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Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-11-07Sección Tercera (Subsección A)MARÍA ADRIANA MARÍNRad. 05001233300020200014902LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El objetivo del llamamiento en garantía es que el llamado repare el perjuicio que la parte llamante pudiera eventualmente sufrir o que reembolse el pago que ella tuviera que hacer? Sí
El llamante en garantía debe demostrar que existe una relación contractual o legal con el llamado y que este último debe reparar el perjuicio que la parte llamante pudiera sufrir o reembolsar el pago que ella tuviera que hacer, cumpliendo así con los requisitos de sustentación suficiente y fundamentación jurídica y factual del llamamiento. La corporación reitera que el arbitraje es un mecanismo voluntario basado en la autonomía de la voluntad de las partes, por lo que el pacto arbitral debe ser el resultado de una libre discusión sin imposiciones, y los árbitros solo pueden resolver los puntos estipulados en el acuerdo arbitral. En el caso del fideicomiso, la vinculación del llamado debe estar claramente especificada en los acuerdos contractuales, y si la intención de las partes era tramitar litigios ante un tribunal arbitral, debieron establecerlo expresamente en el contrato.síntesis automática
También resuelve:¿El pacto arbitral debe ser el resultado de la libre discusión de las partes, sin que una de ellas pueda imponerle condiciones a la otra?¿En los acuerdos que fueron suscritos por la aportante en especie no se indicó que los conflictos gestados entre dicha sociedad y los demás integrantes del fideicomiso marco se ventilarían ante los…¿Si la intención de las partes era tramitar ante un panel arbitral los litigios que emanaran de esa relación jurídica, debieron establecerlo expresamente?
¿El interventor es civil, fiscal, penal y disciplinariamente responsable por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales haya ejercido o ejerza funciones de interventoría? Sí
El interventor es civil, fiscal, penal y disciplinariamente responsable por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales haya ejercido o ejerza funciones de interventoría, debido a que la Ley 1150 de 2007 y el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 establecen que las entidades públicas deben vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un interventor cuando se requieren conocimientos especializados. Además, el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 precisa que el interventor tiene la facultad de solicitar informes y aclaraciones sobre el desarrollo del contrato y de alertar a la entidad sobre cualquier inconsistencia que pueda poner en riesgo su cumplimiento, lo que implica que el interventor debe mantener informada a la entidad contratante sobre el estado del contrato. Esta regla reitera y matiza la responsabilidad del interventor, subrayando que aunque éste no tiene una obligación de resultado, sí tiene un deber de medio que incluye la vigilancia y el seguimiento técnico del contrato, lo que implica que el interventor no se libera del deber de la entidad de controlar y vigilar los contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿La existencia de un contrato de interventoría relega a la entidad contratante de su deber de vigilancia y control de los contratos que suscribe?¿Se configuró el incumplimiento del contrato por parte del interventor?¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
¿(...) hay lugar a declarar o no la nulidad de la Resolución No. 1622 del 11 de octubre de 2021, por medio de la cual la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial adjudicó el concurso de méritos abierto No. 08 de 2021, (iniciado para seleccionar a un consultor que realizara la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental del Contrato de Obra No. 153 de 2021 para la construcción de las sedes de los despachos judiciales de Chocontá – Cundinamarca) al Consorcio Inter A&G, por un error de la DEAJ en la aplicación de los criterios de desempate a los resultados de la evaluación de los proponentes del concurso de méritos 08/2021(...)? No
… para determinar si efectivamente los actos administrativos demandados fueron expedidos contrario a los criterios de objetividad que rige la contratación estatal, se debe revisar la totalidad de las propuestas de los proponentes que quedaron empatados y aplicar los criterios de desempate dispuestos en el pliego de condiciones definitivo-Adenda No. 1.… Revisadas las pruebas obrantes en el expediente, la Sala advierte que en la continuación a la audiencia inicial celebrada el 21 de marzo de 2024 se advirtió a las partes que el link aportado con las ofertas requería permiso para acceder a la información por lo que se requirió a la parte actora DEAJ para que aportara las ofertas.
