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INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA POR ENTRAMADO DE CORRUPCIÓN-Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular confirma parcialmente fallo de la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 3 contra Alcalde, secretarios, jefes y funcionarios de la Alcaldía de Alvarado (Tolima)
QUEJA DISCIPLINARIA-Suscripción, desarrollo, ejecución y pago de 12 contratos por valor total de $60.808.400 con contratista que manifestó no haber presentado propuestas, ni firmado ni ejecutado dichos bilaterales
FALSEDAD IDEOLOGICA EN DOCUMENTO PUBLICO-Extender comprobantes de egreso con información falsa constituye falta disciplinaria
FALSEDAD IDEOLOGICA EN DOCUMENTO PUBLICO-Utilización de contratos ficticios y servidores públicos de confianza para aparentar legalidad en la apropiación de recursos públicos dentro de un entramado de corrupción relacionado con el hermano del alcalde
FALSEDAD IDEOLOGICA EN DOCUMENTO PUBLICO-Secretario en calidad de alcalde encargado suscribió contrato estatal y dio visto bueno a otros con conocimiento del entramado de corrupción estructurado por el alcalde y su hermano mediante la celebración de contratos
FALSEDAD IDEOLOGICA EN DOCUMENTO PUBLICO-Secretaria de Hacienda y Tesorera (E) expidió y firmó comprobantes de egreso con información contraria a la realidad, pese a conocer el entramado de corrupción estructurado mediante la suscripción de contratos por parte del alcalde y su hermano
FALSEDAD IDEOLOGICA EN DOCUMENTO PUBLICO-Jefe de la Oficina de Planeación e Infraestructura suscribió actas de inicio, informes de supervisión y certificaciones contractuales con información contraria a la realidad, con conocimiento del entramado de corrupción gestado por el alcalde y su hermano
FALSEDAD IDEOLOGICA EN DOCUMENTO PUBLICO-Jefe de Oficina de Servicios Públicos firmó actas de cierre, de apertura como comité evaluador, informes de supervisión y certificaciones de cumplimiento de contratos con información alejada de la verdad y a sabiendas de entramado de corrupción
FALSEDAD IDEOLOGICA EN DOCUMENTO PUBLICO-Técnico operativo de la planta suscribió evaluación de propuesta y constancia de reunión con contratista con el fin de dar inicio al contrato ficticio y para efectuar su liquidación aspectos que no ocurrieron y a sabiendas del entramado de corrupción
FALSEDAD IDEOLOGICA EN DOCUMENTO PUBLICO-Técnico administrativo de la planta globalizada extendió acta de inicio, informe de supervisión y certificación de cumplimiento de contratos que tenían información alejada de la verdad y a sabiendas del entramado de corrupción
JUICIO DE ILICITUD SUSTANCIAL-Instrucción no invocó o mencionó expresamente el principio transgredido sin que ello implique la trascendencia necesaria para invalidar la actuación
Para la Sala, como queda expuesto, no hay duda que la dependencia instructora no invocó o mencionó expresamente el principio de moralidad o cualquier otro en la motivación de la ilicitud sustancial, sin embargo, ello no implica la trascendencia necesaria que hubiere de conducir a la invalidación de la actuación, en lo fundamental, porque dicha categoría dogmática de la falta disciplinaria imputada al procesado fue debidamente motivada y explicada, lo que garantizó el debido proceso y el derecho a la defensa
Es que, como se precisó en apartes anteriores, no cualquier irregularidad conduce a la aniquilación del proceso, sino que debe corresponder a anomalías trascendentes…
Por lo dicho, no es dable concluir que la disfuncionalidad citada por el apelante haya de dar lugar a la invalidez de la actuación, pues no se observa que se hubieran vulnerado sus garantías, en particular su derecho a la defensa
JUICIO DE ILICITUD SUSTANCIAL-Fallo disciplinario corrigió yerro en instrucción precisando que el principio transgredido era el de moralidad
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA ENTRE EL FALLO Y LA ACUSACION-Se proscribe que se formule un cargo por una falta y el fallo disciplinario atribuya una distinta a aquella que fue imputada en el pliego de cargos
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA ENTRE EL FALLO Y LA ACUSACION-La congruencia es entendida como la consonancia que debe existir entre el pliego de cargos y el fallo
CONGRUENCIA-El disciplinado no podrá ser declarado responsable por hechos ni faltas disciplinarias que no consten en el pliego de cargos, sin perjuicio de la posibilidad de su variación
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA ENTRE EL FALLO Y LA ACUSACION-No haber incluido un principio en juicio de ilicitud sustancial y haberlo hecho en el fallo no afecta principio de congruencia
Lo atinente a no haberse señalado principio alguno en el pliego de cargos al sustentarse la ilicitud sustancial, y si haberse hecho en el fallo, no guarda relación con el principio de congruencia, pues, además de no corresponder a ninguno de los anteriores elementos, como se expuso en el apartado anterior, la motivación que sustentó dicha categoría dogmática es semejante y correspondiente en las dos providencias. De ahí que, contrario a lo aducido por el defensor, no se encuentra la irregularidad alegada
DESCRIPCIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA CONDUCTA INVESTIGADA-Etapa de instrucción no dio aplicación a los presupuestos formales y materiales de la realización de la conducta
La Sala, consultado el pliego de cargos contenido en proveído del 31 de octubre de 2022, observa que la procuraduría delegada de instrucción dio aplicación a los presupuestos formales y materiales establecidos en los artículos 221 y 222 del CGD, en particular, en lo referente a «la descripción y determinación de la conducta investigada, con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó»
PRUEBA TRASLADADA-Marco jurídico sobre la prueba trasladada en el proceso disciplinario
RÉGIMEN PROBATORIO DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS-Relativo a la prueba trasladada conforme al Art. 154 del CGD
PRUEBA TRASLADADA-Traslado de pruebas practicadas válidamente en una actuación judicial o administrativa dentro o fuera del país a la actuación disciplinaria
PRUEBA TRASLADADA-Traslado de elementos materiales de prueba o evidencias físicas que la Fiscalía General de la Nación haya descubierto con la presentación del escrito de acusación en el proceso penal
PRUEBA TRASLADADA-Solicitud de traslado de elementos materiales de prueba o evidencias físicas que no han sido descubiertas por Fiscal del caso
Es posible trasladar al proceso disciplinario la información, los elementos materiales de prueba o evidencias físicas recaudados en un proceso penal, hayan sido o no descubiertos, a condición de que en la actuación disciplinaria se garantice la defensa y contradicción por parte de los sujetos procesales
Dicho entendimiento se sustenta en que, conforme al inciso segundo de la disposición citada, es viable el traslado de los elementos materiales probatorios y evidencias físicas que el fiscal del caso haya descubierto con el escrito de acusación penal. En tanto que, según el inciso tercero, también es dable el traslado, aunque no hayan sido descubiertos, solo que, en este último evento, depende de la autorización del fiscal de conocimiento, pues, según emerge de la norma, se trata de no «afectar la investigación penal ni poner en riesgo el éxito de la misma»
Significa que la norma analizada tiene dos importantes propósitos: por una parte, la protección de la investigación penal, con la reserva que se impone hasta la etapa de juicio. Y, por la otra, regular el traslado al proceso disciplinario de los elementos materiales probatorios o evidencias físicas recogidas en una actuación penal, con la eficacia probatoria correspondiente, la cual no depende de la etapa en que curse aquella, o de que hayan sido introducidos y controvertidos tales elementos en el juicio penal, sino de que se agote en debida forma el procedimiento legal citado. Así, si el fiscal del caso ya hizo la presentación del escrito de acusación con el descubrimiento de los elementos y evidencias, el formalismo señala que es posible el traslado, solo a condición de que se brinden las garantías de la contradicción en el disciplinario; si aún no se ha hecho el descubrimiento, pero el fiscal de conocimiento autoriza el traslado, por no ponerse en riesgo la eficacia de la investigación penal, de igual modo es dable la contradicción y valoración probatoria de tales elementos en la actuación disciplinaria
PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIÓN Y ADUCCIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA-Las pruebas trasladadas serán válidas si el investigado puede controvertirlas
TRASLADO DE ELEMENTOS MATERIALES DE PRUEBA O EVIDENCIAS FÍSICAS-Los elementos probatorios pueden ser solicitados por cualquier operador disciplinario, las evidencias penales solo por la Procuraduría o el Consejo Superior de la Judicatura para autorización del fiscal del caso
El legislador ha dispuesto un tratamiento diferenciado, según se trate de elementos probatorios o evidencias ya descubiertas, aunque no controvertidas o que no hayan sido descubiertas. En el primer caso, los puede traer al proceso cualquier operador disciplinario, con la condición de que sometan a contradicción; en el segundo caso, solamente la Procuraduría o el Consejo Superior de la Judicatura los podrán trasladar a sus respectivos procesos, siempre que previamente obtengan autorización directamente del Fiscal General de la Nación (debe entenderse que, en tal evento, subsiste el deber de garantizar el derecho de contradicción) // En este orden de ideas, se concluye que los elementos materiales de prueba tienen eficacia probatoria en materia disciplinaria, con las condiciones señaladas en la ley […] que los elementos materiales probatorios son válidos en los procesos disciplinarios y adquieren el carácter de prueba en éste, cuando el investigador permite que el investigado los controvierta
TRASLADO DE ELEMENTOS MATERIALES DE PRUEBA O EVIDENCIAS FÍSICAS-Viabilidad de la solicitud a pesar de no haber sido descubiertos por el fiscal del caso
Reitera la Sala que, al tenor literal de los incisos segundo y tercero del artículo 154 del CGD, es jurídicamente viable trasladar al proceso disciplinario los elementos materiales de prueba o evidencias físicas recaudados en un proceso penal, hayan sido o no descubiertos por el fiscal del caso. Lo anterior bajo la condición necesaria de que en la actuación disciplinaria se garantice la defensa y contradicción por parte de los sujetos procesales
TRASLADO DE ELEMENTOS MATERIALES DE PRUEBA O EVIDENCIAS FÍSICAS-Su traslado al proceso disciplinario exige que sean sometidos a contradicción desde la notificación del auto de apertura de investigación o de la orden de vinculación a pesar de no haber sido descubiertos en el proceso penal
EFECTOS DE PREACUERDO PENAL EN MATERIA DISCIPLINARIA-Si el preacuerdo no alcanzó el estatus de aceptación de cargos no puede surtir efecto tampoco en materia disciplinaria
Una aceptación de cargos, en desarrollo de un preacuerdo en materia penal, que no alcanzó ese estatus de la aprobación, no puede surtir efecto, tampoco, en materia disciplinaria. De consiguiente, las declaraciones del procesado xxx en el desarrollo del preacuerdo citado, no podían cobrar valor probatorio en esta actuación disciplinaria, en lo que se equivocó el fallador de primer grado. Por tanto, procede la Sala con el estudio de los demás aspectos de las apelaciones, sin tomar en consideración las citadas declaraciones
DELEGACION DE FUNCIONES PÚBLICAS-Técnica de manejo administrativo en virtud del cual se produce un traslado de competencias de un órgano titular a otro
La delegación es una forma de organizar la estructura institucional para el ejercicio de la función administrativa. Constituye una técnica de manejo administrativo en virtud de la cual se produce el traslado de competencias de un órgano que es titular de las respectivas funciones a otro, para que sean ejercidas por éste, bajo su responsabilidad, dentro de los términos y condiciones que fije la ley. Los elementos constitutivos de la delegación son los siguientes: (i) la transferencia de funciones administrativas de un órgano a otro; (ii) que la transferencia de funciones se realice por el órgano titular de la función; (iii) que dicha transferencia cuente con una previa autorización legal; (iv) y que el órgano que confiera la delegación pueda siempre y en cualquier momento reasumir la competencia
ALCALDE MUNICIPAL-Procesado no informó ni comprobó en el proceso disciplinario que hubiese delegado la función de ordenación del gasto o la de celebrar contratos
ERROR EN MATERIA DISCIPLINARIA-Atañe directamente a la culpabilidad y se presenta cuando hay discordancia entre la conciencia del autor y la realidad
El error, en materia disciplinaria, atañe directamente a la culpabilidad y se presenta cuando hay discordancia entre la conciencia del autor y la realidad; error que puede ser invencible o vencible, dependiendo de si el autor hubiera podido salir de él esforzándose lo suficiente, haciendo lo que estaba a su alcance y teniendo como referente si otra persona hubiera incurrido en el mismo yerro o si no se esforzó lo suficiente, le era superable y cualquiera hubiera salido del error
De ahí que, si el error es invencible, obviamente excluya la posibilidad de reproche disciplinario; pero si resulta ser vencible, el autor debe responder por la comisión de la falta, con una sanción morigerada, en aplicación de los principios de justicia material y proporcionalidad, dado que la valoración se desplaza a la imputación subjetiva de la falta
CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN-La realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero
FALTAS DISCIPLINARIAS CONSTITUTIVAS DE CORRUPCIÓN-Obligan al Procurador General de la Nación a sancionar con la separación del servicio público a aquellos servidores públicos que incurran en su comisión según No. 1 del Art. 278 superior
CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN-Ejercicio de facultades disciplinarias por los organismos competentes contra empleados públicos
INSTRUMENTOS INTERNACIONALES-Derecho de los Estados de establecer decisiones disciplinarias que puedan incidir en el ejercicio de los derechos políticos de los servidores de elección popular
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN-El ejercicio del poder disciplinario es un compromiso internacional del Estado
Dentro de la lucha contra la corrupción, el ejercicio del poder disciplinario de cara a estas prácticas enquistadas y tristemente normalizadas en nuestra sociedad es un compromiso internacional del Estado que le compete cumplir por mandato constitucional y legal a la Procuraduría General de la Nación frente a todos los servidores públicos, incluidos los elegidos popularmente. Estos, además, tienen un deber de sujeción especial que se funda en los principios democráticos del Estado Social de Derecho, por lo tanto, no pueden quedar desprovistos de este tipo de control
DOCUMENTOS APÓCRIFOS-Se hizo aparecer como contratista a quien no presentó la oferta, ni suscribió los contratos, ni los ejecutó a través de la suscripción y trámite de documentos apócrifos
PRINCIPIO DE RESERVA JUDICIAL A ELECTOS POPULARES-La sanción cobrará ejecutoria y su ejecución procederá inmediatamente por no ser procedente el recurso extraordinario de revisión en razón a que los sancionados no se encuentran en ejercicio de cargo de elección popular
Dependencia:
Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular
Radicado:
IUS-E-2017-573460 / IUC-D-2017-974154
Investigados:
1. [NOMBRE TACHADO]
2. [NOMBRE TACHADO]
3. [NOMBRE TACHADO]
4. [NOMBRE TACHADO]
5. [NOMBRE TACHADO]
6. [NOMBRE TACHADO]
7. [NOMBRE TACHADO]
8. Víctor Alfonso Gómez ELozano
Cargos:
1. Alcalde
2. Secretario de Hacienda
3. Secretario de Gobierno
4. Secretaria de Despacho
5. Jefe de Planeación
6. Jefe Oficina Servicios Públicos
7. Técnico operativo
8. Almacenista
Entidad:
Alcaldía municipal de Alvarado (Tolima)
Fecha de Queja:
21 de abril de 2017
Fecha hechos:
Vigencia 2014
Asunto:
Fallo de segunda instancia
Bogotá, D.C., 17 de octubre de 2024
Aprobado en Sala, con Acta No. 035
P.D. Ponente: Carlos Humberto García Parrado
ASUNTO
La Sala resuelve los recursos de apelación interpuestos contra el fallo sancionatorio de primera instancia proferido por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 3, el 29 de agosto de 2023, mediante el cual declaró disciplinariamente responsables a [NOMBRE TACHADO], [NOMBRE TACHADO], [NOMBRE TACHADO], [NOMBRE TACHADO], [NOMBRE TACHADO], [NOMBRE TACHADO], [NOMBRE TACHADO] y [NOMBRE TACHADO], en sus calidades citadas en la referencia y, como consecuencia, los sancionó con destitución e inhabilidad general.
HECHOS
Se contraen a las presuntas irregularidades por la suscripción de doce (12) contratos por valor total de ($60.808.400), por [NOMBRE TACHADO], en su condición de alcalde de Alvarado, Tolima, en el año 2014, en los que figuró como contratista el ingeniero [NOMBRE TACHADO], quien manifestó no haber presentado propuestas, ni firmado ni ejecutado dichos bilaterales. En el aparente desarrollo y ejecución de los referidos contratos, fueron firmadas actas y otros documentos por parte de los demás procesados, a la vez que se giraron, pagaron y legalizaron recursos desde cuentas bancarias del municipio.
ANTECEDENTES
Indagación preliminar
La actuación disciplinaria se inició por queja formulada por el señor Luis Fernando López Guevara mediante escrito recibido en la PGN con radicado E-2017-573460 del 21 de abril de 2017.
La Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, con determinación del 29 de septiembre de ese año, dispuso iniciar indagación preliminar en contra de [NOMBRE TACHADO], [NOMBRE TACHADO], [NOMBRE TACHADO], [NOMBRE TACHADO], [NOMBRE TACHADO], [NOMBRE TACHADO], Magaly Acosta, [NOMBRE TACHADO] y Cesar Augusto Martínez, en sus calidades anteriormente enunciadas.
Investigación disciplinaria
Fue dispuesta por la misma dependencia el 6 de agosto de 2018, en contra de los servidores públicos anteriormente señalados. Con auto del 27 de junio de 2019, la delegada de conocimiento declaró el cierre de la investigación.
Evaluación de la investigación. Formulación de cargos
Clausurada la investigación, el 30 de septiembre de 2019, la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública formuló pliego de cargos a los funcionarios investigados. Posteriormente, con providencia del 3 de julio de 2020, declaró la nulidad de la actuación desde el referido auto de formulación de cargos, inclusive.
El 19 de agosto de 2021, en cumplimiento de lo dispuesto por la Procuradora General de la Nación en las Resoluciones 207 y 217 y la Circular 015, todas del mismo año, y en atención a lo normado en la Ley 2094 de 2021, la citada procuraduría delegada remitió por competencia el expediente al reparto de las Procuradurías Delegadas de Instrucción, habiéndole correspondido a la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública y la Transparencia Pública.
La dependencia a la que se asignó el asunto, con proveído del 31 de octubre de 2022, formuló auto de cargos en contra de [NOMBRE TACHADO], [NOMBRE TACHADO], [NOMBRE TACHADO], [NOMBRE TACHADO], [NOMBRE TACHADO], [NOMBRE TACHADO], Magaly Acosta, [NOMBRE TACHADO] Y Cesar Augusto Martínez, en las calidades ya mencionadas.
La imputación objetiva para los investigados se hizo por la comisión de la falta gravísima descrita en el numeral 1° del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, complementada con la infracción tipificada en el artículo 286 de la Ley 599 de 2000. El comportamiento reprochado, en relación con los apelantes, fue el siguiente:
IMPUTADO
CARGO
CALIFICACIÓN JURÍDICA PROVISIONAL
[NOMBRE TACHADO]
[…] El señor [NOMBRE TACHADO], en su condición de Secretario de Hacienda de la Alcaldía de Alvarado (Tolima), pudo haber consignado hechos contrarios a la verdad en documento público, al expedir comprobantes de egresos que hicieron parte de trámites vertidos en contratos que supuestamente se llevaron a cabo por parte de la alcaldía municipal de Alvarado (Tolima) con lo que se hicieron desembolsos de dinero respecto de un contratista que según elementos probatorios testimoniales y documentales dan cuenta que el supuesto contratista [NOMBRE TACHADO] habría firmado documento alguno, sin embargo, en los comprobantes de egresos que fueran firmados por el aquí indicado disciplinado, evidencian lo contrario.
[…]
El comportamiento violatorio del ordenamiento disciplinario que se presume pudo haber cometido el señor [NOMBRE TACHADO], está dado en que en su condición de secretario de hacienda de la Alcaldía de Alvarado (Tolima), elaboró y revisó los certificados de egresos que además respaldó con fas firmas obrantes en los contratos (090-2014 100-2014 102-2014, 109-2014, 131-2014 y 132-2014) y que indicaban que [NOMBRE TACHADO] era el beneficiario del desembolso de dichos dineros, para lo que figura la firma de dicha persona, sin embargo pruebas testimoniales y documentales indicarían que el citado beneficiario no firmó dichos comprobantes por Io que estaríamos ante la falsedad ideológica en documento público […]
La presunta falta fue calificada como gravísima, cometida a título de dolo.
[NOMBRE TACHADO]
Con relación al entonces alcalde [NOMBRE TACHADO], del Municipio de la Alcaldía de Alvarado (Tolima), pudo haber consignado hechos contrarios a la verdad en documentos públicos determinados como contratos, que supuestamente se llevaron a cabo por parte de la alcaldía municipal de Alvarado (Tolima), que sirvieron como soporte en el desembolso de dineros públicos para ser entregados a un supuesto contratista que indica no solamente no haber recibido el dinero, sino que además, no desarrolló ninguna obra, por lo que tampoco firmó los documentos que hacen parte de las carpetas de los contratos.
[…]
Tal como fuera presentado en la relación de contratos distinguidos con los números 090 del 22 de mayo de 2014, 100 del 7 de junio de 2014,102 del 12 de junio de 2014, 106 del 19 de septiembre de 2014, 109 del 19 de junio de 2014, 131 del 15 de julio de 2014, 132 del 15 de julio de 2014, 157 del 20 de agosto de 2014, 160 del 26 de agosto de 2014, 162 del 30 de agosto de 2014 y 165 del 1 1 septiembre de 2014, todos estos muestran que el señor [NOMBRE TACHADO], para entonces alcalde del Municipio de Alvarado (Tolima), habría firmado documentos que contenía hechos contrarios a la verdad […]
La presunta falta fue calificada como gravísima, cometida a título de dolo.
[NOMBRE TACHADO]
Según lo hallado en el presente expediente, aparece que el señor alcalde (encargado) para el 25 de septiembre de 2014, [NOMBRE TACHADO], firmó lo que supuestamente sería un contrato de prestación de servicios- Invitación No. 171, por medio del que contrataba al señor [NOMBRE TACHADO], para que realizara adecuación locativa en la biblioteca municipal para el desarrollo del programa nacional plan vive digital del Municipio de Alvarado (Tolima) por un valor de cinco millones de doscientos diecisiete mil pesos ($5.217.000,oo), al igual que el disciplinado habría hecho comunicación de aceptación de la oferta al contratista, sin embargo, de acuerdo a pruebas testimoniales tomadas, al igual que el peritaje grafológico hecho al contrato en cita, todo indica que la firma del contratista no corresponde a la persona que allí aparece, situaciones estas que llevan a inferir que ante la consignación de hechos contrarios a la realidad, indicarían que se habría incurrido en la posible vulneración del Artículo 48, FALTAS GRAVÍSIMAS del capítulo l, título Único, del libro ll de la ley 734 del 05 de febrero de 2002, que a la letra dice […]
La presunta falta fue calificada como gravísima, cometida a título de dolo.
[NOMBRE TACHADO]
De los hechos que se vienen planteando, se tiene que la señora [NOMBRE TACHADO], según certificación laboral para la fecha en que se firmaron los certificados de egreso respecto de los contratos antes aludidos (contratos 106-2014, 157-2014, 160-2014, 162-2014, 165-2014, 171-2014) ocupaba el cargo de Secretaria de Gobierno por comisión en encargo, sin embargo, los aludidos certificados los elabora y posteriormente firma como tesorera del Municipio de Alvarado Tolima, función que no era la que verdaderamente cumplía para la data de los hechos, adicionalmente figura la supuesta firma del beneficiario y contratista [NOMBRE TACHADO], respecto de la cual, las pruebas testimoniales y documentales refieren que el citado beneficiario no firmó dichos comprobantes por lo que estaríamos ante la falsedad ideológica en documento público, conllevando ello a la posible infracción del Artículo 48, FALTAS GRAVÍSIMAS, del capítulo l, título Único del libro ll de la ley 734
del 05 de febrero de 2002, que a la letra dice: […]
La presunta falta fue calificada como gravísima, cometida a título de dolo.
[NOMBRE TACHADO]
Según fuera indicado, en ocho documentos señalados como contratos: 090 del 22 de mayo de 2014, 100 del 7 de junio de 2014,102 del 12 de junio de 2014, 106 del 19 de septiembre de 2014, 109 del 19 de junio de 2014, 131 del 15 de julio de 2014, 132 del 15 de julio de 2014 y 160 del 26 de agosto de 2014, en cada uno de ellos aparece que el señor [NOMBRE TACHADO], como Jefe de la oficina de planeación e infraestructura (E) habría firmado documentos con los que pretendió demostrar que en el Municipio de Alvarado (Tolima), se habían llevado a cabo supuestos contratos para realización de obras mediante la prestación de servicios, respecto de los cuales, quien aparece como contratante mencionó no haber presentado propuestas para llevar dichos contratos, tampoco realizó labores con relación a los mismos, al igual que no recibió el dinero producto de los contratos ni firmó documentos soporte de estos, lo que en consecuencia permite pensar que estaríamos ante la expedición de documentos públicos que contendrían afirmaciones falsas, hechos que derivarían en la posible infracción del artículo 48, FALTAS GRAVISIMAS, del capítulo l, título Único, del libro ll de la ley 734 del 05 de febrero de 2002, que a la letra dice: […]
La presunta falta fue calificada como gravísima, cometida a título de dolo.
[NOMBRE TACHADO]
Conocidos los documentos mencionados como contratos 157 del 20 de agosto de 2014, 162 del 30 de agosto de 2014 y 165 del 11 de septiembre de 2014, en estos figura que el señor [NOMBRE TACHADO], quien como jefe de oficina de servicios públicos del Municipio de Alvarado (Tolima), habría firmado documentos con los que pretendió demostrar que en el indicado lugar se habrían llevado a cabo supuestos contratos para la adquisición de bienes o servicios al igual que de prestación de servicios, en los que figura como contratante, dio a conocer no haber participado de ninguna manera en dichas contrataciones, no realizó labores con relación a los mismos, al igual que no recibió el dinero producto de los contratos, ni firmó documentos soportes de estos, lo que en consecuencia, lleva a pensar que estaríamos ante la expedición de documentos públicos que contendrían afirmaciones falsas, hechos que derivarían en la posible infracción del Artículo 48, FALTAS GRAVISIMAS, del capítulo I título Único, del libro II de la ley 734 del 05 de febrero de 2002, que a la letra dice: […]
La presunta falta fue calificada como gravísima, cometida a título de dolo.
MAGALY ACOSTA RAMOS
Sostenidos en los documentos conocidos como contrato 171 del 25 de septiembre de 2014, en este aparece que la señora [NOMBRE TACHADO], quien como Técnico Operativo Código 314, grado 3 del Municipio de Alvarado (Tolima), habría firmado documentos con los que pretendió demostrar que en el indicado lugar, se habrían llevado a cabo supuesto contrato de prestación de servicios para el arreglo locativo en la biblioteca municipal, que indica tener como contratante a [NOMBRE TACHADO] persona que dijo no haber participado de ninguna manera en esas contrataciones, no realizó labores con relación a las mismos, al igual que no recibió el dinero producto de los contratos, ni firmó documentos soportes de estos, lo que en consecuencia, permite inferir que estaríamos ante la expedición de documentos públicos que contendrían afirmaciones falsas, hechos que derivarían en la posible infracción del Articulo 48, FALTAS GRAVÍSIMAS, del capítulo l, título Único, del libro ll de la ley 734 del 05 de febrero de 2002, que a la letra dice:
La presunta falta fue calificada como gravísima, cometida a título de dolo.
[NOMBRE TACHADO]
Las pruebas que sostiene la posible falta disciplinaria, se encuentra en el contrato 106 del 19 de septiembre de 2014, en que el señor [NOMBRE TACHADO] condición de técnico administrativo, código 367, grado 03, habría firmado documentos con los que se dice que en Municipio en referencia, se habría llevado a cabo un supuesto contrato de suministro de materiales e instalación para adecuación de la sala de sistemas de la institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento - sede los Guayabos en el que se señala como el contratante al [NOMBRE TACHADO] persona que aseguró, no haber participado en el mismo que no realizó labores con relación a este objeto al igual que no recibió el dinero producto de los contratos, ni firmó documentos soportes de estos, lo que en consecuencia lleva a contemplar la posibilidad que el señalado funcionario haya incluido en documentos públicos, manifestaciones contrarias a la realidad, hechos que derivarían en la posible infracción del artículo 48, FALTAS GRAVISIMAS, del capítulo l, título Único, del libro ll de la ley 734 del 05 de febrero de 2002, que a la letra dice: […]
La presunta falta fue calificada como gravísima, cometida a título de dolo.
3.4 Remisión para juzgamiento
En atención a la entrada en vigor del CGD, que estableció la separación entre las etapas de instrucción y juzgamiento, el expediente fue remitido a las procuradurías delegadas para el juzgamiento disciplinario, a efecto de que prosiguiera con la etapa de juicio, correspondiendo a la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 3.
3.5 Fallo de primera instancia
La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 3, adelantado el juicio disciplinario, emitió fallo de primera instancia el 29 de agosto de 2023mediante el cual declaró la responsabilidad disciplinaria de [NOMBRE TACHADO], [NOMBRE TACHADO], [NOMBRE TACHADO], [NOMBRE TACHADO], [NOMBRE TACHADO], [NOMBRE TACHADO], Magaly Acosta y [NOMBRE TACHADO], en sus calidades de secretario de Hacienda, alcalde, secretario de Gobierno, secretaria de Despacho, jefe de Planeación, jefe oficina de servicios públicos, técnico operativo y almacenista, respectivamente, a quienes les impuso sanción de destitución e inhabilidad general. Respecto de Cesar Augusto Martínez, jefe Planeación e Infraestructura, declaró no probado y desvirtuado el cargo único imputado en su contra.
Interposición del recurso de apelación
Los defensores de los sancionados, y uno de estos últimos, inconformes con la decisión, interpusieron y sustentaron, en el término legal, recursos de apelación. El 21 de septiembre de 2023 fue concedida la alzada en el efecto suspensivo y se remitió la actuación a esta Sala, para conocer la segunda instancia.
IV. FALLO IMPUGNADO
La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 3 fundó la decisión sancionatoria, en síntesis, en los siguientes razonamientos:
4.1 Realizó el examen probatorio y de las categorías dogmáticas disciplinarias con respecto al procesado [NOMBRE TACHADO], en su condición de secretario de Hacienda de la alcaldía de Alvarado, Tolima, conforme con el cual concluyó:
4.1.1 En cuanto a la tipicidad, sostuvo que los argumentos en descargos y alegatos de conclusión presentados por la defensa no son de recibo, pues, de acuerdo con el análisis de las pruebas que sustentan la decisión, es posible concluir que la conducta de falsedad ideológica en documento público, señalada en el artículo 286 de la Ley 599 de 2000, efectivamente fue desplegada por [NOMBRE TACHADO], en ejercicio de sus funciones, cuando suscribió como secretario de hacienda los comprobantes de egreso y cheques correspondientes a los contratos 090-2014, 109-2014 y 132-2014. Argumentó que, en el caso concreto de los bilaterales citados, el pago se hizo a través de un cheque, frente al que, lo mínimo para ser entregado, era requerir el documento de identidad del beneficiario contratista, sin que pueda aceptarse la buena fe argüida por el disciplinable como justificación de su proceder.
Con cita de declaraciones y entrevistas en el proceso penal SPOA No. 730016000432201700898, concluyó el a quo que las mismas dejan claro que sin orden del alcalde no se pagaba nada y que los secretarios de hacienda con funciones de tesoreros eran quienes tenían las firmas autorizadas en los bancos, luego, ellos eran el último eslabón del entramado de corrupción que permitió el pago de dinero a una persona que no suscribió ninguno de los contratos cuestionados. En suma, encontró acreditada la falta disciplinaria gravísima descrita en el numeral 1° del artículo 48 del C.D.U.
