Ir al contenido
EN CONSTRUCCIÓN · EDICIÓN ANTICIPADA

Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.

Avísame al estrenar →
⚠ Atención: tienes 1 filtro marcado (SOLUCIÓN DEL LITIGIO) que seguirá activo al buscar hasta que lo quites. Ver en buscador Quitar todos
← Volver a sentencias
Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la acción de tutela tiene una naturaleza subsidiaria y residual

PDF oficial ↗ Ver y descargar en SAMAI ↗
Fecha
2025-09-01
Radicado
11001031500020250137101
Número interno
5116
Ponente
MARÍA ADRIANA MARÍN
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCIONES DE TUTELA
Actor
COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS SA CONFIANZA
Demandado
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACA

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la acción de tutela tiene una naturaleza subsidiaria y residual

Regla de decisión

La acción de tutela tiene una naturaleza subsidiaria y residual que impide que se desconozcan los medios judiciales ordinarios previstos por el legislador como mecanismos principales de protección de derechos.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El contratista no puede impugnar una sentencia mediante acción de tutela si no agotó los recursos ordinarios previstos en la ley, ya que la tutela tiene una naturaleza subsidiaria y residual que impide desconocer los medios judiciales establecidos para la protección de derechos. En este caso, la entidad aseguradora presentó una acción de tutela contra una sentencia que la condenó a pagar una suma superior a la asegurada en la póliza, argumentando vulneración de su derecho al debido proceso. Sin embargo, la Sección Primera del Consejo de Estado confirmó la sentencia del 24 de abril de 2025, declarando la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de subsidiariedad, dado que la aseguradora no había agotado los recursos ordinarios disponibles, como el recurso de apelación. La Sala sostuvo que la tutela no puede ser utilizada como una tercera instancia procesal para reabrir debates ya resueltos por la autoridad judicial. Esta decisión reitera la importancia de agotar los recursos judiciales antes de recurrir a la acción de tutela, lo que implica que cualquier parte que intente saltarse este procedimiento enfrentará la improcedencia de su solicitud de tutela.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Debe confirmarse el fallo del 24 de abril de 2025, proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante el cual se declaró improcedente la solicitud de amparo promovida por el accionante, empero por incumplirse con el requisito de subsidiariedad respecto al cargo sobre la responsabilidad de la accionante en la controversia ordinaria?

Respuesta: Si

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Lo que dijo la Sala

De entrada, la Sala advierte que la solicitud de amparo presentada por Seguros Confianza S.A. no cumple el requisito de subsidiariedad. Además, tal como lo planteó el juez de tutela de primera instancia, la acción de tutela carece de relevancia constitucional y, por ende, se confirmará la sentencia impugnada. En el caso bajo estudio, Seguros Confianza S.A. pidió que se amparara su derecho fundamental al debido proceso, el cual estimó vulnerado por la sentencia del 11 de diciembre de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, a través de la cual se le condenó a pagar, de manera solidaria, junto al Consorcio Ibagué, la suma de $ 506.707.556, monto que, en su criterio, supera el que fue asegurado en la póliza de seguro… En primera instancia, la Sección Primera de esta Corporación declaró improcedente el amparo constitucional, por considerar que el asunto carece de relevancia constitucional.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

También resuelve

Descriptores temáticos

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Multas y cláusula penal Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Garantía única y efectividad de la póliza

Documentos relacionados

Comparten descriptores temáticos con esta providencia.

