Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2026-05-22Sección Tercera (Subsección B)DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIARad. 76001233300020230095701Controversias contractuales
¿Procede la suspensión del cobro coactivo y el levantamiento de medidas cautelares con fundamento en el artículo 101 del CPACA cuando no obran pruebas sobre suspensión judicial del título ejecutivo ni sobre actos que resuelvan excepciones o dispongan continuar la ejecución? Sí
El procedimiento administrativo de cobro coactivo solo puede suspenderse en los casos previstos en el artículo 101 del CPACA: cuando el acto que constituye el título ejecutivo ha sido suspendido provisionalmente por orden judicial, o cuando se expide el acto que decide excepciones o ordena seguir adelante la ejecución mientras se tramita un proceso de nulidad contra el título. La regla se sostiene en tres razones: el legislador condicionó expresamente la suspensión a esos supuestos; la suspensión por el segundo supuesto no implica el levantamiento de las medidas cautelares previamente decretadas ni impide que se ordenen nuevas; y la aplicación del Estatuto Tributario al cobro coactivo no tributario es residual frente a la regla especial del CPACA. Por ello, en ausencia de prueba de la suspensión judicial del título o de un acto que decida las excepciones, la suspensión solicitada no procede. La providencia se confirma en lo relativo a la vigencia de las medidas.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve sobre coadyuvancia2025-02-10Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 15001233100019971702402ACCION CONTRACTUAL
¿Corresponde resolver la solicitud de coadyuvancia elevada por la Contraloría Municipal de Tunja, la cual fue presentada en primera instancia, bajo los parámetros del Código Contencioso Administrativo? Sí
La intervención de un coadyuvante en un proceso contractual, cuando se presenta en primera instancia y antes de la sentencia, se rige por las disposiciones del Código Contencioso Administrativo y del Código de Procedimiento Civil vigentes para las demandas presentadas antes del 2 de julio de 2012, conforme al artículo 308 de la Ley 1437 de 2011. Para aceptar la intervención del coadyuvante debe demostrarse una relación sustancial con una de las partes, que se refiere al interés jurídico que puede verse afectado indirectamente si la parte coadyuvada obtiene una sentencia desfavorable. El interés del tercero debe ser jurídico y no meramente general o de control del ordenamiento. En el caso concreto, la solicitud de coadyuvancia presentada en primera instancia no fue acogida, porque no se demostró la relación sustancial exigida con una de las partes del proceso. Como consecuencia práctica, quien pretenda intervenir como coadyuvante debe probar un interés jurídico propio frente a una de las partes y no solo un interés institucional en el resultado del proceso.síntesis automática
También resuelve:¿Para la aceptación de la intervención del coadyuvante debe demostrarse la relación sustancial con una de las partes del proceso?¿Es procedente la solicitud de coadyuvancia de la Contraloría Municipal de Tunja la cual fue presentada en primera instancia?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-01-23Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 25000233600020210026602LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El objeto de la prueba testimonial solicitada fue expresado debidamente? No
El contratista no puede solicitar pruebas testimoniales sin enunciar concretamente los hechos objeto de la prueba, ya que esto vulnera el derecho de defensa de la contraparte y el principio de lealtad procesal, al no permitir que la otra parte ejerza su derecho de defensa de forma efectiva. La Sala reitera que la enunciación del objeto de la prueba debe ser clara, expresa y suficiente para que la contraparte pueda prepararse adecuadamente, y que la identificación del testigo y la especificación de los hechos a declarar son requisitos indispensables para el decreto de la prueba. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y refuerza la necesidad de una solicitud de prueba testimonial precisa y completa para su admisión en el proceso.síntesis automática
También resuelve:¿Al Despacho le asiste competencia funcional para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las decisiones dictadas por los tribunales administrativos?¿En los eventos en los que se soliciten testimonios deberá identificarse al testigo y enunciarse concretamente los hechos objeto de la prueba?¿´Procede la condena en costas a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación?
