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¿Se modifica la sentencia apelada para declarar la caducidad del medio de control jurisdiccional de controversias contractuales? Sí
El cesionario promotor de un convenio asociativo pretende el restablecimiento del equilibrio económico del negocio, alterado por el no pago de la contribución a cargo de los beneficiarios del proyecto, la tardanza en la realización de desembolsos y las mayores cantidades de obra requeridas por las entidades demandadas. La parte demandante apeló para insistir en el derecho al restablecimiento de la ecuación financiera del contrato y en el análisis del impacto de la suspensión de la ejecución contractual. No obstante, al examinar la oportunidad de la acción interpuesta, la corporación judicial advierte que operó el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de controversias contractuales, lo que impone revocar el fallo de primera instancia y decretar la respectiva caducidad conforme a las normas del estatuto procesal administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿La caducidad inició a contabilizarse desde la finalización del convenio, que según acuerdo, expiraba al vencimiento de la vigencia de los subsidios?¿Los subsidios otorgados por el municipio para la culminación de las obras no impactaban la terminación del convenio, porque el plazo se sujetó al vencimiento de los subsidios del orden nacional?¿Se condenará en costas de esta instancia a la parte apelante en favor de las entidades demandadas?
¿Puede considerarse que la suscripción de múltiples documentos individuales entre el INVISBU y los beneficiarios de vivienda constituye la celebración de múltiples contratos independientes, distintos del contrato celebrado entre el INVISBU y Fénix? No
El contratista no puede celebrar múltiples contratos independientes con los beneficiarios de vivienda cuando ya existe un contrato único entre la entidad estatal y el constructor principal, ya que la suscripción de documentos individuales responde a necesidades operativas y no a la creación de contratos separados. La entidad estatal y el constructor principal son las partes del contrato, mientras que los beneficiarios son considerados terceros, ya que no han expresado su consentimiento directo ni han sido representados adecuadamente. Además, el contrato celebrado por el INVISBU para la construcción de viviendas en respuesta a una situación de desastre se rige por el derecho privado y no por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, lo que permite la aplicación de excepciones y facultades especiales previstas en la Ley 80 de 1993.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato celebrado por el INVISBU para la construcción de viviendas, con ocasión de una situación de desastre, se encontraba sujeto al derecho privado y no al Estatuto General de Contratación de…¿Debe el juez analizar las pretensiones contractuales aunque no se haya formulado reclamación expresa o reserva al suscribir actos como prórrogas, adiciones o suspensiones?¿Puede el contratista exigir el reconocimiento de mayores costos derivados de las prórrogas del contrato, cuando previamente acordó expresamente que estas no generarían gastos adicionales?
¿El Departamento de Casanare entregó la titularidad de los recursos a los beneficiarios de los subsidios, por lo cual es improcedente el reembolso de estos al no ser ejecutados? No
El contratista no puede evitar el reembolso de los subsidios no ejecutados si la entidad estatal no transfirió la titularidad de los recursos a los beneficiarios de manera definitiva, reservándose el derecho de reasignar los fondos en caso de incumplimiento. En este caso, el departamento entregó los recursos al municipio para la construcción de viviendas, pero estableció condiciones y requisitos que los beneficiarios debían cumplir para consolidar el subsidio, y en caso de incumplimiento, los fondos retornarían al departamento. El municipio, responsable de la administración de los recursos, entregó el dinero a la junta de beneficiarios sin verificar el cumplimiento de las condiciones, lo que facilitó el mal manejo de los fondos y la falta de construcción de las viviendas acordadas. Por lo tanto, la entidad estatal puede exigir el reembolso de los subsidios no ejecutados, lo que implica que los contratistas deben cumplir con las condiciones establecidas para evitar responsabilidades financieras.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó que la Unión Temporal recibió parte de los fondos aportados por el Departamento para la ejecución del proyecto de vivienda?¿Ante la prosperidad parcial de los recursos de apelación procede la condena en costas?
