Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.
68001233300020170015801 de 20262026-04-20Sección TerceraRad. 68001233300020170015801
El contratista no puede invocar la lesión enorme en un contrato de promesa de compraventa, ya que esta figura se aplica exclusivamente a la compraventa propiamente dicha, donde se establece una obligación de dar, mientras que la promesa de contrato implica una obligación de hacer. Además, la jurisprudencia ha establecido que la controversia derivada de la ejecución de actividades sin el respaldo de un contrato en favor de entidades que deben aplicar el Estatuto General de Contratación Pública se regirá por las reglas de la reparación directa, salvo en casos excepcionales donde no exista razón jurídica para una acción contractual o extracontractual. En consecuencia, la pretensión basada en el enriquecimiento sin justa causa resulta improcedente cuando la controversia tiene su origen en un negocio jurídico determinado, lo que implica que el contratista debe buscar otras vías legales para su reclamo.síntesis automática
También resuelve:Adquisición de inmuebles por enajenación voluntaria y expropiación judicial: normatividad, plazo para iniciar proceso de expropiaciónLesión enorme en contratos estatales: ámbito de aplicación – contrato de compraventa, obligaciones en el contrato de compraventa, obligación de dar, obligaciones en el contrato de promesa de compraventa
05001233300020140044501 de 20252025-04-11Rad. 05001233300020140044501
El mandato puede conllevar o no la representación del mandante”. El proceso de enajenación voluntaria se encuentra regulado en el artículo 61 de la Ley 388 de 1997 y tiene como finalidad la adquisición de inmuebles por motivos de utilidad pública e interés social, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 9 de 1989, modificado por el artículo 58 de la Ley 388 de 1997. De este modo, se recuerda que los elementos de la esencia del contrato de promesa se encuentran definidos en el artículo 1611 del Código Civil, subrogado por el artículo 89 de la Ley 153 de 1887: La promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna, salvo que concurran las circunstancias siguientes: 3a.) Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época en que ha de celebrarse el contrato.
También resuelve:Contrato de mandato: definición, Código Civil artículo 2142, Código de Comercio artículo 2162, sin representaciónEnajenación voluntaria: regulación, aplicación Código civilContrato de promesa: elementos de la esencia, nulidad absoluta
¿Los procesos de enajenación voluntaria por parte de entidades estatales para adquirir predios están restringidos durante la Ley de Garantías Electorales?
El contratista puede adelantar procesos de enajenación voluntaria para adquirir predios durante el período de la Ley de Garantías Electorales, ya que dicha ley prohíbe la contratación directa sin convocatoria pública, pero no afecta las actuaciones administrativas preparatorias que no implican la celebración de un contrato formal. Esto incluye avalúos, ofertas de compra, negociaciones preliminares y demás trámites que no configuran contratación directa, permitiendo así que la gestión predial no se vea paralizada. Esta regla reitera y matiza precedentes anteriores, permitiendo a las entidades estatales continuar con la adquisición de predios mediante procedimientos administrativos preparatorios, siempre y cuando no se celebren contratos directos sin convocatoria pública.síntesis automática
También resuelve:Ley de garantías electorales: prohibición artículo 33, contratación directa, alcance, excepcionesEnajenación voluntaria: objeto, aplicación, Ley de Garantías Electorales, restricción
¿Los procesos de enajenación voluntaria por parte de entidades estatales para adquirir predios están restringidos durante la Ley de Garantías Electorales?
El contratista puede adelantar procesos de enajenación voluntaria para adquirir predios durante el período de la Ley de Garantías Electorales, ya que dicha ley prohíbe la contratación directa sin convocatoria pública, pero no afecta las actuaciones administrativas preparatorias del procedimiento de adquisición predial, como los avalúos, ofertas de compra y negociaciones preliminares, siempre y cuando no impliquen la celebración de un contrato definitivo. Esta posición reitera y matiza precedentes anteriores, permitiendo que las entidades estatales continúen con la gestión predial sin paralizar la adquisición de bienes necesarios, siempre que no se configuren supuestos de contratación directa.síntesis automática
También resuelve:Ley de garantías electorales: prohibición artículo 33, contratación directa, alcance, excepcionesEnajenación voluntaria: objeto, aplicación, Ley de Garantías Electorales, restricción
¿Es jurídicamente permitido que las entidades públicas y/o los contratistas de gestión predial celebren promesas de compraventa y escrituras públicas de compraventa durante el período electoral presidencial, o dichas actuaciones se encuentran restringidas por la Ley 996 de 2005?