¿El recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia del 5 de julio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas , cumple con todos los presupuestos procesales? Sí
El recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia del 5 de julio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas cumple con todos los presupuestos procesales, incluyendo la jurisdicción, competencia, ejercicio oportuno de la acción y legitimación en la causa, lo que permite a la Sala resolver el recurso presentado por la entidad territorial, el consorcio demandado y la aseguradora llamada en garantía. Además, la Sala confirma que la interventoría es obligatoria en los contratos de obra celebrados como resultado de un proceso licitatorio y debe estar a cargo de una persona independiente de la entidad contratante, según lo establecido en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1474 de 2011, y que la sentencia de primera instancia no vulneró el principio de congruencia al no analizar obligaciones contractuales no cuestionadas en la demanda, lo que implica que la entidad estatal debe asegurar el cumplimiento de las obligaciones del interventor en relación con el seguimiento y control de los contratos de obra.síntesis automática
También resuelve:¿La interventoría es obligatoria en los contratos de obra celebrados como resultado de un proceso licitatorio, y debe estar a cargo de una persona independiente de la entidad contratante?¿Con la sentencia de primera instancia se vulneró el principio de congruencia, al referirse a obligaciones contractuales no cuestionadas en la demanda?¿Las partes deben probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen?
¿Corresponde a la entidad estatal definir la modalidad de remuneración y la forma de pago del contrato de interventoría, con fundamento en la naturaleza del contrato, las necesidades públicas por satisfacer y los costos que la ejecución contractual demanda? Sí
Corresponde a la entidad estatal definir la modalidad de remuneración y la forma de pago del contrato de interventoría, atendiendo a la naturaleza del contrato, a las necesidades públicas por satisfacer y a los costos que demanda su ejecución. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 ubica la interventoría dentro de la categoría de consultoría y la hace obligatoria en los contratos de obra pública, debiendo contratarse con una persona independiente de la entidad y del contratista; entre el contrato de obra y el de interventoría existe una coligación contractual, de modo que la existencia del primero es necesaria para la del segundo; y las obligaciones del contrato de obra constituyen el objeto abstracto del contrato de interventoría, por lo que su remuneración debe responder a esa relación de dependencia unilateral. Por ello, la entidad no puede desligar la forma de pago de la ejecución de la obra que supervisa. La providencia se modifica en el aspecto relativo a la remuneración.síntesis automática
También resuelve:¿Conduce la interpretación sistemática del contrato y de su ejecución a concluir que el valor pactado operaba como monto máximo y que la remuneración dependía de los recursos efectivamente utilizados?¿Incumplió el consorcio interventor sus obligaciones contractuales al omitir la entrega completa y oportuna de la documentación técnica exigida y desatender los requerimientos formulados por la…¿Constituye la entrega incompleta del informe final de interventoría un incumplimiento contractual que impide exigir el pago de las actas pendientes?
9717001233300020230004301 de 20252025-07-18Rad. 9717001233300020230004301
Por tanto, el Contratista autoriza al Departamento con la suscripción del presente instrumento ha apropiar en su beneficio la suma aquí señalada, así como cualquiera otra que pudiere adeudar con ocasión de la ejecución del Contrato sin perjuicio del derecho de la admini stración de acudir a la jurisdicción coactiva.”, La CLÁUSULA PENAL equivale a una suma igual o superior a CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($178.092.974). En la demanda se relató que el interventor no acompañó el proceso de liquidación de los contratos de obra , y que tampoco asistió a la reunión programada para la liquidación bilateral del contrato de interventoría, pese a haber sido citado para ello, ni manifestó sus observaciones sobre la propuesta de acta elaborada por la entidad. Asimismo, afirmó desconocer lo relacionado con los permisos de vertimientos.