¿La Resolución 1658 del 26 de diciembre de 2011 constituyó un acto definitivo en el procedimiento administrativo sancionatorio? Sí
La Sala revocará la sentencia impugnada, pues advierte que el procedimiento administrativo sancionatorio iniciado bajo la Resolución 475 del 7 de mayo de 2010, fue decidido a través de la Resolución 1658 de diciembre de 2011 la que, como se pasa a demostrar, sí constituyó una decisión de fondo. A tal conclusión se arriba, al considerar: (i) Que el procedimiento administrativo concluye cuando se resuelven los recursos interpuestos. (ii) Que verificada la secuencia razonada y coherente de análisis del procedimiento administrativo adelantado, la Resolución 1658 de diciembre de 2011 resolvió el recurso de reposición contra la decisión de declarar la caducidad del contrato de concesión, la que, por su alcance y contenido exhibe que se trató de una decisión definitiva de tal actuación.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-06-17Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 25000233600020220030101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El ordenamiento jurídico contempla medidas de cautela de carácter preventivas, conservativas o anticipativas? Sí
Cuando se solicita una medida cautelar en un proceso contractual, el ordenamiento contempla medidas preventivas, conservativas o anticipativas, que deben tener una relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda, según el artículo 230 del C.P.A.C.A. La regla exige que concurran tres elementos: el fumus boni iuris o apariencia de buen derecho, el periculum in mora o perjuicio de la mora, y la ponderación de intereses, sin que su decreto implique prejuzgamiento. Las razones que la sostienen son tres: la medida es un instrumento provisional que no decide el fondo del litigio, debe justificar la urgencia del daño que pretende evitar, y su necesidad depende de que el objeto de la medida siga vigente. En el caso, la solicitud de suspender un procedimiento administrativo sancionatorio perdió objeto, porque la entidad decidió por sí misma terminar y archivar la investigación, por lo que se confirmó el auto que negó la medida. El documento no indica que reitere, unifique o matice precedente; la consecuencia práctica es que la medida cautelar debe solicitarse mientras el acto cuya suspensión se pide siga produciendo efectos.síntesis automática
También resuelve:¿La petición de la medida cautelar de suspensión del procedimiento administrativo sancionatorio carece en la actualidad de objeto?
¿El procedimiento administrativo previo adelantado a la declaratoria de incumplimiento del contrato, se hizo con violación del debido proceso? No
La declaratoria unilateral de incumplimiento de un contrato estatal respeta el debido proceso cuando la entidad cita al contratista, le informa los cargos concretos y las obligaciones presuntamente incumplidas, y le permite presentar descargos y pedir pruebas antes de la decisión definitiva. Una razón es que en el procedimiento el contratista presentó descargos, solicitó pruebas que fueron practicadas y asistió a la audiencia, de modo que tuvo la oportunidad de defenderse. Otra razón es que el contratista no interpuso el recurso de reposición en la audiencia, que era la oportunidad para cuestionar la decisión, y tampoco se acreditó un hecho extraño que hubiera incidido en la resistencia de los pavimentos. En el caso, la Sala confirmó la negación de las pretensiones de nulidad del acto que declaró el incumplimiento, porque el dictamen de parte no desvirtuó los motivos de la entidad. Su consecuencia práctica es que el contratista que no recurre en la audiencia de incumplimiento pierde el reproche de debido proceso sobre esa etapa.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la nulidad del acto administrativo que declaró el incumplimiento del contrato, toda vez que el contratista cumplió con los estándares de resistencia de los pavimentos?¿En aplicación del principio de la non reformatio in pejus, es procedente confirmar la sentencia de primera instancia que se abstuvo de condenar en costas?