El contratista y la entidad estatal deben abstenerse de celebrar promesas de compraventa y escrituras públicas de compraventa durante el período electoral presidencial, ya que estos actos jurídicos pueden considerarse contratos estatales y están sujetos a las restricciones establecidas en la Ley 996 de 2005, que prohíbe la contratación directa y la celebración de convenios interadministrativos que impliquen la ejecución de recursos públicos dentro de los cuatro meses anteriores a la jornada de votaciones, salvo excepciones específicas. Esta regla implica que las entidades estatales deben evaluar cuidadosamente cada caso concreto para determinar si estos actos jurídicos están sujetos a las prohibiciones de la Ley de Garantías Electorales, lo que puede limitar significativamente la capacidad de las entidades para adquirir bienes inmuebles durante este período.síntesis automática
También resuelve:Ley de garantías electorales: finalidad, restricciones, contratación, tipos de elecciónEnajenación voluntaria: Ley de Garantías Electorales, aplicación
¿Los procesos de enajenación voluntaria por parte de entidades estatales para adquirir predios están restringidos durante la Ley de Garantías Electorales?
El contratista puede adelantar procesos de enajenación voluntaria para adquirir predios durante la vigencia de la Ley de Garantías Electorales, ya que dicha ley prohíbe la contratación directa sin convocatoria pública, pero no afecta las actuaciones administrativas preparatorias del procedimiento de adquisición predial, como los avalúos, ofertas de compra y negociaciones preliminares, siempre y cuando no impliquen la celebración de un contrato definitivo. Esta interpretación reitera y matiza precedentes anteriores, permitiendo a las entidades estatales continuar con la gestión predial sin paralizar la adquisición de bienes necesarios, siempre que no se configuren supuestos de contratación directa.síntesis automática
También resuelve:Ley de garantías electorales: prohibición artículo 33, contratación directa, alcance, excepcionesEnajenación voluntaria: objeto, aplicación, Ley de Garantías Electorales, restricción
¿Las entidades territoriales pueden adelantar procesos de enajenación directa o cesión de bienes fiscales a particulares durante la vigencia de la Ley de Garantías Electorales, o dichas actuaciones se encuentran restringidas por dicha normativa?
El contratista puede adelantar procesos de enajenación directa o cesión de bienes fiscales a particulares durante la vigencia de la Ley de Garantías Electorales, ya que dicha normativa prohíbe la contratación directa pero no afecta los procedimientos administrativos de adquisición predial, que tienen finalidad, etapas y reglas propias y no se rigen por el régimen general de contratación estatal. Esta interpretación se basa en que la prohibición del artículo 33 de la Ley 996 de 2005 se refiere específicamente a contratos celebrados sin convocatoria pública y pluralidad de oferentes, excluyendo así las modalidades que sí requieren estas condiciones. Esto implica que las entidades territoriales pueden continuar con estos procedimientos sin restricciones, garantizando la continuidad de la gestión predial y la realización de actos administrativos necesarios para la utilidad pública e interés social.síntesis automática
También resuelve:Ley de garantías electorales: prohibición artículo 33, contratación directa, alcance, excepcionesEnajenación voluntaria: objeto, aplicación, Ley de Garantías Electorales, restricción
¿Los procesos de enajenación voluntaria para adquisición predial que implican la celebración de ciertos contratos por parte de entidades estatales están restringidos durante la Ley de Garantías Electorales?
