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Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de aclaración de providencias2025-03-10Sección Tercera (Subsección C)ADRIANA POLIDURA CASTILLORad. 25000233600020140042302LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente la sala, para resolver solicitud de aclaración de sentencia de segunda instancia? Sí
El contratista puede solicitar a la Sala del Consejo de Estado la aclaración de una sentencia de segunda instancia, siempre que dicha solicitud se refiera a conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda y no busquen replantear aspectos ya definidos en la decisión. En este caso, la Sala, al revisar la sentencia dictada el 23 de agosto de 2024, determinó que no había elementos que justificaran una aclaración, ya que la parte actora pretendía introducir su propia interpretación sobre el régimen aplicable al contrato, lo cual no es admisible en el marco de una solicitud de aclaración. Esta decisión reitera la importancia de que las solicitudes de aclaración se limiten a despejar dudas sobre la redacción o el alcance de los conceptos y frases contenidos en la sentencia, sin permitir la discusión de aspectos ya resueltos.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente la aclaración de la sentencia de segunda instancia dictada el 23 de agosto de 2024?¿Es procedente acceder a las solicitudes de renuncia y reconocimiento de personería, al acreditarse el cumplimiento de los requisitos de ley?
Auto interlocutorio — Auto que admite recurso de apelación2023-07-07Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 50001233300020140017601LEY 1437 REPETICION
¿Debe admitirse el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia en el proceso de repetición, por encontrarse acreditados los presupuestos de Ley? Sí
La apelación contra la sentencia de primera instancia en un proceso de repetición debe admitirse cuando se cumplen los presupuestos legales, de conformidad con los artículos 150 y 152 numeral 11 del CPACA, aplicables por el inciso primero del artículo 86 de la Ley 2080 de 2021, y con el procedimiento del artículo 247 del CPACA modificado por el artículo 67 de la misma ley. En el caso analizado, la parte demandante apeló la sentencia del tribunal administrativo proferida el 2 de febrero de 2023, y el despacho la admitió. Como no se solicitaron pruebas en el recurso, la providencia dispone que, una vez ejecutoriado el auto, el expediente ingrese para fallo, a menos que alguna de las partes solicite pruebas durante la ejecutoria, según el mismo artículo 247. La consecuencia práctica es que la falta de solicitud probatoria en la apelación conduce al ingreso del proceso para decisión de fondo. La providencia reitera el régimen de admisión de la apelación vigente en la materia, sin introducir matices adicionales.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que admite recurso de apelación2023-04-28Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 54001233300020170032301LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe admitirse el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia en el proceso de controversias contractuales, por encontrarse acreditados los presupuestos de Ley? Sí
La apelación contra la sentencia de primera instancia en un proceso de controversias contractuales debe admitirse cuando se acreditan los presupuestos legales, de conformidad con los artículos 150 y 152 numeral 4 del CPACA, aplicables por el inciso primero del artículo 86 de la Ley 2080 de 2021, y con el procedimiento del artículo 247 del CPACA modificado por el artículo 67 de la misma ley. En el caso analizado, la parte demandante apeló la sentencia del tribunal administrativo proferida el 3 de noviembre de 2022 y no solicitó pruebas en el recurso. Por ello el despacho dispuso que, una vez ejecutoriado el auto, el expediente ingrese para fallo. La providencia precisa que, si alguna de las partes solicita pruebas durante la ejecutoria, el expediente no ingresará de inmediato para fallo. La consecuencia práctica es que la admisión depende de verificar los requisitos legales antes de que el proceso pase a decisión de fondo. La providencia reitera el régimen de admisión de la apelación vigente, sin introducir matices adicionales.síntesis automática
Competencia,Cuantía impugnación,Declaratoria de desierto,Limitación,valoracion,Documento Público,Licitación pública,Adjudicación,Inhabilidades e incompatibilidades,Configuración – Mes: enero – Año: 2011…
41001233300020120018402 de 20242024-11-25Rad. 41001233300020120018402
Por tanto, aquellos corresponderán a actos de gestión contractual como expresión de la autonomía privada, con excepción de los casos en los que las disposiciones legales y reglamentarias dispongan lo contrario. La jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado también ha ratificado que en tratándose de los contratos suscritos por las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios y los actos proferidos en virtud de la ejecución contractual, su régimen aplicable es el derecho privado y en tal virtud no se profieren actos administrativos, en concordancia con la exclusión de la Ley 80 de 1993 efectuada por la Ley 142 de 1998, sin que corresponda extender dicho régimen por cuenta de la voluntad de las partes, criterio que con mayor razón es extensible a las universidades públicas, en tanto por mandato del legislador su régimen es el del derecho civil y mercantil.
