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PERDIDA DE COMPETENCIA

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Colombia Compra Eficiente Concepto

Liquidación del contrato: el ordenamiento jurídico vigente permite la liquidación unilateral

C-1669 de 2025 2025-12-22
¿Es posible que una entidad estatal sometida al EGCAP pierda competencia para liquidar el contrato?
La liquidación es el ajuste de cuentas en el que las partes hacen un balance económico, técnico y jurídico del cumplimiento de las obligaciones del contrato, y su oportunidad está regulada por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. El concepto explica que, cuando vencen los plazos legales para liquidar, bilateral o unilateralmente, la entidad puede perder la competencia para liquidar el contrato. Sin embargo, el texto precisa que nada impide que, con fines de control y gestión administrativa interna y para el cierre del expediente contractual, la entidad deje las constancias pertinentes en el archivo contractual. Esa constancia no la habilita para reconocer o efectuar pagos a favor del contratista derivados de un contrato no liquidado, especialmente cuando ya se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales para solicitar la liquidación judicial. La consecuencia práctica es que, vencido el término de liquidación sin que el contrato haya sido liquidado, la entidad no debe efectuar pagos derivados de él y debe verificar si ya operó la caducidad del medio de control.síntesis automática
También resuelve: Liquidación del contrato: definición, objetivo, normativa, oportunidad Perdida de competencia: caducidad del medio de control de controversias contractuales, liquidación judicial
Consejo de Estado Providencia

En esta última fecha se configuró el silencio administrativo positivo en los términos del artículo 84 del CPACA

Sentencia — Sentencia 2026-10-05 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 25000233600020190053101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Para que opere el silencio administrativo positivo respecto de la renuncia del contrato de concesión minera, se deben cumplir los siguientes requisitos: presentar por parte del concesionario de la manifestación unilateral de renuncia al contrato de concesión minera; y que la autoridad minera omita emitir pronunciamiento sobre dicha solicitud dentro del término perentorio de treinta (30) días contados a partir de su radicación.? Sí
Para que el silencio administrativo positivo opere en el contexto de la renuncia al contrato de concesión minera, es necesario que el concesionario presente una manifestación unilateral de renuncia y que la autoridad minera omita emitir pronunciamiento sobre dicha solicitud dentro del término perentorio de treinta días hábiles. En este caso, la Sala ha confirmado que la configuración del silencio administrativo positivo se da cuando la Administración no responde a la solicitud de renuncia dentro del plazo establecido, lo que implica la aceptación tácita de la renuncia.síntesis automática
También resuelve: ¿Configura el silencio administrativo positivo el vencimiento del término legal otorgado a la Administración para resolver una petición… ¿Opera el silencio administrativo positivo frente a la renuncia al contrato de concesión minera cuando el concesionario presenta la solicitud de renuncia y la autoridad minera deja vencer el término… ¿Conservaba la Agencia Nacional de Minería competencia para proferir actos administrativos sobre la renuncia al contrato de concesión minera después de configurarse el silencio administrativo…
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Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Auto interlocutorio

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2024-06-17 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000233600020220030101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El ordenamiento jurídico contempla medidas de cautela de carácter preventivas, conservativas o anticipativas? Sí
Cuando se solicita una medida cautelar en un proceso contractual, el ordenamiento contempla medidas preventivas, conservativas o anticipativas, que deben tener una relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda, según el artículo 230 del C.P.A.C.A. La regla exige que concurran tres elementos: el fumus boni iuris o apariencia de buen derecho, el periculum in mora o perjuicio de la mora, y la ponderación de intereses, sin que su decreto implique prejuzgamiento. Las razones que la sostienen son tres: la medida es un instrumento provisional que no decide el fondo del litigio, debe justificar la urgencia del daño que pretende evitar, y su necesidad depende de que el objeto de la medida siga vigente. En el caso, la solicitud de suspender un procedimiento administrativo sancionatorio perdió objeto, porque la entidad decidió por sí misma terminar y archivar la investigación, por lo que se confirmó el auto que negó la medida. El documento no indica que reitere, unifique o matice precedente; la consecuencia práctica es que la medida cautelar debe solicitarse mientras el acto cuya suspensión se pide siga produciendo efectos.síntesis automática
También resuelve: ¿La petición de la medida cautelar de suspensión del procedimiento administrativo sancionatorio carece en la actualidad de objeto?
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Colombia Compra Eficiente Concepto

La Guía señala que “cuando la Entidad Estatal declara la caducidad, el incumplimiento o la terminación del contrato estatal, o cuando se presenta la nulidad del contrato estatal, la sociedad fiduciaria debe reintegrar los recursos del anticipo a la Entidad Estatal”.

