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Consejo de Estado
Providencia
Debe aplicarse al proceso el régimen procesal vigente para la fecha de presentación de la demanda, con integración supletoria de las normas generales cuando resulte necesario.
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas
2026-11-03
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 54001233300020190014301
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe aplicarse al proceso el régimen procesal vigente para la fecha de presentación de la demanda, con integración supletoria de las normas generales cuando resulte necesario? Sí
Al sub júdice le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de presentación de la demanda -el 17 de mayo de 2019-, las cuales corresponden a las contenidas en la Ley 1437 de 2011 (CPACA), con las modificaciones establecidas en la Ley 2080 de 2021, según lo previsto en el artículo 86 de la citada reforma. Asimismo, resultan aplicables las normas de la Ley 1564 de 2012 (CGP), en virtud de la integración dispuesta en el artículo 306 del primer estatuto mencionado.
También resuelve:
¿Está condicionado el decreto de pruebas en segunda instancia en el proceso contencioso administrativo a que su solicitud sea oportuna…
¿Es procedente negar el decreto de pruebas documentales solicitadas en segunda instancia cuando la parte interesada omite identificar y sustentar la causal excepcional que habilita su incorporación…
NIEGA
Consejo de Estado
Providencia
La causal contenida en el numeral 2 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 dispone que el Laudo recurrido podrá ser anulado cuando exista “caducidad de la acción”.
Sentencia — Sentencia
2022-03-02
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 11001032600020210012300
RECURSO DE ANULACION LAUDO ARBITRAL
¿Es nulo el laudo arbitral cuando decide de fondo a pesar de que la acción ha caducado? Sí
El contratista no puede recurrir a la causal de anulación del laudo arbitral basada en la caducidad de la acción cuando el tribunal ha decidido de fondo sobre las pretensiones, incluso si la acción estaba caducada, y declara indebidamente la caducidad. La entidad estatal no puede alegar que el auto de unificación del Consejo de Estado no es un precedente obligatorio para el caso, ya que los hechos jurídicamente relevantes son similares y no ha habido cambios sustanciales en la legislación que afecten la interpretación del auto. Además, el tribunal arbitral y el juez de lo contencioso administrativo deben motivar sus decisiones en el mismo sistema de fuentes de derecho, incluyendo la jurisprudencia del Consejo de Estado, y el tribunal arbitral está obligado a seguir los precedentes judiciales, matizando la posibilidad de que el laudo pueda ser anulado si no se sigue esta regla.síntesis automática
También resuelve:
¿El auto de unificación sobre la reforma a la demanda proferido por el Consejo de Estado era un precedente obligatorio para la resolución del caso?
¿El juez de lo contencioso administrativo y el Tribunal Arbitral deben motivar su decisión en el mismo sistema de fuentes de derecho, incluyendo la jurisprudencia del Consejo de Estado?
¿Es nulo el laudo arbitral que decide sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros?
Consejo de Estado
Providencia
La jurisdicción contencioso administrativa es competente para evaluar la legalidad de los actos contractuales proferidos por empresas estatales.
Sentencia — Sentencia
2026-06-01
Sección Tercera (Subsección C)
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Rad. 05001233300020160107902
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se cumplen los presupuestos procesales de competencia y procedencia del medio de control, dado que el Consejo de Estado es competente por razón de la cuantía para resolver el recurso de apelación, y el medio de control de controversias contractuales es el adecuado para controvertir la legalidad de los actos administrativos contractuales? Sí
La jurisdicción contencioso administrativa ejerce control sobre la legalidad de los actos contractuales emitidos por las entidades públicas en el marco de sus negocios jurídicos de obra pública. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104 del CPACA, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde conocer del presente asunto, por cuanto la controversia sometida a juicio versa sobre la legalidad parcial de unos actos administrativos proferidos por una empresa industrial y comercial del Estado en el marco de un contrato celebrado con un consorcio. Por su parte, de conformidad con los artículos 150 y 152.5 del CPACA, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, tasando las costas y agencias en derecho según las tarifas aplicables.síntesis automática
También resuelve:
¿La demanda de controversias contractuales fue oportuna y, por tanto, no se configuró la caducidad del medio de control, dado que el término de dos años debía contabilizarse a partir de la firmeza de…
¿Se encuentra debidamente integrada la relación jurídico procesal, en la medida en que Seguros del Estado S.A. está legitimada por activa por haber expedido la póliza afectada con los actos…
¿El contrato de obra pública, celebrado entre la EDU y el consorcio Fronpeco para la construcción del Parque Biblioteca, se encontraba sometido al Estatuto General de Contratación de la…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: Aclaración voto
Aclaración voto — Aclaración de voto
2024-06-17
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 15001233300020170007602
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El análisis del trámite legislativo de la reforma a la Ley 1437 de 2011 era necesario para resolver la solicitud pruebas en segunda instancia? No
Aclaro mi voto, por el hecho de que el análisis del trámite legislativo de la reforma introducida por el artículo 53 de la Ley 2080 de 2021 al numeral 2 del artículo 212 del CPACA no era necesario para resolver el caso concreto y, además, porque no se comparte lo expuesto en la parte motiva de la decisión en cuanto a que la causal de prueba en segunda instancia solo podrá aplicarse cuando se refiera a una prueba decretada en primera instancia y que fue dejada de practicar sin culpa de la parte que la solicitó, pues, de la lectura literal de la norma ya referida es palmario que el legislador incorporó un supuesto de hecho adicional en el cual es procedente la solicitud de pruebas en segunda instancia, esto es, cuando fuere negado su decreto en primera instancia y, en ese orden, no es posible desatender su tenor literal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 57 de 1887.