4.1.2 Respecto de la ilicitud sustancial, señaló el fallador de primera instancia, que el procesado [NOMBRE TACHADO], en calidad de Secretario de Hacienda y tesorero del Municipio de Alvarado, Tolima, nombrado en el cargo mediante Decreto No. 003 del 1 de enero de 2004, era el encargado de velar por el pago oportuno de las cuentas debidamente legalizadas y que correspondieran a gastos u obligaciones del municipio, verificando el cumplimiento de los requisitos legales y formales, pero que, sin embargo, dicha persona no cumplió con esa obligación. Por el contrario, adujo que el procesado incurrió en una falsedad ideológica en documento público, afectando las funciones asignadas y los fines del Estado, con lo cual transgredió el principio de moralidad contemplado en el artículo 3° de la Ley 1437 de 2011.
4.1.3 Sobre la culpabilidad, adujo que fue voluntad de López Trujillo cometer el ilícito disciplinario, puesto que, conocía que extender comprobantes de egreso con información falsa constituía falta disciplinaria y que, a pesar de ello, con conciencia de la ilicitud, de manera libre decidió expedir dichos documentos para lograr el pago de los referidos contratos, lo cual permite calificar de manera definitiva su conducta como dolosa.
4.1.4 En consecuencia, la procuraduría de juzgamiento declaró la responsabilidad del disciplinable, por lo cual le impuso sanción de destitución e inhabilidad general de doce (12) años y seis (6) meses.
4.2 Respecto de la conducta de [NOMBRE TACHADO], en su condición de alcalde municipal de Alvarado, Tolima, concluyó:
4.2.1 En sede de tipicidad, y luego de analizar las pruebas allegadas al proceso, concluyó que todo el entramado del ilícito estuvo liderado por dicho procesado, utilizando documentos que su hermano Néstor había recibido de manos de [NOMBRE TACHADO] con la promesa de darle un contrato, los cuales les sirvieron para estructurar los bilaterales y luego ordenar su pago, dándole la apariencia de legalidad a todo lo actuado, pues, la contratación de mínima cuantía dependía funcionalmente del resorte directo del alcalde, como lo declaró [NOMBRE TACHADO], quien trabajaba [NOMBRE TACHADO] y aparece como proyectista de los doce (12) contratos ficticios con Ospina Arias.
Indicó el fallo de instancia, que lo dicho por el ingeniero [NOMBRE TACHADO] concuerda con la realidad de once (11) de los doce (12) bilaterales firmados por el implicado [NOMBRE TACHADO], pues, Ospina Arias no presentó propuestas a la alcaldía directamente, aunque si le dio su hoja de vida con todos los soportes a [NOMBRE TACHADO], hermano del alcalde, y fue con esos documentos con los que el implicado suscribió los documentales contractuales ficticios para poder obtener el dinero.
El a quo fue enfático en afirmar, que los dictámenes grafológicos son claros en que los once (11) contratos suscritos por el alcalde imputado están afectados de falsedad en documento público, pues, las firmas plasmadas en dichos documentos por el supuesto contratista, no corresponden a la utilizada por el ingeniero [NOMBRE TACHADO] para identificarse, ya que contienen particularidades morfo dinámicas que no coinciden con su firma, contrario a las firmas utilizadas por los servidores públicos encartados.
Adicionó que, con las pruebas allegadas, se infiere razonadamente que las actuaciones relacionadas con la contratación hecha por el alcalde investigado en once (11) de los doce (12) contratos en los que intervino, así como los soportes relacionados con la ejecución, supervisión y pago de los bilaterales cuestionados, obedecieron a un entramado de corrupción enmarcado en el punible de falsedad ideológica en documento público tipificado en el artículo 286 del Código Penal, conducta en la cual estuvo involucrado su hermano [NOMBRE TACHADO], así como los funcionarios que, conforme a la trazabilidad de cada contrato presentado, intervinieron en el trámite de los referidos bilaterales.
4.2.2 En cuanto a la ilicitud sustancial, sostuvo que [NOMBRE TACHADO], en calidad de alcalde del Municipio de Alvarado, Tolima, y como ordenador del gasto, firmó once (11) contratos ficticios para lograr el desembolso de recursos públicos, afectando las funciones asignadas y los fines del Estado, al extender documentos públicos que podían servir de prueba, con lo cual incurrió en una falsedad tipificada como delito en el artículo 286 del Código Penal, al tiempo que transgredió el principio de moralidad señalado en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011.
4.2.3 Sobre la culpabilidad, en el fallo confutado se adujo haber quedado constatados los elementos cognitivo y volitivo, pues, el procesado conoció y lideró el entramado de corrupción gestado con su hermano [NOMBRE TACHADO], en virtud de lo cual, como ordenador del gasto del municipio de Alvarado, Tolima, suscribió los contratos 090-2014, 100-2014, 102-2014, 106-2014, 109-2014, 131-2014, 132-2014, 157-2014, 160-2014, 162-2014 y 165-2014, a través de los cuales consignó información falsa instrumentalizando a su equipo de servidores públicos de confianza para obtener los recursos de dichos contratos, suscribiéndolos ficticiamente con [NOMBRE TACHADO]. Así mismo, y a pesar del conocimiento que tenía Torres Ramos, de que extender documentos contractuales ficticios con una persona que en realidad no los suscribió, ni los ejecutó, ni recibió pago alguno, era un comportamiento que resultaba contrario al ordenamiento jurídico y se constituía en delito, estos es, tenía un conocimiento actual de su ilicitud, decidió aprovecharse de su facultad de ordenador del gasto, para proceder en tal sentido y así decidió libre y voluntariamente suscribir dichos contratos, lo cual denota su intención de quebrantar la norma y por ende sus deberes funcionales. De tal modo, se atribuyó la falta disciplinaria con culpabilidad dolosa.
4.2.4 En consecuencia, la Procuraduría de instancia declaró al procesado disciplinariamente responsable de una falta gravísima con dolo, y le impuso la sanción de destitución e inhabilidad general de quince (15) años y un (1) mes.
4.3 En cuanto al disciplinable [NOMBRE TACHADO], en su calidad de secretario de gobierno y alcalde encargado de Alvarado, Tolima, concluyó:
4.3.1 En punto de la tipicidad, sostuvo el fallo que no es de recibo el argumento exculpatorio planteado por la defensa, según el cual Palma Orjuela no sabía ni conocía sobre la elaboración de los contratos y solo se limitó a suscribir el contrato identificado con el número 171-2014, en ejercicio de su función como ordenador del gasto encargado, desconociendo la realidad del ilícito disciplinario subyacente.
Adujo que, contrario a dicha apreciación, lo manifestado en su declaración por María Argenis Rodríguez da cuenta que el procesado era conocedor del entramado de corrupción en los contratos ficticios gestados por el alcalde y su hermano [NOMBRE TACHADO], a partir de lo cual, con ocasión de sus funciones como alcalde encargado, también suscribió uno de los falsos contratos, incurriendo en la comisión de la conducta tipificada como falsedad ideológica en documento público en el artículo 286 del Código Penal, configurándose la tipicidad de la falta disciplinaria gravísima contenida en el numeral 1° del artículo 48 del C.D.U.
4.3.2 Sobre la ilicitud sustancial, apuntó que el encartado, con su actuar, trasgredió el principio de moralidad, puesto que, entre sus funciones como alcalde encargado tenía como deber funcional la ordenación del gasto y la celebración de los contratos, por lo que no le era permitido consignar información alejada de la verdad en el mencionado contrato que suscribió inobservando las normas jurídicas aplicables, conducta reprochada en el tipo penal del artículo 286 del Código Penal.
4.3.3 Analizados los presupuestos del dolo en la conducta reprochada, el a quo halló constatados los elementos cognitivo y volitivo, en tanto Palma Orjuela conocía que, cómo alcalde encargado, al suscribir el contrato 171-2014, con información alejada de la verdad, se configuraba una conducta punible descrita en el tipo penal del artículo 286 de la Ley 599 de 2000, además, libre y voluntariamente estampó su visto bueno en los restantes once (11) contratos, previo a la respectiva suscripción. Palma Orjuela era conocedor del entramado de corrupción que se gestó con la suscripción de los contratos por parte del alcalde [NOMBRE TACHADO] y su hermano [NOMBRE TACHADO], pues, así lo confirmó [NOMBRE TACHADO] ante la Fiscalía.
4.3.4 En consecuencia, el fallador de primera instancia declaró la responsabilidad disciplinaria del procesado por falta gravísima con dolo, por lo que le impuso sanción de destitución e inhabilidad general por el término de doce (12) años y seis (6) meses.
4.4 Respecto de [NOMBRE TACHADO], en su condición de secretaria de Hacienda y Tesorera (E) de Alvarado, Tolima, señaló:
4.4.1 En relación con la tipicidad de su conducta, sostuvo que los argumentos en descargos y los alegatos de conclusión no tienen asidero, puesto que, conforme al análisis de la prueba documental que sustentó la decisión de cargos, la conducta de falsedad en documento público fue desplegada por la investigada al extender su firma en los comprobantes de egreso mediante los cuales se pagaron dineros públicos con cargo a los contratos: 106-2014, 157-2014, 160-2014, 162-2014, 165-2014 y 171-2014.
4.4.2 En cuanto a la ilicitud sustancial, señaló que la procesada no cumplió con su deber de velar por el pago oportuno de las cuentas debidamente legalizadas y que correspondían a gastos u obligaciones verificando el cumplimiento de requisitos legales y formales, sino que, por el contrario, con ocasión del ejercicio de sus funciones, incurrió en una conducta tipificada como delito de falsedad ideológica en documento público, afectando sus funciones asignadas y los fines del Estado, transgrediendo el principio de moralidad señalado en el artículo 3° de la Ley 1437 de 2011.
4.4.3 Respecto de la culpabilidad, el a quo atribuyó la falta a título de dolo por considerar comprobados los elementos cognitivo y volitivo. Adujo que [NOMBRE TACHADO] conocía que, cómo secretaria de Hacienda y tesorera (E) de Alvarado, Tolima, al extender comprobantes de egreso que tenían información alejada de la verdad, configuraba una conducta punible descrita en el artículo 286 de la Ley 599 de 2000. Y, que, a pesar de ser conocedora del entramado de corrupción que se gestó con la suscripción de los contratos por parte del alcalde [NOMBRE TACHADO] y su hermano [NOMBRE TACHADO], procedió a estampar su firma en los comprobantes de egreso cuestionados.
4.4.4 Por lo tanto, la decisión confutada declaró la responsabilidad de la inquirida por falta gravísima con dolo, y, como consecuencia, le impuso sanción de destitución e inhabilidad general por el término de doce (12) años y seis (6) meses.
4.5 Frente al comportamiento de [NOMBRE TACHADO], jefe de la Oficina de Planeación e Infraestructura del municipio de Alvarado, Tolima, concluyó:
4.5.1 Luego del análisis probatorio, la primera instancia sostuvo que obra en la actuación el preacuerdo dentro del proceso 730016000000201800227140, activo a la fecha por los punibles de falsedad ideológica y prevaricato por omisión, en el que el procesado admitió su participación ante la Fiscal 22 de Ibagué.
4.5.2 En lo que concierne a la ilicitud sustancial, sostuvo que [NOMBRE TACHADO], como jefe de la Oficina de Planeación e Infraestructura, extendió documento público que podía servir de prueba, firmando las actas de inicio, informes de supervisión y certificaciones de cumplimiento del objeto en los contratos 090-2014, 100-2014, 102-2014, 106-2014, 109-2014, 131-2014, 132-2014 y 160-2014, en los cuales consignó una falsedad ideológica en documento público, afectando las funciones asignadas y los fines del Estado, con lo que transgredió el principio de moralidad señalado en el artículo 3° de la Ley 1437 de 2011.
4.5.3 Sobre la culpabilidad, la falta disciplinaria fue atribuida en forma definitiva al procesado a título de dolo, por hallarse comprobados los elementos cognitivo y volitivo. Así, adujo el a quo, el procesado, cómo jefe de la Oficina de Planeación e Infraestructura de Alvarado, Tolima, sabía que extender actas de inicio, informes de supervisión y certificaciones de cumplimiento de los contratos citados, como documentos públicos, con información alejada de la verdad, es una conducta que se tipifica como delito. Adicionalmente, era conocedor del entramado de corrupción gestado a través de contratos suscritos por el alcalde, en complicidad con su hermano [NOMBRE TACHADO], y fue su voluntad camuflar la realización del ilícito.
4.5.4 El procesado fue declarado disciplinariamente responsable del cargo imputado, por lo cual se le impuso sanción de destitución e inhabilidad general por el término de doce (12) años y seis (6) meses.
4.6 De la conducta de [NOMBRE TACHADO], jefe de la Oficina de Servicios Públicos de Alvarado, Tolima, concluyó:
4.6.1 Sobre la adecuación típica, sostuvo que el implicado, además de firmar los estudios previos, lo cual hacía parte de su competencia funcional, también suscribió las actas de inicio, informes de supervisión y certificaciones de cumplimiento de los contratos 157-2014, 162-2014 y 165-2014, con información que no correspondía a la realidad, toda vez que el supuesto contratista posteriormente declaró no haber presentado propuesta ni suscrito o ejecutado contrato alguno. En conclusión, aseguró como comprobada la comisión de la falta disciplinaria gravísima descrita en el numeral 1° del artículo 48 del C.D.U.
4.6.2 Frente a la ilicitud sustancial, señaló que [NOMBRE TACHADO], como jefe de la Oficina de Servicios Públicos, era el responsable funcional de realizar la supervisión de los contratos, pero que, incurriendo en falsedad ideológica en documento público, firmó actas de cierre y de apertura como comité evaluador y de los informes de supervisión y certificaciones de cumplimiento de los contratos señalados, con lo que afectó las funciones asignadas y los fines del Estado, transgrediendo el principio de moralidad señalado en el artículo 3° de la Ley 1437 de 2011.
4.6.3 En cuanto a la culpabilidad, el fallo impugnado atribuyó la conducta reprochada a título de dolo, por observar presentes los elementos cognitivo y volitivo. Adujo que el procesado sabía o debía saber que suscribir actas de inicio, informes de supervisión y certificaciones de cumplimiento de los contratos de rocería de vías, con información alejada de la verdad, es una conducta tipificada como delito en la ley penal, y que, además, obran pruebas en el proceso que demuestran que el sujeto procesal sabía del entramado de corrupción gestado al interior de la alcaldía de Alvarado, y que fue su voluntad cohonestar con la realización del ilícito.
4.6.4 La procuraduría de instancia declaró la responsabilidad del procesado por la comisión de una falta gravísima con dolo, por lo cual le impuso sanción de destitución e inhabilidad general por el término de doce (12) años y seis (6) meses.
4.7 Respecto de la conducta de [NOMBRE TACHADO], técnico operativo de la planta globalizada de Alvarado, Tolima, señaló:
4.7.1 Con base en las pruebas documentales recaudadas, en relación con el contrato 171 del 25 de septiembre de 2014, se verificó que el acta de cierre y de apertura del proceso, en las que se evaluó la propuesta presentada por [NOMBRE TACHADO], fueron suscritas por la procesada, haciendo constar que el contratista se reunió con aquella, en calidad de supervisora, con el fin de dar inicio al referido contrato, lo cual no es ajustado a la realidad. Del mismo modo, destacó que la investigada hizo constar que las actividades contractuales fueron cumplidas a satisfacción y que el 11 de octubre de 2014, nuevamente, se reunió con el señor [NOMBRE TACHADO] y el alcalde Yesid Torres, con el objeto de efectuar la liquidación del contrato, lo que tampoco ocurrió, pues, Ospina Arias ha sido insistente en señalar que él no presentó ninguna propuesta, ni suscribió el contrato, ni ejecutó labor alguna en relación con ese contrato. Por ende, consideró el fallo que la conducta de la implicada es típica.
4.7.2 Respecto de la ilicitud sustancial, aseveró que la procesada, con su actuar, trasgredió el principio de moralidad, puesto que, siendo responsable funcional de realizar la supervisión del contrato citado, incurrió en una conducta tipificada en la ley como delito, afectando las funciones a su cargo y los fines del Estado Social de Derecho.
4.7.3 En lo que hace relación a la culpabilidad, en el fallo confutado se atribuyó definitivamente la falta a la investigada a título de dolo, por observarse acreditados los elementos cognitivo y volitivo. Para el fallador, la procesada sabía o debía saber que extender y suscribir actas de inicio, informes de supervisión y certificaciones de cumplimiento del contrato 171-2014, relacionado con la adecuación locativa de la biblioteca municipal, que contenía información alejada de la verdad, es una conducta tipificada como falsedad en el artículo 286 del Código Penal. Adicionalmente, se encontró comprobado que la disciplinable sabía del entramado de corrupción gestado al interior de la alcaldía de Alvarado y, no obstante, fue su voluntad cohonestar con la realización del ilícito.
4.7.4 La investigada fue declarada responsable del cargo imputado y, en consecuencia, se le impuso sanción de destitución e inhabilidad general por el término de diez (10) años.
4.8 Del comportamiento de [NOMBRE TACHADO], en su condición de técnico administrativo de la planta globalizada de Alvarado, Tolima, concluyó el fallo:
4.8.1 Sobre la tipicidad, adveró que conforme al análisis probatorio que sustenta la decisión de cargos, la conducta de falsedad en documento público, descrita en el artículo 286 de la Ley 599 de 2000, fue desplegada por el procesado, al extender su firma en las actas de cierre y apertura del Comité Evaluador y el acta de liquidación del contrato de suministro de materiales para la adecuación de la sala de sistemas de la IE Luis Carlos Galán Sarmiento. Ello por cuanto, del dictamen grafológico obrante en la actuación, los doce (12) contratos cuestionados, incluido el 106-2014, están afectados de falsedad en documento público, pues, las firmas del supuesto contratista [NOMBRE TACHADO] contienen particularidades morfo dinámicas que no coinciden con su rúbrica real.
4.8.2 El a quo consideró comprobada la ilicitud sustancial del anterior comportamiento, por el quebrantamiento del principio de moralidad que debe regir la función pública, toda vez que el investigado, siendo el responsable funcional de realizar la supervisión de un contrato de prestación de servicios, procedió a cometer una conducta tipificada como delito, afectando las funciones a su cargo y los fines del Estado Social de Derecho.
4.8.3 La falta disciplinaria fue atribuida en forma definitiva a título de dolo, bajo la consideración de que concurren sus elementos cognitivo y volitivo, pues, el encartado sabía o debía saber que «extender acta de inicio, informe de supervisión y certificación de cumplimiento del objeto del contrato 106-2014 relacionado con el suministro de materiales para adecuación sala de sistemas IE Luis Carlos Galán Sarmiento por valor de $3.810.600, que tenían información alejada de la verdad en los mencionados documentos públicos, es una conducta protegida con el tipo penal del artículo 286 del Código Penal». Del mismo modo, sabía del entramado de corrupción gestado al interior de la alcaldía de Alvarado y fue su voluntad cohonestar con la realización del ilícito.
4.8.4 El investigado fue declarado responsable del cargo imputado por la comisión de una falta gravísima con dolo, y sancionado con destitución e inhabilidad general por el término de diez (10) años.
4.9 Por último, la primera instancia absolvió a César Augusto Martínez, jefe de la Oficina de Planeación e Infraestructura de Alvarado, Tolima, por no haber comprobado el cargo imputado en su contra.
V. SÍNTESIS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN
Los sancionados, a través de sus defensores, y el procesado [NOMBRE TACHADO] en escrito adicional, solicitaron revocar la decisión y absolverlos de responsabilidad. Para el efecto, expusieron las siguientes razones, algunas de las cuales son comunes a varios de los procesados, en tanto que otras corresponden a la situación individual de cada uno de ellos.
5.1 Argumentos comunes de los recurrentes
5.1.1 Nulidad de la actuación
Sujetos procesales
Argumentos de apelación
Defensa común de [NOMBRE TACHADO], [NOMBRE TACHADO] y [NOMBRE TACHADO] escritos separados, el defensor presentó similares argumentos frente a sus tres (3) defendidos, así:
Con invocación de la causal de nulidad prevista en el numeral 1º del artículo 202 del CGD, solicitó la invalidación de la actuación desde el auto 436-22 del 15 de diciembre de 2022, por considerar que se vulneró el debido proceso de sus prohijados, en su modalidad del juez natural por el factor territorial, porque estima que el juzgamiento disciplinario debió hacerse ante la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Ibagué, en tanto el Municipio de Alvarado pertenece al Departamento del Tolima.
Adujo que se debe aplicar la excepción de inconstitucionalidad del artículo 13 del Decreto Ley 1851 de 2021, modificatorio del artículo 25A del Decreto Ley 262 de 2000, que regula la competencia de las procuradurías delegadas de juzgamiento, por resultar violatorio del artículo 29 constitucional, en su dimensión del juez natural.
Defensa de [NOMBRE TACHADO]
Solicitó declarar la nulidad de la actuación desde el auto de evaluación de la investigación disciplinaria (auto de cargos), debido a que, al señalarse el concepto de ilicitud de la conducta reprochada, se incurrió en irregularidades ostensibles lesivas del debido proceso, pues, no se le precisó al investigado haber desconocido algún principio, como si se hizo con respecto a otros procesados, lo cual limitó su derecho al debido proceso y a la defensa, dado que no tuvo un referente ante el cual ejercer su defensa.
Puso de presente que, en el auto de cargos, al tratar la ilicitud sustancial de la conducta del investigado, no se le informó o precisó cuál o cuáles principios pudo desconocer con el comportamiento, mientras que, en el fallo, tratando se subsanar el yerro, se indicó que el principio transgredido fue el de moralidad. Por lo tanto, considera que procede la nulidad por falta de congruencia.
Señaló que en la actuación se incurrió en irregularidad, causante de nulidad desde los cargos, porque al procesado no se le indicó la modalidad en la que incurrió en la falta, si por acción o por omisión, por incumplimiento de un deber o la extralimitación de una función, señalando en qué consistió ello.
Defensa de [NOMBRE TACHADO]
No existe congruencia entre el auto de cargos y el fallo de primera instancia en la denominación jurídica endilgada al procesado.
El auto de cargos no cumplió con los requisitos legales, porque no hizo una evaluación probatoria motivada, que demostrara la conexión de la falta imputada al procesado con su comportamiento.
Tampoco, en el pliego de cargos se evidencia un análisis razonable sobre el actuar aparentemente doloso del procesado.
5.1.2 Prescripción
Sujetos procesales
Argumentos de apelación
Defensa común de [NOMBRE TACHADO], [NOMBRE TACHADO] y [NOMBRE TACHADO] escritos separados, el defensor presentó similares argumentos frente a sus defendidos, aduciendo que en el fallo se trató de forma poco profunda la figura de la prescripción de la acción disciplinaria, puesto que se redujo su análisis a la vigencia del CGD y a la decisión del Consejo de Estado del 29 de septiembre de 2009, providencia que, incluso les resulta favorable a los procesados, pero que, aun así, negó la ocurrencia del fenómeno extintivo.
5.1.3 La prueba trasladada de los procesos penales no cumplió con el procedimiento legal. Inexistencia de la prueba. Solicitud de exclusión
Sujetos procesales
Argumentos de apelación
Defensa de [NOMBRE TACHADO]
Las manifestaciones del procesado [NOMBRE TACHADO] en preacuerdo propuesto a la Fiscalía 38 de Ibagué, tomadas en cuenta en el fallo disciplinario confutado, deben ser excluidas de esta actuación, en razón a que a la fecha no ha sido aprobado o legalizado por el juez competente.
Defensa común de [NOMBRE TACHADO], DadianaAndrea Peña Hernandez y Victor
El fallo disciplinario tuvo como prueba un formato de preacuerdo de [NOMBRE TACHADO] con la Fiscalía, sin que obrara en el expediente acta de verificación o de aceptación judicial, ni mucho menos una sentencia condenatoria.
Las pruebas trasladadas de los procesos penales en las que se fundamentó la decisión de primer grado no cumplieron con la ritualidad del artículo 154 del CGD, puesto que el escrito de acusación en el proceso penal con respecto a los procesados no se ha presentado técnicamente y los elementos materiales de prueba no han sido introducidos o controvertidos en audiencia del juicio oral.
Por lo dicho, todos los elementos trasladados del proceso penal son inexistentes en la actuación disciplinaria.
[NOMBRE TACHADO] (en causa propia)
La prueba pericial de grafología no se encuentra válidamente incorporada al expediente, en tanto no cumplió con las previsiones de la prueba trasladada regladas en la Ley 1564 de 2012, dado que, en el proceso penal no corresponde a una prueba en sentido estricto, en la medida que no ha sido sometida a contradicción en el juicio.
Todo el proceso disciplinario se fundamentó en prueba trasladada de un proceso penal, que no cumplió con las formalidades legales, al punto que las entrevistas no suplen la fuerza de la prueba testimonial recaudada con la intervención de los sujetos procesales, y la prueba de grafología no fue practicada con la intervención de los procesados en el proceso disciplinario.
Defensa de [NOMBRE TACHADO]
Resulta preocupante que la PGN haya utilizado de manera irresponsable y contraria a las normas lo expuesto en un preacuerdo no legalizado entre Carlos Cortés Ayala y la Fiscalía 38 Seccional, dado que no fue presentado ante el juez de conocimiento, y el proceso penal sigue en curso.
5.2 Argumentos individuales
5.2.1 De la defensa de [NOMBRE TACHADO]
5.2.1.1 Adujo que el alcalde no está llamado a ejercer materialmente los procesos contractuales, sino que cuenta con las dependencias de apoyo a través de la delegación administrativa, en cuyo caso, si bien el delegante no se desprende de su responsabilidad, no puede responder por todos los procesos. Sostuvo que el eventual actuar doloso o gravemente culposo de los delegatarios, no puede traducirse en responsabilidad disciplinaria en cabeza del delegante.
5.2.1.2 Los procesos precontractuales que dieron lugar a los negocios jurídicos juzgados fueron adelantados por otros funcionarios y en otras dependencias, y el alcalde solo procedió a la firma, pero los respectivos documentos «ya venían elaborados y revisados» por las áreas competentes en el ente territorial.
5.2.1.3 Los actos de la contratación son actos complejos, puesto que convergen múltiples voluntades de la misma administración territorial. Por tanto, el procesado, como ordenador del gasto del municipio de Alvarado solo «firmaba los documentos que previamente habían sido preparados», lo cual hizo no solo en cumplimiento de sus funciones, sino en ejercicio de la «confianza legítima».
5.2.1.4 Criticó que en el fallo disciplinario se hubiera mencionado al hermano del alcalde, el señor [NOMBRE TACHADO], y señaló que no existe prueba que indique que el mandatario conocía sobre un eventual acuerdo de aquel con el contratista.
5.2.1.5 Aseguró que es notoria la ausencia de prueba tanto documental como testimonial, que demuestre que el disciplinable llevó a cabo algún acuerdo irregular con el contratista, más allá del contrato suscrito por la administración.
5.2.1.6 Adujo que en el plenario obran pruebas a favor del apelante, las cuales fueron obviadas por el a quo; que conforme con el testimonio de [NOMBRE TACHADO] y otros, es posible desvirtuar lo afirmado en el fallo apelado. Las pruebas aludidas, según refiere la apelación, dan cuenta (i) del cumplimiento de los objetos contractuales; (ii) el cumplimiento de los documentos requeridos por la administración, y (iii) la existencia de la persona natural que suscribió los contratos.
5.2.1.7 Consideró que, si los supervisores contractuales en la revisión de los informes del contratista o en las actas de terminación o liquidación no advirtieron irregularidad o falsedad alguna, difícilmente podía el alcalde tener conocimiento sobre ello.
5.2.1.8 Insistió que el alcalde delegó en sus subalternos la vigilancia sobre el cumplimiento de los requisitos contractuales, así como los servicios contratados. Del mismo modo, advirtió que el despacho cuenta con actas de entrega a satisfacción y registros fotográficos sobre el cumplimiento de los doce (12) contratos, así como, de las transacciones realizadas directamente por el Banco de Bogotá a nombre del señor [NOMBRE TACHADO].
5.2.1.9 Por último, aseguró que, con fundamento en la presunción de inocencia, la valoración probatoria debe conducir de manera diligente a la certeza sobre existencia del hecho y la responsabilidad del implicado; en este sentido, la investigación desde su inicio debe encontrarse dirigida a demostrar todos los elementos de responsabilidad disciplinaria. Criticó que, a su juicio, en el expediente disciplinario brilla por su ausencia el análisis técnico o prueba grafológica en relación con lo que la PGN entiende como manipulación de las firmas de [NOMBRE TACHADO].
5.2.2 De la defensa común de [NOMBRE TACHADO], [NOMBRE TACHADO] y [NOMBRE TACHADO]
5.2.2.1 Sostuvo, para los tres procesados, que en este caso nos hallamos frente a una total ausencia de antijuridicidad en materia disciplinaria, amén que no está probado que el actuar de aquellos produjo una afectación injustificada del deber funcional. Adveró que, en el eventual caso de existir afectación, se debe tener en cuenta que los procesados fueron asaltados en su buena fe, pues, les resultaba imposible conocer de la presunta falsedad.
5.2.2.2 Indicó que no se ha probado la existencia del dolo en la conducta investigada a sus representados, lo cual no se puede presumir, sino que se debe probar.
5.2.2.3 No hay prueba para sancionar a sus defendidos, y en virtud de la duda que asiste, debe proferirse fallo a su favor en mérito del principio de indubio pro disciplinado.
5.2.3 De la defensa de [NOMBRE TACHADO]
5.2.3.1 Aseguró que, de la declaración de [NOMBRE TACHADO], citada en el fallo, según la cual las ofertas se recibían en la recepción que depende del despacho del alcalde y luego pasaban a la oficina de contratación, no es posible deducir que el investigado tenía conocimiento de la ilicitud de la contratación, porque la testigo no refirió que la recepción era directamente en del despacho del alcalde. Adujo que el procesado, como alcalde encargado, no tuvo acceso a dicha documentación y por tal razón no se puede sostener con certeza que conocía la ilicitud de esa contratación.
5.2.3.2. Respecto a la misma declaración, afirmó que por el hecho de que algunos documentos lleven la antefirma ALVARO P no es dable inferir que él aprobaba todo documento que lleve esas iniciales, porque ninguno tiene su firma o visto bueno.
5.2.3.3 Añadió que, si bien en la secretaría de Gobierno enviaban los documentos para publicación en el SECOP, eso lo hacían otros servidores públicos, y no eran de conocimiento del procesado.
5.2.3.4 Alegó que, en las anteriores condiciones, la tipicidad de la conducta no se acredita procesalmente, pues una correcta valoración del testimonio no permite concluir y menos con grado de certeza que su representado cometió la falsedad.
5.2.3.5 Manifestó que, de acuerdo con el manual de funciones, el alcalde encargado no estaba obligado a verificar si el contratista había presentado propuesta para contratar, dado que partía del principio de la buena fe, con la cual obran los funcionarios que intervienen en la proyección de dichos documentos contractuales.
5.2.3.6 Solicitó que se tenga en cuenta el Decreto No. 293 de septiembre de 23 de 2024, toda vez que el contrato correspondiente a la invitación 171 de 2014 lo suscribió el 25 de septiembre del mismo año, esto es un día después de encontrase encargado de las funciones de alcalde, ante la imposibilidad de haber conocido en un día los antecedentes de ese proceso de selección.