¿La constitución de la unión temporal adolecía de nulidad por objeto ilícito? Sí
No pueden surgir derechos válidos de un negocio jurídico con objeto ilícito, conforme al artículo 1525 del Código Civil, de modo que el contrato celebrado con fundamento en una asociación que no cumplió los requisitos constitucionales y legales es nulo de manera absoluta y puede declararse de oficio. Una razón es que la entidad territorial no dio cabal cumplimiento a lo dispuesto para ese tipo de asociaciones, por lo que la constitución de la unión temporal adolece de nulidad por objeto ilícito. Otra razón es que los contratos derivados de esa unión, el de obra y el de cesión celebrado después, no pueden subsistir como fuente de derechos, porque su origen es ilícito, con fundamento en los numerales 8 del artículo 2 y 2 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993. En el caso, el tribunal había declarado probada la falta de legitimación en la causa por activa y por pasiva, decisión que la Sala revocó para declarar de oficio la nulidad absoluta de la unión temporal y de los contratos derivados. Su consecuencia práctica es que la nulidad absoluta por objeto ilícito impide reconocer derechos contractuales aunque las partes carezcan de legitimación aparente.síntesis automática
También resuelve:¿Pueden surgir derechos válidos de un negocio jurídico con objeto ilícito?¿El objeto del contrato es ilícito por el hecho de haber sido el resultado de una contratación directa sin el cumplimiento de lo previsto en la ley?¿Se cuenta con elementos de juicio ciertos y claros que permitan denotar un conocimiento contentivo de mala fe y conocimiento de la ilicitud?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-07-06Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 17001233300020180029101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La imposibilidad de ejecución de los convenios sobrevino por la restitución a Fonvivienda de los subsidios que financiarían los proyectos pactados en ellos? Sí
El contratista no puede interponer una demanda contra la entidad estatal por la terminación de los convenios de asociación para la construcción de urbanizaciones, ya que la imposibilidad de ejecución de los convenios se debió a la restitución a Fonvivienda de los subsidios que financiarían los proyectos, lo que implicó la terminación de los contratos y el inicio del término de caducidad del medio de control. La liquidación bilateral del contrato debía efectuarse a más tardar dos meses después de la restitución de los subsidios, y en defecto de esta, la liquidación unilateral debía tener lugar dos meses después de la liquidación bilateral. El término de caducidad de dos años para presentar la demanda expiró antes de que el contratista la interpusiera, lo que conduce a la caducidad del medio de control. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los plazos establecidos para la liquidación de contratos y la presentación de demandas, evitando así la pérdida del derecho a la acción por caducidad.síntesis automática
También resuelve:¿En lo que respecta a la vinculación de Fonade como parte pasiva, la demanda también fue extemporánea?¿Frente a las pretensiones correspondientes a la nulidad y restablecimiento del derecho, también operó la caducidad?¿El término de caducidad transcurrió de forma completa desde que se tuvo la certeza sobre la imposibilidad de que los contratos continuaran?
