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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: debe aplicarse al proceso el régimen procesal vigente para la fecha de presentación de la demanda

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Fecha
2026-11-03
Radicado
54001233300020190014301
Número interno
72823
Ponente
NICOLÁS YEPES CORRALES
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
UNIÓN TEMPORAL ADRIANA
Demandado
POLICIA NACIONAL, SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: debe aplicarse al proceso el régimen procesal vigente para la fecha de presentación de la demanda

Regla de decisión

Debe aplicarse al proceso el régimen procesal vigente para la fecha de presentación de la demanda, con integración supletoria de las normas generales cuando resulte necesario.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Problema jurídico

¿Debe aplicarse al proceso el régimen procesal vigente para la fecha de presentación de la demanda, con integración supletoria de las normas generales cuando resulte necesario?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, art. 306
  • Ley 1564 de 2012
  • Ley 2080 de 2021, art. 86

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

NIEGA

Lo que dijo la Sala

Al sub júdice le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de presentación de la demanda -el 17 de mayo de 2019-, las cuales corresponden a las contenidas en la Ley 1437 de 2011 (CPACA), con las modificaciones establecidas en la Ley 2080 de 2021, según lo previsto en el artículo 86 de la citada reforma. Asimismo, resultan aplicables las normas de la Ley 1564 de 2012 (CGP), en virtud de la integración dispuesta en el artículo 306 del primer estatuto mencionado.

