Titulación de la relatoría 9.007 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACLARACIÓN DE VOTO / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / FACULTADES DEL JUEZ ADMINISTRATIVO / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTROL DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO PRECONTRACTUAL / NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Problema jurídico:
¿Puede el juez administrativo abstenerse de estudiar la nulidad absoluta del contrato por la forma en que la pretensión fue formulada por la parte demandante?
Respuesta al problema jurídico: No
En primera medida, no comparto que se haya dejado de estudiar la eventual nulidad absoluta del contrato por tratarse de una pretensión presentada de manera consecuencial a aquella de la nulidad del acto de adjudicación. La razón de este alejamiento es precisa y tiene un claro sustento normativo: el artículo 141 del CPACA (...) la nulidad absoluta del contrato cuando esté plenamente demostrada en el proceso. De manera que, el estudio de la nulidad absoluta del contrato no puede hacerse depender de la técnica procesal empleada por un demandante, al punto de que se deje de estudiar por el simple hecho de haber sido presentada como consecuencia de otra pretensión. Este tipo de consideraciones desconoce que la nulidad absoluta del contrato es un fenómeno de orden público, de interés general, respecto del cual, el juez tiene el deber de examinarlo y, llegado el caso, declararlo, independientemente de si las partes lo solicitaron o de la manera como lo solicitaron. (...) Más significativo aún resulta el análisis efectuado sobre los efectos del RUP, cuyas consecuencias jurídicas en el tráfico administrativo, en particular, en los numerosos procedimientos de selección de contratistas que tienen lugar en el Estado colombiano, podrán resultar contraproducentes, como paso a explicarlo: En primer lugar, aunque se presentó como una postura minoritaria del ponente, en una nota a pie de página, la tesis sostenida sobre el llamado “contencioso subjetivo” para diferenciar el medio de control de nulidad y restablecimiento, de aquel que califica como “contencioso objetivo”, que sería el propio del medio de control de nulidad simple, desatiende una importante y muy clara concreción de la historia de nuestra Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en materia del control a los actos de la administración. Desatiende, en especial, el hecho de que la nulidad y restablecimiento del derecho supone, al igual que la nulidad simple, un estudio de legalidad sobre los actos administrativos demandados, esto es, en ese estricto sentido implica, también un contencioso objetivo, a tal punto que, en el caso de la nulidad y restablecimiento del derecho no se habla de un contencioso mixto. (...)No solo es muy discutible que las pretensiones de nulidad de un acto administrativo se deban hacer depender de que el demandante haya demostrado, previamente, que tenía derecho al restablecimiento del derecho, sino que las razones que fundamentan esa postura, por fortuna minoritaria y superada, son fácilmente descartables, una vez se conocen nuestros antecedentes jurisprudenciales. Hasta hoy, el estudio de la nulidad y el restablecimiento del derecho se ha efectuado en el mismo orden establecido por el legislador, no en un orden invertido, que desnaturalizaría la posibilidad de que el juez anule un acto administrativo porque están probadas las razones de su invalidez, por falsa motivación o incompetencia, por ejemplo, incluso aunque el proponente afectado no logre demostrar que tenía el derecho a que el contrato le fuera adjudicado. La inversión lógica de este estudio, además de profundizar en los problemas advertidos en muchas ocasiones sobre la atomización de los medios de control y la garantía constitucional de acceso a la administración de justicia y de la tutela judicial efectiva1, vaciaría de contenido, con fundamento en razones discutidas, poderes del juez de lo contencioso administrativo para el control del ejercicio del poder. (...) La postura del ponente desconoce, igualmente, que los actos precontractuales pueden ser objeto, de acuerdo con el CPACA, tanto de demandas de nulidad simple, como de nulidad y restablecimiento del derecho, en ambos casos, en el término de 4 meses, por lo que, no es difícil concluir que la intención del legislador fue la de permitir, de la manera más amplia posible, el control jurisdiccional de los actos previos al contrato, en vista de depurarlo antes de la celebración del negocio. Así, pretender que solamente se puede analizar la validez del acto administrativo, si se demuestra que tiene derecho al restablecimiento del derecho es, a su turno, un claro desconocimiento de la intención del legislador en materia de controversias precontractuales.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los medios de control y la garantía constitucional de acceso a la administración de justicia y de la tutela judicial efectiva, ver: Salvamento de voto a la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, del 2 de marzo de 2022, exp. 76001-23-31-000-2011-01067-01(51976), C. P. Fredy Hernando Ibarra Martínez.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141
ACLARACIÓN DE VOTO / REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES / CONTENIDO DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES / LÍMITES DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES / REQUISITOS PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES / REQUISITOS HABILITANTES DEL PROPONENTE
Problema jurídico:
¿Cesan los efectos del Registro Único de Proponentes cuando su renovación no se efectúa dentro del plazo legal y puede subsanarse posteriormente esa circunstancia cuando se trata de un requisito habilitante que no otorga puntaje?
