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Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-05-19Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 25000233600020220053201LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe declararse la caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando la demanda es presentada por fuera del término legal, pese a la suspensión general de términos ordenada por la emergencia sanitaria del año 2020? Sí
El contratista no puede presentar una demanda de controversias contractuales fuera del término legal, incluso durante la emergencia sanitaria del año 2020, ya que el Decreto 564 de 2020 solo suspendió la contabilización de términos que ya estaban en curso, no amplió plazos legales específicos como el de caducidad. En este caso, el término de caducidad para la demanda comenzó a correr el 1° de julio de 2020, luego de la suspensión de términos judiciales, y la presentación de la demanda el 22 de septiembre de 2022, fuera del plazo legal, no permite aplicar los principios pro actione y pro damato. La entidad demandada no decretó la suspensión de plazos para la liquidación de contratos, por lo que el término de caducidad no se alteró. Esta decisión reitera la necesidad de cumplir rigurosamente con los plazos legales, incluso en situaciones de emergencia, y subraya la importancia de la autonomía de las entidades para determinar cómo operan las suspensiones de términos en sus procedimientos.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2023-09-04Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 68001233300020220037101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Bajo cualquier escenario es evidente que el actor ejerció el derecho de acción cuando había operado el fenómeno de la caducidad? Sí
En el medio de control de controversias contractuales, la suspensión de términos judiciales decretada por el Gobierno Nacional no aumenta el término de caducidad, que sigue siendo de dos años. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la suspensión solo paraliza el cómputo de los términos durante el periodo que la norma determina, y no modifica la duración del plazo previsto en la ley. Segunda, la solicitud de conciliación extrajudicial no revive un término que ya había vencido. En el caso, el término de caducidad culminó el 12 de enero de 2022, antes de la presentación de la demanda y antes de la solicitud de conciliación, por lo que la providencia confirma la caducidad declarada. Así, la suspensión no altera la duración del término, que sigue siendo de dos años. En la práctica, la parte que considere que la suspensión de términos extendió su plazo debe contar los días transcurridos antes de la suspensión, porque la suspensión no reinicia el plazo.síntesis automática
También resuelve:¿Hay que valorar las disposiciones del decreto que suspendió los términos de caducidad en consideración a la pandemia del COVID-19?¿Cómo el manual de contratación de la ESE estipulaba que los contratos de tracto sucesivo debían liquidarse, el contrato sí requería del trámite de la liquidación…¿El Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de…
¿Tiene la entidad estatal, facultades para corregir errores formales y sanear vicios de procedimiento en cualquier tiempo, y por el contrario, para la modificación de las reglas del proceso de selección contenidas en el pliego de condiciones si deben sujetarse a las limitaciones temporales y materiales previstas para la expedición de adendas? Sí
Las entidades estatales pueden corregir errores formales y sanear vicios de procedimiento en cualquier momento, pero la modificación de las reglas del proceso de selección contenidas en el pliego de condiciones debe sujetarse a limitaciones temporales y materiales previstas para la expedición de adendas, según establecen los artículos 30 numeral 5 de la Ley 80 de 1993 y 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015. Estas limitaciones prohíben modificar el pliego de condiciones dentro de los tres días anteriores al cierre del proceso de selección y establecen que no se pueden alterar aspectos sustanciales como el objeto del contrato o las reglas fundamentales de la competencia. La facultad de corrección no puede dar lugar a cambios en el sentido material de la decisión, según el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011. En consecuencia, la Sala declaró nula la Resolución que suspendió el proceso de licitación y extendió el plazo de presentación de ofertas, ya que esta modificación constituye una adenda no permitida por la ley.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse la nulidad de los artículos segundo y tercero de la Resolución mediante la cual se suspendió el proceso de Licitación Pública y se adoptó un nuevo cronograma con ampliación del plazo…¿La expedición de una resolución que, bajo la figura del saneamiento o corrección de un error contenido en el pliego de condiciones…¿Debe la Sala abstenerse de imponer condena en costas cuando se trata de un proceso de nulidad de un acto administrativo de carácter general promovido por una veeduría ciudadana…