C-812 de 2026 2026-06-09
¿Cuál es el alcance y naturaleza del anticipo y los mecanismos para su adecuada administración y control?
El anticipo es una suma que la entidad entrega al contratista para apalancar financieramente los costos iniciales de la ejecución del contrato, cuyo monto no puede exceder el cincuenta por ciento del valor del contrato y que debe amortizarse conforme avance la ejecución. Esta postura se apoya en tres razones. Primera, el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 permite pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos en los contratos estatales. Segunda, el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 exige que, en los contratos de obra, concesión o salud que no sean de menor o mínima cuantía, o en los celebrados por licitación pública, el contratista constituya una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable que maneje los recursos desembolsados, para garantizar que se destinen exclusivamente a la ejecución del contrato. Tercera, el anticipo nace de la autonomía de la voluntad de las partes y genera obligaciones recíprocas: la entidad debe entregar el valor pactado y el contratista debe destinarlo a la ejecución, pues los recursos entregados son del erario. Antes de pactarlo, la entidad debe realizar un estudio de conveniencia, y puede definir sus condiciones de entrega y amortización.síntesis automática
También resuelve: Anticipo: regulación normativa, definición jurisprudencial, autonomía de la voluntad, derechos y obligaciones recíprocos Mecanismos de control y seguimiento: patrimonio autónomo irrevocable, plan de inversión, garantía única de cumplimiento Perdida de competencia: medio de control de controversias contractuales, liquidación judicial
Consejo de Estado Providencia

El juez de segunda instancia examina la decisión exclusivamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante.

Sentencia — Sentencia 2026-10-05 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 66001233300020160067204 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe el juez de segunda instancia analizar los reparos del recurso de apelación que son genéricos y no controvierten concretamente las razones por las cuales el a quo desestimó los cargos de nulidad? No
El juez de segunda instancia limita su competencia funcional al examen de la providencia recurrida únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante en el escrito de sustentación. En la sentencia proferida, el Consejo de Estado rechaza por genéricos los argumentos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la decisión del tribunal que desestimó los cargos de nulidad de actos administrativos contractuales, destacando que el artículo 320 y el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012 exigen señalamientos precisos sobre las razones de inconformidad, sin que proceda un análisis oficioso de inconformidades abstractas sobre la ruptura del equilibrio contractual.síntesis automática
También resuelve: ¿La alegada ruptura de la ecuación económica del contrato constituye una causa que exonere al contratista de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales? ¿Pierde la entidad estatal contratante la competencia para declarar la caducidad del contrato cuando el contratista ha demandado previamente ante el juez del contrato el incumplimiento de la entidad… ¿Puede el juez de lo contencioso administrativo estudiar el cargo de falta de competencia de la entidad que expidió el acto administrativo demandado…
COSA JUZGADA
Consejo de Estado Providencia

¿Se acreditó la culpa grave de los demandados en repetición?

