Síntesis de la providencia
Salvamento de voto: en el presente asunto operó la caducidad de la acción de controversias contractuales
Lo que dijo la Sala
En el presente asunto operó la caducidad de la acción de controversias contractuales, en efecto, la sentencia que anuló el contrato quedó ejecutoriada el 2 de septiembre de 2003, esto es, dentro del plazo de ejecución que culminaba en el año 2005, por lo tanto, a partir del día siguiente empezó a correr el término de caducidad porque, según lo previsto el numeral 10 (literal b) del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la caducidad de la acción para los contratos que no requieran de liquidación inicia a partir de su terminación por cualquier causa, en este caso, desde la anulación del contrato. En consecuencia, operó la caducidad de la acción debido a que entre el 3 de septiembre de 2003 –día siguiente a la terminación del contrato– y el 12 de diciembre de 2005 – presentación de la demanda– transcurrieron más de dos años.
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Problema jurídico
¿La caducidad de la acción para los contratos que no requieran de liquidación inicia a partir de su terminación por cualquier causa?
Respuesta: Si
También resuelve
- ¿Era improcedente el análisis sobre las restituciones mutuas pues todo lo relacionado con ese punto debió decidirse en el proceso en el que se declaró la nulidad del contrato?
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Titulación de la relatoría 4.557 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
SALVAMENTO DE VOTO / PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TERMINACIÓN DEL CONTRATO / NULIDAD DEL CONTRATO / NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA / CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / PROCEDENCIA DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN
Problema jurídico:
¿La caducidad de la acción para los contratos que no requieran de liquidación inicia a partir de su terminación por cualquier causa?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el presente asunto operó la caducidad de la acción de controversias contractuales, en efecto, la sentencia que anuló el contrato quedó ejecutoriada el 2 de septiembre de 2003, esto es, dentro del plazo de ejecución que culminaba en el año 2005, por lo tanto, a partir del día siguiente empezó a correr el término de caducidad porque, según lo previsto el numeral 10 (literal b) del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la caducidad de la acción para los contratos que no requieran de liquidación inicia a partir de su terminación por cualquier causa, en este caso, desde la anulación del contrato. En consecuencia, operó la caducidad de la acción debido a que entre el 3 de septiembre de 2003 –día siguiente a la terminación del contrato– y el 12 de diciembre de 2005 – presentación de la demanda– transcurrieron más de dos años. El contrato no requiere de liquidación, porque las partes no lo pactaron –el contrato no tiene ninguna cláusula en ese sentido– y, aunque intentaron liquidarlo bilateralmente después de su terminación, no es posible adicionar el plazo supletorio previsto en la ley para ese trámite –cuatro (4) meses–, debido a que este es un contrato sometido al derecho privado que solo debe ser liquidado cuando las partes así lo acuerdan y este no es el caso. Una vez termina el contrato no es posible escoger libremente el supuesto de caducidad aplicable, si el contrato no requería de liquidación los acercamientos de las partes para hacerla no varían la forma de contabilizar el término de caducidad, en efecto, si se adicionan cuatro (4) meses al cómputo por el solo hecho de que las partes intentaron hacer el cruce de cuentas en un contrato que no lo requería –porque no se pactó antes de que el contrato finalizara–, sería tanto como dejar al arbitrio de estas la definición del punto inicial de la caducidad que, como bien sabe, es un aspecto previa y expresamente regulado por el legislador, norma que por su carácter procesal es de orden público y de obligatorio cumplimiento.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 LITERAL B
SALVAMENTO DE VOTO / NULIDAD DEL CONTRATO / DECLARATORIA DE NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / RESTITUCIONES MUTUAS / IMPROCEDENCIA DE RESTITUCIONES MUTUAS
Problema jurídico:
¿Era improcedente el análisis sobre las restituciones mutuas pues todo lo relacionado con ese punto debió decidirse en el proceso en el que se declaró la nulidad del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]stimo que era improcedente el análisis sobre las restituciones mutuas pues, de conformidad con lo previsto en el artículo 1746 del Código Civil, todo lo relacionado con ese punto debió decidirse en el proceso en el que se declaró la nulidad del contrato. Si el interesado consideraba que procedían las restituciones mutuas debió apelar la sentencia que anuló el negocio y solicitar su reconocimiento; sin embargo, guardó silencio, esto es, procesalmente se mostró conforme con la decisión, por ende, perdió la posibilidad de ser restituido al estado anterior a la firma del contrato, su silencio no lo habilita para iniciar un nuevo proceso y pretender declaraciones que debieron hacerse en el primero; el fallo no debió estudiar este aspecto de la controversia pues, con ello abrió la posibilidad a que se puedan promover nuevos procesos por pretensiones o asuntos que debieron ser resueltos en uno anterior legalmente concluido y cuya decisión hizo tránsito a cosa juzgada.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la solicitud de restituciones mutuas por declaración de nulidad del contrato, consultar sentencia de 13 de abril de 2018, de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Exp. 2006-00210-01, M.P Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1746
Texto extraído del PDF oficial 5.632 caracteres
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, diecinueve (19) de octubre de dos mil veintidós (2022).