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Consejo de Estado 2024-10-25 Sección Tercera (Subsección A)
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Titulación de la relatoría 7.450 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / RÉGIMEN PROCESAL / VIGENCIA DE LA NORMA / LEY PROCESAL / VIGENCIA DE LA LEY PROCESAL / APLICACIÓN DE LA LEY PROCESAL / NORMA VIGENTE / INTEGRACIÓN NORMATIVA / DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA Problema jurídico: ¿Debe aplicarse al proceso el régimen procesal vigente para la fecha de presentación de la demanda, con integración supletoria de las normas generales cuando resulte necesario? Respuesta al problema jurídico: Si Al sub júdice le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de presentación de la demanda -el 17 de mayo de 2019-, las cuales corresponden a las contenidas en la Ley 1437 de 2011 (CPACA), con las modificaciones establecidas en la Ley 2080 de 2021, según lo previsto en el artículo 86 de la citada reforma. Asimismo, resultan aplicables las normas de la Ley 1564 de 2012 (CGP), en virtud de la integración dispuesta en el artículo 306 del primer estatuto mencionado. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 306, LEY 1564 DE 2012, LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 86 PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA / SOLICITUD DE PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA / DECRETO DE PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA / REQUISITOS DE LAS PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA / REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LAS PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA / OPORTUNIDAD DE LA SOLICITUD DE PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA / OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA / ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PRÁCTICA DE PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA Problema jurídico: ¿Está condicionado el decreto de pruebas en segunda instancia en el proceso contencioso administrativo a que su solicitud sea oportuna, se configure alguno de los supuestos excepcionales previstos en el artículo 212 del CPACA y se satisfagan los requisitos generales de admisibilidad probatoria? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 212 (inciso 4°) del CPACA prevé la posibilidad excepcional de practicar pruebas en segunda instancia, las cuales deberán ser pedidas por las partes dentro del término de ejecutoria del auto que admita el recurso de apelación. Además, para que su decreto resulte procedente, es necesario que se satisfaga alguno de los supuestos que taxativamente establece el artículo 212 ejúsdem, es decir, cuando: i) las partes las pidan de común acuerdo; ii) decretadas en primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió, pero sólo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento; iii) versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero sólo para demostrar o desvirtuar estos hechos; iv) se trate de pruebas que no pudieron pedirse en primera instancia por fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria y; v) se trate de desvirtuar las pruebas a las que aluden los dos numerales anteriores, las que deberán pedirse dentro de la ejecutoria del auto que las decreta. Como consecuencia de lo anterior, no son procedentes las solicitudes mediante las cuales los sujetos procesales pretendan subsanar el incumplimiento de sus deberes y cargas procesales y probatorias, toda vez que “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, al tenor de lo contemplado en el artículo 167 del CGP. Asimismo, se pone de presente que, además de que las pruebas deben ser pedidas dentro de la oportunidad legal prevista en el trámite de segunda instancia, su admisibilidad está sometida a un doble examen, dado que, por una parte, debe acreditarse que la prueba se ajusta a uno de los supuestos de procedencia excepcional aludidos líneas atrás y, por otra parte, en virtud de la integración normativa dispuesta en el artículo 211 del CPACA, es necesario que la prueba reúna las exigencias generales a que se refiere el artículo 168 del CGP, esto es, las de licitud, pertinencia, conducencia y utilidad. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 211, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 212, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 212 INCISO 4, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 168 PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA / SOLICITUD DE PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA / DECRETO DE PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CARGA ARGUMENTATIVA DE LA IMPUGNACIÓN / IMPROCEDENCIA DE LA PRUEBA / NEGACIÓN DE LA PRUEBA / NEGACIÓN DE PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA / ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA / UTILIDAD DE LA PRUEBA / DOCUMENTO / PRUEBA DOCUMENTAL / INCORPORACIÓN DE LA PRUEBA / RECURSO DE APELACIÓN / ADICIÓN DE LA PROVIDENCIA / SEGUNDA INSTANCIA / PRINCIPIO DE PRECLUSIÓN Problema jurídico: ¿Es procedente negar el decreto de pruebas documentales solicitadas en segunda instancia cuando la parte interesada omite identificar y sustentar la causal excepcional que habilita su incorporación, sin que corresponda al juez suplir dicha carga procesal? Respuesta al problema jurídico: Si En el sub lite, con