El contratista puede celebrar contratos mediante el procedimiento de enajenación voluntaria para adquisición predial durante el período de la Ley de Garantías Electorales, ya que esta restricción se refiere específicamente a la contratación directa sin convocatoria pública y pluralidad de oferentes, excluyendo así las modalidades de contratación que implican una convocatoria abierta. Esta interpretación se basa en la naturaleza especial y autónoma del procedimiento de adquisición predial, regulado por leyes específicas que lo eximen del régimen general de contratación estatal. Esta regla reitera y refuerza la jurisprudencia existente, permitiendo a las entidades estatales continuar con estos procedimientos sin interrupciones durante los períodos electorales.síntesis automática
También resuelve:Ley de garantías electorales: prohibición artículo 33, contratación directa, alcance, excepcionesEnajenación voluntaria: objeto, aplicación, Ley de Garantías Electorales, restricción
El recurso de apelación resulta procedente, comoquiera que fue interpuesto oportunamente y busca controvertir una providencia apelable, en los términos del numeral 1 del artículo 243 del C.P.A.C.A.
También resuelve:Daño antijuridico: indemnización, acción procedente, reparación directaCaducidad de la acciòn: seguridad jurídica, sanción, carga procesal de las partes, acción de reparación directaAdquisición de inmuebles por enajenación voluntaria: expropiación con fines de utilidad pública, uso de bienes inmuebles para la finalidad, término para el uso de los bienes inmuebles
¿La adquisición de predios mediante procesos de enajenación voluntaria por parte de entidades estatales se enmarca dentro de la contratación directa y, en consecuencia, está sujeta a las restricciones previstas en la Ley de Garantías Electorales?
La prohibición del artículo 33 de la Ley 996 de 2005 se refiere a la contratación directa de todos los entes del Estado durante los cuatro meses anteriores a las elecciones presidenciales, y alcanza cualquier sistema que no implique convocatoria pública y posibilidad de pluralidad de oferentes, por lo que excluye las demás modalidades de la Ley 1150 de 2007. El concepto relaciona la celebración con el perfeccionamiento del contrato estatal, que se produce cuando se logra acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se eleva a escrito, conforme a los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993. Varias disposiciones de la ley, al contener normas prohibitivas, deben interpretarse de manera restrictiva. El parágrafo del artículo 38, a su vez, aplica a cualquier contienda electoral y prohíbe la celebración de convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos. En la práctica, para determinar si la adquisición de predios mediante enajenación voluntaria queda sujeta a la restricción, la entidad debe establecer si el procedimiento constituye contratación directa en el sentido de la norma y cuál es la fecha de perfeccionamiento del acto.síntesis automática
También resuelve:Ley de garantías electorales: finalidad, tipos de restricciones, ámbito temporal, celebraciónEnajenación voluntaria: objeto, aplicación, Ley de garantías electorales, restricción
¿La celebración de promesas de compraventa o escrituras públicas por parte de entidades estatales para adquirir predios se considera que se adelante por contratación directa y, por tanto, está restringida durante la Ley de Garantías Electorales?
El contratista no puede celebrar promesas de compraventa o escrituras públicas para adquirir predios mediante contratación directa durante los cuatro meses anteriores a las elecciones presidenciales, ya que la Ley de Garantías Electorales prohíbe la contratación directa salvo excepciones específicas, y estas formalidades se consideran contratación directa al no implicar convocatoria pública y pluralidad de oferentes. Esta regla reitera y matiza precedentes, limitando las modalidades de contratación directa durante el período electoral y exigiendo que las entidades estatales utilicen otras modalidades como licitación pública o selección abreviada para adquirir bienes inmuebles en ese lapso, a menos que se apliquen las excepciones contempladas en la ley.síntesis automática
También resuelve:Ley de garantías electorales: finalidad, tipos de restricciones, ámbito temporal, celebración- límiteEnajenación voluntaria: objeto, aplicación, Ley de Garantías Electorales, restricción
¿Cuál es el marco jurídico para la aplicación de la Ley de Garantías Electorales a los procesos que adelanten las entidades para la adquisición o mantenimiento de áreas de interés para acueductos municipales, distritales y regionales regulada en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993?