También resuelve:Contrato de interventoría: características, Articulo 32 Ley 80 de 1993, alcance, si bien en la Ley 80 de 1993 no se desarrolla en detalle este tipo de contratos, en el artículo 32 se prevé que la interventoría será obligatoria en los contratos de obra celebrados como resultado de un proceso licitatorio, la cual deberá estar a cargo de una persona independiente de la entidad contratante . Además, se resalta que es una especie dentro de los acuerdos de consultoría y se establece una formalidad en relación con las órdenes y sugerencias que se deben impartir en cumplimiento de las obligaciones del interventor. Por su parte, en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 se precisa su alcance, al señalar que este incluye el seguimiento técnico sobre el cumplimiento de los contratos que suscriban las entidades estatales, cuando para ello se requiera un conocimiento especializado en asuntos particulares o cuando la complejidad del negocio así lo requiera, pudiendo también abarcar la vigilancia y control de tipo administrativo, financiero, contable y jurídico CONTRATO DE INTERVENTORÍA1 233 consejo de estado sala de lo contencioso administrativo sección tercera subsección aTemas: contrato de interventoría: pese a que tanto el contrato de interventoría como el negocio vigilado se encuentran íntimamente ligados, ninguno pierde su independencia en aspectos como el cumplimiento de las obligaciones pactadas en cada uno, en la medida en la que ambos son principales y autónomos. / congruencia de las sentencias, las decisiones adoptadas por los jueces deben estar enmarcadas en lo previsto en la demanda, sin que puede extralimitarse en el ejercicio de sus funciones al momento de proferir las providencias . / incumplimiento contractual, para determinar un incumplimiento contractual, es necesario precisar con certeza cuáles de las obligaciones se desatendieron en función de la ejecución del negocio
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2024-03-20Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 11001032600020230010200LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿El consejo de Estado es competente para conocer del recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral, en el que interviene un órgano o dependencia del Estado que, aunque no tenga personería jurídica, sea el centro de imputaciones de derechos y obligaciones y que, con ocasión de ello, intervenga en el proceso arbitral? Sí
La competencia para conocer del recurso extraordinario de anulación contra un laudo arbitral en el que intervenga un órgano o dependencia del Estado que, aunque carezca de personería jurídica, sea centro de imputación de derechos y obligaciones y actúe con ocasión de ello en el proceso arbitral corresponde al Consejo de Estado. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el artículo 46 de la Ley 1563 de 2012 debe interpretarse en sentido amplio, sin limitarse a entidades públicas o particulares con funciones administrativas. Segunda, el fondo que integró el tribunal arbitral forma parte del contrato marco de interventoría, aunque carezca de personería y haya sido representado por un consorcio. Tercera, se trata de una cuenta especial de un ministerio constituida con recursos públicos que no salieron de la esfera estatal por el contrato de fiducia. Con base en el numeral 4 del artículo 104 del CPACA, la jurisdicción contenciosa conoce de estos recursos en los conflictos relativos a contratos. La providencia confirma la competencia de la Sección Tercera. La consecuencia práctica es que los recursos de anulación contra laudos en los que participen órganos estatales sin personería se tramitan en única instancia ante esa sección.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los recursos de anulación contra laudos proferidos en procesos arbitrales en los que interviene una entidad pública?
¿El término para interponer la acción de repetición es de dos años, contabilizados a partir del día siguiente a la realización del pago por parte de la entidad o a más tardar, desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de la condena? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de repetición, según lo prescrito por el artículo 7 (inciso 1º) de la Ley 678 de 2001. En consonancia con lo anterior, esta Corporación es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto, conforme lo establecido por el artículo 129 del CCA, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, así como el mencionado artículo 7 (inciso 3º) de la Ley 678 de 2001. El plazo para el ejercicio oportuno de la presente acción comenzó a correr cuando se encontraba en vigor la Ley 678 de 2001, esto es, después del cuatro (4) de agosto de dos mil uno (2001), pues la sentencia expedida por el Juzgado Único Promiscuo de Saravena, Arauca, en el proceso ordinario laboral en el que resultó condenado el INCORA, fue expedida el diecinueve (19) de diciembre de dos mil seis (2006).
También resuelve:¿Al presente proceso le son aplicables las disposiciones de la Ley 678 de 2001?¿Para encontrar acreditada la responsabilidad del agente del Estado, es necesario que la conducta del mismo deba calificarse como culpa grave o dolo?¿La falta de defensa técnica en el proceso laboral ordinario que culminó con sentencia condenatoria en contra del INCORA, es atribuible al demandado a título de culpa grave?