su recurso de apelación y con su “adición”, la parte actora allegó algunos documentos relacionados con el contrato objeto de litigio y que pretende hacer valer como prueba en este proceso, para lo cual alegó que su contenido no había sido valorado por el Tribunal a quo. Lo anterior, con el propósito de sustentar probatoriamente los reparos esbozados en su impugnación. Pues bien, se observa que el extremo activo, más allá de aportar los mencionados documentos y solicitar su decreto para la resolución de la controversia en segunda instancia, en realidad no se ocupó de precisar ni de sustentar cuál es la causal en la que funda la petición probatoria que realizó en su recurso de alzada, lo que le impide a este despacho efectuar el correspondiente juicio de procedencia sobre los elementos de convicción que pretende incorporar al proceso. Al respecto, es pertinente resaltar que el decreto de pruebas en segunda instancia fue contemplado bajo unas causales de carácter taxativo, por lo que la parte interesada en que se adopte una decisión en ese sentido tiene la carga de indicar cuál es la causal que invoca y acreditar que su solicitud se enmarca en ella. En esa línea, es necesario señalar que al juzgador no le es dable suponer cuál es la hipótesis normativa en la que se apoya la parte solicitante para pedir el decreto de medios de prueba en esta instancia. Con fundamento en lo expuesto, es válido concluir que la falta de técnica y de precisión en la formulación de la petición objeto de análisis es suficiente para negarla, sin necesidad de emprender estudios adicionales. En todo caso, a juicio del despacho carecería de utilidad disponer el decreto de estos medios probatorios en segunda instancia, pues se advierte que los documentos adjuntos al recurso de apelación y a su “adición” fueron incorporados a este trámite judicial a través del oficio No. 023559 del 19 de julio de 2021, en el que, en virtud de la prueba decretada en la audiencia inicial del 6 de julio de 2021, la entidad pública demandada remitió al Tribunal “copia íntegra en medio digital [y] formato pdf de las actuaciones administrativas adelantadas por parte de la Dirección Administrativa y Financiera con ocasión al contrato en referencia”, documentación que, efectivamente, obra en el expediente digital contentivo de este proceso.
Texto extraído del PDF oficial 14.749 caracteres
Radicación: 54001-23-33-000-2019-00143-01 (72823) Demandante: Unión Temporal Adriana CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES Bogotá D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintiséis (2026) Referencia: Controversias contractuales Radicación: 54001-23-33-000-2019-00143-01 (72823) Demandante: Unión Temporal Adriana Demandada: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y otro El despacho resuelve la solicitud probatoria formulada por la parte actora en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. I. ANTECEDENTES 1. El 17 de mayo de 20191 la Unión Temporal Adriana2, por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, presentó demanda3 contra la Policía Nacional y Seguros Generales Suramericana, con el fin de que se declarara la existencia y terminación del contrato de interventoría PN - DIRAF No. 06 -3-10169-16 y la nulidad de las resoluciones Nos. 0969 de 2018 y 1013 de 2018 expedidas durante su ejecución, se ordenara la liquidación judicial de dicho negocio jurídico y, consecuentemente, se condenara a los sujetos accionados a reconocerle y pagarle la indemnización de los perjuicios causados. 2. Surtido el trámite procesal correspondiente , mediante sentencia de primera instancia del 27 de marzo de 2025 4, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander negó las pretensiones de la demanda, al considerar que la parte actora no desvirtuó la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados en tanto no demostró la configuración de las causales de nulidad alegadas. 3. El 21 de abril de 2025 5 la parte accionante interpuso recurso de apelación en contra de la anterior decisión para que fuera revocada y, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda. 1 Página 14 del archivo “28ED_001Demandapdf(.pdf) NroActua 16” y archivo “26ED_003ActaRepartopdf(.pdf) NroActua 16”, obrantes en el índice 16 de Samai – Tribunal. 2 Representada por Hency Soto Galván y conformada por Dacax S.A.S. y Juan Carlos Jaimes Acero. 3 Páginas 1 a 14 del archivo “28ED_001Demandapdf(.pdf) NroActua 16” obrante en el índice 16 de Samai – Tribunal. 4 Índice 18 de Samai – Tribunal. 5 Índice 21 de Samai – Tribunal. Radicación: 54001-23-33-000-2019-00143-01 (72823) Demandante: Unión Temporal Adriana 2 Además de plantear sus inconformidades contra la sentencia de primer grado, y con la finalidad de ofrecer sustento probatorio a sus argumentos, la parte demandante adjuntó6 al recurso de alzada y solicitó el decreto de “los informes de la UT Sardinata de fecha 3 de abril del 2017 y de la UT Adriana adiado 7 de octubre del 2017 ” porque, en su criterio, “a pesar de haberse pedido en primera [instancia] no se tuvo en cuenta lo que de ellos se desprende”. 4. El 24 de abril de 2025 7 la parte demandante, en escrito que presentó para “adicionar” el recurso de apelación formulado y soportar sus cuestionamientos al fallo, solicitó la incorporación de los documentos que había anexado a su impugnación y otros que aportaba8 en esta oportunidad, los cuales enunció así: i) informe de la UT Sardinata dirigido a la interventoría y a la Policía Nacional, de fecha 3 de abril de 2017, sobre la inversión del anticipo; ii) informe de la UT Adriana dirigido a la supervisión del contrato de interventoría, de fecha 7 de octubre de 2017; iii) oficio INT.