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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: rige el Código Contencioso Administrativo el incidente promovido

PDF oficial ↗ Ver y descargar en SAMAI ↗
Fecha
2026-10-08
Radicado
73001233100020010252502
Número interno
72386
Ponente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
UNION TEMPORAL CAESCA Y LICORSA
Demandado
FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: rige el Código Contencioso Administrativo el incidente promovido

Lo que dijo la Sala

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, el CPACA aplica a las demandas y a los procesos iniciados a partir de su entrada en vigor —2 de julio de 2012—. Dado que la solicitud de liquidación de perjuicios constituye un incidente dentro de un proceso iniciado antes de ese momento —17 de agosto de 2001— se rigió por lo establecido al respecto en el Dcto. 01 de 1984, C.C.A.… Según criterio unificado por la Sala Plena del Consejo de Estado en auto del 25 de junio de 2014… , las remisiones que el C.C.A. hacía al C.P.C. debían entenderse referidas al C.G.P. desde su entrada en vigor, sin perjuicio de las reglas específicas de transición.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El Código Contencioso Administrativo (CPACA) rige el incidente de liquidación de perjuicios promovido dentro de un proceso iniciado antes del 2 de julio de 2012, según lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011. La Sala Plena del Consejo de Estado, en su auto del 25 de junio de 2014, estableció que las remisiones del CPACA al Código General del Proceso (C.G.P.) se entendían referidas al C.G.P. desde su entrada en vigor, sin perjuicio de las reglas específicas de transición. En lo que respecta a la condena en costas, el artículo 171 del CPACA establece una regulación especial que permite su emisión bajo un análisis subjetivo, basado en la conducta desplegada por la parte vencida, lo que no es compatible con las regulaciones objetivas del C.G.P.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Rige el Código Contencioso Administrativo el incidente promovido dentro de un proceso iniciado antes del 2 de julio de 2012?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto Ley 01 de 1984, art. 267
  • Ley 1437 de 2011, art. 308
  • Ley 1564 de 2012

También resuelve

  • ¿La condena en costas dentro de un incidente de liquidación de perjuicios integrado a un proceso iniciado antes del 2 de julio de 2012 queda sujeta al artículo 171 del Decreto 01 de 1984…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

NO ADICIONA

Descriptores temáticos

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Liquidación del contrato Adición y prórroga del contrato Condena en costas y agencias en derecho

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Titulación de la relatoría 5.448 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

