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¿Conserva su vigencia el régimen contractual de derecho privado que una norma anterior a la Ley 80 de 1993 asignó a una unidad administrativa especial, aunque este estatuto incluya a dichas unidades dentro de su ámbito de aplicación?
El contratista debe aplicar el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública a la unidad administrativa especial del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, salvo que una disposición legal vigente establezca un régimen contractual excepcional, ya que la Ley 80 de 1993 incluyó a estas unidades dentro de su ámbito de aplicación y derogó normas contrarias. La entidad estatal debe determinar el régimen aplicable, y en caso de controversia, las autoridades judiciales lo resolverán. El régimen general implica la observancia de principios de la función administrativa y de la gestión fiscal, el cumplimiento del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, y la publicidad en el SECOP II, independientemente de cualquier régimen contractual excepcional.síntesis automática
También resuelve:Fondo rotatorio del ministerio de relaciones exteriores: naturaleza jurídica, unidad administrativa especial, entidad estatal, ámbito de aplicación del Estatuto General de ContrataciónRégimen contractual excepcional: fuente legal, normas anteriores a la Ley 80 de 1993, derogatoria, criterios de la Ley 153 de 1887Entidades sometidas al estatuto general de contratación: aplicación en todas las etapas, normas civiles y comerciales, contratos celebrados o ejecutados en el exterior
¿La inhabilidad prevista en el literal d) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, que recae sobre la persona natural sancionada disciplinariamente con destitución, se extiende a la persona jurídica de la cual aquella es representante legal, y cuál es su alcance temporal?
El contratista no está inhabilitado para contratar con entidades estatales por la sanción disciplinaria de destitución impuesta a su representante legal, ya que las inhabilidades e incompatibilidades son medios restrictivos que garantizan la transparencia y eficiencia en la contratación estatal, y su régimen es taxativo y debe interpretarse de manera restrictiva, conforme a la ley o la Constitución. La capacidad jurídica de las personas jurídicas es independiente de la de sus representantes legales, salvo disposición legal en contrario, por lo que la inhabilidad que recae sobre el representante legal no se extiende a la persona jurídica, a menos que la ley lo establezca expresamente. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y refuerza la necesidad de una interpretación restrictiva del régimen de inhabilidades, lo que implica que las entidades estatales deben verificar la legalidad específica de cada caso antes de aplicar restricciones a las personas jurídicas basadas en inhabilidades de sus representantes legales.síntesis automática
También resuelve:Régimen de inhabilidades e incompatibilidades: definición, taxatividad, interpretación restrictivaPersonas jurídicas: representantes legales, capacidad, independencia, consecuenciasRepresentantes legales de personas jurídicas: condenados o sancionados, no Extiende Efectos Inhabilidad Artículo 8, numeral 1, literal d)
¿Conceptualmente, la expresión: “régimen especial” se asemeja o se diferencia de la expresión: “régimen exceptuado”?
Tanto la jurisprudencia, como la doctrina han venido dando uso a las dos expresiones para referirse a aquellos regímenes que están por fuera del régimen ordinario compuesto por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. Tenemos, por un lado, la expresión “régimen especial” utilizada en el artículo 38 de la Ley 80 de 1993 para referirse al régimen aplicable a las entidades que prestan el servicio de telecomunicaciones. Por otro lado, la Ley 1150 de 2007 en su artículo 16 se refiere a las “entidades exceptuadas en el sector defensa” donde contempla que aquellas no se someterán al EGCAP y que se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a su actividad.
