Ir al contenido
EN CONSTRUCCIÓN · EDICIÓN ANTICIPADA

Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.

Avísame al estrenar →
← Volver a sentencias
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Régimen jurídico del contrato estatal: el contrato estatal se regula por las normas

Documento oficial completo ↗ Fuente oficial ↗
Fecha
2026-04-08
Radicado
25000233600020180011701
Número
25000233600020180011701 de 2026

Síntesis del concepto

Régimen jurídico del contrato estatal: el contrato estatal se regula por las normas

En resumen

Empero, no en pocas ocasiones, el régimen del contrato se nutre de las normas del derecho privado y del público. En cuanto a la falta de competencia para celebrar el contrato estatal, la Corporación ha señalado que constituye un vicio de nulidad absoluta por objeto ilícito, conforme a lo previsto en el artículo 1519 del Código Civil, al implicar una contravención “…al derecho público de la Nación…”. Por su parte, el artículo 6 ibidem prevé que los municipios podrán asumir directamente la prestación de los servicios públicos de su competencia cuando las condiciones técnicas, económicas y de conveniencia general así lo permitan, lo cual se configura en casos específicos como la ausencia de empresas interesadas tras invitación pública, la falta de respuesta adecuada de otras entidades o particulares, o cuando estudios aprobados por la Superintendencia demuestren que la prestación directa resulta más eficiente y de igual calidad.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista debe asumir la condena en costas en procesos contenciosos subjetivos, incluso cuando se trate de intereses públicos, ya que la jurisprudencia establece que la excepción de no imposición de costas solo aplica en medios de control público, no en controversias contractuales o individuales. En este caso, el Consejo de Estado confirmó la sentencia del tribunal inferior y condenó a la parte demandante a pagar las costas de la segunda instancia, matizando la interpretación previa de la condena en costas en procesos que involucran intereses públicos, lo que implica que las partes deben estar preparadas para asumir costos legales en casos contractuales, independientemente del interés público en juego.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Puntos que trata

  • Régimen jurídico del contrato estatal: normativa, aplicación del códigos civil y de comercio, fuerza vinculante del contrato, elementos configurativos del contrato
  • Nulidad absoluta del contrato estatal: Ley 80 de 1993 artículo 44, causales de nulidad absoluta, derecho común, Código Civil artículo 1741
  • Falta de competencia: nulidad absoluta del contrato estatal, objeto ilícito, Código Civil artículo 1519, contravención al derecho público de la nación
  • Servicios públicos domiciliarios: competencia del municipio, Ley 142 de 1994 artículo 5, responsabilidad municipal, reglamentación por concejos municipales
  • Obligaciones sujetas a condición: características

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Restrictores

Aplicación del Código Civil y de Comercio Características Causales de nulidad absoluta Código Civil artículo 1519 Código Civil artículo 1741 Competencia del municipio Concurrencia de normas de derecho privado y derecho público Contratos estatales Contravención al derecho público de la Nación Corte Constitucional Decisión administrativa prestación de los servicios públicos domiciliarios Derecho común Elementos configurativos del contrato Finalidad social del Estado Fuerza vinculante del contrato Integración contractual Integración normativa entre derecho público y privado Ley 142 de 1994 Ley 142 de 1994 artículo 5 Ley 142 de 1994 artículo 6 Ley 80 de 1993 artículo 44 Normativa Nulidad absoluta del contrato estatal Objeto ilícito Prestación eficiente de los servicios públicos Principio de legalidad Régimen de nulidades contractuales Régimen de servicios públicos domiciliarios Reglamentación por concejos municipales Responsabilidad municipal Servicios públicos

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Nulidad del contrato estatal

Documentos relacionados

Comparten descriptores temáticos con esta providencia.