5.2.4 Argumentos de [NOMBRE TACHADO], en causa propia
5.2.4.1 Señaló la falta de estructuración del cargo enrostrado, pues, a su juicio, no existió la falsedad ideológica imputada en razón a que, en el caso concreto, conforme al artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, que adicionó el numeral 5º del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, y el artículo 85 del Decreto 1510 de 2013, el contrato en sentido estricto lo compone la oferta y su aceptación, por lo que, los documentos suscritos con posterioridad no tienen la connotación de contrato. De tal manera, la conducta deviene en atípica, pues el contrato no contiene información contraria a la verdad real.
5.2.4.2 Según el apelante, su caso debe abordarse desde el principio de confianza, en la medida que, como alcalde encargado, actuó de buena fe exenta de culpa, al confiar en su equipo de apoyo para lograr el propósito de culminar el trámite contractual.
5.2.4.3 Las razones que fundamentaron la ilicitud sustancial no demuestran que existió una real afectación del deber funcional. Señaló que hay inexistencia total de ilicitud sustancial, y que, como tal, no puede reprocharse la configuración de una falsedad al interior de un «contrato», cuando claramente el concepto legal de contrato en la modalidad selección de mínima cuantía, particularmente en el de la Invitación Pública 171 de 2014, dicho documento no correspondió a la minuta, sino que lo comprende la oferta presentada por el proponente y la comunicación de la entidad estatal en la cual aceptó la oferta, que para todos los efectos corresponde al contrato, momento en el que no se extendió documento público donde se hubiere callado total o parcialmente la verdad.
5.2.4.4 El pliego de cargos carece de argumentación respecto de la culpabilidad, en la medida que imputó la falta con dolo por presuntamente suscribir un contrato, cuando se estaba en estricto cumplimiento de sus deberes como ordenador del gasto encargado, de acuerdo al manual específico de funciones y de requisitos por competencias laborales y manual de contratación. Aseveró que, en el caso, él no fue quien recaudó la firma del contratista, sino, una persona distinta, la contratista [NOMBRE TACHADO], de tal suerte que no puede catalogarse como un actuar doloso.
5.2.4.5 Concluyó señalando que en el proceso no hay prueba de la culpabilidad endilgada.
5.2.5 De la defensa de [NOMBRE TACHADO]
5.2.5.1 Si bien en los documentos contractuales referidos en el expediente se evidencia la firma del procesado, ello no necesariamente da lugar a la atribución de responsabilidad disciplinaria, pues, cada uno de los documentales firmados por dicha persona fueron diligenciados en consideración al cumplimiento de los objetos contractuales respectivos. Por tanto, no se trató de contratos ficticios, sino de negocios jurídicos culminados en su totalidad, por lo cual se firmaron las actas de entrega a satisfacción y su posterior liquidación.
5.2.5.2 Los documentos firmados por el disciplinable, conforme al procedimiento interno, debían ser suscritos primero por el contratista ante la oficina de contratación, que era la dependencia donde se llevaba a cabo la recepción y organización de documentos y carpetas contractuales, y posteriormente se remitían a la oficina a la que correspondía la supervisión.
5.2.5.3 Con relación al contrato 090-14, y teniendo en cuenta la fecha de ingreso al cargo de jefe de Planeación e Infraestructura (E), el 5 de junio de 2014, precisó que el investigado vino a actuar hasta la suscripción del acta de cumplimiento de las obligaciones contractuales, época en la que ya se había firmado el bilateral con Edson Andrés Ospina. Recalcó que las labores en la etapa precontractual ya habían sido desarrolladas por otros funcionarios que le antecedieron. Así que, firmó los documentos cuando ya se encontraban suscritos por el contratista, de buena fe exenta de culpa.
5.2.5.4. Adujo la validez de los contratos, así como su ejecución en debida forma, como se evidencia a partir de las actas de cumplimiento suscritas por el supervisor y de la gran cantidad de evidencia fotográfica.
5.2.5.5 Expuso que, si bien el disciplinable cumplió sus tareas de planeación y revisión de la ejecución de los contratos, nunca tuvo un acercamiento directo con el contratista, sino con los trabajadores que realizaron las obras contratadas. Concluyó este punto señalando que en el acervo probatorio obran pruebas suficientes sobre la ejecución de los contratos, por lo cual excusa su firma en las actas y documentos de ejecución.
5.2.5.6 En ningún momento el inquirido Cortés Ayala actuó por fuera de sus funciones y menos de manera dolosa. Ello porque, itera, cuando suscribió los documentos ya estaban firmados por otros servidores de la administración territorial. De ahí que actuó bajo la presunción de autenticidad y buena fe, confiando en la diligencia y correcta labor de otros funcionarios, por lo cual no tenía manera de prever la falsedad aducida en su contra.
5.2.5.7 Solicitó el estudio de la causal de exclusión de responsabilidad contenida en el numeral 8º del artículo 31 del CGD, bajo el entendido de que el investigado no tenía conocimiento real o imputable de la irregularidad de su actuación.
5.2.6 De la defensa de [NOMBRE TACHADO]
5.2.6.1 El procesado firmó los documentos objeto de reproche disciplinario amparado en los principios de la buena fe y de legalidad. Adujo la defensora que la conclusión a la que llegó el ente de control respecto de la reunión del procesado con el contratista para firmar documentos de los contratos 157, 162 y 165 de 2014 es imprecisa, puesto que se están dando por acreditadas pruebas del proceso penal, las cuales no han podido ser controvertidas por los acusados. Afirma que su representado tiene el derecho a que se presuma su buena fe.
5.2.6.2 No compartió la conclusión del fallo impugnado, según la cual no es lógico que unos contratos para desmonte y rocería al lado de carreteras, además por la cuantía, se hubieran adjudicado a un ingeniero civil, toda vez que en la convocatoria no se desestima a algún proponente por su perfil, dado que se trató de un proceso público.
5.2.6.3 Por la clase de contratación, es claro que su representado firmó, pero precisó que los proponentes no se presentaban, y que como miembro del comité evaluador se enfocó en la verificación de los requisitos mínimos habilitantes de acuerdo con la información suministrada con la propuesta.
5.2.6.4 Explicó, con sustento en la declaración ante la Fiscalía General de la Nación de [NOMBRE TACHADO], el 21 de septiembre de 2017, que los procesos de mínima cuantía eran llevados en la secretaría de Gobierno, en la que se daba el visto bueno, y luego se subía la información al SECOP, y posteriormente el proceso era enviado al supervisor para que se firmara lo concerniente a sus funciones, por lo cual, en su caso, este procesado actuó de buena fe, además que, cuando hizo la supervisión en campo, evidenció el cumplimiento de los contratos, como se soportó en el material fotográfico dejado en las carpetas correspondientes.
5.2.6.5 El procesado actuó en su sano juicio y leal entender, teniendo en cuenta que los procesos contractuales se manejaban desde la Oficina de Contratación, por lo que aquel tuvo la confianza y certeza de que estos eran ajustados y veraces.
5.2.6.6 En ningún momento el disciplinable actuó con la intención de menoscabar el patrimonio del Estado.
5.2.6.7 En el proceso disciplinario no se realizaron pruebas grafológicas que indiquen que el disciplinable suplantó la firma del contratista.
5.2.6.8 En síntesis, el encartado no incurrió en conducta de falsedad ideológica, la cual comporta una actuación dolosa, más que en el proceso penal no ha sido adoptada una decisión definitiva.
5.2.6.9 El manual de funciones no le imponía al investigado, en su calidad de supervisor, la obligación de verificar la identidad del contratista. Solicita tener en cuenta lo señalado en el Decreto 019 de 2012.
5.2.6.10 El sancionado, habiendo realizado los trámites de identificación que le autorizaba la ley, y no conociendo previamente al contratista, obró de buena fe e incurso en error invencible e insuperable, dado que no contaba con las herramientas para verificar la real identidad del contratista.
5.2.6.11 La carencia de ilicitud es suficiente para proceder a revocar la decisión sancionatoria y disponer la absolución del investigado.
5.2.6.12 Finalmente, la defensora solicitó dar aplicación a la presunción de inocencia.
5.2.7 De la defensa de [NOMBRE TACHADO]
5.2.7.1 Los argumentos de defensa en sede de primera instancia no se tuvieron en cuenta en el fallo sancionatorio. En particular, el juzgador no reparó en el periodo dentro del cual la investigada fungió como funcionaria de la administración de Alvarado, Tolima, esto es entre el 16 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2015. Dicho aspecto es relevante, porque para la fecha de ingreso de aquella, los estudios previos, estudios de conveniencia y oportunidad para el trámite contractual objeto de investigación ya habían sido elaborados por los servidores públicos que le antecedieron. Por ello, en razón al principio de confianza en el personal a cargo, así como al avance de los procesos, es que la procesada procedió a la firma de los documentos, sin que observara irregularidad alguna.
5.2.7.2 En cuanto a las firmas plasmadas por la investigada en el acta de inicio, constancia de cumplimiento a satisfacción y acta de liquidación del contrato 171 del 25 de septiembre de 2014, precisó que primero las firmó el contratista [NOMBRE TACHADO], y que posteriormente los documentos le fueron allegados para su rúbrica, procedimiento que coincide con lo declarado por [NOMBRE TACHADO], funcionaria de contratación.
5.2.7.3 Como supervisora del contrato realizó vigilancia y control a la correspondiente ejecución, encontrando que el bilateral se cumplió debidamente, por lo que procedió con la firma de las actas de cumplimiento y liquidación, sin que por ello hubiese incurrido en irregularidad funcional. Precisó que a su despacho llegaron los documentos firmados por el contratista, para su rúbrica, sin haber tenido contacto directo con aquel. Adicionalmente, su labor de supervisión se cumplió en campo en contacto con los trabajadores, pero no del contratista.
5.2.7.4 Enfatizó que el objeto contractual se cumplió a satisfacción, como lo evidencia el registro fotográfico, de manera que, de no haber suscrito las actas en mención, ahí si hubiera incurrido en irregularidad disciplinaria.
5.2.7.5 Reiteró que presumió la legalidad de los documentos contractuales, por lo cual no realizó exigencias adicionales a lo dispuesto en el contrato de prestación de servicios, y que por ello no evidenció suplantación de identidad alguna.
5.2.7.6 Consideró que el proceso no cuenta con suficiente material probatorio que dé cuenta de la falta disciplinaria más allá de toda duda razonable, por lo que se impone su presunción de inocencia.
VI. CONSIDERACIONES
6.1 Competencia
De conformidad con el numeral 6º del artículo 277 de la Constitución Política, los artículos 1 y 16 de la Ley 2094 de 2021 y el numeral 3º del artículo 22 del Decreto Ley 262 de 2000, modificado por el artículo 11 del Decreto Ley 1851 de 2021, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos en contra del fallo sancionatorio del 29 de agosto de 2023 por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 3, toda vez que dicha decisión fue proferida frente a un servidor público de elección popular, competencia que por fuero de atracción cobija a los demás funcionarios vinculados al proceso.
Los recursos se desatan dentro del delimitado marco que define el inciso 2º del artículo 234 del CGD, en tanto establece que «El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación».
Del mismo modo, corresponde a la Sala resolver conforme a los lineamientos señalados por la Corte Constitucional en la sentencia C-030 de 2023.
6.2 Estructura de la decisión
Atendiendo los argumentos presentados en los recursos de apelación, la Colegiatura se pronunciará sobre los siguientes aspectos: (6.2.1) Vigencia de la acción disciplinaria; (6.2.2) Nulidades en el procedimiento disciplinario y análisis de las planteadas en el caso concreto; (6.2.3) Marco jurídico sobre la prueba trasladada en el proceso disciplinario; (6.2.4) Sobre la propuesta de preacuerdo de [NOMBRE TACHADO] en el proceso penal; (6.2.5) Análisis probatorio general; (6.2.6) Examen del caso concreto y respuesta a los argumentos individuales de los apelantes; (6.2.7) Conclusión; (6.2.8) Falta disciplinaria constitutiva de corrupción; y (6.2.9) Otras determinaciones.
6.2.1 Vigencia de la acción disciplinaria
El defensor común de los procesados [NOMBRE TACHADO], [NOMBRE TACHADO] y [NOMBRE TACHADO] refirió que en el fallo confutado se trató de forma poco profunda la figura de la prescripción de la acción disciplinaria, puesto que se redujo su análisis a la vigencia del CGD y a la decisión del Consejo de Estado del 29 de septiembre de 2009, por lo cual solicitó su declaratoria.
Para determinar si el fenómeno extintivo tuvo ocurrencia en este caso, es necesario concretar la fecha de los hechos que dieron lugar a los cargos imputados y la sanción, así como la norma aplicable. En ese sentido, encuentra la Sala que las conductas reprochadas a los procesados tuvieron ocurrencia a partir de contratos suscritos y ejecutados en el año 2014, es decir en vigencia del CDU, por lo cual, al asunto deben aplicarse los términos de caducidad y prescripción previstos en el artículo 30 de este estatuto, modificado por el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011, que prevé:
Artículo 30. Modificado por el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011. Caducidad y prescripción de la acción disciplinaria. El artículo 30 de la Ley 734 de 2002, quedará así:
La acción disciplinaria caducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia de la falta, no se ha proferido auto de apertura de investigación disciplinaria. Este término empezará a contarse para las faltas instantáneas desde el día de su consumación, para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último hecho o acto y para las omisivas cuando haya cesado el deber de actuar.
La acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados a partir del auto de apertura de la acción disciplinaria. Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un mismo proceso la prescripción se cumple independientemente para cada una de ellas. (Resalta la Sala).
Parágrafo. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo establecido a los tratados internacionales que Colombia ratifique.
La interpretación de la referida regla debe hacerse conforme con la sentencia de unificación dictada por la Sala Plena del Consejo de Estado del 29 de septiembre de 2009, en cuanto determinó que:
En su misión de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis según la cual en tratándose de régimen sancionatorio disciplinario, la sanción se impone de manera oportuna si dentro del término asignado para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto que concluye la actuación administrativa sancionatoria, que es el acto principal o primigenio y no el que resuelve los recursos de la vía gubernativa. Esta posición unificada no aplica respecto de investigaciones en otras materias que se regulen por regímenes especiales. (Resaltos de la Sala).
Es decir que, bajo la línea unificada del órgano de cierre de la jurisdicción contencioso-administrativa, con la notificación del fallo disciplinario de primera instancia se interrumpía, en vigencia del CDU, la prescripción de la acción, regla que posteriormente fue adoptada en el artículo 33 del CGD.
Cabe anotar que el artículo 30 ibidem, que viene de citarse, rigió hasta el 28 de diciembre de 2023. Así se previó en el parágrafo segundo del artículo 265 del CGD, modificado por el artículo 73 de la Ley 2094 de 2021, en tanto estableció:
Parágrafo 2. El artículo 7 de la presente ley entrará a regir treinta meses (30) después de su promulgación. Mientras tanto, mantendrá su vigencia el artículo 30 de la ley 734 de 2002, modificado por el artículo 132 de la ley 1474 de 2011.
Significa que, analizado el caso concreto, como el auto de apertura de la investigación disciplinaria se produjo el 6 de agosto de 2018, es claro que no operó la caducidad, pues, no habían transcurrido los cinco (5) años desde los hechos. Del mismo modo, siendo el auto de apertura de investigación el hito para contabilizar el término de la prescripción, el fallo disciplinario de primera instancia se podía dictar válidamente, en principio, hasta el 6 de agosto de 2023. Y se afirma que, en principio, porque durante el lapso en mención tuvo ocurrencia la suspensión de términos por la pandemia del Covid-19.
En efecto, mediante el Decreto Legislativo 417 del 17 de marzo de 2020, el Presidente de la República declaró el «Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica» en todo el territorio Nacional. Dentro de las medidas adoptadas se encuentra la siguiente, cuyo propósito principal fue garantizar la prestación del servicio público de justicia.
Que con el propósito de limitar las posibilidades de propagación del nuevo virus Covid 19 y de proteger la salud del público en general y de los servidores públicos que los atienden, se hace necesario expedir normas de orden legal que flexibilicen la obligación de atención personalizada al usuario y se permita incluso la suspensión de términos legales en las actuaciones administrativas y jurisdiccionales. [Énfasis añadido].
Del mismo modo, con el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, el Gobierno nacional adoptó medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas, así como otras para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica.
El artículo 6º del citado Decreto 491 reguló lo relacionado con la suspensión de términos de caducidad y prescripción de las actuaciones administrativas y jurisdiccionales en sede administrativa. El inciso cuarto, en particular, previó:
Durante el término que dure la suspensión y hasta el momento en que se reanuden las actuaciones no correrán los términos de caducidad, prescripción o firmeza previstos en la Ley que regule la materia. [Resaltos]
En sentencia C-242 de 2020, la Corte Constitucional declaró la conformidad del Decreto Legislativo 491 a la Carta Política y, en el preciso aspecto de la suspensión de términos en actuaciones administrativas y sus efectos frente a la prescripción y la caducidad, expresó:
6.153. Por último, esta Sala evidencia que la habilitación para suspender los términos de las actuaciones administrativas y jurisdiccionales en sede administrativa es una medida proporcional, porque a pesar de que afecta la celeridad de los trámites que por mandato superior deben tener los procedimientos, lo cierto es que, en primer lugar, se trata de una medida que no aplica para actuaciones que versen sobre asuntos iusfundamentales, por lo cual solo se puede acudir a dicha figura frente asuntos de índole legal o reglamentario.
6.154. En relación con dicho aspecto, la Corte estima que limita el grado de afectación del principio constitucional de celeridad en las actuaciones, porque garantiza que los asuntos que versan sobre los bienes más preciados del ser humano no se vean suspendidos, y que la misma sólo aplique a causas en las que se debaten puntos de menor valía en el sistema de valores implementado en la Carta Política.
6.155. En segundo lugar, la Sala advierte que la suspensión no aplica de plano y respeta la autonomía administrativa, pues le corresponde a cada autoridad definir cómo operará, teniendo la facultad de suspender todo el procedimiento o alguna etapa de este, lo cual debe justificar en un acto administrativo motivado.
6.156. En torno al grado de motivación exigido, este Tribunal evidencia que se exige una fundamentación calificada, ya que la autoridad debe: (i) dar cuenta de que hubo una evaluación previa de la situación que la lleva a encontrar justificada la adopción de la medida en función de sus actividades y procesos, y (ii) las razones que se invoquen deben estar relacionadas con el servicio y las causas de la emergencia sanitaria.
6.157. En tercer lugar, esta Corte advierte que la medida que autoriza la suspensión es temporal, toda vez que únicamente puede adoptarse mientras dure la emergencia sanitaria y la misma se levantará de plano al día siguiente que finalice la misma, por lo que se descarta que continúe su aplicación después de que cesen las condiciones extraordinarias que dieron lugar a su adopción.
6.158. En cuarto lugar, esta Sala observa que la medida examinada tiene en cuenta que la suspensión de términos puede llegar a afectar los tiempos de caducidad, prescripción o firmeza previstos en la ley y, a efectos de evitar una vulneración al debido proceso, señala que los mismos no correrán durante el plazo en que se utilice la figura. [Se resalta].
Por otra parte, el Consejo de Estado, en ejercicio de su función misional de controlar la legalidad de los actos y medidas administrativas adoptadas durante el «Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica» decretado con el citado Decreto Legislativo 417 del 17 de marzo de 2020, discurrió frente a la suspensión de términos de caducidad y prescripción en materia disciplinaria, así:
Es así como, la suspensión de los términos procesales de las actuaciones disciplinarias a cargo de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios -UPRA -, y la determinación de que durante el tiempo de suspensión y hasta el momento en que se reanuden las actuaciones no correrán los términos de caducidad, prescripción o firmeza, resulta idónea y eficaz para limitar las posibilidades de propagación del virus del COVID-19, proteger los derechos a la vida y la salud, y para garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de los sujetos procesales que intervienen en estos procesos; lo cual sin lugar a duda, contribuye a superar el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Gobierno Nacional a través del Decreto Legislativo 417 de 17 de marzo de 2020 y se ajusta a la norma extraordinaria en que se fundamenta, esto es, el Decreto Legislativo 491 de 2020.
En el caso de las actuaciones disciplinarias adelantadas en la PGN, el Procurador General, mediante las Resoluciones 128 del 16 de marzo, 136 del 24 de marzo, 148 del 3 de abril, 173 del 17 de abril, 184 del 24 de abril y 204 del 8 de mayo, todas del año 2020, suspendió los respectivos términos por razón de la pandemia, durante un total de setenta (70) días contados entre el 17 de marzo y el 25 de mayo de dicho año, lapso durante el cual quedó en suspenso el cómputo correspondiente a la caducidad y prescripción.
Algunos de estos actos dispusieron que, en los casos en los que se designara funcionario especial para conocer del respectivo proceso, no se tenían por suspendidos los términos. A ese respecto, se cita por pertinente el análisis realizado por la Sala Disciplinaria Ordinaria de la PGN, que sobre el particular señaló:
La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular, luego de analizar las resoluciones mediante las cuales se suspendieron los términos en las actuaciones disciplinarias en la Procuraduría General de la Nación, concluyó, que conforme a lo dispuesto en el artículo segundo de la Resolución 0136 del 24 de marzo de 2020, la medida no cobija aquellas en las cuales se hubiese efectuado designación de funcionario especial, habida cuenta que la norma disponía:
"ARTICULO SEGUNDO. - La presente disposición no se aplicará para los casos en que se designe funcionario especial o en los cuales el Procurador General de la Nación determine, por acto especial, continuar el trámite procesal en los términos ordinarios." (negrilla y subrayado fuera de texto)
Esta Colegiatura no comparte el enfoque dado por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular, a lo dispuesto en el artículo segundo de la Resolución 0136 del 24 de marzo de 2020.
Con el propósito de sustentar la postura de la Sala, es menester, primeramente, hacer un recuento sobre los actos administrativos proferidos para la suspensión de términos en la Procuraduría General de la Nación; así, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto Legislativo No. 491 de 2020, el señor Procurador General de la Nación, mediante la Resolución No. 128 del 16 de marzo de 2020, ordenó la suspensión de términos en todas las actuaciones disciplinarias tramitadas hasta el 31 de marzo de 2020, sin excepción alguna.
Luego, mediante Resolución 136 del 24 de marzo de 2020, el señor Procurador General de la Nación prorrogó la suspensión de términos hasta el 3 de abril de 2020; no obstante, en el artículo segundo se insertaron las siguientes excepciones:
i) Los casos en los que se designe funcionario especial.
ii) Los procesos en los cuales el Procurador General de la Nación determine, por acto especial, continuar el trámite procesal en los términos ordinarios.
iii) Los casos originados en faltas derivadas en razón o con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
La suspensión de términos en las actuaciones disciplinarias tramitadas en la Procuraduría General de la Nación, junto con las excepciones contempladas en el artículo segundo de la Resolución 136 del 24 de marzo de 2020, fueron prorrogadas, mediante las resoluciones 148 del 3 de abril, 173 del 17 de abril, 184 del 24 de abril y 204 del 18 de mayo, hasta el 25 de mayo de esa anualidad. Dicho lo anterior, lo que corresponde a la Sala es determinar el verdadero alcance del artículo segundo de la Resolución 136 del 24 de marzo de 2020, esto es, establecer si en todos los casos en que se hubiese designado funcionario especial, los términos no fueron objeto de suspensión.
[…]
Es así como en sentido gramatical, el artículo segundo de la Resolución 0136 del 24 de marzo de 2020, enseña que la excepción a la suspensión de términos no abriga aquellos casos en los cuales la designación de funcionario especial se hubiera efectuado antes del 16 de marzo de 2020.
Lo anterior, en el entendido que la norma empleó la expresión "en que se designe"; lo que significa que el supuesto normativo cobija situaciones futuras y no pasadas; por tanto, en aquellos casos en los que la designación de funcionario especial se hubiera dispuesto antes del 16 de marzo de 2020, los términos de la actuación fueron objeto de suspensión.
La expresión, "en que se designe", implica que en aquellos procesos en los cuales la designación de funcionario especial fue entre el 16 de marzo y el 25 de mayo de 2020, fecha esta última en la que se ordenó levantar la suspensión de términos, estos correrían de manera ordinaria, valga significar, no fueron afectados con la medida.
Ahora, de interpretarse la norma con el enfoque que lo hizo la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular, comportaría que todos los casos en los cuales se hubiese designado funcionario especial se aplicara la excepción contemplada en el artículo segundo de la Resolución 0136 del 24 de marzo de 2020, lo cual desconoce el contexto histórico y la finalidad de la norma.
Para esta Corporación no cabe duda que la voluntad de la administración fue suspender, por regla general, los términos en las actuaciones disciplinarias tramitadas al interior de la Procuraduría General de la Nación, con ocasión de la emergencia sanitaria por el COVID-19, así se desprende de las consideraciones expuestas en las resoluciones mediante las cuales se prorrogó la medida de suspensión de términos.
Igualmente, la parte considerativa de los referidos actos administrativos dan cuenta del contexto histórico en el que se profirieron, esto es, en vigencia del estado de emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional; así, la suspensión de términos fue una medida adoptada por el señor Procurador General de la Nación, para conjurar la propagación del COVID-19, con el cual se buscó impedir que las personas que intervienen en las actuaciones disciplinarias (servidores públicos de la Procuraduría General de la Nación, investigados, defensores, quejosos, etc.), acudieran a las sedes de la Entidad.
Desde esa perspectiva, esto es, atendiendo la interpretación histórica y teleológica, la interpretación gramatical del enunciado que se estudia, se concluye por parte de la Sala que no resulta adecuado considerar que en todos los casos de designación de funcionario especial implicaba la no suspensión de términos desde el 16 de marzo hasta el 25 de mayo de 2020.
Así las cosas, analizada por esta Colegiatura la decisión disciplinaria citada, proferida por la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento, la encuentra, en el aspecto referido, ajustada al ordenamiento jurídico y a las circunstancias contextuales vigentes para la época, motivo por el cual la comparte. En efecto, como dicha dependencia lo motiva, la excepción a la suspensión de los términos por la designación de funcionario especial estaba destinada a los casos en los que, en el mismo contexto de la pandemia, el Procurador General dispuso la continuación o activación de actuaciones disciplinarias concretas, en temas puntuales como algunas irregularidades en contratos suscritos para mitigar los efectos del Covid-19.
Dichas suspensiones, citado el marco normativo y jurisprudencial que viene de referirse, resultan ajustadas a la constitucionalidad y legalidad, por lo que, para el caso analizado, el término de la prescripción se extendió válidamente hasta el 15 de octubre de 2023.
Ahora bien, como el fallo disciplinario de primera instancia fue dictado por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 3, el 29 de agosto de 2023, y notificado por medios electrónicos el 30 del mismo mes y año, ergo, según lo reseñado, se encontraba dentro del plazo para interrumpir la prescripción de la acción.
En otros términos, como la prescripción de la acción disciplinaria en el caso concreto se regía por las reglas del artículo 30 del CDU y la sentencia de unificación dictada por la Sala Plena del Consejo de Estado el 29 de septiembre de 2009, encuentra esta Colegiatura que dicho fenómeno extintivo fue interrumpido por la primera instancia en debida y oportuna forma. De consiguiente, no había operado la prescripción a la fecha de proferirse y notificarse la decisión de primer grado.
Finalmente, es importante dejar precisado que a este asunto no le son aplicables las reglas del artículo 33 del CGD, pues, para la época de su entrada en vigor, esto es el 29 de diciembre de 2023, ya había operado la interrupción de la prescripción.
Se responde así, de manera negativa, uno de los argumentos comunes expresados por los apelantes citados.
6.2.2 Nulidades en el procedimiento disciplinario y análisis de las planteadas en el caso concreto
La actuación disciplinaria tiene como finalidad específica la materialización de la potestad disciplinaria del Estado y, con ella, ejercer uno de los controles en relación con las conductas de los servidores públicos, sujeta a las garantías del debido proceso. Es por eso que se debe adelantar con estricto apego a las reglas y condiciones procesales previstas en la Constitución Política y en la ley, puesto que, de lo contrario, podría configurarse alguna de las causales de invalidación previstas en el procedimiento disciplinario, que para el caso que nos ocupa, son las previstas en el artículo 202 del CGD.
En tal contexto, la nulidad es un mecanismo jurídico excepcional previsto en el ordenamiento disciplinario para cuando no existe en el proceso otra alternativa legal ante una irregularidad trascendental. Esto es, cuando se trata de un vicio irremediable que no se puede enmendar de una forma diferente a declarar su acaecimiento y rehacer la actuación viciada, a efecto de que se cumplan los propósitos fundamentales del procedimiento y se garanticen los derechos de los sujetos procesales, finalidades que están contempladas como principio orientador en el artículo 11 de la codificación en cita.
La figura jurídica de las nulidades tiene como propósito restar eficacia a la actuación que no se ajusta al cumplimiento de los fines y funciones del proceso, cuando no existe otro remedio para subsanar el error. En general, las nulidades procesales responden a la necesidad de hacer prevalecer el debido proceso como garantía fundamental del investigado, cuando existan irregularidades que afectan el núcleo del derecho, que lo limitan en su ejercicio o que lo socaban en algunas de sus expresiones, tales como el derecho a la defensa, la competencia del juez natural o el derecho a ser escuchado y vencido en juicio, entre otras.
El debido proceso como derecho y principio, tiene consagración constitucional en el artículo 29 de la Carta Política, se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, con lo que el plexo que le subyacen se aplica a cualquier procedimiento estatal; además, encuentra desarrollo en el artículo 12 del CGD, como el conjunto de garantías de que gozan los investigados, que se materializa a través de distintas manifestaciones, entre las cuales, el derecho a la defensa, como lo ha precisado la Corte Constitucional.
En efecto, el máximo órgano constitucional ha señalado que el debido proceso es propio de toda actuación que se realiza ajustada a las formas propias establecidas por el legislador para el respectivo juicio, permitiendo un trato en igualdad para quienes allí participan, así como el ejercicio de la defensa en debida forma para la protección de sus derechos e intereses; y, en segundo lugar, que las reglas procesales deben ser conducentes a la finalidad que con ellas se pretende y para la cual fueron concebidas, dentro del cumplimiento del cometido estatal de administrar justicia y de la salvaguarda de los derechos materiales controvertidos. De este modo, las nulidades tienen como propósito restar eficacia al acto que no se ajusta al cumplimiento de los fines y funciones del proceso, cuando no existe otro remedio para subsanar esa irregularidad.
Empero, según se ha dicho por la doctrina y la jurisprudencia, no cualquier irregularidad suscita la nulidad, sino que es necesario que sea sustancial, esto es, que se proyecte a la esfera material del debido proceso y limite el derecho de defensa. En ese sentido, para que las infracciones procesales puedan invalidar lo actuado, debe acreditarse que afectaron trascendentalmente las garantías fundamentales del debido proceso, de manera que las omisiones, yerros o quebrantos de menor entidad no pueden determinar una nulidad, pues aquella está concebida como un remedio procesal extremo.
Las nulidades procesales en materia disciplinaria, conforme con los artículos 202 y subsiguientes del CGD, proceden a solicitud de alguno de los sujetos procesales o de oficio. Con todo, en el análisis para restar o no eficacia a un acto procesal, el funcionario que adelanta la actuación debe realizar un doble juicio de valor: (i) el de la causal expresa que aplica al caso y (ii) el de los postulados que la regulan, previstos en el artículo 203 de la mencionada codificación, valga recordar: especificidad, trascendencia, protección, convalidación y residualidad
La preclusión, taxatividad y oportunidad que caracterizan al instituto de las nulidades, son el fundamento de la seguridad jurídica que blinda el proceso para no declarar la invalidez de cualquier situación que se presente en desarrollo de los procesos, que sea insubstancial o alegada más allá del plazo estipulado por la ley o se trate de alguna circunstancia que no constituye causal de invalidación de lo actuado.
