CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veintiún (21) de octubre de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 05001-23-31-000-2002-01548-01 (61.420)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
Demandado: José de Jesús Morales Ramírez
Referencia: Repetición
Temas: ACCIÓN DE REPETICIÓN / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN – En el presente
caso la acción fue ejercida después de la o portunidad legal establecida para el
efecto.
Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, a través de la cual se declaró la caducidad de la acción.
El Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional pretende el reembolso de la
suma de dinero que pagó como consecuencia de un acuerdo conciliatorio que puso
fin a una demanda indemnizatoria por la muerte de un oficial causada por otro
uniformado con su arma de dotación oficial.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1. Como se ha indicado, corresponde a la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, el 7 de diciembre de 2017, mediante la cual se decidió
la demanda presentada el 20 de m arzo de 2002 1, por la Nación – Ministerio de
Defensa – Policía Nacional contra el señor José de Jesús Morales Ramírez, cuyas
pretensiones, hechos y fundamentos de derecho fueron los siguientes:
Pretensiones
2. Solicita que se condene al señor José de Jesús Morales Ramírez a reembolsar
ciento dos millones trescientos un mil quinientos treinta y siete pesos M/Cte.
($102’301.537) que tuvo que pagar como consecuencia del acuerdo conciliatorio
que celebró el 14 de mayo de 1998, aprobado por la Sección Tercera del Consejo
de Estado, para indemnizar los daños causados el 25 de septiembre de 1993.
Hechos
3. Se expuso que, el 25 de septiembre de 1993, José de Jesús Morales Ramírez,
quien estaba acompañado de otros agentes en la Escuela de Policía “ Carlos
1 Folio 20 c. 1.
Radicación: 05001-23-31-000-2002-01548-01 (61420)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
Demandado: José de Jesús Morales Ramírez
Referencia: Repetición
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Holguín”, de forma imprudente accionó el arma de dotación y le propinó un disparo
en la frente al agente Cruz Alegría, causándole la muerte.
4. Por estos hechos, los familiares del agente fallecido demandaron a la referida
institución la indemnización de perjuicios, pret ensiones que fueron conciliadas por
la entidad el 14 de mayo de 1998, por el valor citado atrás, acuerdo que fue
aprobado el 19 de mayo de ese año por la Sección Tercera del Consejo de Estado.
5. Con el fin de cumplir lo pactado, la entidad expidió la Resolución 4486 de 1999,
a través de la cual ordenó el pago de la suma mencionada, el cual se hizo efectivo
el 22 de marzo de 20002.
Fundamentos de derecho
6. La entidad demandante indicó que el agente José de Jesús Morales Ramírez
no fue vinculado al proceso de reparación directa que culminó con el acuerdo
conciliatorio y que, como consecuencia, procedía en su contra la acción de
repetición, con el fin de que reembolsara el valor pagado a los familiares del agente
fallecido, en virtud del mandato const itucional del inciso segundo del artículo 90
superior. En la demanda no se ofreció ninguna argumentación o análisis sobre la
conducta del agente o su cualificación3.
La defensa
7. La demanda fue admitida y notificada por edicto emplazatorio . Dada la falta de
comparecencia del demandado, se le designó curador ad litem 4, quien en su
defensa se opuso a las pretensiones de la demandante y expresó que no existió
culpa grave o dolo en el actuar del señor Morales Ramírez, pues su conducta
representó un simple error de juicio5.
Los alegatos
8. Vencida la etapa probatoria6, La entidad demandante solicitó que se accediera
a las pretensiones, en consideración a que las pruebas del proceso de reparación
directa (que no fueron allegadas ni incluidas al proceso) demostraban que el
comportamiento del agente Morales Ramírez había sido gravemente culposo, pues
2 Folios 10 y 11 c. 1.
3 Folio 11 c. 1.
4 Folio 59 c. 1.
5 Folios 126 a 129 c. 1.
6 Mediante auto del 24 de abril de 2017, el a quo tuvo como prueba las documentales allegadas por la
demandante (Resolución 4486 de 1999 y comprobante de egreso) y, a petición de ésta, requirió a la Dirección
General de la Policía Nacional para que hiciera constar el tipo de vinculación, el tiempo de permanencia y la
fecha de ingreso del demandado, lo cual fue cumplido parcialmente pues solo se recaudó el extracto de hoja de
vida; de otro lado, aunque la entidad actora solicitó al tribunal el traslado e integración del expediente del proceso
de reparación directa tramitado por los hechos del 25 de septiembre de 1993, no obstante tal prueba no se
recaudó y se declaró el desistimiento tácito de la misma, en tanto la actora no entregó la indicación precisa del
proceso para su plena identificación.