¿La parte demandante incumplió con su carga probatoria toda vez que no demostró el daño? Sí
En la acción de nulidad y restablecimiento frente a un acto precontractual, el demandante debe probar el daño para obtener la indemnización, y no basta con demostrar que la entidad se apartó del deber de buena fe o de los principios de la función administrativa. Una razón es que el demandante debía acreditar los costos asociados a la etapa precontractual, que corresponden al interés negativo, y no los pidió ni los probó. Otra razón es que si se analizara el interés positivo, es decir, la utilidad esperada del contrato frustrado, tampoco se acreditó su valor. En el caso, la Sala reconoció que la entidad no actuó de buena fe durante la invitación y la adjudicación, pero concluyó que de ese comportamiento no puede predicarse un daño, porque el daño no se acreditó, y confirmó la negación de las pretensiones. La providencia cita precedente sobre el interés positivo; no indica si reitera, unifica o cambia precedente, y su consecuencia práctica es que la irregularidad precontractual solo genera indemnización si el proponente prueba el perjuicio con soportes concretos.síntesis automática
También resuelve:¿El demandante debía demostrar que con motivo de la elaboración y presentación de la oferta se le causaron perjuicios que debían ser indemnizados?¿En la sentencia impugnada el juez decidió no darle valor al dictamen pericial por presentar inconsistencias e imprecisiones que afectaban su credibilidad?¿Se evidencia que el Instituto de Seguros Sociales faltó al deber de buena fe en la etapa precontractual y contravino los principios de igualdad e imparcialidad?
¿El contrato se ejecutaba con base en solicitudes de pedido cursados por el supervisor de ETB sin obligarse a solicitar un número determinado de tapas? Sí
Cuando un contrato de suministro se ejecuta mediante solicitudes de pedido que el supervisor de la entidad emite según sus necesidades, la entidad no está obligada a solicitar el valor total estimado ni un número determinado de bienes, y el pago se hace por cortes mensuales sobre las cantidades realmente solicitadas. La regla se sostiene en tres razones: los términos de referencia, la oferta y su aceptación establecieron que los bienes se suministrarían de acuerdo con las solicitudes de pedido y a la necesidad, sin cantidad mínima ni máxima; el supervisor no puede ordenar al contratista fabricar bienes para tener en stock, pues ello no está previsto en las condiciones contractuales; y el contratista no estaba obligado a tener disponibilidad inmediata de todo el suministro. En el caso, la demanda que reclamaba el valor total del contrato fue desestimada y la sentencia se confirmó. El documento no indica que reitere, unifique o matice precedente; la consecuencia práctica es que en los contratos de suministro por demanda el incumplimiento se mide frente a las solicitudes efectivamente cursadas y no frente al valor estimado.síntesis automática
También resuelve:¿Los bienes objeto del contrato serían suministrados de acuerdo con las solicitudes de pedido por parte de ETB de acuerdo a la necesidad?¿La contratista tenía el derecho de que se le pidieran bienes y servicios por el valor total estimado del contrato?¿La demanda se presentó dentro del plazo de dos años previstos en la ley?
¿Existe normativa que regule los términos para la presentación de ofertas en la modalidad de licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos?
En aplicación del principio de economía, consagrado en el numeral 1 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, deben cumplirse los procedimientos y etapas estrictamente necesarios para asegurar la selección objetiva de la propuesta más favorable, por lo que se señalan términos preclusivos y perentorios para las diferentes etapas del proceso de selección. Las partes del proceso y los funcionarios públicos están obligados a respetar y acatar esas etapas. Por ello, la entidad debe establecer en la invitación o en el pliego de condiciones el lapso durante el cual recibirá ofertas, definiendo expresamente la hora hasta la cual lo hará, para que los interesados lo conozcan con anticipación. Esta regla también aplica a la invitación en los procesos de mínima cuantía. El cronograma del proceso debe comprender la presentación de ofertas, su evaluación y la adjudicación del contrato. La precisión de la hora de cierre protege la igualdad de los oferentes frente a los términos preclusivos. La consecuencia práctica es que el cierre de la recepción de ofertas debe fijarse con fecha y hora precisas en el documento de convocatoria, sin dejar margen a interpretaciones sobre el momento final.síntesis automática
También resuelve:Principio de economía: Artículo 25 Ley 80 de 1993Publicidad: procesos de contratación, cronograma, horario, actividad contractualTérminos o plazos de las etapas del proceso de selección contractual: preclusivos y perentorios
¿Existe normativa en la cual se establezcan tiempos mínimos en el desarrollo del cronograma de los procesos de contratación en sus diferentes modalidades?
