CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., ocho (8) de octubre dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 73001-23-31-000-2001-02525-02 (72386)
Demandante: Caesca S.A.S. y Licorsa S.A., integrantes de la Unión
Temporal Caesca y Licorsa
Demandado: Fábrica de Licores del Tolima
Medio de control: Controversias contractuales
El despacho decide la solicitud de adición del proveído del 26 de agosto de 2026
proferido en el proceso de la referencia1.
I. ANTECEDENTES
1. A través de la providencia antes indicada2, se resolvió el recurso de apelación
interpuesto por la Fábrica de Licores del Tolima (FLT) en contra de la providencia
proferida el 31 de octubre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Tolima, por
medio de la cual se liquidó la condena impuesta en la sentencia proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado el 14 de septiembre de
2016, en el proceso identificado con el número interno 31965, por concepto de
perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante. Se revocó la decisión y, en
su lugar, se declaró no probada la cuantía del perjuicio.
2. El 1 de septiembre de 2026, la FLT solicitó que se adicione el proveído del
26 de agosto de 2026 en los siguientes aspectos: (i) condena en costas y (ii)
condena por no haberse demostrado el monto declarado por la UT en el juramento
estimatorio.
3. En cuanto a lo primero, señaló que comoquiera que el C.G.P. establece que
la condena en costas es objetiva, se imponía emitir la en contra de la UT y a favor
de la FLT , al margen de la calificación de la conducta de la demandante . Añadió
que las agencias en derecho debían calcularse con base en la tarifa máxima
permitida, en virtud de la altísima responsabilidad asumida por la defensa técnica
para evitar el detrimento patrimonial de las finanzas públicas3.
4. Respecto de lo segundo, dijo que la incidentante acudió expresamente al
artículo 206 del C .G.P. al estimar bajo la gravedad del juramento una suma
millonaria por concepto de perjuicio en la modalidad de lucro cesante, por lo que al
1 Solicitud presentada de manera oportuna. La providencia se notificó el 27 de agosto de 2026 , por lo que el
término de ejecutoria corrió entre el 28 de agosto y el 1 de septiembre de 2026, la solicitud se presentó ese
último día (índice 61 Samai).
2 Índice 56 Samai.
3 Señaló que de conformidad con lo dispuesto en el art. 5° del Acuerdo No. PSAA16-10554, se debía aplicar el
7.5% sobre lo pedido , correspondiente a procesos declarativos de mayor cuantía, no la tarifa residual del
numeral 8 del mismo artículo limitada a un máximo de 4 S.M.M.L.V., por cuanto el incidente de liquidación de
condena en abstracto no es un mero trámite adjetivo o procedime ntal sin cuantía, sino que se trata de un
verdadero juicio declarativo.
Radicación: 73001-23-31-000-2001-02525-02 (72386)
Demandante: Caesca S.A.S. y Licorsa S.A.
Demandado: Fábrica de Licores del Tolima
Referencia: Controversias contractuales
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haberse declarado no probada la cuantía se configuraron los supuestos a los que
se refiere esa norma para imponer las condenas contempladas en su inciso 4 . ° y
en su parágrafo.
5. La UT intervino para oponerse a la solicitud de adición por no haberse
incurrido en omisión 4. En relación con la condena en costas dijo que no se
configuraron los presupuestos establecidos en el art ículo 171 del C.C.A. para su
procedencia, pues la UT no actuó con temeridad ni de mala fe. Respecto de la
condena asociada al juramento estimatorio señaló que no era procedente porque
esa figura estaba diseñada para operar frente a la desestimación de una pretensión
indemnizatoria, no respecto de lo que se resuelva en un incidente de liquidación de
perjuicios que parte del reconocimiento de esa pretensión y se limita a la
determinación de su cuantía, además de que su procedencia está condicionada al
actuar negligente o temerario de la parte, lo que en este caso no se configuró.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6. Se negará la solicitud de adición.
7. De conformidad con lo dispuesto en el art ículo 308 de la Ley 1437 de 2011,
el CPACA aplica a las demandas y a los procesos iniciados a partir de su entrada
en vigor —2 de julio de 2012 —. Dado que la solicitud de liquidación de perjuicios
constituye un incidente dentro de un proceso iniciado antes de ese momento —17
de agosto de 2001— se rigió por lo establecido al respecto en el Dcto. 01 de 1984,
C.C.A.