¿Se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales? No
El contratista no configura la caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando la liquidación del contrato se realiza bilateralmente y el término para demandar es de dos años contados desde la firma del acta, suspendido por la conciliación extrajudicial y la suspensión de términos judiciales por la pandemia de COVID-19. En este caso, la entidad estatal y el contratista acordaron la liquidación del contrato el 29 de diciembre de 2017, y la solicitud de conciliación suspendió el término para demandar, que se reanudó el 18 de julio de 2020. La demanda se presentó el 21 de julio de 2020, dentro del plazo restante, evitando así la caducidad del medio de control. Además, el acta de liquidación bilateral debe incluir salvedades respecto a los aspectos no acordados, permitiendo al contratista reclamar en sede judicial sobre estos puntos, como lo hizo el consorcio en este caso, reflejando una salvedad válida que fundamenta su inconformidad.síntesis automática
También resuelve:¿En el acta de liquidación bilateral deben quedar reflejadas las salvedades respecto de aquellos asuntos en los que las partes no lograron llegar a arreglos?¿La salvedad incluida por el contratista corresponde a una expresión válida en relación con los aspectos sobre los que el consorcio fundó su inconformidad?¿El consorcio consintió la ampliación del plazo inicialmente previsto, con la expresa manifestación de que ello no suponía una variación del valor del contrato?
¿La inclusión del factor prestacional en la estructuración económica de los contratos estatales de interventoría determina la modalidad de vinculación del personal requerido para su ejecución y el reconocimiento de los costos asociados a su remuneración?
El contratista no está obligado a vincular laboralmente a todo el personal requerido para la ejecución de un contrato de interventoría solo por la inclusión del factor prestacional en la estructura económica del contrato, ya que la naturaleza jurídica del contrato no determina automáticamente la modalidad de vinculación del personal. La modalidad de vinculación se establece en función del objeto del contrato, las obligaciones pactadas y las condiciones previstas en los documentos del proceso, lo que permite diferenciar entre relaciones laborales y prestaciones de servicios genuinamente independientes. Si se trata de una relación laboral, se deben reconocer las prestaciones sociales y derechos laborales correspondientes, mientras que en caso de prestación de servicios, se pueden pactar honorarios sin generar automáticamente derechos a prestaciones sociales. Este concepto matiza la interpretación previa de la relación entre la naturaleza del contrato y la modalidad de vinculación del personal, permitiendo una mayor flexibilidad en la contratación del personal para la ejecución de contratos de interventoría.síntesis automática
También resuelve:Contratación estatal: Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, egcap, contrato de consultoría, interventoríaContrato de prestación de servicios: Ley 80 de 1993, Artículo 32 numeral 3, diferenciación frente a la interventoríaContrato de interventoria: factor prestacional
¿En el proceso se encuentra acreditada la caducidad del medio de control de controversias contractuales? Sí
El tercero procesal o subcontratista que pretenda intervenir en un medio de control de controversias contractuales debe formular su solicitud de vinculación dentro de la oportunidad legal comprendida desde la admisión de la demanda y hasta antes del auto que fija fecha para la audiencia inicial. En esta sentencia, la Sala confirma la decisión apelada que declaró probada la caducidad del medio de control de controversias contractuales y, asimismo, declara improcedente la solicitud de vinculación presentada por una sociedad en calidad de tercero con interés legítimo por haber actuado como subcontratista. Dicha petición se extinguió temporalmente conforme al artículo 224 del CPACA al ser formulada de manera tardía, cuando el expediente ya se encontraba en el despacho judicial para resolver de fondo el litigio.síntesis automática
También resuelve:¿Las partes estipularon que el contrato sería objeto de liquidación bilateral o unilateral dentro de los seis meses siguientes a su vencimiento?¿Al no sustituir el interventor a la entidad contratante, esta última es quien debe suscribir el acta de recibo de las obras y el acta de liquidación del contrato?¿La Sala confirma la sentencia anticipada, teniendo en cuenta que se concluye que la demanda fue presentada de manera extemporánea?
¿Puede una entidad adicionar plazo a un contrato de interventoría de manera unilateral?
