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¿El monto de la cláusula penal pecuniaria pactada en un contrato estatal debe coincidir con el valor asegurado del amparo de cumplimiento de la garantía única, y los amparos de calidad del servicio y de calidad y correcto funcionamiento de los bienes cubren hechos ocurridos durante la ejecución del contrato o defectos que se advierten después de su terminación?
En los contratos estatales, la garantía de cumplimiento ampara los perjuicios por incumplimiento del contratista, incluyendo multas y cláusulas penales pecuniarias, mientras que la cláusula penal es un elemento accidental del contrato que las partes pactan libremente sin que su monto deba coincidir con el valor asegurado del amparo de cumplimiento, que por regla general no puede ser inferior al 10% del valor del contrato. Los amparos de calidad del servicio y de calidad y correcto funcionamiento de los bienes cubren riesgos relacionados con la deficiente calidad de las prestaciones, que pueden surgir durante la ejecución del contrato o después de su terminación, según la naturaleza del objeto contractual. Este concepto reitera y matiza precedentes, estableciendo que la cláusula penal y el amparo de cumplimiento son instituciones distintas y que la cobertura de los amparos de calidad no está limitada al período de ejecución del contrato.síntesis automática
También resuelve:Garantía de cumplimiento: amparos, riesgos cubiertosCláusula penal pecuniaria: naturaleza, elemento accidental, autonomía de la voluntadAmparo de cumplimiento: suficiencia, regla general del diez por ciento
¿Es posible que el amparo de estabilidad de la obra establezca un cubrimiento de cinco años para el mejoramiento vial y un cubrimiento de dos años para el mantenimiento vial?
El amparo de estabilidad y calidad de la obra debe respaldar la totalidad del objeto contractual, de modo que no resulta adecuado dividir la suficiencia del amparo según las actividades a ejecutar, como ocurriría si se fijaran plazos distintos para el mejoramiento vial y para el mantenimiento vial. La regla se apoya en que el amparo cubre vicios, mala calidad, defectos, deficiencias técnicas o fallas que la administración no detecte al recibir la obra o que descubra después de la liquidación, y en que el riesgo se respalda frente a la totalidad del objeto, que puede incluir distintas actividades de obra pública. El artículo 2.2.1.2.3.1.14 del Decreto 1082 de 2015 establece que el amparo debe estar vigente por un término no inferior a cinco años contados desde la fecha en que la entidad recibe la obra a satisfacción. La entidad solo puede exigir un término inferior, que no sea menor a un año, si un experto emite una justificación técnica razonable, según el tipo de actividades, la experticia requerida y el alcance físico de las obras.síntesis automática
También resuelve:Garantía de cumplimiento: amparosEstabilidad y calidad de la obraGarantía de estabilidad y calidad de la obra: suficiencia
¿El incumplimiento de la unión temporal era grave y podía conducir a la paralización del contrato? Sí
El contratista puede enfrentar la paralización del contrato si incumple de manera grave las condiciones mínimas de calidad y eficiencia en la prestación del servicio, como lo evidencian las deficiencias operativas y técnicas que afectan directamente la calidad del producto y la prestación del servicio público. En este caso, la unión temporal instaló luminarias que no cumplían con las especificaciones técnicas y generaban un perjuicio para la comunidad, lo que llevó a la entidad estatal a declarar la caducidad del contrato debido a la gravedad del incumplimiento. La Sala confirmó que las pruebas presentadas no permitían concluir que el contratista estuviera cumpliendo con sus obligaciones, y que la gravedad de los incumplimientos era tal que podían conducir a la paralización del contrato, reafirmando la importancia de cumplir con los estándares de calidad y eficiencia en la prestación de servicios públicos.síntesis automática
También resuelve:¿Según las pruebas la unión temporal había incurrido en diferentes deficiencias operativas y técnicas?¿De la lectura completa de los informes se colige que ambos se inclinaron por reconocer el incumplimiento de la concesión?¿La caducidad procede ante el incumplimiento de las obligaciones del contratista que afecte de manera grave la etapa de ejecución del contrato?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de súplica2025-12-01Sección Tercera (Subsección B)DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIARad. 47001233300020190080502LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El recurso de súplica presentado por el alcalde del municipio, sin acreditar la condición de abogado inscrito, admite trámite no obstante a la exigencia legal del derecho de postulación? No