Sentencia — Sentencia 2025-07-17 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 17001233300020190002001 LEY 1437 REPETICION
¿Se acreditó la culpa grave de los demandados en repetición? No
El contratista no acredita la culpa grave de los demandados en un medio de control de repetición, ya que la Sala determina que la única prueba presentada, un estudio técnico para la restructuración de la planta de personal, no demuestra la autoría ni la responsabilidad de los demandados en su elaboración. Además, la decisión de modificar la planta de personal fue adoptada por el Consejo Directivo de la Industria Licorera de Caldas, órgano competente según la ordenanza de la Asamblea Departamental de Caldas, y no por los demandados. La Sala reitera que para prosperar la acción de repetición es necesario acreditar la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal, lo que no se logra en este caso, por lo que confirma la decisión de negar las pretensiones de la demanda.síntesis automática
También resuelve: ¿No se acreditó la existencia de culpa grave por parte de los demandados? ¿En los casos en que el Estado es obligado a reparar un daño debe repetir contra su agente cuando la condena ha sido el resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa de este? ¿La condición de agentes estatales de los demandados está acreditada, según las resoluciones de nombramiento y las actas de posesión?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Convenio interadministrativo: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-05-20 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 76001233100020020129001 ACCION CONTRACTUAL
¿ Cuando la entidad estatal aún tiene competencia para liquidar unilateralmente el contrato puede solicitar su liquidación judicial? No
El contratista no puede solicitar la liquidación judicial del contrato cuando la entidad estatal aún tiene competencia para liquidarlo unilateralmente, ya que esta prerrogativa es irrenunciable y su ejercicio corresponde exclusivamente a la administración pública. La Sala establece que la jurisdicción contenciosa administrativa no puede usurpar las funciones que la ley ha asignado a la administración, limitándose a controlar la legalidad de los actos administrativos en caso de controversia. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y reafirma la obligación de la administración de ejercer sus competencias conforme a la ley, evitando la renuncia o delegación de sus funciones.síntesis automática
También resuelve: ¿En los convenios interadministrativos de tracto sucesivo, cuando las partes no logren un acuerdo sobre el cruce final de cuentas… ¿En el grado jurisdiccional de consulta, el juez está habilitado para revisar oficiosamente todos los aspectos que puedan llegar a comprometer la legalidad de la condena? ¿El objeto de la Jurisdicción Contencioso Administrativa es de naturaleza eminentemente contradictorio?
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Pérdida de competencia de la amdinistración: no hacerlo conduce a la ineptitud de la demanda

25000233600020090093302 de 2025 2026-02-10 Sección Tercera Rad. 25000233600020090093302
El contratista pierde la competencia para liquidar unilateralmente un contrato estatal cuando se notifica el auto admisorio de la demanda que busca la liquidación judicial del negocio jurídico, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, que se basa en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. La Sala sostiene que la competencia temporal de la administración para ejercer sus facultades se verifica en el momento en que el acto administrativo es proferido, por lo que la entidad no pierde la competencia para liquidar el contrato hasta que se presente la demanda. Esta decisión reitera y matiza la interpretación anterior, estableciendo que la notificación del auto admisorio, no la presentación de la demanda, es el hito que produce la pérdida de competencia, lo que implica que los actos administrativos proferidos antes de la notificación del auto admisorio mantienen su validez y efectividad.síntesis automática
También resuelve: Pérdida de competencia de la amdinistración: liquidación del contrato estatal –– posturas, auto admisorio de la demanda, presentación de la demanda Existencia del acto administrativo: manifestación de la voluntad de la administración, órgano emisor, requisito de existencia del acto administrativo Competencia temporal de la administración: se verifica al momento en que el acto es proferido
Consejo de Estado Providencia

Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida

Sentencia — Sentencia 2024-06-17 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 23001233100020080023301 ACCION CONTRACTUAL
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida por un tribunal administrativo, en virtud de la cuantía? Sí
Cuando la pretensión mayor de la demanda supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de la apelación contra la sentencia de un tribunal administrativo, según el artículo 129 del CCA. La regla se sostiene en tres razones: la jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, conforme al artículo 82 del mismo código, modificado por la Ley 1107 de 2006; la apelación de las sentencias de los tribunales se resuelve en esa instancia; y el valor de la pretensión mayor se determina según el artículo 20, numeral 2, del Decreto 1400 de 1970, con el umbral del artículo 132, numeral 5, del CCA. En el caso, la pretensión mayor superó el umbral legal y la corporación confirmó la sentencia apelada. El documento también examina la oportunidad de la demanda frente al vencimiento del plazo para liquidar, pero no fija una regla general distinta; la consecuencia práctica es que la cuantía de la pretensión mayor, a la fecha de la demanda, determina la competencia en segunda instancia.síntesis automática
También resuelve: ¿La acción de controversias contractuales fue interpuesta dentro de los dos años siguientes al del vencimiento del plazo pactado por las partes para concertar la liquidación? ¿Procede la valoración de la copia simple de documento? ¿El juez puede decretar pruebas de oficio para esclarecer puntos oscuros o dudosos de la contienda hasta antes de dictar sentencia?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

A la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde el conocimiento del presente asunto, en tanto la controversia gira en torno al contrato suscrito entre una unión temporal y la Superintendencia de Notariado y Registro, entidad descentralizada de naturaleza estatal.