En virtud de ello, cuando en el trámite del proceso disciplinario se advierta la existencia de alguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 202 CGD, que vicien de manera insaneable la actuación, el funcionario deberá declararla a partir del momento procesal en el que se presente, en aras de la prevalencia del interés general (justicia, efectividad del derecho sustantivo y búsqueda de la verdad material).
Bajo estas premisas, a continuación, se analizan los fundamentos de impugnación planteados por los sujetos procesales como causales de invalidez de la actuación, en el entendido que, conforme al artículo 206 del CGD, la «solicitud de nulidad podrá formularse hasta antes de dar traslado para alegatos de conclusión», luego, entonces, como en este caso dichos pedimentos se hicieron en los recursos de apelación, así serán analizados; como argumentos de las alzadas.
6.2.2.1 La solicitud de nulidad del defensor común de [NOMBRE TACHADO], [NOMBRE TACHADO] Y [NOMBRE TACHADO]
i) La competencia de la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 3 para adelantar el juzgamiento disciplinario
El defensor de los disciplinables referidos, mediante sendos escritos, solicitó la invalidación de la actuación desde el auto 436-22 del 15 de diciembre de 2022, con el que la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 3 avocó conocimiento de la actuación y fijó el procedimiento a seguir, por considerar que se vulneró el debido proceso de sus prohijados, en su dimensión del juez natural por el factor territorial, porque estima que el juzgamiento disciplinario debió hacerse en la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Ibagué, dado que el Municipio de Alvarado pertenece al Departamento del Tolima.
Lo primero que anota esta Sala, es que las competencias internas en la Procuraduría General de la Nación, en materia disciplinaria, fueron asignadas a la ley, según se estableció en el numeral 6º del artículo 277 de la Constitución Política, que dice:
Artículo 277. El Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, tendrá las siguientes funciones:
[…]
6. Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley (Resalta la Sala)
En ese orden, el Decreto Ley 262 de 2000, modificado por el Decreto Ley 1851 de 2021, regula las competencias internas de la PGN. Es así como, en el artículo 25A del citado Decreto 262, se consagraron las competencias de las procuradurías delegadas de juzgamiento, así:
Las procuradurías delegadas de juzgamiento tienen las siguientes competencias:
Conocer de la etapa de juzgamiento de los procesos adelantados por las procuradurías delegadas de instrucción.
[…]
Del mismo modo, el numeral 19 del artículo 7º ibidem, vigente para la época, contemplaba que el Procurador General de la Nación tenía entre sus competencias la siguiente:
Crear comisiones disciplinarias especiales de servidores de la Procuraduría General o designar a un funcionario especial de la misma para adelantar investigaciones disciplinarias y fallar, así como para decretar la suspensión provisional, cuando la gravedad, importancia o trascendencia pública del hecho lo ameriten, para lo cual podrá desplazar al funcionario del conocimiento. (Negrillas de la Sala)
[…]
La referida regla se modificó y ahora aparece en el numeral 18 del artículo 7, citado, correspondiente al artículo 2º del Decreto Ley 1851 de 2021:
Crear comisiones disciplinarias especiales de servidores de la Procuraduría General de la Nación o designar funcionarios especiales de la misma para adelantar la instrucción o el juzgamiento, cuando sea necesario por razones de orden público, trascendencia social y/o económica del asunto, imparcialidad o independencia de la función disciplinaria, así como para asegurar las garantías procesales o la seguridad o integridad de los sujetos procesales. (Negrillas de la Sala).
[…]
En el asunto concreto, observa la Sala que el Procurador General de la Nación, mediante la Resolución 416 del 14 de agosto de 2017, designó como funcionario especial para el conocimiento e impulso procesal de la actuación disciplinaria radicada con el número IUS E-2017-573460, a la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, dependencia que adelantó la fase instructiva hasta que, en cumplimiento de la separación de las etapas de instrucción y juzgamiento establecida en la Ley 2094 de 2021, la Procuradora General de la Nación, con las Resoluciones 207 y 217 del mismo año, dispuso la redistribución funcional disciplinaria interna, de manera que las diligencias se remitieron a la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública y la Transparencia Pública, la cual profirió el auto de cargos el 31 de octubre de 2022.
Seguidamente, el expediente fue remitido a las procuradurías delegadas para el juzgamiento disciplinario, para proseguir con la etapa de juicio, correspondiendo en reparto a la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 3.
Así las cosas, contrario al argumento del defensor, no se observa irregularidad alguna en cuanto a la competencia del juzgador de primera instancia, puesto que obró conforme al marco normativo legal, por lo cual, tampoco concurre la causal invalidante de la actuación alegada en las apelaciones.
(ii) Sobre la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad frente al artículo 13 del Decreto Ley 1851 de 2021
La defensa de los procesados en mención también pidió la anulación de la actuación por vía de la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad del artículo 13 del Decreto Ley 1851 de 2021, modificatorio del artículo 25A del Decreto Ley 262 de 2000, que regula la competencia de las procuradurías delegadas de juzgamiento, por estimar que resulta violatorio del artículo 29 constitucional, en su dimensión del juez natural.
En general, la excepción de inconstitucionalidad encuentra fundamento en el artículo 4º de la Constitución Política, en tanto establece que «La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales». Por manera que, en un caso concreto, ante alguna contradicción entre una disposición legal y otra constitucional, ha de prevalecer la aplicación de esta última, con el fin de preservar las garantías constitucionales.
La Corte Constitucional, en la sentencia SU-132 de 2013, dijo:
La jurisprudencia constitucional ha definido que “la excepción de inconstitucionalidad es una facultad o posibilidad (o si se quiere, una herramienta) de los operadores jurídicos, en tanto no tiene que ser alegada o interpuesta como una acción; pero se configura igualmente como un deber en tanto las autoridades no pueden dejar de hacer uso de ella en los eventos en que detecten una clara contradicción entre la disposición aplicable a una caso concreto y las normas constitucionales”. En consecuencia, esta herramienta se usa con el fin de proteger, en un caso concreto y con efecto inter partes, los derechos fundamentales que se vean en riesgo por la aplicación de una norma de inferior jerarquía y que, de forma clara y evidente, contraría las normas contenidas dentro de la Constitución Política.
En el caso examinado, la Colegiatura no encuentra contradicción entre el artículo 13 del Decreto Ley 1851 de 2021, modificatorio del artículo 25A del Decreto Ley 262 de 2000, con el artículo 29 constitucional, en particular, porque la norma constitucional citada no previó el régimen de competencias internas en materia disciplinaria en la PGN. Como se anotó en apartado anterior, el numeral 6º del artículo 277 de la Carta, las remitió a la ley, y por ello fueron previstas en el Decreto Ley 262 de 2000, modificado por el Decreto Ley 1851 de 2021, como también viene de explicarse.
En ese sentido, contrario a lo señalado por el defensor, no se patenta la causa invalidante alegada por los apelantes.
6.2.2.2 Solicitud de nulidad del defensor de [NOMBRE TACHADO]
i) De las presuntas irregularidades en el auto de formulación de cargos
El defensor de confianza del investigado pidió la nulidad de la actuación desde el auto de formulación de cargos, en razón a que, según afirma, en dicha determinación, al sustentarse la ilicitud sustancial, se incurrió en irregularidades ostensibles por cuanto no se le precisó al disciplinable haber desconocido algún principio, lo cual limitó su derecho al debido proceso, pues, no tuvo un referente ante el cual ejercer su derecho a la defensa.
Al respecto, esta Colegiatura observa que, en el auto de formulación de cargos, formulado a [NOMBRE TACHADO], la procuraduría delegada de instrucción, motivó:
De esta manera y tomando con referente la ya señalada Sentencia C-379 del 3 de noviembre de 2021, MP. JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR, de la que se hizo mención en acápites anteriores del presente documento para abordar la conclusión que, el señor [NOMBRE TACHADO], cuando en fecha del 25 de septiembre de 2014, firmaba documentos en condición de alcalde encargado, le correspondía cumplir la Constitución Política de Colombia y las leyes de la República tal como lo contiene artículo 6 de la Constitución Política que como lo refiere la aludida sentencia constitucional, determina la fuente de la responsabilidad de los servidores públicos por infringir sus disposiciones y las leyes ocasionando ilicitudes ya sea por acción, omisión y por extralimitación en el ejercicio de sus funciones, lo cual, para efectos disciplinarios constituye una limitante de la potestad sancionadora que se encuentra soportada por las disposiciones de los artículos 122, 123 y 124 de la Carta Política.
En consecuencia, se incurre en ilicitud sustancial cuando con el comportamiento que se presume pudo haber incurrido el alcalde encargado señor [NOMBRE TACHADO], habría trasgredido la norma disciplinaria según se le indicara anteriormente y por consiguiente se considera que ia conducta de acción que habría realizado, derivó en la transgresión del ordenamiento legal vigente, estipulada en el artículo 48 del Capítulo I Título Único, del libro ll de la ley 734 del 05/02/2022, en consonancia con el artículo 286 del capítulo III, título IX de la ley 599 del 27/07/2000 (código penal), concluyendo entonces que la ilicitud sustancial en que podría haber incurrido el aquí indicado disciplinado se concreta en la aparente comisión del comportamiento descrito en la ley como delito.
Ahora bien, señala el artículo 5o del CDU [reproducido en el artículo 9º del CGD, modificado por el artículo 2º de la Ley 2094 de 2021], que «La falta será antijuridica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna».
La Corte Constitucional, en la sentencia C-452 de 2016, afirmó al respecto de esta categoría dogmática de la falta disciplinaria, que «el ejercicio de la función pública debe estar enfocada al cumplimiento de los fines esenciales del Estado, destacándose los previstos en el artículo 2º C.P. Para cumplir con este objetivo, la actividad de los servidores públicos debe guiarse tanto por los deberes específicos que le imponen a cada empleo el orden jurídico aplicable como, de una forma más amplia, los principios generales del ejercicio de la función pública, esto es, igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad (Art. 209 C.P.)
En otros términos, la ilicitud sustancial hace referencia al quebrantamiento sustancial de los deberes funcionales, por el desconocimiento o infracción de los principios que rigen la función pública.
En el caso analizado, este órgano colegiado observa que en el auto de cargos adujo la autoridad instructora que el procesado infringió sustancialmente sus deberes funcionales como alcalde encargado del municipio de Alvarado, Tolima, porque al firmar los documentos relacionados en el cargo disciplinario, obró de manera contraria al ordenamiento jurídico, dando lugar con su comportamiento a la ocurrencia de una infracción a la ley penal sustancial.
Si bien, como lo expuso el defensor, en el auto de cargos no se especificó a qué principio de la función pública correspondía dicha motivación, es claro que se trata del de moralidad, como así emerge de la definición citada en el numeral 5º del artículo 3 del CPACA (Ley 1437 de 2011), que dice:
5. En virtud del principio de moralidad, todas las personas y los servidores públicos están obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas.
El Consejo de Estado, sobre este principio, precisó:
72. En conclusión, la moralidad administrativa, como principio de la función pública, es un precepto interpretativo de obligatoria referencia para el operador jurídico; y, como derecho colectivo permite un control judicial por parte de la comunidad, a través de la acción popular.
73. Para que se configure la vulneración de este derecho debe concurrir un elemento objetivo que alude al quebrantamiento del ordenamiento jurídico y uno subjetivo relacionado con la demostración de conductas amañadas, corruptas, arbitrarias o alejadas de la correcta función pública.
Para la Sala, como queda expuesto, no hay duda que la dependencia instructora no invocó o mencionó expresamente el principio de moralidad o cualquier otro en la motivación de la ilicitud sustancial, sin embargo, ello no implica la trascendencia necesaria que hubiere de conducir a la invalidación de la actuación, en lo fundamental, porque dicha categoría dogmática de la falta disciplinaria imputada al procesado fue debidamente motivada y explicada, lo que garantizó el debido proceso y el derecho a la defensa.
Es que, como se precisó en apartes anteriores, no cualquier irregularidad conduce a la aniquilación del proceso, sino que debe corresponder a anomalías trascendentes. El Consejo de Estado, a ese respecto, ha dicho:
De conformidad con la jurisprudencia reiterada de esta Corporación y de la Corte Constitucional, para que irregularidades que afectan la forma propia de cada juicio puedan dar lugar a la nulidad de una actuación, también es necesario que se demuestre que: 1) tal situación afectó gravemente el derecho defensa del demandante y que 2) fue puesta en conocimiento o por lo menos discutida por el afectado dentro del proceso administrativo correspondiente.
Lo anterior porque, las formas propias del juicio no son un fin en sí mismas, sino un medio para lograr hacer justicia –tanto en las instancias administrativas como judiciales– y porque la jurisdicción contencioso-administrativa a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho exige necesariamente la existencia de un acto administrativo que contenga una decisión previa de la administración sobre los puntos sometidos al escrutinio del juez […]. [Resaltado de la Sala]
Por lo dicho, no es dable concluir que la disfuncionalidad citada por el apelante haya de dar lugar a la invalidez de la actuación, pues no se observa que se hubieran vulnerado sus garantías, en particular su derecho a la defensa.
ii) Nulidad de la actuación por violación del principio de congruencia
El defensor de [NOMBRE TACHADO], en línea con lo anterior, consideró que hay mérito para nulitar la actuación, por violación del principio de congruencia, porque a pesar de que, en el auto de cargos, al sustentarse la ilicitud sustancial, no se le indicó al procesado el principio transgredido, en el fallo disciplinario se corrigió dicho yerro, precisando que era el de moralidad.
En materia disciplinaria, el debido proceso administrativo es de obligatoria observancia, en virtud de lo cual, se le impone a la autoridad, entre otros aspectos, sancionar al disciplinable exclusivamente por la comisión de los hechos objeto de reproche disciplinario inicialmente imputados, y no por unos diferentes, esto con el claro propósito de proteger el derecho de contradicción y defensa. Esta garantía ha sido denominada por la jurisprudencia del Consejo de Estado como principio de congruencia.
Sobre el particular, la Corporación de cierre de lo Contencioso Administrativo se ha pronunciado en los siguientes términos:
El principio de congruencia entre el acto de formulación del pliego de cargos y el fallo disciplinario, se refiere a la correspondencia que debe existir entre dichas providencias en la denominación jurídica que se endilga al disciplinado. En tal virtud, se proscribe que se formule un cargo por una falta y el fallo disciplinario atribuya una distinta a aquella que fue imputada en el pliego de cargos.
El incumplimiento del principio de incongruencia trae como consecuencia la posibilidad de invalidar la actuación, por violación del debido proceso del disciplinado. Tal principio encuentra relevancia al garantizar que el implicado pueda ejercer el derecho de defensa y contradicción, y materializa especialmente los derechos de acceso a la investigación y de rendir descargos.
La congruencia es entendida, entonces, como la consonancia que debe existir entre el pliego de cargos y el fallo. Dicha figura, de naturaleza convencional y constitucional, se encuentra regulada en el ámbito disciplinario en el artículo 20 del CGD, según el cual «el disciplinado no podrá ser declarado responsable por hechos ni faltas disciplinarias que no consten en el pliego de cargos, sin perjuicio de la posibilidad de su variación».
Esa coherencia lógica del devenir procedimental, predicada del principio de congruencia, se debe respetar no solo del sujeto activo (aspecto personal), sino también de los hechos materia de investigación, (aspecto factico) y del marco jurídico desarrollado (aspecto jurídico). Las posiciones de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado han coincidido en afirmar, que esta conformidad en los aspectos: personal y factico, es absoluta, en tanto que en lo jurídico es relativa. Luego de formulada la acusación sobre una persona y sobre un hecho determinado, en ningún caso se puede decidir respecto de otra persona a la que no se le generó acusación alguna, ni sobre un hecho que no fue imputado al momento de formular cargos.
En cambio, la imputación jurídica bien podría ser variada, si luego de recaudadas las pruebas de descargos y antes del fallo de primera o única instancia, se demuestra que se incurrió en error en la calificación jurídica. Caso en el cual se debe hacer una nueva adecuación, en donde se garantice el derecho de la defensa y contradicción, en los mismos términos de la formulación del cargo o la citación audiencia.
La Corte Constitucional en sentencia SU-901 de 2005, al respecto señala:
La congruencia entre el pliego de cargos y el fallo debe ser personal, fáctica y jurídica. Las dos primeras son absolutas en tanto que la última es provisional ya que la calificación de la conducta puede ser degradada en el fallo. En el caso planteado, la congruencia personal y la congruencia fáctica se mantuvieron invariables, en tanto que la congruencia jurídica se varió de una conducta dolosa a una culposa. Pero esto no entraña irregularidad procesal alguna pues es consistente con el hecho de haberse aprobado un acta de liquidación pese a la realización parcial de la obra, el pago de su valor total y el incremento patrimonial injustificado del contratista.
En este asunto, la Sala no avizora violación alguna al principio de congruencia, en la medida que el fallo disciplinario respetó las referidas dimensiones, esto es, la identidad personal (mismos sujetos en el auto de cargos y el fallo); la identidad fáctica (la facticidad es la misma en las dos piezas procesales); e identidad jurídica (la falta imputada al procesado como gravísima fue la misma, descrita en el numeral 1º del artículo 48 del CDU, complementada con el artículo 286 de la Ley 599 de 2000).
Lo atinente a no haberse señalado principio alguno en el pliego de cargos al sustentarse la ilicitud sustancial, y si haberse hecho en el fallo, no guarda relación con el principio de congruencia, pues, además de no corresponder a ninguno de los anteriores elementos, como se expuso en el apartado anterior, la motivación que sustentó dicha categoría dogmática es semejante y correspondiente en las dos providencias. De ahí que, contrario a lo aducido por el defensor, no se encuentra la irregularidad alegada.
iii) Nulidad por falta de precisión del auto de formulación de cargos
Para el defensor del inquirido, en la actuación se incurrió en irregularidad, causante de nulidad desde los cargos, porque al procesado no se le indicó la modalidad en la que incurrió en la falta, si por acción o por omisión, por incumplimiento de un deber o la extralimitación de una función, señalando en qué consistió.
La Sala, consultado el pliego de cargos contenido en proveído del 31 de octubre de 2022, observa que la procuraduría delegada de instrucción dio aplicación a los presupuestos formales y materiales establecidos en los artículos 221 y 222 del CGD, en particular, en lo referente a «la descripción y determinación de la conducta investigada, con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó». En la sustentación del cargo imputado a [NOMBRE TACHADO] se lee:
3.3. Descripción y determinación de la conducta investigada, con indicaciones de tiempo, modo y lugar en que posiblemente se realizó.
El entonces señor alcalde (encargado) [NOMBRE TACHADO], pudo haber consignado hechos contrarios a la verdad en documentos públicos determinados como contratos que supuestamente se hicieron para la alcaldía municipal de Alvarado (Tolima), que sirvieron de soporte para el desembolso de dineros públicos para ser entregados a un contratista que indica no solamente no haber recibido el dinero, sino que además, no desarrolló ninguna obra, por lo que tampoco firmó los documentos que hacen parte de las carpetas que fueron denominadas como contratos, sin embargo se tiene que el señor aquí indicado en fecha del 25 de septiembre de 2014, firmó lo que fuera denominado como contrato de prestación de servicios- Invitación 171 del 25 de septiembre de 2014 por medio del que supuestamente fueron contratados los servicios de [NOMBRE TACHADO], para la adecuación locativa en la biblioteca municipal para el desarrollo del programa nacional plan vive digital del Municipio de Avarado (Tolima) por un valor de cinco millones doscientos diecisiete mil pesos ($5.217.000,00), por lo que además, el encartado envió comunicación al contratista, aceptándole la oferta mientras que en el presente expediente, cursan sendas pruebas que señalan que la persona que figura como contratista, no firmó dichos documentos y por lo tanto, lo expresado en estos no harían parte de la realidad.
Seguidamente, en los acápites 3.4.1, intitulado como «adecuación típica», y 3.4.2, como «concepto de violación», se describió la conducta reprochada al procesado, con la indicación de, presuntamente, haber incurrido en la descripción típica del artículo 286 del Código Penal, con lo que cometió la falta prescrita en el numeral 1º del artículo 48 del CDU. En el numeral 3.4.3, subtitulado como «modalidad de la conducta», se precisó que el comportamiento del investigado estuvo precedido por una conducta de acción. Así que, por lo anotado, no comparte la Sala la postura del defensor aquí analizada.
6.2.2.3 Solicitud de nulidad de la defensora de [NOMBRE TACHADO]
i) Incongruencia entre el auto de cargos y el fallo en la denominación jurídica de la falta endilgada al procesado
Según la defensora del procesado, no existe congruencia «por parte del ente disciplinable por cuanto este tomó una decisión sin que exista congruencia entre la formulación del pliego de cargos y la decisión sancionatoria disciplinaria para esta defensa no existe correspondencia entre dichos actos en la denominación jurídica que se endilga al disciplinado».
Lo primero que debe anotarse, es que en el escrito de apelación no se sustentó de manera clara y concreta en qué consistió la aparente falta a la congruencia del fallo, más allá de aludir a la denominación jurídica. En tal sentido, se recuerda que, como se señaló en apartes anteriores, el principio de congruencia regulado en el artículo 20 del CGD, se pregona de tres (3) aspectos; el personal (identidad de sujeto); el fáctico (identidad en los hechos materia del cargo o cargos); y el aspecto jurídico (identidad en la denominación jurídica o nomen iuris). En particular, este último recae sobre la calificación que de los hechos se hace, frente a su regulación jurídica, y que sustenta la acusación disciplinaria. La calificación que se edifica al momento de formular un cargo es provisional y, por lo tanto, puede ser variada antes de proferirse la decisión definitiva, siempre que no sea en peor del procesado, por lo que no implica vulneración a las garantías y derechos de aquel.
En el caso concreto, contrario a lo considerado por la defensora, no existe incongruencia entre el pliego de cargos y el fallo, puesto que en ambas piezas procesales se calificó la conducta del investigado Corral Guzmán como falta gravísima al tenor del numeral 1º del artículo 48 del CDU y el artículo 286 de la Ley 599 de 2000, atribuida a título de dolo. Dicha calificación jurídica no varió.
ii) Presuntas irregularidades en el pliego de cargos
La defensa de Corral Guzmán también solicitó, en la apelación, la nulidad de la actuación disciplinaria porque i) el auto de cargos no hizo una evaluación probatoria motivada, que demostrara la conexión de la falta imputada con el comportamiento de su prohijado; y ii) no contiene un análisis razonable sobre el actuar aparentemente doloso del procesado.
El auto de cargos, como lo ha dicho la jurisprudencia, «constituye una de las actuaciones con especial relevancia en el trámite del proceso disciplinario, pues en dicho acto se realiza la imputación inicial de la comisión de una falta disciplinaria al investigado» y con el cual, por una parte, se delimita la actuación disciplinaria, de manera que la fase de juzgamiento queda circunscrita a las circunstancias de tiempo, modo y lugar relacionadas con los hechos que sustentan la acusación, en tanto que, por la otra, concreta la imputación fáctica y jurídica frente a la cual el procesado podrá ejercer su derecho a la defensa y demás garantías establecidas en el ordenamiento jurídico.
Los presupuestos materiales del pliego de cargos se encuentran previstos en el artículo 222 del CGD, referentes a i) que este objetivamente demostrada la falta y ii) exista prueba que comprometa la responsabilidad del disciplinado.
En tanto, los elementos formales son los descritos en el artículo 223 ibídem:
Artículo 223. Contenido del auto de citación a audiencia y formulación de cargos. La decisión mediante la cual se cite a audiencia al disciplinado deberá contener:
1. La identificación del autor o autores de la falta.
2. La denominación del cargo o la función desempeñada en la época de comisión de la conducta.
3. La descripción y determinación de la conducta investigada, con indicación de lar circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó.
4. Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación, concretando la modalidad especifica de la conducta.
5. El análisis de la ilicitud sustancial del comportamiento.
6. El análisis de la culpabilidad.
7. El análisis de las pruebas que fundamentan cada uno de los cargos formulados.
8. La exposición fundada de los criterios tenidos en cuenta para determinar la gravedad o levedad de la falta, de conformidad con lo señalado en el artículo 47 de este Código.
9. El análisis de los argumentos expuestos por los sujetos procesales.
Descendiendo a la situación concreta, esta Colegiatura observa que en el pliego de cargos, respecto del procesado Corral Guzmán, en el numeral 6.3 denominado «descripción y determinación de la conducta investigada, con indicaciones de tiempo, modo y lugar en que posiblemente se realizó», así como en el 6.7, intitulado como «análisis de las pruebas que fundamentan el cargo formulado», la autoridad instructora citó los documentos firmados por dicha persona, refiriendo de manera particular la condición en que obró, el tipo o clase de documento (contrato, acta, estudio, constancia, etc.), y que en los mismos quedó consignada información contraria a la verdad según pruebas testimoniales y documentales recaudadas en la instrucción, en especial la experticia de grafología sobre las firmas del aparente contratista y la declaración de este, quien aclaró no haber suscrito ni ejecutado los contratos.
De consiguiente, contrario a lo estimado por la defensora, no es cierto que la acusación disciplinaria adolezca de una evaluación probatoria. Si bien, la motivación hubiese podido ser más o menos extensa, lo cierto es que allí aparece, además que, delimita y concreta en debida forma la acusación.
En relación con la culpabilidad, del mismo modo, en el apartado 6.6 del pliego, la delegada de instrucción atribuyó la falta al investigado a título de dolo, señalando las razones para ello. En dicho acápite se lee:
[…] el señor [NOMBRE TACHADO], jefe de oficina de servicios públicos del Municipio de Alvarado (Tolima), habría realizado un comportamiento de índole DOLOSO catalogado por el legislador como una falta GRAVÍSIMA, conforme al artículo 28 de la ley citada, cuando el sustento que viene realizando esta Delegada muestra que el encartado habría firmado documentos en que se decía haberse reunido con el contratista para dar inicio a los contratos, al igual que se extiende documento en que se dice que el contratista cumplió con el contrato, se suscribe acta que indica la liquidación del contrato, cuando contrario de ello, el supuesto contratista niega su participación en los contratos, señalando no haber firmado los documentos soporte de los mismos, al punto que la prueba grafológica respalda tal afirmación, circunstancias que indicarían que el encartado conocía que el contenido de los documentos no era real, sin embargo se dejan expresados en un documento público precedidos por la voluntad del que busca un resultado, sabiendo que con el mismo se viola la ley pero a pesar de ser así dirige su actuar al fin perseguido, todo lo cual hace que se reúnan los elementos necesarios para definir que se trató de una acción cometida a título de DOLO es decir, con la inobjetable convicción que con el comportamiento asumido se trasgredía la ley pero a pesar de ello se actuó en dicho propósito.
Es decir, de manera objetiva se constata un análisis atinente, adecuado y razonable en relación con la culpabilidad. Así que no se patenta la irregularidad alegada.
En conclusión, la Sala no encuentra mérito para atender las distintas solicitudes de los sujetos procesales enderezadas a la invalidación de la actuación disciplinaria, por lo cual, pasa a resolver sobre los argumentos de fondo planteados en las apelaciones.
6.2.3 Marco jurídico sobre la prueba trasladada en el proceso disciplinario
El régimen probatorio que rige los procesos disciplinarios seguidos a los servidores públicos es el consagrado en el título VI del libro IV, artículos 147 a 199, de la Ley 1952 de 2019.
En particular, el artículo 154 ibidem regula lo relativo a la prueba trasladada, en los siguientes términos:
Artículo 154. Prueba trasladada. Las pruebas practicadas válidamente en una actuación judicial o administrativa, dentro o fuera del país, podrán trasladarse a la actuación disciplinaria mediante copias autorizadas por el respectivo funcionario y serán apreciadas conforme a las reglas previstas en este código.
También podrán trasladarse los elementos materiales de prueba o evidencias físicas que la Fiscalía General de la Nación haya descubierto con la presentación del escrito de acusación en el proceso penal, aun cuando ellos no hayan sido introducidos y controvertidos en la audiencia del juicio y no tengan por consiguiente la calidad de pruebas. Estos elementos materiales de prueba o evidencias físicas deberán ser sometidos a contradicción dentro del proceso disciplinario.
Cuando la autoridad disciplinaria necesite información acerca de una investigación penal en curso, o requiera trasladar a la actuación disciplinaria elementos materiales de prueba o evidencias físicas que no hayan sido descubiertos, así lo solicitara al Fiscal del caso, quien evaluará la solicitud y determinara que información o elementos materiales de prueba o evidencias físicas puede entregar, sin afectar la investigación penal ni poner en riesgo el éxito de la misma.
Entiende la Sala, a partir de la lectura textual de la norma, que es posible trasladar al proceso disciplinario la información, los elementos materiales de prueba o evidencias físicas recaudados en un proceso penal, hayan sido o no descubiertos, a condición de que en la actuación disciplinaria se garantice la defensa y contradicción por parte de los sujetos procesales.
Dicho entendimiento se sustenta en que, conforme al inciso segundo de la disposición citada, es viable el traslado de los elementos materiales probatorios y evidencias físicas que el fiscal del caso haya descubierto con el escrito de acusación penal. En tanto que, según el inciso tercero, también es dable el traslado, aunque no hayan sido descubiertos, solo que, en este último evento, depende de la autorización del fiscal de conocimiento, pues, según emerge de la norma, se trata de no «afectar la investigación penal ni poner en riesgo el éxito de la misma».
Significa que la norma analizada tiene dos importantes propósitos: por una parte, la protección de la investigación penal, con la reserva que se impone hasta la etapa de juicio. Y, por la otra, regular el traslado al proceso disciplinario de los elementos materiales probatorios o evidencias físicas recogidas en una actuación penal, con la eficacia probatoria correspondiente, la cual no depende de la etapa en que curse aquella, o de que hayan sido introducidos y controvertidos tales elementos en el juicio penal, sino de que se agote en debida forma el procedimiento legal citado. Así, si el fiscal del caso ya hizo la presentación del escrito de acusación con el descubrimiento de los elementos y evidencias, el formalismo señala que es posible el traslado, solo a condición de que se brinden las garantías de la contradicción en el disciplinario; si aún no se ha hecho el descubrimiento, pero el fiscal de conocimiento autoriza el traslado, por no ponerse en riesgo la eficacia de la investigación penal, de igual modo es dable la contradicción y valoración probatoria de tales elementos en la actuación disciplinaria.
El Consejo de Estado ha discurrido en el mismo sentido:
[…] las pruebas trasladadas de una actuación judicial o administrativa al proceso disciplinario serán válidas si el investigado puede controvertirlas, facultad a la que tiene derecho desde el mismo momento en que tenga acceso a la actuación disciplinaria. En tal modo, contradecir es «decir lo contrario de lo que otro afirma, o negar lo que se da por cierto»[30]. Dicho de otra forma: «probar que algo no es cierto o no es correcto»[31].
En la actuación disciplinaria, el derecho a contradecir la prueba significa, por ejemplo, afirmar que un testigo no ha dicho la verdad; negar las conclusiones de un dictamen; o aseverar que un determinado documento no refleja la realidad de lo contenido o insertado en él. Para ello, entonces, como quiera que el principio de contradicción es un derecho en cabeza de los sujetos procesales, estos deberán escoger el instrumento idóneo para efectuar adecuadamente una contradicción sobre determinado medio de prueba que haya sido trasladado a la actuación.
La Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios, en concepto C-43 del 15 de octubre de 2021, refirió el concepto C-123 de 2011, en el que analizó la estructura normativa del artículo 135 del CDU, modificado por el artículo 51 de la Ley 1474 de 2011, similar en algunos aspectos al citado artículo 154 del CGD. En dicho concepto consideró:
[E]l legislador ha dispuesto un tratamiento diferenciado, según se trate de elementos probatorios o evidencias ya descubiertas, aunque no controvertidas o que no hayan sido descubiertas. En el primer caso, los puede traer al proceso cualquier operador disciplinario, con la condición de que sometan a contradicción; en el segundo caso, solamente la Procuraduría o el Consejo Superior de la Judicatura los podrán trasladar a sus respectivos procesos, siempre que previamente obtengan autorización directamente del Fiscal General de la Nación (debe entenderse que, en tal evento, subsiste el deber de garantizar el derecho de contradicción) // En este orden de ideas, se concluye que los elementos materiales de prueba tienen eficacia probatoria en materia disciplinaria, con las condiciones señaladas en la ley […] que los elementos materiales probatorios son válidos en los procesos disciplinarios y adquieren el carácter de prueba en éste, cuando el investigador permite que el investigado los controvierta (Resaltos de la Sala).
Descendiendo al caso analizado, el defensor común de [NOMBRE TACHADO], [NOMBRE TACHADO] y [NOMBRE TACHADO] señaló que las pruebas trasladadas de los procesos penales, en las que se fundamentó la decisión disciplinaria de primer grado, no cumplieron con la ritualidad del artículo 154 del CGD, puesto que el escrito de acusación en el proceso penal con respecto a los procesados no se ha presentado técnicamente y los elementos materiales de prueba no han sido introducidos o controvertidos en audiencia del juicio oral. Por tanto, considera que todos los elementos trasladados del proceso penal son inexistentes en la actuación disciplinaria.
Al respecto, reitera la Sala que, al tenor literal de los incisos segundo y tercero del artículo 154 del CGD, es jurídicamente viable trasladar al proceso disciplinario los elementos materiales de prueba o evidencias físicas recaudados en un proceso penal, hayan sido o no descubiertos por el fiscal del caso. Lo anterior bajo la condición necesaria de que en la actuación disciplinaria se garantice la defensa y contradicción por parte de los sujetos procesales.
Es decir, contrario a lo considerado por el defensor, los elementos materiales de prueba y evidencias del proceso penal, en los que, en este asunto se fundamentó en parte la decisión disciplinaria de primera instancia (porque el expediente disciplinario no solo está conformado por la prueba trasladada), no requerían para su traslado, su descubrimiento o contradicción en el juicio penal, sino que esta última (su contradicción) se garantizara en el proceso disciplinario. De ahí que, entiende la Sala que el respectivo traslado probatorio se hizo de manera adecuada y ajustada al procedimiento legal. Otro aspecto será el valor y la eficacia de la prueba en el análisis de cara a la comprobación de la existencia de la falta y la responsabilidad de los investigados.
En el anterior contexto, esta Colegiatura constata que la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, estando el proceso en la fase instructiva, mediante auto del 29 de abril de 2019 decretó de oficio la práctica de los siguientes medios de convicción:
2.1.1 Fiscalía 22 Seccional de Administración Pública de Ibagué: Obtener copia en medio magnético de todo el expediente Matriz 730016000432201700898.
El 4 de junio siguiente, con oficio suscrito por la fiscal 22 Seccional de Ibagué, se recibió en el expediente disciplinario un DVD-R «marcado con el número 730016000432201700898, los elementos materiales de prueba que hacen parte del citado radicado y que han sido debidamente marcadas como evidencias, así como las carpetas denominadas actuaciones procesales, búsqueda selectiva e interceptaciones, órdenes a policía judicial, derechos de petición entre otras».
Los sujetos procesales, en términos del artículo 138 del CDU, vigente para entonces, hoy artículo 157 del CGD, podían controvertir los referidos elementos, tomados como pruebas en el expediente disciplinario.
Del mismo modo, se observa que la Procuraduría Delegada de Juzgamiento 3, con proveído 227-23 del 12 de mayo de 2023, mediante el cual resolvió sobre pruebas en la etapa de descargos, dispuso:
DECRETAR las siguientes pruebas trasladadas de conformidad con lo indicado en el artículo 154 del C.G.D.:
1.- A la Fiscalía No. 22 Unidad de Administración Pública -Anticorrupción- Tolima – Ibagué que conforme a la norma en cita y a los protocolos que para el efecto disponga proceda a trasladar con destino al expediente IUS-E-2017-573460 IUC-D-2017-974154, la copia digitalizada autorizada del proceso radicado SPOA No. 730016000432201700898, con todos los elementos materiales probatorios y evidencias físicas.
2.- A la Fiscalía 38 Seccional Unidad de Administración Pública – Anticorrupción Juicios- Ibagué- Tolima que conforme a la norma en cita y a los protocolos que para el efecto disponga proceda a trasladar con destino al expediente IUS-E-2017-573460 IUC-D-2017-974154, la copia digitalizada autorizada del proceso radicado No. 730016000000201800226, con todos los elementos materiales probatorios y evidencias físicas.
A través de correo electrónico del 12 de julio de 2023, enviado desde la Fiscalía 38 Seccional de Ibagué, se allegó al expediente disciplinario copia digitalizada del proceso penal matriz 730016000432201700898, así como de piezas procesales de los radicados 730016000000201800226 y 730016000000201800227, los cuales fueron trasladados a los sujetos procesales a las direcciones electrónicas conocidas en el proceso disciplinario. Sobre dicho traslado probatorio, como en relación con los elementos trasladados al proceso disciplinario, no se encuentra en el expediente solicitud alguna de los sujetos procesales tendientes a su contradicción, ratificación o ampliación durante la fase instructiva o de juzgamiento.
Así las cosas, reitera la Sala que el traslado de los elementos materiales probatorios y evidencias físicas citados se ajustó a lo previsto en las normas aplicables al asunto, en particular el artículo 154 del CGD.
De otra parte, el procesado [NOMBRE TACHADO], en su escrito de apelación presentado en nombre propio, manifestó que la pericia de grafología no se encuentra válidamente incorporada al expediente disciplinario, porque no se cumplieron las previsiones de la prueba trasladada previstas en la Ley 1564 de 2012, en tanto dicho elemento en el proceso penal no corresponde a una prueba en sentido estricto, en la medida que no ha sido sometida a contracción en el respectivo juicio. Adicionó, que todo el proceso disciplinario se fundamentó en la prueba trasladada desde un proceso penal, que no cumplió con las formalidades legales, al punto que las entrevistas no suplen la fuerza de la prueba testimonial recaudada con la intervención de los sujetos procesales, y que la prueba de grafología no fue practicada con la intervención de los procesados en el disciplinario.
A juicio de la Sala, como acaba de exponerse, el traslado de los elementos materiales de prueba y evidencias físicas desde los procesos penales a la actuación disciplinaria cumplió con los estándares legales previstos de manera textual en el artículo 154 del CGD.
Ahora bien, con respecto a la validez y eficacia probatoria de esos elementos y evidencias en el proceso disciplinario, lo primero que se resalta, para dar respuesta a los argumentos del apelante, es que la prueba trasladada se rige en materia disciplinaria por el artículo 154, citado, y no por el artículo 174 del CGP, como se invoca en la alzada. Según se lee en el artículo 22 del CGD, la aplicación del Código General del Proceso a la actuación disciplinaria procede, por vía de integración normativa, solo cuando en el estatuto disciplinario no exista disposición que regule algún aspecto y, adicionalmente, se agote la remisión al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En segundo lugar, se anota que al crisol del inciso primero del citado artículo 154 del CGD, las pruebas trasladadas al proceso disciplinario deben ser apreciadas conforme a las reglas previstas en el mismo código, entre las cuales, según el inciso segundo, deben haber sido sometidas a «contradicción dentro del proceso disciplinario», contradicción que pueden hacer los sujetos procesales, a voces del artículo 157 ibidem, «a partir del momento en que sean notificados del auto de apertura de investigación disciplinaria o de la orden de vinculación», en particular desde que tengan conocimiento sobre el traslado probatorio.
En este caso, según se analizó en apartes anteriores, el traslado probatorio en copia digitalizada autorizada de los procesos penales radicados Nos. 730016000432201700898 y 730016000000201800226 se ordenó, con respecto al primero, tanto en la fase de instrucción y en la de juzgamiento del proceso disciplinario, y con relación al segundo, en el juicio disciplinario, de lo cual fueron enterados los sujetos procesales y pudieron ejercer la contradicción en debida forma, de modo tal que se respetaron las garantías y derechos de aquellos, sin que pueda aducirse ilegalidad de las pruebas.
Sobre este aspecto, surge relevante citar lo señalado por el Consejo de Estado en sentencia del 15 de julio de 2021, así:
[…] la Sala ha sostenido que «de una interpretación sistemática de las disposiciones de los artículos 90, 91 y 92 de la Ley 734 de 2002, que se refieren al derecho de contradecir las pruebas, y particularmente a intervenir en su práctica, puede determinarse que no en todos los eventos en los que se recauden medios probatorios sin la presencia del investigado surge la necesidad de excluirlos como fuente de conocimiento de los hechos para la autoridad disciplinaria. Esto, por cuanto lo sustancial en estas situaciones, es que el disciplinado haya tenido la posibilidad de pedir que fueran ampliados o reiterados, en los puntos que estimara necesario».
[…]
Así las cosas, para verificar la transgresión del derecho al debido proceso en estos asuntos, resulta necesario revisar si al investigado y a su apoderado se les dio la oportunidad de revisar el expediente para conocer las pruebas, presentar versión libre y descargos, solicitar la práctica de pruebas e interponer recursos y nulidades, para concluir que si en efecto ello sucedió «no se puede sacrificar el principio que exige a las autoridades disciplinarias buscar la verdad y hacer justicia. Esto es así, en la medida en que solo las irregularidades que afecten realmente los derechos de defensa y contradicción del investigado, y que además hayan sido puestas de presente por él o su defensor en el trámite sancionatorio, a través de los medios de defensa otorgados por el ordenamiento jurídico, tienen la vocación de llevar a la declaración de nulidad de los actos administrativos demandados».
6.2.4 Sobre la propuesta de preacuerdo de [NOMBRE TACHADO] en el proceso penal
Las defensas de [NOMBRE TACHADO], [NOMBRE TACHADO], [NOMBRE TACHADO], [NOMBRE TACHADO] y [NOMBRE TACHADO], en resumen, señalaron que las manifestaciones del procesado [NOMBRE TACHADO] en la propuesta de preacuerdo en el proceso penal, tomadas como sustento del fallo disciplinario confutado, deben ser excluidas de esta actuación en razón a que dicho mecanismo no fue presentado ni aprobado por el juez de conocimiento.
A ese respecto, esta Sala constata, entre los documentos trasladados del proceso penal matriz radicado 730016000432201700898, la existencia de un formato de acta de preacuerdo suscrita por el procesado [NOMBRE TACHADO] con la Fiscalía 22 Seccional de Ibagué, radicada en el Centro de Servicios Judiciales S.P.A. el 15 de febrero de 2019.
Asimismo, se encuentra copia del oficio DS-14-21-00014 del 10 de abril de 2019, firmado por la Fiscal 22 Seccional de Ibagué con destino al procesado en mención, mediante el cual solicitó la siguiente aclaración:
Finalmente, en formato de control de audiencias de la Fiscalía se registró que «el señor CARLOS FERNANDO CORTÉS indicó retractarse del preacuerdo suscrito con la Fiscalía para el 11-02-2019».
En conclusión, como lo sostienen los sujetos procesales referenciados, el preacuerdo de [NOMBRE TACHADO] en el proceso penal no se legalizó y, por tanto, no surgió a la vida jurídica.
Ahora bien, conforme deviene de las normas de procedimiento penal contenidas en la Ley 906 de 2004, en particular los artículos 348 y siguientes, el preacuerdo es un mecanismo judicial de terminación anticipada del proceso a través de una negociación entre el fiscal y el procesado con respecto a los cargos y la pena respectiva. El inciso segundo del artículo 350 ibidem, señala que «El fiscal y el imputado, a través de su defensor, podrán adelantar conversaciones para llegar a un acuerdo, en el cual el imputado se declarará culpable del delito imputado, o de uno relacionado de pena menor, a cambio de que el fiscal: 1) Elimine de su acusación alguna causal de agravación punitiva, o algún cargo específico; 2) Tipifique la conducta, dentro de su alegación conclusiva, de una forma específica con miras a disminuir la pena».
Los preacuerdos celebrados entre la Fiscalía y el procesado, según el inciso cuarto del artículo 351 de la normativa citada, están sujetos al control de legalidad del juez de conocimiento, quien los aprueba o imprueba luego de verificar que no se violen garantías fundamentales. Aprobado el preacuerdo por el juez, se procede a convocar la audiencia para dictar la sentencia condenatoria correspondiente, como se señala en el inciso quinto de la norma que viene de citarse.
De tal modo, al darse por aprobado el preacuerdo, se tienen como aceptados por el procesado los hechos que sustentan los cargos respecto de los cuales se allanó. Empero, por el contrario, cuando el preacuerdo no alcanza el estándar de la aprobación, bien porque el juez lo imprueba, ora porque el procesado se retracta, dicha aceptación o cualquier manifestación que dentro de ella se haga, se torna inexistente.
Así las cosas, una aceptación de cargos, en desarrollo de un preacuerdo en materia penal, que no alcanzó ese estatus de la aprobación, no puede surtir efecto, tampoco, en materia disciplinaria. De consiguiente, las declaraciones del procesado [NOMBRE TACHADO] en el desarrollo del preacuerdo citado, no podían cobrar valor probatorio en esta actuación disciplinaria, en lo que se equivocó el fallador de primer grado. Por tanto, procede la Sala con el estudio de los demás aspectos de las apelaciones, sin tomar en consideración las citadas declaraciones.
6.2.5 Análisis probatorio general
Del análisis de los cargos imputados a los disciplinables, en punto de la facticidad, se destaca como elemento común que a todos aquellos, en sus distintas calidades como servidores públicos de la administración municipal de Alvarado, Tolima, se les reprochó haber suscrito documentos relacionados con distintos contratos, aduciendo que el señor [NOMBRE TACHADO] era el contratista, no obstante que dicha persona no presentó las propuestas ni ejecutó los objetos contractuales, con lo cual pudieron incurrir en la falta gravísima descrita en el numeral 1º del artículo 48 del CDU (reproducida en el actual artículo 65 del CGD), complementada con el artículo 286 del Código Penal que tipifica el delito de falsedad ideológica en documento público.
En tal contexto, lo primero que advierte la Colegiatura es que ninguno de los apelantes controvirtió o puso en duda la existencia de los distintos documentos citados en el desarrollo de los cargos imputados, así como, tampoco, en relación con la suscripción o firma de cada quien, en estos. Sobre tales documentos se hará referencia, según corresponda, en el siguiente acápite, al resolver sobre los argumentos individuales de apelación.
Empero, con respecto a quien aparece en los distintos documentos como contratista, el defensor del procesado [NOMBRE TACHADO] adujo en la alzada que obran pruebas en el plenario, que fueron obviadas por el a quo, y que permiten desvirtuar el fallo impugnado, en tanto acreditan, entre otros aspectos, la existencia de la persona natural que suscribió los contratos. El defensor criticó que, a su juicio, en el expediente disciplinario brilla por su ausencia el análisis técnico o prueba grafológica en relación con lo que la PGN entiende como manipulación de las firmas de [NOMBRE TACHADO].
Este punto en concreto es similar para todos los procesados, pues, en caso de concluirse lo aducido por el defensor de Torres Ramos, la consecuencia trascendería a la situación de los demás apelantes.
Pues bien, descendiendo al estudio del expediente disciplinario, se constata declaración juramentada de [NOMBRE TACHADO] rendida ante la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública el 30 de octubre de 2017, en la que, en lo fundamental, atestiguó:
PREGUNTADO: Manifieste al despacho su usted prestó servicios como contratista a la Alcaldía de Alvarado Tolima en los contratos Nos. 090, 100, 102, 106, 109, 131, 132, 157, 160, 162, 165 de 2014, suscritos todos entre [NOMBRE TACHADO], Alcalde del Municipio de Alvarado Tolima para la fecha de los hechos y [NOMBRE TACHADO] y el Contrato No. 171 de 2014 suscrito entre [NOMBRE TACHADO], Alcalde Encargado del Municipio de Alvarado Tolima y [NOMBRE TACHADO]. CONTESTÓ: No señora. PREGUNTADO: Diga si reconoce como suya la firma estampada en los contratos 090, 100, 102, 106, 109, 131, 132, 157, 160, 162, 165 y 171 de 2014. CONTESTÓ: No reconoce la firma estampada allí en ninguno de los contratos, ya que mi firma es diferente a la allí estampada.
La citada declaración fue ordenada como prueba en el proceso disciplinario por la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública mediante auto del 29 de septiembre de 2017, con el que resolvió abrir la indagación preliminar, y que fuera notificado a los procesados.
En relación con lo manifestado por el declarante, revisada la foliatura, los sujetos procesales no hicieron manifestación alguna en ejercicio de su derecho a la contradicción de la prueba, conforme a lo estipulado en el artículo 138 del CDU (hoy artículo 157 del CGD).
Así las cosas, para esta Colegiatura, el referido testimonio tiene toda la fuerza probatoria, puesto que, además de lo que viene de señalarse, y por el contrario a lo aducido en la alzada por el defensor de [NOMBRE TACHADO], no se hallan en el expediente pruebas o elementos que permitan inferir algo distinto a lo declarado, como que [NOMBRE TACHADO] hubiera suscrito o ejecutado los bilaterales.
En línea con lo dicho, destaca la Sala, además, que lo manifestado por el testigo en la diligencia en la PGN resulta consistente, coherente y coincidente, y se reafirma con lo declarado en el interrogatorio ante la Fiscalía General de la Nación – Grupo Investigativo de Administración Pública en Ibagué, el 6 de mayo de 2017, en el que manifestó:
PREGUNTADO: Indique si en alguna oportunidad ha presentado alguna oferta de trabajo u hoja de vida a la Alcaldía de Alvarado, en caso afirmativo por intermedio de quien. CONTESTÓ: A la Alcaldía de Alvarado nunca he presentado ninguna propuesta de trabajo ni hojas de vida […] PREGUNTADO: Manifieste si usted conoce a alguna de las siguientes Personas: YESID FERNANDO TORRES, [NOMBRE TACHADO], CESAR AUGUSTÓ MARTINEZ, [NOMBRE TACHADO], [NOMBRE TACHADO], [NOMBRE TACHADO], MAGALLY ACOSTA, LUIS ENRIQUE CORRAL. CONTESTÓ: No señor, a ninguno de ellos conozco. PREGUNTADO: En este estado de la diligencia se le pone de presente al Interrogado los Contratos de Prestación de Servicios No. 090, 109, 132 y 160 suscritos en entre la Alcaldía de Alvarado y [NOMBRE TACHADO] C.C: [IDENTIFICACIÓN TACHADA], y se le pregunta si reconoce las firmas como suyas, que fueron estampadas en las Minutas de los Contratos, Propuestas, Acuerdo de Términos y Requisitos, Certificado de Inhabilidades e Incompatibilidades, Certificación de Pagos de Aportes, Actas de Inicio, Actas de Liquidación, Cuentas de Cobro y Comprobantes de Egreso; CONTESTÓ: Una vez observados los contratos, manifiesto con toda seguridad que ninguna de las firmas que aparecen estampadas en los documentos antes relacionados son mías, yo no firme esos documentos.
Del mismo modo, en el informe grafológico trasladado desde el proceso penal matriz radicado 730016000432201700898 en la fase de juzgamiento disciplinario, se lee:
Las firmas manuscritas como de [NOMBRE TACHADO] y/o EDSON ANDRÉS OSPINA que en calidad de CONTRATISTA avalan los CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS celebrados en el año 2014 entre la Alcaldía Municipal de Alvarado Tolima distinguidos como No. 109, 132, 160, 090, 157, 162, 165, 100, 102, 106, 131 y 171 junto con sus respectivos anexos, su diseño gráfico contiene particularidades morfodinámicas que NO UNIPROCEDEN con el gesto gráfico automatizado por el señor [NOMBRE TACHADO].
Así las cosas, para la Sala, la declaración jurada de [NOMBRE TACHADO] en el proceso disciplinario tiene plena eficacia probatoria y permite concluir que dicha persona no concurrió a la suscripción o firma de los contratos objeto de los cargos disciplinarios, ni de sus anexos, así como tampoco los ejecutó.
6.2.6 Examen del caso concreto y respuesta a los argumentos individuales de los apelantes
6.2.6.1 En relación con [NOMBRE TACHADO]
La defensa del alcalde Torres Ramos argumentó que su mandante no estaba llamado a ejercer materialmente los procesos contractuales, por cuanto contaba con las dependencias de apoyo a través de la delegación administrativa, y que el actuar doloso o culposo de los delegatarios no se puede traducir en responsabilidad para el delegante. Señaló que los actos de la contratación son actos administrativos complejos, en tanto convergen múltiples voluntades de la misma administración territorial, y que, como ordenador del gasto, el burgomaestre solo firmó los documentos previamente preparados por otros funcionarios y en otras dependencias.
Lo primero que surge necesario precisar, es que conforme a lo previsto en el artículo 9º de la Ley 489 de 1998, la delegación administrativa debe hacerse mediante acto administrativo expreso. Dice la disposición:
ARTÍCULO 9.- Delegación. Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente Ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias […] (Resalta la Sala)
Dicha subregla se armoniza con lo normado en el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, que en lo esencial dice:
ARTÍCULO 12.- De la Delegación para Contratar. Los jefes y los representantes legales de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos y desconcentrar la realización de licitaciones o concursos en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes […] (Lo rayado fue derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007).
El Consejo de Estado, en relación con la delegación, ha dicho:
La delegación es una forma de organizar la estructura institucional para el ejercicio de la función administrativa. Constituye una técnica de manejo administrativo en virtud de la cual se produce el traslado de competencias de un órgano que es titular de las respectivas funciones a otro, para que sean ejercidas por éste, bajo su responsabilidad, dentro de los términos y condiciones que fije la ley. Los elementos constitutivos de la delegación son los siguientes: (i) la transferencia de funciones administrativas de un órgano a otro; (ii) que la transferencia de funciones se realice por el órgano titular de la función; (iii) que dicha transferencia cuente con una previa autorización legal; (iv) y que el órgano que confiera la delegación pueda siempre y en cualquier momento reasumir la competencia.
En el caso concreto, el procesado no informó ni comprobó en el proceso disciplinario que hubiese delegado la función de ordenación del gasto o la de celebrar contratos. De hecho, lo que quedó probado es que [NOMBRE TACHADO] ejerció directamente esas funciones, pues suscribió los siguientes documentos, como se observa en la copia que fue allegada con la queja y que adquirió el carácter de prueba conforme al parágrafo del artículo 90 del CDU, vigente para entonces, a partir de la apertura de indagación preliminar.
Contrato de Prestación de Servicios No. 090
(del 22 de mayo de 2014)
Objeto
Servicio de personal idóneo para mano de obra en mejoramiento de 6 viviendas urbanas para el fortalecimiento del programa bloquera solidaria del Municipio Alvarado, Tolima.
Valor
$4.596.896
Contrato
Firmado por el procesado como representante legal del municipio de Alvarado, Tolima, y como contratista [NOMBRE TACHADO] pública
Suscrita por el alcalde con fecha 20 de mayo de 2014
Comunicación de la aceptación de oferta
Firmada por [NOMBRE TACHADO] con fecha 22 de mayo de 2014, dirigida a [NOMBRE TACHADO]
Acta de liquidación final
Firmada por [NOMBRE TACHADO], en su condición de alcalde de Alvarado, [NOMBRE TACHADO], como jefe de Planeación e Infraestructura municipal (E), y supervisor del contrato, y [NOMBRE TACHADO], contratista.
En su contenido se hizo constar que los firmantes se reunieron el 21 de junio de 2014 en el referido municipio para realizar la liquidación del contrato.
Contrato de Obra No. 100
(del 7 de junio de 2014)
Objeto
Construcción de cerramiento e instalación de sistema de seguridad (cámaras infrarrojas tipo domo) para las aulas virtuales de la Institución Educativa General Enrique Caicedo Zona Urbana del Municipio de Alvarado Tolima
Valor
$12.828.800
Contrato
Firmado por el procesado como representante legal del municipio de Alvarado, Tolima, y como contratista [NOMBRE TACHADO] pública
Suscrita por el alcalde con fecha 4 de junio de 2014
Comunicación de la aceptación de oferta
Firmada por [NOMBRE TACHADO] con fecha 7 de junio de 2014, dirigida a [NOMBRE TACHADO]
Acta de adición en tiempo y valor
Se hizo constar en el documento que el 31 de julio de 2014 se reunieron [NOMBRE TACHADO], en su condición de alcalde de Alvarado, Tolima, y [NOMBRE TACHADO], como contratista, para adicionar el valor inicial y prorrogar el plazo inicial del contrato.
Acta de liquidación final
Firmada por [NOMBRE TACHADO], en su condición de alcalde, [NOMBRE TACHADO], como jefe de Planeación e Infraestructura (E) y supervisor del contrato, y [NOMBRE TACHADO], contratista.
En su contenido se hizo constar que los firmantes se reunieron el 11 de agosto de 2014 para realizar la liquidación del contrato.
Contrato de Obra - Invitación No. 102
(del 12 de junio de 2014)
Objeto
Adecuación de unidades de servicio de agua potable y aguas servidas en la Institución Educativa General Enrique Caicedo
Valor
$3.885.150
Contrato
Firmado por el procesado como representante legal del municipio de Alvarado, Tolima, y como contratista [NOMBRE TACHADO] pública
Suscrita por el alcalde con fecha 10 de junio de 2014
Comunicación de la aceptación de oferta
Firmada por [NOMBRE TACHADO] con fecha 12 de junio de 2014, dirigida a [NOMBRE TACHADO]
Acta de liquidación final
Firmada por [NOMBRE TACHADO], en su condición de alcalde, [NOMBRE TACHADO], como jefe de Planeación e Infraestructura (E), y supervisor del contrato, y [NOMBRE TACHADO], contratista.
En su contenido se hizo constar que los firmantes se reunieron el 2 de julio de 2014 para realizar la liquidación del contrato.
Contrato de Suministro No. 106
(del 19 de septiembre de 2014)
Objeto
Suministro de materiales e instalación para adecuación de la sala de sistemas de la institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento Sede los Guayabos del Municipio de Alvarado Tolima
Valor
$3.810.600
Contrato
Firmado por el procesado como representante legal del municipio de Alvarado, Tolima, y como contratista [NOMBRE TACHADO] pública
Suscrita por el alcalde con fecha 17 de septiembre de 2014
Comunicación de la aceptación de oferta
Firmada por el [NOMBRE TACHADO] con fecha 19 de septiembre de 2014, dirigida a [NOMBRE TACHADO]
Acta de liquidación final
Firmada por [NOMBRE TACHADO], en su condición de alcalde, [NOMBRE TACHADO], como almacenista, y supervisor del contrato, y [NOMBRE TACHADO], contratista.
En su contenido se hizo constar que los firmantes se reunieron el 11 de octubre de 2014 para realizar la liquidación del contrato.
Contrato de Prestación de Servicios -Invitación No. 109
(del 19 de junio de 2014)
Objeto
Servicio de personal idóneo para mano de obra en mejoramiento de 6 viviendas urbanas para el fortalecimiento del programa bloquera solidaria del municipio de Alvarado Tolima
Valor
$4.711.000
Contrato
Firmado por el procesado como representante legal del municipio de Alvarado, Tolima, y como contratista [NOMBRE TACHADO] pública
Suscrita por el alcalde con fecha 13 de junio de 2014
Comunicación de la aceptación de oferta
Firmada por [NOMBRE TACHADO] con fecha 19 de junio de 2014, dirigida a [NOMBRE TACHADO]
Acta de liquidación final
Firmada por [NOMBRE TACHADO], en su condición de alcalde, [NOMBRE TACHADO], como jefe de Planeación e Infraestructura (E), y supervisor del contrato, y [NOMBRE TACHADO], contratista.
En su contenido se hizo constar que los firmantes se reunieron el 12 de julio de 2014 para realizar la liquidación del contrato.
Contrato de Obra No. 131
(del 15 de julio de 2014)
Objeto
Construcción a todo costo de canal con reja para aguas lluvias en diferentes escenarios deportivos del municipio de Alvarado, Tolima
Valor
$7.896.554
Contrato
Firmado por el procesado como representante legal del municipio de Alvarado, Tolima, y como contratista [NOMBRE TACHADO] pública
Suscrita por el alcalde con fecha 11 de julio de 2014
Comunicación de la aceptación de oferta
Firmada por [NOMBRE TACHADO] con fecha 15 de julio de 2014, dirigida a [NOMBRE TACHADO]
Acta de liquidación final
Firmada por [NOMBRE TACHADO], en su condición de alcalde, [NOMBRE TACHADO], como jefe de Planeación e Infraestructura (E), y supervisor del contrato, y [NOMBRE TACHADO], contratista.
En su contenido se hizo constar que los firmantes se reunieron el 11 de agosto de 2014 para realizar la liquidación del contrato.
Contrato de Prestación de Servicios – Invitación No. 132
(del 15 de julio de 2014)
Objeto
Servicio de personal idóneo para mano de obra em mejoramiento de 6 viviendas urbanas para el fortalecimiento del programa bloquera solidaria del Municipio de Alvarado, Tolima
Valor
$4.711.000
Contrato
Firmado por el procesado como representante legal del municipio de Alvarado, Tolima, y como contratista [NOMBRE TACHADO] pública
Suscrita por el alcalde con fecha 11 de julio de 2014
Comunicación de la aceptación de oferta
Firmada por [NOMBRE TACHADO] con fecha 15 de julio de 2014, dirigida a [NOMBRE TACHADO]
Acta de liquidación final
Firmada por [NOMBRE TACHADO], en su condición de alcalde, [NOMBRE TACHADO], como jefe de Planeación e Infraestructura (E), y supervisor del contrato, y [NOMBRE TACHADO], contratista.
En su contenido se hizo constar que los firmantes se reunieron el 9 de agosto de 2014 para realizar la liquidación del contrato.
Contrato de Prestación de Servicios – Invitación No. 157
(del 20 de agosto de 2014)
Objeto
Desmatone, rocería y limpieza a lado y lado de las vías o carreteables que conducen desde el sector Berlín hasta Altamira ubicado en la vereda Guamal del Municipio de Alvarado, Tolima
Valor
$2.200.000
Contrato
Firmado por el procesado como representante legal del municipio de Alvarado, Tolima, y como contratista [NOMBRE TACHADO] pública
Suscrita por el alcalde con fecha 14 de agosto de 2014
Comunicación de la aceptación de oferta
Firmada por [NOMBRE TACHADO] con fecha 20 de agosto de 2014, dirigida a [NOMBRE TACHADO]
Acta de liquidación final
Firmada por [NOMBRE TACHADO], en su condición de alcalde, [NOMBRE TACHADO], como jefe de Servicios Públicos, y supervisor del contrato, y [NOMBRE TACHADO], contratista.
En su contenido se hizo constar que los firmantes se reunieron el 4 de septiembre de 2014 para realizar la liquidación del contrato.