¿Permite el marco constitucional y legal vigente en Colombia que las entidades del Estado, en conjunto con actores del sector privado, adelanten proyectos de vivienda de interés social como mecanismo para garantizar el derecho fundamental a una vivienda digna, en cumplimiento de los principios de colaboración público-privada y de la función social de la propiedad? Sí
El contratista y la entidad estatal pueden celebrar convenios de asociación para desarrollar proyectos de vivienda de interés social, garantizando el derecho fundamental a una vivienda digna, en cumplimiento de los principios de colaboración público-privada y la función social de la propiedad, siempre que se establezcan con precisión el objeto, término de duración, obligaciones de las partes, aportes y forma de coordinación de esfuerzos, sin relación conmutativa ni remuneración directa. Esta regla reitera y matiza precedentes, permitiendo que entidades estatales y particulares aúnen esfuerzos mediante uniones temporales o consorcios para formular y ejecutar planes de vivienda, aplicando la normativa vigente sobre convenios de asociación, y facilitando la ejecución de proyectos en contextos de emergencia pública.síntesis automática
También resuelve:¿Permite el ordenamiento jurídico colombiano que las entidades estatales y los particulares celebren convenios de asociación con el fin de formular y ejecutar planes de vivienda…¿Resulta aplicable el Decreto 777 de 1992 a un convenio de asociación celebrado el 19 de agosto de 2011?¿Resulta procedente aplicar la regla general del cómputo de la caducidad en un convenio regido por el derecho privado, aun cuando no se haya pactado expresamente la posibilidad de liquidación…
85001233300020150006402 de 20252025-10-20Rad. 85001233300020150006402
El contratista puede participar en la ejecución de proyectos de vivienda de interés social mediante convenios de asociación, que se rigen por el derecho privado y no son considerados relaciones conmutativas, lo que permite la excepción al régimen de contratación estatal previsto en la Ley 80 de 1993. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y confirma que la aplicación de estos convenios debe establecerse con precisión en cuanto a su objeto, duración y obligaciones de las partes, lo que implica que las entidades estatales y los particulares pueden colaborar en la ejecución de estos proyectos sin sujetarse a las limitaciones de la ley mencionada, siempre y cuando se cumplan con los requisitos legales y constitucionales establecidos.síntesis automática
También resuelve:Proyectos de vivienda de interés social: régimen jurídico, contratación, Ley 388 de 1997, Ley 80 de 1993Convenios de asociación: Ley 489 de 1998 artículo 96, no es una relación conmutativa, Resolución 610 de 2004, Constitución por parte de entidades territoriales de uniones temporales o consorcios para celebrar convenios de asociaciónPlan de vivienda: conformación de uniones temporales o consorcios, convenios de asociación, régimen jurídico privado, negocio conmutativo
¿Las entidades municipales y distritales y las áreas metropolitanas podrían participar en la ejecución de proyectos de urbanización y programas de vivienda de interés social?
El contratista puede celebrar contratos de fiducia mercantil con entidades municipales y distritales y áreas metropolitanas para la ejecución de proyectos de urbanización y programas de vivienda de interés social, conforme al régimen general del derecho comercial, sin las limitaciones del Estatuto General de Contratación Pública, debido a que la Ley 388 de 1997, modificada por la Ley 2079 de 2021, autoriza explícitamente esta modalidad contractual para tales fines. Esta interpretación reitera el criterio establecido por el Consejo de Estado en el Concepto No. 1503 de 2003 y en fallos posteriores, confirmando que dichos contratos no están sujetos al régimen general del EGCAP, sino al derecho privado, lo que implica que las entidades territoriales pueden utilizar este mecanismo para promover la vivienda de interés social sin restricciones adicionales.síntesis automática
También resuelve:Para programas de vivienda de interés social: Artículo 36 Ley 388 de 1997, modificado por Ley 2079 de 2021, régimen jurídico
¿Es inepta la demanda presentada en ejercicio de la acción contractual si el actor formula de modo subsidiario la pretensión de anulación del acto administrativo de liquidación del contrato, sin anexar a la demanda la copia de dicho, y sin hacer desarrollo alguno de su concepto de violación de normas jurídicas que habría ocurrido con ocasión de su expedición? No
La liquidación unilateral de un convenio de asociación no constituye acto administrativo cuando la ley no confiere a la entidad estatal competencia expresa para liquidarlo unilateralmente, sino que es un acto contractual sin presunción de legalidad. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el régimen de los convenios de asociación lo define el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, complementado por el Decreto 777 de 1992 y, en lo no previsto, por el derecho privado. Segunda, en ese régimen no existe el deber de liquidar el negocio ni la competencia expresa para hacerlo unilateralmente, de modo que la invocación de una habilitación legal para liquidar contratos estatales no suple esa falta. Tercera, la manifestación de la entidad carece de la presunción de legalidad y del carácter ejecutivo y ejecutorio propios de los actos administrativos, y se limita a un corte de cuentas. La providencia revoca la decisión de primera instancia y resuelve el fondo del asunto sin que fuera necesario impugnar esa liquidación como acto. La consecuencia práctica es que la demanda no resulta inepta por omitir la pretensión de anulación de una liquidación que no es acto administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿El convenio de asociación, fuente del desacuerdo que se ha traído a conocimiento de la jurisdicción, cuenta con validez por traer los rasgos propios de este negocio…¿Como consecuencia de la declaración de nulidad absoluta del convenio de asociación, en este caso proceden las restituciones mutuas?
