Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-05-09Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 76001233300720160029502LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe reconocerse a favor del demandante la suma actualizada correspondiente al lucro cesante derivado de las utilidades dejadas de percibir? Sí
El contratista no puede obtener la suma actualizada correspondiente al lucro cesante derivado de las utilidades dejadas de percibir cuando no cumple con los requisitos establecidos en el Código General del Proceso para la petición de prueba testimonial, específicamente al no enunciar de manera concreta los hechos objeto de la prueba. La Sala confirma la decisión del tribunal que niega el decreto de prueba testimonial, al no cumplirse con la carga de la prueba impuesta por el artículo 212 del CGP. Además, el despacho establece que las normas procesales son de orden público y de obligatorio cumplimiento, por lo que no pueden ser modificadas, derogadas ni sustituidas por las partes o por el juez sin una autorización legal expresa, lo que implica que el juez debe respetar estrictamente los procedimientos establecidos en la ley para la admisión de la prueba.síntesis automática
También resuelve:¿Pueden las normas procesales ser modificadas por las partes o por el juez sin autorización legal expresa?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de impulso procesal2022-04-22Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 50001233100020100044901ACCION CONTRACTUAL
Solicitud de impulso procesal Sí
El juez está obligado a dictar las sentencias en el orden en que los expedientes ingresaron al despacho para tal fin, conforme al artículo 18 de la Ley 446 de 1998. En la actualidad, el Despacho está proferiendo sentencias en procesos contractuales que ingresaron en 2016, por lo que un proceso que ingresó para sentencia el 26 de enero de 2022 será resuelto cuando le corresponda su turno dentro del calendario anual. Se requiere a las partes para que informen su dirección de notificaciones electrónicas y se les advierte que deben comunicar cualquier modificación en la información de los canales de comunicación electrónica, en cumplimiento del artículo 20 del Decreto 806 de 2020. Esta regla reitera la importancia de cumplir con los plazos y procedimientos establecidos para el avance de los procesos contractuales, y subraya la necesidad de mantener actualizada la información de contacto para notificaciones judiciales.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud2022-03-11Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 44001233300020130013501LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Acepta renuncia de poder Sí
El contratista o entidad pública debe aceptar la renuncia del apoderado judicial presentada por el abogado conforme a los requisitos establecidos en el inciso cuarto del artículo 76 del Código General del Proceso, siempre y cuando dicha renuncia se haga en el marco legal y procedimental adecuado. La Sala reitera la importancia de que las entidades y contratistas designen nuevos apoderados judiciales y comuniquen cualquier cambio en los canales de notificación electrónica, en cumplimiento con el artículo 2º del Decreto 806 de 2020, lo que garantiza la continuidad y efectividad del proceso judicial.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud2022-03-11Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 25000233600020160246901LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Acepta renuncia de poder Sí
El contratista o entidad estatal puede aceptar la renuncia del apoderado judicial presentada por la abogada portadora de la tarjeta profesional del Consejo Superior de la Judicatura, siempre y cuando dicha renuncia cumpla con los requisitos establecidos en el inciso cuarto del artículo 76 del Código General del Proceso. En este caso, la renuncia presentada por la abogada como apoderada de la Alcaldía Mayor de Bogotá fue aceptada, lo que implica la terminación del poder del apoderado judicial en el proceso. Además, se requiere a la entidad para que designe un nuevo apoderado judicial y se advierte a los sujetos procesales sobre la necesidad de informar y actualizar sus direcciones de notificaciones electrónicas en cumplimiento del Decreto 806 de 2020.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que admite recurso de apelación2022-04-01Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 47001233300020190059201LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Apelación de sentencia Sí
