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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: no está acreditada la culpa grave o el dolo del demandado con el fallo condenatorio al Estado

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Fecha
2024-01-24
Radicado
11001032600020130004300
Número interno
46694
Ponente
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPETICION
Actor
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR
Demandado
DARIO RAFAEL LONDOÑO GOMEZ

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: no está acreditada la culpa grave o el dolo del demandado con el fallo condenatorio al Estado

Regla de decisión

Por tratarse de un testigo sospechoso, su declaración debe ser analizada con mayor rigurosidad, a la luz de las demás pruebas practicadas.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

Las presunciones de dolo y de culpa grave de la Ley 678 de 2001 no se configuran cuando el demandante sustenta la presunción con los mismos argumentos de la sentencia que anuló el acto, sin demostrar los supuestos de hecho que la activan. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la parte actora debía demostrar los supuestos de hecho de la presunción invocada, y la sentencia de nulidad que sirvió de fundamento no señaló por sí misma una conducta dolosa o gravemente culposa del agente. Segunda, el demandado controvirtió que la nulidad se hubiera fundado en razones distintas a la desviación de poder, y el demandante no acreditó que la omisión del acto fuera de tal magnitud. Tercera, la condena al Estado no equivale a la prueba del elemento subjetivo del agente, pues el juicio de repetición exige valorar su conducta individualizada. La providencia niega las pretensiones de repetición. La consecuencia práctica es que la nulidad de un acto de reestructuración de planta no basta para atribuir dolo o culpa grave al funcionario que lo expidió.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Está acreditada la culpa grave o el dolo del demandado con el fallo condenatorio al Estado?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Ley 1564 de 2012, art. 167

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

NIEGA

Lo que dijo la Sala

En el proceso de reestructuración de la planta de personal de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), el Director General expidió la Resolución número 1344 de 2002, a través de la cual se incorporaron algunos empleados públicos designados provisionalmente a la nueva planta de personal de la Corporación, acto en el que no se incluyó al señor Fernando Fajardo Ruiz, quien tenía derechos de carrera en el cargo de Profesional Especializado 3010-16.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