Rama Judicial · recopilada por CCE 2026-10-02
Convenios de asociación
Consejo de Estado 2026-08-24 Sección Tercera (Subsección B)
El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto
Consejo de Estado 2024-03-13 Sección Tercera (Subsección C)
No es inepta la demanda presentada en ejercicio de la acción contractual si el actor formula de modo subsidiario la pretensión
Consejo de Estado 2022-10-19 Sección Tercera (Subsección B)
Están probadas las erogaciones en que incurrió el contratista
Consejo de Estado 2022-07-15 Sección Tercera (Subsección A)
Competencia: Sentencia
Consejo de Estado 2023-05-25 Sección Tercera (Subsección B)
La elección de la modalidad de pago, o de remuneración de cada una de las obligaciones, implica una asignación
Texto del documento 5.853 caracteres
RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO ESTATAL – Normativa – Aplicación del Códigos Civil y de Comercio – Fuerza vinculante del contrato – Elementos configurativos del contrato – Integración contractual – Concurrencia de normas de derecho privado y derecho público El contrato estatal se regula por las normas previstas en los Códigos Civil y de Comercio, salvo disposición especial en el Estatuto General de Contratación Pública – EGCP. Bajo este temperamento, las normas del denominado “derecho privado” regulan los más variados aspectos del contrato estatal, tal como sucede, por ejemplo, con la fuerza vinculante de la relación negocial, sus elementos configurativos e integración. Empero, no en pocas ocasiones, el régimen del contrato se nutre de las normas del derecho privado y del público. NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL – Ley 80 de 1993 artículo 44 – Causales de nulidad absoluta – Derecho común – Código Civil artículo 1741 – Contratos estatales – Régimen de nulidades contractuales – Integración normativa entre derecho público y privado En el ámbito de las nulidades contractuales, el artículo 44 de la Ley 80 de 1993 establece con claridad que los contratos suscritos por el Estado serán absolutamente nulos en los casos previstos expresamente en dicha norma, así como en aquellos contemplados en el derecho común. Por lo tanto, la nulidad absoluta de los contratos estatales puede declararse en los supuestos definidos en el artículo 1741 del Código Civil, así como en los casos específicamente enumerados en el artículo 44 de la Ley 80. FALTA DE COMPETENCIA – Nulidad absoluta del contrato estatal – Objeto ilícito – Código Civil artículo 1519 – Contravención al derecho público de la Nación – Principio de legalidad – Corte Constitucional – Finalidad social del Estado – Servicios públicos – Ley 142 de 1994 – Régimen de servicios públicos domiciliarios En cuanto a la falta de competencia para celebrar el contrato estatal, la Corporación ha señalado que constituye un vicio de nulidad absoluta por objeto ilícito, conforme a lo previsto en el artículo 1519 del Código Civil, al implicar una contravención “…al derecho público de la Nación…”. En efecto, dado que en la base de la actuación administrativa se encuentra el principio de legalidad, el cual, entre otras expresiones, se presenta como el marco de competencias atribuidas a las autoridades públicas, las normas que las contienen son de orden público y definen su contenido, alcance y límites. Por contera, la celebración de un contrato estatal sin atender las atribuciones legales conferidas a la entidad pública concernida constituye un grave vicio de la actuación administrativa, al punto que compromete su validez y abre paso a su nulidad absoluta. Ahora bien, tal como lo ha señalado la Corte Constitucional, la Constitución Política concibe los servicios públicos como una expresión esencial de la finalidad social del Estado, orientada al bienestar general y a la mejora de la calidad de vida de los asociados. Esta regulación impone al Estado la obligación de garantizar su prestación eficiente, continua y universal, así como la equidad en el acceso, pudiendo asumirla directamente o a través de comunidades organizadas o particulares, bajo el régimen jurídico que fije la ley. La definición específica de competencias, responsabilidades y régimen aplicable fue desarrollada principalmente en la Ley 142 de 1994, que establece el marco normativo para la organización, regulación y control de los servicios públicos domiciliarios en Colombia. SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS – Competencia del municipio – Ley 142 de 1994 artículo 5 – Responsabilidad municipal – Reglamentación por concejos municipales – Prestación eficiente de los servicios públicos – Ley 142 de 1994 artículo 6 – Decisión administrativa prestación de los servicios públicos domiciliarios Para lo que interesa en el sub lite, se destaca que el artículo 5 de la Ley 142 de 1994, establece que corresponde a los municipios, en los términos de la ley y de los reglamentos expedidos por los concejos municipales, asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica y telefonía pública básica conmutada, ya sea a través de empresas de servicios públicos oficiales, privadas, mixtas o directamente por la administración central municipal en los casos previstos en la ley. Por su parte, el artículo 6 ibidem prevé que los municipios podrán asumir directamente la prestación de los servicios públicos de su competencia cuando las condiciones técnicas, económicas y de conveniencia general así lo permitan, lo cual se configura en casos específicos como la ausencia de empresas interesadas tras invitación pública, la falta de respuesta adecuada de otras entidades o particulares, o cuando estudios aprobados por la Superintendencia demuestren que la prestación directa resulta más eficiente y de igual calidad. OBLIGACIONES SUJETAS A CONDICIÓN – Características […] las partes sujetaron la obligación a condición. Este tipo de pactos han sido caracterizados por esta Sala, en armonía con las disposiciones correspondientes del Código Civil (artículos 1530 y ss.) como aquellos: (i) sujetos a un acontecimiento futuro e incierto, que puede o no suceder; (ii) que afectan el vínculo desde su nacimiento y la obligación no es exigible mientras no se cumple y si ella no se da libera al deudor de su cumplimiento; y (iii) la condición solo tiene origen en la ley o en el acuerdo de las partes. En efecto, en la cláusula 21 las partes sujetaron su obligación a dos circunstancias futuras e inciertas, pero de necesaria concurrencia. Por una parte, “…la flota nueva, equipos e instalaciones.” no debían estar depreciadas al 100% para el momento de la terminación del contrato y, por otra, deberían encontrarse en estado operativo.

Fuente original

https://relatoria.colombiacompra.gov.co/providencias/25000233600020180011701-de-2026/