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Consejo de Estado
Concepto
Ministerio de salud: Concepto sin reserva
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva
2024-12-04
Sala Consulta y Servicio Civil
JUAN MANUEL LAVERDE ÁLVAREZ
Rad. 11001030600020230074700
CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿Cuál es el alcance e interpretación de la norma prevista en el artículo 5º y su parágrafo de la Ley 1066 de 2006 en materia de cobro coactivo por parte de las entidades públicas, así como la aplicación que, en la misma materia, debe darse a los artículos 98 y 100 de la Ley 1437 de 2011, al artículo 169 del Decreto- Ley 1421 de 1993 y al artículo 112 de la Ley 6ª de 1992, para los efectos del cobro coactivo de facturas cambiarias de venta generadas por la prestación de servicios de salud por parte de Empresas Sociales del Estado E.S.E? Sí
Si bien es cierto las E.S.E., no son entes vinculados en los términos del artículo 112 de la Ley 6ª de 1992, respecto de los cuales la Corte declaró la constitucionalidad condicionada, sino de carácter descentralizado, la primera de las disposiciones regula una situación de exclusión para las entidades públicas que desarrollan una actividad de gestión de cobranza similar o igual a los particulares, en desarrollo del régimen privado que se aplica al giro principal de sus negocios, cuando dicho régimen esté consagrado en la ley o en los estatutos sociales de la sociedad, como en efecto sucede respecto de las E.S.E. De esta manera, las E.S.E carecen de facultades de cobro coactivo, al tenor de la gestión que realizan, en tanto cumplen actividades en la misma condición con los particulares, dentro del marco de un mercado competitivo en el sector salud…
También resuelve:
¿De conformidad con lo previsto en las Leyes 6 de 1992, 1066 de 2006 y 1437 de 2011, principalmente, y teniendo en cuenta la naturaleza y régimen jurídico de las Empresas Sociales del Estado…
¿En caso de no considerarse procedente que las Empresas Sociales del Estado adelanten el cobro coactivo de las facturas generadas por la prestación de servicios de salud ¿qué otras alternativas o…
SIN DECISION
Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Providencia
La verificación de la caducidad exige determinar con precisión la fecha inicial del cómputo
Sentencia — Sentencia
2026-03-04
SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección C)
FERNANDO IREGUI CAMELO
Rad. 25269333300120190017601
ACCION DE REPETICION
¿Se configuró la caducidad del medio de control de repetición, teniendo en cuenta que (…), el plazo máximo para presentar la demanda expiraba el 6 de julio de 2019 —fecha que correspondió a un día inhábil— y que se radicó el 8 de julio de 2019, primer día hábil siguiente? No
El contratista no configura la caducidad del medio de control de repetición cuando el plazo máximo para presentar la demanda vence en un día inhábil, ya que el término se extiende hasta el primer día hábil siguiente, sin ampliar el plazo legal. La Sala establece que los términos de caducidad en meses o años deben computarse en unidades exactas de tiempo calendario, sin excluir los días inhábiles durante su transcurso, pero si el día final coincide con un día inhábil, el plazo se prorroga hasta el primer día hábil siguiente. En el caso concreto, el pago de la sentencia condenatoria se realizó el 5 de julio de 2017, iniciándose el plazo de caducidad el 6 de julio de 2017 y venciendo el 6 de julio de 2019, un sábado, por lo que la demanda radicada el 8 de julio de 2019 fue oportuna. Esta regla reitera la jurisprudencia existente sobre el cómputo de plazos en días inhábiles, garantizando la oportunidad de los medios de control en casos similares.síntesis automática
También resuelve:
¿La conducta desplegada por el personal médico de la Fundación SAP Salud, en su condición de contratista de la ESE Hospital San Rafael de Facatativá, configura culpa grave…
Consejo de Estado
Providencia
Medio de control de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2025-05-19
Sección Tercera (Subsección C)
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Rad. 23001233300020140043301
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿¿Es competente la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer del litigio derivado del convenio de cooperación interinstitucional celebrado entre el municipio de San José de Uré y la IPS Promosalud & Cía. Ltda.? Sí
