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RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO ESTATAL

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Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Régimen jurídico del contrato estatal: se impone declarar de oficio la caducidad de la acción contractual

76001233300020220096601 de 2025 2025-12-28 Rad. 76001233300020220096601
De ese modo, según la naturaleza jurídica de la contratante y el propósito del acuerdo, aunado a que no existe ninguna norma que lo circunscribiera en un régimen jurídico especial, se concluye que se trató de un contrato estatal sometido a lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP). Es importante rememorar que la demanda tiene como fundamento el supuesto incumplimiento del contrato, cuyo plazo de ejecución finalizó el 18 de agosto de 2011 y frente al que las partes suscribieron, el 22 de noviembre de ese año, la aludida Acta de liquidación de mutuo acuerdo del contrato de manera que, a pesar de que se interpuso en vigencia de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), el término fijado para la caducidad comenzó a correr bajo el Código Contencioso Administrativo (CCA), con la modificación introducida por la Ley 446 de 1998. Así las cosas, se impone declarar de oficio la caducidad de la acción contractual.
También resuelve: Régimen jurídico del contrato estatal: Artículo 2 de la Ley 80 de 1993, naturaleza jurídica de la entidad contratante, aplicación del egcap Liquidación del contrato estatal: alcance, carácter vinculante, Artículo 1602 del Código Civil, acuerdos en la liquidación Caducidad del medio de control: término, aplicación del Artículo 136 numeral 10 literal c) del CCA, Ley 446 de 1998
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Régimen jurídico del contrato estatal: el contrato estatal se regula por las normas

25000233600020180011701 de 2026 2026-04-08 Rad. 25000233600020180011701
El contratista debe asumir la condena en costas en procesos contenciosos subjetivos, incluso cuando se trate de intereses públicos, ya que la jurisprudencia establece que la excepción de no imposición de costas solo aplica en medios de control público, no en controversias contractuales o individuales. En este caso, el Consejo de Estado confirmó la sentencia del tribunal inferior y condenó a la parte demandante a pagar las costas de la segunda instancia, matizando la interpretación previa de la condena en costas en procesos que involucran intereses públicos, lo que implica que las partes deben estar preparadas para asumir costos legales en casos contractuales, independientemente del interés público en juego.síntesis automática
También resuelve: Régimen jurídico del contrato estatal: normativa, aplicación del códigos civil y de comercio, fuerza vinculante del contrato, elementos configurativos del contrato Nulidad absoluta del contrato estatal: Ley 80 de 1993 artículo 44, causales de nulidad absoluta, derecho común, Código Civil artículo 1741 Falta de competencia: nulidad absoluta del contrato estatal, objeto ilícito, Código Civil artículo 1519, contravención al derecho público de la nación
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Régimen jurídico del contrato estatal: el artículo 896 del Código de Comercio dispone que la cesión del contrato comprende la de todas las acciones

25000233600020140017901 de 2025 2025-10-23 Rad. 25000233600020140017901
El contratista no puede modificar el régimen jurídico sustancial del contrato estatal ni las prerrogativas derivadas de este mediante la cesión de la posición contractual, ya que el régimen jurídico aplicable al contrato es el vigente al momento de su celebración, conforme al artículo 38 de la Ley 153 de 1887. La cesión lleva ínsita la transferencia de todas las prerrogativas y beneficios propios del contrato, incluyendo las facultades unilaterales reconocidas por la ley, sin que la naturaleza jurídica de la entidad cesionaria pueda alterar el régimen sustancial del contrato. Esta regla reitera y matiza precedentes sobre la cesión de contratos estatales, estableciendo que el régimen jurídico no puede variar por la sola figura de la cesión, lo que implica que el contrato continúa regido por el estatuto general de contratación pública, incluso cuando la cesión es a favor de una entidad pública descentralizada.síntesis automática
También resuelve: Régimen jurídico del contrato estatal: Ley 80 de 1993 artículo 2, Artículo 38 de la Ley 153 de 1887, aplicación, vigencia Cesión de la posición contractual: no varió el régimen jurídico contractual, alcance, aplicación de la Ley 80 de 1993 Facultades unilaterales: reconocimiento por la ley y no por la naturaleza de la entidad contratante, facultades unilaterales, cesión, transfiere dichas facultades
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Contrato de obra: se previó que el contratista debía discriminarlos y facturarlos junto con las actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada

25000233600020200031401 de 2025 2026-03-06 Rad. 25000233600020200031401
Los ajustes por cambio de vigencia fiscal en los contratos de obra con pagos a precios unitarios constituyen una estipulación de carácter económico que busca preservar el equilibrio financiero del contrato en favor del contratista, cuando la ejecución se extiende a una nueva vigencia fiscal por causas no imputables a este. En ese sentido, más allá de cualquier discusión sobre la procedencia del ajuste por cambio de vigencia fiscal correspondiente al año 2018, y de si la parte actora tenía o no derecho a su reconocimiento, lo cierto es que, en el presente caso, conforme el material probatorio obrante en el expediente, no existen pruebas que den cuenta que el contratista hubiera acatado el procedimiento previsto en el contrato para su reconocimiento y pago.
También resuelve: Liquidación bilateral del contrato estatal: actuación posterior a la terminación del contrato, acuerdo de voluntades, finalidad, interpretación del juez Contrato de obra a precios unitarios: cambio de vigencia fiscal, reconocimiento y pago de ajustes, finalidad de preservar el equilibrio económico del contrato, principio de conmutatividad
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Régimen jurídico del contrato estatal: el análisis del caso no tendrá como referente el EGCAP

