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Colombia Compra Eficiente Concepto

Contrato de arrendamiento: el momento a partir del cual puede operar el reajuste del canon

Documento oficial completo ↗ Fuente oficial ↗
Fecha
2026-10-28
Número
C-1535 de 2026

Síntesis del concepto

Contrato de arrendamiento: el momento a partir del cual puede operar el reajuste del canon

Regla de decisión

El momento a partir del cual puede operar el reajuste del canon de arrendamiento depende del mecanismo y de las condiciones económicas pactadas por las partes en el respectivo contrato.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El contratista y la entidad estatal pueden acordar previamente en el contrato de arrendamiento de bienes inmuebles el mecanismo de reajuste del canon, incluyendo la fórmula o porcentaje aplicable y el momento a partir del cual operará, siempre y cuando estas condiciones sean claras, objetivas y determinables desde la estructuración y celebración del contrato. En contratos sucesivos sobre el mismo inmueble, las partes pueden establecer como referencia para el reajuste la fecha histórica de ocupación del bien, siempre que este mecanismo haya sido pactado inicialmente y no suponga una modificación unilateral del contrato durante su ejecución. Esta regla reitera la autonomía de la voluntad en la definición de condiciones económicas del contrato, pero advierte que cualquier modificación no prevista inicialmente debe ajustarse al régimen legal aplicable a la modificación de contratos estatales.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Pregunta que resuelve

¿A partir de qué momento puede operar el reajuste del canon de arrendamiento en los contratos estatales de arrendamiento de bienes inmuebles y, en el caso de contratos sucesivos sobre un mismo inmueble, puede establecerse como referencia para dicho reajuste la fecha histórica de ocupación del bien?

Fundamentos

  • Ley 80 de 1993, arts. 2, 13 y 14
  • Ley 819 de 2003, art. 8
  • Ley 820 de 2003

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

En resumen

Para resolver el problema jurídico planteado es menester acotar que, en relación con la estipulación del incremento del canon de arrendamiento, es necesario precisar que la determinación de las condiciones económicas del contrato corresponde a las partes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad y dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico. En consecuencia, desde la estructuración del negocio jurídico, estas pueden establecer el precio del arrendamiento, los conceptos que lo integran y las condiciones bajo las cuales procederá su eventual reajuste, atendiendo a la naturaleza del contrato, las necesidades de la entidad estatal y las condiciones del mercado inmobiliario.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Puntos que trata

Descriptores temáticos

Restrictores

Definición Elementos Incremento

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Texto del documento 3.068 caracteres
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO – Definición – Elementos […] las entidades estatales regidas por el EGCAP están habilitadas para celebrar los contratos que suelen celebrar los particulares entre sí –como el de arrendamiento al que se refiere en su pregunta– en ejercicio de la autonomía de la voluntad privada. En ese sentido, puede ocurrir que dentro de la gestión ordinaria de sus competencias y funciones las entidades tengan necesidades que deban ser satisfechas a través de contratos como el de arrendamiento, en los que además de las disposiciones del EGCAP deberán aplicarse en su mayoría normas de derecho privado, lo que de ninguna manera desvirtúa la calidad de estatal de dichos contratos. El artículo 1973 del Código Civil define el arrendamiento como “[…] un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, obra o servicio un precio determinado”. Se trata pues del acuerdo de voluntades en virtud del cual una de las partes –llamada arrendador– se obliga a concederle a otra –llamada arrendatario– el uso y goce de un bien, a cambio de una renta o canon. Por tanto, se diferencia del contrato de compraventa en que no opera una transferencia del dominio del bien cuyo uso y goce se entrega. En cuanto a sus características, la doctrina ha indicado que el arrendamiento es un contrato: i) bilateral, pues ambas partes se obligan recíprocamente; ii) consensual, dado que se perfecciona con el consentimiento; iii) oneroso, ya que ambas partes obtienen utilidades –el arrendatario, el uso y goce del bien, y el arrendador la renta o canon–; iv) de ejecución sucesiva, en la medida en que se ejecuta en forma periódica; v) principal, porque existe en forma utónoma; y v) nominado, porque está tipificado y desarrollado en la ley. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO – incremento […] las partes pueden acordar un mecanismo de reajuste del canon, definiendo la fórmula o el porcentaje aplicable y el momento a partir del cual operará, de manera que las obligaciones económicas sean claras, objetivas y determinables desde la estructuración y posterior celebración del contrato. Cuando estos elementos han sido definidos previamente, la aplicación del reajuste corresponde al cumplimiento de una condición contractual pactada y no constituye, por ese solo hecho, una modificación del contrato, aun cuando implique una variación del valor que debe pagarse durante su ejecución. Distinto es el supuesto en el que, durante la ejecución contractual, se pretenda introducir un incremento del canon que no fue contemplado inicialmente. En tal caso, se trataría de modificar las condiciones económicas del negocio jurídico, cuya procedencia deberá analizarse conforme al régimen aplicable a la modificación de los contratos estatales. Por consiguiente, la autonomía de la voluntad no habilita a las partes para desconocer las disposiciones legales aplicables ni permite que una de ellas imponga unilateralmente un incremento no previsto en el contrato.

Fuente original

https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-1535-de-2026/