Contrato de Prestación de Servicios – Invitación No. 160
(del 26 de agosto de 2014)
Objeto
Servicio de personal idóneo para mano de obra de mejoramiento de 6 viviendas urbanas del Municipio de Alvarado, Tolima
Valor
$4.825.000
Contrato
Firmado por el procesado como representante legal del municipio de Alvarado, Tolima, y como contratista [NOMBRE TACHADO] pública
Suscrita por el alcalde con fecha 22 de agosto de 2014
Comunicación de la aceptación de oferta
Firmada por [NOMBRE TACHADO] con fecha 26 de agosto de 2014, dirigida a [NOMBRE TACHADO]
Acta de liquidación final
Firmada por [NOMBRE TACHADO], en su condición de alcalde, [NOMBRE TACHADO], como jefe de Planeación e Infraestructura (E), y supervisor del contrato, y [NOMBRE TACHADO], contratista.
En su contenido se hizo constar que los firmantes se reunieron el 20 de septiembre de 2014 para realizar la liquidación del contrato.
Contrato de Prestación de Servicios – invitación No. 162
(del 30 de agosto de 2014)
Objeto
Desmatone, rocería y limpieza a lado y lado de las vías o carreteables que conducen desde la vereda Totarito hasta la vereda Cumina del Municipio de Alvarado, Tolima
Valor
$1.600.000
Contrato
Firmado por el procesado como representante legal del municipio de Alvarado, Tolima, y como contratista [NOMBRE TACHADO] pública
Suscrita por el alcalde con fecha 28 de agosto de 2014
Comunicación de la aceptación de oferta
Firmada por [NOMBRE TACHADO] con fecha 30 de agosto de 2014, dirigida a [NOMBRE TACHADO]
Acta de liquidación final
Firmada por [NOMBRE TACHADO], en su condición de alcalde, [NOMBRE TACHADO], como jefe de Servicios Públicos, y supervisor del contrato, y [NOMBRE TACHADO], contratista.
En su contenido se hizo constar que los firmantes se reunieron el 10 de septiembre de 2014 para realizar la liquidación del contrato.
Contrato de Prestación de Servicios – Invitación No. 165
(del 11 de septiembre de 2014)
Objeto
Desmatone, rocería y limpieza a lado y lado de las vías o carreteables que conducen desde la entrada de la vereda Tamarindo hasta la vereda Tebaida del Municipio de Alvarado, Tolima
Valor
$2.000.000
Contrato
Firmado por el procesado como representante legal del municipio de Alvarado, Tolima, y como contratista [NOMBRE TACHADO] pública
Suscrita por el alcalde con fecha 9 de septiembre de 2014
Comunicación de la aceptación de oferta
Firmada por [NOMBRE TACHADO] con fecha 11 de septiembre de 2014, dirigida a [NOMBRE TACHADO]
Acta de liquidación final
Firmada por [NOMBRE TACHADO], en su condición de alcalde, [NOMBRE TACHADO], como jefe de Servicios Públicos, y supervisor del contrato, y [NOMBRE TACHADO], contratista.
En su contenido se hizo constar que los firmantes se reunieron para realizar la liquidación del contrato el 11 de octubre de 2014.
Contrato de Prestación de Servicios – Invitación No. 171
(del 25 de septiembre de 2014)
Objeto
Adecuación locativa en la biblioteca municipal para el desarrollo del programa nacional Plan Vive Digital en el Municipio de Alvarado Tolima
Valor
$5.217.000
Invitación pública
Suscrita por el alcalde [NOMBRE TACHADO] con fecha 20 de mayo de 2014
Acta de liquidación final
Firmada por [NOMBRE TACHADO], en su condición de alcalde, Magaly Acosta, Técnico Operativa y supervisora del contrato y [NOMBRE TACHADO], contratista.
En su contenido consta que los firmantes se reunieron el 11 de octubre de 2014 para realizar la liquidación del contrato.
Observa la Sala que el procesado no manifestó reparo alguno frente a la documental citada, ni respecto de su contenido, ni se encuentran elementos para poner en duda lo señalado en los cuadros que vienen de citarse. Por el contrario, la misma información emerge nítidamente de la prueba trasladada del proceso penal matriz radicado 730016000432201700898.
Por otra parte, la Colegiatura no comparte la postura del alcalde apelante, en cuanto señaló que solo firmó los documentos preparados por otros funcionarios y dependencias en ejercicio de su confianza legítima.
La confianza legítima se puede abordar a partir del análisis que ha realizado la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en las relaciones que existen entre el Estado y los administrados.
Se puede entender esta figura como un principio traducido en eventuales variaciones en la actuación de una autoridad del Estado, que inciden en el proceder de los administrados, y que conlleva la pérdida de confianza de estos frente a la estabilidad que se espera de los órganos estatales.
Así lo ha sostenido la Corte Constitucional en varias de sus decisiones. Basta con citar una sentencia de tutela del 2018, que señala en uno de sus apartes lo siguiente:
Del principio de la buena fe se desprende el de confianza legítima, que pretende que la Administración se abstenga de modificar “situaciones jurídicas originadas en actuaciones precedentes que generan expectativas justificadas (y en ese sentido legítimas) en los ciudadanos, con base en la seriedad que -se presume- informa las actuaciones de las autoridades públicas, en virtud del principio de buena fe y de la inadmisibilidad de conductas arbitrarias, que caracteriza al estado constitucional de derecho”
[…] El principio de confianza legítima funciona entonces como un límite a las actividades de las autoridades, que pretende hacerle frente a eventuales modificaciones intempestivas en su manera tradicional de proceder, situación que además puede poner en riesgo el principio de seguridad jurídica. Se trata pues, de un ideal ético que es jurídicamente exigible. Por lo tanto, esa confianza que los ciudadanos tienen frente a la estabilidad que se espera de los entes estatales, debe ser respetada y protegida por el juez constitucional. […]
De igual manera el Consejo de Estado se ha referido a este tema, al señalar que la confianza legítima consiste en que el ciudadano debe poder evolucionar en un medio jurídico estable y previsible y que bajo esta perspectiva:
El principio de confianza legítima consiste en la expectativa genuina que alberga el particular, de que las reglas establecidas por el Estado para el ejercicio de una actividad o el reconocimiento de un derecho no sean variadas súbitamente. De acuerdo con ello, este principio se ve defraudado cuando la autoridad produce un cambio abrupto en sus comportamientos y decisiones, cambio que resquebraja la esperanza legítima que el administrado se ha fijado
En suma, se trata de un precepto que opera bajo la convicción de que se está obrando en derecho o con procedimientos regulados. Si traemos el contenido de dicha figura al campo de la contratación, puede apuntarse al convencimiento que tiene el contratista sobre una actuación de la administración que lo lleva a presumir que su actuar obra por causa de una regla contractual.
Empero, también se ha entendido dicha confianza como el convencimiento que tiene el servidor público en depositar la credibilidad en los documentos o información que le son puestos a su consideración por sus subalternos, razón por la que parte de este supuesto para validar una actuación administrativa.
Ahora bien, retomando algunas expresiones jurisprudenciales, la confianza materia de este análisis no puede ser absoluta, pues su utilización se contrapone con las reglas constitucionales o legales que son de imperiosa aplicación. De tal modo, la confianza que deposita un servidor, no puede ser óbice, por ejemplo, para desconocer procedimientos o autorizaciones que se encuentran regulados, y, en tal sentido, por virtud de la ley, le corresponde la carga de verificar que la información o documentación puesta a su consideración se ajusta con la legalidad.
Descendiendo nuevamente el caso examinado, para esta Colegiatura no tiene asidero afirmar que el alcalde procesado obró con la confianza en otros funcionarios y dependencias, en particular los supervisores contractuales, puesto que, además de ser el director general de la contratación en el municipio y, por ende, quien estaba llamado a liderar procesos ajustados al ordenamiento jurídico, suscribió múltiples documentos en varios contratos, como se señaló en los cuadros citados, haciendo constar que se reunió, además de los supervisores, con el contratista, afirmación totalmente mendaz y apócrifa, pues, quedó plenamente comprobado en el proceso disciplinario que el señor [NOMBRE TACHADO], a quien se hizo pasar como contratista, no suscribió ni ejecutó los bilaterales referidos. Entonces, ¿con quién se reunió en realidad el alcalde? Lo anterior quiere significar, que los documentos firmados por aquel no corresponden a la realidad, sino que contienen información falsa en relación con el contratista, aspecto que surge de bulto. Y, frente a ello, riñe con las reglas de la lógica, que el alcalde no estuviera enterado que el contratista era ficticio.
La defensa del alcalde procesado, adicionalmente, adujo que en las carpetas contractuales existen pruebas que demuestran el cumplimiento de los objetos contractuales. Sobre dicho aspecto, es de precisar que el cargo disciplinario no recae en este punto, es decir, si los contratos se ejecutaron o no, o de qué modo se utilizaron los recursos públicos. Aunque es claro, atendiendo los elementos materiales probatorios traídos del proceso penal matriz, y no controvertidos por los sujetos procesales a pesar de haberse garantizado su oportunidad, que por la administración municipal se ejecutaron algunas actividades ante la comunidad, aunque no por el contratista a quien hicieron aparecer como tal en los documentos.
De tal manera, en conclusión, no asiste a la Sala la menor duda en el actuar irregular del alcalde, al suscribir múltiples documentos de los contratos citados haciendo aparecer como contratista al señor [NOMBRE TACHADO], sin que lo fuera. Dichos documentos, como lo concluyó el a quo, además de ser instrumentos públicos, se constituyeron en prueba para movilizar los recursos de las arcas municipales, y para darle un viso de legalidad a los procesos de contratación.
Finalmente, en cuanto al eventual entramado de corrupción que pudo vincular a varios servidores públicos del municipio de Alvarado, Tolima, y al señor [NOMBRE TACHADO], hermano del alcalde, la primera instancia lo encontró comprobado con sustento en la prueba trasladada. Para la Sala, son claras y están demostradas las irregularidades, con base en la prueba documental arrimada por el quejoso, lo cual permite colegir la comprobación de la falta y de la responsabilidad del alcalde al firmar documentos públicos con información falsa, y a partir de lo cual es razonable inferir el retiro o pago de los recursos públicos de las arcas municipales, pues, sobre ello también fueron allegados al expediente disciplinario soportes suasorios como las copias de los cheques endosados por el supuesto contratista y pagados a terceros, así como cuentas de cobro y comprobantes de egreso.
Con todo, sobre el referido entramado, entre los elementos materiales de prueba recaudados en el proceso penal, y con sustento en los cuales la Fiscalía General de la Nación presentó escrito de acusación en contra del alcalde procesado, el 24 de diciembre de 2018, obra interrogatorio de [NOMBRE TACHADO], en el que señaló:
[…] nunca he presentado ninguna propuesta de trabajo, ni hojas de vida; sin embargo, debo decir que en mayo de 2014 estaba reunido con [NOMBRE TACHADO] hermano del alcalde y él me dijo que si había una oportunidad para trabajar en la alcaldía de Alvarado -entonces el señor Néstor dijo que hiciera una hoja de vida con soportes RUT, certificado bancario, tarjeta profesional y demás documentos necesarios para celebrar contratos..." "afirmó que cruzaron contactos de teléfonos y el luego le entregó la hoja de vida con todos los soportes en un apartamento en el edificio Estudio 69... en esa oportunidad le propuso darle el 5% del valor de los contratos por prestar la firma […].
En declaración ante la Fiscalía, [NOMBRE TACHADO], funcionaria de la oficina de contratación de Alvarado, refirió que:
[…] Respecto al procedimiento para recibir las ofertas dijo que estas se recibían en la recepción que depende del Despacho del alcalde y luego pasan a la oficina de contratación. Que el proceso de cierre y apertura de sobres en 2014 se hacía con el supervisor y se levantaba acta con los proponentes asistentes, luego se hacia la evaluación por el comité evaluador o el supervisor que escogen la propuesta de menor valor de esta actuación se sube un acta al SECOP la cual es objeto de observaciones... luego si no hay observaciones se organiza todo el proceso con estudios previos, disponibilidad, contrato, adendas etc., acta de cierre, de evaluación, observaciones, acta de inicio... en relación con la pregunta de quien pide el CDP dijo que era el alcalde como ordenador del gasto... En cuanto a la firma de los contratistas dijo que en algunos casos los contratistas se presentaban [NOMBRE TACHADO] o el supervisor de ellos mismos la solicitada y posteriormente se llevaba la carpeta al alcalde para su firma... Sobre los filtros para la firma de los contratistas dijo que no se solicitaba la cédula se presumía la buena fe de quien llegaba a la oficina de contratación y dice ser la persona que aparece en el contrato […]. y respecto a si conocía al contratista [NOMBRE TACHADO] dijo que no lo recordaba […].
José Reinoso Berlaine, maestro de obra, en declaración jurada del 6 de julio de 2017, dijo:
[…] su compañera María Teresa Vesga fue beneficiada de un subsidio del alcalde de Alvarado FERNANDO TORRES RAMOS, consistente en la construcción de una habitación de 4x4, y que ellos le dijeron a la alcaldía que les diera los materiales y que él la construía… dijo este señor, que Fredy Enrique Lozano le entregó $500.000 en la alcaldía y que ese señor que trabajaba allí y era el encargado de entregar los materiales a los beneficiarios de los subsidios dados por el alcalde […].
Por su parte, Leonardo Quijano Osorio, maestro de obra, en declaración jurada del 25 de julio de 2017, afirmó:
Que el alcalde de Alvarado FERNANDO TORRES RAMOS, realizo una reunión con todos los maestros de construcción del municipio y les dijo que iba a hacer unos mejoramientos de vivienda que los precios a pagar por obra eran: $600.000 por baños; $500.000 por habitación y $400.000 por cocina, dijo que [NOMBRE TACHADO] le pagó $1.000.000 por 2 habitaciones para Dora Escobar y Yineth Parra, respecto a los materiales dijo que cuando fue a construir ya estaban en el sitio... Afirmo que no tuvo contacto con el ingeniero Edson, ni lo conocía...
Del mismo modo, Orlando Martínez Rodríguez, también maestro de obra, expuso:
PREGUNTADO: Sírvase informar a la Fiscalía, si usted fue contratado para realizar una obra de mejoramiento de vivienda, que el municipio de Alvarado Tolima otorgó a la señora [NOMBRE TACHADO] Barrio Herrera en el año 2014; de ser así indique que tipo de obra realizó y por quien fue contratado; CONTESTÓ: Si señor, yo le hice una cocina a la señora MARLEY, Y pues hubo una reunión en la Alcaldía con el alcalde FERNANDO TORRES, CARLOS CORTÉS de la Umata, [NOMBRE TACHADO] y otra persona que no recuerdo, en esa reunión nos reunimos como 8 maestros de construcción y nos dijeron que los beneficiarios de los mejoramientos nos habían elegido a nosotros para que les hiciéramos las obras, es decir, nos buscaron los mismos beneficiarios de los mejoramientos, y ahí nos dijeron que nos iban a pagar por habitación $500.000, por cocina $400.000 y por los baños $600.000, y que el ayudante y la alimentación nos la daba la beneficiaria del mejoramiento. PREGUNTADO: Indique si las personas que lo contrataron a usted para la construcción de la cocina le firmaron algún tipo de contrato. CONTESTÓ: No, todo fue de manera verbal. PREGUNTADO: Indique quien lo contrató, cuánto fue la suma cancelada por la mano de obra de la construcción de la cocina, el modo de pago y quien efectuó el pago. CONTESTÓ: A mi me contrató la señora MARLENY y me cancelaron $400.000 valor de la mano de obra por la construcción de la cocina; el pago fue en efectivo y la plata me la entregó el señor [NOMBRE TACHADO].
Así las cosas, no encuentra la Sala que los argumentos de apelación de la defensa de [NOMBRE TACHADO] tengan vocación de prosperidad para enervar la decisión de primer grado, por lo cual hay lugar a su confirmación.
6.2.6.2 En relación con [NOMBRE TACHADO]
La defensa adujo en la alzada que, si bien su prohijado suscribió los documentos que motivaron el cargo disciplinario, lo hizo en consideración al cumplimiento de los objetos contractuales respectivos, pues, a su juicio, no se trató de contratos ficticios, sino de negocios jurídicos culminados de manera satisfactoria, como se evidencia a partir de las actas de cumplimiento suscritas por el supervisor y de la gran cantidad de evidencia fotográfica.
Lo primero que resalta esta Colegiatura, con relación al anterior argumento, es que los aparentes contratos a los que se ha venido haciendo referencia, no se trataron de verdaderos negocios jurídicos, como lo pregona el defensor, sino de artificios, entre otros, del procesado, toda vez que, como quedó plenamente comprobado en el proceso disciplinario, y se analizó en el acápite 6.2.5 de esta decisión, el señor [NOMBRE TACHADO], a quien se hizo aparecer como contratista en los doce (12) aparentes contratos referenciados, en realidad no presentó las propuestas, ni firmó los documentos contractuales, así como tampoco ejecutó lo que supuestamente se contrató, ni recibió los dineros pagados. De manera que el referido argumento de defensa se antoja más como un distractor, pues, no tiene respaldo en ningún medio de prueba del proceso.
En segundo lugar, se debe precisar que el cargo disciplinario formulado al inquirido no recae sobre el cumplimiento o no de los aparentes contratos, o sobre la manera como se hubieren destinado los recursos públicos. Sin embargo, es claro, según los elementos materiales probatorios traídos del proceso penal matriz radicado 730016000432201700898, con base en los cuales la Fiscalía presentó escrito de acusación el 28 de marzo de 2019, y que no fueron controvertidos por los sujetos procesales en la actuación disciplinaria a pesar de haberse garantizado su oportunidad, que por la administración municipal se ejecutaron algunas actividades ante la comunidad, aunque no por el contratista a quien hicieron aparecer como tal en los documentos.
Por otra parte, expuso la defensa que el disciplinable cumplió sus tareas de planeación y revisión de la ejecución de los contratos, pero que nunca tuvo acercamiento directo con el contratista, sino con los trabajadores que ejecutaron las obras contratadas. En esa misma línea, adujo que el funcionario, conforme al procedimiento interno, solo firmaba los documentos cuando ya el contratista los había suscrito [NOMBRE TACHADO], que era la dependencia donde se llevaba a cabo la recepción y organización de documentos y carpetas contractuales, y que posteriormente remitía a la oficina a la que correspondía la supervisión.
Dicho argumento, a juicio de la Sala, conduce a un contrasentido que riñe no solo con la realidad probatoria del proceso disciplinario, sino, además, con la función misma de supervisor de los aparentes contratos que tenía a cargo el procesado.
En efecto, está probado, según las copias documentales aportadas por el quejoso, y que fueron analizadas por el a quo junto con la prueba trasladada desde el proceso penal matriz ya citado en esta decisión, que [NOMBRE TACHADO] participó y suscribió los siguientes documentales.
Contrato de Prestación de Servicios No. 090
(del 22 de mayo de 2014)
Objeto
Servicio de personal idóneo para mano de obra en mejoramiento de 6 viviendas urbanas para el fortalecimiento del programa bloquera solidaria del Municipio Alvarado, Tolima.
Valor
$4.596.896
Informe de supervisión
[NOMBRE TACHADO], como supervisor, suscribió informe el 21 de junio de 2014, dando cuenta sobre el cumplimiento del contrato por parte de [NOMBRE TACHADO].
Acta de liquidación final
Firmada por [NOMBRE TACHADO], en su condición de alcalde de Alvarado, [NOMBRE TACHADO], como jefe de Planeación e Infraestructura municipal (E), y supervisor del contrato, y [NOMBRE TACHADO], contratista.
En su contenido se hizo constar que los firmantes se reunieron el 21 de junio de 2014 en el referido municipio para realizar la liquidación del contrato.
Contrato de Obra No. 100
(del 7 de junio de 2014)
Objeto
Construcción de cerramiento e instalación de sistema de seguridad (cámaras infrarrojas tipo domo) para las aulas virtuales de la Institución Educativa General Enrique Caicedo Zona Urbana del Municipio de Alvarado Tolima
Valor
$12.828.800
Respuesta a observaciones
[NOMBRE TACHADO] firmó documento sin fecha
Acta de invitación
[NOMBRE TACHADO] firmó acta el 6 de junio de 2014, aparentemente junto con [NOMBRE TACHADO], dejando constancia que se reunieron en esa fecha, a las 03:50 p.m. en la Secretaría General y de Gobierno, con el fin de firmar la propuesta presentada por este último.
Acta de inicio
Suscrita el 10 de junio de 2014 por [NOMBRE TACHADO] y [NOMBRE TACHADO], como contratista. Se dejó constancia que se reunieron en la Oficina de Planeación e Infraestructura
Acta de suspensión
Firmada el 12 de junio de 2014 por [NOMBRE TACHADO] y [NOMBRE TACHADO], como contratista. Se dejó constancia que se reunieron en la Oficina de Planeación e Infraestructura
Acta de reinicio
Firmada el 3 de julio de 2014 por [NOMBRE TACHADO] y [NOMBRE TACHADO], como contratista. Se dejó constancia que se reunieron en la Oficina de Planeación e Infraestructura
Informe de supervisión
[NOMBRE TACHADO], como supervisor, suscribió informe el 9 de agosto de 2014, dando cuenta sobre el cumplimiento del contrato por parte de [NOMBRE TACHADO].
Acta de modificación de cantidades de obra e incorporación de nuevos ítems no previstos inicialmente
Firmada el 26 de julio de 2014, por [NOMBRE TACHADO] y [NOMBRE TACHADO], como contratista. Se dejó constancia que se reunieron en el despacho del alcalde del Municipio de Alvarado, Tolima.
Acta de liquidación final
Firmada por [NOMBRE TACHADO], en su condición de alcalde, [NOMBRE TACHADO], como jefe de Planeación e Infraestructura (E) y supervisor del contrato, y [NOMBRE TACHADO], contratista.
En su contenido se hizo constar que los firmantes se reunieron el 11 de agosto de 2014 para realizar la liquidación del contrato.
Contrato de Obra - Invitación No. 102
(del 12 de junio de 2014)
Objeto
Adecuación de unidades de servicio de agua potable y aguas servidas en la Institución Educativa General Enrique Caicedo
Valor
$3.885.150
Estudios previos
Suscrita por [NOMBRE TACHADO] sin fecha.
Actas de cierre y apertura de sobres y de evaluación
Actas firmadas por el procesado el 11 de junio de 2014
Acta de inicio
Suscrita el 12 de junio de 2014 por [NOMBRE TACHADO] y [NOMBRE TACHADO], como contratista. Se dejó constancia que se reunieron en la Oficina de Planeación e Infraestructura del Municipio de Alvarado.
Informe de supervisión
[NOMBRE TACHADO], como supervisor, suscribió informe el 28 de junio de 2014, dando cuenta sobre el cumplimiento del contrato por parte de [NOMBRE TACHADO].
Acta de liquidación final
Firmada por [NOMBRE TACHADO], en su condición de alcalde, [NOMBRE TACHADO], como jefe de Planeación e Infraestructura (E), y supervisor del contrato, y [NOMBRE TACHADO], contratista.
En su contenido se hizo constar que los firmantes se reunieron el 2 de julio de 2014 para realizar la liquidación del contrato.
Contrato de Suministro No. 106
(del 19 de septiembre de 2014)
Objeto
Suministro de materiales e instalación para adecuación de la sala de sistemas de la institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento Sede los Guayabos del Municipio de Alvarado Tolima
Valor
$3.810.600
Estudios previos
Suscrita por [NOMBRE TACHADO] sin fecha.
Contrato de Prestación de Servicios -Invitación No. 109
(del 19 de junio de 2014)
Objeto
Servicio de personal idóneo para mano de obra en mejoramiento de 6 viviendas urbanas para el fortalecimiento del programa bloquera solidaria del municipio de Alvarado Tolima
Valor
$4.711.000
Estudios previos
Suscrita por [NOMBRE TACHADO] sin fecha.
Actas de cierre y apertura de sobres y de evaluación
Actas firmadas por el procesado el 18 de junio de 2014
Acta de inicio
Suscrita el 19 de junio de 2014 por [NOMBRE TACHADO] y [NOMBRE TACHADO], como contratista. Se dejó constancia que se reunieron en la Oficina de Planeación e Infraestructura del Municipio de Alvarado.
Informe de supervisión
[NOMBRE TACHADO], como supervisor, suscribió informe el 12 de julio de 2014, dando cuenta sobre el cumplimiento del contrato por parte de [NOMBRE TACHADO].
Acta de liquidación final
Firmada por [NOMBRE TACHADO], en su condición de alcalde, [NOMBRE TACHADO], como jefe de Planeación e Infraestructura (E), y supervisor del contrato, y [NOMBRE TACHADO], contratista.
En su contenido se hizo constar que los firmantes se reunieron el 12 de julio de 2014 para realizar la liquidación del contrato.
Contrato de Obra No. 131
(del 15 de julio de 2014)
Objeto
Construcción a todo costo de canal con reja para aguas lluvias en diferentes escenarios deportivos del municipio de Alvarado, Tolima
Valor
$7.896.554
Estudios previos
Suscrita por [NOMBRE TACHADO] sin fecha.
Actas de cierre y apertura de obres y de evaluación
Actas firmadas por el procesado el 12 de julio de 2014
Acta de inicio
Suscrita el 15 de julio de 2014 por [NOMBRE TACHADO] y [NOMBRE TACHADO], como contratista. Se dejó constancia que se reunieron en la Oficina de Planeación e Infraestructura del Municipio de Alvarado.
Acta de modificación de cantidades de obra
Firmada el 16 de julio de 2014 por [NOMBRE TACHADO] y [NOMBRE TACHADO], como contratista. Se dejó constancia que se reunieron en el despacho de la Alcaldía de Alvarado
Informe de supervisión
[NOMBRE TACHADO], como supervisor, suscribió informe el 22 de julio de 2014, dando cuenta sobre el cumplimiento del contrato por parte de [NOMBRE TACHADO].
Acta de liquidación final
Firmada por [NOMBRE TACHADO], en su condición de alcalde, [NOMBRE TACHADO], como jefe de Planeación e Infraestructura (E), y supervisor del contrato, y [NOMBRE TACHADO], contratista.
En su contenido se hizo constar que los firmantes se reunieron el 11 de agosto de 2014 para realizar la liquidación del contrato.
Contrato de Prestación de Servicios – Invitación No. 132
(del 15 de julio de 2014)
Objeto
Servicio de personal idóneo para mano de obra em mejoramiento de 6 viviendas urbanas para el fortalecimiento del programa bloquera solidaria del Municipio de Alvarado, Tolima
Valor
$4.711.000
Estudios previos
Suscrita por [NOMBRE TACHADO] sin fecha.
Actas de cierre y apertura de sobres y de evaluación
Actas firmadas por el procesado el 12 de julio de 2014
Acta de inicio
Suscrita el 15 de julio de 2014 por [NOMBRE TACHADO] y [NOMBRE TACHADO], como contratista. Se dejó constancia que se reunieron en la Oficina de Planeación e Infraestructura del Municipio de Alvarado.
Informe de supervisión
[NOMBRE TACHADO], como supervisor, suscribió informe el 9 de agosto de 2014, dando cuenta sobre el cumplimiento del contrato por parte de [NOMBRE TACHADO].
Acta de liquidación final
Firmada por [NOMBRE TACHADO], en su condición de alcalde, [NOMBRE TACHADO], como jefe de Planeación e Infraestructura (E), y supervisor del contrato, y [NOMBRE TACHADO], contratista.
En su contenido se hizo constar que los firmantes se reunieron el 9 de agosto de 2014 para realizar la liquidación del contrato.
Contrato de Prestación de Servicios – Invitación No. 160
(del 26 de agosto de 2014)
Objeto
Servicio de personal idóneo para mano de obra de mejoramiento de 6 viviendas urbanas del Municipio de Alvarado, Tolima
Valor
$4.825.000
Estudios previos
Suscritos por [NOMBRE TACHADO] sin fecha.
Actas de cierre y apertura de sobres y de evaluación
Actas firmadas por el procesado el 23 de agosto de 2014
Acta de inicio
Suscrita el 26 de agosto de 2014 por [NOMBRE TACHADO] y [NOMBRE TACHADO], como contratista. Se dejó constancia que se reunieron en la Oficina de Planeación e Infraestructura del Municipio de Alvarado.
Informe de supervisión
[NOMBRE TACHADO], como supervisor, suscribió informe el 20 de septiembre de 2014, dando cuenta sobre el cumplimiento del contrato por parte de [NOMBRE TACHADO].
Acta de liquidación final
Firmada por [NOMBRE TACHADO], en su condición de alcalde, [NOMBRE TACHADO], como jefe de Planeación e Infraestructura (E), y supervisor del contrato, y [NOMBRE TACHADO], contratista.
En su contenido se hizo constar que los firmantes se reunieron el 20 de septiembre de 2014 para realizar la liquidación del contrato.
Con relación a dicha información y documentación, el procesado no controvirtió ningún aspecto, en ejercicio de su derecho de contradicción a la prueba, ni obran en el expediente elementos distintos que la pongan en tela de juicio.
Ahora bien, como queda visto, consta en múltiples documentos de los citados, que [NOMBRE TACHADO], según dice expresamente, se reunió con el contratista para la suscripción y firma de actas de inicio contractual, de suspensión y reinicio, de modificación y de liquidación de los contratos, de manera que, si el señor [NOMBRE TACHADO], a quien hacen aparecer como contratista, como quedó comprobado, no presentó ofertas, ni suscribió los bilaterales, ni los ejecutó, entonces, la información consignada en las actas y demás soportes firmados por Cortés Ayala contienen información falaz y apócrifa, de lo cual tenía conocimiento el procesado, en la medida en que firmó las constancias de estar presente junto con el contratista, cuando no era cierto.
Adicionalmente, como se indica, el argumento defensivo es contraevidente, pues, no se entiende cómo un supervisor suscribe actas de inicio del contrato, de suspensión y reinicio, y acta de liquidación, además de los informes de supervisión, en los que se hace constar que está presente el contratista, manifestando a posteriori no haberlo conocido.
En relación con el contrato 090-14, el defensor alegó la buena fe exenta de culpa del procesado, en consideración a que aquel solo vino a firmar el acta de liquidación, y que los demás documentos corresponden a otros funcionarios. En este caso, consultando ese documento, como se mostró en cuadro anterior, allí consta que la susodicha acta fue firmada por [NOMBRE TACHADO], en su condición de alcalde de Alvarado, [NOMBRE TACHADO], como jefe de Planeación e Infraestructura municipal (E), y supervisor del contrato, y [NOMBRE TACHADO], contratista. En su contenido se afirmó que los firmantes se reunieron el 21 de junio de 2014 en ese municipio para realizar la liquidación del contrato. Luego, no se entiende cómo pudieron concurrir a la firma el alcalde y el procesado con un contratista fantasma. Así que no es razonable deducir la buena fe exenta de culpa de Cortés Ayala.
Por último, el defensor solicitó el estudio de la causal de exclusión de responsabilidad contenida en el numeral 8º del artículo 31 del CGD, bajo el entendido de que el investigado no tenía conocimiento real o imputable de la irregularidad de su actuación.
La norma invocada señala:
ARTÍCULO 31. Causales de exclusión de la responsabilidad disciplinaria. No habrá lugar a responsabilidad disciplinaria cuando la conducta se realice:
[…]
8. Con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria. Si el error fuere de hecho vencible, se sancionará la conducta a título de culpa, siempre que la falta admita tal modalidad. De ser vencible el error de derecho, se impondrá, cuando sea procedente, la sanción de destitución y las demás sanciones graduables se reducirán en la mitad. En los eventos de error acerca de los presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad disciplinaria, se aplicaran, según el caso, los mismos efectos del error de hecho. Para estimar cumplida la conciencia de la ilicitud basta que el disciplinable haya tenido la oportunidad, en términos razonables, de actualizar el conocimiento de lo ilícito de su conducta.