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Titulación de la relatoría 18.109 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUNCIÓN DE CULPA / PRESUNCIÓN DE DOLO / AUSENCIA DEL DOLO / AUSENCIA DE CULPABILIDAD / FALTA DE CULPA / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Está acreditada la culpa grave o el dolo del demandado con el fallo condenatorio al Estado? Respuesta al problema jurídico: No En el proceso de reestructuración de la planta de personal de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), el Director General expidió la Resolución número 1344 de 2002, a través de la cual se incorporaron algunos empleados públicos designados provisionalmente a la nueva planta de personal de la Corporación, acto en el que no se incluyó al señor Fernando Fajardo Ruiz, quien tenía derechos de carrera en el cargo de Profesional Especializado 3010-16. El Director le comunicó su retiro y le informó que, por ser empleado de carrera, podía optar por el reintegro o por la indemnización, a lo cual le contestó que optaba por la reincorporación, lo cual no ocurrió; motivo por el que Fernando Fajardo presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que culminó con sentencia favorable a sus pretensiones. (...) En el presente asunto, la parte demandante sustentó las presunciones de dolo y culpa grave previstas en los artículos 5° y 6° de la Ley 678 de 2001 —en las que dijo haber incurrido el señor Darío Rafael Londoño Gómez al expedir la Resolución número 1344 del 15 de noviembre de 2002—, en los mismos argumentos que sirvieron de fundamento al juez del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por el señor Fernando Fajardo Ruiz, para la anulación de ese acto administrativo. A esa manifestación se opuso el señor Darío Fernando Londoño Gómez en su escrito de contestación, por considerar que no existía lugar para la configuración de la presunción contenida en el artículo 5° ejusdem, y, mucho menos, para la aplicación de la presunción de culpa grave por violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho. Frente a la primera, porque entendió que el Consejo de Estado, en la sentencia que puso fin al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, tuvo en cuenta razones distintas a la desviación de poder para la anulación del acto enjuiciado y, en relación con la segunda, porque, en su sentir, esa misma determinación omitió hacer referencia a una conducta de tal magnitud desplegada en el proceso de expedición del acto declarado nulo. (...) Para ese propósito, la parte demandante aportó copia auténtica de; (i) la sentencia condenatoria del 29 de abril de 2010 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca35, en la que se declaró la nulidad de la resolución número 1344 del 15 de noviembre de 2022 por desviación de poder y por “desconocimiento del bloque de legalidad en que debían fundarse aquellas decisiones que ordenaron la incorporación de personas sin derechos preferencial alguno frente al correlativo mejor derecho que si ostentaba (sic)” el entonces demandante; y (ii) de la decisión proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el 6 de octubre de 201136, que al confirmar aquella, consideró que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), en el proceso de reestructuración, desconoció al demandante su condición de empleado en carrera administrativa. Sin embargo, la aportación de estos elementos de convicción resulta insuficiente para denotar el supuesto de hecho al cual se refieren las presunciones atribuidas al agente demandado, pues esa declaración de nulidad, en ningún modo, es indicativa de una conducta dolosa o gravemente culposa del señor Darío Rafael Londoño Gómez al modificar la planta de personal de la entidad y omitir la incorporación de Fernando Fajardo Ruiz, pese a que ocupaba dentro de esta un cargo de carrera administrativa. Por el contrario, la sentencia dictada por la Sección Segunda del Consejo de Estado, lejos de referir un comportamiento desplegado con desviación de poder o con violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho, aludió, como se dijo, a un desconocimiento de la condición de empleado en carrera administrativa que, para ese entonces, detentaba el señor Fajardo Ruiz. La Sección Tercera de esta Corporación ha sostenido que, el supuesto de que exista un fallo condenatorio contra el Estado por la declaración de nulidad de un acto administrativo, no implica, per se, una responsabilidad patrimonial del servidor público sin juicio previo, sino que su aducción en el proceso de repetición permite que en la actividad probatoria del demandado, pese a que se señale que hubo una desviación de poder, por ejemplo, éste pueda acreditar en ejercicio del derecho al debido proceso y de defensa que su conducta no lo fue a título de dolo o culpa grave y, por consiguiente, probar la falta de responsabilidad patrimonial. Pero, las circunstancias antes expuestas impiden, para el caso particular, invertir o trasladar la carga de la prueba al extremo demandado, en tanto la demandante tan solo se apoyó en las decisiones proferidas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, sin exponer fundamentos o situaciones adicionales por las cuales, en su criterio, el señor Darío Rafael Londoño incurrió, con su conducta, en una de las causales de presunción anteriormente citadas. Y es que, los demás medios de convicción practicados en el curso de esta actuación carecen de certeza para acreditar el elemento conductual a partir del cual pudiera derivarse responsabilidad personal del agente estatal por la expedición del acto administrativo que posteriormente fue declarado nulo. Aún cuando en este proceso de repetición se recibió, a petición