No existe un plazo mínimo general para cada etapa del cronograma de los procesos de contratación, pero el principio de economía del numeral 1 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 exige cumplir solo los procedimientos y etapas estrictamente necesarios para seleccionar objetivamente la propuesta más favorable. Por esa razón, las etapas del proceso de selección se señalan con términos preclusivos y perentorios, que deben respetar tanto las partes como los funcionarios públicos. En materia de publicidad, la entidad debe fijar en la invitación o en el pliego de condiciones el lapso durante el cual recibirá las ofertas, indicando expresamente la hora hasta la cual se reciben, para que los interesados la conozcan con anticipación. Esta exigencia se extiende al cronograma del proceso de selección, incluida la invitación de los procesos de mínima cuantía, y también a la fecha de adjudicación del contrato. La consecuencia práctica es que el cronograma debe estar definido desde los documentos del proceso, con plazos y horas precisos, de modo que la entidad pueda cumplirlo sin modificaciones que afecten la publicidad y la igualdad de los oferentes.síntesis automática
También resuelve:Principio de economía: Artículo 25 Ley 80 de 1993Publicidad: procesos de contratación, cronograma, horario, actividad contractualTérminos o plazos de las etapas del proceso de selección contractual: preclusivos y perentorios
Auto interlocutorio — Auto que decide solicitudes de suspensión o interrupción del proceso2025-07-15Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 25000233600020120004301LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede interrumpir el proceso por el fallecimiento de la abogada quien actuo como apoderada de la parte demandate, conforme al numeral 2 del artículo 159 del CGP? Sí
El fallecimiento del apoderado judicial de alguna de las partes es causal de interrupción del proceso conforme al numeral 2 del artículo 159 del Código General del Proceso, lo cual se produce a partir del hecho que la origina, pero surtirá efectos desde la notificación de la providencia que se pronuncie seguidamente, cuando el expediente se encuentre al despacho. El artículo 160 del CGP establece que se deberá notificar por aviso a la parte del fallecimiento de su apoderado, quien será citado para que comparezca al proceso dentro de los cinco días siguientes a la notificación, reanudándose el proceso si la parte concurre o designa un nuevo apoderado. En consecuencia, la interrupción del proceso se produce desde la notificación de la providencia que declare el fallecimiento del apoderado, y la parte demandante debe designar un nuevo apoderado dentro del plazo establecido, de lo contrario se reanudará el proceso y se continuará con el trámite pertinente.síntesis automática
¿Cuál es el marco jurídico del traslado del informe de evaluación y subsanaciones en la licitación?
El marco jurídico del traslado del informe de evaluación en la licitación pública se fundamenta desde el ámbito legal en el literal 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 que modifica a la Ley 80 de 1993 el cual establece la modalidad de selección por licitación.
También resuelve:Términos legales: noción, días hábiles, días calendarioDocumentos tipo: infraestructura de transporte, regla de inalterabilidad, excepciones, formulario 1Formulario 1: formulario de presupuesto oficial, inalterabilidad, notas 1, 2 y 3, componentes del aiu
¿Existe algún inconveniente en que se suscriban los documentos y/o formatos que hacen parte de los documentos tipo con anterioridad a la fecha de cierre de determinado proceso contractual?