Los artículos 315 de la Constitución Política, 91 de la Ley 136 de 1994 y 159 del CPACA establecen que los alcaldes tienen la atribución de representar judicial a los municipios; sin embargo, el artículo 229 de la Constitución Política prescribe respecto al acceso a la administración de justicia que “la ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado”, y en consonancia el artículo 160 del CPACA dispone que en los procesos ordinarios que se tramitan ante esta jurisdicción se debe actuar por conducto de abogado,… En desarrollo de lo anterior, los artículos 24 y 25 del Decreto-ley 196 de 1971 establecen la obligación de actuar en los procesos judiciales por conducto de abogado inscrito,… De conformidad con las normas citadas se colige que los alcaldes tienen la función constitucional y legal de representar judicialmente a los municipios…
¿Los demandados en repetición tenían la condición de empleados públicos, trabajadores oficiales o contratistas del Estado? No
La acción de repetición solo procede contra quien tenga la calidad de servidor público, trabajador oficial o contratista del Estado, o de particular que ejerza función pública, de modo que los demandados que no tienen ninguna de esas calidades carecen de legitimación en la causa por pasiva. Una razón es que los profesionales de la salud que atendieron al paciente no tenían relación legal y reglamentaria, vínculo contractual ni de otra índole con la entidad pública condenada, por lo que no eran servidores públicos. Otra razón es que el expediente muestra que sus vínculos se originaban en un contrato de prestación de servicios de salud con un tercero, lo que no los convierte en agentes del Estado ni en particulares que cumplan funciones públicas. En el caso, la Sala confirmó la negación de las pretensiones de la demanda de repetición, por falta de legitimación en la causa por pasiva, sin necesidad de examinar la culpa grave. Su consecuencia práctica es que la entidad que pretende repetir debe demostrar, antes de estudiar la conducta, que el demandado tiene la calidad de agente del Estado.síntesis automática
También resuelve:¿Los demandados tenían la condición de servidor público, se trataba de particulares que ejercían funciones públicas o eran contratistas del Estado?¿Se encontró algún vínculo contractual o laboral de la entidad demandante con los profesionales demandados?¿La demanda presentada se interpuso dentro de la oportunidad legal?
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas2023-12-12Sección Tercera (Subsección B)MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZRad. 05001233300020140163601LEY 1437 REPETICION
¿Los hechos que pretende acreditar la accionante pudieron demostrarse con medios de prueba existentes antes que fenecieran las oportunidades probatorias? Sí
En el medio de control de repetición, los documentos que la parte apelante pretende aportar en segunda instancia solo se incorporan si cumplen los requisitos del artículo 212 del CPACA: haber sido acordados por las partes, haber sido negado su decreto en primera instancia o dejado de practicarse, versar sobre hechos posteriores a la oportunidad probatoria, justificar la imposibilidad de aportarlos por fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria, o servir para desvirtuar pruebas pedidas por la contraparte en segunda instancia. Las oportunidades probatorias precluyen en la primera instancia, y la prueba de la calidad de servidor público del agente y del pago de la condena debía aportarse allí, porque ambos hechos podían demostrarse con medios existentes antes de su vencimiento. En el caso, el apelante solo acompañó un oficio dirigido a una dependencia para pedir documentos sobre la vinculación del demandado, por lo que el despacho negó su incorporación. Su consecuencia práctica es que la parte debe aportar sus pruebas en la primera instancia y no reservarlas para la apelación, salvo que concurra alguno de los supuestos del artículo 212.síntesis automática
También resuelve:¿La parte actora solo allegó un oficio en el que solicitó a una de sus dependencias documentos atinentes a la vinculación del demandado con la entidad accionante?
