Síntesis de la providencia
Consejo de Estado: no debe el juez de segunda instancia evaluar los fundamentos del recurso de apelación que comportan una variación
Lo que dijo la Sala
Es pertinente en esta oportunidad reiterar y recalcar que, de conformidad con lo establecido en el numeral 1º del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con lo previsto en el artículo 320 de la Ley 1564 de 2012, quien pretenda impugnar una decisión judicial debe cumplir con la carga de sustentar su recurso a través del señalamiento de razones que debatan el acierto de la decisión, en la medida que la apelación es un mecanismo de control que busca garantizar la doble instancia, en tanto está instituido para controvertir las decisiones judiciales que no se ajusten al ordenamiento jurídico con el objeto de que puedan ser corregidas; por ello, se parte del hecho de que el proceso ha transitado por las etapas probatorias, de contradicción y alegaciones, que evaluadas por el a quo soportan su decisión, por lo cual el conflicto no puede trasladarse al juez de la segunda instancia en su estado primigenio.… De esta manera…
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Síntesis síntesis automática
El juez de segunda instancia no debe evaluar los fundamentos del recurso de apelación que comportan una variación de la causa petendi o que no constituyan un reparo concreto frente a las razones de la decisión del juez de primera instancia, ya que la apelación debe sustentarse con argumentos que debatan el acierto de la decisión impugnada y no con expresiones genéricas o vagas. La Sala reitera que el recurrente debe confrontar los argumentos del a quo con sus propios argumentos oponiéndose a sus conclusiones, y no puede el juez de segunda instancia construir los motivos de disenso, pues esto vulneraría el principio de imparcialidad y el derecho al debido proceso de la contraparte. En el caso analizado, la Fiduprevisora no cumplió adecuadamente la carga de sustentar la impugnación, al reproducir literalmente la contestación de la demanda y añadir argumentos sin relación con la decisión impugnada, por lo que se confirma el fallo recurrido.
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Problema jurídico
¿Debe el juez de segunda instancia evaluar los fundamentos del recurso de apelación que comportan una variación de la causa petendi, o aquellos que no constituyan un reparo concreto frente a las razones de la decisión empleadas por el a quo en la primera instancia?
Respuesta: No
Fundamentos
- Ley 1437 de 2011, art. 247 núm. 1
- Ley 1564 de 2012, art. 320
También resuelve
- ¿Resulta procedente condenar en costas a la parte a la que se le resuelve de forma desfavorable el recurso de apelación?
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Titulación de la relatoría 8.591 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / REQUISITOS DE LA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / INDEBIDA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA DEL RECURSO DE APELACIÓN / PRINCIPIO DE SUSTENTACIÓN SUFICIENTE / CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA / APRECIACIÓN DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / NEGACIÓN DE LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA / NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN
Problema jurídico:
¿Debe el juez de segunda instancia evaluar los fundamentos del recurso de apelación que comportan una variación de la causa petendi, o aquellos que no constituyan un reparo concreto frente a las razones de la decisión empleadas por el a quo en la primera instancia?
Respuesta al problema jurídico: No
Es pertinente en esta oportunidad reiterar y recalcar que, de conformidad con lo establecido en el numeral 1º del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con lo previsto en el artículo 320 de la Ley 1564 de 2012, quien pretenda impugnar una decisión judicial debe cumplir con la carga de sustentar su recurso a través del señalamiento de razones que debatan el acierto de la decisión, en la medida que la apelación es un mecanismo de control que busca garantizar la doble instancia, en tanto está instituido para controvertir las decisiones judiciales que no se ajusten al ordenamiento jurídico con el objeto de que puedan ser corregidas; por ello, se parte del hecho de que el proceso ha transitado por las etapas probatorias, de contradicción y alegaciones, que evaluadas por el a quo soportan su decisión, por lo cual el conflicto no puede trasladarse al juez de la segunda instancia en su estado primigenio. (...) De esta manera, frente a su desacuerdo, corresponde al apelante confrontar los argumentos del juez de primera instancia con el enunciado de los argumentos que se opongan a sus conclusiones para que sea el ad quem quien determine la corrección de la decisión que se impugna, por lo cual la carga de la sustentación no se cumple con la manifestación de expresiones genéricas y vagas que no confronten la determinación judicial, ni con la mera reiteración de los aspectos que se hubieren planteado en la primera instancia, pues aunque la ley no exige que la sustentación sea extensa, sí obliga a que los fundamentos que se expongan develen los motivos que conducen al recurrente a considerar que lo decidido en primera instancia resulta