Respuesta al problema jurídico: Si
Por otra parte, no menos importante y con consecuencias igualmente significativas, está el hecho de que la decisión haya concluido que el RUP existía y estaba en firme al momento de la presentación de la propuesta, pues, según la decisión, el demandante no probó que hubieran cesado sus efectos, constituyendo con esa postura una inquietante y difícil conclusión, cuyas consecuencias en los procedimientos de selección de contratistas serían muy perjudiciales, tanto para la entidades como para los distintos oferentes. (...) Según la decisión sobre la que aclaro el voto, (...) a diferencia de esta postura, y en una clara y concreta alineación con lo que señala nuestro ordenamiento jurídico (artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 8 del Decreto 1510 de 2013, aplicable al procedimiento de selección), la no renovación del RUP (...) hace que cesen sus efectos, lo que ocurre ex lege, por lo que la exigencia de probar la cesación de los efectos en cabeza del demandante se erige como un elemento imposible de prueba, frente a unos claros efectos establecidos por nuestro ordenamiento. (...) La decisión sobre la que aclaro el voto hizo una errada interpretación de un antecedente de esta misma Sala en el que se señaló que “la norma no establece que al vencimiento del plazo previsto en ella el acto de renovación deba estar en firme, por lo que de presentarse esta circunstancia no puede afirmarse que un proponente no tenga RUP vigente”. Esta particular consideración se predica de aquellos oferentes que hayan presentado, de manera oportuna, la información para renovar su registro de proponentes, pero cuya firmeza (de 10 días hábiles siguientes a la publicación, según lo dispone el artículo 6.3 de la Ley 1150 de 2007) no se ha producido al momento de presentar la propuesta. La distinción de los dos casos no es menor y sus consecuencias están lejos de ser anodinas. (...) A tal punto existió un entendimiento diverso de aquello que señala nuestro ordenamiento, que la sentencia sobre la que aclaro el voto concluyó que la inscripción del proponente ganador “conservaba su vigencia y firmeza” para el momento en el que se presentó la oferta, pues el demandante no había demostrado la cesación de los efectos. (...) Con todo, como lo señalé, compartí la decisión pues existía un camino menos espinoso, más concreto y franco para arribar a la misma conclusión. Se trata de la subsanabilidad de los requisitos habilitantes que no otorgan puntaje dentro de una oferta. Para entender que, en este caso, (...) no había que darle una vigencia retroactiva a registros del 2012 o del 2014, cuya reviviscencia fue decidida por la postura mayoritaria de la Sala, bastaba, simplemente, con tener presente que, al momento de evaluar las ofertas (...), si bien los efectos del RUP anterior había cesado, en todo caso, el nuevo registro de proponentes, que había sido renovado antes del cierre del proceso por uno de los miembros de la Unión Temporal ganador, cobró firmeza poco después del cierre, lo que, era plenamente válido de conformidad con la legislación (antes de la expedición de la Ley 1882 de 2018) y la jurisprudencia aplicable. Esto es, lo que ocurrió es que se subsanó un requisito que era perfectamente subsanable, al tratarse de un requisito que no otorgaba puntaje.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 6.3, LEY 1882 DE 2018
Texto extraído del PDF oficial 9.519 caracteres
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Diego Enrique Franco Victoria
Radicado: 18001-23-40-000-2016-00021-02 (72696)
Demandante: Consorcio Vías Caquetá 2015 y otros
Demandado: Departamento del Caquetá
Referencia: Controversias contractuales
Aclaración de voto de Alberto Montaña Plata
Compartí la decisión de negar las pretensiones de la demanda; sin embargo,
conservo significativas diferencias con la fundamentación de la sentencia y
con las razones que se expusieron para llegar a la decisión denegatoria.
