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¿El Decreto 1082 de 2015 es considerado un decreto reglamentario de la Ley 1150 de 2007?
El Decreto 1082 de 2015 es reglamentario de la Ley 1150 de 2007: se trata de un decreto compilatorio de normas reglamentarias preexistentes, y el Decreto 1510 de 2013, compilado en él, señalaba expresamente la necesidad de desarrollar esa ley y el Decreto Ley 4170 de 2011. En cuanto a los servicios de salud, el literal c) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.2.21 del Decreto 1082 de 2015 disponen que su contratación se tramite por selección abreviada de menor cuantía, y los prestadores deben estar inscritos en el registro del Ministerio de Salud y Protección Social, regulado por la Resolución 3100 de 2019, modificada por la Resolución 544 de 2023. No es posible comprar servicios de salud como bienes de características técnicas uniformes, porque aquellos son servicios regulados por la normativa sectorial, mientras que estos implican una obligación de dar una cosa con especificaciones técnicas y patrones de desempeño objetivamente definidos; corresponde a la entidad definir la prestación y la modalidad de selección, previa justificación en los documentos precontractuales.síntesis automática
También resuelve:Decreto 1082 de 2015: naturalezaContratos de prestación de servicios de salud: selección abreviada, característicasRegistro especial de prestadores de servicios de salud: reps, r equisito s
1- cuáles son los contratos considerados de salud a que refiere el art 91 de la ley 1474 de 2011?
1- cuáles son los contratos considerados de salud a que refiere el art 91 de la ley 1474 de 2011? 2 - Existe alguna otra reglamentación que defina que son los contratos de salud a que se refiere el artículo 91 de la ley 1474 de 2011?
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¿La prestación de servicios relacionados con la práctica de exámenes ocupacionales se encuentra inmersa en estas excepciones?
La normativa que regula la práctica de los exámenes médicos ocupacionales señala que son realizados por prestadores del servicio de medicina de seguridad y salud en el trabajo. La Resolución No. 1843 de 2025 caracterizó estas evaluaciones como actos médicos y señala que deben ser realizadas por médicos especialistas en seguridad y salud en el trabajo, con licencia vigente conforme a las normas establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social en la materia -art. 17-. Finalmente, la resolución señala el empleador podrá contratar la realización de las evaluaciones médicas ocupacionales con instituciones prestadoras de servicios de medicina de seguridad y salud en el trabajo, que cuenten con dichos médicos especialistas o, directamente, con los médicos especialistas en medicina del trabajo, salud ocupacional o seguridad y salud en el Trabajo, con licencia vigente.
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05002333000201700060201 de 20262026-09-18Rad. 05002333000201700060201
El contratista no puede alegar daño emergente, lucro cesante o rentabilidad mínima sin probar el incumplimiento del contrato o la terminación injustificada, y la entidad estatal no está obligada a liquidar contratos que no requieren tal procedimiento, lo cual implica que la caducidad de la acción puede aplicarse en ciertos casos. La Sala de Consulta del Consejo de Estado aclaró que los contratos celebrados por entidades sin ánimo de lucro con participación pública, como las IPS, están sometidos a un régimen jurídico que depende tanto de la naturaleza de la entidad como del sector normativo en que se desarrolla la actividad contratada, matizando la interpretación previa de que tales contratos siempre se rigen por el derecho privado. Esto tiene implicaciones significativas para la determinación del régimen contractual aplicable a las IPS y para la interpretación de las disposiciones específicas de la Ley 100 de 1993.síntesis automática
También resuelve:Contrato estatal de prestación de servicios de salud: régimen contractual aplicable a las ips según su naturaleza jurídica, empresas sociales del estado, Ley 100 de 1993, Artículo 195 numeral 6
A) De lo anterior solicitamos de manera respetuosa indicarnos si de conformidad con el Decreto 1082 del 2015, las agremiaciones sindicales pueden SI o NO celebrar contratos de prestación de servicios de salud bajo esta modalidad.
A) De lo anterior solicitamos de manera respetuosa indicarnos si de conformidad con el Decreto 1082 del 2015, las agremiaciones sindicales pueden SI o NO celebrar contratos de prestación de servicios de salud bajo esta modalidad.