ADMÍTESE el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público en contra la sentencia… proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, de conformidad con el artículo 247 CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
Auto interlocutorio — Auto que admite recurso de apelación2023-09-04Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZRad. 44001234000020140000101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede la admisión de los recursos de apelación presentados por las partes en contra de la sentencia proferida? Sí
Por ser procedente al tenor de lo dispuesto en los artículos 243 y 247 de la Ley 1437 de 2011 modificados por los artículos 62 y 67 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, admítense los recursos de apelación presentados por las partes en contra de la sentencia proferida el 9 de noviembre de 2022. Notifíquese esta providencia al Ministerio Público de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 198 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
También resuelve:¿Se requiere a la abogada para que inscriba en el Registro Nacional de Abogados
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud2022-03-11Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 41001233300020120018402LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Acepta renuncia de poder Sí
El contratista acepta la renuncia del poder presentada por el abogado defensor, siempre que esta cumpla con los requisitos establecidos en el inciso cuarto del artículo 76 del Código General del Proceso. En este caso, la renuncia fue aceptada por la entidad estatal conforme al memorial del 10 de febrero de 2022, presentado por la abogada portadora de la tarjeta profesional No. 46.871 del Consejo Superior de la Judicatura, quien actuaba como apoderada de la entidad pública demandada. Además, se reconoce personería judicial a la nueva abogada defensora portadora de la tarjeta profesional No. 288.470, conforme al poder otorgado y a lo dispuesto en los artículos 74 del Código General del Proceso y 5º del Decreto 806 de 2020. Se requiere a los sujetos procesales para que informen su dirección de notificaciones electrónicas y se advierte que en adelante deberán comunicar cualquier modificación en la información de los canales de comunicación electrónica en cumplimiento a lo previsto en el artículo 2º del Decreto 806 de 2020.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2022-03-11Sección Tercera (Subsección C)GUILLERMO SANCHEZ LUQUERad. 25000232600020080019101ACCION CONTRACTUAL
Recurso de reposición contra auto Sí
El artículo 67 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, establece que el poder de representación judicial debe ser conferido a un abogado inscrito, prohibiendo la otorgación a una persona jurídica con objeto de representación judicial. Por tanto, se confirma el auto recurrido y se reconoce personería al abogado defensor como apoderado de la Nación-Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de acuerdo con el artículo 5 del Decreto Legislativo 806 de 2020. Además, el artículo 308 del Código General del Proceso Administrativo establece que los procesos iniciados antes de su vigencia deben seguir rigiéndose y culminando conforme al régimen jurídico anterior, es decir, el Código Contencioso Administrativo, y en sus aspectos no regulados, el Código de Procedimiento Civil, no el Código General del Proceso, debido a que este último no estaba vigente al inicio de dichos procesos.síntesis automática
¿Las Resoluciones números 002359 de 28 de octubre y 002716 de 9 de diciembre, proferidas en el año 2014 por el Fontic, deben ser declaradas nulas, por haber infringido lo dispuesto en el artículo 9, numeral 2, literal e) del Decreto 1510 de 2013? No
El contratista no puede declarar nulas las resoluciones del Fontic de 2014 que incluyen la acreditación de requisitos habilitantes de experiencia e indicadores financieros a través de la sociedad matriz o controlante, ya que estas no vulneran el artículo 9, numeral 2, literal e) del Decreto 1510 de 2013, manteniendo así la presunción de legalidad de los actos administrativos. La entidad demandada ajustó su decisión a derecho al verificar que la sociedad actora cumplió con los requisitos de experiencia y equipo mínimo requerido, incluyendo al analista de redes de telecomunicaciones, sin infringir las normas aplicables. La Sala confirma la sentencia que denegó las pretensiones de nulidad, reiterando la jurisprudencia que establece que para prosperar la nulidad de un acto de adjudicación se deben cumplir ciertos requisitos. Además, se condena al actor en costas y agencias en derecho, conforme a la regulación vigente en la materia, salvo que se ventile un interés público.síntesis automática