¿Se entiende del inciso final del artículo 36 de la ley 388 de 1997, modificado por el artículo 28 de la ley 2079 de 2021 la existencia de una excepción de escoger la entidad fiduciaria a través de invitaciones privadas atendiendo a las normas del derecho privado (civil y comercial) y no como lo indica el inciso cuarto del numeral 5° del artículo 32 de la ley 80 de 1993?
El contratista puede celebrar contratos de fiducia mercantil para proyectos de urbanización y programas de vivienda de interés social, bajo el régimen jurídico general del derecho comercial, sin estar sujeto a las restricciones del numeral 5 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que regula los contratos de fiducia pública y encargo fiduciario. Esta interpretación se mantiene vigente tras la modificación del artículo 36 de la Ley 388 de 1997 por la Ley 2079 de 2021, que eliminó la referencia a dichas restricciones. La regla reitera la jurisprudencia existente y permite a las entidades estatales sometidas al EGCAP utilizar el derecho privado para la constitución de estos contratos, facilitando la implementación de proyectos de interés social.síntesis automática
También resuelve:Contrato de fiducia para programas de vivienda de interés social: Artículo 36 Ley 388 de 1997, modificado por Ley 2079 de 2021, régimen jurídico
¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro del término legal? Sí
El contratista presenta el medio de control de controversias contractuales dentro del término legal establecido, lo que implica que la demanda se interpuso oportunamente, conforme a lo dispuesto en el literal j) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011. En este caso, la Resolución que declaró el incumplimiento fue proferida el 30 de septiembre de 2019, y la demanda se presentó el 28 de julio de 2020, dentro del plazo legal. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y confirma que el cumplimiento del término legal es esencial para la admisibilidad del medio de control, lo que implica que cualquier demora puede resultar en la caducidad del mismo.síntesis automática
También resuelve:¿Reiterar los cargos de nulidad y el concepto de la violación de la demanda configura ausencia de apelación?¿La administración puede declarar el incumplimiento del contrato luego del vencimiento del plazo contractual?¿Las consecuencias acordadas en los documentos contractuales fueron inconstitucionales, ilegales, ilógicas o de imposible cumplimiento porque desconocieron el artículo 1602 del Código Civil?
Decisión disciplinaria — LIQUIDACION DE CONTRATO ESTATAL2021-11-02PROCURADURIA DELEGADA DE INTERVENCION 9: CUARTA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO
También resuelve:LIQUIDACION DE CONTRATO ESTATALDebe incluir obligaciones reciprocas, derechos y prestaciones del convenio sobre subsidios de vivienda rural para victimas
¿Aplican los Documentos Tipo del Sector Vivienda para adelantar un proceso de selección que tiene por objeto la construcción de cocinas ecológicas u otro tipo de cocina en una vivienda?
Los documentos tipo del sector vivienda pueden aplicarse a la construcción de cocinas o estufas ecoeficientes en viviendas cuando el objeto se encuadra en una actividad de la Matriz 1 – Experiencia. Según la postura expuesta, esas actividades se encuentran en los capítulos cuatro y cinco, relativos a obras en proyectos de vivienda rural y rural dispersa, de modo que la entidad debe definir si el área de ejecución corresponde a zona urbana, rural o rural dispersa. Las actividades 4.5 y 5.5 recaen sobre viviendas rurales y rurales dispersas, respectivamente, y por ello no aplican a proyectos sobre viviendas urbanas. Las resoluciones del sector social aplican de forma transversal a los proyectos de vivienda en los procesos cuyo aviso de convocatoria se publique a partir del 16 de febrero de 2026. La consecuencia práctica es que la entidad debe establecer primero la zona en la que se ejecuta la intervención y, con ello, determinar si la cocina o estufa encaja en la actividad 4.5 o 5.5.síntesis automática
También resuelve:Documentos tipo: fundamento normativo, obligatoriedad, aplicación, matriz de experienciaSector socialSector vivienda: documentos tipo, matriz 1, actividades, vivienda rural
¿Aplican los Documentos Tipo del Sector Transporte para adelantar un proceso de selección que tiene por objeto la construcción de gaviones para la prevención de inundaciones en viviendas y protección de márgenes del río?
