escenarios se requieren las dos condiciones mencionadas para que
opere la responsabilidad del Estado.
En efecto, sobre el particular la sentencia sostuvo:
“Ahora bien, como se ve, el actual mandato constitucional es no sólo imperativo -ya que
ordena al Estado responder- sino que no establece distinciones según los ámbitos de
actuación de las autoridades públicas. En efecto, la norma simplemente establece dos
6 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-892 de 2001 y Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia
del 22 de julio de 2009, Ra.:17552.
7 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de agosto de 2010, Rad.:18499.
8 "Artículo 50. -De la responsabilidad de las entidades estatales. Las entidades responderán por las
actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones antijurídicos que les sean imputables y que causen
perjuicio a sus contratistas. En tales casos deberán indemnizar la disminución patrimonial que se
ocasione, la prolongación de la misma y la ganancia, beneficio o provecho dejados de percibir por el
contratista"
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requisitos para que opere la responsabilidad, a saber, que haya un daño antijurídico y
que éste sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública. Pero el artículo
90 no restringe esta responsabilidad patrimonial al campo extracontractual sino que
consagra un régimen general, por lo cual la Corte no considera de recibo el argumento
de uno de los intervinientes, según el cual la noción de daño antijurídico no es aplicable
en el ámbito contractual. Por e l contrario, para esta Corporación el inciso primero del
artículo 90 consagra la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado y
comprende por ende no sólo la responsabilidad extracontractual sino también el
sistema de responsabilidad precontractual (derivado de la ruptura de la relación jurídico-
administrativa precontractual) así como también la responsabilidad patrimonial del
Estado de carácter contractual.
“La Corte Constitucional coincide entonces con los criterios desarrollados por la Sección
Tercera del Consejo de Estado, juez especializado en este campo. En efecto, según
esa Corporación, los criterios lentamente construidos por la jurisprudencia en materia
de responsabilidad del Estado han recibido una expresión c onstitucional firme en el
artículo 90, que representa entonces "la consagración de un principio constitucional
constitutivo de la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado, tanto la
de naturaleza contractual como la extracontractual" 9. Po r ello
Se muestran los primeros 10.000 caracteres. El PDF oficial tiene el texto completo.