También resuelve:¿Salvo que se ventile un interés público, procede la condena en costas en los eventos en los cuales se resuelve desfavorablemente el recurso de apelación?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de queja2026-10-13Sección Tercera (Subsección C)NICOLÁS YEPES CORRALESRad. 85001233300020210027801Controversias contractuales
¿Puede el juez tener por interpuesto de oficio el recurso de reposición que la parte omitió formular contra el auto que denegó la apelación, para dar trámite al recurso de queja? No
Todo sujeto procesal debe interponer el recurso de reposición en subsidio de la apelación denegada para habilitar el recurso de queja, de modo que el juez no puede suplir de oficio dicha omisión procesal al tratarse de normas de orden público y obligatorio cumplimiento. En esta providencia, el despacho declaró bien denegado el recurso de queja porque la parte demandante omitió formular el recurso de reposición contra el auto denegatorio de la apelación, recordando que el artículo 245 del CPACA y el artículo 353 del Código General del Proceso exigen la subsidiariedad como presupuesto ineludible de procedencia, sin que las facultades judiciales autoricen la creación oficiosa de impugnaciones.síntesis automática
También resuelve:¿Es aplicable el término de dos (2) días hábiles previsto en el numeral 2 del artículo 205 del CPACA para entender surtida la notificación de los autos notificados por estado electrónico…
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas2025-04-30Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 25000233600020190062901LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Resulta procedente conceder un término adicional para que el municipio de Chía revise los documentos aportados por la Procuraduría, cuando la Secretaría ya le había dado acceso para que consultara esa información en el expediente digital y el ente territorial no probó que la misma no reposaba en esa plataforma electrónica? No
Cuando el expediente se encuentra disponible para consulta en el aplicativo SAMAI, no es procedente conceder un término adicional para revisar documentos cuya disponibilidad no ha sido desvirtuada, pues la parte que alega que no pudo consultarlos debe probarlo. El traslado de piezas incorporadas al expediente electrónico se cumple cuando las partes tienen acceso efectivo a esa plataforma, con independencia de la afirmación genérica de que los documentos no estaban disponibles. En el caso concreto, la secretaría informó que el apoderado del ente territorial tuvo acceso al expediente electrónico y que los documentos remitidos por el órgano de control disciplinario estaban disponibles para consulta en el índice correspondiente, y el despacho lo verificó en su propia revisión. Además, el apoderado no aportó prueba que soportara su afirmación, de modo que la solicitud de un término adicional fue negada. Como consecuencia práctica, la parte que alegue la falta de acceso a una prueba debe acreditar esa circunstancia con soportes concretos, pues la afirmación genérica no conduce a la ampliación del traslado.síntesis automática
También resuelve:¿La Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado incumplió con el ordenamiento jurídico, al permitir que un abogado inscrito que no tenía la calidad de apoderado de las partes revisara el…¿Cuentan con valor probatorio los documentos aportados por el municipio de Chía, a pesar de que los mismos fueron allegados de manera extemporánea?¿Resulta procedente correr traslado a las partes para que presenten sus alegatos de conclusión, dado que la prueba decretada e incorporada al proceso fue puesta en conocimiento de los sujetos…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-02-27Sección Tercera (Subsección B)MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZRad. 25000233600020190026501LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede el decreto de la prueba testimonial, ante el incumplimiento del requisito establecido en el artículo 212 del CGP, referente a la enunciación de los hechos objeto de la prueba? No