¿Toda irregularidad en el procedimiento administrativo relacionada con la atención de solicitudes probatorias tiene la virtualidad de configurar un vicio invalidante de la decisión? No
El contratista no puede alegar la nulidad del acto administrativo basándose en la omisión de la entidad estatal para resolver solicitudes probatorias, salvo que dicha omisión afecte sustancialmente el ejercicio del derecho de defensa y trascienda sobre el sentido de la decisión. La entidad puede adoptar medidas correctivas conforme a los artículos 3.11 y 41 del CPACA, o el contratista puede actuar para sanear la irregularidad. La Sala reitera que no toda irregularidad en el procedimiento administrativo relacionada con la atención de solicitudes probatorias tiene la virtualidad de configurar un vicio invalidante, lo que implica que la entidad estatal debe motivar adecuadamente la imposición de sanciones, pero no necesariamente anular el acto administrativo por omisiones menores en el trámite.síntesis automática
También resuelve:¿El departamento de Santander, en el marco del procedimiento sancionatorio, al omitir resolver solicitudes probatorias elevadas por el contratista…¿Debe exponerse el supuesto fáctico que da lugar a la imposición de la multa, verificando la existencia de un incumplimiento imputable al contratista?¿La motivación fáctica de la decisión sancionatoria fue suficiente para justificar la imposición de la multa con fundamento en las causales previstas en los literales (c) y (e) de la cláusula…
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación de sentencia de primera instancia dictada por un tribunal administrativo dentro de un proceso de controversias contractuales? Sí
Cuando se apela una sentencia de primera instancia dictada por un tribunal administrativo en un proceso de controversias contractuales relativo a actos contractuales de un órgano de control, el Consejo de Estado es competente para decidir la apelación si la cuantía de las pretensiones supera los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la demanda. La regla se sostiene en dos razones: la controversia contractual de una entidad pública corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo; y la vocación de doble instancia depende del valor de la pretensión estimada en la demanda frente al tope legal. En el caso, la cifra estimada de las pretensiones excedía el tope legal para la fecha de la demanda, por lo que el proceso es de doble instancia y la sala asumió la competencia. El documento también aborda la regla sobre la cuantificación de perjuicios en la citación a audiencia de un procedimiento de declaración de incumplimiento, que no vicia el acto si el interesado no demostró la incidencia de la omisión; la consecuencia práctica es que la competencia en segunda instancia se determina por la cuantía estimada en la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿La Contraloría vulneró el debido proceso de Colvatel, por omitir la cuantificación de los perjuicios en la citación a la audiencia que da inicio al procedimiento administrativo de declaración de…¿Se desconocieron las garantías procedimentales de Colvatel por no incluir, dentro del análisis fáctico y probatorio contenido en las resoluciones impugnadas…¿La Contraloría, al negar las pruebas que Colvatel solicitó en la audiencia, violó sus derechos y garantías?
¿Qué se entiende por acuerdos de niveles de servicio?
Por tanto, para los demás contratos estatales los acuerdos de niveles de servicios constituyen una figura atípica, pues no se encuentra tipificada ni regulada. En suma, si una entidad estatal sometida al Estatuto General de Contratación de la Administración pública estipula acuerdos de niveles de servicio en el contrato, pactándolos como multas o cláusulas penales por el incumplimiento de los estándares de calidad o servicio por parte del contratista, debe cumplir con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, que, a su vez, se concreta en el procedimiento administrativo sancionatorio regulado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. En definitiva, los acuerdos de niveles de servicio se pueden pactar, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, pero, si su naturaleza se determina como sancionatoria en el contrato, su aplicación debe estar precedida por la garantía del debido proceso.
También resuelve:Cláusulas excepcionales: multas, cláusula penal, imposición unilateral, imposición unilateral / procedimiento sancionatorio contractualProcedimiento sancionatorio contractual: citación a audiencia, contenido, Ley 1474 de 2011, Artículo 86Acuerdos de niveles de servicio: concepto, fundamento, atipicidad, autonomía de la voluntad
¿Cuál es el procedimiento aplicable para la declaratoria del incumplimiento y hacer efectiva la medida sancionatoria de cláusula penal pecuniaria?
El procedimiento del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 debe seguirse para declarar cualquier incumplimiento, sea total o parcial y con independencia de su gravedad, porque la norma no distingue entre tipos de incumplimiento y el debido proceso aplica a todas las actuaciones administrativas. La citación a la audiencia debe remitirse al contratista y, cuando proceda, al garante, con la descripción detallada de las actuaciones u omisiones que materializan el incumplimiento, los informes de supervisión o de interventoría y las pruebas disponibles. Estos elementos sirven para establecer con certeza el grado y la cuantía de los perjuicios. Además, según el artículo 1600 del Código Civil, no es posible reclamar indemnización de perjuicios junto con la cláusula penal, salvo pacto de las partes, y en ese caso el acreedor debe acudir al juez del contrato para los perjuicios adicionales. Cuando el siniestro se funda en la declaratoria de incumplimiento o en la efectividad de una medida sancionatoria, como la multa, la cláusula penal pecuniaria o la caducidad, la entidad debe adelantar el procedimiento del artículo 86 y citar al garante.síntesis automática
También resuelve:Procedimiento sancionatorio: Ley 1474 de 2011, Artículo 86, procede para incumplimiento total o parcialCuantificación de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento: facultad de la entidad estatalProcedimiento para declarar siniestro: causa no sancionatoria, procede procedimiento general del cpaca
¿Cuál es el procedimiento aplicable para la declaratoria del incumplimiento y hacer efectiva la medida sancionatoria sea la imposición de multa, de cláusula penal pecuniaria o declarar la caducidad?
El artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 dispuso el debido proceso como principio rector de la potestad sancionatoria de la administración en contratación estatal y, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 reglamentó su procedimiento. En ese sentido, para la declaratoria del incumplimiento total o parcial contractual en los contratos que adelanten las Entidades Estatales del EGCAP durante o posterior a la terminación del contrato e independiente de su gravedad, e imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato y hacer efectiva la cláusula penal, el procedimiento aplicable deberá realizarse con plena observancia de las reglas procedimentales del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
También resuelve:Procedimiento sancionatorio: Ley 1474 de 2011, Artículo 86, procede para incumplimiento total o parcialCuantificación de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento: facultad de la entidad estatalProcedimiento para declarar siniestro: causa no sancionatoria, procede procedimiento general del cpaca
Auto interlocutorio — Auto que resuelve liquidación de condena o perjuicios2025-04-21Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 08001233100020060184703ACCION CONTRACTUAL
¿Resulta procedente aplicar las disposiciones contenidas en el CPACA y al CGP, para resolver el incidente de liquidación de condena que promovió el demandante, si la demanda de reparación directa fue presentada el 16 de octubre de 2003? No
El contratista no puede aplicar las disposiciones del Código Contencioso Administrativo y del Código General del Proceso para resolver un incidente de liquidación de condena si la demanda de reparación directa fue presentada antes del 2 de julio de 2012, ya que estos códigos resultan de aplicación supletiva y la norma especial de transición del CPACA establece que los procesos iniciados antes de esa fecha deben seguir rigiéndose por el Código Contencioso Administrativo y el Código de Procedimiento Civil. Además, tanto el régimen jurídico anterior como el del CPACA y el CGP establecen un término de 60 días para presentar el incidente de liquidación de condena, contado a partir de la notificación del auto de obedecimiento al superior, y no desde la notificación de la sentencia de segunda instancia, por lo que la presentación del incidente fuera de este plazo resulta improcedente.síntesis automática
También resuelve:¿El CCA y el CPACA establecen un término de oportunidad para presentar el incidente de condena, el cual no puede ser desconocido por la parte actora so pretexto de una nulidad por indebida…¿Resulta procedente acceder a la petición elevada por la parte actora relativa a la prevalencia del derecho sustancial, cuando el artículo 6 del CPC es enfático en señalar que las autoridades…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2022-03-11Sección Tercera (Subsección C)GUILLERMO SANCHEZ LUQUERad. 25000232600020080019101ACCION CONTRACTUAL
Recurso de reposición contra auto Sí
El artículo 67 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, establece que el poder de representación judicial debe ser conferido a un abogado inscrito, prohibiendo la otorgación a una persona jurídica con objeto de representación judicial. Por tanto, se confirma el auto recurrido y se reconoce personería al abogado defensor como apoderado de la Nación-Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de acuerdo con el artículo 5 del Decreto Legislativo 806 de 2020. Además, el artículo 308 del Código General del Proceso Administrativo establece que los procesos iniciados antes de su vigencia deben seguir rigiéndose y culminando conforme al régimen jurídico anterior, es decir, el Código Contencioso Administrativo, y en sus aspectos no regulados, el Código de Procedimiento Civil, no el Código General del Proceso, debido a que este último no estaba vigente al inicio de dichos procesos.síntesis automática
¿Se deben someter a los parámetros y limitaciones que comprende el EGCAP?