desacertado de cara al ordenamiento jurídico, más allá de la valoración subjetiva de oposición que subyace cuando la decisión no se aviene a sus intereses. (...) No por otra razón, los motivos de inconformidad que debe contener el recurso de apelación constituyen el insumo que el recurrente debe ofrecer al juez de la segunda instancia para que éste aborde el análisis de corrección de la decisión que se impugne, pues al ad quem no le está dado construir los motivos de disenso; si lo hiciera, vulneraría el principio de imparcialidad y el derecho al debido proceso de la contraparte. (...) En el caso bajo análisis, la Sala observa que, (...) el recurso de apelación que presentó la Fiduprevisora corresponde a una transcripción literal de la contestación de la demanda, por lo cual no es posible extraer razones de disenso frente a los argumentos vertidos en la sentencia recurrida; de ahí que tenga que concluirse que la recurrente no cumplió adecuadamente la carga de sustentar la impugnación, pues los argumentos que tomó literalmente de la contestación de la demanda no versan sobre los fundamentos de la sentencia que se emitió con posterioridad a su presentación y las ideas que se expresaron en los párrafos nuevos que se incluyeron en el recurso no hacen referencia específica y concreta a los argumentos en los que se soportó la decisión impugnada. (...) De manera que, además de que se trata de una transliteración de la contestación de la demanda, no es posible establecer un punto de conexión con el argumento que soportó la decisión del a quo, no solo porque se planteó de manera previa a que el fallo se expidiera, sino porque no está encaminado a debatir que la solicitud de conciliación prejudicial que suspendió el término de caducidad no operó de la misma forma respecto del plazo para adoptar la liquidación, ni ningún otro aspecto que pudiera refutar el argumento del Tribunal. (...) Lo expresado muestra con claridad que la recurrente no presentó ninguna tesis de confrontación tendiente a debatir la corrección de la sentencia en lo que estimaba pudo afectarlo, puesto que se limitó a reproducir literalmente los argumentos de su contestación y a añadir algunos que no tienen relación con la razón de la decisión a la que se opone, lo que obliga a confirmar el fallo recurrido ante la falta de planteamientos que lo censuren.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca del marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia y el deber de sustentación del recurrente, consultar providencias de 24 de septiembre de 2020, Exp. 44707, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; de 20 de mayo de 2022, Exp. 53800, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; de 6 de julio de 2022, Exp. 54666, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; de 30 de septiembre de 2024, Exp. 67981, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; y de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto de 30 de agosto de 1984, Gaceta Judicial 2415, M.P. Humberto Murcia Ballén.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 247 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 320
CONDENA EN COSTAS / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Resulta procedente condenar en costas a la parte a la que se le resuelve de forma desfavorable el recurso de apelación?
Respuesta al problema jurídico: Si
Dado que a este proceso se aplica el artículo 188 del CPACA, de conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso, la Sala condenará en costas a la parte demandada en la medida que su recurso de apelación no pudo prosperar (numeral 1). Se advierte que, bajo las reglas del código en cita, la condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a la cual se le imponen, toda vez que dicha condena se determina con fundamento en un criterio netamente objetivo, en este caso frente a la parte que ha resultado vencida, “siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley”. (...) La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que dispone el artículo 366 del Código General del Proceso. (...) En relación con las agencias en derecho, se pone de presente que se regirán por el Acuerdo 1887 de 2003, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda. De conformidad con su artículo tercero, en la fijación de las tarifas en los asuntos contencioso administrativos, debe tenerse en cuenta la naturaleza, la calidad y la duración útil de la gestión realizada por el apoderado, así como la cuantía de la pretensión y demás circunstancias relevantes. (...) En los términos del artículo 6 del aludido acuerdo, deben fijarse las agencias en derecho de la segunda instancia en un porcentaje de hasta el 5% del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia. Bajo este escenario, se determinarán las agencias en derecho por esta instancia en cinco millones quinientos ochenta y dos mil setecientos cuarenta y tres pesos ($5’582.743), correspondiente al 0.1% del valor establecido en la Resolución 007 del 5 de abril de 2013 por medio del cual se adoptó la liquidación unilateral del contrato, en tanto se mantiene la decisión del a quo de declarar su nulidad.
FUENTE FORMAL:
ACUERDO 1887 DE 2003 - ARTÍCULO 3, ACUERDO 1887 DE 2003 - ARTÍCULO 6, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1