Titulación de la relatoría 11.931 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / AUTO QUE APRUEBA EL ACUERDO DE CONCILIACIÓN
Problema jurídico:
¿Un auto que aprueba un acuerdo conciliatorio puede conllevar la estructuración de la presunción de culpa grave por violación manifiesta violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a presunción de culpa grave proveniente de la “violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho” puede estructurarse cuando la condena se fundamenta en una decisión adoptada en un acto administrativo en la cual puede haberse incurrido en este supuesto. En un caso en el que la responsabilidad se deriva de un ”hecho” causado por el agente, la obligación de reparar proviene de la causación de un daño antijurídico por parte del citado agente, que le resulte imputable a la entidad. En todo caso, el auto que aprobó el acuerdo conciliatorio y dio origen a la obligación a cargo de la entidad no permite estructurar de ninguna manera la presunción, porque esa providencia en forma expresa señaló que “lo relevante para establecer la responsabilidad de la administración es la presencia del daño y la relación causal entre este y aquel, no siendo necesario ahondar en la culpa del agente causante del mismo, pues, en este tipo de regímenes es irrelevante dicho análisis”.
PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / CARGA DE LA PRUEBA / CONCILIACIÓN
Problema jurídico:
¿La presunción de culpa grave por violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho puede surgir de una conciliación?
Respuesta al problema jurídico: Si
Si bien es cierto que la acción de repetición puede adelantarse para recobrar lo pagado como consecuencia de una sentencia de condena o de una conciliación, y que esto es posible en la medida en que la responsabilidad de la entidad y el valor pagado son aspectos que no son oponibles al agente en la repetición, lo cierto es que en lo que tiene que ver con la presunción invocada, la declaración que se hace en la sentencia es lo que la estructura. Si en la sentencia de condena contra la entidad el acto administrativo fue anulado por haber sido proferido con “violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho”, tal declaración tiene el efecto de estructurar la presunción de culpa grave contra el agente; por esta razón será a este a quien le corresponderá allegar las pruebas para desvirtuarla. Y tal declaración debe hacerse en la sentencia: no puede surgir de la conciliación y ni siquiera de la aprobación del acuerdo conciliatorio, en la medida en que éste simplemente no tiene por objeto determinar por qué la entidad debe realizar un pago: basta probar que la acción no ha caducado, que el perjuicio está demostrado y que el acuerdo no es lesivo para la entidad.
CULPA GRAVE / CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cómo se prueba la culpa grave en el medio de control de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
Para demostrar la culpabilidad del demandado, la entidad demandante (i) aportó el auto de evaluación y archivo de la indagación preliminar disciplinaria proferido por el comandante del Batallón Especial Energético Vial No. 5 el 28 de agosto de 2008 y (ii) solicitó el traslado del proceso penal contra el demandado. El auto de evaluación y archivo de la indagación disciplinaria contiene extractos de varias declaraciones practicadas en ese trámite, incluida una del demandado Ever Villalobo Movilla. Si bien de conformidad con los artículos 185 y 229 del C.P.C.12 esas declaraciones podían haber sido trasladadas a este proceso sin necesidad de ratificación porque el demandado fue parte de ese trámite, la parte actora no las allegó ni solicitó su traslado, sino que se limitó a aportar la providencia que puso fin al proceso disciplinario. La Sala no puede valorar los extractos de los testimonios que obran en la providencia porque la copia aportada solo permite probar la decisión que se adoptó en ella, que fue el archivo de la investigación disciplinaria. El expediente del proceso penal adelantado contra el demandado Ever Villalobo Movilla sí fue trasladado a este trámite. Sin embargo, a partir de esas piezas no puede tenerse por demostrada la conducta gravemente culposa que le fue imputada.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 185, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 229
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / VIOLACIÓN DE LA NORMA JURÍDICA / SENTENCIA / CONCILIACIÓN
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Teniendo en cuenta que existen diferencia entre una sentencia y una conciliación, cuando la obligación se genera en una conciliación, se puede imputar una violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho dado que la responsabilidad que se le imputa al demandado no proviene de la expedición de un acto administrativo?