También resuelve:Expresiones regimen especial: regimen exceptuado, semejanzas y diferenciasEmpresas de servicios públicos: naturaleza especialServicios públicos domiciliarios: régimen contractual, derecho privado
¿En los contratos regidos por el derecho privado, el silencio del contratista frente a la liquidación del contrato da lugar a la renuncia de la reclamación de sus derechos? Sí
En los contratos regidos por el derecho privado, el silencio del contratista frente a la liquidación del contrato no da lugar a la renuncia de la reclamación de sus derechos, a menos que una disposición legal lo establezca o se le otorgue tal efecto al silencio de las partes en determinadas circunstancias, conforme al artículo 15 del Código Civil. En contratos de consultoría, las obligaciones y riesgos económicos del contratista se definen según las cláusulas del contrato, por lo que gastos y sobrecostos no asumidos por el contratante no implican una obligación adicional para la entidad estatal, salvo que esté pactado explícitamente en el contrato. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y reafirma la necesidad de que las obligaciones y riesgos en los contratos de derecho privado estén claramente definidos y pactados por las partes.síntesis automática
También resuelve:¿Los gastos y sobrecostos ser asumidos por el contratista en virtud de las cláusulas del contrato?
63001233300020190024401 de 20262026-05-28Sección TerceraRad. 63001233300020190024401
El contratista puede demandar a la universidad estatal por culpa in contrahendo en casos en los que la entidad actúa bajo el régimen del derecho privado, ya que la universidad no emite actos administrativos sino actos de gestión contractual, lo que permite el uso del medio de control de reparación directa. La Sala modifica la sentencia de primera instancia para declarar la responsabilidad precontractual de la universidad y condenarla a pagar una indemnización por perjuicios, sin reconocer agencias en derecho debido a que no se causaron tras la admisión de la apelación, lo que implica que los costos procesales se liquidarán de manera concentrada por el tribunal de primera instancia.síntesis automática
También resuelve:Régimen jurídico del contrato estatal: Constitución política artículo 69, autonomía universitaria, Ley 30 de 1992 artículo 28, autonomías para darse sus propios estatutosIter contractual: aplicación de la autonomía privada y normas supletivas, universidades, no emite actos administrativos, actos de gestión contractualActos contractuales: sentencia de unificación sobre actos contractuales, regla de unificación jurisprudencial, culpa in contrahendo, culpa contractual
¿Son nulas las Resoluciones por medio de las cuales EPM declaró la ocurrencia del riesgo de incumplimiento del contrato e hizo efectiva la póliza expedida por Seguros del Estado S.A.? No
El contratista no puede declarar la ocurrencia del riesgo de incumplimiento del contrato y hacer efectiva la póliza de seguro, salvo que las partes hayan acordado explícitamente que tal facultad le corresponde, y que dicha acción no vulnere normas de orden público ni asuma competencias que no le corresponden. La Sala establece que en este caso, EPM, como empresa de servicios públicos domiciliarios, no defraudó normas de orden público ni asumió competencias que no le correspondían al declarar la ocurrencia del riesgo y hacer efectiva la póliza, ya que tal acción se ajusta al marco común de las obligaciones que a cualquier particular la aseguradora le impone al momento de tramitar el pago de un siniestro. Además, la Sala reitera que la demanda de reconvención presentada por EPM es extemporánea, ya que se presentó después del término de caducidad establecido por la ley. Por último, la Sala determina que las cláusulas del pliego de condiciones que dieron origen al contrato no son nulas ni exorbitantes, ya que fueron aceptadas por el contratista y no violan el ordenamiento jurídico.síntesis automática
También resuelve:¿Está Seguros del Estado S.A. legitimada en la causa para reclamar la nulidad e ineficacia de las cláusulas del pliego de condiciones que dieron origen al contrato suscrito entre EPM y ESGEM?¿Trajo EPM, en su calidad de demandante en reconvención, oportunamente a esta jurisdicción las pretensiones con las cuales busca que Seguros del Estado asuma los perjuicios derivados de la…¿La declaración del riesgo de incumplimiento contractual amparado mediante la póliza, provino de la inclusión de cláusulas exorbitantes en el pliego de condiciones que reguló la celebración del…
¿La propuesta presentada por el Consorcio demandante cumplió las exigencias del pliego de condiciones de la licitación pública No. IDU-LP-DTE-001-2009 y, por lo tanto, debió haber sido declarada admisible por el IDU? Sí