Radicación: 05001-23-31-000-2002-01548-01 (61420)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
Demandado: José de Jesús Morales Ramírez
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desatendió las normas que regulan el uso de armas de fuego y, como
consecuencia, causó la muerte a un compañero, condición que, sumada a los
requisitos de existencia de una condena o conciliación y el correspondiente pago,
daban lugar a la prosperidad de la acción reversiva7.
9. El Ministerio Público señaló que la acción estaba caducada, en atención a las
fechas en las que se produjo la ejecutoria de la aprobación judicial del acuerdo
conciliatorio, el pago efectivo y la presentación de la demanda8.
La decisión recurrida
10. Al dictar sentencia, el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la caducidad
de la acción. Explicó que el auto del 14 de mayo de 1998 por el cual la Sección
Tercera del Consejo de Estado aprobó el acuerdo conciliatorio de esa misma fecha,
quedó ejecutado el 19 de mayo de 1998, razón por la cual la entidad demandante
tenía plazo para satisfacer la obligación de pago hasta el 19 de noviembre de 1999,
conforme con los presupuestos de la Ley 678 de 2001, pero co mo lo hizo el 23 de
marzo de 2000, no podía tenerse en cuenta la fecha de pago, sino el vencimiento
del plazo para efectos del cómputo de la caducidad, la que, por tanto, vencía el 20
de noviembre de 2001. Así, dado que la demanda se radicó el 20 de marzo de 2002,
concluyó que resultó extemporánea9.
II. EL RECURSO INTERPUESTO
Sustentación del recurso de apelación
11. La entidad demandante formuló recurso de alzada contra la sentencia de
primera instancia y solicitó su revocatoria al estimar que existió una indebida
aplicación de las normas de caducidad, pues, conforme con la Ley 678 de 2001, el
plazo extintivo debía empezar a correr desde el día siguiente al pago total, incluso
si éste se hizo en cuotas; en este sentido, afirmó que el pago finalizó el 22 de marzo
de 2000, por lo que la demanda presentada el 20 de marzo de 2002, era oportuna.
Adicionalmente, calificó como procedentes sus pretensiones, dado que estaban
acreditados los presupuestos objetivos y subjetivos de la acción de repetición10.
Alegatos de segunda instancia
12. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio11.
21. CONSIDERACIONES
13. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia,
procede la Sala a resolver el recurso de apelación indicado.
7 Folios 146 a 149 c. 1.
8 Folios 151 a 153 c. 1.
9 Folios 157 a 160 c. principal.
10 Folios 162 a 166 c. principal.
11 Folio 174 c. principal.
Radicación: 05001-23-31-000-2002-01548-01 (61420)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
Demandado: José de Jesús Morales Ramírez
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El objeto del recurso
14. El punto central de la apelación se circunscribe a determinar si, como lo afirma
el demandante, el a quo incurrió en una indebida aplicación de la normativa de
caducidad de la acción de repetición. Para estos efectos, la Sala explicará las
normas que la gobiernan y hará una revisión de su aplicación frente al asunto, a fin
de definir si hay lugar a revocar la decisión recurrida y, entonces, analizar el fondo
del caso.
Del marco jurídico aplicable
21. En este caso, se deben diferenciar varios momentos: Por un lado, los hechos
que se invocan como fundamento de la acción de repetición ocurrieron antes de la
entrada en rigor de la Ley 678 de 2001, pues acaecieron el 25 de septiembre de
1993, cuando falleció el señor Robert Augusto Cruz Alegría como consecuencia del
disparo que recibiera del arma de fuego percutida por el señor José de Jesús
Morales Ramírez. Asimismo, el proceso de reparación directa que terminó con el
acuerdo conciliatorio del 14 de mayo de 1998 se tramitó bajo las reglas del Código
Contencioso Administrativo, por lo que el término para verificar la oportunidad del
pago del citado acuerdo es el consagrado en esa codificación. Y, finalmente, en
relación con la caducidad de la acción de repetición, el estudio debe adelantarse
conforme con las previsio nes del Código Contencioso Administrativo, en razón a
que la fecha para pago (el 19 de noviembre de 1999) como el pago mismo (22 de
marzo de 2000) se ejecutaron en vigencia de esta normativa, sin perjuicio de que
los demás aspectos adjetivos de la demanda y su trámite se hubieran regido por las
disposiciones de la Ley 678 de 2001, toda vez que ya había entrado en rigor para
la fecha en que la entidad presentó la demanda (20 de marzo de 2002).
De la caducidad de la acción de repetición
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