PROVIDENCIA / ADICIÓN DE LA PROVIDENCIA / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / APLICACIÓN DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / VIGENCIA DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO / APLICACIÓN DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO / REMISIÓN NORMATIVA AL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO / VIGENCIA DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS / SALA PLENA DEL CONSEJO DE ESTADO / DECISIÓN DE LA SALA PLENA DEL CONSEJO DE ESTADO / VIGENCIA DE LA LEY / ANTERIOR A LA VIGENCIA DE LA LEY 1564 DE 2012 / VIGENCIA DE LA LEY 1564 DE 2012 / VIGENCIA DE LA LEY 1437 DE 2011 / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿Rige el Código Contencioso Administrativo el incidente promovido dentro de un proceso iniciado antes del 2 de julio de 2012? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, el CPACA aplica a las demandas y a los procesos iniciados a partir de su entrada en vigor —2 de julio de 2012—. Dado que la solicitud de liquidación de perjuicios constituye un incidente dentro de un proceso iniciado antes de ese momento —17 de agosto de 2001— se rigió por lo establecido al respecto en el Dcto. 01 de 1984, C.C.A. (...) Según criterio unificado por la Sala Plena del Consejo de Estado en auto del 25 de junio de 2014 (...), las remisiones que el C.C.A. hacía al C.P.C. debían entenderse referidas al C.G.P. desde su entrada en vigor, sin perjuicio de las reglas específicas de transición. Esta remisión debe leerse en concordancia con lo que disponía el art. 267 del C.C.A., esto es, “en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo”. (...) El artículo 171 del C.C.A. contenía una regulación especial respecto de la procedencia de la condena en costas. Señalaba que el juez “podría” emitirla (...), es decir, bajo un análisis que involucraba una valoración y ponderación subjetiva, pues era necesario estudiar la conducta desplegada por la parte vencida en aras de determinar si había actuado con temeridad, abuso del derecho o mala fe. Por esta razón, no resultaba procedente remitirse a las regulaciones del estatuto procesal civil, pues se trata de un asunto expresamente regulado en el C.C.A. respecto del cual, además, la regulación del C.P.C., hoy del C.G.P., no resulta compatible, en tanto en esa normativa la procedencia de la condena es objetiva. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la procedencia del recurso de queja contra los autos que niegan la concesión del recurso de apelación y la unificación de las reglas aplicables a dicho medio de impugnación en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de junio de 2014, exp. 25000-23-36-000-2012-00395-01(49299), C. P. Enrique de Jesús Gil Botero. FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 01 DE 1984, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 267, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 308, LEY 1564 DE 2012 PROVIDENCIA / ADICIÓN DE LA PROVIDENCIA / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / APLICACIÓN DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / VIGENCIA DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO / APLICACIÓN DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO / REMISIÓN NORMATIVA AL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO / VIGENCIA DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS / SALA PLENA DEL CONSEJO DE ESTADO / DECISIÓN DE LA SALA PLENA DEL CONSEJO DE ESTADO / VIGENCIA DE LA LEY / ANTERIOR A LA VIGENCIA DE LA LEY 1564 DE 2012 / VIGENCIA DE LA LEY 1564 DE 2012 / VIGENCIA DE LA LEY 1437 DE 2011 / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / SOLICITUD DE ADICIÓN DEL AUTO / NEGACIÓN DE LA SOLICITUD DE ADICIÓN DEL AUTO Problema jurídico: ¿La condena en costas dentro de un incidente de liquidación de perjuicios integrado a un proceso iniciado antes del 2 de julio de 2012 queda sujeta al artículo 171 del Decreto 01 de 1984, con fundamento en la valoración de la conducta procesal de la parte vencida? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 171 del C.C.A. contenía una regulación especial respecto de la procedencia de la condena en costas. Señalaba que el juez “podría” emitirla “teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes”, es decir, bajo un análisis que involucraba una valoración y ponderación subjetiva, pues era necesario estudiar la conducta desplegada por la parte vencida en aras de determinar si había actuado con temeridad, abuso del derecho o mala fe. Por esta razón, no resultaba procedente remitirse a las regulaciones del estatuto procesal civil, pues se trata de un asunto expresamente regulado en el C.C.A. respecto del cual, además, la regulación del C.P.C., hoy del C.G.P., no resulta compatible, en tanto en esa normativa la procedencia de la condena es objetiva. (...) La providencia del 26 de agosto de 2026 no omitió pronunciarse sobre las costas, lo que ocurrió fue que, al no haberse evidenciado temeridad, abuso del derecho o mala fe en la conduta desplegada por los demandantes, no era procedente emitir una condena de esa naturaleza en su contra. FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 01 DE 1984, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 267, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 308, LEY 1564 DE 2012