También resuelve:Régimen legal: contratos con universidadesActos proferidos en virtud de la ejecución contractual: carácter legalIncumplimiento del contrato: contratos estatales, nulidad
Auto interlocutorio — Auto que resuelve impedimento2025-05-19Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 11001032600020240018200LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Procede declarar fundado el impedimento presentado por el consejero de Estado y, como consecuencia, queda separado del conocimiento del recurso extraordinario de anulación contra el laudo, por amistad íntima con un arbitro que integró el Tribunal que profirió el laudo del 21 de agosto de 2024, contra el cual se interpone el recurso extraordinario de anulación? Sí
El consejero de Estado queda separado del conocimiento del recurso extraordinario de anulación contra un laudo arbitral cuando existe una amistad íntima con un árbitro que intervino en el proceso, conforme a lo dispuesto en el artículo 141.9 del Código General del Proceso y el artículo 18 de la Ley 1563 de 2012, que establece que los jueces que conozcan de estos recursos están impedidos si hubo una relación cercana con quienes participaron en el proceso arbitral. La Sala reitera que las causales de impedimento son taxativas y deben interpretarse restrictivamente para garantizar la imparcialidad del juez, lo que implica que el consejero debe abstenerse de conocer el recurso si se configura alguna de las causales legales, en este caso, la amistad íntima con un árbitro del laudo recurrido.síntesis automática
El reconocimiento de mayores cantidades de obra en un contrato a precios unitarios exige prueba que dé certeza de la reclamación, de su efectiva realización y de su cuantificación. La ausencia de salvedades en el acta de prórroga no equivale por sí sola a una renuncia tácita, según la nota de relatoría que cita la providencia, pues esa tesis se considera superada. Lo determinante es si la prórroga incluyó expresamente las obras reclamadas, y cuando el documento no lo aclara y no hay medios que permitan confirmarlo o negarlo, la reclamación no prospera. Esta falta de prueba se extiende a la ejecución y a la cuantificación de las obras, lo que impide acceder a la pretensión. En el caso concreto, el reclamo sobre la modificación de unos baños no fue probado y el rechazo fue confirmado. El documento describe la renuncia tácita como posición superada, de modo que la regla matiza el criterio anterior sin alterar la carga probatoria del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Se contó con el concepto favorable del Comité de Contratación, dando cumplimiento con el procedimiento señalado en el manual de contratación?¿No puede afirmarse que los problemas de los estudios fueran los determinantes del incumplimiento que se le imputó al contratista?¿El tiempo adicional otorgado no supuso una ampliación del plazo sino solamente que las obras debían cumplirse aun cuando fuera de manera extemporánea?
¿El medio de control de repetición fue presentado dentro de los dieciocho meses dados para el pago de providencias judiciales, contados desde el día hábil siguiente a la ejecutoria de la decisión? No
El término de caducidad de la acción de repetición se cuenta desde el día siguiente al pago total o al vencimiento del plazo legal para pagar, y la norma aplicable para computarlo es la vigente cuando la condena quedó en firme. La regla se apoya en que el término de cinco años de la Ley 2195 de 2022 no se aplica a los procesos cuya condena quedó ejecutoriada antes de la entrada en vigencia de esa ley, y en que las suspensiones de términos judiciales decretadas por la pandemia, conforme al decreto y al acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura que se citan, interrumpen el cómputo por el tiempo que duraron. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. En el caso, la demanda se presentó después del vencimiento del término de dos años, por lo que se configuró la caducidad y se confirmó la sentencia de primera instancia. Como consecuencia práctica, la entidad que pagó una condena debe presentar la acción de repetición dentro del término computado con las suspensiones legales, o perderá la posibilidad de demandar.síntesis automática
También resuelve:¿Es aplicable el término de cinco años establecido en la Ley 2195 de 2022 a procesos cuya condena quedó¿Procede la condena en costas contra la demandante, porque fue la parte vencida en el proceso?
