Radicación: 54001-23-33-000-2019-00143-01 (72823)
Demandante: Unión Temporal Adriana
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Controversias contractuales
Radicación: 54001-23-33-000-2019-00143-01 (72823)
Demandante: Unión Temporal Adriana
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional y otro
El despacho resuelve la solicitud probatoria formulada por la parte actora en el
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.
I. ANTECEDENTES
1. El 17 de mayo de 20191 la Unión Temporal Adriana2, por conducto de apoderado
judicial y en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, presentó
demanda3 contra la Policía Nacional y Seguros Generales Suramericana, con el fin
de que se declarara la existencia y terminación del contrato de interventoría PN -
DIRAF No. 06 -3-10169-16 y la nulidad de las resoluciones Nos. 0969 de 2018 y
1013 de 2018 expedidas durante su ejecución, se ordenara la liquidación judicial de
dicho negocio jurídico y, consecuentemente, se condenara a los sujetos accionados
a reconocerle y pagarle la indemnización de los perjuicios causados.
2. Surtido el trámite procesal correspondiente , mediante sentencia de primera
instancia del 27 de marzo de 2025 4, el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander negó las pretensiones de la demanda, al considerar que la parte actora
no desvirtuó la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados
en tanto no demostró la configuración de las causales de nulidad alegadas.
3. El 21 de abril de 2025 5 la parte accionante interpuso recurso de apelación en
contra de la anterior decisión para que fuera revocada y, en su lugar, se accediera
a las pretensiones de la demanda.
1 Página 14 del archivo “28ED_001Demandapdf(.pdf) NroActua 16” y archivo
“26ED_003ActaRepartopdf(.pdf) NroActua 16”, obrantes en el índice 16 de Samai – Tribunal.
2 Representada por Hency Soto Galván y conformada por Dacax S.A.S. y Juan Carlos Jaimes Acero.
3 Páginas 1 a 14 del archivo “28ED_001Demandapdf(.pdf) NroActua 16” obrante en el índice 16 de
Samai – Tribunal.
4 Índice 18 de Samai – Tribunal.
5 Índice 21 de Samai – Tribunal.
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Además de plantear sus inconformidades contra la sentencia de primer grado, y con
la finalidad de ofrecer sustento probatorio a sus argumentos, la parte demandante
adjuntó6 al recurso de alzada y solicitó el decreto de “los informes de la UT Sardinata
de fecha 3 de abril del 2017 y de la UT Adriana adiado 7 de octubre del 2017 ”
porque, en su criterio, “a pesar de haberse pedido en primera [instancia] no se tuvo
en cuenta lo que de ellos se desprende”.
4. El 24 de abril de 2025 7 la parte demandante, en escrito que presentó para
“adicionar” el recurso de apelación formulado y soportar sus cuestionamientos al
fallo, solicitó la incorporación de los documentos que había anexado a su
impugnación y otros que aportaba8 en esta oportunidad, los cuales enunció así: i)
informe de la UT Sardinata dirigido a la interventoría y a la Policía Nacional, de fecha
3 de abril de 2017, sobre la inversión del anticipo; ii) informe de la UT Adriana
dirigido a la supervisión del contrato de interventoría, de fecha 7 de octubre de 2017;
iii) oficio INT.-CONT.OBRA-19-2017 de la interventoría dirigido a la UT Sardinata,
de fecha 10 de marzo de 2017; y iv) informe mensual de interventoría No. 5,
correspondiente a marzo de 2017.
5. Por auto del 6 de mayo de 20259 el Tribunal concedió en el efecto suspensivo el
recurso de apelación interpuesto y su “adición”, el cual fue admitido por el Consejo
de Estado en providencia del 4 de junio de 202510.