Consejo de Estado 2026-08-10 Sección Tercera (Subsección A)
No se encuentra superado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional frente a la pretensión de amparo
Consejo de Estado 2022-02-18 Sección Tercera (Subsección C)
El amparo impetrado no satisface el requisito de relevancia constitucional
Consejo de Estado 2025-10-23 Sección Segunda (Subsección A)
La acción de tutela ejercida cumple con el requisito de relevancia constitucional
Consejo de Estado 2022-05-16 Sección Primera
No se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
Rama Judicial · recopilada por CCE 2021-09-26 Sección Tercera
Acción de tutela: 11001 03 15 000 2013 01173 00_AC
Consejo de Estado 2024-08-12 Sección Segunda (Subsección B)
No es posible concluir que se presentara un estudio probatorio contraevidente a las pruebas aportadas
Titulación de la relatoría 13.112 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE TUTELA / ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPUGNACIÓN DE LA SENTENCIA DE ACCIÓN DE TUTELA / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA / AUSENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / ARGUMENTO EN LA DEMANDA / CLÁUSULA DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD / PRESCRIPCIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGURO / CONDUCTA OMISIVA DE LA PARTE DEMANDANTE / PROCESO ORDINARIO / OMISIÓN EN EL AGOTAMIENTO DEL MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL / OMISIÓN EN LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA REVIVIR OPORTUNIDADES PROCESALES / NATURALEZA SUBSIDIARIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONDENA SOLIDARIA / ENTIDAD ASEGURADORA / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿Debe confirmarse el fallo del 24 de abril de 2025, proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante el cual se declaró improcedente la solicitud de amparo promovida por el accionante, empero por incumplirse con el requisito de subsidiariedad respecto al cargo sobre la responsabilidad de la accionante en la controversia ordinaria? Respuesta al problema jurídico: Si De entrada, la Sala advierte que la solicitud de amparo presentada por Seguros Confianza S.A. no cumple el requisito de subsidiariedad. Además, tal como lo planteó el juez de tutela de primera instancia, la acción de tutela carece de relevancia constitucional y, por ende, se confirmará la sentencia impugnada. En el caso bajo estudio, Seguros Confianza S.A. pidió que se amparara su derecho fundamental al debido proceso, el cual estimó vulnerado por la sentencia del 11 de diciembre de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, a través de la cual se le condenó a pagar, de manera solidaria, junto al Consorcio Ibagué, la suma de $ 506.707.556, monto que, en su criterio, supera el que fue asegurado en la póliza de seguro (...) En primera instancia, la Sección Primera de esta Corporación declaró improcedente el amparo constitucional, por considerar que el asunto carece de relevancia constitucional. Estimó que la controversia planteada por la accionante ya había sido objeto de estudio por la autoridad judicial accionada, de modo que la acción de tutela contra providencia judicial no constituye una tercera instancia que permita reabrir el debate resuelto por el juez natural. Máxime cuando la supuesta afectación a los derechos que se alegó tiene su origen en un debate estrictamente legal y económico. En la impugnación, Seguros Confianza S.A. aseguró que el asunto tiene relevancia constitucional, dada la evidente vulneración a su derecho al debido proceso y, en concreto, a sus garantías de defensa y contradicción. Según afirmó, dicha transgresión se demuestra, porque: i) debió ser "absuelta" de la condena, en la medida en que cuando se presentó la demanda ya había operado la prescripción ordinaria de las acciones derivadas del contrato de seguro; ii) la sentencia demandada incurrió en un error interpretativo, al señalar que el cierre ambiental en su generalidad era una obligación indivisible; y, iii) aun cuando se considerara que la condena en su contra era procedente, esta debió limitarse al valor asegurado con la póliza. (...) En primer lugar, la Sala destaca que, a lo largo del proceso, la parte actora no solo se mostró inconforme con el hecho de que hubiera sido condenada a pagar un monto que, en su consideración, supera el que fue amparado en virtud de la póliza de seguro 17GUO33769, sino que, además, expuso una serie de argumentos tendientes a demostrar que debió ser