I. La Matriz 1 y el Anexo 3 adoptados por la Resolución No. 465 de 2024 señalan que la infraestructura de transporte se refiere a obras realizadas en: i) vías primarias o secundarias, ii) vías terciarias, iii) obras marítimas y fluviales, iv) vías primarias o secundarias o terciarias o urbanas para atención, prevención o mitigación de emergencias diferentes a contratación directa, v) férreas, vi) infraestructura vial urbana, vii) puentes, viii) aeroportuarias y ix) túneles. En esta medida, la Ley 1682 de 2013 y los mencionados documentos hacen referencia a infraestructura fluvial y marítima como parte de la infraestructura de transporte, por lo que es posible que los diferentes tipos de actividades susceptibles de ser desarrolladas a través del contrato de obra, dirigidas a intervenir este tipo de infraestructura, deban ser contratadas aplicando los mencionados documentos tipo.
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN,CONTROVERSIAS CONTRACTUALES,CONVENIOS DE ASOCIACIÓN,CONTRATO ATÍPICO EN INNOMINADO,EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO,CONTRATOS DE PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL,SOBRECOSTOS,INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ES – Controversias contractuales,Fecha de la liquidación del contrato,Fecha de la liquidación del contrato,Régimen jurídico,Objeto,Normativa,Alcance,Convenios de asociación,Proyectos de vivienda de interés social,Aplicación,Manejo, – Mes: febrero – Año: 2018…
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES,NULIDAD DEL CONVENIO,CONVENIOS DE ASOCIACIÓN,CONTRATOS DE PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL,CONTRATO DE FIDUCIA,CONTRATO DE OBRA,TERMINACIÓN DEL CONTRATO,INTERESES MORATORIOS – Procedencia y oportunidad,Declaratoria,Improcedencia,Régimen jurídico,Conclusiones,Inexistencia,Acta,Contrato atípico,Terminación unilateral,Contrato consagrado en los artículos 17 y 45 Ley 80 de 1993,Análisis comparativo,Cele – Mes: octubre – Año: 2017…
También resuelve:Controversias contractuales: procedencia y oportunidadNulidad del convenio: declaratoria, improcedenciaContratos proyectos de vivienda de interés social: régimen jurídico
¿La pretensión de liquidación judicial se fundamentó en una causa que evidencia un conflicto entre las partes? No
Cuando la pretensión de liquidación judicial de un convenio interadministrativo no se funda en un conflicto concreto entre las partes sobre el alcance o el cumplimiento de sus obligaciones, el juez no puede liquidar el negocio y la pretensión no está llamada a prosperar. La regla se sostiene en tres razones: si el conflicto que motiva el proceso no existe, cualquier pronunciamiento del juez para liquidar el negocio suplantaría a las partes en la ejecución de deberes que solo a ellas les corresponde cumplir; la pretensión de liquidación debe estar soportada en una causa clara y específica, cualquiera que sea el régimen jurídico aplicable al negocio; y la mera omisión de liquidar, sin un conflicto sobre el balance de cuentas, no basta para acudir al juez. En el caso, la demandante sostuvo que, como las partes no liquidaron el convenio de forma bilateral ni unilateral, correspondía al juez completar esa etapa, por lo que se revocó la sentencia de primera instancia y se negó la pretensión. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la liquidación judicial exige demostrar un conflicto específico sobre las cuentas entre las partes.síntesis automática
También resuelve:¿La demandante se limitó a señalar que la liquidación debía realizarse para culminar el proceso de liquidación del convenio interadministrativo?¿Obran los elementos probatorios suficientes que permitan establecer con certeza el resultado final del convenio?¿El objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo es de naturaleza eminentemente contradictoria, encaminada a juzgar las controversias y litigios originados en el marco de los negocios…
Auto interlocutorio — Auto que admite recurso extraordinario de anulación2025-02-06Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 11001032600020240018100LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La competencia para conocer del recurso de anulación contra un laudo arbitral recae sobre esta Sección del Consejo de Estado? Sí
Dado que se trata de un recurso de anulación contra un laudo arbitral que dirimió un conflicto originado en un contrato estatal, la competencia para conocer del presente asunto recae sobre esta Sección, atendiendo a la distribución interna de asuntos en la Corporación. Frente al recurso de anulación interpuesto por la parte convocada y demandante en reconvención, el Despacho advierte que tal medio de impugnación reúne los requisitos de oportunidad y de forma consagrados en el artículo 40 de la Ley 1563 de 2012, toda vez que fue presentado y sustentado ante el Tribunal Arbitral, con indicación de la causal invocada y dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de la respectiva providencia.