La causal de rechazo de una propuesta por falta de veracidad en la información sobre cumplimiento de contratos estatales se circunscribe exclusivamente a las sanciones contractuales por incumplimiento impuestas por la respectiva entidad estatal. Esta regla se apoya en el texto del pliego de condiciones, que limitaba la exigencia a esas sanciones, y no en una interpretación amplia de la transparencia del proceso o de los antecedentes del proponente. Por ello, no puede rechazarse una propuesta por antecedentes distintos de las sanciones efectivamente impuestas por la entidad. En el caso concreto el consorcio había cumplido los requisitos del pliego, y la sala revocó la decisión del tribunal, al concluir que la propuesta debió declararse admisible. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que el rechazo por falta de veracidad exige que exista una sanción contractual impuesta y que la exigencia esté expresamente prevista en el pliego.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse la nulidad del acto administrativo de adjudicación y del contrato de obra celebrado con ocasión de la licitación pública No. IDU-LP-DTE-001-2009…¿Hay lugar al análisis de las pretensiones indemnizatorias y de restablecimiento del derecho formuladas en la demanda cuando el Tribunal declaró que respecto de ellas operó la caducidad y este punto…
¿El contrato de interventoría de obra pública al haber sido suscrito para atender la emergencia generada por el fenómeno invernal de la Niña, estaba sujeto a las reglas del derecho privado y a las disposiciones aplicables a la contratación del Fondo Nacional de Calamidades? Sí
El contratista no puede reclamar sobrecostos por excesiva onerosidad sobrevenida en un contrato de interventoría celebrado para atender emergencias generadas por fenómenos naturales, como el fenómeno de La Niña, debido a que el contrato se rige por el derecho privado y no por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La Sala establece que el contrato de interventoría celebrado en estas circunstancias se somete a las disposiciones del Código de Comercio y no a las del Estatuto General de Contratación, por lo que la onerosidad sobrevenida debe afectar una prestación futura, no una ya cumplida. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente sobre la aplicación del derecho privado en contratos de emergencia, limitando la posibilidad de reclamar sobrecostos basados en prestaciones ya ejecutadas.síntesis automática
También resuelve:¿Procede el reconocimiento de los sobrecostos por excesiva onerosidad sobrevenida en el contrato de interventoría, que tienen su origen en prestaciones ya cumplidas por las partes durante su…¿La condena en costas procede contra la parte a quien se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación tramitado bajo el criterio objetivo previsto en el CPACA?
¿Las normas relacionadas con el equilibrio económico del contrato son aplicables a los contratos celebrados por Ecopetrol cuyo régimen es el derecho privado por tratarse de una sociedad de economía mixta? No
El contratista no puede aplicar las normas relacionadas con el equilibrio económico del contrato a los contratos celebrados por Ecopetrol bajo el régimen del derecho privado, ya que la Ley 1118 de 2006 establece que estos contratos se rigen exclusivamente por las reglas del derecho privado, excluyendo así la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y sus normas específicas sobre equilibrio económico. Además, la Sala rechaza las pretensiones del contratista basadas en la excesiva onerosidad sobrevenida, ya que el contrato fue terminado y liquidado por mutuo acuerdo, lo que impide la revisión de prestaciones futuras. Asimismo, el contratista no cumplió con la carga argumentativa y de sustentación del recurso de apelación, y el dictamen pericial no constituyó prueba suficiente para acreditar el daño antijurídico alegado por el presunto incumplimiento de Ecopetrol. Estas decisiones reafirman que los contratos de Ecopetrol regidos por el derecho privado no están sujetos a las normas del derecho público y limitan las posibilidades de revisión y reclamación por parte del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó una excesiva onerosidad sobrevenida en el contrato de derecho privado que fue objeto de liquidación por mutuo acuerdo entre Ecopetrol y la Sociedad demandante ?¿El recurrente cumplió con la carga argumentativa y de sustentación del recurso de apelación frente las inconformidades por las presuntas obligaciones que había incumplido Ecopetrol?¿El dictamen pericial constituyó prueba suficiente para acreditar el daño antijurídico alegado por el contratista por el presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales de Ecopetrol?
Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente2025-06-25Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 11001032600020170001400LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El sustento de la competencia del Consejo de Estado para asumir en única instancia este proceso es el artículo 165 del CPACA que permite la acumulación de distintos medios de control judicial cuando sean conexos, las pretensiones no se excluyan entre sí, se tramiten por el mismo procedimiento, no ha operado la caducidad y el mismo juez sea competente para conocer de todas? Sí
El Consejo de Estado asume competencia en única instancia para procesos que involucran la acumulación de distintos medios de control judicial cuando sean conexos, las pretensiones no se excluyan entre sí, se tramiten por el mismo procedimiento y no haya operado la caducidad, conforme al artículo 165 del CPACA. Esta regla especial de competencia por conexidad no viola el principio de la doble instancia y se aplica a casos específicos, como la nulidad de actos administrativos expedidos por autoridades del orden nacional. En un caso particular, surge la necesidad de definir la naturaleza jurídica de las decisiones de Ecopetrol para determinar si el medio de control de nulidad simple es aplicable, dado que la entidad se comporta como un privado en todos los actos propios y necesarios para el desarrollo de su objeto, incluyendo sus reglamentos internos, lo que implica que no son actos administrativos sujetos a control jurisdiccional.síntesis automática
También resuelve:¿Por razón de la solicitud de saneamiento del proceso, surge la necesidad de definir la naturaleza jurídica de las decisiones de Ecopetrol que se cuestionan en este proceso?¿Ecopetrol se comporta como un privado en todos los actos propios y necesarios para el desarrollo de su objeto, lo cual incluye el alcance y validez de sus reglamentos internos?¿El cuestionamiento en contra del manual de contratación no conlleva un estricto juicio de legalidad que deba abordarse a través del medio de control de nulidad simple por no ser un acto…
¿Los convenios interadministrativos se rigen por sus propias cláusulas, por lo que no aplica el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en consecuencia, para que un convenio pueda liquidarse unilateralmente, las partes deben haber incluido esta prerrogativa de manera clara, expresa e inequívoca en su clausulado? Sí
El contratista no puede liquidar unilateralmente un convenio interadministrativo basándose en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, ya que estos acuerdos se rigen por sus propias cláusulas, por lo que la posibilidad de una liquidación unilateral debe estar expresamente pactada en el convenio. Además, el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales para convenios interadministrativos se computa a partir del vencimiento del plazo para liquidar el convenio, lo que implica que la presentación de la demanda debe realizarse dentro de este plazo para evitar la caducidad. La Sala confirma que la liquidación unilateral y la caducidad del medio de control deben ajustarse estrictamente a lo pactado en el convenio y a los plazos establecidos, lo que reitera la importancia de la autonomía negocial en estos casos.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales tiene un término de caducidad de dos años, el cual, en este caso, se contaba a partir del vencimiento del plazo definido para liquidar…¿Resulta procedente la condena en costas cuando se resuelve de forma desfavorable el recurso de apelación, considerando que en este caso no se pretendía recuperar unos recursos no ejecutados que…
¿Operó la caducidad del medio de control de controversias contractuales interpuesto para demandar el desequilibrio e incumplimiento de un contrato sometido a derecho privado, respecto del cual no se pactó liquidación? No
El contratista puede interponer un medio de control de controversias contractuales para demandar el desequilibrio e incumplimiento de un contrato sometido al derecho privado, incluso cuando no se pactó liquidación, siempre que la demanda se presente dentro del término legal de dos años contados desde la terminación del contrato, sin que opere la caducidad del medio de control. La Sala no considera que las salvedades en el acta de liquidación sean un requisito legal para ejercer la acción de controversias contractuales en contratos de derecho privado, y reitera que en estos casos la teoría de la imprevisión, y no el restablecimiento del equilibrio económico, es la norma aplicable para revisar el contrato ante circunstancias imprevistas que dificulten su cumplimiento en forma extrema, sin que esto permita modificar el pacto inicial.síntesis automática