63001233300020190024401 de 2026 2026-05-28 Sección Tercera Rad. 63001233300020190024401
El contratista puede demandar a la universidad estatal por culpa in contrahendo en casos en los que la entidad actúa bajo el régimen del derecho privado, ya que la universidad no emite actos administrativos sino actos de gestión contractual, lo que permite el uso del medio de control de reparación directa. La Sala modifica la sentencia de primera instancia para declarar la responsabilidad precontractual de la universidad y condenarla a pagar una indemnización por perjuicios, sin reconocer agencias en derecho debido a que no se causaron tras la admisión de la apelación, lo que implica que los costos procesales se liquidarán de manera concentrada por el tribunal de primera instancia.síntesis automática
También resuelve: Régimen jurídico del contrato estatal: Constitución política artículo 69, autonomía universitaria, Ley 30 de 1992 artículo 28, autonomías para darse sus propios estatutos Iter contractual: aplicación de la autonomía privada y normas supletivas, universidades, no emite actos administrativos, actos de gestión contractual Actos contractuales: sentencia de unificación sobre actos contractuales, regla de unificación jurisprudencial, culpa in contrahendo, culpa contractual
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Régimen jurídico del contrato estatal

2500023600020210033701 de 2025 2026-02-27 Rad. 2500023600020210033701
El contratista debe constituir garantías de cumplimiento a favor de la entidad estatal para proteger el patrimonio público y trasladar la obligación de indemnizar perjuicios en caso de incumplimiento a un tercero, como una compañía de seguros. La entidad estatal tiene la facultad de declarar la ocurrencia del siniestro mediante un acto administrativo motivado, que puede ser impugnado por el contratista o la aseguradora, y cuantificar el perjuicio para determinar el monto a pagar por la compañía de seguros o el contratista. Las garantías de cumplimiento con naturaleza indemnizatoria son una especie de seguro de daños, requieren la ocurrencia de un daño al patrimonio del acreedor y el monto a indemnizar no puede exceder el valor asegurado. La prescripción ordinaria de la acción derivada del contrato de seguro se mide desde el momento en que el interesado tuvo o debió tener conocimiento del hecho que da base a la acción, mientras que la extraordinaria se basa en el paso del tiempo. Este fallo reitera la importancia de cumplir con los requisitos legales para la constitución y cuantificación de garantías de cumplimiento en contratos estatales, y establece la obligación de la entidad estatal de declarar la ocurrencia del siniestro y cuantificar el perjuicio, lo que implica la necesidad de una correcta administración de los contratos estatales para evitar controversias y garantizar el debido cumplimiento de las obligaciones contractuales.síntesis automática
También resuelve: Régimen jurídico del contrato estatal: aplicación del egcp, aplicación Ley 80 de 1993 artículo 13 Contrato de seguro: cumplimiento de obligaciones emanadas del contrato estatal, protección del patrimonio público, Constitución de garantías por parte del contratista, pago de indemnización de perjuicios en caso de incumplimiento Facultad de la entidad estatal para declarar siniestro: acto administrativo, prerrogativa de cuantificar perjuicios
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Régimen jurídico del contrato estatal

05001233100020010121201 de 2025 2026-02-11 Rad. 05001233100020010121201
Lo anterior, porque una exégesis en el sentido de incluir una pretensión de incumplimiento contractual o de responsabilidad extracontractual en contra del departamento constituiría una modificación del petitum, lo cual transgrede el límite que ha definido la jurisprudencia para la aplicación del principio de iura novit curia. El abuso del derecho se presenta cuando el ejercicio de una prerrogativa otorgada por la ley se realiza en forma contraria a su propia finalidad, en consideración a los principios y valores que inspiran el ordenamiento jurídico. Esta norma es el fundamento de la prohibición del abuso de la personalidad. De manera que, la obligación de cubrir las deudas de la persona jurídica no resulta automática solo por la calidad de administradores o socios, puesto que se requiere la demostración de una serie de elementos para una declaratoria de responsabilidad que justifique la consecuente condena a indemnizar perjuicios.
También resuelve: Régimen jurídico del contrato estatal: Ley aplicable al contrato, irretroactividad contractual, Artículo 38 de la Ley 153 de 1887 Régimen jurídico de las empresas industriales y comerciales: alcance, Decreto 1050 de 1968, Decreto Ley 222 de 1983, Ley 80 de 1993 Caducidad del medio de control de controversias contractuales: contratos de tracto sucesivo, liquidación del contrato