También resuelve:Competencia consultiva: colombia compra eficiente, alcance, obligatoriedad, obligatoriedad / contratos estatalesContratos estatales: capacidadSelección abreviada: contratación para la prestación de servicios de salud, características
Usted realiza las siguientes preguntas: i) « solicitamos de manera respetuosa indicarnos si de conformidad con el Decreto 1082 del 2015, el procedimiento de selección abreviada de menor cuantía, es obligatorio SI o NO cuando se requiera la prestación de servicios de salud» y ii) «Al tenor del ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.21. del Decreto 1082 del 2015, es obligatorio SI o NO que todas las personas naturales o jurídicas que presten estos servicios de salud…
« solicitamos de manera respetuosa indicarnos si de conformidad con el Decreto 1082 del 2015, el procedimiento de selección abreviada de menor cuantía, es obligatorio SI o NO cuando se requiera la prestación de servicios de salud».
También resuelve:Selección abreviada: selección abreviada de menor cuantía, características, contratación para la prestación de servicios de salud, características / selección abreviadaRegistro especial de prestadores de servicios de salud: reps, características, naturaleza, obligatoriedad
¿Las disposiciones del Decreto 1082 de 2015, en particular las relativas a la exigencia y suficiencia de la garantía de responsabilidad civil extracontractual, son aplicables a los contratos de prestación de servicios de salud asistenciales y, en ese contexto, ¿cuáles son las pólizas de responsabilidad exigibles a los profesionales de la salud?
Las pólizas de responsabilidad civil extracontractual exigibles en contratos de prestación de servicios de salud dependen de la evaluación de riesgos que haga la entidad, porque el Decreto 1082 de 2015 no fija una lista taxativa de contratos en los que deban exigirse. Según la postura expuesta, la normativa solo resalta la obligatoriedad de ese seguro en los contratos de obra pública, de modo que en los demás hace parte de la decisión discrecional de la entidad. Como criterio principal, la entidad debe considerar si en la ejecución existe el riesgo de que el contratista cause daños a terceros, conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.5 del Decreto 1082 de 2015. El concepto distingue además el tipo de actividad: los servicios profesionales y de apoyo a la gestión con actividades asistenciales de apoyo se celebran por contratación directa, mientras que la prestación directa de servicios de salud, como el acto médico, exige la selección abreviada de menor cuantía. La consecuencia práctica es que la entidad debe justificar en los estudios previos si existe ese riesgo y, con base en ello, decidir si exige la póliza al profesional de la salud.síntesis automática
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¿Los demandados en repetición tenían la condición de empleados públicos, trabajadores oficiales o contratistas del Estado? No
La acción de repetición solo procede contra quien tenga la calidad de servidor público, trabajador oficial o contratista del Estado, o de particular que ejerza función pública, de modo que los demandados que no tienen ninguna de esas calidades carecen de legitimación en la causa por pasiva. Una razón es que los profesionales de la salud que atendieron al paciente no tenían relación legal y reglamentaria, vínculo contractual ni de otra índole con la entidad pública condenada, por lo que no eran servidores públicos. Otra razón es que el expediente muestra que sus vínculos se originaban en un contrato de prestación de servicios de salud con un tercero, lo que no los convierte en agentes del Estado ni en particulares que cumplan funciones públicas. En el caso, la Sala confirmó la negación de las pretensiones de la demanda de repetición, por falta de legitimación en la causa por pasiva, sin necesidad de examinar la culpa grave. Su consecuencia práctica es que la entidad que pretende repetir debe demostrar, antes de estudiar la conducta, que el demandado tiene la calidad de agente del Estado.síntesis automática
También resuelve:¿Los demandados tenían la condición de servidor público, se trataba de particulares que ejercían funciones públicas o eran contratistas del Estado?¿Se encontró algún vínculo contractual o laboral de la entidad demandante con los profesionales demandados?¿La demanda presentada se interpuso dentro de la oportunidad legal?