El contratista está legitimado para demandar la liquidación judicial del convenio de cooperación interinstitucional celebrado con el municipio, y la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer del litigio, conforme al artículo 104 del CPACA. La competencia del Consejo de Estado en segunda instancia se fundamenta en el artículo 150 y el numeral 5 del artículo 152 del CPACA, dado que la cuantía supera los 500 SMLMV. La demanda fue presentada en tiempo, considerando el plazo de ejecución y liquidación del convenio, y sin afectar el término de caducidad por la conciliación extrajudicial. El marco de competencia del juez de segunda instancia se limita a los motivos de inconformidad expuestos en el recurso de apelación, sin que el juez pueda pronunciarse sobre aspectos no discutidos.síntesis automática
También resuelve:
¿El medio de control de controversias contractuales es procedente para demandar el incumplimiento obligacional del convenio de cooperación interinstitucional por parte del municipio y para solicitar…
¿Para el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, hay que tener en cuenta el plazo de ejecución del convenio, el término para liquidarlo…
¿La legitimación en la causa por activa recae sobre la IPS demandante y por pasiva sobre el municipio por ser las partes que celebraron el convenio objeto de la controversia?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La legitimación que ostentan las partes para formular o contradecir las pretensiones de una demanda, surge en virtud de una relación jurídica sustancial derivada de la participación en una circunstancia fáctica o en una situación jurídica que puede ser de índole contractual, legal o reglamentaria.
Sentencia — Sentencia
2022-11-21
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 76001233300020130003401
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La legitimación en la causa por activa y por pasiva está determinada por el interés legítimo frente a un derecho discutido entre las partes que acuden como demandante y demandado, y la relación sustancial que nace de dicha controversia? Sí
El contratista y la entidad estatal están legitimados en la causa para intervenir en un proceso contractual cuando tienen un interés legítimo en el derecho discutido y una relación sustancial con la controversia, lo que implica que la legitimación en la causa por activa y por pasiva se determina en función de la relación jurídica sustancial derivada de la participación en la circunstancia fáctica o situación jurídica que origina la disputa. En el caso concreto, la entidad estatal que celebró el contrato y que incumplió sus obligaciones es la única legitimada en la causa por pasiva, mientras que la otra parte que reclama el incumplimiento tiene legitimación en la causa por activa, ya que ambos tienen un interés legítimo en la controversia contractual y están vinculados funcional o materialmente a los hechos que dan origen a la reclamación. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente sobre la legitimación en la causa en controversias contractuales, estableciendo que la relación contractual es el fundamento esencial para determinar la legitimación de las partes en el proceso.síntesis automática
También resuelve:
¿La legitimación en la causa por pasiva recayó sobre el Hospital contratante en los negocios jurídicos que originaron la controversia…
¿En qué consiste la capacidad jurídica y en qué se diferencia de la capacidad procesal?
¿Los establecimiento de comercio tienen capacidad jurídica para ser parte de un contrato y para comparecer a un proceso judicial iniciado en virtud de controversias surgidas de dicho contrato?
SIN DECISION
Colombia Compra Eficiente
Concepto
Las entidades de régimen especial deben asegurar la publicación oportuna e integral de la documentación contractual en SECOP II, armonizando este deber con las normas sobre reserva legal o constitucional de la información cuando corresponda.
C-982 de 2026
2026-07-28
¿Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) están obligadas a reportar información a la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente– y, de ser así, cuáles son las condiciones normativas que rigen el cumplimiento de dicha obligación?
En relación con el problema jurídico planteado, es necesario precisar que el deber de reportar información en el Sistema de Compras Públicas por parte de las IPS no constituye un mandato uniforme ni automático. Su configuración depende de dos elementos estructurales que impiden asumir una obligación idéntica para todas estas entidades. En primer lugar, la naturaleza jurídica de las IPS no es homogénea. Estas pueden ser oficiales, mixtas, privadas, comunitarias o solidarias, y pueden estar organizadas dentro de las Entidades Promotoras de Salud o por fuera de ellas. Esta diversidad organizacional y jurídica implica que no todas las IPS se encuentran sometidas al mismo régimen de derecho público ni a las mismas cargas de reporte.
También resuelve:
Principio de publicidad: concepto, fundamento axiológico, fundamento constitucional, SECOP
Deber de publicidad: sujetos obligados, particulares que gestionan recursos públicos, entidades de régimen especial