En los contratos de interventoría está prohibido incluir y, por ende, aplicar cláusulas o estipulaciones excepcionales, dada la existencia de un régimen legal expreso de nulidades absolutas en los artículos 44 a 49 de la Ley 80 de 1993, de modo que su incorporación desconocería la voluntad de los contratantes y la competencia otorgada por el legislador. No obstante, el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, sobre continuidad de la interventoría, dispone que estos contratos podrán prorrogarse por el mismo plazo en que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia, ajustando su valor de acuerdo con las obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable el límite del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 sobre anticipos y adiciones. Respecto de las multas y la cláusula penal, el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 permite a la entidad estatal declarar el incumplimiento e imponerlas unilateralmente, siempre que se hayan pactado en el contrato; su excepcionalidad se refiere a la imposición unilateral y no al pacto, y en virtud del principio de tipicidad deben determinarse pormenorizadamente las conductas sancionables y el monto, atendiendo criterios de proporcionalidad y razonabilidad.síntesis automática
También resuelve:Colombia compra eficiente: competencia consultiva, contratación estatal, normas generales, alcanceContrato de interventoría: finalidad, Ley 1474 de 2011, Artículo 83, característicasProcedimiento sancionatorio contractual: imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento, cláusulas exorbitantes, imposición unilateral, potestades excepcionales de la administración pública
¿Si se usa el factor multiplicador como fórmula para la determinación de los costos del contrato, el contratista debe demostrar el gasto de todos los componentes de costo que se tuvieron en cuenta para determinarlo?
PREGUNTA 1: ¿Si se usa el factor multiplicador como fórmula para la determinación de los costos del contrato, el contratista debe demostrar el gasto de todos los componentes de costo que se tuvieron en cuenta para determinarlo? En este caso el pago de las prestaciones sociales del personal.
También resuelve:Colombia compra eficiente: competencia consultiva, contratación estatal, normas generales, alcanceContrato de interventoría: finalidad, Ley 1474 de 2011, Artículo 83, característicasFactor multiplicador: noción, estipulación del precio, ausencia de marco normativo, deber de planeación
Naturaleza,Incumplimiento,Obligaciones,Estatuto de contratación pública,Artículo 45,Código civil,Artículo 1742,Liquidación – Mes: octubre – Año: 2023…
También resuelve:Nulidad del contrato: Estatuto de contratación pública, Artículo 45, Código civil, Artículo 1742Consejo de estado sala de lo contencioso administrativo sección tercera: subsección a
Usted formula la siguiente consulta: “En los procesos contractuales adelantados para seleccionar una interventoría o consultoría, es obligatorio que el presupuesto oficial, las propuestas económicas y la forma de pago pactada ,se efectúen por medio del factor multiplicador?. la otra inquietud es que si es obligatorio que los tres elementos. es decir, el cálculo del presupuesto oficial…
En los procesos contractuales adelantados para seleccionar una interventoría o consultoría, es obligatorio que el presupuesto oficial, las propuestas económicas y la forma de pago pactada ,se efectúen por medio del factor multiplicador?. la otra inquietud es que si es obligatorio que los tres elementos. es decir, el cálculo del presupuesto oficial, la propuesta económica y la forma de pago deben apegarse TODOS al mismo método o se puede optar por el SISTEMA GLOBAL DE COSTOS O EL SISTEMA DE FACTOR MULTIPLICADOR , A VOLUNTAD DEL CONTRATANTE (Sic).
También resuelve:Planeación contractual: nociónEstudios previos: alcance, contenido, análisis del sectorPrecio: noción, determinación, contratos estatales, autonomía
¿]la persona natural o jurídica que realizo los estudios y diseños del proyecto vías, puede prestarse como interventor del contrato de obra en los documentos tipo?