-CONT.OBRA-19-2017 de la interventoría dirigido a la UT Sardinata, de fecha 10 de marzo de 2017; y iv) informe mensual de interventoría No. 5, correspondiente a marzo de 2017. 5. Por auto del 6 de mayo de 20259 el Tribunal concedió en el efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto y su “adición”, el cual fue admitido por el Consejo de Estado en providencia del 4 de junio de 202510. II. CONSIDERACIONES 1. Régimen aplicable Al sub júdice le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de presentación de la demanda -el 17 de mayo de 2019 -, las cuales corresponden a las contenidas en la Ley 1437 de 2011 (CPACA) 11, con las modificaciones establecidas en la Ley 2080 de 2021 12, según lo previsto en el artículo 86 de la citada reforma 13. Asimismo, resultan aplicables las normas de la 6 Páginas 18 a 24 del recurso de apelación. 7 Índice 22 de Samai – Tribunal. 8 Páginas 18 a 128 de la “adición” al recurso de apelación. 9 Índice 24 de Samai – Tribunal. 10 Índice 3 de Samai. 11 “Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia (…)”. 12 Publicada el 25 de enero de 2021 (Diario Oficial No. 51.568). 13 “Artículo 86. Régimen de vigencia y transición normativa. La presente ley rige a partir de su publicación (…) Radicación: 54001-23-33-000-2019-00143-01 (72823) Demandante: Unión Temporal Adriana 3 Ley 1564 de 2012 (CGP), en virtud de la integración dispuesta en el artículo 306 14 del primer estatuto mencionado. 2. Solicitud probatoria El artículo 21215 (inciso 4°) del CPACA prevé la posibilidad excepcional de practicar pruebas en segunda instancia, las cuales deberán ser pedidas por las partes dentro del término de ejecutoria del auto que admita el recurso de apelación. Además, para que su decreto resulte procedente, es necesario que se satisfaga alguno de los supuestos que taxativamente establece el artículo 212 ejúsdem16, es decir, cuando: i) las partes las pidan de común acuerdo; ii) decretadas en primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió, pero sólo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento; iii) versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero sólo para demostrar o desvirtuar estos hechos; iv) se trate de pruebas que no pudieron pedirse en primera instancia por fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria y; v) se trate de desvirtuar las pruebas a las que aluden los dos numerales anteriores, las que deberán pedirse dentro de la ejecutoria del auto que las decreta. De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011 (…)”. 14 “Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil [actualmente Código General del Proceso] en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”. 15 “Artículo 212. Oportunidades probatorias. Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados en este Código (…) En segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el término de ejecutoria del auto que admite el recurso, las partes podrán pedir pruebas , que se decretarán únicamente en los siguientes casos (…)” (se destaca). 16 “Artículo 212. Oportunidades probatorias. (…) En segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el término de ejecutoria del auto que admite el recurso, las partes podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en los siguientes casos: 1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo. En caso de que existan terceros diferentes al simple coadyuvante o impugnante se requerirá su anuencia. 2. Cuando decretadas en la primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió, pero solo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento. 3. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos. 4. Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. 5. Cuando con ellas se trate de desvirtuar las pruebas de que tratan los numerales 3 y 4, las cuales deberán solicitarse dentro del término de ejecutoria del auto que las decreta. Parágrafo. Si las pruebas pedidas en segunda instancia fueren procedentes se decretará un término para practicarlas que no podrá exceder de diez (10) días hábiles” (se destaca). Radicación: 54001-23-33-000-2019-00143-01 (72823) Demandante: Unión Temporal Adriana 4 Como consecuencia de lo anterior, no son procedentes las solicitudes mediante las cuales los sujetos procesales pretendan subsanar el incumplimiento de sus deberes y cargas procesales y probatorias, toda vez que “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, al tenor de lo contemplado en el artículo 167 del CGP. Asimismo, se pone de presente que, además de que las pruebas deben ser pedidas dentro de la oportunidad legal prevista en el trámite de segunda instancia, su admisibilidad está sometida a un doble examen, dado que, por una parte, debe acreditarse que la pr ueba se ajusta a uno de los supuestos de procedencia excepcional aludidos líneas atrás y, por otra parte, en virtud de la integración normativa dispuesta en el artículo 211 del CPACA 17, es necesario que la prueba reúna las exigencias generales a que se refiere el artículo 168 del

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=540012333000201900143011100103