El contratista no puede obtener el decreto de prueba testimonial cuando no enuncia con claridad los hechos que pretende acreditar, conforme al artículo 212 del Código General del Proceso, lo que impide al juez determinar la pertinencia de cada declaración. Además, si la solicitud de prueba no fue debidamente controvertida en el recurso de apelación, no es procedente analizar su aplicabilidad en segunda instancia. Sin embargo, si la parte actora cumple con los requisitos previstos en el artículo 266 del CGP y la entidad demandada omite entregar el expediente administrativo completo, es procedente decretar la exhibición de documentos para garantizar que el litigio se decida con toda la información necesaria.síntesis automática
También resuelve:¿Se debe analizar la aplicabilidad del artículo 212 del CGP, respecto de la declaración del representante legal del consorcio, a pesar de que dicho aspecto no fue controvertido en sede de apelación?¿Resulta procedente decretar la exhibición de documentos si la parte actora cumplió con los requisitos previstos en el artículo 266 del CGP y si la exigencia de consecución de los documentos es…¿Resulta procedente analizar la solicitud contenida en el recurso de apelación alusiva al decreto de prueba de oficio, a pesar de que en el auto recurrido no se hizo ninguna referencia sobre este…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-09-19Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 68001233300020250018601LEY 1437 REPETICION
¿El recurso de apelación cumplió los presupuestos para su procedencia? Sí
El juez contencioso administrativo computa el término de caducidad de la acción de repetición a partir del día siguiente a la fecha del pago o desde el vencimiento del plazo legal con que cuenta la administración para efectuarlo. De conformidad con el artículo 164 del CPACA, numeral 2, literal l, la demanda debe presentarse dentro del plazo de dos años contados desde dichos momentos, sin que resulte admisible contabilizar la caducidad únicamente desde el pago efectivo si este excede los plazos legales, pues ello contraviene la norma y genera inseguridad jurídica para los administrados.síntesis automática
También resuelve:¿Debe confirmarse la declaratoria de caducidad del medio de control de repetición cuando la demanda se presentó transcurridos más de dos años desde la fecha del pago o del vencimiento del plazo legal…¿Debe contarse el término de caducidad de la acción de repetición desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 del CCA para el pago de la condena…¿Debe aplicarse el término de caducidad previsto en el artículo 164 del CPACA, y no el ampliado por la Ley 2195 de 2022, cuando la condena que dio origen a la acción de repetición quedó ejecutoriada…
¿La propuesta del Consorcio AVETEC 2016 cumplió con la solicitud de subsanación hecha por la Aerocivil mediante el Acta 14 de 25 de mayo de 2016 y de conformidad con las reglas establecidas en el pliego de condiciones? Sí
Cuando el pliego de condiciones exige traducción oficial de los documentos de la oferta, ese requisito se predica de los documentos objeto de la apostilla y no de los sellos o certificados que acreditan el trámite, porque la Ley 455 de 1998 permite expedir la apostilla en un idioma distinto del castellano. Una razón es que los sellos de apostilla certificaron la autenticidad de la firma y la calidad de quien firmó, se expidieron en inglés, idioma autorizado por la ley, y contenían la información del modelo legal. Otra razón es que la entidad contratante aclaró durante el proceso de selección que el requisito de castellano solo aplicaba a los documentos apostillados, que estaban en español. En el caso, la Sala concluyó que el oferente cumplió la subsanación solicitada y que la entidad no vulneró las reglas del pliego al aceptar esos sellos, por lo que confirmó la negación de las pretensiones de nulidad. Su consecuencia práctica es que la exigencia de idioma del pliego debe interpretarse según el objeto que se certifica y no de forma extensiva.síntesis automática
También resuelve:¿El documento de subsanación denominado aclaración certificado de buena ejecución del fabricante, mediante el cual la firma fabricante…¿El oferente se encontraba habilitado técnicamente, en especial con relación al requisito de experiencia específica, que es lo controvertido por el apelante?¿La entidad contratante vulneró las reglas de subsanabilidad previstas en el pliego de condiciones o incurrió en alguna irregularidad durante la audiencia de adjudicación?