El contratista debe evaluar si la contratación directa para adquirir o mantener áreas de interés para acueductos municipales, distritales y regionales está sujeta a las restricciones de la Ley 996 de 2005, conocida como Ley de Garantías Electorales, considerando que esta ley prohíbe la celebración de contratos directos durante los cuatro meses anteriores a las elecciones presidenciales, salvo excepciones, y también prohíbe convenios interadministrativos que impliquen la ejecución de recursos públicos en el mismo período para cualquier tipo de elección. La entidad estatal debe determinar en cada caso concreto si la contratación específica se enmarca dentro de estas prohibiciones, sin que exista un supuesto de exoneración por tener un régimen especial de los actos o contratos, ya que la posibilidad de que los entes del Estado utilicen la contratación con fines políticos puede presentarse tanto en la contratación regulada por la Ley 80 de 1993 como en la regida por el derecho privado o normas especiales.síntesis automática
También resuelve:Ley de garantías electorales: finalidad, restricciones, contratación, tipos de elecciónEsquemas asociativos territoriales: régimen contractual, conformación, convenios interadministrativosLey 99 de 1993: Artículo 111, Ley de garantías, aplicación
25000233600020170158001 de 20262026-09-07Sección TerceraRad. 25000233600020170158001
El contratista no puede acudir a la acción rescisoria por lesión enorme más allá del término de dos años previsto en el artículo 164 numeral 2 literal j del CPACA, que desplaza el plazo de cuatro años del Código Civil, y este término se computa desde el cumplimiento del objeto contractual, no desde la celebración del contrato o el registro de la escritura pública, conforme a la interpretación reciente del Consejo de Estado que privilegia la regla especial para contratos de ejecución instantánea. Esta interpretación, además, favorece el acceso a la justicia en concordancia con el principio pro actione y es relevante para contratos de compraventa, donde el cumplimiento del objeto implica la entrega y pago de la cosa vendida, según el Código Civil. La Sala reitera su posición sobre la naturaleza objetiva de la lesión enorme, que se basa en la desproporción entre el precio pactado y el justo precio, independiente de la conducta de las partes, y sobre la aplicación del artículo 1947 del Código Civil a los contratos estatales por la Ley 80 de 1993, lo que implica que las partes deben demostrar la desproporción en el precio para reclamar lesión enorme.síntesis automática
También resuelve:Caducidad del medio de control de controversiasContractuales: lesión enorme, inaplicabilidad del artículo 1954 del Código Civil, norma especial, cpaca artículo 164 numeral 2 literal jLesión enorme: caducidad del medio de control de controversias contractuales, posturas jurisprudenciales, celebración del contrato, registro de la escritura pública
¿Cuáles son los presupuestos de la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para conocer asuntos de controversias contractuales? Sí
El contratista no puede ser condenado en costas si no se evidencia mala fe o temeridad, conforme al artículo 171 del Código Contencioso Administrativo. La Sala reitera que el Consejo de Estado es competente para conocer de apelaciones en segunda instancia cuando el monto de la controversia supera el límite establecido en el artículo 132 numeral 5 del mismo código. Además, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales se computa desde la fecha de perfeccionamiento del contrato, conforme al artículo 136 numeral 10 literal e) del CCA, y puede suspenderse en ciertas circunstancias, como la conciliación previa. En cuanto a la permuta de bienes inmuebles, la entidad estatal puede permutar bienes que no se utilicen cuando estos se apliquen a los fines para los cuales fueron adquiridos, conforme a los artículos 33 y 34 de la Ley 9 de 1989, sin desconocer la preferencia en compraventa establecida en el artículo 1958 del Código Civil. Esta interpretación permite que la entidad enajene bienes por permuta sin incurrir en nulidad, siempre y cuando el bien permutado sea destinado a un proyecto específico.síntesis automática
También resuelve:¿Cuáles son los presupuestos para el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales?¿Se permite la permuta de los bienes que no se utilicen cuando se apliquen a los fines para los cuales fueron¿Cuáles son los presupuestos para que proceda la condena en costas?
¿Resulta procedente, en el marco de las restricciones impuestas por la Ley de Garantías Electorales, que las entidades estatales adelanten procesos de adquisición de predios —ya sea mediante enajenación voluntaria o expropiación administrativa—?