exonerada de responsabilidad en el proceso de controversias contractuales. En relación con lo anterior, de entrada, se observa que los cargos que la accionante presentó con el ánimo de demostrar que debió ser absuelta de la condena: (i) que la póliza 17GUO33769 era un seguro de cumplimiento y no de responsabilidad y (ii) que cuando se presentó la demanda ya había operado el fenómeno de la prescripción, no están llamados a prosperar, pues no satisfacen el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela. En efecto, revisado el expediente ordinario, esta Subsección advierte que la responsabilidad de la aseguradora quedó definida desde la sentencia dictada por el Juzgado Sexto Administrativo de Tunja el 17 de julio de 2023, sin que la aquí accionante hubiera interpuesto recurso de apelación —procedente al tenor de lo dispuesto en el artículo 243 del CPACA—. De manera que el estudio del Tribunal Administrativo de Boyacá debía limitarse, como en efecto ocurrió, a analizar exclusivamente los cargos formulados por el INVÍAS en su recurso de alzada. En este punto, cabe recordar que la acción de tutela tiene una naturaleza subsidiaria y residual que impide que se desconozcan los medios judiciales ordinarios previstos por el legislador como mecanismos principales de protección de derechos. No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados. (...) Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo menos, probar que agotó los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo contrario, la tutela deviene improcedente. No obstante, en este caso se encuentra acreditado que Seguros Confianza S.A. no interpuso el recurso de apelación contra el fallo dictado por el Juzgado Sexto Administrativo de Tunja el 17 de julio de 2023, mecanismo ordinario que tenía a su disposición para cuestionar la supuesta afectación a su derecho fundamental al debido proceso, si consideraba que no debía imponérsele condena alguna en el proceso de controversias contractuales. Por lo tanto, resulta inadmisible que ahora pretenda censurar, por vía de este valioso mecanismo constitucional, una decisión que no cuestionó oportunamente. ACCIÓN DE TUTELA / ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPUGNACIÓN DE LA SENTENCIA DE ACCIÓN DE TUTELA / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA / AUSENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA COMO UNA TERCERA INSTANCIA PROCESAL / ARGUMENTO EN LA DEMANDA / PAGO DE CONDENA JUDICIAL / ASUNTO NETAMENTE LEGAL / ASUNTO NETAMENTE ECONÓMICO / REITERACIÓN DE ARGUMENTO EN EL PROCESO ORDINARIO / REITERACIÓN DE ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / DESACUERDO DE LA SENTENCIA / LÍMITES DEL JUEZ CONSTITUCIONAL / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONDENA SOLIDARIA / ENTIDAD ASEGURADORA / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿Debe confirmarse el fallo del 24 de abril de 2025, proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante el cual se declaró improcedente la solicitud de amparo promovida por el accionante, al incumplir con el requisito de relevancia constitucional respecto a la afectación económica que se le originó a la entidad aseguradora dentro del proceso ordinario? Respuesta al problema jurídico: Si Siguiendo con el análisis de los cargos de la impugnación, se tiene que la parte actora se mostró inconforme con la interpretación realizada por el Tribunal accionada en torno a la naturaleza de la obligación que fue objeto de incumplimiento, pues consideró que, contrario a lo sostenido en la sentencia de segunda instancia, aquella era "claramente divisible", en tanto lo que la referida autoridad judicial denominó "licencia", en realidad, era un "permiso para el vertimiento en un pozo séptico". Al respecto, lo primero que llama la atención de la Sala es que tal reproche no fue expuesto inicialmente en el escrito de amparo y solo vino a proponerse luego de que en primera instancia se declarara la improcedencia de la acción de tutela, lo que revela la intención desesperada de la demandante de proponer debates que, como se expondrá a continuación, ya fueron objeto de pronunciamiento judicial, con el fin de convertir este mecanismo de protección de derechos en una instancia adicional del proceso de controversias contractuales, para obtener a toda costa una decisión que resulte favorable a sus intereses. Así pues, valga recordar a la parte actora que en el recurso de apelación el INVÍAS controvirtió el razonamiento del juez de primera instancia