II. CONSIDERACIONES
1. Régimen aplicable
Al sub júdice le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la
fecha de presentación de la demanda -el 17 de mayo de 2019 -, las cuales
corresponden a las contenidas en la Ley 1437 de 2011 (CPACA) 11, con las
modificaciones establecidas en la Ley 2080 de 2021 12, según lo previsto en el
artículo 86 de la citada reforma 13. Asimismo, resultan aplicables las normas de la
6 Páginas 18 a 24 del recurso de apelación.
7 Índice 22 de Samai – Tribunal.
8 Páginas 18 a 128 de la “adición” al recurso de apelación.
9 Índice 24 de Samai – Tribunal.
10 Índice 3 de Samai.
11 “Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2)
de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien,
así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia
(…)”.
12 Publicada el 25 de enero de 2021 (Diario Oficial No. 51.568).
13 “Artículo 86. Régimen de vigencia y transición normativa. La presente ley rige a partir de su
publicación (…)
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Ley 1564 de 2012 (CGP), en virtud de la integración dispuesta en el artículo 306 14
del primer estatuto mencionado.
2. Solicitud probatoria
El artículo 21215 (inciso 4°) del CPACA prevé la posibilidad excepcional de practicar
pruebas en segunda instancia, las cuales deberán ser pedidas por las partes dentro
del término de ejecutoria del auto que admita el recurso de apelación.
Además, para que su decreto resulte procedente, es necesario que se satisfaga
alguno de los supuestos que taxativamente establece el artículo 212 ejúsdem16, es
decir, cuando: i) las partes las pidan de común acuerdo; ii) decretadas en primera
instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió, pero sólo con
el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su
perfeccionamiento; iii) versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la
oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero sólo para demostrar o
desvirtuar estos hechos; iv) se trate de pruebas que no pudieron pedirse en primera
instancia por fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria y; v) se trate de
desvirtuar las pruebas a las que aluden los dos numerales anteriores, las que
deberán pedirse dentro de la ejecutoria del auto que las decreta.
De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código
General del Proceso, las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las
anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los
procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011 (…)”.
14 “Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá
el Código de Procedimiento Civil [actualmente Código General del Proceso] en lo que sea compatible
con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo”.
15 “Artículo 212. Oportunidades probatorias. Para que sean apreciadas por el juez las pruebas
deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades
señalados en este Código (…)
En segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el término de ejecutoria del
auto que admite el recurso, las partes podrán pedir pruebas , que se decretarán únicamente en
los siguientes casos (…)” (se destaca).
16 “Artículo 212. Oportunidades probatorias. (…)
En segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el término de ejecutoria del
auto que admite el recurso, las partes podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en
los siguientes casos:
1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo. En caso de que existan terceros diferentes al
simple coadyuvante o impugnante se requerirá su anuencia.
2. Cuando decretadas en la primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las
pidió, pero solo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su
perfeccionamiento.
3. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir
pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos.
4. Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia por fuerza mayor
o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
5. Cuando con ellas se trate de desvirtuar las pruebas de que tratan los numerales 3 y 4, las cuales
deberán solicitarse dentro del término de ejecutoria del auto que las decreta.
Parágrafo. Si las pruebas pedidas en segunda instancia fueren procedentes se decretará un término
para practicarlas que no podrá exceder de diez (10) días hábiles” (se destaca).
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Como consecuencia de lo anterior, no son procedentes las solicitudes mediante las
cuales los sujetos procesales pretendan subsanar el incumplimiento de sus deberes
y cargas procesales y probatorias, toda vez que “incumbe a las partes probar el
supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen”, al tenor de lo contemplado en el artículo 167 del CGP.
Asimismo, se pone de presente que, además de que las pruebas deben ser pedidas
dentro de la oportunidad legal prevista en el trámite de segunda instancia, su
admisibilidad está sometida a un doble examen, dado que, por una parte, debe
acreditarse que la pr ueba se ajusta a uno de los supuestos de procedencia
excepcional aludidos líneas atrás y, por otra parte, en virtud de la integración
normativa dispuesta en el artículo 211 del CPACA 17, es necesario que la prueba
reúna las exigencias generales a que se refiere el artículo 168 del
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