Síntesis de la providencia
Salvamento de voto: no puede considerarse como suficiente que la entidad contratante pida que se liquide el contrato y el juez
Lo que dijo la Sala
La entidad contratante contaba con las facultades legales para declarar los incumplimientos del contratista, imponer la cláusula penal y liquidar el contrato mediante la expedición de un acto administrativo en uso de las facultades excepcionales que la ley le otorga para estos efectos. Y podía ejercerlas incluso luego de que el contrato terminara y antes de que fuera liquidado; también podía, mediante este expediente, declarar la ocurrencia el siniestro e imponerle obligaciones a la aseguradora. La entidad contratante inició el procedimiento administrativo para hacerlo; sin embargo, decidió no terminarlo y optó por acudir al juez del contrato para solicitar que este hiciera tales declaraciones.
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Problema jurídico
¿La entidad contratante no cumplió con la carga de demostrar el incumplimiento de las obligaciones del contrato por parte del contratista, no probó el incumplimiento de los demandados en relación con la solución del identificador electrónico, no probó los pagos por seguridad social; y estos son los incumplimientos con base en los cuales se le impone al Contratista la obligación de pagar la cláusula penal?
Respuesta: Si
También resuelve
- ¿No es claro que la cláusula penal proceda en caso de incumplimiento total o parcial del contrato?
- ¿Prescribió la garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes?
- ¿Sin que haya sido solicitado, no es procedente la condena a reintegrar rendimientos financieros que no se sabe si fueron restituidos, o no?
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Titulación de la relatoría 9.723 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
SALVAMENTO DE VOTO / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿La entidad contratante no cumplió con la carga de demostrar el incumplimiento de las obligaciones del contrato por parte del contratista, no probó el incumplimiento de los demandados en relación con la solución del identificador electrónico, no probó los pagos por seguridad social; y estos son los incumplimientos con base en los cuales se le impone al Contratista la obligación de pagar la cláusula penal?
Respuesta al problema jurídico: Si
La entidad contratante contaba con las facultades legales para declarar los incumplimientos del contratista, imponer la cláusula penal y liquidar el contrato mediante la expedición de un acto administrativo en uso de las facultades excepcionales que la ley le otorga para estos efectos. Y podía ejercerlas incluso luego de que el contrato terminara y antes de que fuera liquidado; también podía, mediante este expediente, declarar la ocurrencia el siniestro e imponerle obligaciones a la aseguradora. La entidad contratante inició el procedimiento administrativo para hacerlo; sin embargo, decidió no terminarlo y optó por acudir al juez del contrato para solicitar que este hiciera tales declaraciones. Al obrar de este modo debía cumplir las siguientes cargas: a.- Probar los incumplimientos ante el juez del contrato. b.- Evidenciar que tales incumplimientos, de acuerdo con el contrato, generaban como consecuencia la imposición de la cláusula pactada en el mismo. c.- En relación con la solicitud de "liquidar el contrato", debía suministrarle al juez los elementos de juicio necesarios para hacerlo señalando (con los medios de prueba correspondientes) las sumas de dinero que debían quedar a su favor como saldo del contrato. Y debía indicar esos rubros en las pretensiones de la demanda porque se trata de declaraciones de condena que se le van a imponer al Contratista, frente a las cuales él debe tener la oportunidad de pronunciarse y defenderse. No puede considerarse como suficiente que la entidad contratante pida que se liquide el contrato y el juez – como se hace en este caso – termine condenando al Contratista a pagar conceptos que no se pidieron puntualmente en las pretensiones de la demanda. 2.- La entidad contratante no cumplió con la carga de demostrar el incumplimiento de las obligaciones del contrato por parte del contratista. No probó el incumplimiento de los demandados en relación con la solución del identificador electrónico (1.1), ni de la seguridad social (1.2); y estos son los incumplimientos con base en los cuales se le impone al Contratista la obligación de pagar la cláusula penal.