Texto extraído del PDF oficial 13.823 caracteres
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Bogotá D.C., ocho (8) de octubre dos mil veintiséis (2026) Radicación: 73001-23-31-000-2001-02525-02 (72386) Demandante: Caesca S.A.S. y Licorsa S.A., integrantes de la Unión Temporal Caesca y Licorsa Demandado: Fábrica de Licores del Tolima Medio de control: Controversias contractuales El despacho decide la solicitud de adición del proveído del 26 de agosto de 2026 proferido en el proceso de la referencia1. I. ANTECEDENTES 1. A través de la providencia antes indicada2, se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la Fábrica de Licores del Tolima (FLT) en contra de la providencia proferida el 31 de octubre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Tolima, por medio de la cual se liquidó la condena impuesta en la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado el 14 de septiembre de 2016, en el proceso identificado con el número interno 31965, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante. Se revocó la decisión y, en su lugar, se declaró no probada la cuantía del perjuicio. 2. El 1 de septiembre de 2026, la FLT solicitó que se adicione el proveído del 26 de agosto de 2026 en los siguientes aspectos: (i) condena en costas y (ii) condena por no haberse demostrado el monto declarado por la UT en el juramento estimatorio. 3. En cuanto a lo primero, señaló que comoquiera que el C.G.P. establece que la condena en costas es objetiva, se imponía emitir la en contra de la UT y a favor de la FLT , al margen de la calificación de la conducta de la demandante . Añadió que las agencias en derecho debían calcularse con base en la tarifa máxima permitida, en virtud de la altísima responsabilidad asumida por la defensa técnica para evitar el detrimento patrimonial de las finanzas públicas3. 4. Respecto de lo segundo, dijo que la incidentante acudió expresamente al artículo 206 del C .G.P. al estimar bajo la gravedad del juramento una suma millonaria por concepto de perjuicio en la modalidad de lucro cesante, por lo que al 1 Solicitud presentada de manera oportuna. La providencia se notificó el 27 de agosto de 2026 , por lo que el término de ejecutoria corrió entre el 28 de agosto y el 1 de septiembre de 2026, la solicitud se presentó ese último día (índice 61 Samai). 2 Índice 56 Samai. 3 Señaló que de conformidad con lo dispuesto en el art. 5° del Acuerdo No. PSAA16-10554, se debía aplicar el 7.5% sobre lo pedido , correspondiente a procesos declarativos de mayor cuantía, no la tarifa residual del numeral 8 del mismo artículo limitada a un máximo de 4 S.M.M.L.V., por cuanto el incidente de liquidación de condena en abstracto no es un mero trámite adjetivo o procedime ntal sin cuantía, sino que se trata de un verdadero juicio declarativo. Radicación: 73001-23-31-000-2001-02525-02 (72386) Demandante: Caesca S.A.S. y Licorsa S.A. Demandado: Fábrica de Licores del Tolima Referencia: Controversias contractuales 2 haberse declarado no probada la cuantía se configuraron los supuestos a los que se refiere esa norma para imponer las condenas contempladas en su inciso 4 . ° y en su parágrafo. 5. La UT intervino para oponerse a la solicitud de adición por no haberse incurrido en omisión 4. En relación con la condena en costas dijo que no se configuraron los presupuestos establecidos en el art ículo 171 del C.C.A. para su procedencia, pues la UT no actuó con temeridad ni de mala fe. Respecto de la condena asociada al juramento estimatorio señaló que no era procedente porque esa figura estaba diseñada para operar frente a la desestimación de una pretensión indemnizatoria, no respecto de lo que se resuelva en un incidente de liquidación de perjuicios que parte del reconocimiento de esa pretensión y se limita a la determinación de su cuantía, además de que su procedencia está condicionada al actuar negligente o temerario de la parte, lo que en este caso no se configuró. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 6. Se negará la solicitud de adición. 7. De conformidad con lo dispuesto en el art ículo 308 de la Ley 1437 de 2011, el CPACA aplica a las demandas y a los procesos iniciados a partir de su entrada en vigor —2 de julio de 2012 —. Dado que la solicitud de liquidación de perjuicios constituye un incidente dentro de un proceso iniciado antes de ese momento —17 de agosto de 2001— se rigió por lo establecido al respecto en el Dcto. 01 de 1984, C.C.A. 8. Según criterio unificado por la Sala Plena del Consejo de Estado en auto del 25 de junio de 2014 (Exp. 49299), las remisiones que el C.C.A. hacía al C.P.C. debían entenderse referidas al C.G.P. desde su entrada en vigor, sin perjuicio de las reglas específicas de transición. Esta remisión debe leerse en concordancia con lo que disponía el art. 267 del C.C.A., esto es, “ en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo”. 