La entidad estatal no puede adelantar procesos de adquisición de predios mediante enajenación voluntaria o expropiación administrativa durante los cuatro meses anteriores a las elecciones presidenciales, salvo que se trate de casos excepcionales como la defensa y seguridad del Estado, contratos de crédito público, emergencias educativas, sanitarias y desastres, o reconstrucción de infraestructura afectada por fuerza mayor, conforme a la interpretación restrictiva de la Ley de Garantías Electorales. Esta regla reitera y matiza precedentes sobre la interpretación de las restricciones electorales, limitando significativamente la capacidad de las entidades para realizar adquisiciones de predios en periodos cercanos a las elecciones, a menos que se cumplan con las excepciones específicas establecidas.síntesis automática
También resuelve:Ley de garantías electorales: finalidad, tipos de restricciones, ámbito temporal, celebraciónEnajenación voluntaria: objeto, aplicación, Ley de Garantías Electorales, restricciónExpropiación administrativa: procedencia, Ley de Garantías Electorales, finalidades, condiciones
¿La suscripción de contratos previos a la servidumbre dentro de los procesos de enajenación voluntaria por motivos de utilidad pública, mediante los cuales se perfecciona la negociación predial para la ejecución de proyectos públicos de infraestructura de servicios públicos, se encuentra restringida por lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 996 de 2005?
Para dar solución al problema jurídico planteado en la consulta, se precisa que a partir de la definición legal del contrato de servidumbre y del procedimiento de enajenación voluntaria o negociación directa previsto en el artículo 38 de la Ley 1682 de 2013, desarrollado por el artículo 2 del Decreto 738 de 2012, se enmarca en un régimen especial orientado a facilitar la ejecución de proyectos de infraestructura. En este contexto, se concluye que existe una limitación a la aplicación del artículo 33 de la Ley 996 de 2005 respecto de la suscripción del contrato de servidumbre, en la medida en que este sí constituye un contrato bajo un procedimiento directo, esto es, sin pluralidad de oferentes, entre la entidad pública y el particular.
También resuelve:Ley de garantías electorales: finalidad, tipos de restricciones, ámbito temporal, celebraciónEnajenación voluntaria: objeto, aplicación, Ley de Garantías Electorales, restricciónExpropiación administrativa: no sujeción, Ley de Garantías Electorales, contratación directa
¿Se acreditó una desproporción entre el valor real del bien inmueble y el valor pagado dentro del contrato de compraventa, que configure una lesión enorme? No
La lesión enorme en la compraventa de un bien inmueble por una entidad pública exige demostrar una desproporción real entre el valor del bien y el precio pagado, y que el juez no está obligado a decretar un nuevo dictamen ni a proferir condena en abstracto cuando no existe duda sobre el precio real ni se acreditó la responsabilidad patrimonial. Una razón es que los avalúos practicados en el proceso desconocieron las condiciones especiales del predio que fundaron el precio pactado, y se apoyaron en un hecho futuro e incierto, por lo que no justificaron su conclusión. Otra razón es que el precio se fijó con un dictamen legalmente practicado por la entidad adquirente, y las pruebas posteriores no cumplían los requisitos y protocolos legales, de modo que carecían de validez probatoria. En el caso, la Sala confirmó la negación de las pretensiones y explicó que la condena en abstracto solo procede cuando se acreditan la responsabilidad y el daño, y no el monto. Su consecuencia práctica es que el demandante que alega lesión enorme debe probar el valor real del bien con un dictamen que cumpla los requisitos legales.síntesis automática
También resuelve:¿Las partes de un contrato pueden sufrir lesión enorme cuando el precio pagado o recibido difiere sustancialmente del justo precio?¿La determinación del precio de adquisición en los procesos de enajenación voluntaria por causas de utilidad pública o interés social…¿El Instituto Geográfico Agustín Codazzi fijó las metodologías valuatorias admisibles para determinar el valor de bienes inmueble…
¿Para determinar la oportunidad de la acción de controversias contractuales cuyo objeto se circunscribe a establecer si en la compraventa celebrada entre las partes existió desproporción entre el valor real del bien y el valor pagado en los términos exigidos en la ley para que se configure la lesión enorme, resultan relevantes las épocas de las presuntas afectaciones del predio a utilidad pública, cuando la demanda no está encaminada a obtener reparación por esas presuntas afectaciones? No