También resuelve:¿Las salvedades en el acta de liquidación son un requisito legal para el ejercicio de la acción de controversias contractuales en contratos de derecho privado?¿Las normas sobre desequilibrio económico del contrato previstas en la Ley 80 de 1993, resultan aplicables a contratos estatales de derecho privado?¿El arancel y los impuestos aplicables sobre el producto objeto de suministro, constituyeron la ocurrencia de circunstancias extraordinarias…
¿Operó la caducidad de la acción contenciosa administrativa ejercida a través del medio de control de naturaleza contractual? No
El contratista no puede invocar la caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando la controversia surge de un contrato de seguro derivado de garantías para contratos estatales, ya que el término de caducidad se computa desde el momento en que la aseguradora niega el reconocimiento del siniestro o rechaza la reclamación formal, no desde el conocimiento preliminar de posibles inconsistencias. La Sala establece que la demanda presentada dentro del plazo desde la negativa definitiva de la aseguradora no opera la caducidad, matizando la jurisprudencia anterior sobre el cómputo del término de caducidad en este tipo de contratos. Esto implica que el contratista tiene un plazo claro para presentar la acción contenciosa administrativa a partir de la negativa de la aseguradora, protegiendo así sus derechos en controversias contractuales derivadas de seguros.síntesis automática
También resuelve:¿El Fondo de Adaptación, pese a encontrarse exceptuado del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, declaró unilateralmente el incumplimiento contractual y el siniestro amparado…¿Las pruebas acreditan la ocurrencia del siniestro amparado por la póliza No. 21-44-101140963 y el cumplimiento de la carga probatoria prevista en el artículo 1077 del Código de Comercio?
¿La facultad convencional de Ecopetrol S.A. para liquidar unilateralmente el contrato le permitía materializar dicha liquidación mediante la expedición de un acto administrativo? No
El contratista no puede solicitar que el juez revise o modifique una fórmula de reajuste de precios pactada en el contrato estatal, argumentando que resulta insuficiente, ya que la fórmula es un acuerdo entre las partes y tiene fuerza obligatoria. La Sala rechaza la pretensión del Tribunal de restar efecto vinculante a la fórmula de reajuste, al considerar que no existe un enriquecimiento sin causa en la aplicación correcta de dicha fórmula. Esta decisión matiza la interpretación de que el juez puede modificar unilateralmente cláusulas contractuales basándose en criterios de equidad, reafirmando la autonomía de la voluntad privada en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Debe aplicarse el principio pro actione para considerar oportuna la demanda de controversias contractuales, ante la incertidumbre sobre la fecha en que la Unión Temporal conoció la Resolución No. 2…¿Puede el juez revisar o modificar una fórmula de reajuste pactada solo porque resulte “insuficiente”, como sostuvo el Tribunal?¿Podía la Unión Temporal desconocer la forma de reajuste que había acordado en el Acta No. 1 de febrero de 2005?
¿Es competente el Consejo de Estado para conocer en segunda instancia de recurso de apelación interpuesto contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, en virtud de la cuantía? Sí
El juez contencioso administrativo conoce de los procesos derivados de convenios de cooperación suscritos por entidades territoriales conforme al artículo 104 del CPACA y las normas aplicables. En este caso procesal, el Consejo de Estado resuelve en segunda instancia el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 10 de mayo de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, dado que la pretensión económica excede los 500 SMLMV, y se abstiene de imponer condena en costas por no haber intervención de las partes en esta instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente el medio de control de controversias contractuales para pretender la declaratoria de incumplimiento de convenio de cooperación y apoyo financiero por parte del municipio de Pijiño del…¿Las disposiciones de la Ley 80 de 1993 se aplican de forma automática a los convenios interadministrativos?¿El medio de control de controversias contractuales interpuesto por Aguas del Magdalena S.A. E.S.P. se ejerció oportunamente?