¿Los actos contractuales emitidos por una entidad sometida al derecho privado constituyen actos administrativos? No
El contratista no puede considerar los actos contractuales emitidos por una entidad sometida al derecho privado como actos administrativos, ya que estos se rigen por el derecho común y no por el derecho público, lo que implica que la liquidación unilateral por parte de Ecopetrol no reviste las características propias de un acto administrativo. Para el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales en contratos que requieren liquidación, debe tenerse en cuenta el plazo dispuesto para liquidar el contrato, y si la caducidad no ha operado, el juez de segunda instancia debe devolver el expediente al tribunal de origen para continuar con el proceso. Además, si el recurso de apelación prospera, no procede la condena en costas.síntesis automática
También resuelve:¿Para el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales en eventos en que el contrato requiere liquidación…¿El juez de segunda instancia debe devolver el expediente al Tribunal de origen ante la improcedencia de la sentencia anticipada por inoperancia de la caducidad del medio de control de controversias…¿Es improcedente la condena en costas porque recurso de apelación prosperó?
¿Se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales? Sí
El contratista no puede presentar una demanda de controversias contractuales de manera oportuna si el contrato de interventoría no estipula la facultad de liquidación unilateral, ya que el término de caducidad se calcula desde la fecha de finalización del contrato y no desde la fecha en que se habría podido liquidar unilateralmente, según lo establecido en el artículo 164 numeral 2 literal j) numeral v) de la Ley 1437 de 2011. Además, el contrato celebrado por el Fondo de Adaptación para el cumplimiento de su objeto se rige por el derecho privado, según el Decreto Ley 4819 de 2010, y el manual de contratación del Fondo no se incorpora de manera expresa en el contrato, por lo que no puede ser considerado para efectos de liquidación unilateral. La Sala revoca la sentencia apelada para declarar la caducidad del medio de control jurisdiccional y condena al contratista en costas de segunda instancia, incluidas las agencias en derecho, conforme a los artículos 188 de la Ley 1437 de 2011 y 365 y 366 del Código General del Proceso.síntesis automática
También resuelve:¿El régimen jurídico aplicable al contrato de interventoría celebrado con el Fondo de Adaptación para el cumplimiento de su objeto, es el de derecho privado?¿El contrato suscrito por el Fondo de Adaptación era liquidable de manera unilateral?¿Procede la condena en costas en segunda instancia contra la parte demandante, a quien se le desestimó el recurso de apelación presentado?
¿El convenio interadministrativo debió ser liquidado según lo acordado por las partes, y la liquidación no se logró? Sí
El contratista no puede liquidar unilateralmente un convenio interadministrativo si no está expresamente acordado de manera clara y precisa en el acuerdo de voluntades, lo que implica que la entidad contratante no está facultada para realizar la liquidación unilateral del negocio jurídico ni legal ni negocialmente, salvo que las partes hayan establecido explícitamente dicha facultad. En este caso, la entidad estatal no tenía la facultad de liquidar unilateralmente el convenio interadministrativo, ya que del convenio no se extraía que las partes hubieran estipulado tal facultad en cabeza del Ministerio del Interior. Entre el 16 de febrero y el 16 de junio de 2015 corrió el plazo convenido para liquidar bilateralmente el convenio, y a partir del 17 de junio de 2015 empezó a correr el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, que transcurrió hasta el 20 de junio de 2017, lo que llevó a la Sala a revocar la sentencia de primera instancia y declarar, de oficio, la caducidad del medio de control de controversias contractuales. Esto implica que en casos similares, es crucial que las partes acuerden explícitamente la facultad de liquidación unilateral en el convenio interadministrativo para evitar problemas de caducidad en el ejercicio del medio de control.síntesis automática