de la entidad demandante, el testimonio del señor Fernando Fajardo Ruiz, existen motivos para dudar de la imparcialidad y credibilidad de sus atestaciones, no solo en razón a su vinculación con la Corporación Autónoma Regional, sino, además, porque fue una de las personas que, en el marco del proceso de modernización, resultó afectada por las decisiones administrativas adoptadas por el señor Darío Rafael Londoño. Por tratarse de un testigo sospechoso, su declaración debe ser analizada con mayor rigurosidad, a la luz de las demás pruebas practicadas. No obstante, sus dichos no son claros en aspectos fundamentales para el juicio de responsabilidad personal pues, si bien en su relato manifestó que en el año 2002, cuando inició el proceso de reestructuración, se generaron muchos comentarios al interior de la corporación e “inclusive se filtró un documento en el cual aparecían algunos nombres, sobre todo los que habíamos ingresado por tutela marcados en rojo, ese documento fue público en su momento” y en él “aparecíamos los funcionarios que íbamos a terminar fuera de la corporación, destituidos en el proceso de reestructuración”, ese mismo declarante, dijo no tener conocimiento de la forma en que se filtró el documento, de la persona que lo suscribió y, más aún, dijo no recordar de que correo le fue enviado “ni quien lo envió”. Nótese que, aunque afirmó que la razón para no ser reincorporado al servicio de la entidad obedeció al “hecho de que el recién posesionado, doctor Darío Londoño, iniciara su administración con demasiadas demandas”, por lo que “al parecer eso le generó demasiado conflicto y la orden era que nos tenían que retirar”, aceptó sustentar dicha afirmación en una simple apreciación personal, pues no la “escuchó de ninguna persona”. Pese a que en esa declaración el señor Fajardo Ruiz sostuvo que su no incorporación al cargo que desempeñaba ocurrió por causa de una supuesta animadversión con el entonces director de la entidad, lo cierto es que esa sola percepción del deponente, en modo alguno, resulta corroborada con los demás medios de convicción que obran en el expediente. Para demostrar la conducta del funcionario en la expedición del acto administrativo anulado, además de las sentencias condenatorias, la demandante aportó copia de la Resolución número 1344 del 15 de noviembre de 2002, suscrita por Darío Londoño Gómez , en la que se observa que, dentro de los 39 cargos de profesional especializado 3010 16 que fueron incorporados en la nueva planta de personal de la Corporación Autónoma, no fue incluido Fernando Fajardo. También allegó copia del oficio expedido el 15 de noviembre de 2002, en el cual, el entonces director le comunicó al señor Fajardo Ruiz que, en virtud a la nueva estructura del ente público, su cargo había sido suprimido , tanto como del escrito presentado por este último servidor, en el que le informaba a Darío Londoño su deseo de optar por la reincorporación a un cargo de carrera de igual categoría al que venía desempeñando44. Pero, ni aquella resolución ni, menos aún, los oficios descritos, dan cuenta de las condiciones modales o circunstancias que llevaron al retiro del servicio del señor Fernando Fajardo, esto es, de la configuración del supuesto de hecho de las presunciones atribuidas al entonces directivo. Si bien el declarante, en su atestación y por percepción indirecta, dijo conocer que algunos miembros del consejo directivo de la Corporación Autónoma se opusieron al proceso de reestructuración adelantado por la entidad, la copia del Acuerdo número 016 del 29 de octubre de 2002, por el cual se determinó la planta de personal de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), aportado también por la accionante, permite acreditar, por el contrario, que la reestructuración de la planta de personal se dio por necesidades del servicio, es decir, porque la situación financiera de la entidad así lo requería y que, ese proceso de modernización, halló sustento en los resultados del estudio técnico presentado por el consultor especializado, en el que se determinó la necesidad de suprimir, entre otros, los empleos desempeñados por los funcionarios inscritos en carrera administrativa, en un número estimado de veinticinco (25) cargos, sin que esos servicios de asesoramiento prestados, acogidos por la demandante, fueran acreditados en este caso. Incluso, ese documento da cuenta de la potestad atribuida al director general para distribuir los cargos y ubicar el personal de la institución, en consideración a la estructura, los planes, programas y las necesidades del servicio. De ahí que, las pruebas arrimadas a este expediente no resulten suficientes para demostrar el supuesto de hecho al que hace alusión la presunción de dolo o culpa grave respecto de la conducta atribuida al señor Darío Rafael Londoño Gómez, por desviación de poder o falsa motivación en la expedición de la Resolución número 1344 de 2002. Tampoco, por violación manifiesta e inexcusable de normas de derecho, pues siguiendo el derrotero trazado por esta Sección del Consejo de Estado, resulta necesario que ese menoscabo tenga la característica de ser manifiesto e inexcusable, cuya prueba también fue echada de menos en este proceso; por lo que en estricta aplicación del mandato impuesto por el artículo 167 del Código General del Proceso (CGP), según el cual, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, la Sala, teniendo en cuenta que al expediente ni siquiera fueron aportados los actos administrativos denotativos de las razones del entonces director para indemnizar al funcionario tantas veces aludido y negarse a su reincorporación al empleo que este ocupaba en carrera administrativa, procederá a negar la pretensión de reembolso formulada por el extremo demandante NOTA DE RELATORÍA: En relación con el supuesto de que exista un fallo condenatorio contra el Estado por la declaración de nulidad de un acto administrativo, no implica, per se, una responsabilidad patrimonial del servidor público sin juicio previo, citaConsejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 28 de febrero de 2011, exp. 34816. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUNCIÓN DE DOLO / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Es procedente la aplicación de las presunciones legales previstas en los artículos 5° y 6° de la Ley 678 de 2001 que califican la conducta del agente de dolosa o gravemente culposa? Respuesta al problema jurídico: Si Para abordar el análisis de la conducta del agente público en el marco de este proceso de reembolso, ha de tenerse en consideración que, como los hechos que sustentaron la condena en contra de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ocurrieron el 15 de noviembre de 2002 —cuando el señor Darío Londoño Gómez, en su condición de Director General de esa entidad pública, expidió la Resolución número 1344 del 15 de noviembre de 2002, en la que incorporó por nombramiento en provisionalidad a 39 profesionales en el mismo cargo y grado que desempeñaba el señor Fernando Fajardo Ruíz, pero no a éste 33—, la Ley 678 de 2001 resulta aplicable a los aspectos sustanciales de este asunto. Por tanto, se aplican las “presunciones legales” previstas en los artículos 5° y 6° de esa ley, que califican la conducta del agente de dolosa o gravemente culposa. Estas presunciones admiten prueba en contrario y, con ellas, el legislador buscó efectivizar el ejercicio de la acción o medio de control de repetición, en la medida que la entidad estatal, al formular el respectivo libelo introductorio, le corresponde acreditar solamente el supuesto fáctico en el que se fundamenta la presunción que se invoca para que esta opere, y el demandado tiene el deber de desvirtuar el hecho deducido a fin de enervar la responsabilidad que se le imputa, lo cual quedó, a su vez, plasmado en la exposición de motivos del proyecto de ley que culminó con la expedición de la Ley 678 de 2001. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CARGA DE LA PRUEBA / FALLO CONDENATORIO / RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿El supuesto de que exista un fallo condenatorio contra el Estado por la declaración de nulidad de un acto administrativo, no implica, per se, una responsabilidad patrimonial del servidor público sin juicio previo? Respuesta al problema jurídico: No La Sección Tercera de esta Corporación ha sostenido que, el supuesto de que exista un fallo condenatorio contra el Estado por la declaración de nulidad de un acto administrativo, no implica, per se, una responsabilidad patrimonial del servidor público sin juicio previo, sino que su aducción en el proceso de repetición permite que en la actividad probatoria del demandado, pese a que se señale que hubo una desviación de poder, por ejemplo, éste pueda acreditar en ejercicio del derecho al debido proceso y de defensa que su conducta no lo fue a título de dolo o culpa grave y, por consiguiente, probar la falta de responsabilidad patrimonial37. Pero, las circunstancias antes expuestas impiden, para el caso particular, invertir o trasladar la carga de la prueba al extremo demandado, en tanto la demandante tan solo se apoyó en las decisiones proferidas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, sin exponer fundamentos o situaciones adicionales por las cuales, en su criterio, el señor Darío Rafael Londoño incurrió, con su conducta, en una de las causales de presunción anteriormente citadas. Y es que, los demás medios de convicción practicados en el curso de esta actuación carecen de certeza para acreditar el elemento conductual a partir del cual pudiera derivarse responsabilidad personal del agente estatal por la expedición del acto administrativo que posteriormente fue declarado nulo. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, cita Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 28 de febrero de 2011, exp. 34816. PROCESO DE ÚNICA INSTANCIA / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CONCEPTO DE COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / NATURALEZA DE LAS COSTAS PROCESALES / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Es procedente la condena en costas en única instancia y la fijación de agencias en derecho? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 361 del Código General del Proceso (CGP) prevé que “las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”. A su vez, los artículos 365.1 y 366 ejusdem, aplicables a los procesos contenciosos administrativos por remisión expresa del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), prescriben que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. Su liquidación se realiza, de manera concentrada, por la secretaría del juzgador que haya conocido el proceso en primera o única instancia, sin embargo, en este escenario corresponde la fijación de las agencias en derecho, de acuerdo con las tarifas fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura. Bajo tales previsiones, la Sala condenará en costas a la parte demandante, comoquiera que sus pretensiones fueron despachadas en forma desfavorable. Para tal efecto, la Secretaría de la Sección deberá efectuar la correspondiente liquidación y tasación, debiendo considerar que se fijan agencias en derecho por el 1% del valor total de las pretensiones negadas, de conformidad con las tarifas establecidas en el Acuerdo 1887 de 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110010326000201300043001100103