Respuesta al problema jurídico: Si
La entidad demandante invocó en la demanda la presunción de culpa grave contenida en el numeral 1º del artículo 6º de la Ley 678 de 2001, y en los alegatos de conclusión en primera instancia agregó las presunciones de dolo previstas en los numerales 1º y 4º del artículo 5º de esa ley. (…) En cuanto a la presunción de “violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho”, advierte la Sala dos circunstancias que impiden darle aplicación. De una parte, el valor pagado por la entidad no tiene origen en una sentencia sino en una conciliación, y, de otra parte, la responsabilidad que se le imputa al demandado no proviene de la expedición de un acto administrativo en el que hubiera podido incurrirse en el supuesto que configura la causal invocada.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 1, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 4, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 NUMERAL 1
VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO / CONTENIDO DE LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÓN / LÍMITES DE LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Se puede modificar la imputación hecha en la demanda con los alegatos de conclusión?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala no se referirá a las causales invocadas en los alegatos de conclusión porque ello implicaría atentar contra el derecho al debido proceso del demandado, en la medida en que comportaría una modificación de la imputación que debe hacerse en la demanda, para que el demandado pueda ejercer su derecho de defensa frente a ella. Como lo ha señalado la Corte Constitucional, el juez de repetición debe garantizar “el respeto del derecho al debido proceso de los agentes del Estado que sean sometidos a una causa de repetición”, quienes “tiene[n] derecho a un estricto juicio de atribución de responsabilidad que le[s] permita ejercer su garantía de defensa”.
PRESUPUESTO PROCESAL / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos de competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para conocer del medio de control de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala es competente para proferir esta providencia a la luz de lo dispuesto en los artículos 150 y 152 numeral 11 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152
CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ACUERDO DE CONCILIACIÓN / APROBACIÓN DEL ACUERDO DE CONCILIACIÓN
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cómo se cuenta el término de caducidad del medio de control de repetición cuando el pago se dio por una aprobación de un acuerdo conciliatorio sin constancia de notificación o ejecutoria?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 164, numeral 2, literal l) del CPACA, la demanda de repetición debe presentarse en el término de dos (2) años contados a partir del día siguiente a la fecha en que efectivamente se realice el pago de la condena o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo con el que contaba la entidad para pagar, de conformidad con la ley. La providencia que aprobó el acuerdo conciliatorio fue proferida el 16 de febrero de 2011, sin que obre constancia de su notificación o ejecutoria. Debido a que el artículo 164 del CPACA determina el término de caducidad de acuerdo con el plazo de pago de las condenas y conciliaciones previsto por la ley, y el proceso en el que fue aprobado el acuerdo conciliatorio estuvo regido por el C.C.A., la entidad contaba con el plazo de 18 meses previsto por el artículo 177 de esa codificación para pagar la conciliación. Este plazo corrió por lo menos hasta el 17 de agosto de 2012 y el pago de la condena se realizó el 30 de agosto de 2011, dentro del término para pagar. Por lo tanto, para determinar el plazo de caducidad debe tenerse en cuenta la fecha del pago. El término de caducidad corrió entre el 31 de agosto de 2011 y el 31 de agosto de 2013. En consecuencia, la demanda fue presentada oportunamente el 16 de agosto de 2013.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 177
NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿Cómo se determina la normatividad aplicable al medio de control de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
A este trámite le son aplicables las disposiciones sustanciales de la Ley 678 de 2001 porque los hechos imputados al demandado ocurrieron el 19 de abril de 2008, es decir, después de su entrada en vigencia.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2011
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos de procedencia de la condena en costas y las agencias en derecho en el medio de control de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
El primer inciso del artículo 188 del CPACA dispone que “salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”. De acuerdo con el numeral 1º del artículo 365 del C.G.P., aplicable a la segunda instancia, se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. La condena en costas es procedente porque la entidad demandante fue la parte vencida en el proceso y se le resolvió desfavorablemente el recurso de apelación. Sin embargo, la Sala considera que no existen elementos que permitan fijar una suma por concepto de agencias en derecho a favor del demandado porque, si bien éste fue notificado, no compareció al proceso. El artículo segundo del Acuerdo No. 1887 de 2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, vigente para el momento de prestación de la demanda, define las agencias en derecho como “los gastos de defensa judicial de la parte victoriosa”. Por su parte, el artículo tercero establece como criterios para fijarlas “la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean equitativas y razonables”. Debido a que en el proceso no se acreditó alguna actuación de defensa judicial del demandado, la fijación de agencias en derecho no es procedente. De acuerdo con el artículo 366 del C.G.P.20, el tribunal de origen deberá liquidar la condena en costas de manera concentrada, según aparezcan causadas.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366
Texto extraído del PDF oficial 29.138 caracteres
Radicado: 13001-23-33-000-2013-00588-01 (58938)
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa Nacional
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Repetición – Ley 1437 de 2011
Radicación: 13001-23-33-000-2013-00588-01 (58938)
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa Nacional
Demandado: Ever Villalobo Movilla
Tema: Acción de repetición por hechos ocurridos durante la vigencia de la
Ley 678 de 2001. Se confirma la sentencia que negó las
pretensiones porque la presunción no es aplicable y no se probó la
culpa grave del demandado.