Las entidades de régimen especial no están sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de modo que sus procedimientos contractuales se rigen por el derecho privado, según las normas de su creación y sus manuales de contratación. Por tanto, las cláusulas excepcionales, que no se encuentran en el derecho común y están limitadas al Estatuto y a algunos tipos de contratos, solo pueden utilizarse si la norma de creación de la entidad lo establece. Si una entidad sujeta a régimen especial requiere sancionar o dar por terminado el contrato, debe acudir al juez competente. El concepto también aborda el procedimiento administrativo sancionatorio de carácter contractual previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, que corresponde a las entidades sometidas al Estatuto General, mientras que en las entidades de régimen especial no se aplica por la ausencia de esas cláusulas. Como pronunciamiento consultivo, el concepto enuncia que la potestad sancionatoria de estas entidades depende de su norma de creación y del control judicial.síntesis automática
También resuelve:Entidades de régimen especial: procedimientos contractuales, derecho privadoEntidades con régimen especial: aplicación de las cláusulas excepcionales, cláusulas excepcionales, terminación del contrato o sanción, juez competenteProcedimiento administrativo sancionatorio de carácter contractual: cláusulas excepcionales, procedimiento administrativo sancionatorio de carácter contractual, Ley 1474 de 2011 artículo 86, entidades sometidas al Estatuto General de Contratación Pública
¿La irregularidad presentada por omisión de comunicación del inicio del procedimiento de caducidad del contrato es suficiente para configurar una violación del procedimiento administrativo? Sí
La omisión de comunicar al contratista el inicio del procedimiento sancionatorio constituye una violación del procedimiento administrativo con consecuencias determinantes cuando impide ejercer el derecho de audiencia y defensa frente a los cargos por los que finalmente se sanciona, y da lugar a la nulidad de los actos que imponen la sanción. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, el artículo 288 del Código de Minas impone a la autoridad el deber de comunicar el inicio del procedimiento sancionatorio, deber que la cláusula 25.1.1 del contrato preveía en sentido semejante. Segundo, la omisión privó al contratista de la oportunidad de subsanar la renovación y el reajuste de las garantías y de atender requerimientos de la autoridad, a diferencia de ocasiones anteriores en las que sí pudo hacerlo. Tercero, la falta de conocimiento del inicio del procedimiento impidió ejercer la defensa, lo que configura el desconocimiento del derecho de audiencia y defensa como causal de nulidad. La providencia revoca la decisión de primera instancia y declara la nulidad de los actos demandados; en la práctica, la autoridad que sanciona debe acreditar la comunicación del inicio del procedimiento sancionatorio antes de imponer la sanción.síntesis automática
También resuelve:¿El demandante queda habilitado para efectuar las actividades de explotación minera que le otorga el contrato cuya caducidad fue declarada con el acto administrativo declarado nulo?¿Se niega la pretensión pecuniaria consistente en la indemnización de perjuicios materiales por no existir prueba de su causación?¿Cuando de la actuación iniciada de oficio pudiera resultar afectado en forma directa un particular, a éste se le debía comunicar la existencia de la actuación y el objeto de la misma?
¿El artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 admite la pérdida de competencia o la suspensión del procedimiento sancionatorio contractual por el trámite posterior de una reclamación judicial del contratista en el marco del medio de control de controversias contractuales?