La providencia se apartó de unos claros y concretos fundamentos normativos
y jurisprudenciales, quizás por una diferencia de interpretación o quizás porque
fueron desestimados; no obstante, en uno u otro caso, no se conocieron las
razones de ese apartamiento.
En primera medida, no comparto que se haya dejado de estudiar la eventual
nulidad absoluta del contrato por tratarse de una pretensión presentada de
manera consecuencial a aquella de la nulidad del acto de adjudicación. La
razón de este alejamiento es precisa y tiene un claro sustento normativo : el
artículo 141 del CPACA , que señala, de manera inequívoca, que el “ juez
administrativo podrá declara r de oficio” la nulidad absoluta del contrato
cuando esté plenamente demostrada en el proceso. De manera que, el
estudio de la nulidad absoluta del contrato no puede hacerse depender de la
técnica procesal empleada por un demandante, al punto de que se deje de
estudiar por el simple hecho de haber sido presentada como consecuencia
de otra pretensión . Este tipo de consideraciones desconoce que la nulidad
absoluta del contrato es un fenómeno de orden público, de interés general,
respecto del cual, el juez tiene el deber de examinarlo y, llegado el caso,
declararlo, independientemente de si las partes lo s olicitaron o de la manera
como lo solicitaron.
Más s ignificativo aún resulta el análisis efectuado sobre los efectos del RUP,
cuyas consecuencias jurídicas en el tráfico administrativo, en particular, en los
numerosos procedimientos de selección de contratistas que tienen lugar en el
Estado colombiano, podrán resultar contraproducentes, como paso a
explicarlo:
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En primer lugar, aunque se presentó como una postura minoritaria del ponente,
en una nota a pie de página, la tesis sostenida sobre el llamado “contencioso
subjetivo” para diferenciar el medio de control de nulidad y restablecimiento,
de aquel que califica como “ contencioso objetivo”, que sería el propio del
medio de control de nulidad simple, desatiende una importante y muy clara
concreción de la historia de nuestra Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo en materia del control a los actos de la administración.
Desatiende, en especial, el hecho de que la nulidad y restablecimiento del
derecho supone, al igual que la nulidad simple, un estudio de legalidad sobre
los actos administrativos demandados, esto es, en ese estricto sentido implica,
también un contencioso objetivo, a tal punto que, en el caso de la nulidad y
restablecimiento del derecho no se habla de un contencioso mixto.
No solo es muy discutible que las pretensiones de nulidad de un acto
administrativo se deban hacer depender de que el demandante haya
demostrado, previamente, que tenía derecho al restablecimiento del
derecho, sino que las razones que fundamentan esa postura, por fortuna
minoritaria y superada, son fácilmente descartables, una vez se conocen
nuestros antecedentes jurisprudenciales. Hasta hoy, el estudio de la nulidad y
el restablecimiento del derecho se ha efectuado en el mismo orden
establecido por el legislador, no en un orden invertido, que desnaturalizaría la
posibilidad de que el juez anule un acto administrativo porque están probadas
las razones de su invalidez, por falsa motivación o incompetencia, por ejemplo,
incluso aunque el proponente afectado no logr e demostrar que tenía el
derecho a que el contrato le fuera adjudicado . La inversión lógica de este
estudio, además de profundizar en los problemas advertidos en muchas
ocasiones sobre la atomización d e los medios de control y la garantía
constitucional de acceso a la administración de justicia y de la tutela judicial
efectiva1, vaciaría de contenido, con fundamento en razones discutidas,
poderes del juez de lo contencioso administrativo para el control del ejercicio
del poder.