Sentencia — Sentencia2022-10-19Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZRad. 11001032600020210024200LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿El recurso extraordinario de anulación tiene como propósito replantear el debate sobre el fondo del proceso y puede ser utilizado como una segunda instancia? No
El recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral tiene como propósito replantear el debate sobre el fondo del proceso y no puede ser utilizado como una segunda instancia. La decisión que adoptan los tribunales de arbitramento constituye una verdadera decisión judicial dictada por particulares que ejercen, en forma transitoria, jurisdicción, y goza de las características de inmutabilidad y ejecutoriedad. Por ende, la posibilidad de controvertir las decisiones arbitrales mediante el recurso de anulación no constituye una instancia adicional, sino que, le corresponde efectuar un control fundado en la verificación del acatamiento de las causales precisas.síntesis automática
También resuelve:¿La negación del decreto de la prueba documental oportunamente solicitada por la parte convocante tuvo un preciso, pertinente…¿Se acreditaron los presupuestos para la configuración de la causal de nulidad del laudo arbitral consistente en haberse negado una prueba pedida oportunamente sin fundamento legal…¿Procede la condena en costas contra el recurrente al haberse declarado infundado el recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-09-06Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 85001233300020190012301LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se encuentran satisfechos los requisitos para que proceda el decreto de la medida cautelar solicitada? No
El contratista no cumple con los requisitos para obtener una medida cautelar de suspensión provisional, ya que no acredita un perjuicio irremediable ni la existencia de un menoscabo material que justifique la cautela, según el concepto del Ministerio Público. La entidad estatal, por su parte, puede efectuar pagos al contratista con recursos propios y no afecta la normativa legal o constitucional, siempre y cuando no se utilicen fondos del Sistema General de Regalías. Además, los gastos de funcionamiento quedan fuera de la destinación que los departamentos pueden dar a los recursos de las regalías, según la sentencia C-579 de 2001 de la Corte Constitucional. Por último, el Ministerio Público cumple con la carga de argumentación para interponer la demanda y solicitar la medida cautelar, en virtud de su facultad para defender el orden jurídico.síntesis automática
También resuelve:¿El demandado Instituto Financiero de Casanare, podría efectuar el pago al contratista sin perjudicar su patrimonio o ir en contra de alguna normatividad legal o constitucional?¿Los gastos de funcionamiento quedaron por fuera de la destinación que los departamentos podrían dar a los recursos de las regalías?¿La parte demandante cumplió con la carga de argumentación en relación con las razones de impetrar la demanda y requerir la cautela?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2025-03-31Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 11001032600020200013400LEY 1437 REPETICION
¿Puede el juez modificar el orden procesal para dictar sentencia anticipada antes de celebrarse la audiencia inicial? Sí
El juez puede modificar el orden procesal para dictar sentencia anticipada antes de celebrarse la audiencia inicial siempre que se cumplan las causales establecidas en el artículo 182A numeral 1 del Código General del Proceso Administrativo, y siga el procedimiento de pronunciarse sobre las pruebas, fijar el litigio y correr traslado para alegar de conclusión, sin alterar el orden establecido por la norma. Asimismo, el juez no puede decretar pruebas documentales que las partes no solicitaron previamente mediante derecho de petición, salvo que se demuestre que la petición no fue atendida o fue negada por razones de reserva legal, conforme a los artículos 78 y 173 del Código General del Proceso. Además, el juez no debe decretar una prueba testimonial cuando la parte interesada no ha precisado los hechos sobre los cuales versaría la declaración, ya que el artículo 212 del Código General del Proceso establece que es necesario enunciar concretamente los hechos objeto de prueba. Por último, la excepción de caducidad no es una excepción previa y debe resolverse en la sentencia, no antes de la audiencia inicial, como lo establece el artículo 175 del Código Procesal Administrativo y el artículo 101 del Código General del Proceso.síntesis automática
