Radicado: 11001-03-26000-2016-00188-00 (58500)
Demandante: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Repetición única instancia – Ley 1437 de 2011
Radicación: 11001-03-26000-2016-00188-00 (58500)
Demandante: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder)
Demandado: Juan Luis Toro Isaza
Tema: Acción de repetición por hechos ocurridos durante la vigencia de la
Ley 678 de 2001. Se niegan las pretensiones porque con la
sentencia de condena no está demostrado el supuesto de hecho de
las presunciones invocadas en la de manda de repetición y la
demandante no probó el dolo o la culpa grave del demandado.
SENTENCIA
Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede
la Sala a resolver, en única instancia, la demanda presentada por el Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural en liquidación (Incoder) contra Juan Luis Toro
Isaza.
La Sala es competente para proferir esta providencia de acuerdo con el numeral
13 del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), debido a que el
demandado fungió como representante legal de una entidad del orden nacional
para la época de los hechos.
Mediante a uto del 6 de septiembre de 2018 se reconoció a Fiduagraria S.A.
como sucesora procesal del Incoder en liquidación. El 23 de julio de 2020 el
magistrado ponente dispuso adecuar el trámite para proferir sentencia
anticipada, de conformidad con el artículo 13 del Decreto 806 de 2020. Por
medio de auto del 14 de abril de 2021 se corrió traslado para alegar de
conclusión; la entidad demandante presentó alegatos y el Ministerio Público
rindió concepto. El demandado guardó silencio.
I. ANTECEDENTES
A.- Posición de la parte demandante
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1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 6 de diciembre de
2016 por el Incoder en liquidación. Se dirigió contra Juan Luis Toro Isaza (en
adelante, el demandado) para obtener el reintegro de lo pagado por la entidad
como consecuencia de las condenas impuestas en dos procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho: (i) por la sentencia del 16 de agosto de 2013,
proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Santa Marta ; y (ii) por la
sentencia del 10 de marzo de 2011, proferida por el Juzgado Primero
Administrativo de Montería, y confirmada por el Tribunal Adminis trativo de
Córdoba el 29 de agosto de 2013.
i) Afirmaciones relacionadas con la declaratoria de insubsistencia
de Gabriel Francisco Diazgranados Martínez
2.- A partir de lo afirmado en la demanda y de las piezas procesales allegadas
por la parte actora, se extrae que:
2.1.- El demandado Juan Luis Toro Isaza se desempeñaba como gerente general
(E) del Incoder. Mediante la Resolución No. 778 del 10 de abril de 2006 declaró
insubsistente el nombramiento de Gabriel Francisco Diazgranados Martínez
como jefe de la Oficina de Enlace Territorial No. 1, con sede en Santa Marta. Éste
era un cargo de libre nombramiento y remoción.
2.2.- En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor
Diazgranados Martínez demandó la resolució n que declaró la insubsistencia de
su nombramiento.
2.3.- El 16 de agosto de 2013 el Juzgado Segundo Administrativo de Santa
Marta declaró la nulidad de la Resolución No. 778 de 2006 porque el acto fue
proferido con desviación de poder e infracción de las normas en que debía
fundarse. El juzgado sostuvo que el acto de insubsistencia contravino la
prohibición establecida en la Ley 996 de 2005 (<< Ley de Garantías >>) de
modificar la nómina de la entidad durante los cuatro (4) meses anteriores a la
elección presidencial de mayo de 2006. En consecuencia, ordenó el reintegro del
funcionario y el pago de los emolumentos dejados de percibir.
2.4.- Por medio de la Resolución No. 5582 del 9 de octubre de 2015 la entidad
dispuso el pago de la condena por mil cuatrocientos nueve millones quinientos
noventa y siete mil ciento un pesos ($1.409.597.101), y mediante la Resolución
No. 6767 del 24 de noviembre de 2015 reconoció la suma de trece millones
setecientos noventa y un mil cuatrocientos un pesos ($13.791.401) por concepto
de intereses a las cesantías y factor de protección.
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2.5.- Las anteriores sumas fueron pagadas por la entidad en vari as cuotas, la
última de las cuales se desembolsó el 12 de mayo de 2016.
ii) Afirmaciones relacionadas con la declaratoria de insubsistencia
de Francisco Ramón Godín Ojeda
3.- En relación con la declaratoria de insubsistencia del señor Francisco Ramón
Godín Ojeda, la parte demandante afirmó lo siguiente:
3.1.- Por medio de la Resolución No. 777 del 10 de abril de 2006 el demandado
declaró insubsistente el nombramiento del señor Godín Ojeda como jefe de la
Oficina de Enlace Territorial No. 2, con sede en Montería.
3.2.- El 19 de abril de 2006 el señor Godín Ojeda presentó recurso de reposición
contra la declaratoria de insubsistencia. Mediante el oficio No. GTH -7010 del 14
de junio de 2006 el demandado informó que no daba trámite al recurso por ser
improcedente, al estar dirigido contra un acto de naturaleza discrecional.
3.3.- El señor Godín Ojeda demandó la declaratoria de insubsistencia en ejercicio
de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
3.4.- El 10 de marzo de 2011 el Juzgado Primero Administrativo de Montería
declaró la nulidad de la Resolución No. 7 77 de 2006 porque fue proferida en
contravía de las prohibiciones de la Ley de Garantías, y ordenó el reintegro del
funcionario y el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir. Esta
decisión fue confirmada en grado jurisdiccional de consulta p or el Tribunal
Administrativo de Córdoba el 29 de agosto de 2013.
3.5.- La entidad ordenó el pago de la condena mediante la Resolución No. 6732
del 23 de noviembre de 2015 por un total de ochocientos dieciséis millones
cuatrocientos noventa mil seisciento s treinta y ocho pesos ($816.490. 638). Por
medio de la Resolución No. 462 del 22 de abril de 2016 reconoció el pago de
trece millones doscientos siete mil veintidós pesos ($13.207.022) por intereses a
las cesantías y factor de protección.
3.6.- La condena fue pagada en varias cuotas, la última de ellas desembolsada
el 12 de mayo de 2016.
4.- La entidad demandante invocó dos de las presunciones contenidas en la Ley
678 de 2001: (i) la presunción de dolo establecida en el numeral 1 del artículo 5º,
es decir, <<obrar con desviación de poder>>; y (ii) la presunción de culpa grave
prevista en el numeral 1 del artículo 6º de esa ley, esto es, la << violación
manifiesta e inexcusable de las normas de derecho>>.
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5.- Para argumentar ambas presunciones, el Incoder sostuvo que el demandado
profirió las resoluciones de insubsistencia violando la prohibición de modificar la
nómina de la entidad en los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones
presidenciales, contenida en el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005.
El demandado no motivó los actos de insubsistencia por tratarse de cargos de
libre nombramiento y remoción , pero debió señalar si se encontraba en alguna
de las excepciones a la prohibición.
B.- Posición de la parte demandada
6.- El demandado no contestó la demanda ni compareció al trámite a pesar de
haber sido notificado1.
II. CONSIDERACIONES
C.- Asuntos procesales
7.- La Sala se pronunciará de fondo porque están reunidos los presupuestos
procesales para fallar y la demanda fue presentada oportunamente, como se
explica a continuación:
7.1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 164, numeral 2, literal l) de l
CPACA, la demanda de repetición debe presentarse en el término de dos (2)
años contados a partir del día siguiente a la fecha en que efectivamente se realice
el pago de la condena o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo con el que
contaba la entidad para pagar.
7.2.- Las sentencias de nulidad y restablecimiento del derecho a favor de Carlos
Francisco Diazgranados Martínez y Francisco Ramón Godín Ojeda quedaron
ejecutoriadas el 11 y el 12 de septiembre de 2013, respectivamente2.
7.3.- Como los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho estuvieron
regidos por el CCA, la entidad contaba con dieciocho (18) meses para pagar las
condenas, de acuerdo con lo previsto por el artículo 177 de esa codificación 3.
Este plazo corrió hasta el 12 y el 13 de marzo de 2015, respectivamente.
1 Fl. 164-175 c. 1. Como el demandado fue debidamente notificado mediante aviso, no se surtió el trámite
de emplazamiento ni se le asignó curador ad litem, de acuerdo con los artículos 108 y 291 a 293 del CGP.
2 Fl. 36-37 y 96 c. 1.
3 La Sala no comparte la postura planteada por el Ministerio Público en su concepto, según la cual l as
condenas debían pagarse dentro del plazo de diez (10) meses establecido en el artículo 192 del CPACA.
Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho estuvieron regidos por el CCA porque iniciaron bajo
su vigencia, de modo que el pago de las cond enas debía realizarse según lo previsto en esa codificación
procesal. Según el artículo 308 del CPACA, << los procedimientos y las actuaciones administrativas, así
como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán
de conformidad con el régimen jurídico anterior >>. En las sentencias de los pr
Se muestran los primeros 10.000 caracteres. El PDF oficial tiene el texto completo.