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES,APTITUD DE LA DEMANDA,EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO,CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD,INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL – Jurisdicción,Competencia del Consejo de Estado,Sentencias inhibitorios,Razones que las justifican,Cláusulas excepcionales,Limitación,Facultad propia del derecho privado,Supuestos para la procedencia,Incumplimiento del contrato,Contra – Mes: julio – Año: 2018…
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD,FORMACIÓN DEL CONTRATO,DEBERES DEL ADJUDICATARIO,OFERTA,CONTRATO ESTATAL,FALSA MOTIVACIÓN,ACTO ADMINISTRATIVO – Continuidad,Integralidad,Transcendencia del principio de planeación,Procesos de contratación estatal,Responsabilidad,Principio de buena fe,Contratación estatal,Suscripción del contrato,Contrato Estatal,Obligación,Consecuencias de – Mes: agosto – Año: 2016…
También resuelve:Contrato de prestación de servicios de salud: continuidad, integralidadContrato de prestacion de servicios de salud: trascendencia del principio de planeación, procesos de contratación estatal, régimen jurídico aplicableEscogencia del contratista: principios rectores de contratación estatal, contrato de prestación de servicios de salud
SERVICIOS DE SALUD,CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE RÉGIMEN SUBSIDIADO,ADMINISTRADORA DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO,ACTO ADMINISTRATIVO – Carácter individual,Notificación,Publicidad,Regímenes,Régimen subsidiado,Régimen contributivo,Reglas,Escogencia,Proceso de selección – Mes: julio – Año: 2015…
Contrato de prestación de servicios de salud,Existencia,Requisitos para acreditarlo – Mes: enero – Año: 1900…
También resuelve:Contrato de prestación servicios de salud: régimen jurídico aplicable En este sentido es menester iniciar por hacer algunas precisiones sobre el régimen jurídico aplicable al contrato, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del I.S.S., que en el cas o concreto actuaba como Entidad Promotora de Salud. Al respecto, debe señalarse que el régimen de seguridad social adoptado por la Ley 100 de 1993, específicamente respecto del Instituto de Seguros Sociales, en su artículo 275 confirmó su naturaleza de emp resa industrial y comercial del Estado, con el agregado de que en lo atinente a los servicios de salud que prestara, actuaría como una entidad promotora -E.P.S.- y, en ciertos casos, como prestadora de servicios de salud -IPS-, con jurisdicción nacional, d e manera que en cuanto a su disciplina jurídica se aplicarían las normas generales correspondientes a esa fisonomía. Quiere decir lo anterior que, para la fecha de los hechos que originaron el presente proceso, el régimen jurídico de contratación aplicable al Instituto de Seguros Sociales -I.S.S.- es el previsto en las normas comerciales y civiles, es decir, el derecho privado, al tenor de lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, en cuyo artículo 179 indicó que «las Entidades Promotoras de Salud prestarán directamente o contratarán los servicios de salud con las Instituciones Prestadoras y los profesionales», y que para racionalizar la demanda por servicios, podrían «adoptar modalidades de contratación y pago tales como capitación, protocolos o presupuestos globa les fijos, de tal manera que incentiven las actividades de promoción y prevención y el control de costos ». Así, cuando es evidente que un contrato estatal debe, en todos los casos, cumplir con principios de la función administrativa y fiscal como la publi cidad, la economía, la responsabilidad de los funcionarios públicos y, sobre todo, la transparencia en las actuaciones adelantadas, no puede pensarse en la posibilidad de un contrato que sea celebrado de una forma que no permita el cumplimiento de estos principios. Por lo tanto, aunque ni las leyes comerciales ni las civiles prevean la necesidad de la constitución de un documento que contenga los elementos fundamentales de un contrato de este tipo para que se predique su existencia, tratándose de un contra to estatal éste requisito sí es indispensable para el perfeccionamiento del acuerdo, porque de otra forma, con la aceptación de la posibilidad de un contrato estatal de carácter consensual, se hace imposible la aplicación de los principios a los que arriba se hizo referencia. No resulta viable la existencia de un