También resuelve:¿En los convenios interadministrativos resulta válido que una de las partes realice la liquidación unilateral siempre, que esté expresamente acordado de manera clara y precisa en el acuerdo de…¿De las cláusulas del convenio interadministrativo no se extrae que las partes hayan estipulado en cabeza del Ministerio del Interior, la facultad de liquidar unilateralmente el convenio?¿El Ministerio del Interior no estaba facultado ni legal ni negocialmente para liquidar unilateralmente el negocio jurídico?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2025-09-01Sección Tercera (Subsección C)NICOLÁS YEPES CORRALESRad. 08001233100020060184703ACCION CONTRACTUAL
¿Los procesos promovidos ante esta jurisdicción con anterioridad al 2 de julio de 2012, seguirán rigiéndose por las normas procesales del CCA y el CPC? Sí
El contratista sigue rigiendo sus procesos promovidos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo con anterioridad al 2 de julio de 2012 por las normas procesales del Código Contencioso Administrativo y del Código de Procedimiento Civil, conforme al artículo 308 del Código Procesal Administrativo Contencioso Actualizado. Además, el magistrado ponente tiene competencia para resolver el recurso de reposición y el auto que niega la nulidad procesal, siempre que se cumplan los requisitos de procedencia, oportunidad y sustentación. Asimismo, la notificación por estado se considera surtida con la inserción de la providencia en el estado electrónico, sin necesidad de constancia física del sello o fecha del estado, conforme a los artículos 9 del Decreto 806 de 2020 y 9 de la Ley 2213 de 2022. Por último, el plazo para interponer el incidente de liquidación de condena comienza desde el momento en que se efectúa la notificación por estado, y la nulidad se considera saneada si el actor presenta recurso sin proponer la nulidad que ahora alega. El recurso de apelación no es procedente en contra del auto que niega la nulidad procesal, reiterando la competencia del magistrado ponente para resolver estos trámites.síntesis automática
También resuelve:¿En la providencia a notificar no tenía que constar el sello o la mención de la fecha del estado, ya que este último se fijaba de manera virtual con el contenido de la providencia?¿Desde el momento en que se efectuó la notificación por estado es cuando comenzó el plazo de 60 días para interponer el incidente?¿El recurso de apelación no resulta procedente en contra el auto que niega la nulidad procesal?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de súplica2025-02-07Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 11001032600020130016500LEY 1437 REPETICION
¿Procede el recurso de súplica contra el auto que declara la falta de competencia del Consejo de Estado, para conocer de demandas de repetición en única instancia? Sí
El recurso de súplica contra el auto que declaró la falta de competencia es procedente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 246 del CPACA, modificado por el artículo 66 de la Ley 2080 de 2021 y su resolución corresponde a la Sala, con exclusión de la magistrada ponente de la decisión censurada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 125 del mismo cuerpo normativo.
También resuelve:¿Las Corporaciones Autónomas Regionales son entidades descentralizadas por servicios, cuya función es ejecutar políticas encaminadas a preservar el ambiente y el aprovechamiento de los recursos…¿A las Corporaciones Autónomas Regionales le son aplicables las normas que rigen a las entidades descentralizadas del orden nacional siempre que sean compatibles con su régimen legal propio?¿El Consejo de Estado es competente para conocer, en única instancia, de las demandas presentadas en ejercicio del medio de control de repetición contra los representantes de las CAR?