El contratista puede suscribir los documentos y formatos que hacen parte de los documentos tipo con anterioridad a la fecha de cierre del proceso contractual sin que esto tenga repercusiones adversas para su propuesta, siempre y cuando se ajuste al cronograma establecido por la entidad estatal y se tenga en cuenta cualquier modificación o adenda que pueda surgir. Esta práctica no viola el principio de economía ni afecta la transparencia del proceso, ya que el cronograma debe definir claramente las fechas, horas y plazos para la presentación de ofertas y la adjudicación del contrato, permitiendo a los proponentes prepararse adecuadamente sin incurrir en penalizaciones por extemporaneidad. Esta regla reitera y matiza precedentes sobre la flexibilidad en la preparación de documentos tipo, permitiendo una mayor planificación sin comprometer la legalidad del proceso contractual.síntesis automática
También resuelve:Documentos tipo: fundamento normativoPublicidad: procesos de contratación, cronograma, horario, actividad contractualTérminos o plazos de las etapas del proceso de selección contractual: preclusivos y perentorios
13001233300020140014601 de 20242024-11-25Rad. 13001233300020140014601
El contratista no puede demandar después del término de dos años que se inicia una vez vencido el plazo para la liquidación del contrato, ya sea bilateralmente pactado o por el supletorio de cuatro meses, y luego el plazo de dos meses para la liquidación unilateral por parte de la entidad estatal. Este plazo es de orden público y su incumplimiento por parte del contratista implica la caducidad de la acción judicial, que el operador judicial debe declarar incluso si no se alega específicamente. La suscripción de un acta posterior al vencimiento del plazo de ejecución del contrato, no firmada por la contratante, no amplía el plazo del contrato. La Sala revoca la sentencia de primera instancia y declara la caducidad de la acción judicial, condenando al contratista en costas y agencias en derecho.síntesis automática
También resuelve:Terminos para demandar: plazo, liquidaciónTérmino de caducidad: entidades públicas, Artículo 11 de la Ley 1150
¿Los términos fijados en días para las etapas precontractual y contractual deben computarse en días hábiles, conforme al artículo 62 de la Ley 4ª de 1913, o en días calendario, conforme al artículo 829 del Código de Comercio?
En las entidades excluidas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, cuando el manual de contratación guarda silencio, los plazos en días que la entidad fija unilateralmente para la etapa precontractual se computan en días hábiles, salvo que se exprese lo contrario. Estos plazos no son legales ni convencionales, porque aún no existe acuerdo de voluntades, de modo que la laguna se completa con el artículo 62 de la Ley 4 de 1913. En cambio, los plazos de días pactados en el contrato ya celebrado se entienden comunes, es decir, calendario, conforme al parágrafo 1 del artículo 829 del Código de Comercio. Los términos en meses o años se computan según el calendario en ambas etapas. Persiste una divergencia sobre la hora de vencimiento, pues el artículo 59 de la Ley 4 de 1913 fija la medianoche y el numeral 3 del artículo 829 del Código de Comercio fija las seis de la tarde. La consecuencia práctica es que la entidad debe corregir el silencio de su manual y fijar expresamente la fecha y la hora de vencimiento, porque la regla supletiva no sustituye ese deber.síntesis automática
También resuelve:Cómputo de términos: etapa precontractual, régimen especial, días hábiles, etapa contractualManual de contratación: régimen especial, deber de fijar los plazos de las etapasSecop ii: cronograma, fecha y hora, implicación sobre los términos
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2023-09-07Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZRad. 25000233600020220001101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se configuró la caducidad de la acción por presentación extemporánea de la demanda? Sí
El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales se computa, ante la ausencia de liquidación bilateral dentro del plazo convenido por las partes en el contrato, a partir del vencimiento de dicho plazo contractual, debiendo descontarse debidamente los periodos de suspensión de términos ordenados por el Consejo Superior de la Judicatura mediante acuerdos generales, de modo que si la demanda se presenta una vez transcurrido en su integridad el plazo legal previsto opera inexorablemente el fenómeno procesal de la caducidad, sin que resulte jurídicamente aplicable la suspensión de términos por conciliación extrajudicial cuando dicha solicitud se radica de manera extemporánea con posterioridad al vencimiento del término previsto por el legislador para demandar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿Se confirmará la decisión de primera instancia que rechazó la demanda por caducidad del medio de control de controversias contractuales?¿Las partes acordaron en cláusula del contrato que este sería liquidado dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo señalado para su ejecución?¿La contratación con la sociedad demandada se rige por las reglas del derecho privado en atención a su régimen jurídico?
