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Consejo de Estado
Providencia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dejó sin efecto la vinculación de la contratista como litisconsorte necesario
Auto interlocutorio — Auto que rechaza recurso de apelación
2022-07-25
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 25000233600020190017301
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dejó sin efecto la vinculación de la contratista como litisconsorte necesario, pues no suscribió el contrato de arrendamiento financiero? Sí
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de oficio, dejó sin efecto la vinculación de [la sociedad contratista] como litisconsorte necesario, pues no suscribió el contrato de arrendamiento financiero que presuntamente fue incumplido por la parte demandada. Sostuvo que no le incumbe el resultado del proceso que se limita a las prestaciones derivadas de ese contrato. Como el auto que dejó sin efectos la vinculación como litisconsorte necesario y resolvió la integración del contradictorio no decide sobre la intervención de un tercero, no es apelable, el Despacho rechazará el recurso y devolverá el expediente al Tribunal para que resuelva el recurso interpuesto como reposición, de conformidad con el artículo 242 CPACA, modificado por el artículo 61 de la Ley 2080 de 2021.
También resuelve:
¿El juez solamente deberá pronunciarse sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio?
¿Las partes que participan en la composición de un litigio, como demandante y demandado, pueden estar conformadas por una pluralidad de sujetos denominado litisconsorcio?
Consejo de Estado
Providencia
Se le debe aplicar el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
Auto interlocutorio — Auto que dispone trámite de sentencia anticipada
2025-06-24
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 11001032600020210021800
LEY 1437 REPETICION
¿Teniendo en cuenta que la demanda fue presentada el 24 de septiembre de 2021, se le debe aplicar el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo? Sí
El contratista debe aplicar el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021, siempre que la demanda haya sido presentada después del 24 de septiembre de 2021, fecha en que entraron en vigencia dichas disposiciones, salvo las excepciones previstas en el artículo 86 de la Ley 2080 de 2021. Además, el magistrado ponente es quien debe proferir el auto que dispone el trámite de la sentencia anticipada, conforme a los artículos 125-3 y 182A del CPACA. La sentencia anticipada permite al juez dictar sentencia sin agotar las etapas procesales previas cuando se trate de asuntos de puro derecho, no haya necesidad de practicar pruebas, o cuando las pruebas solicitadas sean impertinentes, inconducentes o inútiles, según lo dispuesto en el artículo 182A-1 del CPACA. En el caso examinado, se configuran los presupuestos para dictar sentencia anticipada, ya que las pruebas solicitadas son documentales y fueron aportadas con la demanda sin que se haya formulado tacha alguna, lo que permite dar aplicación a los artículos 212 y 168 del CPACA y CGP respectivamente.síntesis automática
También resuelve:
¿El auto mediante el cual se prescinde de la audiencia inicial con el fin de dictar la sentencia anticipada debe ser proferido por el magistrado ponente?
¿La sentencia anticipada autoriza al juez para prescindir de las etapas procesales que normalmente deberían agotarse previamente para dictar sentencia…
¿Se configuran los presupuestos para dictar sentencia anticipada, pues, las pruebas solicitadas son documentales y fueron aportadas con la demanda, el escrito de intervención y…
DISPONE TRAMITE SENTENCIA ANTICIPADA
Consejo de Estado
Providencia
Debe consignarse la nota de traspaso del derecho personal entre un sujeto y otro.
Sentencia — Sentencia
2025-09-26
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 25000233600020200019801
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La cesión del crédito es un negocio jurídico mediante el cual el acreedor transfiere a un tercero el derecho personal que ostenta frente a su deudor? Sí
El acreedor transfiere a un tercero el derecho personal que ostenta frente a su deudor mediante un negocio jurídico de cesión de crédito que otorga al cesionario la posición de sujeto activo y la legitimación para reclamar el cumplimiento de la obligación. En este caso, la Sala examina los requisitos consagrados en el artículo 666, el artículo 1959 y el artículo 1960 del Código Civil sobre la entrega del título y la oponibilidad, concluyendo que el pago efectuado por la entidad al cedente no tuvo efectos liberatorios, toda vez que el conflicto derivado del acuerdo de cesión entre particulares no corresponde resolverlo a esta jurisdicción, confirmando así la sentencia impugnada.síntesis automática
También resuelve:
¿En ausencia de conocimiento sobre la transferencia del derecho de crédito, el deudor se libera válidamente pagando al cedente?
¿La demandante no está legitimada para solicitar la declaración de incumplimiento del contrato estatal en el que se originó el derecho de crédito que le fue cedido?
¿Antes de que se hiciera el pago, la entidad demandada, no solo fue notificada de la cesión de los derechos sino que ella misma manifestó su aceptación?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La entidad contratante incumplió su obligación contractual de pago
Sentencia — Sentencia
2024-08-23
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 25000233600020170100701
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La entidad contratante incumplió su obligación contractual de pago, al expedir resoluciones incluyendo saldos a su favor por concepto de obras no ejecutadas y obras ejecutadas deficientemente, sin hacer los cálculos conforme con las cláusulas del contrato? Sí
El contratista puede exigir el reembolso de pagos indebidamente descontados por la entidad estatal en la liquidación unilateral del contrato, cuando estos descuentos no se ajustan a las cláusulas contractuales que establecen las cantidades, especificaciones y valores unitarios para cada ítem, y la entidad no demuestra que la obra fue entregada a satisfacción del interventor, lo que impide que surja la obligación de pago total del contrato. La entidad incumple su obligación contractual de pago al incluir saldos a su favor por conceptos de obras no ejecutadas y obras ejecutadas deficientemente sin calcularlos conforme a las cláusulas del contrato, por lo que deberá reembolsar al contratista el monto cobrado en las actas de liquidación unilateral y actualizarlo desde la fecha de notificación del acto contractual que liquidó definitivamente el contrato.síntesis automática
También resuelve:
¿El acta de entrega final no demuestra el cumplimiento cabal del objeto contratado y su suscripción tampoco hace exigible la obligación de pago total del contrato?