SALVAMENTO DE VOTO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿No es claro que la cláusula penal proceda en caso de incumplimiento total o parcial del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
Luego de encontrar probado el incumplimiento, se hace efectiva la cláusula penal. Comparto algunas consideraciones acerca de la procedencia de la reducción en la cláusula penal. Particularmente que hay dos supuestos claros en los que no procedería la reducción de la cláusula penal: (i) cuando las obligaciones garantizadas son indivisibles o (ii) cuando se pacta expresamente que la pena se aplicará en caso de incumplimiento total o parcial. 10.- No obstante lo anterior, en este caso no es claro que la cláusula penal proceda en caso de incumplimiento total o parcial del contrato. El proyecto indica que "la cláusula penal no quedó sujeta a incumplimiento total del objeto del contrato sino al incumplimiento definitivo de las obligaciones, por tanto aplicable a cualquiera de ellas y no necesariamente al conjunto de todas ellas". (...) Como se puede observar se pactó que la cláusula procede ante el incumplimiento definitivo de "las obligaciones". La cuestión que no abordó la sentencia es si ello se interpreta como: (i) cualquiera de las obligaciones o (ii) todas las obligaciones. Considero que, luego de agotar los criterios interpretativos del Código Civil, el aplicable era el previsto en el inciso segundo del artículo 1624: "las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella, siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por ella". El contrato lo redactó la demandante y, ante la duda interpretativa, debe prevalecer la interpretación que cobijaba a todas las obligaciones. Por ende, debía aplicarse la reducción de la cláusula prevista en el artículo 1596 del Código Civil. A pesar de lo anterior, la sentencia estudia cada uno de los incumplimientos para ver si se podía reducir la cláusula penal. Esto no parece ser coherente porque, si consideraba que la cláusula penal procedía ante el incumplimiento cualquier obligación, la Sala no debía analizar la procedencia de la reducción. No comparto, en todo caso, el análisis que se realiza para indicar que no podía reducirse la cláusula penal.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1596, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1624
SALVAMENTO DE VOTO / PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO / TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO / CONTRATO DE SEGURO / PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO
Problema jurídico:
¿Prescribió la garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes?
Respuesta al problema jurídico: Si
Comparto que se señale que la garantía de cumplimiento prescribió. No obstante, ello también ocurrió en relación con la garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes. La prescripción empezó a correr desde que la entidad conoció que los bienes entregados debían ser corregidos, pues presentaban "15% defectos menores y cosméticos". Esto ocurrió el 7 de diciembre de 2010, cuando la entidad recibió la carta de garantía. El proyecto considera que ese conocimiento no era suficiente porque el contratista había indicado que haría ajustes durante 1 año y 45 días posteriores a la entrega del programa. Esto, sin embargo, no puede afectar a la aseguradora por una sencilla razón: el artículo 1081 del Código de Comercio no precisa un conocimiento especializado. En efecto, esa norma indica que "La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción". Es importante aclarar que el proyecto afirma que la entidad no pudo tener conocimiento antes del incumplimiento (...) Lo anterior, sin embargo, no es cierto. No se discute que el contratista se obligó a corregir las incidencias que presentara el software. Lo que la Sala debió tener en cuenta fue que, para efectos de la aseguradora —que había suscrito la póliza—, debía aplicarse el artículo 1081 del Código de Comercio y, por ende, contabilizar la prescripción desde el conocimiento, nada más. (...) Como se ve, admite dos asuntos que son contradictorios con lo indicado al analizar la reducción de la cláusula penal y la naturaleza del incumplimiento del demandado: 20.1.- Por un lado, señala que se demostró que el ítem se ejecutó parcialmente, a diferencia de los motivos planteados para no reducir la cláusula penal. 20.2.- Por el otro, se admite que dicha cláusula no era aplicable al software porque cubría perjuicios contractuales y la ausencia de corrección a las incidencias era un asunto poscontractual. Esto significa que tampoco podía hacerse efectiva al contratista. La Sala olvidó que las obligaciones accesorias siguen la suerte de la obligación principal: en esta materia no existe un fundamento válido para diferenciar el alcance de la cláusula pactada para el contratista (obligación principal) o para la aseguradora (obligación accesoria).
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1081
SALVAMENTO DE VOTO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / FALLO EXTRA PETITA
Problema jurídico:
¿Sin que haya sido solicitado, no es procedente la condena a reintegrar rendimientos financieros que no se sabe si fueron restituidos, o no?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]in que haya sido solicitado, se condena a reintegrar rendimientos financieros que no se sabe si fueron restituidos, o no. El proyecto indica que el informe de gestión del anticipo indicó que la cuenta "generó rendimientos por la suma de $84.158.106,67". Esta decisión es extra petita porque ese asunto ni siquiera fue debatido en el proceso. Además, si se quería demostrar que los rendimientos no se habían devuelto, la entidad debía haber formulado ese hecho en la demanda. Sin embargo, no lo hizo. (...) - Con la liquidación ordenada, la Sala se ocupa de los rendimientos, pero no del monto del anticipo que había en la cuenta. Esto ocurre por tomar decisiones frente asuntos que no fueron planteados en la controversia. Así, se desconoce si (i) la totalidad de lo que obraba en la cuenta del anticipo se entregó a la entidad, (ii) le adeudan únicamente el monto de los rendimientos financieros ($84.158.106,67), o (iii) no sólo no le pagaron los rendimientos sino también le adeudan el valor total de la cuenta ($486.223.089,82). Sin fundamento probatorio, la Sala se decanta por la segunda hipótesis. (...) Lo más grave de la decisión es que, como se indica en la sentencia, existe otro proceso en que se está discutiendo la liquidación judicial del contrato. Sin embargo, apartándose de las pruebas, la Sala adopta una decisión que genera efectos de cosa juzgada frente al anticipo y sus rendimientos financieros.