¿Es posible pactar condiciones resolutorias en contratos estatales bajo la autonomía de la voluntad?
Las partes de un contrato estatal pueden pactar condiciones resolutorias en ejercicio de la autonomía de la voluntad, como cláusulas accidentales que identifiquen hechos inciertos y futuros capaces de terminar de inmediato la relación jurídica. La condición resolutoria se presume como cláusula natural de los negocios bilaterales, lo que incluye los convenios interadministrativos, según los artículos 1530 y 1534 del Código Civil. Asimismo, en los negocios bilaterales pueden pactarse potestades unilaterales para declarar el incumplimiento y desencadenar sanciones, siempre que se establezcan con claridad sus condiciones de procedencia y el procedimiento aplicable. Si la relación no está cobijada por el Estatuto General de Contratación ni por una norma de derecho público que atribuya esa prerrogativa, el ejercicio de esa potestad tiene naturaleza de acto contractual y no de acto administrativo, porque la entidad no tiene competencia atribuida para usar ese instrumento. Por tanto, la entidad debe precisar en el contrato las condiciones y el procedimiento de esas potestades.síntesis automática
También resuelve:Condición resolutoria: se entiende incorporada en toda relaciónSanciones por incumplimiento: pueden pactarse como potestad unilateral y en ejercicio de acto contractualCómputo de terminos: meses, regla interpretativa, acuerdo de voluntades
¿Cuáles son las diferencias entre el plazo de ejecución y el plazo de vigencia de un contrato estatal?
El plazo del contrato estatal es una modalidad que modula la exigibilidad de las obligaciones o la extinción de los derechos, y su cómputo debe armonizarse con las reglas civiles y con las disposiciones especiales de la Ley 80 de 1993. Los plazos suspensivos aplazan la exigibilidad de las obligaciones, que pasan a ser puras y simples al vencer el término, mientras que los plazos resolutorios extinguen derechos y obligaciones, de modo que la exigibilidad es inmediata y el contrato pierde sus efectos al agotarse. Por ello, frente a cada contrato debe analizarse si se pactó un plazo suspensivo o extintivo conforme al régimen del Código Civil, que se aplica por remisión del artículo 13 de la Ley 80 de 1993. Esta regla opera tanto cuando se pactan entregas parciales como cuando la entidad recibe el objeto al finalizar el plazo, pues la Administración solo puede exigir el cumplimiento cuando venza el término pactado. Corresponde a cada entidad estatal decidir la forma de compatibilizar las reglas civiles de cómputo con la lógica del contrato estatal. Como pronunciamiento consultivo, el concepto enuncia el marco general para interpretar el plazo pactado.síntesis automática
También resuelve:Plazo del contrato: concepto, exigibilidad de las obligaciones, extinción de los derechos, diferenciasDías hábiles: concepto, cómputo de términosCómputo de terminos: meses, regla interpretativa, acuerdo de voluntades
¿Cómo se establece el plazo de ejecución de un contrato estatal cuyo término se fijó en meses, teniendo en cuenta las disposiciones de los artículos 59 y 62 de la Ley 4 de 1913?