Sentencia — Sentencia 2025-10-21 Sección Tercera (Subsección C) ADRIANA POLIDURA CASTILLO Rad. 25000232600020090093302 ACCION CONTRACTUAL
¿A la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde el conocimiento del presente asunto, en tanto la controversia gira en torno al contrato suscrito entre una unión temporal y la Superintendencia de Notariado y Registro, entidad descentralizada de naturaleza estatal? Sí
El juez de segunda instancia cuenta con la potestad de pronunciarse oficiosamente sobre todas las cuestiones necesarias para proferir una decisión de mérito, incluso cuando no hayan sido propuestas en los recursos de apelación, conforme a la jurisprudencia unificada de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En este caso, la Sala revocó la sentencia de primera instancia al advertir que se configuró la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, ya que la resolución que liquidó unilateralmente el contrato fue conocida antes de que quedara en firme el auto admisorio de la demanda, sin que la parte actora adicionara la pretensión de nulidad contra el acto administrativo de liquidación unilateral del contrato. Además, la notificación del auto admisorio de la demanda en la que se pide la liquidación judicial del contrato es el hito que produce la pérdida de competencia de la entidad para liquidarlo unilateralmente, mientras aquel acuerdo no haya sido liquidado unilateral o bilateralmente, según la interpretación mayoritaria de la Corporación basada en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.síntesis automática
También resuelve: ¿El juez de segunda instancia cuenta con la potestad de pronunciarse oficiosamente sobre las cuestiones necesarias para proferir una decisión de mérito… ¿La notificación del auto admisorio de la demanda en la que se pide la liquidación judicial del contrato es el hito que produce la pérdida de competencia de la entidad para liquidarlo unilateralmente? ¿Para que un acto administrativo exista necesita que quien lo expida sea una autoridad, el órgano emisor es un elemento de la existencia…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La administración conserva competencia para liquidar el contrato respaldada por la presunción de legalidad del acto de caducidad vigente.

Aclaración voto — Aclaración de voto 2026-07-15 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 25000232600020000089701 ACCION CONTRACTUAL
¿Configura la declaratoria de nulidad del acto administrativo de caducidad del contrato una pérdida de competencia sobreviniente respecto de la liquidación unilateral? No
La administración pública se reputa competente para adoptar decisiones contractuales con base en la presunción de legalidad de los actos administrativos que se encuentren vigentes al momento de su expedición. En esta aclaración de voto se examinan los efectos de la declaratoria de nulidad de un acto de caducidad sobre la posterior liquidación unilateral del contrato, precisando que dicha anulación no genera una pérdida de competencia sobreviniente con efectos retroactivos capaces de invalidar la potestad ejercida por la entidad. Se destaca que al momento de adoptar la liquidación subsistía la presunción de legalidad del acto de caducidad, y se enfatiza en la aplicación del principio pro homine y la interpretación del artículo 136 del Decreto Ley 01 de 1984 en armonía con la jurisprudencia constitucional sobre la efectividad de los derechos de acceso a la administración de justicia.síntesis automática
También resuelve: ¿Garantiza la interpretación del artículo 136 del CCA acogida por la Sala la efectividad del principio pro homine y el acceso a la administración de justicia de la entidad contratante?
Consejo de Estado Providencia

La entidad estatal conserva la competencia para declarar la caducidad contractual mientras no se notifique el auto admisorio de la demanda.

Aclaración voto — Aclaración de voto 2026-10-05 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 66001233300020160067204 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La entidad estatal pierde competencia para declarar la caducidad del contrato cuando el contratista ha presentado una demanda arbitral sustentada en los mismos hechos y fundamentos, pero aún no se ha notificado el auto admisorio de dicha demanda? No
La entidad estatal conserva la competencia para declarar administrativamente la caducidad del contrato estatal en tanto no se encuentre debidamente notificado el auto admisorio de la demanda arbitral o judicial que ventile los mismos hechos. En la aclaración de voto emitida, el consejero precisa que la falta de notificación del auto que admitió la demanda impedía considerar que la administración había perdido competencia, resultando innecesario invocar consideraciones sobre la continuidad en la prestación de los servicios públicos para justificar la validez de la declaratoria de caducidad adoptada conforme a la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado.síntesis automática