¿La contratante estaba facultada para liquidar unilateralmente el contrato siempre y cuando no se hubiera llegado a un acuerdo para realizarlo bilateralmente?
¿El contratista otorgó al contratante la facultad para que de los saldos que hubiere en su favor se descontaran y pagaran las sumas correspondientes cuando no cumpla con las obligaciones que haya…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto
Sentencia — Sentencia
2026-07-17
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 44001233300020130013501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, dada la vocación de doble instancia del proceso? Sí
El contratista es competente para interponer un recurso de apelación contra una sentencia de primera instancia emitida por un tribunal administrativo, dado que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tiene competencia para conocer de la controversia contractual, conforme al artículo 104 del Código Procesal Administrativo y Contencioso Administrativo (CPACA). Esta competencia se fundamenta en que la demanda se dirige contra una entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios y que la pretensión supera los 500 SMLMV, lo que se ajusta a los artículos 150 y 152 numeral 5 del CPACA. Además, el contrato de obra celebrado por la empresa de servicios públicos se rige por el derecho privado, conforme al artículo 31 de la Ley 142 de 1994, y las resoluciones emitidas por la empresa se consideran actos contractuales de derecho privado. La aseguradora que expidió la póliza de garantía contractual para el contrato de obra también tiene legitimación en la causa por activa para demandar, ya que tiene un interés jurídico directo en la controversia. Este precedente reitera la competencia del Consejo de Estado para resolver recursos de apelación en casos de doble instancia y confirma la naturaleza privada de los actos contractuales de las empresas de servicios públicos.síntesis automática
También resuelve:
¿El contrato de obra que tuvo por objeto la construcción del acueducto y alcantarillado se rige de modo preferente por el derecho privado?
¿A la aseguradora demandante le asiste un interés jurídico para demandar y se encuentra legitimada en la causa por activa…
¿El juez de lo contencioso administrativo en sede de apelación se encuentra atado a resolver únicamente lo que la parte recurrente le formule…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Las manifestaciones de voluntad de la entidad demandada tienen connotaciones y efectos homólogos a los actos jurídicos
Sentencia — Sentencia
2026-03-13
Sección Tercera (Subsección A)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Rad. 44001234000020130013401
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las manifestaciones de voluntad de la entidad demandada, tienen connotaciones y efectos homólogos a los actos jurídicos que se desarrollan en el tráfico negocial de los particulares? Sí
El contratista puede ejercer facultades unilaterales en contratos sometidos al derecho privado por disposición legal, siempre y cuando estas estén pactadas de manera clara y expresa en el acuerdo de voluntades, en virtud de la autonomía de la voluntad que rige los negocios jurídicos. La entidad estatal no puede suspender unilateralmente el plazo de ejecución del contrato sin un acuerdo mutuo o en ausencia de causas de fuerza mayor o caso fortuito, y estas facultades no tienen efectos una vez vencido el plazo contractual según lo pactado. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la aplicación del derecho privado en contratos estatales, matizando que aunque las manifestaciones de voluntad de la entidad estatal tienen efectos homólogos a los actos jurídicos privados, deben respetar los principios de la función administrativa y las inhabilidades e incompatibilidades del EGCAP.síntesis automática
También resuelve:
¿El negocio jurídico se consideraría vigente una vez perfeccionado y hasta el momento de su liquidación definitiva?
¿En los contratos sometidos al derecho privado por disposición legal, pueden pactarse y ejercerse facultades unilaterales en virtud de la autonomía de la voluntad que rige los negocios jurídicos?
¿El régimen jurídico de los acuerdos de voluntades suscritos entre la contratista y Acuavalle, y los actos jurídicos de esta última, eran de derecho privado?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: no se estaba en presencia del ejercicio de una función administrativa y frente a un procedimiento de esa naturaleza
Aclaración voto — Aclaración de voto
2024-01-15
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 05001233300020130051101
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se estaba en presencia del ejercicio de una función administrativa y frente a un procedimiento de esa naturaleza? No
Dado el régimen jurídico aplicable al contrato, en este caso no se estaba en presencia del ejercicio de función administrativa y, por lo mismo, tampoco frente a un procedimiento de esa naturaleza, sino a uno convencional que no puede equipararse a aquél, pues se rige exclusivamente, por lo acordado por las partes en ejercicio de la autonomía de su voluntad y del ejercicio de las facultades convencionalmente concedidas por una parte a otra. El análisis debió basarse en lo que estipularon las partes de cara a las condiciones y trámites que debían cumplirse para que la entidad pública pudiera declarar el incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal pactada, so pena de desconocer las estipulaciones contractuales que la habilitaban para ello, sin calificar ni equiparar el procedimiento a uno sancionatorio administrativo.
También resuelve:
¿Correspondía determinar si la entidad pública demandada había ejercido, en los términos estipulados en el contrato, la facultad de declarar el incumplimiento del contratista y de hacer efectiva la…
¿Pese a la improcedencia de estudiar las resoluciones demandadas como si se tratara de verdaderos actos administrativos, ello no impedía que se analizaran según su verdadera naturaleza y alcance como…