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Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Controversias contractuales: la definición del régimen jurídico aplicable no depende exclusivamente de la condición orgánica de la contratante

Documento oficial completo ↗ Fuente oficial ↗
Fecha
2026-09-18
Radicado
05002333000201700060201
Número
05002333000201700060201 de 2026

Síntesis del concepto

Controversias contractuales: la definición del régimen jurídico aplicable no depende exclusivamente de la condición orgánica de la contratante

En resumen

Los contratos en estudio son estatales y administrativos por la calidad pública y estatal de las partes y comportan la prestación de unos servicios, el de salud, el farmacéutico y el hospitalario, a cambio de un precio, lo cual descarta que su carácter sea meramente colaborativo, es decir, no se tratan de convenios entre entidades públicas para el cumplimiento de sus funciones. La aplicación del derecho privado en este asunto no deriva de una equiparación analógica entre IPS públicas e IPS mixtas. La controversia recae sobre contratos celebrados para la operación de servicios farmacéuticos hospitalarios, actividad directamente vinculada a la prestación de servicios de salud. En consecuencia, la definición del régimen jurídico aplicable no depende exclusivamente de la condición orgánica de la contratante, sino también del sector normativo en que se desenvuelve la actividad contratada.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista no puede alegar daño emergente, lucro cesante o rentabilidad mínima sin probar el incumplimiento del contrato o la terminación injustificada, y la entidad estatal no está obligada a liquidar contratos que no requieren tal procedimiento, lo cual implica que la caducidad de la acción puede aplicarse en ciertos casos. La Sala de Consulta del Consejo de Estado aclaró que los contratos celebrados por entidades sin ánimo de lucro con participación pública, como las IPS, están sometidos a un régimen jurídico que depende tanto de la naturaleza de la entidad como del sector normativo en que se desarrolla la actividad contratada, matizando la interpretación previa de que tales contratos siempre se rigen por el derecho privado. Esto tiene implicaciones significativas para la determinación del régimen contractual aplicable a las IPS y para la interpretación de las disposiciones específicas de la Ley 100 de 1993.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Puntos que trata

  • Contrato estatal de prestación de servicios de salud: régimen contractual aplicable a las ips según su naturaleza jurídica, empresas sociales del estado, Ley 100 de 1993, Artículo 195 numeral 6

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Restrictores

Artículo 195 numeral 6 Contratos celebrados por entidades sin ánimo de lucro con participación pública Contratos estatales exceptuados del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública Empresas Sociales del Estado Ley 100 de 1993 Régimen contractual aplicable a las IPS según su naturaleza jurídica Régimen jurídico aplicable

Guías del tema

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Consejo de Estado 2025-10-17 Sección Tercera (Subsección B)
Procede declarar de oficio la caducidad del medio de control en relación con la pretensión de nulidad parcial del contrato.
Consejo de Estado 2024-11-18 Sección Tercera (Subsección B)
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Texto del documento 3.044 caracteres
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES -Régimen Jurídico de los Contratos-Régimen Jurídico Aplicables – Contratos estatales exceptuados del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública–Contratos celebrados por entidades sin ánimo de lucro con participación pública […] conforme al artículo 96 de la Ley 489 de 1998, mediante la asociación entre entidades públicas y personas jurídicas de derecho privado para el desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos y funciones que les asigna la ley a aquellas. El inciso tercero del artículo citado también precisa que tales sujetos están regulados por las disposiciones previstas en el Código Civil para las asociaciones civiles de utilidad común, en lo que tiene que ver con su constitución, organización y funcionamiento. De lo anterior no se sigue que toda entidad constituida bajo el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 quede, por esa sola circunstancia, sometida a uno u otro régimen contractual. La precisión efectuada por la Sala de Consulta permite afirmar que la IPS Universitaria tiene naturaleza de entidad estatal para efectos de contratación; sin embargo, la determinación del régimen jurídico aplicable a los negocios debatidos exige atender también a la actividad desarrollada y al marco normativo especial dentro del cual fueron celebrados. CONTRATO ESTATAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD – Régimen contractual aplicable a las IPS según su naturaleza jurídica – Empresas Sociales del Estado – Ley 100 de 1993 — Artículo 195 numeral 6 Los contratos en estudio son estatales y administrativos por la calidad pública y estatal de las partes y comportan la prestación de unos servicios, el de salud, el farmacéutico y el hospitalario, a cambio de un precio, lo cual descarta que su carácter sea meramente colaborativo, es decir, no se tratan de convenios entre entidades públicas para el cumplimiento de sus funciones. Debido a la materia, su régimen jurídico también se encuentra en la Ley 100 de 1993. La normativa establece que las IPS´s pueden tener naturaleza pública –en cuyo caso se denominan Empresas Sociales del Estado–, mixtas o privadas36. Respecto de las primeras, el numeral 6º del artículo 195 de la Ley 100 de 1993 dispuso expresamente que su régimen contractual se rige por el derecho privado; no obstante, guardó silencio sobre las otras. La aplicación del derecho privado en este asunto no deriva de una equiparación analógica entre IPS públicas e IPS mixtas. La controversia recae sobre contratos celebrados para la operación de servicios farmacéuticos hospitalarios, actividad directamente vinculada a la prestación de servicios de salud. En consecuencia, la definición del régimen jurídico aplicable no depende exclusivamente de la condición orgánica de la contratante, sino también del sector normativo en que se desenvuelve la actividad contratada. Bajo ese entendimiento, la Sala concluye que los negocios objeto del litigio corresponden a contratos estatales exceptuados, regidos predominantemente por reglas de derecho privado.

Fuente original

https://relatoria.colombiacompra.gov.co/providencias/05002333000201700060201-de-2026/