El procedimiento sancionatorio contractual del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 solo admite la pérdida de competencia o la suspensión por el inicio de un medio de control en los casos expresamente regulados por las disposiciones vigentes, pues estas causales se sujetan al principio de legalidad de los artículos 29 de la Constitución y 3.1 de la Ley 1437 de 2011 y son de interpretación estricta. Aunque la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 17 de junio de 2024, estimó que la demanda del contratista para obtener la declaración de incumplimiento de la entidad, en principio, impide a esta ejercer la potestad sancionatoria, esa decisión no es una sentencia unificada en los términos del artículo 270 de la Ley 1437 de 2011, por lo que no surge el deber de aplicación uniforme y solo tiene efectos de cosa juzgada en el proceso en que se expidió, conforme al artículo 17 del Código Civil. Distinto es el caso de la liquidación judicial, pretensión del medio de control de controversias contractuales, en la que la entidad pierde la facultad de liquidar porque el asunto pasa de la administración a la jurisdicción.síntesis automática
También resuelve:Procedimiento administrativo: sanciones contractuales, entidades sometidas, Ley 1474 de 2011, etapasProcedimiento administrativo general: Ley 1437 de 2011, aplicación supletivaLiquidación judicial: pérdida de competencia administrativa
Auto interlocutorio — Auto que admite recurso de apelación2023-05-05Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 63001233300020210003701LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede la admisión de los recursos de apelación interpuestos por la demandante y el litisconsorte contra la sentencia de primera instancia, de conformidad con los artículos 150 y 152.5 de la Ley 1437 de 2011? Sí
ADMÍTENSE los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante… y el litisconsorte,… contra la sentencia del 21 de abril de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Quindío, de conformidad con los artículos 150 y 152.5 de la Ley 1437 de 2011 aplicables por el inciso 1 del artículo 86 de la Ley 2080 de 2021 y de conformidad con el procedimiento del artículo 247 CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de aclaración de providencias2025-05-19Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 85001233300020190014101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las figuras procesales de aclaración y adición, constituyen excepciones a la regla que establece que la sentencia es inmodificable por el juez que la profirió, el cual, una vez profiere la decisión judicial, pierde la competencia respecto del asunto por él resuelto? Sí
El juez puede aclarar o adicionar una sentencia dentro del término de ejecutoria, siempre que estas acciones no modifiquen el contenido resuelto inicialmente, pues la sentencia es inmodificable una vez proferida, conforme al principio de seguridad jurídica establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el Código General del Proceso. La aclaración se permite cuando existen conceptos o frases ambiguos o contradictorios que ofrezcan verdadero motivo de duda, mientras que la adición es procedente cuando la sentencia omite la resolución de un extremo de la litis o de otro punto que debía ser objeto de pronunciamiento. Estas excepciones a la inmutabilidad de la sentencia no permiten reformar el fallo sobre la controversia de fondo, sino que se limitan a precisar o completar lo ya resuelto, sin alterar su esencia. En este caso, la Sala reitera que la solicitud de aclaración y adición no es procedente si no se cumplen los requisitos legales específicos, y que la parte demandada no ha demostrado la existencia de un concepto o frase ambigua que justifique la aclaración, por lo que la solicitud es improcedente.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente la solicitud de aclaración y adición de la sentencia del 21 de marzo de 2025, proferida por la Sección Tercera – Subsección A del Consejo de Estado?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2025-10-06Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 44001234000020180006602LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocer una controversia relacionada con un contrato celebrado por una entidad pública con carácter de institución financiera vigilada por la Superintendencia Financiera, cuando dicho contrato corresponde al giro ordinario de sus negocios? No
El contratista no puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para resolver controversias relacionadas con contratos celebrados por entidades públicas que actúen como instituciones financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera, siempre y cuando dichos contratos correspondan al giro ordinario de sus negocios, pues conforme a la Ley 1437 de 2011, dichas controversias son competencia del juez civil del circuito. Además, la decisión de la Sección Tercera del Consejo de Estado de conocer previamente el proceso no es relevante para determinar la jurisdicción competente, ya que el artículo 16 del Código General del Proceso establece que la falta de jurisdicción por factores subjetivo o funcional es improrrogable y debe ser declarada de oficio, lo que implica que cualquier actuación previa es nula y el proceso debe ser remitido al juez competente.síntesis automática
También resuelve:¿Puede considerarse jurídicamente relevante y concluyente, para efectos de determinar la jurisdicción competente, el hecho de que la Sección Tercera del Consejo de Estado haya conocido previamente el…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de corrección de providencias2024-11-08Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 25000233600020150305601LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por el juez que la dictó en cualquier tiempo, de oficio a solicitud de parte, mediante auto? Sí
En relación con la oportunidad para presentar las solicitudes de corrección de providencias, aquellas pueden ser en cualquier tiempo, con arreglo a lo preceptuado en el artículo 286 del Código General del Proceso (CGP), es decir que, el requerimiento debe ser estudiado de fondo.… El artículo 286 del CGP prescribe que toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por el juez que la dictó en cualquier tiempo, de oficio a solicitud de parte, mediante auto. Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto se notificará por aviso.
También resuelve:¿A este trámite le resulta aplicable el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y las reformas realizadas a este?