contrato que no esté, por ejemplo, sujeto a la posibilidad del escrutinio por parte de un organismo de control que requiera verificar el cumplimiento de mandatos legales en su celebración o ejecución, o que en él se haya producido una correcta ejecución fiscal. Estos argumentos, adquieren mayor fuerza cuando se trata de un contrato como el presente, en el que, por la naturaleza de los recursos públicos que se manejan por regla general en el régimen de seguridad social en salud, se hace necesaria la mayor pulcritud, justeza y prolijidad en la contratación de los servicios de salud, los cuales requieren de las partes una total certeza sobre las obligaciones a su cargo, las prestaciones de tratamientos y medicamentos que reconocerá el contratante y los requisitos para ese reconocimiento. En conclusión, aunque la Sala debe ser congruente con la posición jurisprudencial que ha desarrollado sobre el régimen jurídico aplicable a los contratos de este tipo -en la que, valga decir, no se ha declarado en ningún caso la existencia de un contrato consensual celebrado por una entidad estatal -, reiterando que debe ser el de derecho privado, considera menester aclarar que tratándose de un contrato estatal, debe aplicar aquellos requisitos que procuren la efectivización de los principios constitucionales de la función administrativa y la gestión fiscal [artículos 209 y 267 de la Constitución Política ], dentro de las cuales se encuentra el de que los contratos del Est ado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito. CONTRATO ESTATAL, existencia, requisitos para acreditarlo Cabe anotar que la falta de acreditación de la elevación a escrito del acuerdo que la p arte demandante alega haber celebrado con la EPS I.S.S. no puede ser suplida con ninguna otra pieza probatoria obrante en el plenario, dado que en materia de la demostración de la existencia o perfeccionamiento de un contrato estatal, su aludida naturaleza solemne proscribe esa posibilidad, por lo que resultan inocuos los testimonios o documentos cruzados entre las partes que pudieran dar fe de la suscripción del pacto . Se reitera entonces que: La jurisprudencia de la Sala ha determinado, en relación con l a prueba de la existencia de los contratos celebrados por el Estado, que en la generalidad de los casos, su existencia pende y se acredita mediante el documento escrito, razón por la cual se reputan solemnes, tal como lo han dispuesto las distintas regulac iones contractuales, así: artículo 18 del Decreto 150 de 1976, artículo 26 del Decreto -ley 222 de 1983 y artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993. Igualmente ha señalado la Sala que constituye presupuesto para el perfeccionamiento de todo contrato celebrado por el Estado y regido por el Estatuto de Contratación Estatal, la formalidad del escrito, exigencia consagrada igualmente en los estatutos contractuales que antecedieron al actualmente vigente, normas en las cuales se exigía el cumplimiento de varios requ isitos que sólo podían satisfacerse si el contrato constaba por escrito. Esta formalidad de la instrumentación escrita para que el contrato alcance su perfeccionamiento, conviene reiterarloConsejo de estadoSala de lo contencioso administrativo
¿Se acreditó que Cajanal SA EPS, con ocasión de la ejecución del contrato de prestación de servicios de salud no. 258 de 2003, incurrió en el incumplimiento de la obligación de pago de los servicios efectivamente prestados, facturados y no pagados, generando con ello unos perjuicios económicos a la parte actora susceptibles de indemnización? No
La Corporación Médica CMD SA pretende la declaración de incumplimiento de Cajanal SA EPS de la obligación de pago y el reconocimiento de los perjuicios ocasionados por cuenta de ello, peticiones que sustenta con un total de trescientas dos (302) facturas… . El análisis de los documentos y facturas que conforman el expediente evidencia que de un total de trescientas dos (302) facturas, ciento ochenta y ocho (188) ya habían sido objeto de pronunciamiento por parte del agente liquidador de Cajanal SA EPS, razón por la cual, tales súplicas comportaban actos administrativos cuyo cuestionamiento de legalidad debió ser objeto de demanda, pues, su motivación se circunscribió al cumplimiento de la orden de supresión y liquidación de Cajanal SA EPS emitida con el Decreto 4409 de 2004, por lo que deberán denegarse tales pretensiones.