¿Se acreditó que las demandadas ostentaron la condición de ex agentes del Estado o de particulares con función pública? No
El contratista no ostenta la condición de ex agente del Estado o de particular con función pública simplemente por prestar un servicio público, ya que el ejercicio de dicha actividad no implica necesariamente el ejercicio de potestades inherentes al Estado. En este caso, la Asociación de Padres de Familia Hogares Comunitarios celebró el contrato de aporte 050 de 1999 con el ICBF para ejecutar los aportes en favor de niños de escasos recursos económicos, sin que se le transfiriera una función pública. Las madres comunitarias, en su calidad de voluntarias, no tenían relación laboral con el ICBF ni con la asociación, y su participación en el programa de "Hogares de Bienestar" se consideraba una contribución voluntaria, no una relación laboral. Esta decisión reitera la distinción entre el ejercicio de la función pública y la prestación del servicio público, lo que implica que no todas las personas que prestan servicios públicos pueden ser consideradas agentes del Estado o particulares con funciones públicas.síntesis automática
También resuelve:¿Toda prestación de un servicio público comporta el ejercicio de una función pública?¿Con el fin de proteger y garantizar la integración y realización armónica de la familia, el Estado puede celebrar negocios jurídicos con particulares con la finalidad de que estos sujetos privados…¿Al tratarse de un asunto en el que se ventila un interés público, es improcedente condenar en costas contra la parte vencida en el proceso?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve nulidades procesales2024-02-01Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 18001233100020110020201ACCION DE REPETICION
¿Resulta procedente declarar la nulidad del proceso por la inobservancia de la plenitud de las formas del juicio, dada la sustitución íntegra del procedimiento ejecutivo, conforme a las pretensiones de la demanda, cuando se observa que la causal de nulidad alegada no encuadra en las causales taxativas previstas en el artículo 133 CGP, normativa procesal aplicable en razón al tránsito legislativo del caso? Sí
De acuerdo con lo relatado por el ente accionante en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Caquetá que declaró configurada la cosa juzgada, la responsabilidad del médico… fue analizada y decidida en el proceso de reparación directa en el que fue declarado patrimonialmente responsable “por el hecho dañoso”, a título de culpa grave. En este contexto, la pretensión formulada consistió en “librar mandamiento de pago” por la suma de dinero pagada en cumplimiento de la sentencia condenatoria.
¿El contrato de interventoría de obra pública al haber sido suscrito para atender la emergencia generada por el fenómeno invernal de la Niña, estaba sujeto a las reglas del derecho privado y a las disposiciones aplicables a la contratación del Fondo Nacional de Calamidades? Sí
El contratista no puede reclamar sobrecostos por excesiva onerosidad sobrevenida en un contrato de interventoría celebrado para atender emergencias generadas por fenómenos naturales, como el fenómeno de La Niña, debido a que el contrato se rige por el derecho privado y no por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La Sala establece que el contrato de interventoría celebrado en estas circunstancias se somete a las disposiciones del Código de Comercio y no a las del Estatuto General de Contratación, por lo que la onerosidad sobrevenida debe afectar una prestación futura, no una ya cumplida. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente sobre la aplicación del derecho privado en contratos de emergencia, limitando la posibilidad de reclamar sobrecostos basados en prestaciones ya ejecutadas.síntesis automática
También resuelve:¿Procede el reconocimiento de los sobrecostos por excesiva onerosidad sobrevenida en el contrato de interventoría, que tienen su origen en prestaciones ya cumplidas por las partes durante su…¿La condena en costas procede contra la parte a quien se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación tramitado bajo el criterio objetivo previsto en el CPACA?
¿Los convenios interadministrativos se rigen por sus propias cláusulas, por lo que no aplica el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en consecuencia, para que un convenio pueda liquidarse unilateralmente, las partes deben haber incluido esta prerrogativa de manera clara, expresa e inequívoca en su clausulado? Sí
El contratista no puede liquidar unilateralmente un convenio interadministrativo basándose en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, ya que estos acuerdos se rigen por sus propias cláusulas, por lo que la posibilidad de una liquidación unilateral debe estar expresamente pactada en el convenio. Además, el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales para convenios interadministrativos se computa a partir del vencimiento del plazo para liquidar el convenio, lo que implica que la presentación de la demanda debe realizarse dentro de este plazo para evitar la caducidad. La Sala confirma que la liquidación unilateral y la caducidad del medio de control deben ajustarse estrictamente a lo pactado en el convenio y a los plazos establecidos, lo que reitera la importancia de la autonomía negocial en estos casos.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales tiene un término de caducidad de dos años, el cual, en este caso, se contaba a partir del vencimiento del plazo definido para liquidar…¿Resulta procedente la condena en costas cuando se resuelve de forma desfavorable el recurso de apelación, considerando que en este caso no se pretendía recuperar unos recursos no ejecutados que…
¿La Unidad Nacional de Protección incumplió los contratos por no ejercer la prerrogativa pública de liquidación unilateral? No
El contratista no puede acusar al interventor de incumplimiento por no ejercer la prerrogativa pública de liquidación unilateral de los contratos, ya que esta es una facultad legal y no convencional, y su no ejercicio no constituye una desatención contractual. La Sala modifica la sentencia al establecer que la liquidación unilateral es una prerrogativa del poder público y no un acuerdo entre las partes, por lo que no genera responsabilidad contractual. Además, la pretensión de liquidación judicial del contrato debe estar acompañada de causas específicas y precisar el litigio que se desea resolver, lo que en este caso no se cumplió, por lo que la liquidación judicial resulta improcedente. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia sobre la naturaleza legal de la liquidación unilateral y la necesidad de fundamentos claros en las pretensiones de liquidación judicial, lo que implica que los contratistas deben aclarar las causas específicas de su pretensión para que sea considerada procedente.síntesis automática
También resuelve:¿El no ejercer la prerrogativa pública de liquidación unilateral puede catalogarse como una desatención de naturaleza contractual ?¿La Jurisdicción Contencioso Administrativa está instituida para conocer de las controversias y litigios originados en el marco de los negocios jurídicos en los que estén involucradas entidades…¿La pretensión de liquidación judicial del contrato está completamente carente de una causa específica que la sustente?