¿Se probó una actuación gravemente culposa atribuible a los exintegrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes del Congreso de la República? No
El contratista no puede prosperar en una acción de repetición contra la entidad estatal si no se demuestra una actuación gravemente culposa del agente estatal, ya que la prosperidad de la acción requiere que la condena al Estado sea el resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa del servidor público. En este caso, la actuación de la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes se limitó a gestionar la posesión del nuevo congresista basándose en la información oficial emitida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, sin realizar verificaciones adicionales, lo que no configura una culpa grave. La regla reitera la necesidad de pruebas sólidas para acreditar la existencia de una conducta gravemente culposa del agente estatal, lo que implica que las demandas de repetición deben presentar evidencia clara y concluyente de la mala conducta del servidor público.síntesis automática
También resuelve:¿La prosperidad de la acción de repetición requiere que haya una condena, conciliación u otro acuerdo que implique la terminación de un conflicto…¿La conducta de los servidores públicos para el medio de control de repetición y en atención a la fecha de ocurrencia de los hechos…¿Las faltas absolutas, como la pérdida de investidura de los congresistas, serán suplidas por los candidatos que, según el orden de inscripción en forma sucesiva y descendente…
¿Es posible atribuirle responsabilidad patrimonial personal a título de culpa grave a la señora Isabel Cristina Vargas Cadavid, con ocasión de que dentro de sus facultades como Gerente de la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira SA impartió la orden de desvinculación laboral del señor Gabriel Alberto Viveros Naranjo del cargo de Subgerente de Planeación Estratégica y Corporativa, determinación que posteriormente fue motivo de controversia suscitada ante la jurisdicción ordinaria en proceso laboral, en el cual se profirió sentencia condenatoria en contra de la empresa empleadora, razón por la cual la entidad ahora demandante fue obligada a pagar los salarios y prestaciones dejados de percibir por el trabajador afectado? No
La acción de repetición solo procede contra quien ejerce función pública como agente estatal, de modo que la persona que actúa como trabajador particular en una empresa de servicios públicos domiciliarios no es sujeto de esa acción y debe declararse la falta de legitimación en la causa por pasiva. Una razón es que la empresa de servicios públicos se rige por el derecho privado y su gerente, al ordenar la desvinculación de un subgerente, no obró en ejercicio de función pública con relación a los hechos que se repiten. Otra razón es que la conducta reprochada fue desplegada en condición de trabajadora particular, lo que impide que la jurisdicción de lo contencioso califique esa conducta a título de culpa grave o presunción de la Ley 678 de 2001. En el caso, el tribunal había condenado a la gerente a reintegrar la condena laboral pagada, pero la Sala revocó esa decisión y negó las pretensiones. Su consecuencia práctica es que la acción de repetición no puede dirigirse contra directivos de empresas de servicios públicos que actúan con regímenes privados sin verificar primero la calidad de agente estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Los conceptos de “función pública” y “servicio público” no son equivalentes ni tampoco es predicable respecto de ellos una relación de sinonimia en la medida en que corresponden a dos distintas…¿Es procedente condenar en costas de ambas instancias a la entidad demandante dado que se revocó la decisión apelada?
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas2022-04-21Sección Tercera (Subsección A)MARTA NUBIA VELASQUEZ RICORad. 68001233300020180039201LEY 1437 REPETICION
¿Hay lugar a la negación del decreto de pruebas en segunda instancia cuando se acredite que las mismas no fueron pedidas o aportadas en la etapa prevista en la normativa procesal aplicable? Sí
En segunda instancia solo proceden las pruebas que encajen en los supuestos del artículo 212 del CPACA, esto es, las pedidas de común acuerdo, las negadas en primera instancia o no practicadas sin culpa de quien las pidió, las referidas a hechos posteriores, las que no pudieron aducirse por fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria, y las que desvirtúan esas pruebas. La regla se sostiene en tres razones. La primera es que la solicitud de la parte actora, consistente en probar la calidad de servidor público de los demandados, no encaja en ninguno de esos supuestos. La segunda es que esa prueba pudo pedirse en la demanda o en las demás oportunidades legales, y la parte no las aprovechó. La tercera es que la facultad oficiosa del juez no está prevista para suplir la carga probatoria de las partes, por lo que tampoco procede decretar la prueba de oficio. En consecuencia, el despacho negó la solicitud de pruebas. El documento no indica que modifique un precedente; su consecuencia práctica es que la apelación se resuelve sin la prueba solicitada.síntesis automática
También resuelve:¿La facultad oficiosa del juez está prevista para suplir la carga probatoria de las partes?