El contratista debe determinar el plazo de ejecución de un contrato estatal cuyo término se fija en meses, considerando que las obligaciones son exigibles solo una vez vencido el plazo pactado, ya sea en modalidad suspensiva o extintiva, según lo establecido en el Código Civil y la Ley 80 de 1993. La entidad estatal decide cómo compatibilizar las reglas civiles de cómputo de plazos con la lógica del contrato estatal, y los días hábiles se definen según la jornada laboral de la entidad, excluyendo sábados, domingos y feriados. Esta regla reitera y complementa la jurisprudencia existente sobre el cómputo de plazos en contratos estatales, proporcionando directrices claras para la interpretación y aplicación de los términos contractuales.síntesis automática
También resuelve:Plazo del contrato: concepto, exigibilidad de las obligaciones, extinción de los derechos, diferenciasDías hábiles: concepto, cómputo de términosCómputo de terminos: meses, regla interpretativa, acuerdo de voluntades
¿Conforme al momento de la presentación de la demanda, en el caso concreto, cuando ya se había adjudicado y firmado el contrato, procedía la acción de controversias contractuales? Sí
El contratista puede presentar una acción de controversias contractuales incluso después de que se haya adjudicado y firmado el contrato, siempre que la demanda se presente dentro del plazo legal para solicitar la nulidad absoluta del contrato, que es de dos años a partir de su perfeccionamiento. Esta regla se sostiene en que las normas procesales no son retroactivas y que los actos administrativos precontractuales pueden ser demandados dentro de los treinta días siguientes a su notificación, mientras que la nulidad del contrato debe solicitarse dentro del plazo de dos años desde su celebración. La Sala reitera la jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de controversias contractuales en estos casos, lo que permite a los contratistas defender sus intereses legales incluso después de la firma del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿La demanda de los actos precontractuales fue presentada antes de los treinta días siguientes a su notificación y la nulidad del contrato se solicitó dentro de los dos años siguientes a su…¿Tienen valor probatorio las copias simples adjuntadas a la demanda?¿Los documentos pueden ser publicos o privados, del primero se presume su autenticidad y el mérito probatorio de los mismoslo asigna el juez, luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto?
¿Cuál es el alcance de la subsanabilidad, cuando no se entrega o hay errores de la garantía de seriedad?
La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no es subsanable y es causal de rechazo, según el parágrafo 3 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018, pues se trata de un documento de obligatoria presentación que materializa los principios de seriedad e irrevocabilidad de la oferta. En cambio, los errores en el contenido de la póliza no afectan la comparación de las propuestas, porque las entidades no asignan puntaje a la garantía; por ello, conforme al parágrafo 1 del mismo artículo, la entidad estatal debe permitir a los proponentes subsanar cualquier error en su contenido hasta el traslado del informe de evaluación, so pena de rechazar la oferta si no se corrige en ese término. La subsanabilidad fortalece el principio de selección objetiva. Además, la mora en el pago de la prima no termina el contrato de seguro de la garantía de seriedad, pues el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 se refiere a cualquier póliza que ampare un contrato estatal.síntesis automática
También resuelve:Principio de selección objetiva: fundamento, alcanceSubsanabilidad: concepto de unificación, aplicación, improcedencia, circunstancias posterioresPóliza de seriedad: errores, subsanabilidad
¿El medio de control de repetición fue presentado dentro de los dieciocho meses dados para el pago de providencias judiciales, contados desde el día hábil siguiente a la ejecutoria de la decisión? No
El término de caducidad de la acción de repetición se cuenta desde el día siguiente al pago total o al vencimiento del plazo legal para pagar, y la norma aplicable para computarlo es la vigente cuando la condena quedó en firme. La regla se apoya en que el término de cinco años de la Ley 2195 de 2022 no se aplica a los procesos cuya condena quedó ejecutoriada antes de la entrada en vigencia de esa ley, y en que las suspensiones de términos judiciales decretadas por la pandemia, conforme al decreto y al acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura que se citan, interrumpen el cómputo por el tiempo que duraron. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. En el caso, la demanda se presentó después del vencimiento del término de dos años, por lo que se configuró la caducidad y se confirmó la sentencia de primera instancia. Como consecuencia práctica, la entidad que pagó una condena debe presentar la acción de repetición dentro del término computado con las suspensiones legales, o perderá la posibilidad de demandar.síntesis automática
También resuelve:¿Es aplicable el término de cinco años establecido en la Ley 2195 de 2022 a procesos cuya condena quedó¿Procede la condena en costas contra la demandante, porque fue la parte vencida en el proceso?
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