El error, en materia disciplinaria, atañe directamente a la culpabilidad y se presenta cuando hay discordancia entre la conciencia del autor y la realidad; error que puede ser invencible o vencible, dependiendo de si el autor hubiera podido salir de él esforzándose lo suficiente, haciendo lo que estaba a su alcance y teniendo como referente si otra persona hubiera incurrido en el mismo yerro o si no se esforzó lo suficiente, le era superable y cualquiera hubiera salido del error.
De ahí que, si el error es invencible, obviamente excluya la posibilidad de reproche disciplinario; pero si resulta ser vencible, el autor debe responder por la comisión de la falta, con una sanción morigerada, en aplicación de los principios de justicia material y proporcionalidad, dado que la valoración se desplaza a la imputación subjetiva de la falta.
Sobre la causal contenida en el numeral 6º del artículo 28 del CDU, similar al numeral 8º del artículo 31 del CGD, correspondiente a la convicción errada e invencible, el Consejo de Estado ha sostenido:
[…] para que proceda la exclusión de responsabilidad consagrada en el numeral 6 del art. 28 de la Ley 734 de 2002, es preciso que se cumplan los presupuestos jurisprudenciales67 que se han fijado respeto de la misma a saber: i) que el disciplinado tenga la creencia plena y sincera de que actuaba ajustado al ordenamiento jurídico y ii) que el error de apreciación no era humanamente superable, esto es que era invencible, dadas las condiciones personales del procesado y las circunstancias en que este se realizó.
La Sala aclara, que la citada eximente de responsabilidad tiene origen en el error, en el cual puede incurrir el servidor público disciplinado, bien sea, sobre las circunstancias fácticas que rodean la conducta cometida, caso en el cual se denomina -error de hecho-, o, de un error relacionado con un elemento o componente normativo o jurídico titulado -error de derecho-(…)
El carácter de vencible o invencible del error, significa que el servidor público disciplinado tuvo la oportunidad de realizar una acción que le permitiera esforzarse y, a través de un ejercicio lógico racional, determinar que estaba actuando en contra de la norma.
En este caso, la referida causal de exclusión deviene inaplicable, porque, como ya se ha concluido de los soportes probatorios allegados al proceso disciplinario, el investigado concurrió a la firma de múltiples documentos haciendo constar que también se hizo presente el contratista [NOMBRE TACHADO], persona que no presentó ofertas, ni suscribió los bilaterales, ni los ejecutó, por lo cual, mucho menos concurrió físicamente a rubricar esos documentos. De modo que, contrario al primer presupuesto de los señalados en la sentencia que viene de citarse, no puede razonablemente inferirse que el apelante obró con la creencia plena y sincera de que actuaba ajustado al ordenamiento jurídico.
En conclusión, analizados los argumentos de apelación de la defensa de [NOMBRE TACHADO], esta Colegiatura no encuentra alguno que haya de conducir a la revocatoria de la decisión sancionatoria en su contra, sino, por el contrario, a su confirmación total, como así se procederá.
6.2.6.3 Con relación a [NOMBRE TACHADO]
Según la alzada, el procesado firmó los documentos objeto de reproche disciplinario, amparado en los principios de buena fe y de legalidad. Adujo la defensora que la conclusión a la que llegó el a quo respecto de la reunión de aquel con el contratista, para firmar documentos de los contratos 157, 162 y 165 de 2014, es imprecisa, puesto que se están dando por acreditadas pruebas del proceso penal, las cuales no han podido ser controvertidas por los acusados. Afirma que su representado tiene el derecho a que se presuma su buena fe.
Inicia la Sala por pronunciarse sobre el último argumento previamente presentado por la recurrente, dado que según se viene poniendo de presente en esta decisión, el quejoso aportó las pruebas documentales que tenía en su poder, en los términos del parágrafo del artículo 90 del CDU, mismas que fueron incorporadas al proceso disciplinario con la apertura de la indagación preliminar, y que bien podían ser controvertidas por los investigados desde su conocimiento de la actuación como se prevé en el artículo 138 ibidem. Sin embargo, el investigado [NOMBRE TACHADO] y su defensora no se pronunciaron sobre estas.
De manera que el fallo de primera instancia no solo está fundado en la prueba trasladada, la cual, como se analizó en el apartado 6.2.3 de este proveído, se ajustó a la legalidad y al debido proceso, sino, también en las documentales recaudadas en la instrucción y el juzgamiento disciplinarios.
Ahora bien, revisados los documentos obrantes en el expediente, la Sala constata que el procesado participó y suscribió los siguientes documentos:
Contrato de Prestación de Servicios – Invitación No. 157
(del 20 de agosto de 2014)
Objeto
Desmatone, rocería y limpieza a lado y lado de las vías o carreteables que conducen desde el sector Berlín hasta Altamira ubicado en la vereda Guamal del Municipio de Alvarado, Tolima
Valor
$2.200.000
Estudios previos
Suscritos por [NOMBRE TACHADO] sin fecha.
Actas de cierre y apertura de sobres y de evaluación
Actas firmadas por el procesado el 15 de agosto de 2014
Acta de inicio
Suscrita el 20 de agosto de 2014 por [NOMBRE TACHADO] y [NOMBRE TACHADO], como contratista. Se dejó constancia que se reunieron en la Oficina de Servicios Públicos del Municipio de Alvarado, Tolima.
Informe de supervisión
[NOMBRE TACHADO], como supervisor, suscribió informe el 4 de septiembre de 2014, dando cuenta sobre el cumplimiento del contrato por parte de [NOMBRE TACHADO].
Acta de liquidación final
Firmada por [NOMBRE TACHADO], en su condición de alcalde, [NOMBRE TACHADO], como jefe de Servicios Públicos, y supervisor del contrato, y [NOMBRE TACHADO], contratista.
En su contenido se hizo constar que los firmantes se reunieron el 4 de septiembre de 2014 para realizar la liquidación del contrato.
Contrato de Prestación de Servicios – invitación No. 162
(del 30 de agosto de 2014)
Objeto
Desmatone, rocería y limpieza a lado y lado de las vías o carreteables que conducen desde la vereda Totarito hasta la vereda Cumina del Municipio de Alvarado, Tolima
Valor
$1.600.000
Estudios previos
Suscritos por [NOMBRE TACHADO] sin fecha.
Actas de cierre y apertura de sobres y de evaluación
Actas firmadas por el procesado el 29 de agosto de 2014
Acta de inicio
Suscrita el 30 de agosto de 2014 por [NOMBRE TACHADO] y [NOMBRE TACHADO], como contratista. Se dejó constancia que se reunieron en la Oficina de Servicios Públicos del Municipio de Alvarado, Tolima.
Informe de supervisión
[NOMBRE TACHADO], como supervisor, suscribió informe el 10 de septiembre de 2014, dando cuenta sobre el cumplimiento del contrato por parte de [NOMBRE TACHADO].
Acta de liquidación final
Firmada por [NOMBRE TACHADO], en su condición de alcalde, [NOMBRE TACHADO], como jefe de Servicios Públicos, y supervisor del contrato, y [NOMBRE TACHADO], contratista.
En su contenido se hizo constar que los firmantes se reunieron el 10 de septiembre de 2014 para realizar la liquidación del contrato.
Contrato de Prestación de Servicios – Invitación No. 165
(del 11 de septiembre de 2014)
Objeto
Desmatone, rocería y limpieza a lado y lado de las vías o carreteables que conducen desde la entrada de la vereda Tamarindo hasta la vereda Tebaida del Municipio de Alvarado, Tolima
Valor
$2.000.000
Estudios previos
Suscritos por [NOMBRE TACHADO] sin fecha.
Actas de cierre y apertura de sobres y de evaluación
Actas firmadas por el procesado el 10 de septiembre de 2014
Acta de inicio
Suscrita el 11 de septiembre de 2014 por [NOMBRE TACHADO] y [NOMBRE TACHADO], como contratista. Se dejó constancia que se reunieron en la Oficina de Servicios Públicos del Municipio de Alvarado, Tolima.
Informe de supervisión
[NOMBRE TACHADO], como supervisor, suscribió informe el 30 de septiembre de 2014, dando cuenta sobre el cumplimiento del contrato por parte de [NOMBRE TACHADO].
Acta de liquidación final
Firmada por [NOMBRE TACHADO], en su condición de alcalde, [NOMBRE TACHADO], como jefe de Servicios Públicos, y supervisor del contrato, y [NOMBRE TACHADO], contratista.
En su contenido se hizo constar que los firmantes se reunieron para realizar la liquidación del contrato el 11 de octubre de 2014.
En ese contexto, la Sala tampoco comparte el argumento defensivo según el cual el inquirido obró de buena fe y apegado a la legalidad, porque, en lo fundamental, no se comprende como suscribió documentos contractuales bajo la consideración de estar presente con el contratista [NOMBRE TACHADO], quien, según quedó comprobado, no presentó ofertas, ni suscribió los bilaterales, ni los ejecutó, por lo cual, mucho menos concurrió físicamente a suscribir esas documentales.
De otra parte, la defensora apelante indicó que, por la clase de contratación, es claro que su representado firmó, pero precisó que los proponentes no se presentan, y que como miembro del comité evaluador se enfocó en la verificación de los requisitos mínimos habilitantes de acuerdo con la información suministrada con la propuesta.
Dicha razón de alzada resulta contraevidente, en primer lugar, porque no se entiende de qué manera un supervisor de tres (3) contratos no tuvo contacto con el contratista, cuando, justamente, por razón de su función es que debía estar en relación directa con su ejecución, partiendo del contratista con quien se debían suscribir de manera conjunta las actas de inicio y de liquidación, así como todas las demás que fueran necesarias en la ejecución del objeto contractual. Adicionalmente, si [NOMBRE TACHADO], quien aparece como contratista, no presentó las ofertas, ni suscribió los bilaterales, ni los ejecutó, conviene preguntarse, entonces, ¿con quién concurrió el procesado como supervisor a la firma de los documentos en los que se dijo que estaban presentes o se reunieron con ese respectivo propósito? Para la Sala es claro según esas actas, citadas en cuadros anteriores, que el procedimiento no era como lo citó la defensa, en el sentido de que los proponentes o contratistas no se presentaban, puesto que lo consignado en estas es que «se hicieron presentes», incluido el supuesto contratista. Significa que el funcionario investigado concurrió a la firma sabiendo que la presencia de este último no era más que un artificio.
La anterior conclusión sigue siendo la misma, aún la declaración ante la Fiscalía de [NOMBRE TACHADO], funcionaria de la oficina de contratación, e invocada en la apelación, y quien manifestó que los procesos de mínima cuantía eran llevados en la Secretaría de Gobierno en la que se daba el visto bueno, y luego se subía la información al SECOP, y posteriormente el proceso era enviado al supervisor para que se firmara lo concerniente a sus funciones. Ello porque, como quedó comprobado, en las actas de inicio y de liquidación citadas, objetivamente se lee que el supervisor se reunió con el supuesto contratista, lo que evidentemente demuestra que el investigado concurrió a la firma de las actas sabiendo que la argüida presencia del contratista era una falacia. Ello descarta cualquier viso de buena fe y de legalidad.
En línea con lo anterior, en la alzada se adujo que el manual de funciones no le imponía al investigado, en su calidad de supervisor, la obligación de verificar la identidad del contratista, y que, habiendo realizado los trámites de identificación que le autorizaba la ley, y no conociendo previamente a [NOMBRE TACHADO], obró de buena fe e incurso en error invencible e insuperable, dado que no contaba con las herramientas para verificar la real identidad de aquel.
A ese respecto, esta Colegiatura destaca que, dentro de la clasificación especial de servidores públicos que ejercen funciones públicas especiales se encuentran aquellos que se encargan del seguimiento a la actividad contractual, como son los supervisores, personas que por regla general son funcionarios de planta, a los que de manera temporal se le asigna la tarea de ejercer vigilancia, con el fin de que se haga la entrega del bien o servicio dentro de las condiciones y los plazos del negocio jurídico.
Esta función de supervisión del contrato deviene de lo instituido en el artículo 4° de la Ley 80 de 1993, al aludir a los derechos y deberes de las entidades, donde se establece que:
ARTÍCULO 4º. De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Para la consecución de los fines de que trata el Artículo anterior, las entidades estatales:
1o. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrá hacer al garante. […]
Los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 establecieron la figura de la supervisión de los contratos y sus potestades de la siguiente manera:
ARTÍCULO 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda.
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.
(…)
ARTÍCULO 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.
(…)
Del contenido de la norma se extrae un deber de seguimiento y de vigilancia que se le encomienda de manera temporal al funcionario para que, conforme con sus capacidades, se encargue de que el contratista cumpla con el objeto del contrato y sus obligaciones, en los periodos y condiciones establecidas, bien sea en los estudios y documentos previos o en la minuta contractual.
Es tal la trascendencia en su labor que, al aprobar el cumplimiento del contratista, conforme con los mecanismos establecidos por la entidad, en los manuales de funciones o de contratación, opera para la entidad el deber de pagar al contratista como contraprestación.
Por lo expuesto, resulta un contrasentido que el procesado afirme no haber conocido al contratista, pero que, al mismo tiempo, suscriba actas donde quedó la constancia de haber concurrido con aquel, cuando lo cierto es que [NOMBRE TACHADO], quien aparece como tal, no presentó las ofertas, ni suscribió los bilaterales, ni los ejecutó, aspecto elemental que descarta un accionar de buena fe del procesado. La Sala se pregunta, acaso la referencia de la apelación en cuanto a que el inquirido no conoció al contratista ¿es porque los contratos en los que participó Corral Guzmán eran ficticios y por ello el contratista jamás asistió a firmar las actas, y por eso no lo conoció? Es que el supervisor del contrato, según quedó expuesto, es el que se encarga del seguimiento de la actividad contractual y, por tal razón, quien más contacto tiene con el contratista, más siendo este una persona natural.
Todo lo anterior descarta que el procesado Corral Guzmán hubiera actuado en su sano juicio y leal entender, sustentado en la confianza y certeza que le brindaba el que el proceso contractual se manejara desde la Oficina de Contratación, como se advera en la apelación, puesto que, por el contrario, no se obra con buen y sano juicio cuando se suscriben documentos con un contratista ficticio, haciendo constar que concurrió o se reunió con aquel para dicho propósito. La confianza en un equipo de trabajo o en los subalternos, según la línea jurisprudencial, no puede ser absoluta; su utilización se contrapone con las reglas constitucionales o legales que son de imperiosa aplicación. De tal modo, la confianza que deposita un servidor, no puede ser óbice, por ejemplo, para desconocer procedimientos o autorizaciones que se encuentran regulados, y, en tal sentido, por virtud de la ley, le corresponde la carga de verificar que la información o documentación puesta a su consideración se ajusta con la legalidad.
Por las mismas razones, tampoco es dable encuadrar la situación en la figura del error como causal de exclusión de responsabilidad, conforme a lo invocado en la apelación, toda vez que no concurren los presupuestos reseñados por el Consejo de Estado en la sentencia que viene de citarse, en particular, porque conforme a las circunstancias fácticas que rodearon la conducta del procesado, no se encuentra sustento para colegir que aquel actuó bajo la creencia plena y sincera de que obraba ajustado al ordenamiento jurídico, amén que un eventual error de apreciación, de haber sido así, era humanamente superable, verificando la existencia del contratista y su ejecución contractual, de suerte que, si hubiese existido algún error, este no fue invencible.
En otros argumentos, la defensa de Corral Guzmán adveró que en ningún momento el disciplinable actuó con la intensión de menoscabar el patrimonio del Estado, y que en el proceso disciplinario no se realizaron pruebas grafológicas que indiquen que el disciplinable suplantó la firma del contratista. La Sala precisa que sobre estos aspectos no descansa la imputación fáctica del cargo disciplinario formulado al investigado. El reproche se sustenta en haber suscrito documentos públicos, que tienen la vocación de servir de prueba, como las distintas actas contractuales firmadas por aquel, consignando información falsa, en particular sobre el contratista, señor [NOMBRE TACHADO], quien no presentó las ofertas, ni suscribió los bilaterales, ni los ejecutó. Tal imputación no conlleva reproche en relación con un posible detrimento al patrimonio público, ni atribuye responsabilidad porque el disciplinable hubiera suplantado la firma del contratista.
Así las cosas, y por el contrario a lo considerado en la apelación, para la Sala es clara la conducta típica del procesado [NOMBRE TACHADO], en tanto quedó comprobado que suscribió actas y otros documentos contractuales, con los cuales se sustentaron pagos con cargo al presupuesto público municipal de Alvarado, Tolima, que contienen información falsa en relación con el contratista.
Frente a la categoría dogmática de la ilicitud sustancial, en la alzada se consideró que el comportamiento de Corral Guzman carece de ilicitud. Para esté órgano colegiado, por el contrario, la conducta del investigado desconoció ostensiblemente el deber funcional, en tanto afectó gravemente los fines del Estado y los principios de la función pública, en particular el de moralidad. Es que, a dicho funcionario, como supervisor de los contratos citados, le correspondía la vigilancia contractual, lo cual imponía, de entrada, la concurrencia sobre el objeto contractual, así como, sobre el contratista, a efecto de que se cumpliera a cabalidad la legalidad y las prestaciones pactadas. Los servidores públicos no pueden soslayar que los fines de la contratación, que se enmarcan precisamente en los fines del Estado previstos en el artículo 2º de la Carta Política, tienden a la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados. Con mayor razón, se le exige al supervisor el cumplimiento de su misión funcional, como garante en el cumplimiento de ese propósito.
Sin embargo, en este caso, el investigado, no solo desconoció esa misionalidad, sino que rayó en la falsedad ideológica, con propósitos que no se muestran objetivamente encausados al bien común, lo que connota una infracción sustancial a sus deberes. Por tal razón, es clara la ilicitud sustancial del comportamiento del apelante.
Por último, en la alzada se afirma que el encartado no incurrió en conducta de falsedad ideológica, la cual comporta una actuación dolosa, más que en el proceso penal no ha sido adoptada una decisión definitiva. Sobre dicho argumento, es de resaltar la autonomía e independencia de las acciones disciplinaria y penal, tal como se prevé en el inciso final del artículo 2º del CGD, que dice:
La acción disciplinaria es independiente de cualquiera otra que pueda surgir de la comisión de la falta.
En ese contexto, se encuentra que en el proceso disciplinario se recaudaron suficientes elementos de prueba, como las copias de los documentos contractuales en los que participó y firmó Corral Guzman, aportados con la queja disciplinaria y respecto de los cuales no hubo controversia por parte de aquel, amén que su contenido se corrobora con las pruebas trasladadas desde el proceso penal matriz citado en apartes anteriores. Con base en dichos elementos, no hay duda alguna que el funcionario incurrió en la conducta de falsedad ideológica, pues, suscribió las actas y otros documentos contractuales citados en los cuadros que se citan en esta decisión, haciendo constar la concurrencia del contratista [NOMBRE TACHADO], persona que no presentó las ofertas, ni suscribió los bilaterales, ni los ejecutó. Tal comportamiento obedece a un actuar deliberado y consiente del procesado, que se muestra en que, siendo el supervisor de tres (3) contratos, debía tener el conocimiento del respectivo contratista y de la ejecución de los bilaterales, pues no de otra forma podía rendir informes de supervisión y cumplimiento como procedió. De allí que, si el contratista era ficticio, surge claro que el supervisor sabía de la ostensible irregularidad y del entramado con esos procesos contractuales, sin embargo, coadyuvó con su conducta a que se continuara con ese proceder ilegal.
Por todo lo dicho, analizados los argumentos de apelación de la defensa del procesado [NOMBRE TACHADO], esta instancia de decisión no encuentra asidero en alguno de ellos para acceder a la revocatoria de la decisión sancionatoria de primera instancia, sino, por el contrario, para confirmarla en su integridad, como así se dispondrá.
6.2.6.4 Con relación a [NOMBRE TACHADO]
En su defensa, en la apelación se argumentó que el a quo no tuvo en cuenta el periodo dentro del cual la investigada fungió como funcionaria de la administración de Alvarado, Tolima, esto es, entre el 16 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, aspecto que la defensora considera relevante, dado que para la fecha de ingreso al cargo, los estudios previos, estudios de conveniencia y oportunidad para el trámite contractual objeto de investigación ya habían sido elaborados por los servidores públicos que le antecedieron. Adujo que, por tal razón, y por el principio de confianza en el personal a cargo, así como al avance de los procesos, procedió a la firma de los documentos, sin que observara irregularidad alguna.
Revisado el plenario, se encuentra que la procesada participó y suscribió los siguientes documentos:
Contrato de Prestación de Servicios – Invitación No. 171
(del 25 de septiembre de 2014)
Objeto
Adecuación locativa en la biblioteca municipal para el desarrollo del programa nacional Plan Vive Digital en el Municipio de Alvarado Tolima
Valor
$5.217.000
Estudios previos
Suscritos por Magaly Acosta sin fecha.
Actas de cierre y apertura de sobres y de evaluación
Actas firmadas por la procesada el 24 de septiembre de 2014
Acta de inicio
Suscrita el 25 de septiembre de 2014 por Magaly Acosta y [NOMBRE TACHADO], como contratista. Se dejó constancia que se reunieron en la Oficina de Secretaría General del Municipio de Alvarado, Tolima.
Informe de supervisión
Magaly Acosta, como supervisora, suscribió informe el 7 de octubre de 2014, dando cuenta sobre el cumplimiento del contrato por parte de [NOMBRE TACHADO].
Acta de liquidación final
Firmada por [NOMBRE TACHADO], en su condición de alcalde, Magaly Acosta, Técnico Operativa y supervisora del contrato y [NOMBRE TACHADO], contratista.
En su contenido consta que los firmantes se reunieron el 11 de octubre de 2014 para realizar la liquidación del contrato.
Lo primero que se debe anotar, es que la suscripción de los documentos públicos por parte de la procesada se hizo durante su vinculación laboral, de manera que nada tienen que ver las fechas de ingreso o retiro del cargo, como lo adujo la apelante. En segundo término, no es cierto que los estudios previos los hubiera realizado otro servidor público, puesto que, como se constata en el respectivo documento, este aparece firmado por Magaly Acosta. y, en tercer lugar, en relación con el principio de confianza alegado, como se ha dicho con respecto a los demás procesados que alegaron lo mismo, dicha confianza no puede ser absoluta, dado que su utilización se contrapone con las reglas constitucionales o legales que son de imperiosa aplicación. De tal modo, la confianza que deposita un servidor, no puede ser óbice, por ejemplo, para desconocer procedimientos o autorizaciones que se encuentran regulados, y, en tal sentido, por virtud de la ley, le corresponde la carga de verificar que la información o documentación puesta a su consideración se ajusta con la realidad y la legalidad.
Por otra parte, la defensora considera que las firmas en el acta de inicio, constancia de cumplimiento a satisfacción y acta de liquidación del contrato 171 de 2014 fueron plasmadas por la investigada posteriormente a que firmara el contratista, lo cual se habría hecho [NOMBRE TACHADO] municipal, aspecto que coincide con lo declarado por [NOMBRE TACHADO], funcionaria de contratación, ante la FGN. Dicho argumento, como también se expuso en apartes anteriores con respecto a otros supervisores contractuales, resulta contraevidente, en primer lugar, porque en los documentos analizados, esto es, el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato citado, se hizo constar que la procesada, en su calidad de supervisora, compareció junto con el contratista, lo cual, según también quedó probado, no era cierto, porque [NOMBRE TACHADO], persona que se hizo aparecer como contratista, no presentó las ofertas, ni suscribió los bilaterales, ni los ejecutó.
La Sala resalta que la procesada tenía asignada la función de supervisora del contrato, por lo que, en tal condición, debía tener contacto directo con el contratista, esto es, relación inmediata con la ejecución del bilateral, a punto que con aquel debían suscribir de manera conjunta las actas de inicio y de liquidación, así como todas las demás que fueran necesarias para el buen desarrollo del negocio jurídico. Para esta instancia surge evidente, según esas actas que fueron citadas en cuadro anterior, que el procedimiento no era como lo indicó la defensa, en el sentido de que primero fueron firmadas por el contratista [NOMBRE TACHADO], y posteriormente allegadas para la rúbrica de la procesada, puesto que lo consignado en estas es que «se hicieron presentes», incluido el supuesto contratista. Significa que la funcionaria investigada igualmente concurrió a la firma sabiendo que la presencia de este último era una falsedad.
En otro argumento de apelación, señaló la defensora que la procesada, en su condición de supervisora del contrato, realizó vigilancia y control a la correspondiente ejecución, encontrando que el bilateral se cumplió debidamente, por lo que procedió con la firma de las actas de cumplimiento y liquidación, sin que por ello hubiese incurrido en irregularidad funcional. Enfatizó que el objeto contractual se cumplió a satisfacción, según lo evidencia el registro fotográfico, a punto que, de no haber suscrito las actas en mención, ahí si hubiera incurrido en irregularidad disciplinaria.
La Sala precisa que sobre dicho aspecto no descansa la imputación fáctica del cargo disciplinario formulado a la investigada, es decir, la imputación fáctica no se sustentó en el cumplimiento o no del contrato ficticio, sino en haberse suscrito por la procesada documentos públicos, que tienen la vocación de servir de prueba, como las distintas actas contractuales, consignando información falsa, en particular sobre el contratista, señor [NOMBRE TACHADO], quien, se repite, no presentó las ofertas, ni suscribió los bilaterales, ni los ejecutó.
En conclusión, para este órgano colegiado se encuentran en el proceso disciplinario suficientes pruebas que demuestran la falta disciplinaria en que incurrió Magaly Acosta, así como, su responsabilidad. Dichas probanzas corresponden a las copias de los documentos contractuales en los que participó y firmó aquella, aportados con la queja disciplinaria y respecto de las cuales no hubo controversia por parte de la sancionada o de su defensa de confianza, amén que su contenido se corrobora con las pruebas trasladadas desde el proceso penal matriz citado en apartes anteriores. Con base en dichos medios de acreditación, no queda duda alguna que la investigada incurrió en la conducta de falsedad ideológica, puesto que suscribió las actas y otros documentos contractuales citados en el cuadro citado, haciendo constar la concurrencia del contratista [NOMBRE TACHADO], persona que no presentó las ofertas, ni suscribió los bilaterales, ni los ejecutó.
Dado lo expuesto, la Sala no observa vocación de prosperidad en los argumentos de apelación, motivo por el cual no hay mérito para revocar la decisión sancionatoria, sino para confirmarla en su integridad, como en efecto se resolverá.
6.2.6.5 Con relación a [NOMBRE TACHADO]
El defensor del inquirido (que también lo es de [NOMBRE TACHADO] y [NOMBRE TACHADO], con respecto a quienes presentó los mismos argumentos), en resumen, sustentó la alzada en que este caso adolece totalmente de antijuridicidad, por cuanto no está comprobado que el actuar del procesado haya ocasionado una afectación injustificada del deber funcional. Adveró que, en el eventual caso de existir afectación, se debe tener en cuenta que aquel fue asaltado en su buena fe, pues, les resultaba imposible conocer la presunta falsedad.
Adicionalmente, señaló que no se ha comprobado la existencia del dolo en la conducta investigada, lo cual no se puede presumir, sino que se debe probar.
Finalmente, adujo que no hay prueba para sancionar, y en virtud de la duda que asiste, debe proferirse fallo a favor del investigado en mérito del principio de indubio pro disciplinado.
Para desatar las anteriores razones de alzada, esta Colegiatura encuentra que el procesado participó y suscribió los siguientes documentos contractuales:
Contrato de Suministro No. 106
(del 19 de septiembre de 2014)
Objeto
Suministro de materiales e instalación para adecuación de la sala de sistemas de la institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento Sede los Guayabos del Municipio de Alvarado Tolima
Valor
$3.810.600
Actas de cierre y apertura de sobres y de evaluación
Actas firmadas por el procesado [NOMBRE TACHADO] el 18 de septiembre de 2014
Acta de inicio
Suscrita el 19 de septiembre de 2014 por [NOMBRE TACHADO] y [NOMBRE TACHADO], como contratista. Se dejó constancia que se reunieron en la Oficina de Almacén del Municipio de Alvarado, Tolima.
Acta de liquidación final
Firmada por [NOMBRE TACHADO], en su condición de alcalde, [NOMBRE TACHADO], como almacenista, y supervisor del contrato, y [NOMBRE TACHADO], contratista.
En su contenido se hizo constar que los firmantes se reunieron el 11 de octubre de 2014 para realizar la liquidación del contrato.
Es decir, quedó plenamente demostrado en el proceso disciplinario, con base en las probanzas allegadas con la queja disciplinaria, y que fueron contrastadas con la prueba trasladada desde el proceso penal matriz radicado 730016000432201700898, que el investigado [NOMBRE TACHADO] participó y firmó las actas de inicio y de liquidación del contrato de suministro No. 106 del 19 de septiembre de 2014, suscrito entre el Municipio de Alvarado, Tolima, y aparentemente el señor [NOMBRE TACHADO], actas en las que se hizo constar que concurrió o se reunió con el citado contratista, no obstante que, según se acreditado en esta causa, [NOMBRE TACHADO] presentó las propuestas, ni firmó los documentos contractuales, así como tampoco ejecutó lo que supuestamente se contrató, ni recibió los dineros pagados, los cuales si fueron girados y cobrados a través de endoso del título valor expedido por la administración municipal.
Para esta Sala, dadas las anteriores circunstancias factuales, no queda la menor duda en el actuar irregular del funcionario investigado, quien, en su calidad de supervisor del contrato, y al suscribir las actas de inicio y de liquidación del contrato citado, hizo constar que estaba presente como contratista el señor [NOMBRE TACHADO], sin que ello fuera así. Dichos documentos, como lo concluyó el a quo, además de ser instrumentos públicos, se constituyeron en prueba para movilizar los recursos de las arcas municipales, y para darle un viso de legalidad al proceso de contratación.
En esas condiciones, no le asiste razón al defensor cuando sustentó que el comportamiento de su prohijado adolece totalmente de antijuridicidad. Todo lo contrario, la conducta descrita desconoció materialmente el deber funcional, en tanto afectó en forma grave los fines del Estado y los principios de la función pública, en particular el de moralidad. Es que, al inquirido, como supervisor del contrato citado, le correspondía la vigilancia contractual, lo cual imponía, de entrada, la concurrencia sobre el objeto contractual, así como, sobre el contratista, a efecto de que se cumpliera a cabalidad la legalidad y las prestaciones pactadas. Los servidores públicos no pueden desconocer que los fines de la contratación, que se enmarcan en los fines del Estado previstos en el artículo 2º de la Carta Política, tienden a la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados. Con mayor razón, se le exige al supervisor el cumplimiento de su misión funcional, como garante en el cumplimiento de ese propósito.
En este caso, el investigado, no solo desconoció esa misionalidad, sino que rayó en el delito de falsedad ideológica, con propósitos que no se muestran objetivamente encausados al bien común, lo que connota una infracción sustancial a sus deberes. Por tal razón, es clara la ilicitud sustancial del comportamiento del apelante.
Tampoco se hace evidente que Gómez Lozano hubiese sido asaltado en su buena fe o que le resultara imposible conocer de la presunta falsedad, puesto que, según lo constatado en la prueba documental, suscribió las actas de inicio y de liquidación en las que quedó constancia de haber concurrido con el contratista, cuando lo cierto es que [NOMBRE TACHADO], quien aparece como tal, no presentó las ofertas, ni suscribió los bilaterales, ni los ejecutó, aspecto elemental que descarta un accionar de buena fe del procesado o que desconociera la falsedad en la información del contratista. Lo que deriva de lo anterior, es que el funcionario investigado asistió a la firma sabiendo que la sustentada comparecencia del contratista no era más que un artificio o engaño.
