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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: no se acreditaron los requisitos de procedencia del medio de control de repetición

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Fecha
2022-03-30
Radicado
11001032600020160018800
Número interno
58500
Ponente
MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPETICION
Actor
FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A FIDUAGRARIA
Demandado
JUAN LUIS TORO SOTO

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: no se acreditaron los requisitos de procedencia del medio de control de repetición

Lo que dijo la Sala

[La Sala n]egará las pretensiones de la demanda porque: con las sentencias no están demostrados los supuestos de hecho de las presunciones de dolo y culpa grave invocadas, y la entidad demandante no acreditó que el demandado hubiese obrado con dolo o culpa grave.… Al no estar acreditado el supuesto de hecho de las presunciones invocadas, a la entidad demandante le correspondía demostrar que el demandado obró con dolo o culpa grave. Sin embargo: la entidad demandante no aportó pruebas que permitan establecer alguno de esos grados de culpabilidad y por el contrario, está probado que la entidad fue negligente en su defensa en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.… Estas pruebas no demuestran cuál fue la intención del accionado al proferir los actos que luego fueron declarados nulos, ni si obró en forma extremadamente negligente al hacerlo.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

Las presunciones de dolo y de culpa grave en la acción de repetición solo operan cuando se demuestran sus supuestos de hecho; si no están acreditados, la entidad debe probar que el agente obró con dolo o culpa grave. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que las sentencias invocadas no demuestran los supuestos de las presunciones y la entidad no aportó pruebas que establecieran alguno de esos grados de culpabilidad. La segunda es que la propia entidad fue negligente en su defensa dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, y las pruebas no revelan la intención del demandado al proferir los actos anulados ni una negligencia extrema. Por ello la conducta no puede calificarse como dolosa o gravemente culposa, como exige el artículo 90 de la Constitución. En cuanto a la caducidad, la demanda fue oportuna, porque el plazo para pagar venció en marzo de 2015, antes del último pago, y el término de dos años corrió hasta el 13 y el 14 de marzo de 2017. Se niegan las pretensiones de la demanda. El documento no indica que modifique un precedente.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Se acreditaron los requisitos de procedencia del medio de control de repetición, entre ellos la conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Constitución Política

También resuelve

  • ¿Se presenta caducidad del medio de control de repetición de acuerdo a la normatividad vigente?
  • ¿Procede la condena en costas en el medio de control de repetición?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Caducidad de la acción contractual Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Acción de repetición contra el agente Condena en costas y agencias en derecho