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de los procesos de controversias contractuales iniciados para demandar los actos mediante los cuales se da por terminado y se liquida de forma unilateral un contrato estatal? Sí
La competencia en segunda instancia para conocer de los procesos de controversias contractuales en que se demanda la nulidad de los actos mediante los cuales la entidad pública da por terminado y liquida unilateralmente un contrato estatal corresponde al Consejo de Estado, conforme al artículo 104 del CPACA y a la cuantía que fija el numeral 5 del artículo 152. Una razón es que el artículo 104 atribuye a la jurisdicción las controversias originadas en actos, contratos y hechos sujetos al derecho administrativo en los que intervienen entidades públicas, y la demanda controvertía la terminación y las resoluciones de liquidación unilateral de un contrato interadministrativo. Otra razón es que la cuantía de las pretensiones superaba los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo que da vocación de doble instancia. En el caso, la parte actora reclamó el daño emergente y el lucro cesante derivados de la terminación y la liquidación unilateral, y la Sala modificó la decisión de primera instancia. Su consecuencia práctica es que la vía de controversias contractuales es la adecuada para impugnar la terminación y liquidación unilateral cuando la cuantía supera el umbral legal.síntesis automática
También resuelve:¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para demandar la nulidad de los actos que terminaron y liquidaron unilateralmente un contrato…¿La Asociación de Universidades Públicas del Eje Cafetero para el Desarrollo Regional constituye una persona jurídica sin ánimo de lucro de derecho público…¿El acuerdo de voluntades celebrado entre la Secretaría de Educación Distrital y la Red Alma Mater constituye un contrato estatal, que encuadra en la definición de un contrato interadministrativo?
Auto interlocutorio — Auto que rechaza solicitud de nulidad2023-07-19Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 25000232600020081003002ACCION CONTRACTUAL
¿Dado que la demanda se presentó en vigencia del Decreto 01 de 1984, le resultan aplicables sus normas a la solicitud de nulidad procesal, así como las que, en virtud de la integración normativa, estuvieran vigentes en el momento en que se ejerció el derecho de acción? Sí
El alcance de la solicitud. El despacho observa que lo que se pretende con el memorial denominado “nulidad” es atacar la competencia del ponente para dictar el auto del 23 de mayo de 2023, por medio del cual no se avocó el conocimiento para unificar el presente asunto.… Lo primero que debe precisarse es que la solicitud arriba referida, aunque fue presentada el 2 de junio de 2023, está regulada por el CCA y el CPC, esta última como norma de remisión (art. 267 del CCA). Lo anterior porque de conformidad con el artículo 308 del CPACA, esta codificación sólo aplica para los asuntos iniciados con “posterioridad a la entrada en vigencia” de dicha norma, mientras que las “demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.
También resuelve:¿Compete al magistrado ponente del Consejo de Estado decidir la solicitud de nulidad procesal?¿Se alegó dentro de la oportunidad legal para hacerlo, la solicitud de nulidad en el caso sub lite?¿Hay lugar a declarar la nulidad procesal por falta de competencia funcional del ponente para dictar el auto del 23 de mayo de 2023…