De otro lado, el defensor argumentó en la alzada que en el proceso disciplinario no se comprobó la existencia del dolo en la conducta investigada, el cual no se puede presumir, sino que se debe probar.
Para esta Colegiatura, por el contrario, a lo manifestado por la defensa, se encuentran acreditados en el proceso los elementos del dolo en el actuar de Gómez Lozano. Lo anterior, por las siguientes razones:
El artículo 10 del CGD consagra:
En materia disciplinaria solo se podrá imponer sanción por conductas realizadas con culpabilidad. Las conductas solo son sancionables a título de dolo o culpa. Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva.
A su turno, el artículo 28 del mismo normado define el dolo como la sumatoria de los elementos cognoscitivo y volitivo. Referidos, en su orden, al conocimiento de los hechos, la conciencia de la antijuridicidad y la voluntad en la realización de la conducta.
El dolo dentro del derecho disciplinario ha sido objeto de análisis por parte de la Corte Constitucional que ha destacado los presupuestos para su configuración, así:
Si la razón de ser de la falta disciplinaria es la infracción de unos deberes, para que se configure violación por su incumplimiento, el servidor público infractor sólo puede ser sancionado si ha procedido dolosa o culposamente, pues el principio de la culpabilidad tiene aplicación no sólo para las conductas de carácter delictivo sino también en las demás expresiones del derecho sancionatorio, entre ellas el derecho disciplinario de los servidores públicos, toda vez que “el derecho disciplinario es una modalidad de derecho sancionatorio, por lo cual los principios de derecho penal se aplican mutatis mutandis en este campo pues la particular consagración de garantías sustanciales y procesales a favor de la persona investigada se realiza en aras del respeto de los derechos fundamentales del individuo en comento, y para controlar la potestad sancionadora del Estado
Una vez establecida por la Corte Constitucional la identidad en este campo es preciso resaltar lo que también esa alta Corporación ha señalado en relación con los comportamientos dolosos, específicamente en materia penal que fue el punto de referencia en el proceso disciplinario, pues, con el CDU no se tenía una definición particular:
Como puede observarse la modalidad de la conducta del sujeto activo en esta clase de delitos es diversa: mientras en los delitos dolosos el agente dirige su conducta de manera inequívoca a producir un daño a bienes tutelados por el orden jurídico, en los delitos culposos el daño ocasionado es producto de una negligencia, imprudencia o impericia, sin que en ningún momento el autor haya querido ocasionar un menoscabo del bien tutelado por la ley. Esa circunstancia permite diferenciar claramente estas conductas delictivas, haciendo posible, también, atribuirle consecuencias jurídicas diferentes, atendiendo al principio de proporcionalidad. En síntesis, la diferencia entre las conductas punibles dolosas y culposas se explica en virtud de sus distintos contenidos de injusticia, pues mientras en las primeras existe un claro momento subjetivo orientado a la vulneración del bien jurídico protegido, en las culposas ese momento no existe. De allí que en cumplimiento del principio de proporcionalidad las consecuencias punitivas no pueden ser -ni son en efecto- las mismas.
En el anterior contexto, la Sala destaca, como lo hizo la primera instancia tanto en instrucción como en juzgamiento, que el procesado, conforme surge de los elementos de prueba analizados, enderezó conscientemente su voluntad para acometer el comportamiento disciplinario reprochado, comoquiera que, deliberadamente suscribió las actas contractuales referidas, haciendo constar la concurrencia del contratista, no obstante que [NOMBRE TACHADO], quien figura como tal, no presentó las ofertas, ni suscribió los bilaterales, ni los ejecutó.
El citado comportamiento obedece sin duda a un actuar deliberado y consiente del investigado, lo que se muestra en que, siendo el supervisor del contrato 106-14, debía tener el conocimiento del respectivo contratista y de la ejecución del bilateral, pues no de otra forma podía controlar el cumplimiento ni suscribir el acta de liquidación, como procedió. De allí que, si el contratista era ficticio, pues, el supervisor sabía de la ostensible irregularidad y del entramado con esos procesos contractuales, sin embargo, coadyuvó con su conducta a que se continuara con ese proceder ilegal.
En conclusión, no existe para la Sala duda alguna en que Gómez Lozano incurrió en la conducta de falsedad ideológica, en la medida que suscribió las actas citadas, haciendo constar la concurrencia de un contratista que no presentó las ofertas, ni suscribió los bilaterales, ni los ejecutó.
De consiguiente, no le halla razón a los argumentos de alzada ni mérito para revocar la decisión en contra del procesado [NOMBRE TACHADO]. Por ello, no hay lugar a la revocatoria del fallo confutado, sino, por el contrario, a su confirmación.
6.2.6.6 Con relación a [NOMBRE TACHADO] y [NOMBRE TACHADO]
Su abogado defensor común expuso en la apelación que este caso adolece de antijuridicidad, porque no está comprobado que el actuar de los procesados haya ocasionado una afectación injustificada del deber funcional. Del mismo modo, aseveró que, en el eventual caso de existir afectación, se debe tener en cuenta que sus defendidos fueron asaltados en su buena fe, en tanto les resultaba imposible conocer de la presunta falsedad. Señaló que no se ha comprobado la existencia del dolo y que no hay prueba para sancionar.
Pues bien, atendiendo la facticidad del cargo endilgado a cada uno de los procesados referidos, esta instancia encuentra que a [NOMBRE TACHADO], en su condición de secretario de Hacienda del Municipio de Alvarado, Tolima, se le reprochó y sancionó en primera instancia por haber consignado hechos contrarios a la verdad al expedir los comprobantes de egreso correspondientes a los contratos 090-2014, 109-2014 y 132-2014, bilaterales que fueron suscritos por el alcalde municipal con [NOMBRE TACHADO] como contratista, persona que no presentó las propuestas, ni firmó los documentos contractuales, así como tampoco ejecutó lo que aparentemente se contrató.
En similar sentido, a [NOMBRE TACHADO], como secretaria de Hacienda y tesorera encargada de la misma municipalidad, se le reprochó y sancionó por haber consignado hechos contrarios a la verdad al expedir los comprobantes de egreso de los contratos 106-2014, 157-2014, 160-2014, 162-2014, 165-2014 y 171-2014, suscritos en las mismas condiciones que los anteriormente referidos.
En los dos casos, el a quo apuntaló la tipicidad de la conducta de los procesados aduciendo su omisión al momento de entregar los respectivos cheques para el pago de las prestaciones económicas de los contratos, pues debieron verificar la identidad del contratista. Adicionalmente, se fundamentó la decisión sancionatoria en la declaración del también procesado [NOMBRE TACHADO] en desarrollo del preacuerdo firmado con la Fiscalía 22 Seccional de Ibagué, pero que, como se concluyó en el acápite 6.2.4 de la presente decisión, no nació a la vida jurídica y, por ende, no adquirió eficacia probatoria en tanto el referido preacuerdo no fue legalizado por el juez de conocimiento dada la retractación del investigado. De manera que no podía tomarse tal declaración con efectos en esta actuación disciplinaria.
Ahora bien, los comprobantes de egreso corresponden, según la literatura contable, a un soporte de contabilidad que evidencia el pago realizado a un tercero por diferentes conceptos, los cuales deben ser firmados por quienes se disponga internamente según las normas de control interno. Dichos documentos, según emerge del artículo 124 del Decreto 2649 de 1993, por el cual se reglamenta la Contabilidad en General y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, reflejan las partidas y operaciones asentadas en libros y deben corresponder con los respectivos soportes emitidos previamente, estos son, por ejemplo, cuentas de cobro, informes de supervisión, facturas, etc.
En el caso analizado, surge evidente que los procesados señalados suscribieron los comprobantes de egreso citados en párrafos precedentes, puesto que así consta en las respectivas copias aportadas con la queja disciplinaria, visibles en los cuadernos del 1 al 3 del expediente. Sin embargo, a partir de estos no es posible constatar que [NOMBRE TACHADO] o [NOMBRE TACHADO], al momento de su firma en ellos, o de su expedición, tuvieran conocimiento sobre la información falsa respecto del contratista y destinatario de los pagos. Adicionalmente, tampoco obra en la foliatura algún otro elemento de acreditación que permita deducir dicha circunstancia fáctica, sobre la cual se funda el núcleo de la imputación fáctica.
Nótese que en los testimonios citados por el a quo, como soporte de la decisión sancionatoria, se alude a quien era el secretario de Hacienda para la época, o el funcionario o funcionaria encargada de tramitar el pago de las cuentas por la ejecución de los contratos, pero nada afirman, o se deduce de lo dicho, con respecto a que López Trujillo o Peña Hernández supieran sobre la falsedad en cuanto al contratista.
Así las cosas, la Sala no encuentra plenamente demostradas, respecto de estos sujetos procesales, las categorías dogmáticas de la falta disciplinaria. Es decir, existe duda razonable sobre la responsabilidad de estos investigados.
Por ello, se considera que no se dan los presupuestos probatorios de que trata el artículo 160 del CGD para sancionarlos, sino que, por el contrario, se impone la aplicación del principio in dubio pro disciplinado de que trata el artículo 14 ibidem.
Sobre este tópico ha sostenido la Corte Constitucional lo siguiente:
[…] Aunque el artículo 29 de la Constitución dispone que “[t]oda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable”, la presunción de inocencia es una garantía fundamental que es igualmente exigible en los procesos administrativos. Al respecto, en la Sentencia C-495 de 2019, esta Corporación indicó que: “(i) corresponde al Estado la carga de desvirtuar la inocencia, a través de la prueba de los distintos elementos de la responsabilidad, incluida la culpabilidad. (ii) A pesar de existir libertad respecto de las pruebas para desvirtuar la presunción de inocencia, sólo son admisibles medios de prueba respetuosos del debido proceso y acordes a la dignidad humana. (iii) Nadie puede ser obligado a contribuir para que la presunción de inocencia que lo ampara, sea desvirtuada y sus silencios carecen de valor probatorio en forma de confesión o indicio de su responsabilidad; (iv) durante el desarrollo del proceso o del procedimiento, la persona tiene derecho a ser tratada como inocente y (v) la prueba necesaria para demostrar la culpabilidad debe tener suficiente fuerza demostrativa, más allá de toda duda razonable, la que, en caso de persistir, debe resolverse mediante la confirmación de la presunción. Las anteriores, son ‘garantías constitucionales que presiden la potestad sancionadora de la administración y el procedimiento administrativo que se adelanta para ejercerla”.
238. La regla que ordena resolver las dudas razonables en favor del procesado (regla in dubio pro reo, in dubio pro investigado, in dubio pro disciplinado) “es una consecuencia natural de la presunción constitucional de inocencia y constituye la contracara misma de la carga de la prueba que pesa sobre el Estado, a través de las entidades que ejercen el poder público”. La duda razonable resulta cuando del examen probatorio “no es posible tener convicción racional respecto de los elementos de la responsabilidad y, por lo tanto, no se cuenta con las pruebas requeridas para proferir una decisión condenatoria, que desvirtúe plenamente la presunción de inocencia” […] (citas propias del texto original) 8.5.15 Por ello, en respeto a la presunción de inocencia como aspecto inherente al núcleo esencial del debido proceso, en caso de duda sobre la configuración de alguno de los elementos de la falta o la participación del investigado, es decir cuando los medios demostrativos no conduzcan a afirmar con certeza ambos presupuestos para sancionar, lo procedente es resolver la duda, cuando sea razonable, a favor del implicado.
En consecuencia, la Sala revocará el fallo impugnado respecto de la declaratoria de responsabilidad e imposición de sanción a los procesados [NOMBRE TACHADO] y [NOMBRE TACHADO].
6.2.6.7 Con relación a [NOMBRE TACHADO]
Con relación al apelante [NOMBRE TACHADO], evidencia la Colegiatura que el cargo disciplinario por el cual se le declaró responsable y, como consecuencia, se le impuso sanción, se edificó a partir de la conducta de suscribir el contrato 171-2014, como alcalde encargado de Alvarado, Tolima, pues, se consideró que con ello incurrió en la falta disciplinaria gravísima descrita en el numeral 1º del artículo 48 del CDU, por haber consignado en dicho documento público información falsa (falsedad ideológica), toda vez que quien aparece relacionado como contratista, esto es [NOMBRE TACHADO], en realidad no presentó la propuesta, ni firmó o ejecutó el negocio jurídico.
En su motivación, el a quo resaltó que los procesos de contratación de mínima cuantía, según la declaración de María Argenis Rodríguez ante la Fiscalía, eran de resorte del despacho del alcalde, y que ella hacía los proyectos de contrato y los remitía a la Secretaría de Gobierno, donde el procesado justamente era el funcionario titular para esa época y, a la vez, alcalde encargado. También adujo que no resultaba creíble el argumento defensivo según el cual Palma Orjuela desconocía sobre la falsedad respecto del contratista, puesto que en los doce (12) contratos analizados aparece el visto bueno de «ALVARO P», de lo cual surge razonable inferir que se trataba de [NOMBRE TACHADO]. Así que, para la primera instancia, el procesado si era conocedor del entramado de corrupción en los contractos fictos gestados por el alcalde [NOMBRE TACHADO], y que, como alcalde encargado también suscribió uno de los falsos bilaterales.
Para esta instancia, por el contrario, a lo concluido en el fallo impugnado, de las pruebas recaudadas en el expediente disciplinario no es dable colegir con certeza, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad del disciplinable.
En efecto, lo primero que encuentra la Sala, es que el disciplinable, obrando como alcalde encargado del municipio de Alvarado, Tolima, solamente suscribió el contrato de prestación de servicios – Invitación No. 171 del 25 de septiembre de 2014, según consta en la copia allegada con la queja disciplinaria. En dicho bilateral aparece como contratista [NOMBRE TACHADO], quien, según lo probado en este proceso, no presentó la oferta, ni suscribió el contrato, ni lo ejecutó.
Con relación a los demás documentos del referido bilateral, el procesado [NOMBRE TACHADO] no aparece suscribiendo alguno de estos, como se evidencia en el siguiente cuadro:
Contrato de Prestación de Servicios – Invitación No. 171
(del 25 de septiembre de 2014)
Objeto
Adecuación locativa en la biblioteca municipal para el desarrollo del programa nacional Plan Vive Digital en el Municipio de Alvarado Tolima
Valor
$5.217.000
Estudios previos
Suscritos por Magaly Acosta sin fecha.
Actas de cierre y apertura de sobres y de evaluación
Actas firmadas por Magaly Acosta el 24 de septiembre de 2014
Acta de inicio
Suscrita el 25 de septiembre de 2014 por Magaly Acosta y [NOMBRE TACHADO], como contratista. Se dejó constancia que se reunieron en la Oficina de Secretaría General del Municipio de Alvarado, Tolima.
Informe de supervisión
Magaly Acosta, como supervisora, suscribió informe el 7 de octubre de 2014, dando cuenta sobre el cumplimiento del contrato por parte de [NOMBRE TACHADO].
Acta de liquidación final
Firmada por [NOMBRE TACHADO], en su condición de alcalde, Magaly Acosta, Técnico Operativa y supervisora del contrato y [NOMBRE TACHADO], contratista.
En su contenido consta que los firmantes se reunieron el 11 de octubre de 2014 para realizar la liquidación del contrato.
Así las cosas, del solo contenido del contrato en mención no deriva o consta que el alcalde encargado hubiese comparecido a la firma en conjunto o de manera concurrente con el contratista, ni emerge alguna otra circunstancia que conlleve a deducir que tuviera conocimiento sobre la falsedad en la información respecto de aquel.
En ello, se encuentra diferencia con respecto a los procesados a quienes se les confirma la decisión (alcalde en propiedad y supervisores contractuales), pues, aquellos firmaron actas de inicio, suspensión, reinició, adición o liquidación de los contratos, según se analizó para cada uno, en las que hicieron constar su comparecencia con el supuesto contratista, aspecto que demuestra sin lugar a dudas que conocían de la falsedad. En el caso del contrato 171-2014, el procesado Palma Orjuela solo aparece firmando el contrato, pero no las actas u otros documentos, que correspondió al alcalde titular y a otros servidores públicos de la administración municipal.
En segundo lugar, si bien como lo aseveró el fallador de primer grado, en los contratos relacionados en el presente proveído aparece la antefirma «V.B. Alvaro P», de allí no se infiere el visto bueno o aprobación del procesado, en la medida que no están firmados o con alguna señal que provenga de su puño y letra. La siguiente es una imagen que corresponde a lo que se menciona:
Así las cosas, mal se haría en concluir el conocimiento del disciplinable respecto al entramado de corrupción a partir de la grafía citada, puesto que no es concluyente la anotación frente a su participación en los respectivos procesos contractuales.
Finalmente, la Colegiatura no encuentra que, de la declaración vertida por María Argenis Rodríguez ante la Fiscalía, como lo señaló el fallo de primer grado, se pueda derivar la responsabilidad de este sujeto procesal en la falsedad consignada en el contrato 171-2014. Veamos lo que declaró:
PREGUNTADO: Indica detalladamente las funciones que desempeña [NOMBRE TACHADO] para el tipo de contratación modalidad mínima cuantía; CONTESTO: Proyectar, digitar las invitaciones y estudios previos con la justificación del supervisor, luego de tener la disponibilidad presupuestal que lo respalde según la necesidad de la entidad, luego de estar debidamente justificados los procesos se envían mediante correo electrónico a la secretaría de gobierno para su publicación en el SECOP, ya que son invitaciones públicas establecidas mediante un cronograma, una vez se suben los documentos al SECOP se cuenta con 01 día hábil para radicar propuestas, un día hábil para subir actas de cierre y evaluaciones, y un día hábil para aceptar el proceso, y la celebración del contrato dentro los tres días hábiles siguientes a la aceptación de la oferta, según lo establecido en el decreto 1082 de 2015. PREGUNTADO: Donde se radican las propuestas y quien es el encargado de recibirlas; CONTESTÓ: Las propuestas se radican en Recepción la cual depende del despacho del Alcalde, y las recibe la funcionaria que este asignada en esa tarea, tan pronto son radicas (sic) se pasan a la oficina de contratación antes de la hora de cierre del proceso. PREGUNTADO: Indique claramente cómo se realizaba para el año 2014 el proceso de cierre y apertura de sobres, evaluación de las propuestas y quienes deben estar presentes en dicho proceso. CONTESTÓ: Tan pronto se cumple con la hora establecida dentro del cronograma para recibir las propuestas, se procedía realizar acta de apertura de sobres para verificar la cantidad de oferentes que se presentaban al proceso con su respetivo número de radicado, fecha, hora, cantidad de folios y valor de la propuesta de cada uno en donde se le permite a los oferentes o a sus autorizados estar presentes en la audiencia, las actas son firmadas por el respectivo supervisor y los que estén presentes en la audiencia; terminado el acta de cierre los oferentes se retiran y esos documentos pasan a ser evaluados por el comité evaluador o el supervisor, mientras se realiza el proceso de evaluación de las ofertas, el acta de apertura de sobres es enviada a la oficina de gobierno para su publicación en el SECOP, después el comité escoge la propuesta de menor valor y que cumpla con los requisitos establecidos en la invitación, luego se realiza el acta de evaluación que posteriormente es enviada a la oficina de gobierno para su publicación en el SECOP. Después de ser publicada el acta de evaluación se tiene un día hábil para presentar observaciones de los oferentes, observaciones que son resueltas mediante la publicación en la página del SECOP dentro del término establecido, y al no existir observaciones al día siguiente se sube al SECOP el acta de aceptación de la oferta de menor valor, quedando así asignado el respectivo proceso, y después de ser aceptado el proceso la función que realiza la oficina de contratación es organizar, archivar dentro de las normas establecidas en el archivo documental, todo el proceso contractual que incluye la invitación, los estudios previos, la disponibilidad presupuestal, la minuta del contrato, las adendas si hubiesen, las ofertas con todos sus anexos, actas de cierre, actas de evaluación, observaciones, aceptación, acta de inicio, hasta ahí se archiva inicialmente, luego se alimenta la carpeta del proceso contractual con la supervisión, informes, actas de adición, modificación, prácticamente se tiene al día toda la etapa precontractual, contractual hasta su liquidación. […] PREGUNTADO: Explique claramente cómo se realiza el proceso de suscripción del contrato, es decir, quienes deben estar presentes al momento de firmar los contratos y en qué oficina se deben firmar; CONTESTÓ: En algunas ocasiones los contratistas hacen presencia [NOMBRE TACHADO] para firmar los contratos, en otras ocasiones el supervisor del contrato solicita a la oficina de contratación la respectiva carpeta para suscribir el contrato en su respectiva dependencia, de acuerdo al supervisor que se haya asignado; y posteriormente se le llevan las carpetas al Alcalde para su firma. […] (las subrayas son de la Sala).
Como se aprecia, aunque la testigo mencionó que parte del proceso precontractual pasaba por la Secretaría de Gobierno del municipio, de la cual Palma Orjuela era el titular, no mencionó ni dio a entender que aquel tenía conocimiento de cada proceso en particular, o del respectivo contratista.
Por lo tanto, en el análisis individual y en conjunto de los medios de prueba en que se fundó la decisión sancionatoria frente a Palma Orjuela, no encuentra esa instancia la manera de colegir que el procesado conocía de la falsedad respecto del contratista consignada en el contrato 171-2014, lo que no descarta que pudiera serlo.
Así que, ante tales circunstancias, se estima que no se dan los presupuestos probatorios de que trata el artículo 160 del CGD para sancionarlo, sino que, por el contrario, se impone la aplicación del principio in dubio pro disciplinado de que trata el artículo 14 ibidem. En consecuencia, la Sala revocará el fallo impugnado respecto de la declaratoria de responsabilidad e imposición de sanción al procesado [NOMBRE TACHADO].
6.2.7 Conclusión
Por lo expuesto, esta Sala concluye que hay lugar a la confirmación de la responsabilidad disciplinaria de los procesados [NOMBRE TACHADO], [NOMBRE TACHADO], [NOMBRE TACHADO], [NOMBRE TACHADO] y [NOMBRE TACHADO], en las condiciones citadas en la referencia, por la incursión en la falta gravísima descrita en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 [hoy artículo 65 del CGD], complementada con la infracción tipificada como delito en el artículo 286 de la Ley 599 de 2000, atribuida a título de dolo. Como consecuencia, la Sala confirmará el fallo de primera instancia respecto de estos disciplinables.
Con respecto a los procesados [NOMBRE TACHADO], [NOMBRE TACHADO] y [NOMBRE TACHADO], esta instancia no encontró probada su responsabilidad en los cargos imputados, más allá de toda duda razonable, por lo que se impone la aplicación del artículo 14 del CGD. En consecuencia, la Sala revocará el fallo de primera instancia en cuanto los declaró disciplinariamente responsables y les impuso sanción, para, en su lugar, decretar su absolución.
6.2.8 Falta disciplinaria constitutiva de corrupción
Como esta Sala lo ha manifestado en casos similares, el tipo de conducta reprochada a los procesados [NOMBRE TACHADO], [NOMBRE TACHADO], [NOMBRE TACHADO], [NOMBRE TACHADO] y [NOMBRE TACHADO], al tenor de los instrumentos internacionales, configura actos de corrupción conforme con lo siguiente:
Convención Interamericana contra la Corrupción
Artículo VI. Actos de Corrupción
1. La presente Convención es aplicable a los siguientes actos de corrupción:
c. La realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero;
La Corte Constitucional al revisar la conformidad de la mencionada convención con la Constitución Política, en la sentencia C-397 de 1998 puso de presente que la comisión de prácticas corruptas como las allí descritas «obligan a los órganos de control del Estado, específicamente al Procurador General de la Nación, a sancionar con la separación del servicio público, a aquellos servidores públicos que incurran en su comisión, según lo ordena expresamente el numeral 1 del artículo 278 superior».
Adicionalmente, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, a la que adhirió Colombia, pide en su artículo 8º a los Estados parte considerar «la posibilidad de adoptar, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, medidas disciplinarias o de otra índole contra todo funcionario público que transgreda los códigos o normas establecidos de conformidad con el presente artículo». Del mismo modo, el artículo 30 de la Convención, si bien se refiere en el numeral 1º a la penalización de los delitos de corrupción y la proporcionalidad de la pena con su gravedad, a la vez indica en el numeral 8: «El párrafo 1 del presente artículo no menoscabará el ejercicio de facultades disciplinarias por los organismos competentes contra empleados públicos». (Negrilla fuera del texto).
Así las cosas, en virtud de dichos instrumentos internacionales, la potestad disciplinaria del Estado cobra especial relevancia frente a actos de corrupción, en ese sentido, al punto que la Corte Constitucional en la sentencia C-111-de 2019 reconoció que de ellas «(…) se desprende el derecho de los Estados de establecer decisiones disciplinarias que puedan incidir en el ejercicio de los derechos políticos de los servidores de elección popular».
Es así como, dentro de la lucha contra la corrupción, el ejercicio del poder disciplinario de cara a estas prácticas enquistadas y tristemente normalizadas en nuestra sociedad es un compromiso internacional del Estado que le compete cumplir por mandato constitucional y legal a la Procuraduría General de la Nación frente a todos los servidores públicos, incluidos los elegidos popularmente. Estos, además, tienen un deber de sujeción especial que se funda en los principios democráticos del Estado Social de Derecho, por lo tanto, no pueden quedar desprovistos de este tipo de control.
En el caso concreto, la Sala colige que los procesados [NOMBRE TACHADO], [NOMBRE TACHADO], [NOMBRE TACHADO], [NOMBRE TACHADO] y [NOMBRE TACHADO], con la conducta reprochada, incurrieron en actos de corrupción, toda vez que quedó comprobado que suscribieron contratos estatales, así como anexos de los mismos bilaterales, como actas de inicio, suspensión, reinicio y liquidación, e informes de supervisión, entre otros, en los que se hizo aparecer como contratista a [NOMBRE TACHADO], quien, según lo también probado, no presentó las oferta, ni suscribió los contratos, ni los ejecutó. A través de la suscripción y trámite de los citados documentos apócrifos, se viabilizó el retiro
de recursos públicos de las arcas municipales de Alvarado, Tolima, toda vez que en el proceso disciplinario se constató los respectivos pagos mediante el endoso de los cheques girados por la administración municipal.
6.2.9 Otras determinaciones
La Corte Constitucional, en la sentencia C-030 de 2023, hizo hincapié en la importancia de mantener incólume la reserva judicial de la imposición definitiva de las sanciones disciplinarias de los funcionarios elegidos popularmente, en ejercicio del cargo, en los casos de destitución, suspensión e inhabilidad, regla jurisprudencial que resultó de la armonización entre el nuevo contexto normativo establecido por la Ley 2094 de 2021, en el marco de la Constitución y el bloque de constitucionalidad, especialmente considerando el artículo 23.2 de la CADH.
Así mismo, la Corte Constitucional realizó la integración y modulación del recurso extraordinario de revisión, bajo el entendido que «la activación del recurso automático de revisión exige que el sancionado esté en ejercicio del mandato popular, pues, de no ser así, deberá acudir a los medios de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo». Dicho trato diferencial entre los servidores públicos de elección popular que están en ejercicio de sus funciones y los demás servidores públicos, de cara a las sanciones que las autoridades con funciones administrativas pueden imponer a unos y a otros, lo encontró la Corte razonablemente justificado «en la circunstancia de que la democracia participativa y la participación política sean “aspectos estructurales e inescindibles del modelo constitucional (Estado Social de Derecho) acogido por el Constituyente de 1991” (…). Lo anterior, porque el impacto de la sanción que restringe la participación política del afectado trasciende a la representación política efectiva y actual que aquel ejerce».
Por lo tanto, en cumplimiento de lo expresado en la sentencia C-030 de 2023, se precisa que el presente fallo de segunda instancia cobrará ejecutoria de acuerdo con las normas procesales una vez surtida su notificación personal y procederá su ejecución inmediatamente respecto de los sujetos procesales sancionados, dado que no se encuentran actualmente en ejercicio de cargo de elección popular.
En mérito de lo expuesto, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular,
RESUELVE
PRIMERO: Confirmar parcialmente el fallo disciplinario de primera instancia proferido por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 3, el 29 de agosto de 2023, en cuanto declaró la responsabilidad por los cargos imputados a los siguientes procesados y, como consecuencia, los sancionó por la incursión en la falta gravísima descrita en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, atribuida a título de dolo:
[NOMBRE TACHADO], identificado con la cédula de ciudadanía No. [IDENTIFICACIÓN TACHADA], en calidad de alcalde municipal de Alvarado, Tolima, para la época de los hechos, a quien se sancionó con destitución e inhabilidad general por el término de quince (15) años y un (1) mes.
[NOMBRE TACHADO], identificado con la cédula de ciudadanía No. [IDENTIFICACIÓN TACHADA], en calidad de jefe de la Oficina de Planeación e Infraestructura del municipio de Alvarado, Tolima, para la época de los hechos, a quien se sancionó con destitución e inhabilidad general por el término de doce (12) años y seis (6) meses.
[NOMBRE TACHADO], identificado con la cédula de ciudadanía No. [IDENTIFICACIÓN TACHADA], en calidad de jefe de la Oficina de Servicios Públicos del municipio de Alvarado, Tolima, para la época de los hechos, a quien se sancionó con destitución e inhabilidad general por el término de doce (12) años y seis (6) meses.
[NOMBRE TACHADO], identificada con la cédula de ciudadanía No. [IDENTIFICACIÓN TACHADA], en calidad de Técnico Operativa del municipio de Alvarado, Tolima, para la época de los hechos, a quien se sancionó con destitución e inhabilidad general por el término de diez (10) años.
[NOMBRE TACHADO], identificado con la cédula de ciudadanía No. [IDENTIFICACIÓN TACHADA], en calidad de Técnico Administrativo del municipio de Alvarado, Tolima, para la época de los hechos, a quien se sancionó con destitución e inhabilidad general por el término de diez (10) años.
SEGUNDO: Revocar los ordinales tercero, quinto y sexto del fallo de primera instancia proferido por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 3, el 29 de agosto de 2023, en cuanto declaró la responsabilidad disciplinaria y sancionó a [NOMBRE TACHADO], [NOMBRE TACHADO] y [NOMBRE TACHADO], en las condiciones citadas en la referencia. En su lugar, absolverlos de los cargos imputados.
TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta determinación a los sujetos procesales, y comunicarla al quejoso, de conformidad con lo establecido en los artículos 121, 122, 127 y 129 de la Ley 1952 de 2019, a quienes se les indicará que, en cumplimiento de la sentencia C-030 de 2023 de la Corte Constitucional, la sanción cobrará ejecutoria de acuerdo con el artículo 138 del CGD y su ejecución procederá inmediatamente a través de las dependencias competentes, por no ser procedente el recurso extraordinario de revisión en razón a que los sancionados no se encuentran en ejercicio de cargo de elección popular.
CUARTO: Devolver, por la Secretaría de la Sala, el proceso a la dependencia de origen, previos los registros y anotaciones correspondientes, para que: a) Informe a la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación las decisiones de primera y segunda instancia, para lo de su cargo; y, b) Realice las comunicaciones para dar cumplimiento artículos 236 a 238 del C.G.D.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS HUMBERTO GARCÍA PARRADO
Procurador Delegado
GLORIA EDITH RAMÍREZ ROJAS
Procuradora Delegada
LUIS FRANCISCO CASAS FARFÁN
Procurador Delegado
Presidente
Proyectó: CHGP/MGAMA (SDJSPEP)
Revisó: CHGP (SDJSPEP)
Aprobó: CHGP/GERR/LFCF (SDJSPEP)