relacionado con la divisibilidad de la obligación incumplida, que lo condujo a afectar en un 30 % la cláusula penal. De modo que fue justamente sobre ese punto de derecho que se pronunció el Tribunal Administrativo de Boyacá, que luego de analizar la naturaleza de la obligación relativa al cierre ambiental a la luz de la jurisprudencia de esta Corporación, concluyó que dicha estipulación contractual era indivisible y, por ende, la penalidad debía hacerse efectiva en su totalidad. De suerte que, como se resaltó al momento de analizar la intervención del señor [M.G.J.M], tal reproche también deviene improcedente, por constituir una reiteración del litigio sobre el que se pronunció de manera razonable y suficiente la autoridad judicial accionada. Ahora bien, en lo que concierne a la supuesta afectación por el monto de la condena impuesta, según dijo, estimada aproximadamente en un 65 % del valor asegurado con la póliza (...), esta Subsección, en plena sintonía con el fallador de primer grado, estima improcedente la acción de tutela, en la medida en que la accionante pretende convertir la acción de amparo en una instancia adicional del proceso ordinario, para controvertir la subsunción que realizó el Tribunal accionado respecto del artículo 283 del CGP y, por si fuera poco, el asunto que se debate ostenta una naturaleza estrictamente legal y económica, que, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, ratifica la improcedencia de la solicitud de amparo. En esencia, la inconformidad de la parte actora radica en la interpretación y aplicación que del inciso segundo del artículo 283 del CGP realizó el Tribunal Administrativo de Boyacá, respecto de la indexación del monto amparado por la póliza de seguro (...), análisis que derivó en la consolidación de un efecto económico adverso a sus intereses. (...) De lo anterior, se colige que la controversia propuesta por la accionante fue objeto de pronunciamiento judicial. Ciertamente, la autoridad judicial accionada estimó procedentes los reparos expuestos en el recurso de apelación, al considerar que la cláusula penal debía afectarse en su integridad, pues la obligación inobservada por el consorcio demandado no era de naturaleza divisible, por lo que tampoco procedía la afectación de la referida penalidad en proporción al incumplimiento (...) Entonces, como se anticipó, los cargos de la tutela tendientes a cuestionar el monto de la condena, comportan una verdadera reiteración del debate que se surtió en el proceso de controversias contractuales. Lo que da cuenta de que la intención de la accionante es reabrir un debate que ya quedó razonablemente zanjado por los jueces del contrato y respecto del cual, el juez de tutela tiene vedado pronunciarse, salvo que se aprecie capricho o arbitrariedad, lo que, dicho sea de paso, no se advierte en este caso. (...) En ese sentido, como la accionante se encuentra inconforme con la aplicación del ya ampliamente mencionado artículo 283 del CGP, que condujo a la actualización de la condena, la Sala considera que lo que se propone en esta instancia judicial es una discusión de mera legalidad, que resultó en la consolidación de un efecto económico adverso a los intereses de la demandante; discusión respecto de la cual la acción de tutela también resulta improcedente, de conformidad con la jurisprudencia constitucional. La razón que torna improcedente un amparo constitucional en casos como el sub judice es que el asunto controvertido no está relacionado con la posible afectación a los derechos fundamentales del accionante, sino que se limita a reprochar cuestiones de orden legal o de carácter meramente económico, que escapan de la esfera constitucional. (...) En consideración a lo expuesto, la Sala advierte que, en relación con el reproche por la imposición de una condena que excede el monto asegurado, mediante una garantía única de cumplimiento, el presente asunto carece de relevancia constitucional, pues la controversia planteada no trasciende a la supuesta afectación al derecho al debido proceso de la sociedad actora, sino que se circunscribe una cuestión de mera legalidad, con efectos estrictamente económicos. (...) En conclusión, la Sala confirmará la sentencia impugnada, por considerar que (...) ii) los argumentos relacionados con la afectación económica que le produjo la sentencia del 11 de diciembre de 2024 y con la naturaleza de la obligación incumplida carecen de relevancia constitucional.

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202501371011100103