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En la parte resolutiva se confirmará la sentencia
Titulación de la relatoría 6.388 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / ACTO ADMINISTRATIVO DE INSUBSISTENCIA / DESVIACIÓN DE PODER / PRESUNCIÓN DE DOLO / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / VIOLACIÓN DE LA NORMA / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / AUSENCIA DEL DOLO / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / FALTA DE PRUEBA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Se acreditaron los requisitos de procedencia del medio de control de repetición, entre ellos la conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal? Respuesta al problema jurídico: No [La Sala n]egará las pretensiones de la demanda porque: con las sentencias no están demostrados los supuestos de hecho de las presunciones de dolo y culpa grave invocadas, y la entidad demandante no acreditó que el demandado hubiese obrado con dolo o culpa grave. […] Al no estar acreditado el supuesto de hecho de las presunciones invocadas, a la entidad demandante le correspondía demostrar que el demandado obró con dolo o culpa grave. Sin embargo: la entidad demandante no aportó pruebas que permitan establecer alguno de esos grados de culpabilidad y por el contrario, está probado que la entidad fue negligente en su defensa en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. […] Estas pruebas no demuestran cuál fue la intención del accionado al proferir los actos que luego fueron declarados nulos, ni si obró en forma extremadamente negligente al hacerlo. Por lo tanto, no se puede calificar su conducta como dolosa o gravemente culposa, que son los grados de culpabilidad que exige el artículo 90 de la C.P. para repetir contra el agente estatal. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90 CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿Se presenta caducidad del medio de control de repetición de acuerdo a la normatividad vigente? Respuesta al problema jurídico: No De conformidad con lo dispuesto en el artículo 164, numeral 2, literal l) del CPACA, la demanda de repetición debe presentarse en el término de dos (2) años contados a partir del día siguiente a la fecha en que efectivamente se realice el pago de la condena o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo con el que contaba la entidad para pagar. Las sentencias de nulidad y restablecimiento del derecho […] quedaron ejecutoriadas el 11 y el 12 de septiembre de 2013, respectivamente. Como los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho estuvieron regidos por el CCA, la entidad contaba con dieciocho (18) meses para pagar las condenas, de acuerdo con lo previsto por el artículo 177 de esa codificación. Este plazo corrió hasta el 12 y el 13 de marzo de 2015, respectivamente. Las condenas fueron pagadas en varias cuotas, la última de las cuales se desembolsó el 12 de mayo de 2016 en ambos casos. Por lo tanto, para el cómputo del término de caducidad debe tenerse en cuenta la fecha de vencimiento del plazo para pagar, porque ocurrió primero que el pago. El término de caducidad transcurrió hasta el 13 de marzo de 2017, en el caso de la condena a favor del señor […]; y hasta el 14 de marzo de 2017, en relación con el señor […]. En consecuencia, la demanda presentada el 6 de diciembre de 2016 se radicó oportunamente. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL L NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN OBITER DICTUM A este trámite le son aplicables las disposiciones sustanciales de la Ley 678 de 2001, porque los hechos imputados al demandado ocurrieron después de su entrada en vigencia. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 PRESUNCIÓN DE DOLO / DESVIACIÓN DE PODER / DEMOSTRACIÓN DE LA DESVIACIÓN DE PODER OBITER DICTUM Esta Subsección ha señalado que para estructurar la presunción de dolo no es suficiente que la sentencia condenatoria mencione que el acto fue proferido con desviación de poder, sino que es necesario que en sus consideraciones se identifique cuál fue el interés distinto del buen servicio que llevó al demandado a proferir el acto. En otros términos, no basta que en la sentencia se indique que el acto se anula por “desviación de poder”: es menester que se señale en qué consisitió tal desviación o de qué manera se entiende estructurada. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la presunción de dolo por desviación de poder, cita: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 2 de junio de 2021, rad. 45625, C. P. Ramiro Pazos Guerrero; sentencia de 2 de marzo de 2022, rad. 56635, C. P. Alberto Montaña Plata. PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / VIOLACIÓN DE LA NORMA OBITER DICTUM En relación con la presunción de culpa grave por la “violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho”, para que ésta se configure no basta con demostrar que el acto administrativo fue anulado por la infracción de normas; debe evidenciarse que tal infracción fue manifiesta e inexcusable. Estas circunstancias no fueron afirmadas, ni pueden inferirse de las consideraciones de las sentencias de condena. MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas en el medio de control de repetición? Respuesta al problema jurídico: Si El primer inciso del artículo 188 del CPACA dispone que “salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”. De acuerdo con el numeral 1 del artículo 365 del CGP, “se condenará en costas a la parte vencida en el proceso”. La condena en costas es procedente porque la entidad demandante fue la parte vencida en el proceso. De acuerdo con el numeral 1 del artículo 366 del CGP, la liquidación de las costas deberá realizarse por Secretaría. En todo caso, la Sala considera que no existen elementos que permitan fijar una suma por concepto de agencias en derecho a favor del demandado porque éste no compareció al proceso, a pesar de haber sido notificado. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366
Texto extraído del PDF oficial 34.355 caracteres
Radicado: 11001-03-26000-2016-00188-00 (58500) Demandante: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ Bogotá D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintidós (2022) Referencia: Repetición única instancia – Ley 1437 de 2011 Radicación: 11001-03-26000-2016-00188-00 (58500) Demandante: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) Demandado: Juan Luis Toro Isaza Tema: Acción de repetición por hechos ocurridos durante la vigencia de la Ley 678 de 2001. Se niegan las pretensiones porque con la sentencia de condena no está demostrado el supuesto de hecho de las presunciones invocadas en la de manda de repetición y la demandante no probó el dolo o la culpa grave del demandado. SENTENCIA Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede la Sala a resolver, en única instancia, la demanda presentada por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural en liquidación (Incoder) contra Juan Luis Toro Isaza. La Sala es competente para proferir esta providencia de acuerdo con el numeral 13 del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), debido a que el demandado fungió como representante legal de una entidad del orden nacional para la época de los hechos. Mediante a uto del 6 de septiembre de 2018 se reconoció a Fiduagraria S.A. como sucesora procesal del Incoder en liquidación. El 23 de julio de 2020 el magistrado ponente dispuso adecuar el trámite para proferir sentencia anticipada, de conformidad con el artículo 13 del Decreto 806 de 2020. Por medio de auto del 14 de abril de 2021 se corrió traslado para alegar de conclusión; la entidad demandante presentó alegatos y el Ministerio Público rindió concepto. El demandado guardó silencio. I. ANTECEDENTES A.- Posición de la parte demandante Radicado: 11001-03-26000-2016-00188-00 (58500) Demandante: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 2 1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 6 de diciembre de 2016 por el Incoder en liquidación. Se dirigió contra Juan Luis Toro Isaza (en adelante, el demandado) para obtener el reintegro de lo pagado por la entidad como consecuencia de las condenas impuestas en dos procesos de nulidad y restablecimiento del derecho: (i) por la sentencia del 16 de agosto de 2013, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Santa Marta ; y (ii) por la sentencia del 10 de marzo de 2011, proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Montería, y confirmada por el Tribunal Adminis trativo de Córdoba el 29 de agosto de 2013. i) Afirmaciones relacionadas con la declaratoria de insubsistencia de Gabriel Francisco Diazgranados Martínez 2.- A partir de lo afirmado en la demanda y de las piezas procesales allegadas por la parte actora, se extrae que: 2.1.- El demandado Juan Luis Toro Isaza se desempeñaba como gerente general (E) del Incoder. Mediante la Resolución No. 778 del 10 de abril de 2006 declaró insubsistente el nombramiento de Gabriel Francisco Diazgranados Martínez como jefe de la Oficina de Enlace Territorial No. 1, con sede en Santa Marta. Éste era un cargo de libre nombramiento y remoción. 2.2.- En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor Diazgranados Martínez demandó la resolució n que declaró la insubsistencia de su nombramiento. 2.3.- El 16 de agosto de 2013 el Juzgado Segundo Administrativo de Santa Marta declaró la nulidad de la Resolución No. 778 de 2006 porque el acto fue proferido con desviación de poder e infracción de las normas en que debía fundarse. El juzgado sostuvo que el acto de insubsistencia contravino la prohibición establecida en la Ley 996 de 2005 (<< Ley de Garantías >>) de modificar la nómina de la entidad durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial de mayo de 2006. En consecuencia, ordenó el reintegro del funcionario y el pago de los emolumentos dejados de percibir. 2.4.- Por medio de la Resolución No. 5582 del 9 de octubre de 2015 la entidad dispuso el pago de la condena por mil cuatrocientos nueve millones quinientos noventa y siete mil ciento un pesos ($1.409.597.101), y mediante la Resolución No. 6767 del 24 de noviembre de 2015 reconoció la suma de trece millones setecientos noventa y un mil cuatrocientos un pesos ($13.791.401) por concepto de intereses a las cesantías y factor de protección. Radicado: 11001-03-26000-2016-00188-00 (58500) Demandante: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 3 2.5.