SENTENCIA
Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede
la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante
contra la sentencia proferida el 15 de diciembre de 2016 por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No. 3 , en la que se negaron las
pretensiones de la demanda.
La Sala es competente para proferir esta providencia a la luz de lo dispuesto en
los artículos 150 y 152 numeral 11 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).
El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 27 de abril de 2017 y se
corrió traslado para alegar el 8 de junio de 2017; las partes y el Ministerio Público
guardaron silencio.
I. ANTECEDENTES
A.- Posición de la parte demandante
1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 16 de diciembre de
2013 por el Ministerio de Defensa Nacional 1. Se dirigió contra Ever Villalobo
1 En la demanda y en el auto admisorio se afirmó que la parte demandante era la << Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Armada Nacional>> (fl. 1 y 53 c. 1). Sin embargo, la entidad que concilió la
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Demandante: Nación – Ministerio de Defensa Nacional
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Movilla2 para obtener el reintegro de lo pagado por la entidad el 30 de agosto de
2011 como consecuenci a de la conciliación aprobada por el Juzgado Décimo
Administrativo de Cartagena mediante providencia del 16 de febrero de 2011.
2.- A partir de lo afirmado en la demanda y de las piezas procesales allegadas
por la parte actora, se extrae que:
2.1.- El 19 de abril de 2008 el demandado Ever Villalobo Movilla, quien se
desempeñaba como soldado regular en el Batallón Especial Energético Vial No.
5 del Ejército, disparó en una pierna al dragoneante Virgilio Solís Montiel con su
arma de fuego de dotación ofic ial, luego de que los dos soldados discutieran
porque el dragoneante le desordenó el equipo de campaña y le dejó sus
pertenencias tiradas en el piso.
2.2.- Por estos hechos se adelantó una indagación preliminar disciplinaria contra
el demandado Villalob o Movilla. El 30 de agosto de 2008 el comandante del
Batallón Especial Energético Vial No. 5 ordenó archivar la indagación porque si
bien la actuación del demandado se adecuaba a una falta disciplinaria por
incumplir los protocolos de seguridad en el manej o de las armas, esa instancia
no era competente para sancionarlo en virtud de su calidad de soldado regular.
2.3.- Contra el demandado también se adelantó una investigación penal por el
delito de lesiones personales. La investigación fue archivada por la Fiscalía el 24
de septiembre de 2012 por desistimiento, debido a que el delito era querellable
y la víctima no asistió a la diligencia de conciliación.
2.4.- El dragoneante Solís Montiel y sus familiares demandaron en reparación
directa al Ministerio de Defensa – Ejército Nacional para que esta entidad fuera
condenada a reparar el daño causado por las lesiones causadas por el disparo,
que según el acta de la Junta Médica Laboral significaron una disminución del
cien por ciento (100%) en su capacidad laboral.
2.5.- En audiencia de conciliación celebrada el 26 de enero de 2011 las partes
lograron un acuerdo conciliatorio para la indemnización de los perjuicios sufridos
por la víctima directa y sus familiares. Ese acuerdo fue aprobado por el Juzgado
indemnización de perjuicios objeto de repetición fue el Ejército Nacional (fl. 15 c. 1) y en la sentencia
apelada la demandante fue identificada como la << Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional>> (fl. 331 c. 3). La Sala advierte que, con independencia de la identificación equívoca de la entidad
demandante por sus apoderados, éstos actuaron a nombre de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional
según lo previsto en el artículo 159 del CPACA. El poder les fue conferido por el director de Asuntos Legales
del Ministerio de Defensa en ejercicio de la facultad delegada por el ministro mediante la Resolución No.
9514 del 24 de diciembre de 2012 (fl. 8 -14 y 46 c. 1 ) y, de igual forma, se advierte que el pago de la
conciliación fue realizado por la Tesorería Principal del Ministerio de Defensa Nacional (fl. 30 c. 1).
2 La Sala escribe el apellido de l demandado como <<Villalobo>> porque así aparece en el documento de
identidad aportado al expediente (fl. 121 c. 1) , a pesar de que en la demanda y en la sentencia apelada se
hace referencia a <<Villalobos>>.