¿El dictamen pericial cumple con los requisitos para ser tenido en cuenta en el proceso? No
El dictamen pericial no es apreciable cuando sus conclusiones presentan una contradicción clara entre sus componentes y no tienen la precisión y calidad que exige la ley, de modo que el juez puede apartarse de ellas. Además, la entidad contratante no desconoce el principio de planeación cuando informa en el pliego las especificaciones técnicas de la obra y el contratista no se opone a ellas, ni cuando el interventor y el supervisor formulan observaciones que el contratista no desvirtúa. Una razón es que el perito contradijo en sus informes el resultado de la esclerometría en campo frente al informe geotécnico y técnico, de modo que sus conclusiones no correspondían a la realidad. Otra razón es que los documentos contractuales demostraron que el contratista no se opuso a las especificaciones del ítem de adoquinamiento y que la entidad sí informó en el proceso de selección los estudios y las dimensiones esperadas. En el caso, la Sala confirmó la negación de las pretensiones. Su consecuencia práctica es que el dictamen debe ser coherente internamente, y que la oposición del contratista a las especificaciones debe formularse en la ejecución y no después.síntesis automática
También resuelve:¿La entidad contratante desconoció el principio de planeación al establecer las especificaciones técnicas de la obra objeto del contrato estatal?¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
¿En el medio de control de repetición, es necesario aportar como anexo a la demanda la providencia en la que se condena al Estado? Sí
En el medio de control de repetición, la condena judicial que sirve de fundamento a la acción debe aportarse con la demanda, junto con la providencia que contiene los fundamentos fácticos y jurídicos que llevaron a la condena del Estado. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la existencia de la condena es un requisito objetivo de la acción, que debe quedar probado con la decisión misma y no con afirmaciones de la demandante sobre sus anexos. Segunda, la prueba de oficio prevista en el artículo 213 del CPACA sirve para esclarecer la verdad y no para suplir la carga de aportar la condena que corresponde al actor. En el caso, la demandante afirmó que la providencia estaba anexa, pero no lo estaba, y la Sala negó el decreto de oficio. La providencia confirma esa negativa. En la práctica, la entidad que promueva la repetición debe anexar la providencia condenatoria completa, con sus fundamentos, desde la presentación de la demanda, porque el juez no la suplirá por vía de prueba de oficio.síntesis automática
También resuelve:¿Se encontró acreditado uno de los elementos objetivos de la repetición, cual es la existencia de una condena?¿La demanda de repetición debe ser presentada con la acreditación de los requisitos necesarios para que el juez determine su procedencia?¿Las costas procesales se componen de expensas y gastos sufragados en el proceso y las agencias en derecho?
¿Es viable la exigencia de la certificación de calidad como requisito habilitante en el pliego de condiciones de un proceso de contratación pública?
Frente al interrogante planetado, es menester señalar que las certificaciones de calidad no podrán establecerse como un documento habilitante para participar en licitaciones o concursos tal y como lo señala de forma expresa la norma, en el paragrafo 2 del artìculo 5 de la Ley 1150 de 2007.
También resuelve:Certificaciones de sistemas de gestión de calidad: aplicación
¿Las conductas punibles de peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de requisitos solo pueden ser cometidas por quien reúne la calidad de servidor público? Sí
El contratista no puede cometer los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, ya que estos son delitos de sujeto activo calificado y solo pueden ser cometidos por servidores públicos, según el artículo 56 de la Ley 80 de 1993, que equipara a los contratistas con la calidad de servidor público en el ámbito de la responsabilidad penal. La Fiscalía encontró indicios suficientes que permitían inferir que la demandante se apropió de dineros públicos mediante el cobro de facturas de un contrato de suministro celebrado sin cumplir los requisitos legales, lo que configuraba las conductas punibles por las que fue vinculada. Sin embargo, la medida restrictiva de privación de la libertad no fue desproporcionada, ya que la demandante permaneció bajo privación de la libertad durante un año y tres meses, y fue absuelta por el Juzgado Penal del Circuito de Acacias, lo que implica que no existe responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad.síntesis automática
También resuelve:¿La Fiscalía encontró que existían indicios suficientes que permitían inferir que la demandante se apropió de dineros públicos?¿Es constitutiva de daño antijurídico la privación de la libertad de la que fue objeto la demandante consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario…¿La interpretación que acogió la Fiscalía al momento de imponer la medida de aseguramiento encuadraba dentro de la tipificación endilgada?