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva2023-05-18Sala Consulta y Servicio CivilEDGAR GONZÁLEZ LÓPEZRad. 11001030600020220012800CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿La Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A.) puede dar y recibir en donación hacia y desde entidades públicas, bienes «públicos», muebles e inmuebles? Sí
La Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A.), puede efectuar donaciones de bienes de su propiedad, muebles o inmuebles, a otras entidades públicas y recibir donaciones de bienes de propiedad de estas, muebles o inmuebles, de conformidad con los requisitos expuestos en este concepto.
También resuelve:¿La CIAC S.A. puede enajenar a título gratuito a entidades estatales, bienes muebles que no utiliza, sin transgredir la norma que la excluye de la aplicación del estatuto general de contratación de…
Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente2025-05-07Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 25000233600020150125001LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente la jurisdicción contencioso administrativa para conocer de las controversias contractuales cuando la entidad pública actúa en el marco del derecho privado y en desarrollo del giro ordinario de una entidad financiera estatal? No
El contratista no puede acudir a la jurisdicción contencioso administrativa para resolver controversias contractuales cuando la entidad financiera pública actúa en el marco del derecho privado y en el desarrollo de su giro ordinario, ya que la competencia para conocer de estos asuntos corresponde a la jurisdicción ordinaria según establece el artículo 105 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Esta regla se fundamenta en que las entidades financieras públicas como FONADE (hoy ENTERRITORIO) tienen una naturaleza jurídica específica que las rige bajo el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, lo que incluye funciones y actividades que se consideran parte del giro ordinario de sus negocios. La Sala reitera que la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa se limita a los actos y contratos que no sean parte del giro ordinario de las entidades financieras públicas, lo que implica que las controversias relacionadas con actividades financieras ordinarias deben ser resueltas por la jurisdicción ordinaria.síntesis automática
También resuelve:¿Está excluido FONADE (hoy ENTERRITORIO), como empresa industrial y comercial del Estado de carácter financiero, de la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo cuando actúa en…¿Debe aplicarse la excepción de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo cuando la controversia contractual se relaciona con actividades comprendidas dentro del giro ordinario…¿Debe excluirse de la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa una controversia contractual relacionada con funciones propias del giro ordinario de una entidad financiera pública…
¿El contrato de consultoría suscrito por FONADE se encuentra exceptuado de la aplicación del estatuto de contratación estatal, por corresponder al giro ordinario de su objeto social, y en consecuencia, no son aplicables al caso los artículos 5 y 27 de la Ley 80 de 1993 sobre el mantenimiento del equilibrio financiero del contrato ni los artículos 3, 4, 24, 25 y 28 de ese mismo ordenamiento invocado por la parte apelante en su recurso? Sí
El contratista no tiene derecho a reclamar sobrecostos ni a considerar que la entidad estatal incumplió el contrato cuando existen diferencias entre las áreas estimadas y las finalmente diseñadas, dado que el contrato se pactó a precio global y abarcaba todos los costos directos e indirectos relacionados con la realización de los diseños. La entidad contaba con anteproyectos que estimaban una posible área a diseñar, pero el resultado preciso solo se determinaría con los diseños definitivos, por lo que no se acreditó que la parte contratante desconociera la extensión y alcance de lo pactado. Además, aunque se realizaron modificaciones en la acomodación de la población carcelaria dentro del grupo 1, la ocupación estimada de cada centro penitenciario se mantuvo inalterada, lo que implica que el contrato no se pactó a precios unitarios por metro cuadrado de diseño. Esta regla reitera la jurisprudencia sobre la interpretación de contratos a precio global en proyectos de infraestructura, limitando las reclamaciones de sobrecostos basadas en diferencias de área en diseños finales.síntesis automática
También resuelve:¿El solo hecho de existir diferencia entre las áreas estimadas y las finalmente diseñadas, otorga derecho al contratista a reclamar sobrecostos y constituye incumplimiento de la demandada…¿Procede el reconocimiento de sobrecostos derivados de la variación de la fuente hídrica para el Centro Carcelario y Penitenciario de Puerto Triunfo…¿Procede el reconocimiento al contratista de sobrecostos derivados de la supuesta exigencia de FONADE de ejecutar trabajos no previstos en el contrato?