También resuelve:¿El Consejo de Estado conocerá en única instancia de los recursos de anulación contra laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos celebrados por una entidad pública?¿La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá fue constituida como una empresa social y comercial del Estado, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente?
¿Cómo determina una entidad si debe o no utilizar los Documentos Tipo?
La entidad determina si debe utilizar los documentos tipo verificando si el objeto del contrato y la modalidad de selección se encuentran dentro del ámbito de aplicación de las resoluciones que los adoptan. Según la postura expuesta, solo resulta obligatoria la aplicación de un documento tipo cuando el objeto y la modalidad están cubiertos por esas resoluciones, lo cual se establece con dos instrumentos comunes: la Matriz – Experiencia, que describe la experiencia requerida y las actividades de cada sector que deben acogerse a los pliegos tipo, y el Anexo – Glosario, que define los términos de los documentos del proceso. El concepto parte de la Ley 2022 de 2020, que otorga a la Agencia la competencia para adoptar documentos tipo de obligatorio cumplimiento para las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación. La consecuencia práctica es que la entidad debe confrontar el objeto y la modalidad con las matrices antes de aplicar un documento tipo y, si está dentro de su ámbito, aplicarlo de forma obligatoria.síntesis automática
¿Las controversias derivadas del incumplimiento de los convenios interadministrativos pueden ser resueltas judicialmente a través del medio de control de controversias contractuales? Sí
El contratista puede resolver judicialmente controversias derivadas del incumplimiento de convenios interadministrativos a través del medio de control de controversias contractuales, ya que estos acuerdos se consideran contratos que generan derechos y obligaciones vinculantes entre entidades públicas, permitiendo la exigibilidad de las obligaciones y la posibilidad de indemnización por daños. La ausencia de una reglamentación específica para estos convenios implica que su regulación se basa en la autonomía de la voluntad y en los principios generales del derecho contractual, incluyendo la buena fe y la normatividad de los contratos, lo que permite determinar el alcance de las obligaciones y resolver conflictos derivados de su naturaleza. Los convenios interadministrativos se caracterizan por su finalidad de cooperación entre entidades públicas sin ánimo de lucro, su naturaleza atípica y su desarrollo en un plano de igualdad entre las partes, lo que implica que deben cumplirse en consonancia con la finalidad perseguida por el legislador al concebir estos instrumentos.síntesis automática
También resuelve:¿La ausencia de una reglamentación específica para los convenios interadministrativos implica que su regulación debe basarse en la autonomía de la voluntad y en los principios generales del derecho…¿Los convenios interadministrativos se caracterizan por su finalidad de cooperación entre entidades públicas sin ánimo de lucro…¿El rasgo "causa" de los convenios interadministrativos explicita los principios constitucionales de coordinación y colaboración administrativa y el cumplimiento de los deberes positivos de conducta…
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