¿El consorcio contratista debe pagar la totalidad del valor de los perjuicios actualizados según fue solicitado en la demanda? Sí
El contratista debe pagar la totalidad del valor actualizado de los perjuicios causados al ente estatal, según lo determinado en la demanda, ya que la Sala revoca parcialmente la sentencia para declarar probada la excepción de prescripción de la acción derivada del seguro e ineficacia del llamamiento en garantía por extemporáneo, y negar el llamamiento en garantía formulado por el ente estatal a la aseguradora. La decisión implica que el término de prescripción ordinario y extraordinario de las acciones derivadas del contrato de seguro se había consolidado antes de que el ente estatal formulara el llamamiento en garantía, y que este fue presentado más de tres años después de iniciado el proceso, lo que constituye una irregularidad procesal saneada por la omisión de la aseguradora en su impugnación oportuna.síntesis automática
También resuelve:¿Cuándo se llamó en garantía a la aseguradora ya se había consolidado el término de la prescripción ordinaria de las acciones derivadas del contrato de seguro respecto de los deterioros que presentó…¿El llamamiento en garantía fue formulado más de tres años después de haber iniciado el proceso?¿Los términos de prescripción extraordinaria y ordinaria de las acciones derivadas del contrato de seguro corren desde su ocurrencia y desde el momento en que el beneficiario conoció o debió tener…
¿El procedimiento administrativo previo adelantado a la declaratoria de incumplimiento del contrato, se hizo con violación del debido proceso? No
La declaratoria unilateral de incumplimiento de un contrato estatal respeta el debido proceso cuando la entidad cita al contratista, le informa los cargos concretos y las obligaciones presuntamente incumplidas, y le permite presentar descargos y pedir pruebas antes de la decisión definitiva. Una razón es que en el procedimiento el contratista presentó descargos, solicitó pruebas que fueron practicadas y asistió a la audiencia, de modo que tuvo la oportunidad de defenderse. Otra razón es que el contratista no interpuso el recurso de reposición en la audiencia, que era la oportunidad para cuestionar la decisión, y tampoco se acreditó un hecho extraño que hubiera incidido en la resistencia de los pavimentos. En el caso, la Sala confirmó la negación de las pretensiones de nulidad del acto que declaró el incumplimiento, porque el dictamen de parte no desvirtuó los motivos de la entidad. Su consecuencia práctica es que el contratista que no recurre en la audiencia de incumplimiento pierde el reproche de debido proceso sobre esa etapa.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la nulidad del acto administrativo que declaró el incumplimiento del contrato, toda vez que el contratista cumplió con los estándares de resistencia de los pavimentos?¿En aplicación del principio de la non reformatio in pejus, es procedente confirmar la sentencia de primera instancia que se abstuvo de condenar en costas?
¿Existe alguna diferencia entre un convenio interadministrativo y un contrato interadministrativo?
Conforme a las anteriores consideraciones, el contrato o el convenio interadministrativo es el acuerdo donde concurre la voluntad de dos o más personas jurídicas de derecho público con la finalidad de cumplir, en el marco de sus objetivos misionales y sus competencias, con los fines del Estado. Es decir, los contratos o convenios interadministrativos están determinados por un criterio orgánico, pues es necesario que los extremos de la relación contractual sean entidades estatales.