¿La declaratoria de nulidad de todo lo actuado en segunda instancia, habilita la variación de la causa petendi de la demanda? No
El contratista no puede variar la causa petendi de la demanda después de que se declara la nulidad de todo lo actuado en segunda instancia, ya que la solicitud de nulidad no cumplió con los requisitos legales y no puede servir para alterar la base original del pleito. La entidad estatal, en este caso el Fondo Nacional del Ahorro, no expide actos administrativos cuando selecciona al mejor postor en licitaciones comerciales, ya que actúa en igualdad de condiciones con el sector privado, aunque esto no excluye la posibilidad de que se analice la responsabilidad precontractual del FNA si se acredita que la entidad no contrató con el mejor postor. Además, el contratista debe cumplir rigurosamente con los requisitos establecidos por la entidad para participar en la licitación, incluyendo la acreditación mediante acto administrativo del funcionamiento de sucursales o agencias en otras ciudades, lo que implica que la entidad no puede ser responsabilizada por exigir la demostración de una realidad específica para puntuar ciertos aspectos de la propuesta.síntesis automática
También resuelve:¿Las decisión precontractual adoptada por el Fondo Nacional del Ahorro por medio de la cual escogió al oferente para suscribir el contrato, es un acto administrativo susceptible de ser demandado?¿La sociedad demandante cumplió con las reglas de participación establecidas por el Fondo Nacional del Ahorro respecto de la acreditación, mediante acto administrativo…¿La exigencia de allegar con la propuesta los actos administrativos que autorizaban el funcionamiento de las sedes, era un requisito necesario para verificar la coincidencia con el registro mercantil…
¿Es competente la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer un litigio originado en un convenio de cooperación y apoyo financiero suscrito entre entidades territoriales? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los litigios originados en un convenio de cooperación y apoyo financiero suscrito entre entidades territoriales, conforme al artículo 104 del CPACA, por tratarse de partes de naturaleza pública. La regla se apoya en que el convenio, cuyo incumplimiento se alega, fue celebrado por un departamento, un distrito y varios municipios, cuyas actuaciones son de naturaleza pública. Además, la apelación de la sentencia del tribunal corresponde al Consejo de Estado conforme a los artículos 150 y 152 del CPACA, por la vocación de doble instancia del proceso. En el caso, el municipio demandado integra el grupo de entidades territoriales que suscribieron el convenio, y el Consejo de Estado confirma la sentencia de primera instancia. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, los convenios de apoyo financiero entre entidades territoriales que den lugar a incumplimiento quedan sometidos a la jurisdicción contenciosa administrativa, y su conocimiento se distribuye por la instancia que corresponda.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente el medio de control de controversias contractuales para conocer una demanda presentada por una sociedad vinculada a un convenio interadministrativo mediante otrosí?¿Conserva la naturaleza de convenio interadministrativo un acuerdo suscrito entre entidades públicas con contenido patrimonial, siempre que no exista conmutatividad ni remuneración entre las partes?¿Se rigen los convenios interadministrativos por las estipulaciones acordadas entre las partes, en virtud de su autonomía de la voluntad?