Magistrado ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA
Expediente: 25000-23-26-000-2005-02785-01 (43.048)
Demandante: CONSORCIO TM ASOCIADOS
Demandado: MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR
Medio de control: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
SALVAMENTO DE VOTO
Con el debido respeto por las decisiones de la Sala, me aparté de lo decidido toda vez
que, tal como lo manifesté durante la discusión del caso, considero que la sentencia debió
sustentarse en las siguientes razones:
1) En el presente asunto operó la caducidad de la acción de controversias contractuales,
en efecto, l a sentencia que anuló el contrato quedó ejecutoriada el 2 de septiembre de
2003, esto es, dentro del plazo de ejecución que culminaba en el año 2005, por lo tanto, a
partir del día siguiente empezó a correr el término de caducidad porque, según lo previsto
el numeral 10 (literal b) del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la
caducidad de la acción para los contratos que no requieran de liquidación inicia a partir de
su terminación por cualquier causa, en este caso, desde la anulación del contrato.
En consecuencia, operó la caducidad de la acción debido a que entre el 3 de septiembre
de 2003 –día siguiente a la terminación del contrato – y el 12 de diciembre de 2005 –
presentación de la demanda– transcurrieron más de dos años.
El contrato no requiere de liquidación , porque las partes no lo pactaron –el contrato no
tiene ninguna cláusula en ese sentido – y, aunque intentaron liquidarlo bilateralmente
después de su terminación, no es posible adicionar el plazo supletorio previsto en la ley
para ese trámite –cuatro (4) meses–, debido a que este es un contrato sometido al derecho
privado que solo debe ser liquidado cuando las partes así lo acuerdan y este no es el caso.
Una vez termina el contrato no es posible escoger lib remente el supuesto de caducidad
aplicable, si el contrato no requería de liquidación los acercamientos de las partes para
2
Expediente: 25000-23-26-000-2005-02785-01 (43.048)
Actor: Consorcio TM Asociados
Controversias contractuales
Salvamento de voto
hacerla no varían la forma de contabilizar el término de caducidad , en efecto, si se
adicionan cuatro (4) meses al cómputo por el solo hecho de que las partes intentaron hacer
el cruce de cuentas en un contrato que no lo requería –porque no se pactó antes de que
el contrato finalizara –, sería tanto como dejar al arbitrio de estas la definición del punto
inicial de la caducidad que, como bien sabe, es un aspecto previa y expresamente
regulado por el legislador, norma que por su carácter procesal es de orden público y de
obligatorio cumplimiento.
2) Adicionalmente, estimo que era improcedente el análisis sobre las restituciones mutuas
pues, de conformidad con lo previsto en el artículo 1746 1 del Código Civil, todo lo
relacionado con ese punto debió decidirse en el proceso en el que se declaró la nulidad
del contrato2.
Si el interesado consideraba que procedían las restituciones mutuas debió apelar la
sentencia que anuló el negocio y solicitar su reconocimiento; sin embargo, guardó silencio,
esto es, procesalmente se mostró conforme con la decisión, por ende, perdió la posibilidad
de ser restituido al estado anterior a la firma del contrato, su silencio no lo habilita para
iniciar un nuevo proceso y pretender declaraciones que debieron hacerse en el primero; el
fallo no debió estudiar este aspecto de la controversia pues, con ello abrió la posibilidad a
que se puedan promover nuevos procesos por pretensiones o asuntos que debieron ser
resueltos en uno anterior legalmente concluido y cuya decisión hizo tránsito a cosa
juzgada.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. El presente salvamento de voto fue firmado electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
1 “La nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada, da a las partes derecho para
ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo; sin perjuicio
de lo prevenido sobre el objeto o causa ilícita. En las restituciones mutuas que hayan de hacerse los
contratantes en virtud de este pronunciamiento, será cada cual responsable de la pérdida de las especies o
de su deterioro, de los intereses y frutos.”.
2 “[L]os efectos de la nulidad conllevan, entre otras secuelas, a retroceder las cosas al estado en que s e
hallaban al momento del acto o negocio descalificado, como si este no hubiera existido, en desarrollo de las
restituciones mutuas que, como también fue dilucidado (…) Devoluciones para cuya finalidad la
jurisprudencia tiene sentada la regla de actuación oficiosa del juez, «sobre la base de considerar que su
reclamo está incluido implícitamente en la pretensión de nulidad. Como lo ha venido exponiendo, ‘Declarada
judicialmente la nulidad de un contrato, las partes deben ser restituidas de jure al estado anterior, y por tanto,
la prestación respectiva, que conduce a que la restitución se verifique se debe también de jure, y procede
en ello oficiosamente la justicia sin necesidad de demanda.’”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Civil, sentencia del 13 de abril de 2018, exp. 2006-00210-01, MP Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo.