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clave: "consejo_estado:providencia:11001032600020130009300-47695-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: no se demostró el obrar doloso con desviación de poder del Ex Ministro de Desarrollo Económico"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-03-13"
radicado: "11001032600020130009300"
numero: "47695"
ponente: "JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS"
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# Consejo de Estado: no se demostró el obrar doloso con desviación de poder del Ex Ministro de Desarrollo Económico

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-03-13
- **Radicado:** 11001032600020130009300
- **Número interno:** 47695
- **Ponente:** JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 REPETICION
- **Actor:** SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
- **Demandado:** AUGUSTO RAMIREZ OCAMPO, ELSA RAMIREZ KOPPEL
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:11001032600020130009300-47695-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/11001032600020130009300/907E13D627928FE02B55293A4E97ED3F7785FEB7E31E62C1CEB177902170D4D3/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110010326000201300093001100103

## Problema jurídico

¿Se demostró el obrar doloso con desviación de poder del Ex Ministro de Desarrollo Económico, Augusto Ramírez Ocampo (Q.E.P.D.), al haber proferido la Resolución N° 0854 del 6 de septiembre de 2000, por medio de la cual declaró insubsistente a Pedro Absalón Cifuentes Cerón, para el cargo de Jefe de la Oficina 0137-16 de la planta global de la Superintendencia de Industria y Comercio asignado en la oficina de calidad, y nombró a Luis Uriel Palacios Torres?

## Respuesta doctrinal / Tesis

No

## Decisión

NIEGA

## Puntos clave

- ¿A propósito de la acción de repetición, se encuentran legitimados por pasiva los herederos del señor Augusto Ramírez Ocampo (Q.E.P.D.)…
- ¿El Consejo de Estado es competente en única instancia para resolver la demanda interpuesta mediante el medio de control contra de los herederos del señor Augusto Ramírez Ocampo QEPD…
- ¿La demanda interpuesta mediante el medio de control contra de los herederos del señor Augusto Ramírez Ocampo QEPD, quien ostentó la calidad de Ministro de Desarrollo Económico…

## Fundamentos jurídicos

- Ley 87 de 1993, art. 11

## Extracto

Mediante sentencia del 10 de marzo de 2011, aclarada por providencia del 14 de julio de 2011, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, declaró, en el marco de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, la nulidad de la Resolución 854 del 6 de septiembre de 2000 expedida por el Ministro de Desarrollo Económico de la época Augusto Ramírez Ocampo, por medio de la cual declaró insubsistente el nombramiento del señor Pedro Absalón Cifuentes Cerón y se condenó a la Superintendencia de Industria y Comercio a pagar los salarios y prestaciones sociales que dejó de percibir desde el momento de su desvinculación, hasta su reintegro.

## Síntesis temática

En la acción de repetición, el dolo debe demostrarse plenamente con el acervo probatorio y no puede presumirse cuando el régimen aplicable es el vigente al momento de los hechos y este no contempla las presunciones de la Ley 678 de 2001. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el régimen jurídico que determina la responsabilidad del demandado es el vigente a la fecha en que ocurrieron los hechos, con independencia de lo que invoque la parte actora. Segunda, al no aplicarse esas presunciones, la repetición exige probar que el agente desplegó una conducta dolosa al proferir el acto anulado, lo que supone un juicio de responsabilidad subjetiva. Tercera, la desviación de poder, para ser relevante, debe demostrarse como actuación dirigida a un fin ajeno a las finalidades del Estado, y en el expediente esa prueba no se produjo. La providencia niega las pretensiones de repetición. La consecuencia práctica es que la nulidad de un acto por desviación de poder no genera por sí misma responsabilidad del servidor cuando el dolo no se prueba.

## Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, ELEMENTO SUBJETIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, DOLO, PRUEBA DEL DOLO, DEMOSTRACIÓN DEL DOLO, AUSENCIA DEL DOLO, CULPA GRAVE, DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE, PRUEBA DE LA CULPA GRAVE, INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE, VIGENCIA DE LA LEY, APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO, JEFE DE CONTROL INTERNO, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, HEREDERO, CALIDAD DE HEREDERO, FALLECIMIENTO DEL DEMANDADO, SUCESIÓN PROCESAL, CONFIGURACIÓN DE LA SUCESIÓN PROCESAL, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA, CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, PAGO EFECTIVO, INEXISTENCIA DE LA TARIFA LEGAL DE LA PRUEBA, NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, NORMATIVA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, ALCANCE DE LA RETROACTIVIDAD DE LA LEY, NATURALEZA DE LA RETROACTIVIDAD DE LA LEY, OBJETO DE LA RETROACTIVIDAD DE LA LEY, RETROACTIVIDAD DE LA LEY, PROCESO DE ÚNICA INSTANCIA, FALLO DE ÚNICA INSTANCIA, SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA, CONDENA EN COSTAS, CONCEPTO DE COSTAS PROCESALES, CONCEPTO DE CONDENA EN COSTAS, CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES, NATURALEZA DE LAS COSTAS PROCESALES, LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES, NATURALEZA JURÍDICA DE LA CONDENA EN COSTAS, MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS, PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS, PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES, REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS, AGENCIAS EN DERECHO, CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO, FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO, LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

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## Texto del documento

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTO SUBJETIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / DOLO / PRUEBA DEL DOLO / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / AUSENCIA DEL DOLO / CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / VIGENCIA DE LA LEY / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / JEFE DE CONTROL INTERNO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Se demostró el obrar doloso con desviación de poder del Ex Ministro de Desarrollo Económico, Augusto Ramírez Ocampo (Q.E.P.D.), al haber proferido la Resolución N° 0854 del 6 de septiembre de 2000, por medio de la cual declaró insubsistente a Pedro Absalón Cifuentes Cerón, para el cargo de Jefe de la Oficina 0137-16 de la planta global de la Superintendencia de Industria y Comercio asignado en la oficina de calidad, y nombró a Luis Uriel Palacios Torres?
Respuesta al problema jurídico: No
Mediante sentencia del 10 de marzo de 2011, aclarada por providencia del 14 de julio de 2011, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, declaró, en el marco de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, la nulidad de la Resolución 854 del 6 de septiembre de 2000 expedida por el Ministro de Desarrollo Económico de la época Augusto Ramírez Ocampo, por medio de la cual declaró insubsistente el nombramiento del señor Pedro Absalón Cifuentes Cerón y se condenó a la Superintendencia de Industria y Comercio a pagar los salarios y prestaciones sociales que dejó de percibir desde el momento de su desvinculación, hasta su reintegro. La Superintendencia de Industria y Comercio activó el medio de control de repetición, en contra de los herederos del señor Augusto Ramírez Ocampo, en procura de la repetición de lo pagado para honrar esa condena. (...) La norma constitucional establece que el juicio de repetición supone un reproche subjetivo en contra del agente señalado como responsable de la condena al Estado, juicio que se materializa en la demostración en controversia judicial, de su conducta determinante del daño objeto de resarcimiento, como “dolosa o gravemente culposa”, lo que supone un análisis de la conducta del agente. (...) Como se dijo anteriormente, el régimen jurídico aplicable para determinar la responsabilidad del demandado y, por ende, establecer si actuó con dolo, es el vigente a la fecha en que los hechos ocurrieron, por tanto, al margen de la invocación que hizo la parte accionante, lo cierto es que en el sub examine no hay lugar a acudir a las presunciones establecidas en esta materia por la Ley 678 de 2001 y, por tanto, para que prospere la repetición deberá quedar plenamente demostrado con el acervo que obra en el expediente, que el Ex Ministro desplegó una conducta dolosa al momento de proferir la resolución anulada. Para dilucidar el problema planteado, resulta válido precisar que la calificación de la conducta del agente o ex agente demandado en repetición supone, en el caso concreto, la concreción de una actuación dolosa a partir de un verdadero juicio de responsabilidad subjetiva, que exige el análisis del comportamiento del servidor para determinar si estuvo dirigido a “la realización de un hecho ajeno a las finalidades del Estado” (dolo) representado en una actuación denotativa de desviación de poder. (...) En este caso, si bien, la Superintendencia de Industria y Comercio solicitó en la demanda la práctica de los testimonios de los señores Luís Uriel Palacios Torres y Pedro Absalón Cifuentes Cerón, lo cierto es que, en la audiencia de pruebas, de conformidad con el artículo 175 del CGP, se entendió que la parte accionante desistió de la prueba, en la medida en que no se logró localizar a los deponentes. Decisión que se notificó en estrados, frente a la cual no se interpusieron recursos. Por otra parte, se resalta que reposa en el expediente el Oficio 82118, mediante el cual la Contraloría Delegada para la responsabilidad fiscal intervención judicial y cobro coactivo informó que se verificó en las bases de datos y no se encontró ningún registro sobre antecedentes, indagaciones o procesos de responsabilidad fiscal, en trámite o en archivo, relacionados con el Ex Ministro de Desarrollo Económico, Augusto Ramírez Ocampo, por haber proferido la Resolución número 0854 del 6 de septiembre de 2000. La inactividad probatoria de la Superintendencia de Industria y Comercio, en cuanto no solicitó prueba alguna para demostrar la culpa grave que le endilga al demandado —pues solo se limitó a aportar los fallos ya referidos— no se compadece con el deber que le asiste a las partes de “(…) probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, en los términos de que trata el artículo 167 del Código General del Proceso; por tanto, debe asumir las consecuencias de su inactividad. 4.6.3. Al margen de lo expuesto, para examinar la actuación desplegada por el repetido, la Sala considera pertinente analizar los argumentos expuestos por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la sentencia que declaró la nulidad del acto administrativo proferido por señor Augusto Ramírez Ocampo. El referido tribunal, señaló que el artículo 8° del Decreto 2539 de 2000 preceptuaba que la competencia nominadora de los jefes de control interno en las entidades públicas de la rama ejecutiva, a nivel nacional, estaba adscrita en el Presidente de la República y sus ministros, sin embargo, esta norma fue declarada nula por la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia del 9 de octubre de 2008. Como consecuencia de esa nulidad, recobró vigencia el artículo 11 de la Ley 87 de 1993, que estatuye que la designación del jefe de la unidad u oficina de coordinación del control interno, entre otros cargos, es de competencia del representante legal o máximo directivo del organismo respectivo (...) Así entonces, conforme a lo explicado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, es posible colegir, que la nulidad del Decreto que facultaba al Presidente de la República, y en ese sentido, también a los ministros de despacho, fue declarada nula con posterioridad a la fecha en la que el señor Augusto Ramírez Ocampo emitió la Resolución 0854 del 6 de septiembre de 2000. Por consiguiente, la Sala observa que el repetido actuó conforme a las normas vigentes para la época de los hechos y en ese sentido no se vislumbra actuación dolosa o gravemente culposa en su proceder. En estas condiciones se impone una respuesta negativa al problema jurídico y, en consecuencia, se debe confirmar el fallo apelado que negó las pretensiones de la demanda.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, cita Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 20 de septiembre de 2007, Exp. 26708 y Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de octubre de 2008, Exp. 11001-03-25-000-200200253-01.
FUENTE FORMAL:
LEY 87 DE 1993 - ARTÍCULO 11
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / HEREDERO / CALIDAD DE HEREDERO / FALLECIMIENTO DEL DEMANDADO / SUCESIÓN PROCESAL / CONFIGURACIÓN DE LA SUCESIÓN PROCESAL
Problema jurídico:
¿A propósito de la acción de repetición, se encuentran legitimados por pasiva los herederos del señor Augusto Ramírez Ocampo (Q.E.P.D.), en su condición de continuadores del patrimonio del agente Estatal fallecido, a sabiendas que la sucesión se tramitó con beneficio de inventario y se liquidó en ceros?
Respuesta al problema jurídico: No
En cuanto a la legitimación en la causa por pasiva, es este un asunto sobre el cual ha gravitado buena parte de la controversia, motivo este que llama a algunas reflexiones necesarias para establecer si los herederos del agente estatal llamado en principio a repetir lo pagado pueden concurrir en calidad de demandados al juicio de repetición y, de ser el caso, ser condenados. La legitimación por pasiva ha de establecerse en cada caso a partir del artículo 90 de la Constitución política, cuyo texto, analizado en clave puramente exegética no deja margen a la duda: reside en el servidor o exservidor público, por cuyo proceder doloso o gravemente culposo causó daño antijurídico que hubo de reparar el Estado. De esta exégesis se ha inferido el carácter personal de la acción de repetición. En este orden de ideas, para la configuración de la legitimación en la causa por pasiva en este medio de control, basta con que se demuestre que el demandado tenía la condición de servidor público para el momento en que acaecieron los hechos que comprometieron la responsabilidad del Estado, circunstancia esta que quedó suficiente y pacíficamente establecida en primera instancia en relación con el señor Augusto Ramírez Ocampo El artículo 90 constitucional tuvo desarrollo legislativo con la Ley 678 de 2001 cuyos artículos 2 y 3 caracterizaron a la acción de repetición como una acción civil de carácter patrimonial, al tiempo que decantaron su teleología en cuanto instrumento garante de los principios de moralidad y eficiencia de la función pública, de modo que, en adición a sus fines retributivos, está llamada a cumplir un propósito preventivo y propedéutico que en modo alguno puede entenderse excluyente de su principal objetivo resarcitorio. Atendiendo a su naturaleza civil y patrimonial, esta Sala ha venido admitiendo en algunos casos la extensión de la legitimación por pasiva a los herederos del servidor o exservidor público causante con su proceder de daño antijurídico reparado por el Estado48, tesis que guarda armonía con los lineamientos normativos que el derecho civil traza en el artículo 2343 del Código Civil. Lo anterior, por cuanto, en aquellos asuntos que no hayan sido objeto de expresa disposición por una legislación especial, el régimen de las obligaciones del particular frente al Estado se gobierna por el derecho civil. La obligación de repetición que nos concierne pesa sobre un particular, quien no pierde tal condición por el hecho de la calificación que de él haga la norma constitucional, como un servidor o ex servidor del Estado. Esta resulta insuficiente per se para justificar el trato diferenciado de esta obligación respecto de las demás de contenido patrimonial y personal, esto es, no real, sino crediticio. La parte demandante, en el presente asunto, ha venido conforme al artículo 81 del Código de procedimiento civil vigente para el momento en que incoó la acción de repetición, demandando a quienes señaló como herederos determinados e indeterminados. No trajo, es verdad, la prueba de la condición de herederos de aquellas personas a quienes demandó como herederos determinados. Sin embargo, la señora Elsa Ramírez Koppel, quien se vinculó al proceso como parte de su extremo pasivo y contestó la demanda, allegó, como prueba de descargo copia del acto de liquidación de la sucesión de su padre, Augusto Ramírez Ocampo, en la que consta que, mediante apoderado, los señores Augusto, Jorge, Felipe, Mauricio y Elsa Ramírez koppel concurrieron a ese acto de liquidación como herederos del causante. En consideración a la existencia del acto liquidatorio de la sucesión del principal llamado a la repetición demandada, en el que reconocen su condición de herederos suyos, la Sala encuentra en ese documento la prueba de su condición de herederos, y de contera, de su legitimación por pasiva para esta causa. Cosa diferente será la determinación de las consecuencias del beneficio de inventario al que se acogieron al momento de aceptar la herencia, asunto que ha de resolverse, y sólo si a ello hay lugar, con ocasión del estudio del fondo de este litigio, una vez se haya agotado el análisis de la prueba del elemento subjetivo de la responsabilidad en sede de repetición de lo pagado por la demandante.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, cita Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 16 de diciembre de 2022, rad. 54777 y, sentencia del 24 de enero de 2024, rad. 67335.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 3, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2343
COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿El Consejo de Estado es competente en única instancia para resolver la demanda interpuesta mediante el medio de control contra de los herederos del señor Augusto Ramírez Ocampo QEPD, quien ostentó la calidad de Ministro de Desarrollo Económico cuando ejecutó la conducta cuestionada por el actor?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de repetición, según lo prescrito por el artículo 7 (inciso 1º) de la Ley 678 de 2001 . En consonancia con lo anterior, esta Corporación es competente para resolver en única instancia la demanda presentada, de conformidad con el artículo 149 de la Ley 1437 de 2011 (sin la modificación introducida por el artículo 25 de la Ley 2080 de 2021), que disponía el factor subjetivo como prevalente para determinar

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

uenta y ocho millones quinientos noventa y siete mil doscientos dos pesos con 46 centavos ($1.558.597.202,46)37; (iii) certificación suscrita por el profesional especializado 2028-13 con asignación de funciones de pagador de la Superintendencia de industria y Comercio, en la que hace constar que se pagaron los siguientes valores: ($839.939.828,00), ($88.944.171,44), ($368.794.793,00), ($107.246.365,65), ($85.809.342,00), ($29.071.245,00), ($8.117.497,00) y ($160.876.969,00)38; (iv) comprobantes de egreso suscritos por el tesorero pagador de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el que consta las transferencias de la suma de dinero prevista en la resolución 25363 del 26 de abril de 2012. De esta forma, los documentos anteriormente relacionados, que no fueron controvertidos por los accionados, son prueba suficiente de que el organismo realizó el pago, pues se trata de documentos públicos que contienen y reflejan la voluntad de la administración de dar cumplimiento a la condena judicial impuesta en su contra y dan cuenta del nombre del beneficiario, la fuente de la obligación, la suma de dinero pagada y la fecha en que se realizó el pago; además, se presumen auténticos, pues existe certeza del servidor público que los expidió y el cargo que ejercía. Así las cosas se impone una respuesta afirmativa en torno a la acreditación del pago efectivo de la condena.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1439, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1625, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1626
NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ALCANCE DE LA RETROACTIVIDAD DE LA LEY / NATURALEZA DE LA RETROACTIVIDAD DE LA LEY / OBJETO DE LA RETROACTIVIDAD DE LA LEY / RETROACTIVIDAD DE LA LEY
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿En virtud del principio de irretroactividad, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos?
Respuesta al problema jurídico: Si
Esta Corporación ha precisado que, en virtud del principio de irretroactividad, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos. En ese orden, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, continuarán rigiéndose por la normativa anterior, pero si ocurrieron con posterioridad, será la ley citada la que rija el análisis del dolo o la culpa grave del demandado y no las nociones generales aplicables en el régimen anterior, “sin perjuicio de que, dada la estrecha afinidad y el carácter civil que se le imprime a la acción en el artículo 2° de la misma ley, excepcionalmente se acuda al apoyo del Código Civil y a los elementos que la doctrina y la jurisprudencia han edificado en punto de la responsabilidad patrimonial, siempre y cuando no resulte irreconciliable con aquélla y los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de responsabilidad de los servidores públicos (artículos 6, 121, 122, 124 y 90 de la Constitución Política)”. Por ende, como en este caso el hecho dañoso que dio lugar a la condena ocurrió el seis (6) de septiembre de dos mil (2000), los aspectos sustanciales del caso sub judice le son aplicables las disposiciones contenidas en los artículos 90 de la Constitución Política de 1991, 63 del Código Civil, y, 77 y 78 del Decreto-Ley 01 de 1984, y, en consecuencia, no son aplicables a él las presunciones estatuidas en la Ley 678 de 2001. En el ámbito procesal, de conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, aplican las disposiciones contenidas en la Ley 678 de 2001, por ser la normativa vigente al momento de presentación de la demanda.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, cita Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 8 de mano de 2007, exp. 30330.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 77, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 78, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 40, LEY 678 DE 2001, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 63
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PROCESO DE ÚNICA INSTANCIA / FALLO DE ÚNICA INSTANCIA / SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA / CONDENA EN COSTAS / CONCEPTO DE COSTAS PROCESALES / CONCEPTO DE CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / NATURALEZA DE LAS COSTAS PROCESALES / LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES / NATURALEZA JURÍDICA DE LA CONDENA EN COSTAS / MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Es procedente la condena en costas en única instancia y la fijación de agencias en derecho?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 361 del Código General del Proceso (CGP) prevé que “las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”. A su vez, los artículos 365.1 y 366 ejusdem, aplicables a los procesos contenciosos administrativos por remisión expresa del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), prescriben que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. Su liquidación se realiza, de manera concentrada, por la secretaría del juzgador que haya conocido el proceso en primera o única instancia, sin embargo, en este escenario corresponde la fijación de las agencias en derecho, de acuerdo con las tarifas fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura. Bajo tales previsiones, la Sala condenará en costas a la parte demandante, comoquiera que sus pretensiones fueron despachadas en forma desfavorable. Para tal efecto, la Secretaría de la Sección deberá efectuar la correspondiente liquidación y tasación, debiendo considerar que se fijan agencias en derecho por el 1% del valor total de las pretensiones negadas, de conformidad con las tarifas establecidas en el Acuerdo 1887 de 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura. Las agencias en derecho se fijan en favor de Elsa Ramírez Koppel, comoquiera que fue la única de las demandadas que compareció y actuó dentro de las presentes diligencias.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

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Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2024-03-13. C.P. JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS. Rad. 11001032600020130009300. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:11001032600020130009300-47695-sentencia).