La postura del ponente desconoce, igualmente, que los actos
precontractuales pueden ser objeto, de acuerdo con el CPACA, tanto de
demandas de nulidad simple, como de nulidad y restablecimiento del
derecho, en ambos casos, en el término de 4 meses, por lo q ue, no es difícil
concluir que la intención del legislador fue la de permitir, de la manera más
amplia posible, el control jurisdiccional de los actos previos al contrato, en vista
de depurarlo antes de la celebración del negocio. Así, pretender que
solamente se puede analizar la validez del acto administrativo, si se demuestra
que tiene derecho al r establecimiento del derecho es, a su turno, un claro
1 Salvamento de voto a la Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B, Sentencia de 2 de marzo de 2022, exp. 51976.
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desconocimiento de la intención del legislador en materia de controversias
precontractuales.
Por otra parte, no menos importante y con consecuencias igualmente
significativas, está el hecho de que la decisión haya concluido que el RUP
existía y estaba en firme al momento de la presentación de la propuesta, pues,
según la decisión, el demandante no probó que hubieran cesado sus efectos,
constituyendo con esa postura una inquietante y difícil conclusión, cuyas
consecuencias en los procedimientos de selección de contratistas serían muy
perjudiciales, tanto para la entidades como para los distintos oferentes.
Según la decisión sobre la que aclaro el voto, “la carga de probar la cesación
de efectos correspondía a la parte demandante”; sin embargo, a diferencia
de esta postura, y en una clara y concreta alineación con lo que señala
nuestro ordenamiento jurídico (artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 8 del
Decreto 1510 de 2013, aplicable al procedimiento de selección) , la no
renovación del RUP dentro “a más tardar el quinto día hábil del mes de abril
de cada año” hace que cesen sus efectos, lo que ocurre ex lege, por lo que
la exigencia de probar la cesación de los efectos en cabeza del demandante
se erige como un elemento imposible de prueba, frente a unos claros efectos
establecidos por nuestro ordenamiento.
La decisión sobre la que aclaro el voto hizo un a errada interpretación de un
antecedente de esta misma Sala en el que se señaló que “la norma no
establece que al vencimiento del plazo previsto en ella el acto de renovación
deba estar en firme, por lo que de presentarse esta circunstancia no puede
afirmarse que un proponente no tenga RUP vigente ”. E sta particular
consideración se predica de aquellos oferentes que hayan presentado, de
manera oportuna, la información para renovar su registro de proponentes ,
pero cuya firmeza (de 10 días hábiles siguientes a la publicación, según lo
dispone el artículo 6.3 de la Ley 1150 de 2007) no se ha producido al momento
de presentar la propuesta. La distinción de los dos casos no es menor y sus
consecuencias están lejos de ser anodinas.
A tal punto existió un entendimiento diverso de aquello que señala nuestro
ordenamiento, que la sentencia sobre la que aclaro el voto concluyó que la
inscripción del proponente ganador “conservaba su vigencia y firmeza” para
el momento en el que se presentó la oferta, pues el demandante no había
demostrado la cesación de los efectos.
Con todo, como lo señalé, compartí la decisión pues existía un camino menos
espinoso, más concreto y franco para arribar a la misma conclusión. Se trata
de la subsanabilidad de los requisitos habilitantes que no otorgan puntaje
dentro de una oferta . Para entender que , en este caso, “el certificado de
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Registro Único de Proponentes [era] plena prueba de las circunstancias que
en ella se hagan constar” y que no había que darle una vigencia retroactiva
a registros del 2012 o del 2014, cuya reviviscencia fue decidida por la postura
mayoritaria de la Sala , b astaba, simplemente, con tener presente que, al
momento de evaluar las ofertas (y a diferencia de los sostenido por la
Sentencia, cuando señaló que “ los efectos de la inscripción no cesaron ”), si
bien los efectos del RUP anterior había cesado, en todo caso, el nuevo registro
de proponentes, que había sido renovado antes del cierre del proceso por uno
de los miembros de la Unión Temporal ganador, cobró firmeza poco después
del cierre, lo que, era plenamente válido de conformidad con la legislación
(antes de la expedición de la Ley 1882 de 2018) y la jurisprudencia aplicable 2.
Esto es, lo que ocurrió es que se subsanó un requisito que era perfectamente
subsanable, al tratarse de un requisito que no otorgaba puntaje.
Firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 12 de junio de 2014, exp.
21324 y Sentencia de 12 de noviembre de 2014, exp. 27986.