9. El artículo 171 del C.C.A. contenía una regulación especial respecto de la procedencia de la condena en costas . S eñalaba que el juez “podría” emitirla “teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes ”, es decir, bajo un análisis que involucraba una valoración y ponderación subjetiva, pues era necesario estudiar la conducta desplegada por la parte vencida en aras de determinar si había actuado con temeridad, abuso del derecho o mala fe. Por esta razón, no resultaba procedente remitirse a las regulaciones del estatuto procesal civil, pues se trata de un asunto expresamente regulado en el C.C.A. respecto del cual, además, la regulación del C.P.C. , hoy del C.G.P. , no resulta compatible, en tanto en esa normativa la procedencia de la condena es objetiva. 10. La providencia del 26 de agosto de 2026 no omitió p ronunciarse sobre las costas, lo que ocurrió fue que , al no haberse evidenciado temeridad, abuso del derecho o mala fe en la conduta desplegada por los demandantes, no era procedente emitir una condena de esa naturaleza en su contra. 4 Índice 64 SAMAI. Radicación: 73001-23-31-000-2001-02525-02 (72386) Demandante: Caesca S.A.S. y Licorsa S.A. Demandado: Fábrica de Licores del Tolima Referencia: Controversias contractuales 3 11. El mismo razonamiento se aplica en lo que concierne a las condenas a las que se refiere el art. 206 del C.G.P. en su inciso 4. ° y en su parágrafo. 12. El C.C.A. no establecía la carga de que al momento de presentar la demanda o al de promover el incidente de liquidación de perjuicios el demandante debiera estimar razonadamente los perjuicios bajo juramento ; por tanto, esta exigencia contenida actualmente en el C.G.P. 5 no resulta aplicable a los procesos iniciados bajo esa normativa6. A lo que se refería el C.C.A. era a la estimación razonada de la cuantía, como un aspecto procesal para determinar la competencia en los casos en los que se establecía por el factor cuantía, sin consecuencias probatorias7. 13. El artículo 168 del C.C.A. establecía que “en los procesos ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo se aplicarán en cuanto resulten compatibles con las normas de este Código, las del Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarl as y criterios de valoración” (énfasis agregado) . La remisión normativa no opera de forma automática, pues se impone verificar que la s disposiciones del estatuto procesal civil no contradigan una disposición especial ni los principios que explican el régimen procesal administrativo. 14. Además de lo anterior, el contenido normativo del artículo 206 del C.G.P. no resulta compatible con tales aspectos, al menos no en los procesos en los que la entidad pública f unge como demandada, en tanto hace depender los efectos probatorios de la manifestación del demandante particular respecto de la cuantificación de los perjuicios de la conducta omisiva del apoderado de aquélla. En efecto, e l silencio de quien representa judicialmente a la Administración determinaría que una afirmación unilateral de su contraparte adquiriera, por ese solo hecho, eficacia probatoria suficiente para afectar el patrimonio público , a pesar de que ni su apoderado ni el representante que le confiere el poder ostentan libre disposición sobre los derechos e intereses comprometidos, en la medida que su actuación se encuentra sometida al principio de legalidad y a la salvaguarda del interés general y del patrimonio público. 15. En ese orden de ideas , el silencio de la entidad pública frente a la manifestación juramentada del monto de los perjuicios por parte de un particular ―que no es exigible en el campo de los procesos surtidos ante esta jurisdicción , pero puede hacerse― no opera en los mismos términos del art. 206 del C.G.P., esto es, para calificar como plena prueba dicha afirmación 8 y, por tanto, tampoco se 5 Arts. 82 y 428. El art. 206 del C.G.P. establece: “ ARTÍCULO 206. JURAMENTO ESTIMATORIO. Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente, discriminando cada uno de sus conceptos. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. Solo se considerará la objeción que especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimación”. 6 En este sentido se pueden consultar, entre otras, las siguientes providencias del Consejo de Estado: Sec. 1ª, nov. 29/ 2019, Rad. 25000-23-41-000-2016-01687-02; Sec. 1ª, dic. 2/2021, Rad. 25001-23-41-000-2018-01189- 01; Sec

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=730012331000200102525021100103