El contratista no debe considerar relevantes las épocas de presuntas afectaciones del predio a utilidad pública para determinar la oportunidad de la acción de controversias contractuales que busca establecer si en la compraventa celebrada entre las partes existió desproporción entre el valor real del bien y el valor pagado, ya que la demanda no busca reparación por esas afectaciones. La oportunidad de la acción se determina a partir del perfeccionamiento del negocio jurídico, es decir, desde el otorgamiento de la escritura pública, y no desde eventos posteriores no relacionados con el objeto de la controversia. La regla establece que el término de caducidad para accionar en controversias contractuales es de dos años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho correspondientes, lo que implica que la acción es oportuna si se presenta dentro de este plazo, ajustándose a los días hábiles y considerando la vacancia judicial. Esta regla reitera y matiza precedentes sobre la determinación de la oportunidad de la acción de controversias contractuales, permitiendo una interpretación más flexible y ajustada a la realidad de los casos.síntesis automática
También resuelve:¿Resultan aplicables a la adquisición de inmuebles por parte de las entidades públicas por ventas no forzadas, las normas civiles propias de la compraventa relativas a la lesión enorme?¿El vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende…¿La verificación judicial de la lesión enorme se limita en forma objetiva al precio, sin que se imponga para su configuración la prueba de un vicio en el consentimiento o la intención de alguno de…
¿Pueden valorarse, como medios de prueba, los documentos que fueron aportados en copia simple, que estuvieron a disposición de la parte contra la que se aducen y no fueron tachados de falsos? Sí
El contratista puede presentar documentos en copia simple como medios de prueba, siempre y cuando estos hayan estado a disposición de la parte contraria durante el proceso y no hayan sido tachados de falsos, reiterándose así el criterio establecido por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En el caso concreto, los accionantes alegan lesión enorme en la compraventa de un bien inmueble, aportando un dictamen pericial que fue objeto de objeción por error grave por parte de la entidad estatal, pero que finalmente fue considerado válido por el juez, quien determinó que el perito cumplió con su cometido al calcular el valor comercial del bien para la fecha de celebración del contrato, a pesar de las críticas metodológicas. Sin embargo, el dictamen pericial fue cuestionado por su base en precios de una fecha posterior a la celebración del contrato, lo que implica que la valoración del dictamen debe considerar la descontaminación de la plusvalía generada por el anuncio del proyecto u obra que constituye el motivo de utilidad pública para la adquisición, según lo dispone la Ley 388 de 1997. Esta regla implica que los peritos deben ser rigurosos en su metodología y considerar las variables temporales que afectan el valor de los bienes inmuebles en procesos de enajenación voluntaria.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la lesión enorme en los procedimientos de enajenación voluntaria de inmuebles, en lo relacionado con el reajuste de precio mas no, por imposible, la rescisión del contrato?¿El avalúo rural presentado por la demandante tiene la naturaleza de informe de experto o técnico, el cual debe valorarse como prueba documental de acuerdo con la sana crítica?
¿Se acreditó que el pago recibido por el demandante fue inferior a la mitad del justo precio del inmueble objeto de compraventa, para dar lugar a la declaratoria de responsabilidad por lesión enorme? No
En la compraventa de inmuebles, la lesión enorme solo se configura cuando el precio pagado al vendedor es inferior a la mitad del justo precio del bien, y su prueba corresponde a quien la alega. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el justo precio se establece con los avalúos comerciales que obren en el proceso y que no hayan sido objetados por las partes, pues estos constituyen el parámetro probatorio. Segunda, la falta de prueba que demuestre que el precio pagado quedó por debajo de esa mitad impide declarar la lesión, sin que la sola diferencia de valor sea suficiente. En el caso, dos avalúos comerciales previos a la celebración del contrato fueron integrados al proceso y no fueron objetados, y la providencia confirma que la lesión no quedó demostrada. En la práctica, quien invoque la lesión enorme debe aportar un avalúo técnico que determine el precio del inmueble al momento de la venta y que sea consistente con las demás pruebas del proceso.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato de compraventa de bien inmueble celebrado entre la sociedad demandante y el Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil…¿La acción rescisoria por lesión enorme debe ser invocada cuando se advierta un desfase entre lo pagado en el contrato de compraventa y el justo precio del bien inmueble?¿Las pretensiones indemnizatorias por lesión enorme deben desestimarse, al haberse pactado el contrato de compraventa del bien inmueble como cuerpo cierto y el demandante no discute ni reclama por la…