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Demandante: Nación – Ministerio de Defensa Nacional
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Décimo Administrativo de Cartagena mediante auto del 16 de febrero de 2011,
que quedó ejecutoriado el 25 de febrero de 2011.
2.6.- Por medio de la Resolución No. 4034 del 16 de agosto de 2011 el Ministerio
de Defensa dispuso el pago de la conciliación por la suma de trescientos ochenta
y siete millones ochocientos sesenta y un mil seiscientos ochenta pesos con
cuarenta y dos centavos ($387.861.680,42) 3. La entidad demandante pagó esta
suma a los beneficiarios el 30 de agosto de 2011.
3.- La parte demandante sostuvo que el demandado obró con culpa grave porque
incumplió las órdenes previstas en el decálogo de seguridad frente al uso de las
armas de fuego , al quitar el dispositivo de seguridad de su arma sin una orden
expresa y , posteriormente, disparar contra el dragoneante Solís Montiel. Así
mismo, invocó la presunción de culpa grave prevista en el numeral 1º del artículo
6º de la Ley 678 de 2001, es decir, la <<violación manifiesta e inexcusable de las
normas de derecho>>.
4.- En sus alegatos de conclusión en primera instancia la entidad agregó que el
demandado obró con dolo porque disparó en pleno uso de sus facultades
mentales. Así mismo, invocó las presunciones contenidas en los numerales 1 y
4 del artículo 5º de la Ley 678 de 2001, es decir, << obrar con desviación de
poder>> y <<haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo
por los mismos daños que sirvieron d e fundamento para la responsabilidad
patrimonial del Estado>>. A pesar de que en este caso no obra fallo disciplinario
o penal contra el demandado, la investigación disciplinaria fue archivada por falta
de competencia del investigador y la penal por desist imiento, lo que no significa
que fuera inocente de los cargos imputados.
B.- Posición de la parte demandada
5.- El demandado no contestó la demanda ni compareció al trámite, a pesar de
haber sido notificado4.
C.- Sentencia recurrida
6.- El Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No. 3, negó las
pretensiones de la demanda en sentencia del 15 de diciembre de 2016, con
fundamento en las siguientes consideraciones:
3 A pesar de que en la demanda se expuso que la suma pagada fue de <<trescientos ochenta y siete millones
ochocientos sesenta y un mil seiscientos ochenta mil pesos 42/100 ($387.861.680.680,42) >> (sic), en la
Resolución ese valor consta sin errores de transcripción (fl. 31-33 c. 1).
4 Fl. 94-95 c. 1.
Radicado: 13001-23-33-000-2013-00588-01 (58938)
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa Nacional
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6.1.- La calidad de agente estatal del demandado se probó , porque para la
época de los hechos se desempeñaba como soldado regular activo en el
Batallón Especial Energético Vial No. 5 del Ejército.
6.2.- La conciliación que generó la obligación de la entidad está demostrada
con el auto mediante la cual fue aprobada, proferido por el Juzgado Décimo
Administrativo de Cartagena.
6.3.- El pago de la conciliación se probó con certificación de la tesorera
principal del Ministerio de Defensa y los comprobantes de egreso No.
1500007815 y 1500007816 del 30 de agosto de 2011.
6.4.- A pesar de que está acreditado que el demandado Ever Villalobo Movilla
disparó contra Virgilio Solís Montiel, no se demostró que hubiera obrado con
dolo o culpa grave debido a que: (i) el proceso disciplinario fue archivado por
falta de competencia del investigador y el penal por la inasistencia del
querellante a la conciliación ; (ii) en el proceso de reparación directa no se
determinó la responsabilidad del demandado porque lo relevante para
determinar la condena contra el Estado era la existencia del daño y el nexo
causal, y (iii) no se configuran las presunciones legales porque para aplicarlas
era necesario que el demandado hubiera sido condenado a título de dolo en
las actuaciones penal o disciplinaria .
D.- Recurso de apelación
7.- La entidad demandante apeló el fallo de primera instancia. Solicitó que se
revocara integralmente y , en su lugar , se condenara al demandado . Su
inconformidad se centró en los siguientes puntos:
7.1.- En el auto de evaluación y archivo de la indagación preliminar disciplinaria
obran varios testimonios que demuestran el dolo del demandado Villalobo
Movilla, debido a que estaba discutiendo con el dragoneante Solís Montiel
cuando en cuestión de segundos cargó
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