También resuelve:Contratos y convenios: semejanzas, diferencias, contraprestación, cooperaciónContratos o convenios interadministrativos: definición, criterio orgánicoPrincipio de selección objetiva: noción, normativa, requisitos habilitantes, requisitos ponderables
¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida en primera instancia? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de los litigios derivados de la actividad contractual de los establecimientos públicos del orden nacional conforme a las reglas de competencia funcional y de cuantía. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, con fundamento en el artículo 104 del CPACA, pues el contrato fue suscrito por el Invías en calidad de establecimiento público del orden nacional dentro de su actividad contractual. El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con el artículo 150 y el numeral 4 del artículo 152 del CPACA, dada la vocación de doble instancia del proceso y al superar la cuantía mínima exigida para la fecha de presentación de la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿Las entidades estatales como los establecimientos públicos, están sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública en cuanto a su gestión contractual?¿El acuerdo de voluntades sería liquidado en un término de seis meses, de los cuales 4 meses se destinarían a procurar efectuarla de mutuo acuerdo y 2 meses se reservarían para realizarla…¿El informe pericial describió erróneamente el proyecto y el alcance del contrato, indicando que el objeto negocial se restringió a la elaboración de diseños y al mantenimiento y rehabilitación de…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-11-25Sección Tercera (Subsección A)MARÍA ADRIANA MARÍNRad. 88001233300020250002201LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado conocerá de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación? Sí
El contratista no obtiene la medida cautelar solicitada porque no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), y porque resulta más gravoso para el interés público conceder la medida que negarla. La entidad estatal puede continuar con las gestiones necesarias para la culminación de la obra sin que se produzca un perjuicio irremediable para el contratista, y el balance de las obras ejecutadas por un tercero contratado por la entidad no evidencia la necesidad de la medida cautelar. La Sala de Decisión del Consejo de Estado confirma la negativa del tribunal administrativo de decretar la medida cautelar, reafirmando su competencia para conocer de las apelaciones de autos que deciden sobre medidas cautelares en procesos contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿No resulta procedente acceder a la solicitud de medida cautelar consistente en imponer la prohibición de adelantar la culminación de la obra que quedó inconclusa…¿Es incuestionable que, para el interés público, resulta más gravoso conceder la medida cautelar que negarla?¿Se hizo un balance de las obras ejecutadas, por un tercero contratado por la entidad, razón por la cual, tampoco se advierte la necesidad de imponer la medida cautelar solicitada?
¿Cuál es el alcance del amparo de estabilidad y calidad de la obra?
El amparo de estabilidad y calidad de la obra cubre a la entidad estatal de los perjuicios ocasionados por cualquier tipo de daño o deterioro, imputable al contratista, sufrido por la obra entregada a satisfacción, según el numeral 5 del artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015, sin perjuicio de la garantía decenal del artículo 2060 del Código Civil. Esta cobertura comprende los vicios, la mala calidad, los defectos, las deficiencias técnicas o las fallas que la administración no detecta al recibir la obra o que descubre después de finalizado el contrato. Conforme a la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el recibo de la obra no implica aceptar su estabilidad ni exonera al contratista de la obligación de saneamiento por los vicios inherentes a la construcción. Este amparo forma parte de la garantía única de cumplimiento, cuya finalidad es proteger el patrimonio de la entidad frente a los riesgos derivados del incumplimiento del contratista. Como no existe una norma específica para contratos de mantenimiento o adecuación de infraestructura, la garantía debe constituirse atendiendo las particularidades del proceso de contratación y lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 y demás normas aplicables.síntesis automática
También resuelve:Garantía de cumplimiento: nociónGarantía de estabilidad y calidad de la obra: concepto, características
Cuando estaba vigente el formato 7D para los pliegos tipo de agua potable y saneamiento básico, el segundo párrafo donde el oferente ofrece realizar en caso que no haya ningún designado por la entidad seguimientos al menos tantas veces, este ofrecimiento era de libre ofrecimiento según lo considerará el oferente, o se debía proponer mínimo 1 seguimiento cada 6 meses[?]
Cuando estaba vigente el formato 7D para los pliegos tipo de agua potable y saneamiento básico, el segundo párrafo donde el oferente ofrece realizar en caso que no haya ningún designado por la entidad seguimientos al menos tantas veces, este ofrecimiento era de libre ofrecimiento según lo considerará el oferente, o se debía proponer mínimo 1 seguimiento cada 6 meses[?]…
También resuelve:Documentos tipo: obligatoriedad, inalterabilidad, inalterabilidad / factor de calidad, formatosFactor de calidad: formatos, obligatoriedad, inalterabilidad, formato 7dGarantía adicional o suplementaria: documentos tipo, formato 7d, diligenciamiento, suficiencia para obtención de puntaje