También resuelve:¿Los actos del liquidador de la sociedad Cajanal SA EPS tienen naturaleza jurídica de actos administrativos, con presunción de legalidad…
¿La parte actora demostró los perjuicios que le ocasionó el contratista derivados del incumplimiento del contrato y por ende procede la efectividad de la garantía de cumplimiento? No
El contratista no debe indemnizar los perjuicios reclamados por la entidad estatal derivados del incumplimiento del contrato de salud, ya que la entidad no probó adecuadamente la existencia y cuantía de dichos perjuicios, a pesar de su carga probatoria. Aunque el incumplimiento del contrato se demostró, la entidad no presentó pruebas suficientes para establecer la afectación específica y cuantificable de sus derechos. La Sala reitera la importancia de la carga probatoria en acciones de controversias contractuales y matiza la aplicación de la cláusula compromisoria en contratos de seguro de cumplimiento, considerando la postura vigente al momento de la presentación de la demanda, lo que implica que las partes deben estar atentas a las interpretaciones jurisprudenciales vigentes en el tiempo de la presentación de sus acciones.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales fue presentada en término?
¿Procede declarar de oficio la caducidad del medio de control en relación con la pretensión de nulidad parcial del contrato? Sí
El contratista no puede promover la nulidad parcial del contrato mediante un medio de control de controversias contractuales cuando han transcurrido más de dos años desde su perfeccionamiento y la ejecución del mismo ya ha concluido, ya que la Sala declara de oficio la caducidad del medio de control en estos casos, modificando la sentencia apelada. Además, la Sala confirma que la liquidación unilateral del contrato es válida si no se acredita la ilegalidad de la misma, y establece que el término para demandar inicia a partir del día siguiente a la notificación del acto que resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra del acto inicial de liquidación. Esto implica que los plazos para presentar demandas son estrictos y que la Sala puede declarar la caducidad del medio de control de oficio, limitando así las posibilidades de los contratistas para impugnar la liquidación del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Se encuentran caducadas las pretensiones relacionadas con la nulidad de la liquidación del contrato de ejecución sucesiva?¿Se acreditó la ilegalidad de la liquidación unilateral del contrato de prestación de servicios en salud?¿Procede la condena en costas contra la parte demandante vencida en el proceso?
¿Se acreditaron circunstancias imprevisibles que dieran lugar al desequilibrio económico del contrato de prestación de servicios de salud? Sí
El contratista no acredita el desequilibrio económico del contrato de prestación de servicios de salud debido a la falta de pruebas que demuestren que las circunstancias alegadas eran imprevistas y no imputables a las partes, por lo que la Sala mantiene la decisión que desestima las pretensiones principales. La Sala también decide de fondo la pretensión subsidiaria de enriquecimiento sin causa, pero la deniega porque todo lo reclamado tiene sustento contractual, y liquida judicialmente el contrato debido a la conciliación prejudicial agotada. La regla establece que para reclamar la ruptura del equilibrio financiero del contrato, el contratista debe demostrar la grave alteración de las condiciones económicas del contrato y la causa imprevista o propia de la conducta de la contratante que lo determinó, lo que implica que los contratistas deben presentar pruebas sólidas para acreditar la existencia de circunstancias imprevistas que afecten el equilibrio económico del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Se pueden acumular pretensiones de naturaleza contractual y extracontractual?¿Se agotó en debida forma el requisito de procedibilidad de conciliación prejudicial respecto de la pretensión de liquidación judicial del contrato…
¿La falta de liquidación unilateral del contrato por parte de la Administración configura un incumplimiento contractual a partir del cual pueda atribuirse responsabilidad a la entidad contratante? No
La falta de liquidación unilateral de un contrato estatal por parte de la entidad no constituye, por sí misma, un incumplimiento contractual, porque la liquidación unilateral es una potestad que la ley le otorga y no una obligación cuyo no ejercicio genere responsabilidad. Una razón es que la liquidación bilateral requiere el consenso de las partes, y ante la ausencia de acuerdo la entidad puede adoptarla unilateralmente, pero decidir no ejercer esa prerrogativa no causa un perjuicio cierto al contratista. Otra razón es que no se conoce en qué términos la entidad habría liquidado ni si la decisión habría beneficiado o perjudicado al contratista, de modo que no hay obligación contractual incumplida. En el caso, las partes quedaron habilitadas para pedir la liquidación judicial, que es la vía en la que se determina el cruce final de cuentas. La Sala revocó la decisión que había reconocido el incumplimiento y confirmó la negación de las pretensiones de incumplimiento y de perjuicios derivados. Su consecuencia práctica es que el contratista debe acudir a la liquidación judicial y no reclamar perjuicios por no liquidar.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la liquidación judicial con inclusión de unas sumas concretas de dinero en favor del contratista por concepto del valor de la prórroga del contrato acordada en forma bilateral?¿Procede la liquidación judicial con inclusión de unas sumas concretas de dinero en favor del contratista por por servicios prestados luego de expirado el término del contrato?¿Se acreditó temeridad o de mala fe de las partes que conlleve a la condena en costas?
¿La potestad de adecuar el medio de control a las pretensiones formuladas en la demanda cuando la parte actora ha señalado una vía procesal inadecuada, resulta aplicable al caso concreto? No
El contratista no puede adecuar el medio de control a las pretensiones formuladas en la demanda cuando ha señalado una vía procesal inadecuada, ya que la reforma del CPACA que otorga dicha potestad no es aplicable en este caso, dado que la acción de controversias contractuales es indebida y la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es extemporánea. La entidad estatal revoca la sentencia de primera instancia para declarar la indebida escogencia de la acción de controversias contractuales, lo que implica que no se puede adecuar el medio de control sin cumplir los requisitos que permitan un análisis juicioso y completo de la legalidad del acto administrativo, evitando así una violación del debido proceso y del principio de congruencia.síntesis automática
También resuelve:¿En consonancia con la hipótesis general que fijó la Corte Constitucional, se pueden proferir de manera excepcional decisiones inhibitorias?¿No cabe duda sobre los reproches que hizo la demandante a la legalidad de la decisión que rechazó el pago por falsa motivación del acto?¿El medio de control dispuesto por el ordenamiento para procurar el restablecimiento o reparación del daño causado por un acto administrativo ilegal…
¿La recurrente no presentó ningún argumento de inconformidad dirigido a rebatir las conclusiones por las cuales el Tribunal a quo negó sus pretensiones y su impugnación se limitó a reiterar lo planteado inicialmente en la demanda? Sí
Basta con la lectura de… la apelación para concluir que el demandante no expuso razones de oposición fundamentadas en la viabilidad de analizar el asunto por la vía de la reparación directa, que en últimas fue a lo que se rehusó el a quo en su decisión. La Sala concluye que la recurrente no presentó ningún argumento de inconformidad dirigido a rebatir las conclusiones con fundamento en las cuales el Tribunal a quo negó sus pretensiones, en tanto que en la impugnación la parte actora se limitó a reiterar lo planteado inicialmente en la demanda, que fue resuelto en su integridad, y el único cargo nuevo no guarda congruencia con la base de la decisión de primera instancia, de manera que la Sala no puede efectuar ningún juicio de valor sobre la decisión objeto de apelación, ni suponer las razones de inconformidad de quien apela, por lo que confirmará la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Nariño.
También resuelve:¿La vía procesal adecuada para tramitar las controversias entre las partes era la contractual y no la de reparación directa?¿El alegato de la parte recurrente se ciñó a ofrecer una reproducción idéntica a la plasmada en la demanda?¿Era procedente pretender el cobro de unas facturas que se dejaron de tramitar en el momento oportuno?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia de primera instancia proferida por un tribunal administrativo? Sí
La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, habida consideración de la competencia que le asiste para ello en atención a lo preceptuado en los artículos 129 y 132 del CCA, pues el proceso inició con vocación de doble instancia al estimar la demanda una cuantía superior a la exigida para la competencia de los tribunales administrativos en primera instancia, equivalente al valor de la condena impuesta al Estado.
También resuelve:¿La normativa aplicable a la acción de repetición es la vigente al momento en que ocurren los hechos que dieron lugar a dicha acción?¿La ausencia de uno de los presupuestos de procedencia de la acción de repetición impide la declaración de responsabilidad particular del agente demandado?¿Las personas jurídicas son sujetos pasivos de la pretensión de reembolso?