[¿]la persona natural o jurídica que realizo los estudios y diseños del proyecto vías, puede prestarse como interventor del contrato de obra en los documentos tipo? [¿]existe alguna inhabilidad señalada en la ley? [sic]…
También resuelve:Contrato de interventoría: finalidad, Ley 1474 de 2011, Artículo 83, característicasConflictos de interés: régimen, objetivoDocumentos tipo de interventoría: conflictos de interés, causales, numeral 1.14 del documento base
CONTRATO DE INTERVENTORÍA,EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS,INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO – Partes del contrato,Ley aplicable,Ley 142 de 1994,Ley 80 de 1993,contrato de interventoría,Cumplimiento parcial,Pago del precio – Mes: agosto – Año: 2023…
También resuelve:Contrato de interventoría: partes del contrato, pago del precio, formas de pagoEmpresas de servicios públicos domiciliarios: Ley aplicable, Ley 142 de 1994, Ley 80 de 1993Incumplimiento del contrato: contrato de interventoría, cumplimiento parcial
27001233300020200017401 de 20252025-11-18Rad. 27001233300020200017401
El contratista no puede acreditar automáticamente la ejecución de las labores de interventoría durante los periodos en los que el contrato de obra y el de interventoría estuvieron suspendidos, ya que estos son dos negocios jurídicos autónomos, aunque vinculados. La interventoría se justifica en la existencia del contrato de obra, por lo que la imposibilidad temporal o parcial de ejecutar este último impide el desarrollo de las actividades de seguimiento, verificación y control. Por lo tanto, la entidad estatal no está obligada a reconocer y pagar las labores de interventoría durante los periodos de suspensión, a menos que se presente prueba directa de su ejecución. Esta sentencia reitera y matiza la autonomía y vinculación entre los contratos de obra y de interventoría, estableciendo que la ejecución del contrato de interventoría depende directamente de la ejecución del contrato de obra.síntesis automática
También resuelve:Interventoría y supervisión: alcance, seguimiento, vigilancia, conocimiento especializadoContrato de interventoría: objeto del contrato, control de otro contrato, autonomía entre contratos, acreditación de labores
¿El negocio jurídico estuvo gobernado por el derecho privado y los instrumentos expedidos por la contratante no tienen la connotación de actos administrativos? Sí
El contratista no puede emplear la vía contenciosa para sustituir a la administración en el cumplimiento de sus deberes, ya que el negocio jurídico celebrado para la vigilancia de las obras afectadas por el fenómeno de La Niña está gobernado por el derecho privado, y los instrumentos expedidos por la contratante no tienen la connotación de actos administrativos. La entidad contratante puede perseguir por vía judicial el cierre financiero del contrato si el balance definitivo no se ha producido pese al interés reiterado de la contratante y el plazo convencional ha expirado, siempre que no pueda practicar la liquidación de forma unilateral. Además, las modificaciones a la causa petendi mediante el recurso de apelación son inadmisibles en virtud del derecho al debido proceso y el principio de congruencia, que imponen fallar de forma coherente con los hechos y las pretensiones formulados en la demanda. Esta decisión reitera y matiza precedentes, estableciendo límites claros para el uso de la jurisdicción contenciosa en casos de liquidación de contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿Existe causa suficiente para que la entidad hiciera uso de la pretensión de perseguir por vía judicial el cierre financiero del negocio…¿Son inadmisibles las modificaciones a la causa petendi mediante el recurso de apelación, en virtud del derecho al debido proceso y el principio de congruencia…¿La sociedad contratista detenta la condición de extremo pasivo de la relación jurídico procesal, por lo cual no se encuentra habilitada para formular pretensiones que introduzcan cuestiones…
¿Resultan aplicables los fenómenos de prorroga y adición por más del 50% a los contratos interadministrativos de interventoría. (sic) Conforme lo dispuesto en el primer inciso del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011?
Con base en las consideraciones expuestas, es posible afirmar que la normativa aplicable a la prórroga y adición de los contratos de interventoría, incluidos los interadministrativos de interventoría, se prevé una clara y expresa excepción, contenida en el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, según la cual no es aplicable la regla que las limita a un tope máximo del 50% del valor inicial del contrato. En efecto, en los contratos de interventoría, incluidos los de interventoría celebrados entre entidades estatales, que serían interadministrativos, la regla aplicable es la de la «continuidad de la interventoría» y, por tanto, dichos contratos «podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia.
También resuelve:Contrato estatal: control y vigilanciaInterventoría: adición, inaplicación tope, Artículo 85 Ley 1474