- Las anteriores sumas fueron pagadas por la entidad en vari as cuotas, la última de las cuales se desembolsó el 12 de mayo de 2016. ii) Afirmaciones relacionadas con la declaratoria de insubsistencia de Francisco Ramón Godín Ojeda 3.- En relación con la declaratoria de insubsistencia del señor Francisco Ramón Godín Ojeda, la parte demandante afirmó lo siguiente: 3.1.- Por medio de la Resolución No. 777 del 10 de abril de 2006 el demandado declaró insubsistente el nombramiento del señor Godín Ojeda como jefe de la Oficina de Enlace Territorial No. 2, con sede en Montería. 3.2.- El 19 de abril de 2006 el señor Godín Ojeda presentó recurso de reposición contra la declaratoria de insubsistencia. Mediante el oficio No. GTH -7010 del 14 de junio de 2006 el demandado informó que no daba trámite al recurso por ser improcedente, al estar dirigido contra un acto de naturaleza discrecional. 3.3.- El señor Godín Ojeda demandó la declaratoria de insubsistencia en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. 3.4.- El 10 de marzo de 2011 el Juzgado Primero Administrativo de Montería declaró la nulidad de la Resolución No. 7 77 de 2006 porque fue proferida en contravía de las prohibiciones de la Ley de Garantías, y ordenó el reintegro del funcionario y el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir. Esta decisión fue confirmada en grado jurisdiccional de consulta p or el Tribunal Administrativo de Córdoba el 29 de agosto de 2013. 3.5.- La entidad ordenó el pago de la condena mediante la Resolución No. 6732 del 23 de noviembre de 2015 por un total de ochocientos dieciséis millones cuatrocientos noventa mil seisciento s treinta y ocho pesos ($816.490. 638). Por medio de la Resolución No. 462 del 22 de abril de 2016 reconoció el pago de trece millones doscientos siete mil veintidós pesos ($13.207.022) por intereses a las cesantías y factor de protección. 3.6.- La condena fue pagada en varias cuotas, la última de ellas desembolsada el 12 de mayo de 2016. 4.- La entidad demandante invocó dos de las presunciones contenidas en la Ley 678 de 2001: (i) la presunción de dolo establecida en el numeral 1 del artículo 5º, es decir, <<obrar con desviación de poder>>; y (ii) la presunción de culpa grave prevista en el numeral 1 del artículo 6º de esa ley, esto es, la << violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho>>. Radicado: 11001-03-26000-2016-00188-00 (58500) Demandante: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 4 5.- Para argumentar ambas presunciones, el Incoder sostuvo que el demandado profirió las resoluciones de insubsistencia violando la prohibición de modificar la nómina de la entidad en los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones presidenciales, contenida en el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005. El demandado no motivó los actos de insubsistencia por tratarse de cargos de libre nombramiento y remoción , pero debió señalar si se encontraba en alguna de las excepciones a la prohibición. B.- Posición de la parte demandada 6.- El demandado no contestó la demanda ni compareció al trámite a pesar de haber sido notificado1. II. CONSIDERACIONES C.- Asuntos procesales 7.- La Sala se pronunciará de fondo porque están reunidos los presupuestos procesales para fallar y la demanda fue presentada oportunamente, como se explica a continuación: 7.1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 164, numeral 2, literal l) de l CPACA, la demanda de repetición debe presentarse en el término de dos (2) años contados a partir del día siguiente a la fecha en que efectivamente se realice el pago de la condena o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo con el que contaba la entidad para pagar. 7.2.- Las sentencias de nulidad y restablecimiento del derecho a favor de Carlos Francisco Diazgranados Martínez y Francisco Ramón Godín Ojeda quedaron ejecutoriadas el 11 y el 12 de septiembre de 2013, respectivamente2. 7.3.- Como los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho estuvieron regidos por el CCA, la entidad contaba con dieciocho (18) meses para pagar las condenas, de acuerdo con lo previsto por el artículo 177 de esa codificación 3. Este plazo corrió hasta el 12 y el 13 de marzo de 2015, respectivamente. 1 Fl. 164-175 c. 1. Como el demandado fue debidamente notificado mediante aviso, no se surtió el trámite de emplazamiento ni se le asignó curador ad litem, de acuerdo con los artículos 108 y 291 a 293 del CGP. 2 Fl. 36-37 y 96 c. 1. 3 La Sala no comparte la postura planteada por el Ministerio Público en su concepto, según la cual l as condenas debían pagarse dentro del plazo de diez (10) meses establecido en el artículo 192 del CPACA. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho estuvieron regidos por el CCA porque iniciaron bajo su vigencia, de modo que el pago de las cond enas debía realizarse según lo previsto en esa codificación procesal. Según el artículo 308 del CPACA, << los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior >>. En las sentencias de los pr

Se muestran los primeros 10.000 caracteres. El PDF oficial tiene el texto completo.

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110010326000201600188001100103