8. Según criterio unificado por la Sala Plena del Consejo de Estado en auto del
25 de junio de 2014 (Exp. 49299), las remisiones que el C.C.A. hacía al C.P.C.
debían entenderse referidas al C.G.P. desde su entrada en vigor, sin perjuicio de
las reglas específicas de transición. Esta remisión debe leerse en concordancia con
lo que disponía el art. 267 del C.C.A., esto es, “ en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo
Contencioso Administrativo”.
9. El artículo 171 del C.C.A. contenía una regulación especial respecto de la
procedencia de la condena en costas . S eñalaba que el juez “podría” emitirla
“teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes ”, es decir, bajo un análisis
que involucraba una valoración y ponderación subjetiva, pues era necesario
estudiar la conducta desplegada por la parte vencida en aras de determinar si había
actuado con temeridad, abuso del derecho o mala fe. Por esta razón, no resultaba
procedente remitirse a las regulaciones del estatuto procesal civil, pues se trata de
un asunto expresamente regulado en el C.C.A. respecto del cual, además, la
regulación del C.P.C. , hoy del C.G.P. , no resulta compatible, en tanto en esa
normativa la procedencia de la condena es objetiva.
10. La providencia del 26 de agosto de 2026 no omitió p ronunciarse sobre las
costas, lo que ocurrió fue que , al no haberse evidenciado temeridad, abuso del
derecho o mala fe en la conduta desplegada por los demandantes, no era
procedente emitir una condena de esa naturaleza en su contra.
4 Índice 64 SAMAI.
Radicación: 73001-23-31-000-2001-02525-02 (72386)
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Referencia: Controversias contractuales
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11. El mismo razonamiento se aplica en lo que concierne a las condenas a las
que se refiere el art. 206 del C.G.P. en su inciso 4. ° y en su parágrafo.
12. El C.C.A. no establecía la carga de que al momento de presentar la demanda
o al de promover el incidente de liquidación de perjuicios el demandante debiera
estimar razonadamente los perjuicios bajo juramento ; por tanto, esta exigencia
contenida actualmente en el C.G.P. 5 no resulta aplicable a los procesos iniciados
bajo esa normativa6. A lo que se refería el C.C.A. era a la estimación razonada de
la cuantía, como un aspecto procesal para determinar la competencia en los casos
en los que se establecía por el factor cuantía, sin consecuencias probatorias7.
13. El artículo 168 del C.C.A. establecía que “en los procesos ante la jurisdicción
en lo contencioso administrativo se aplicarán en cuanto resulten compatibles con
las normas de este Código, las del Procedimiento Civil en lo relacionado con la
admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarl as y criterios de
valoración” (énfasis agregado) . La remisión normativa no opera de forma
automática, pues se impone verificar que la s disposiciones del estatuto procesal
civil no contradigan una disposición especial ni los principios que explican el régimen
procesal administrativo.
14. Además de lo anterior, el contenido normativo del artículo 206 del C.G.P. no
resulta compatible con tales aspectos, al menos no en los procesos en los que la
entidad pública f unge como demandada, en tanto hace depender los efectos
probatorios de la manifestación del demandante particular respecto de la
cuantificación de los perjuicios de la conducta omisiva del apoderado de aquélla. En
efecto, e l silencio de quien representa judicialmente a la Administración
determinaría que una afirmación unilateral de su contraparte adquiriera, por ese solo
hecho, eficacia probatoria suficiente para afectar el patrimonio público , a pesar de
que ni su apoderado ni el representante que le confiere el poder ostentan libre
disposición sobre los derechos e intereses comprometidos, en la medida que su
actuación se encuentra sometida al principio de legalidad y a la salvaguarda del
interés general y del patrimonio público.
15. En ese orden de ideas , el silencio de la entidad pública frente a la
manifestación juramentada del monto de los perjuicios por parte de un particular
―que no es exigible en el campo de los procesos surtidos ante esta jurisdicción ,
pero puede hacerse― no opera en los mismos términos del art. 206 del C.G.P., esto
es, para calificar como plena prueba dicha afirmación 8 y, por tanto, tampoco se
5 Arts. 82 y 428.
El art. 206 del C.G.P. establece: “ ARTÍCULO 206. JURAMENTO ESTIMATORIO. Quien pretenda el
reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo
razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente, discriminando cada uno de sus
conceptos. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria
dentro del traslado respectivo. Solo se considerará la objeción que especifique razonadamente la inexactitud
que se le atribuya a la estimación”.
6 En este sentido se pueden consultar, entre otras, las siguientes providencias del Consejo de Estado: Sec. 1ª,
nov. 29/ 2019, Rad. 25000-23-41-000-2016-01687-02; Sec. 1ª, dic. 2/2021, Rad. 25001-23-41-000-2018-01189-
01; Sec
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