También resuelve:¿Puede el juez decretar pruebas documentales que las partes no solicitaron previamente mediante derecho de petición?¿Puede el juez decretar una prueba testimonial cuando la parte interesada no ha precisado los hechos sobre los cuales versaría la declaración?¿Debe la excepción de caducidad resolverse en la sentencia y no como excepción previa, en atención a que no se encuentra prevista en el listado taxativo del artículo 100 del Código General del…
¿Procede la condena en costas contra la entidad pública vencida en el medio de control de repetición? Sí
En el medio de control de repetición, la condena en costas tiene carácter objetivo valorativo, de modo que se impone a la parte vencida cuando en el expediente aparece que se causaron y en la medida de su comprobación, sin depender de la temeridad o la mala fe. La regla se apoya en el cambio que el CPACA introdujo frente al criterio subjetivo del Código Contencioso Administrativo y en las reglas del Código General del Proceso que regulan la liquidación de costas. Por ello, el juez debe pronunciarse sobre costas en toda sentencia y decidir si las condena o se abstiene según las pruebas de su causación. En el asunto, la entidad demandada vencida tuvo que incurrir en gastos para acudir al proceso, y la Sala modificó la sentencia en el punto pertinente a las costas. En la práctica, la condena en costas en repetición no depende de la conducta procesal de las partes sino de los gastos comprobados en el expediente.síntesis automática
También resuelve:¿Se condena en costas a la entidad demandante y se fijan las agencias en derecho en 3 SMLMV?¿La demandada compareció al proceso mediante apoderado judicial, quien realizó actividades de defensa judicial?¿El medio de control procedente es el de repetición porque se solicita declarar a los demandados patrimonialmente responsables del pago realizado en cumplimiento de una condena?
¿El contratista acreditó la configuración de la lesión enorme? No
El contratista no acredita la configuración de la lesión enorme al no probar el justo precio del inmueble al momento de la celebración del contrato de promesa de compraventa, según lo establece la carga de la prueba que le corresponde al accionante para fundamentar sus pretensiones. En este caso, la entidad estatal vendió un inmueble para el desarrollo de un proyecto de vivienda de interés social por un valor de $4.282.164.000, pero no se presentó prueba alguna que permita conocer el justo precio del bien en el momento del contrato, lo que implica que no se cumplió con la exigencia legal de acreditar que el valor del contrato era inferior a la mitad del justo precio. La Sala revocará la sentencia apelada por no haberse cumplido con la carga probatoria requerida, lo que implica que en casos similares, el contratista debe presentar pruebas periciales que demuestren el justo precio para configurar la lesión enorme.síntesis automática
También resuelve:¿Obra prueba que permita conocer el justo precio del bien al momento de la celebración del contrato de promesa?¿El comprador sufre lesión enorme cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella?¿La Ley 80 de 1993 prescribe que los contratos que celebren las entidades se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes?
¿La solicitud de conciliación prejudicial se presentó cuando ya había operado la caducidad? Sí
El término de 4 meses pactado para realizar la liquidación bilateral del contrato corrió entre el 4 de agosto y el 4 de diciembre de [2008] y el de 2 meses para que el Distrito lo hiciera unilateralmente, entre el 5 de diciembre de 2008 y el 5 de febrero de 2009, por lo cual el plazo para presentar la demanda operó entre el día 6 de esos mismos mes y año y el 6 de febrero de 2011. La solicitud de conciliación prejudicial se presentó el 13 de octubre de 2011, es decir, cuando ya había operado la caducidad, por lo cual no tuvo la virtualidad de suspender el término. Como la demanda se presentó el 12 de enero de 2012, se concluye que fue extemporánea. Al margen de la fecha en que se firmó la denominada acta de liquidación y más allá de los reproches que motivaron la alzada que se asociaron a tal aspecto, la demanda se presentó de manera extemporánea, lo que impone a la Sala confirmar la decisión de primera instancia.
También resuelve:¿Resulta cuestionable que la parte demandante pretenda desconocer lo consignado expresamente en el documento que ella misma aportó?¿Se conduce al supuesto de inexistencia de liquidación dado que tampoco hubo un acto unilateral que adoptara el balance final del negocio jurídico?¿En la interpretación de las normas que consagran la caducidad como en el análisis de los supuestos fácticos de cada caso, deben aplicarse los principios pro homine, pro actione y pro damato?